LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

RPR & BJJ Ex parte

2021 TSPR 83

Poder Judicial de Puerto Rico

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RPR & BJJ Ex parte

CC-2020-653

Derecho de Familia/ Procesal Civil: La petición de inscripción instada por los padres intencionales en casos de maternidad subrogada no tiene que ser un trámite judicial contencioso y la mujer gestante no es parte indispensable del proceso de jurisdicción voluntaria que pretenda la filiación por métodos de procreación asistida. El reconocimiento voluntario es el mecanismo para la inscripción registral original de un menor nacido por subrogación gestacional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

RPR & BJJ

Peticionarios

Ex parte

Número del Caso:

Certiorari

2021 TSPR 83

207 DPR ____

CC-2020-653

Fecha: 17 de junio de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel VI

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Linette Sánchez Quiñones

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Fernando Figueroa Santiago

Procurador General

Lcda. Celia M. Molano Flores

Procuradora General Auxiliar

Materia: Derecho de Familia/ Procesal Civil - La petición de

inscripción instada por los padres intencionales en casos de

maternidad subrogada no tiene que ser un trámite judicial contencioso

y la mujer gestante no es parte indispensable del proceso de

jurisdicción voluntaria que pretenda la filiación por métodos de

procreación asistida. El reconocimiento voluntario es el mecanismo

para la inscripción registral original de un menor nacido por

subrogación gestacional.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

RPR & BJJ

Peticionarios

CC-2020-0653

Certiorari

Ex parte

Opinión

del

Tribunal

señor Kolthoff Caraballo

emitida

por

el

Juez

Asociado

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2021.

La controversia que atendemos en esta ocasión está

relacionada con una petición judicial de inscripción por

reconocimiento

voluntario

de

un

menor

nacido

por

técnicas de procreación asistida a nombre de la madre

intencional. Es decir, la mujer que gestionó el proceso

de fertilización in vitro con los espermatozoides de su

esposo y los óvulos de una donante anónima para que el

embrión fuera implantado en el útero de una mujer sin

vínculo genético con éste que llevaría el embarazo a

término para el matrimonio.

Hoy resolvemos que la mujer gestante y su entonces

pareja consensual no son partes indispensables en el

procedimiento que pretende

la inscripción original del

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2

menor con el nombre de la madre intencional y que este proceso

no debe ser un trámite judicial contencioso. Establecemos,

además, que el reconocimiento voluntario es el mecanismo para

establecer la filiación materna de menores gestados mediante

técnicas de subrogación gestacional. Veamos.

I.

Por su deseo de tener un hijo propio, el matrimonio

peticionario compuesto por RPR y BJJ1 intentó sin éxito algunos

tratamientos reproductivos. Como la madre intencional tuvo

dificultad en llevar varios embarazos a término, en el 2018 la

pareja recurrió al método de la subrogación gestacional. La

mujer gestante sería una joven soltera con dos hijos propios

que había tenido una experiencia anterior con la subrogación

gestacional

y

complicaciones.

había

entregado

Luego

de

al

las

bebé

sin

retractos

ni

físicas

y

evaluaciones

psicológicas en la clínica de fertilidad, la mujer accedió a

portar el embarazo del embrión formado por fertilización in

vitro,

sin

vínculo

genético

con

éste

porque

los

óvulos

utilizados eran de una donante anónima.

A los tres días del nacimiento prematuro, el matrimonio

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una petición

para inscribir al menor como hijo suyo. Cabe señalar que la

A fin de mantener la confidencialidad de los asuntos sensitivos de

familia que tratamos en esta Opinión, utilizaremos las siglas de los

nombres de los peticionarios, de la mujer gestante y su expareja

consensual, así como del menor sujeto de la solicitud de inscripción

registral como hijo del matrimonio peticionario. También omitimos

detalles particulares del caso para que, en la medida de lo posible,

la familia no pueda ser identificada y preservar así su derecho

fundamental a la intimidad familiar.

1

CC-2020-0653

3

mujer gestante compareció ante el foro primario como parte con

interés en el proceso ex parte y se sometió voluntariamente a

la jurisdicción del Tribunal.

El matrimonio solicitó, en primer término, que el foro

primario aceptara la renuncia voluntaria de la mujer gestante

a los derechos y responsabilidades sobre el menor que pudieran

surgir a su favor por razón del parto. Para acreditar tal

renuncia, la petición fue acompañada con una declaración

jurada suscrita por la mujer gestante ante una abogada notaria

el día posterior al parto. En segundo término, el matrimonio

solicitó una orden para inscribir al menor con sus nombres

como madre y padre, respectivamente, para que la intención

original habida entre la pareja y la mujer gestante coincidiera

con la realidad registral original.

Evaluada la petición, el Tribunal de Primera Instancia

ordenó que ésta fuera notificada a la Procuradora de Asuntos

de Familia y al Departamento de la Familia. Por igual, proveyó

para que esta agencia gestionara un estudio social del entorno

del matrimonio peticionario. A pocos días de la orden, ante

una intervención quirúrgica de emergencia y la falta de un

plan médico para costear los tratamientos que el menor requería

por ciertas condiciones congénitas, la Procuradora de Asuntos

de Familia presentó un urgente informe fiscal en el que se

allanó a que el Tribunal ordenara al Registro Demográfico a

inscribir al menor con la información del padre biológico,

pero requirió que la esposa (madre intencional) presentara una

CC-2020-0653

4

solicitud de adopción. Con la premura que ameritaba, el foro

primario emitió la orden y ese día el menor fue inscrito como

hijo del peticionario BJJ.

En la primera comparecencia, luego de escuchar a las

partes, incluida a la mujer gestante, el foro primario emitió

una resolución en la que, como medida cautelar dadas las

condiciones

de

salud

presentadas,

concedió

a

la

madre

intencional las facultades tutelares sobre el menor. A pocos

días

de

esta

comparecencia,

la

Unidad

de

Adopción

del

Departamento de la Familia emitió un informe de adopción

favorable a la madre intencional.

En tanto,

en

la

segunda

comparecencia testificó

el

ginecólogo-obstetra, con subespecialidad en endocrinología

reproductiva e infertilidad, que tuvo a cargo el proceso de

reproducción asistida para el matrimonio peticionario. También

testificó la trabajadora social de la Unidad de Adopción del

Departamento de la Familia que realizó el estudio social sobre

el

hogar

y

el

trasfondo

social

del

matrimonio.

En

las

comparecencias, el foro primario recibió como prueba la copia

del

acuerdo

de

subrogación

gestacional,

así

como

el

consentimiento para la transferencia de los embriones, entre

otros documentos.

El 15 de agosto de 2019 el Tribunal de Primera Instancia

emitió la sentencia correspondiente para conceder la petición

de reconocimiento voluntario y ordenar al Registro Demográfico

la

inscripción

de

la

filiación

del

menor

con

la

madre

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5

intencional. De las determinaciones de hechos destaca que la

mujer gestante dio a luz de forma natural al menor, sin estar

vinculado genéticamente con ella. Surge también que en el

proceso ni el Departamento de la Familia ni la Procuradora de

Asuntos de la Familia cuestionaron la validez del acuerdo de

subrogación suscrito entre el matrimonio y la mujer gestante.

Además, que la mujer gestante renunció a cualquier derecho

concedido por ley sobre el menor por razón del parto. Por

último, que la trabajadora social del Departamento de la

Familia recomendó conceder la adopción del menor a la madre

intencional.

Con tal cuadro fáctico y ante la ausencia de legislación

particular sobre los embarazos subrogados, el foro primario

analizó el ordenamiento jurídico sobre la filiación y el

reconocimiento voluntario. Determinó que, ante la falta de ley

aplicable, su deber era resolver conforme a la equidad, según

disponía el Código Civil de Puerto Rico entonces vigente.2 Así,

expresó:

[E]n este caso no se presentó evidencia alguna que

demostrara ánimo de lucro, explotación o ventaja que

tuvieran los peticionarios al procrear al menor MVJP,

que no fuera el deseo normal de una pareja en tener a

un hijo que estuviera al menos genéticamente vinculado

a uno de ellos [...]. Entendemos que, aunque haya

ausencia de legislación específica que estructure o

regule los procedimientos relativos a una subrogacía

[sic] gestacional o la reproducción humana asistida,

las disposiciones aplicables contenidas en los

Artículos 17 y 19-A de la Ley del Registro Demográfico,

antes citadas, permiten la inscripción de un hijo por

reconocimiento voluntario de un padre o madre.

2

CÓD. CIV. PR art. 7, 31 LPRA § 7 (derogado 2020).

CC-2020-0653

6

Ciertamente el nacimiento del menor MVJP es el

resultado del amor, el deseo, los cuidados y la

perseverancia que tuvieron los peticionarios en todo

el proceso de maternidad subrogada, por lo que es

el menor MVJP hijo de los peticionarios.3

No

conforme,

la

Procuradora

de

Asuntos

de

Familia

solicitó la reconsideración de la determinación. En el escrito

aceptó que no ha negado que el menor es hijo de la madre

intencional y que en el proceso hubo toda la prueba necesaria

para conceder la adopción a su favor. Su contención era que en

este caso la declaración de la adopción por parte del tribunal

de instancia era necesaria porque la madre intencional no tiene

vínculo genético con el menor.

La posición de la Procuradora quedó recogida en la

siguiente expresión: “la concepción social de que la adopción

estigmatiza negativamente a sus componentes no debe ser óbice

para negar la realidad jurídica que hoy nos rige: el único

procedimiento

para

biológicos

vincularlo

y

desvincular

con

al

menor

de

quien

no

tiene

sus

lazos

relación

consanguínea para filiar, es la adopción”.4 A su juicio,

aceptar la determinación del Tribunal de Primera Instancia

sería validar un trámite no regulado que podría prestarse para

determinaciones inconsistentes en los tribunales.

Tras la denegatoria de la reconsideración, la Oficina del

Procurador General de Puerto Rico acudió ante el Tribunal de

Apéndice de la Solicitud de certiorari civil, págs. 100-101 (énfasis

suplido).

3

4

Íd., pág. 107.

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7

Apelaciones. En el recurso de apelación planteó que el foro

primario abusó de su discreción al ordenar la inscripción del

menor en el Registro Demográfico como hijo de la madre

intencional.5 Aceptó que el acuerdo de subrogación nunca estuvo

en controversia, que la mujer gestante fue parte de la petición

y que ésta claramente renunció a todos los derechos que tuviera

sobre el menor, incluida la custodia y la patria potestad. Sin

embargo, recalcó que el único remedio legal disponible para la

madre

intencional

era

la

adopción.

Oportunamente,

el

matrimonio peticionario presentó su oposición al recurso.

Con la posición de las partes, el Tribunal de Apelaciones

emitió una sentencia en la cual revocó al foro primario. En el

dictamen recurrido una mayoría de jueces apelativos entendió

que la mujer gestante y su entonces pareja consensual eran

partes indispensables en la petición de inscripción promovida

por el matrimonio. El razonamiento para revocar el dictamen

primario fue el siguiente:

Nada en los documentos que ante nos obran evidencia

que la [mujer gestante] y su compañero consensual,

[…], fueran debidamente incluidos en la acción como

partes demandadas, a fin de imprimir legitimidad a

la dilucidación del proceso. En principio, sabido

es que, en materia de filiación, el ordenamiento

jurídico establece una presunción de maternidad

determinada por el parto, que, en la presente causa,

le asiste a la [mujer gestante] por haber alumbrado

al menor MVJP. Véase, Artículo 113, Código Civil

(1930), 31 LPRA sec. 461. Del mismo modo, la norma

aquí aplicable también provee para el reconocimiento

de un hijo natural nacido fuera de un matrimonio,

Advertimos que, conforme dispone la Regla 52.2(b) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, § 52.2 (2010 & Supl.

2019), el recurso adecuado ante el Tribunal de Apelaciones

para los procedimientos de jurisdicción voluntaria es el

certiorari.

5

CC-2020-0653

8

“[c]uando la madre fue conocida viviendo en

concubinato con el padre durante el embarazo y al

tiempo del nacimiento del hijo”. Véase, Artículo

125, Código Civil (1930), 31 LPRA sec. 504.

Ciertamente, al amparo de dicha doctrina y dados los

términos de la relación habida entre la [mujer

gestante] y [su entonces pareja consensual], a

este, por igual, le asisten ciertas prerrogativas

relacionadas al nacimiento del niño. Por tanto, la

presencia de ambos en calidad de demandados en el

trámite en disputa se hacía imprescindible. Además,

según surge, tanto la [mujer gestante] como [su

entonces pareja consensual] suscribieron el Acuerdo

de Subrogacía [sic] Gestacional por el cual se

efectuó el procedimiento que culminó con el

nacimiento del menor MVJP, hecho que también los

vinculaba como partes dentro del proceso judicial

efectuado.6

Inconforme,

reconsideración,

tras

el

la

denegatoria

matrimonio

presentó

de

el

una

moción

de

certiorari

de

epígrafe. En síntesis, argumentó que el foro apelativo abusó

de su discreción al revocar la sentencia del Tribunal de

Primera Instancia por alegada falta de partes indispensables

y por crear una controversia ficticia sobre la validez del

acuerdo de subrogación gestacional.

Concedida una orden en auxilio de jurisdicción para

paralizar los efectos de la sentencia recurrida, ordenamos al

Procurador General a mostrar causa por la cual no debíamos

expedir el certiorari de epígrafe y revocar al foro apelativo.

El Procurador General compareció en un breve plazo y aceptó

que la sentencia recurrida era errónea en derecho al poner en

controversia el acuerdo de subrogación y establecer que el

foro primario no tenía jurisdicción para atender la petición

6

Íd., págs. 6-7.

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de

9

inscripción

registral

por

ausencia

de

partes

indispensables. Por lo tanto, coincidió en que corresponde

revocar la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones,

pero solicitó que devolvamos el caso al foro apelativo para su

resolución

en

los

méritos

o,

de

estimarlo

conveniente,

revoquemos la sentencia del Tribunal de Primera Instancia por

no declarar la filiación adoptiva materna.

En los méritos, el Procurador General imputó error al

foro primario al recurrir a la figura de la madre intencional,

a pesar de no estar legalmente reconocida como un mecanismo

válido para establecer la filiación natural. Fundamentó su

posición en lo dispuesto en el derogado Código Civil respecto

a que la madre estaba obligada al reconocimiento del hijo

“cuando se pruebe cumplidamente el hecho del parto y la

identidad

del

hijo”.7

Según

la

postura

asumida

por

el

Procurador, el interés filiatorio de la madre intencional

podía concretarse únicamente por el mecanismo legal de la

adopción que está dirigido a deshacer la filiación natural

adjudicada a la mujer gestante por el hecho de dar a luz al

menor y luego adjudicar la pretendida filiación no biológica.

Ante el cumplimiento con nuestra orden, estamos listos

para resolver este recurso en sus méritos.

II.

A. Procedimientos de jurisdicción voluntaria

7

CÓD. CIV. PR art. 125, 31 LPRA § 504 (derogado 2020).

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10

En Puerto Rico existe la distinción entre los asuntos de

jurisdicción voluntaria y los de jurisdicción contenciosa. El

concepto de jurisdicción voluntaria viene de la frase latina

juris dicere, que significa “decir el derecho”.8 Desde la

tradición romana, los casos de jurisdicción voluntaria eran

aquellos en que los jueces decidían cuestiones que las partes,

de

común

acuerdo

y

voluntariamente,

le

sometía.

En

la

actualidad, se entiende como “aquel ámbito de asuntos en que,

por disposición de ley y a solicitud de los interesados, se

requiere la intervención del juez para su tramitación, aún

cuando no se promueva controversia alguna entre las partes”.9

Desde

la

vigencia

en

Puerto

Rico

de

la

Ley

de

enjuiciamiento civil española, se consideraba que los actos de

jurisdicción

voluntaria

eran

“todos

aquéllos

en

que

sea

necesaria, o se solicite, la intervención del juez, sin estar

empeñada

[disputada]

ni

promoverse

cuestión

alguna

entre

partes conocidas y determinadas”.10 Así, la actual Regla

3.1(b) de Procedimiento Civil establece:

(b) El tribunal tendrá facultad para conocer

de los procedimientos de jurisdicción voluntaria.

Se podrá acudir al tribunal con un recurso de

jurisdicción voluntaria con el fin de consignar y

perpetuar un hecho que no sea objeto de una

controversia judicial en ese momento y que no pueda

Jurisdicción voluntaria, Informe y reglamentación, Secretariado de la

Conferencia Judicial, Tribunal Supremo de Puerto Rico, 1997, pág. 3.

Versión en línea

https://www.poderjudicial.pr/Documentos/SecretariadoConf/Informesobre-Jurisdiccion-Voluntaria-Octubre-1997.pdf (última visita 6 de

abril de 2021).

8

9

Íd., pág. 4.

Art. 1811 de la Ley de enjuiciamiento civil española. Véanse, Rivera

v. Corte, 68 DPR 673, 675-676 (1948); Ex parte Nadal, 5 DPR 110, 113

(1904).

10

CC-2020-0653

11

resultar en perjuicio de una persona cierta y

determinada.11

Un

procedimiento

de

jurisdicción

voluntaria

inicia

mediante la presentación de una solicitud ex parte y no se

limita a la comparecencia ante el tribunal de una sola parte.12

La jurisdicción voluntaria por su esencial naturaleza no

contenciosa suele emplearse para peticiones comunes como la

declaratoria

de

herederos,

la

expedición

de

cartas

testamentarias, la adveración de testamentos ológrafos, la

disposición de bienes de menores, el cambio de nombre, el

divorcio por mutuo consentimiento, el nombramiento de tutores

y defensores, la adopción y otros similares establecidos en

las respectivas leyes particulares y habilitadoras.13 A los

mencionados procedimientos pueden añadirse los de autorización

o administración judicial, así como los procedimientos sobre

emancipación, filiación, declaración de incapacidad o dispensa

de parentesco.

En un caso de jurisdicción voluntaria “no se promueve

acción alguna entre partes conocidas y determinadas. Los

peticionarios son los únicos interesados en el remedio que se

solicita. Puede, desde luego, convertirse el procedimiento en

contencioso

si

compareciere

una

parte

oponiéndose

o

pretendiendo un interés adverso al de los peticionarios”.14 De

11

32 LPRA Ap. V, § 3.1(2010).

12

Batiz v. Tribunal Superior, 104 DPR 41, 45 (1975).

13

Íd., esc. 3; Rivera, 68 DPR en la pág. 677.

14

Rivera, 68 DPR en la pág. 676.

CC-2020-0653

surgir

una

adjudicarla

12

controversia

“mediante

genuina,

un

trámite

el

foro

primario

dotado

de

debe

múltiples

características análogas a las de un juicio contencioso”.15 No

obstante, según la Regla 1 de Procedimiento Civil, este trámite

debe llevarse de forma tal que garantice “una solución justa,

rápida y económica de todo procedimiento”.16 Es decir, “la

adjudicación

de

controversias

debe

hacerse

libre

de

formalismos y sutilezas puramente legalistas”.17

Por otra parte, la Regla 72 de Procedimiento Civil

dispone que “[c]uando no se haya previsto un procedimiento

específico en estas reglas, el tribunal podrá reglamentar

su práctica en cualquier forma que sea compatible con éstas

o con cualquier disposición de ley aplicable”.18 Además,

cuando en Puerto Rico no existe un estatuto que regule

determinado procedimiento, el artículo 7 del Código Civil

entonces vigente exigía llenar esa laguna y resolver el

caso.19 La disposición equivalente en el nuevo Código Civil

de Puerto Rico establece:

El tribunal tiene el deber inexcusable de

resolver diligentemente los asuntos ante su

consideración, ateniéndose al sistema de fuentes

del ordenamiento jurídico establecido.

El tribunal que rehúse fallar a pretexto de

silencio, obscuridad, o insuficiencia de la ley,

Batiz, 104 DPR en la pág. 46 (citado en Vilanova v. Vilanova, 184

DPR 824, 858(2012)).

15

16

32 LPRA Ap. V, § 1.

17

Batiz, 104 DPR en la pág. 46.

18

32 LPRA Ap. V, § 72.

19

31 LPRA § 7 (derogado 2020). Véase, Vilanova, 184 DPR en la pág. 850.

CC-2020-0653

13

o por cualquier otro motivo incurrirá en

responsabilidad.20

Cabe precisar también que la jurisdicción voluntaria no

existe para eludir los procedimientos ordinarios prescritos

por ley. Si la ley aplicable exige que la reclamación de un

derecho en casos contenciosos sea promovida por medio de una

demanda y que el demandado sea traído a la jurisdicción del

tribunal mediante un emplazamiento, la parte está obligada a

seguir ese trámite.21

B. Acumulación de parte indispensable

La

Regla

mecanismo

de

16.1

de

Procedimiento

acumulación

indispensable

Civil

de

regula

parte

en

el

un

pleito civil. Específicamente, esta norma procesal dispone

que “[l]as personas que tengan un interés común sin cuya

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán

partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según

corresponda”.22

Sobre esta norma procesal, en tiempos recientes este

Tribunal ha reiterado, en primer término, que es parte de

la protección constitucional que prohíbe que una persona

sea privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso

de ley. En segundo término, que responde a la necesidad de

incluir a una parte indispensable para que el dictamen

CÓD. CIV. PR art. 6, 31 LPRA § 5316 (2020). En este sentido, el

artículo 2 del nuevo Código Civil establece que “[l]as fuentes del

ordenamiento jurídico puertorriqueño son la Constitución, la ley, la

costumbre y los principios generales del Derecho. Íd. § 5312.

20

21

Rivera, 68 DPR en la pág. 677.

22

32 LPRA Ap. V, § 16.1.

CC-2020-0653

judicial

que

14

pueda

ser

emitido

sea

completo

para

las

personas que ya son partes en el pleito.23

Por lo tanto, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil

pauta que las cuestiones litigiosas no pueden adjudicarse

correctamente sin la presencia de una parte cuyo interés o

derecho

puede

verse

seriamente

determinación

judicial.24

indispensable

priva

resolver

la

al

La

ausencia

tribunal

controversia.

De

afectado

de

incidir

de

por

una

jurisdicción

esta

una

parte

para

ausencia

de

parte, la acción incoada debe ser desestimada.25 La falta

de parte indispensable es un planteamiento tan relevante

que puede traerse en cualquier parte del proceso, incluso

los foros apelativos pueden levantarlo motu proprio por

incidir en su jurisdicción.26

Ahora bien, el “interés común” al que hace referencia

la Regla 16.1 no debe interpretarse por criterios puramente

semánticos.27

Dado

que

este

no

se

refiere

a

cualquier

interés en el pleito, sino que tiene que ser un interés

real e inmediato, no especulativo ni a futuro, que impida

Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, res. el 30 de junio

de 2020, 2020 TSPR 52; Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR

462, 479 (2019); López García v. López García, 200 DPR 50, 63-64 (2018);

Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 510 (2015).

23

24

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 677 (2012).

25

Íd.; Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007).

Pérez Rosa, 172 DPR en las págs. 223-224; Romero v. S.L.G. Reyes,

164 DPR 721, 733 (2005).

26

27

Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001).

CC-2020-0653

15

la confección de un remedio adecuado porque podría afectar

o destruir radicalmente los derechos de esa parte ausente.28

Ciertamente, la determinación sobre la necesidad de

acumular una parte por ser indispensable es una tarea que

le

corresponde

específicos

de

a

cada

los

tribunales,

caso

y

el

tipo

según

de

los

hechos

pleito.29

Debe

enfatizarse que la interpretación para determinar quién es

una parte indispensable tiene un alcance restringido porque

“en rara ocasiones es imposible resolver la controversia

sin la presencia de la parte ausente”.30

En el análisis contextual del asunto debe hacerse “un

ejercicio de

consideración pragmática de los intereses

implicados”.31 Sobre esto, en Romero v. S.L.G. Reyes este

Tribunal expresó:

Los tratadistas son contestes en que la

interpretación de esta regla requiere de un

enfoque pragmático, es decir, requiere de una

evaluación

individual

a

la

luz

de

las

circunstancias particulares que se presentan y

no de una fórmula rígida para determinar su

aplicación. Por lo tanto, los tribunales tienen

que hacer un juicioso análisis que considere la

determinación de los derechos de un ausente y

las consecuencias de no ser unido como parte en

López García, 200 DPR en la pág. 64. Véanse, además, Romero, 164 DPR

en la pág. 733; Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 435

(2003); Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 698, 704 (1993).

28

García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010); Pérez Rosa,

172 DPR en la pág. 223; Deliz et als., 158 DPR en la pág. 434; Sánchez,

154 DPR en la pág. 678; Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593,

605 (1989); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 606 (1983)

(“[l]a acumulación obligatoria de partes […] exige distinguir entre

diversos géneros de casos”).

29

García Colón, 178 DPR en la pág. 549 (citando a Mun. De Ponce v. A.C.

et als., 153 DPR 1, 16 (2000)).

30

31

Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 46 (2014).

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16

el procedimiento. Es importante determinar si el

tribunal podrá hacer justicia y conceder un

remedio final y completo sin afectar los

intereses del ausente”.32

Para lograr el análisis contextual y pragmático es

necesario hacer una evaluación jurídica de factores tales

como el tiempo, el lugar, el modo, las alegaciones, la

prueba, la clase de derechos, los intereses en conflicto,

el resultado y la formalidad.33 Como hemos expresado, “lo

fundamental

es

determinar

si

el

tribunal

puede

hacer

justicia y conceder un remedio final y completo a las partes

presentes sin afectar los intereses de la parte ausente”.34

C. Contornos contemporáneos de la figura de la filiación

Para

dilucidar

la

controversia

ante

nuestra

consideración, hay que delimitar los contornos contemporáneos

de

la

figura

jurídica

de

la

filiación

en

el

Derecho

puertorriqueño. Esta delimitación es importante porque, como

veremos, el reconocimiento voluntario es una herramienta para

establecer la filiación jurídica paterna y materna de forma

directa para la persona que no tiene un estado filiatorio

anterior o contradictorio al pretendido por el reconocimiento.

En

sentido

estricto,

la

filiación

es

“la

relación

jurídica que procede del vínculo natural entre padres e

32

Romero, 164 DPR en las págs. 732-733 (énfasis suplido).

Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 756 (2003); Deliz

et als., 158 DPR en la pág. 434; Sánchez, 154 DPR en la pág. 678.

33

34

Pérez Rosa, 172 DPR en la pág. 223.

CC-2020-0653

17

hijos”.35 El vínculo natural al que hace referencia la referida

definición surge del hecho natural de la procreación, es decir,

la procedencia biológica de los hijos respecto a los padres.

De ordinario, hay “una inicial realidad biológica [que es]

recogida y regulada por el ordenamiento jurídico con el fin de

distribuir derechos y obligaciones entre los progenitores y

los

seres

procreados

por

ellos”.36

Esta

filiación

suele

denominarse la filiación biológico-jurídica.

Ahora bien, aunque el elemento biológico es un principio

básico en materia filiatoria, no es suficiente para establecer

como realidad jurídica que una persona desciende de la otra.

En

múltiples

ocasiones,

hemos

expresado

que

el

vínculo

biológico por sí solo no basta para que nazca el vínculo

jurídico filiatorio.37 No podemos ignorar que existen casos

donde no es posible constatar quiénes son los padres biológicos

de una persona. En otras ocasiones, hay más de una persona a

quien se le podría identificar como padre o madre de alguien

o, aunque se sepa quiénes son los padres, la ley no puede darle

eficacia jurídica al hecho del parentesco biológico.38 Así

35

Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 475 (2019).

Sánchez, 154 DPR en la pág. 660 (citando a L. Díez-Picazo y A. Gullón,

Sistema de Derecho Civil, 7ma ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. IV,

pág. 249; reiterado en Rivera Marrero, 203 DPR en la pág. 476; Sánchez

Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 862 (2015); Beníquez v. Vargas,

184 DPR 210, 226 (2012); Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 182 DPR 803,

809 (2011); Mayol v. Torres, 164 DPR 517, 529 (2005)).

36

Sánchez Rivera, 192 DPR en las págs. 863–864; Vázquez Vélez, 182 DPR

en las págs. 809-810; Castro v. Negrón, 159 DPR 568, 580 (2003); Calo

Morales v. Cartagena Calo, 129 DPR 102, 112 (1991).

37

Beníquez, 184 DPR en las págs. 227-228 (citando a R. Serrano Geyls,

Derecho de familia de Puerto Rico y legislación comparada, San Juan,

38

CC-2020-0653

18

pues, “la relación biológica no es una condición necesaria ni

suficiente de la relación filial”.39

La filiación

jurídicas,

que

“sintetiza el conjunto de relaciones

determinadas

por

la

paternidad

y

la

maternidad, vinculan a los padres con los hijos dentro de

la familia”.40 Corresponde al estado civil de la persona

establecido por “la situación que, dentro de una familia, le

asigna el haber sido engendrada en ella o el estar en ella en

virtud de la adopción o de otro hecho legalmente suficiente al

efecto”.41 La filiación “origina una serie de derechos y

obligaciones

entre

los

miembros

de

la

familia,

dando

seguridad y publicidad al estado civil de la persona y,

como tal, caracteriza su capacidad de obrar y el ámbito

propio de su poder y responsabilidad”.42

La

filiación

jurídica

puede

ser

la

que

opera

por

presunciones juris tantum derivadas del matrimonio, así como

del parto en el caso de la mujer. Estas presunciones de

filiación están basadas en las máximas latinas mater semper

certa est (“la madre siempre es conocida”), pater semper

incertus est (“el padre siempre es desconocido”) y, de la

Ed. Programa de Educación Jurídica Continua de la UIPR, 2002, Vol. II,

pág. 886) (énfasis suplido).

González Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 DPR 554, 562 (2006). Véase,

además, Mayol, 164 DPR en las págs. 531-532.

39

40

Sánchez, 154 DPR en la pág. 678.

Beníquez, 184 DPR en la pág. 226 (citando a Castro, 159 DPR en las

págs. 579-580) (énfasis suplido).

41

Sánchez, 154 DPR en la pág. 670; Almodóvar v. Méndez Román, 125 DPR

218, 232 (1990).

42

CC-2020-0653

19

solución legal al aforismo anterior que es la fórmula pater

est quem nuptiae demostrant (“el padre es quien demuestra las

nupcias”).43 Este Tribunal ha expresado que la presunción de

paternidad aplicable al cónyuge de una madre refleja, entre

otras cosas, el supuesto empírico de que los hijos de una mujer

casada suelen ser hijos de su marido.44

La filiación por presunciones controvertibles de

la

paternidad y la maternidad estaba instaurada en el artículo

113 del derogado Código Civil.45 Hay que advertir que, al darle

carácter de presunción, el legislador reconoció “el principio

de que aun la probabilidad racional en que se funda no es

absoluta ni equivalente a la verdad”.46

Desde Ocasio v. Díaz —decisión que dio plena vigencia al

axioma constitucional que prohíbe el discrimen por razón de

nacimiento y proclamó la igualdad y dignidad del ser humano en

materia filiatoria—, este Tribunal por vía de dictum en un

escolio erosionó la categoría absoluta de la presunción de

filiación matrimonial al criticar que un esposo tenga que

convertirse en padre del hijo de otro sin que los óvulos de su

esposa se hubieran unido con sus espermatozoides.47 Por esta

razón, desde el 1942, a pesar de la presunción de la filiación

Beníquez, 184 DPR en las págs. 229-230; Moreno Álamo v. Moreno

Jiménez, 112 DPR 376, 379 (1982).

43

44

González Rosado, 169 DPR en la pág. 562.

45

CÓD. CIV. PR art. 113, 31 LPRA § 461 (derogado 2020).

46

Moreno Álamo, 112 DPR en la pág. 380.

47

Ocasio v. Díaz, 88 DPR 676, 733 esc. 10 (1963).

CC-2020-0653

20

matrimonial del entonces vigente artículo 113, era posible que

un hombre reconociera como hijo suyo al fruto de su relación

con una mujer casada con otro. A juicio de este Tribunal, a

pesar de la presunción instaurada en el artículo 113, la

situación creada por el legislador de entonces permitía a dos

hombres a inscribir como suyo al hijo de una mujer. Así, debía

prevalecer como padre el que lo inscribió primero en el

Registro Demográfico como hijo suyo y asumió el cumplimiento

de las obligaciones paternales.48

Debemos recordar que, en Moreno Álamo v. Moreno Jiménez,

a tono con los pronunciamientos jurisprudenciales previos en

materia filiatoria, resolvimos que la presunción de paternidad

matrimonial establecida en el artículo 113 del derogado Código

Civil podía ser impugnada con cualquier prueba idónea y

concluyente que la revirtiera. Allí, este Tribunal razonó que

después de Ocasio v. Díaz la declaración del estatus de hijo

no podía ampararse en una presunción categórica y restrictiva,

casi absoluta, excluyente de las normas usuales de evidencia,

determinada prueba y demás circunstancias del nacimiento.49 Con

este enfoque respondimos “a la necesidad de trascender la

interpretación literal del mencionado artículo, en abono del

verdadero espíritu que en materia filiatoria rige en Puerto

Rico”.50

48

Íd.

49

Moreno Álamo, 112 DPR en las págs. 385-386.

Mayol, 164 DPR en las págs. 550-551; Moreno Álamo, 112 DPR en la pág.

387 (énfasis suplido).

50

CC-2020-0653

21

Hoy no dudamos que tal como la presunción de paternidad

por

matrimonio,

y

posteriormente

por

reconocimiento

voluntario, del derogado Código Civil de 1930, según fue

enmendado por la Ley Núm. 215-2009, podía ser impugnada con

cualquier prueba idónea y concluyente que la revirtiera, así

también

corresponde

reconocerlo

para

la

presunción

de

maternidad por el parto establecida en tal artículo. Hay que

recordar que los tribunales no podemos aislarnos de la realidad

social contemporánea que permite descartar presupuestos de

hechos al lograr establecer otros de forma científicamente

verificable. Así, hoy reconocemos que es posible que, tras

recibir cualquier prueba idónea y concluyente, el tribunal

descarte la presunción de maternidad de la mujer que aparenta

tenerla por la presunción que reconocía el parto en el artículo

113 del derogado Código Civil.51

El ordenamiento establece estas presunciones para evitar

que la cuestión filiatoria permanezca abierta indefinidamente

por conflictos entre los supuestos padres, de ordinario, en

perjuicio de menores de edad, así como para que existiera

estabilidad jurídica en el estado civil de la persona.52 Por

tal principio de estabilidad jurídica es que el ordenamiento

impuso términos perentorios de caducidad para la impugnación

CÓD. CIV. PR art. 113, 31 LPRA § 461 (derogado 2020). Véase, Mayol,

164 DPR en las págs. 550-551; Ortiz v. Peña, 108 DPR 458, 462 (1979).

51

52

González Rosado, 169 DPR en la pág. 562.

CC-2020-0653

de

las

22

constancias

filiatorias

registrales

e

insiste

en

estrictos requisitos de legitimación activa.53

Como expresamos, en virtud de la enmienda introducida por

la Ley Núm. 215-2009, el artículo 113 del derogado Código Civil

establecía

que

“[e]l

reconocimiento

voluntario

crea

una

presunción de paternidad a favor del reconocedor”.54 Así,

además de la filiación que surge tras el proceso civil de la

adopción, la del reconocimiento surgía por declaraciones de

personas que afirman la filiación respecto de otra y se

comprometen a asumirla legalmente. Por lo tanto, la filiación

puede darse por un acto jurídico que impone derechos y

obligaciones

específicas

a

las

partes

con

consecuencias

indelebles y cuya trascendencia es innecesario recalcar.55

Conviene precisar que la filiación adoptiva, distinguible

de la filiación por reconocimiento, que desde el origen estaba

estatuida en el artículo 125 del Código Civil de 1930 para la

filiación extramatrimonial, se refiere a “un acto jurídico

solemne, el cual supone la ruptura total del vínculo jurídico-

53

Íd.

31 LPRA § 461 (derogado 2020). Véase, Bonilla Ramos, 185 DPR en la

pág. 673 (caso donde examinamos la enmienda traída por la Ley Núm. 2152009 para atemperar los artículos 113 al 117 del Código Civil a los

tiempos actuales. El legislador consideró que, dado los adelantos

científicos, era plausible que, establecida una presunción de

maternidad o paternidad, ésta no fuera cónsona con la realidad

biológica. El anterior artículo 113 solo establecía la presunción

matrimonial, pero tras la enmienda de 2009 quedaron establecidas dos

posibles presunciones de paternidad. Así quedó establecido que, además

del marido de la madre, es padre presunto aquel que sin estar casado

con la madre reconoce voluntariamente al menor).

54

Sánchez Rivera, 192 DPR en la pág. 862. Sobre la trascendencia de la

filiación, véanse Mayol, 164 DPR en las págs. 529-531; Almodóvar, 125

DPR en las págs. 232-234.

55

CC-2020-0653

23

familiar de una persona con su parentela biológica y la

consecuente filiación de ésta con aquel o aquellos que han

expresado la voluntad de que legalmente sea su hijo”.56 No hay

duda de que esta modalidad prescinde del fundamento biológico

para permitir que, por ficción de ley, el acto jurídico

sustituya el hecho natural con iguales deberes y obligaciones

jurídicas y sociales que aquellas existentes en la filiación

natural.57

El

derogado

Código

Civil

reconocía

la

acción

para

impugnar la presunción de paternidad o de maternidad dispuesta

en el mencionado artículo 113. Según disponía el artículo 115,

la presunción de maternidad podía impugnarse por la simulación

del parto o por la sustitución inadvertida del hijo durante el

alumbramiento o después de éste. Las personas legitimadas para

la acción serían la presunta madre y la madre biológica, además

del hijo y el presunto padre. A juicio de la doctora y exjuez

apelativa Migdalia Fraticelli Torres, la presunta madre podía

ser “desde la que ‘aparentemente lo parió’ hasta quien lo

inscribió en el registro con su apellido por sustitución

inadvertida

y

aún

con

conciencia

de

la

falsedad

de

la

inscripción”.58 En el caso de la maternidad subrogada la

“presunta madre” sería la mujer gestante, pues, la maternidad

56

Beníquez, 184 DPR en la pág. 233.

57

Íd., págs. 233-234.

M. Fraticelli Torres, Relevancia actual y secuela jurisprudencial de

Ocasio v. Díaz, 50 REV. DER. PUR. 101, 116-117 (2010).

58

CC-2020-0653

24

quedaría cobijada por la presunción producida por el parto.59

El entonces artículo 117 reconocía que la “madre legal”

debía impugnar la presunción de maternidad “dentro del plazo

de caducidad de seis meses, contados a partir de la fecha de

que advenga en conocimiento de la inexactitud de la filiación

[…]”.60 Sin embargo, según provisto por la enmienda de la Ley

Núm. 245-2011 al mencionado artículo, la madre legal no podía

impugnar la maternidad inexacta si, con conocimiento de esta

realidad,

voluntariamente

consintió

a

la

inscripción

del

nacimiento del menor en el Registro Demográfico como hijo

suyo.61

La filiación por reconocimiento voluntario o forzoso

del hijo de personas no casadas legalmente estaba antes

59

Íd.

CÓD. CIV. PR art. 117, 31 LPRA § 465 (derogado 2020). En Almodóvar v.

Méndez Román reconocimos dos modalidades para impugnar la presunción

de paternidad matrimonial y que la acción impugnatoria de la filiación

extramatrimonial es una figura encaminada a desvirtuar, no la

paternidad per se o directamente la condición de hijo, sino el acto de

reconocimiento voluntario. Véase, además, González Rosado, 169 DPR en

las págs. 565-567; Mayol, 164 DPR en la pág. 540.

60

El segundo párrafo del entonces artículo 117 reconocía a la madre

biológica, así como a la madre legal, el plazo de caducidad de un año

desde la inscripción del nacimiento para impugnar la presunción de

maternidad, esto en contradicción al plazo de seis meses dispuesto en

el primer párrafo. Según la doctora Fraticelli Torres, “[l]a referencia

‘a la madre legal’ en este párrafo no está clara. ¿Quién es la madre

legal? Nótese que la ley habla antes de ‘la madre presunta’ y ‘la madre

biológica’. Las trata como entes distintos. Entonces, nos preguntamos,

‘la madre legal’, ¿es quien aparece como madre en el Registro

Demográfico o es la que parió al hijo, pero luego fue privada de su

compañía? […] ¿Qué prueba debe presentarse para prevalecer en la acción

de

impugnación?

Obviamente,

el

demandante

debe

probar

preponderantemente ‘la inexactitud de la filiación’ con cualquier

prueba admisible en un tribunal. Este criterio es similar al adoptado

en el caso de Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, ‘la imposibilidad de la

paternidad’ del presunto padre”. Fraticelli Torres, supra, pág. 119.

61

CC-2020-0653

25

regulada en el artículo 125 del derogado Código Civil que,

en lo pertinente, disponía:

Son hijos naturales los nacidos, fuera de

matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción de

aquéllos hubieran podido casarse, sin dispensa o

con ella.

El hijo natural puede ser reconocido por el padre o

la madre conjuntamente, o por uno solo de ellos, en

el acta de nacimiento, o en otro documento público.

[…]

La madre estará obligada al reconocimiento del

hijo natural […] cuando se pruebe cumplidamente el

hecho del parto y la identidad del hijo.

El hijo mayor de edad no podrá ser reconocido

sin su consentimiento. Cuando el reconocimiento del

menor de edad no se realiza en el acta de nacimiento

o en testamento, será necesaria la aprobación del

juez de la sala del Tribunal de Primera Instancia

en que resida el menor, con intervención del fiscal.62

Sobre el reconocimiento voluntario, hemos expresado

que se entiende por “aquella declaración hecha por ambos

padres (o por uno de ellos aisladamente), por cuya virtud

acreditan que una persona es hijo o hija suya, siempre que

ello se haga en las condiciones y mediante las formas

prescritas por las leyes”.63 En tanto, el reconocimiento

31 LPRA § 504 (derogado 2020) (énfasis suplido). Adviértase que

omitimos el párrafo tercero y los cuatro numerales contenidos en este

párrafo, relacionado al reconocimiento forzoso del padre al hijo

natural, porque en Ocasio v. Díaz, 88 DPR en la pág. 750, este Tribunal

dispuso que dicho párrafo quedó tácitamente derogado por efectos de las

Leyes Núms. 229 de 1942, 243 de 1945 y 17 de 20 de agosto de 1952. En

aquella ocasión expresamos que los requisitos de prueba señalados en

el párrafo tácitamente derogado no aplicarían en cualquier acción o

procedimiento filiatorio que estuviera en trámite o el que se instara.

La doctora Migdalia Fraticelli Torres afirma que hoy estos solo ilustran

situaciones que pueden ayudar a probar el hecho de la paternidad por

preponderancia de prueba. Véase, Fraticelli Torres, supra, pág. 105.

62

González Rosado, 169 DPR en la pág. 563 (citando a F. Puig Peña,

Compendio de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Pirámide, Vol. V, pág.

394).

63

CC-2020-0653

forzoso

es

26

aquel

“que

surge

como

consecuencia

de

una

sentencia judicial emitida en una acción de filiación”.64

Desde

Almodóvar

v.

Méndez

Román

reconocimos

el

señalamiento doctrinal de que “[l]as personas que carecen de

filiación conocida paterna o materna o de ambas, pasan a

ostentar una u otra o las dos cuando los reconoce un varón,

una mujer o una pareja”.65 En aquel momento expresamos que en

el reconocimiento voluntario queda al margen la cuestión si el

reconocido es o no hijo biológico del reconocedor.66 Sin

embargo, en Mayol v. Torres resolvimos que era posible impugnar

un reconocimiento voluntario por la única razón de que la

filiación jurídica no corresponde a la realidad biológica, es

decir, que en Puerto Rico existía la acción para impugnar el

reconocimiento voluntario por inexactitud.

No

solo

hemos

afirmado

jurisprudencialmente

la

posibilidad del reconocimiento voluntario de un hijo por parte

de una mujer, como lo permitía el derogado Código Civil para

la filiación no matrimonial, sino que el artículo 19-A de la

Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico dispone:

Si el nacimiento es reconocido por uno solo de los

padres será obligación del Registro Demográfico, cuando

así lo requiera dicho padre o madre al momento de la

inscripción, realizar la inscripción haciendo constar

los dos apellidos del único que lo reconoce.

Si con posterioridad a la inscripción surgiera la

intención de un reconocimiento voluntario, el Registro

Demográfico viene en la obligación de sustituir el

64

Castro, 159 DPR en la pág. 611.

Almodóvar, 125 DPR en la pág. 236 (citando a M. Albaladejo, Curso de

Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1984, T. IV, pág. 226).

65

66

Íd., pág. 250.

CC-2020-0653

27

apellido del padre o la

documentación evidenciada.67

Ahora

bien,

reconocimiento

contrario

voluntario

madre

a

no

la

de

acuerdo

filiación

puede

ser

a

la

adoptiva,

eficaz

en

el

ningún

aspecto si está en oposición con un título anterior que

acredite otra filiación.68 Dicho de otro modo, hasta que no se

impugne

exitosamente

en

el

tribunal

la

filiación

contradictoria registral, no procede el reconocimiento de otra

filiación.69

Sabemos que, en todo caso, la declaración judicial de la

condición de hijo debe ser bajo las reglas de evidencia, “de

acuerdo con la preponderancia de las pruebas y conforme a

conclusiones que, al tomar en consideración las circunstancias

concurrentes en el caso, representen el balance más racional,

justiciero y jurídico en la resolución del pleito”.70

Art. 19-A de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, Ley del Registro

Demográfico de Puerto Rico, 24 LPRA § 1133a (énfasis suplido).

67

Beníquez, 184 DPR en la pág. 249; Mayol, 164 DPR en la pág. 541;

Castro, 159 DPR en la pág. 588. Nótese que este Tribunal ha resuelto

que, en ausencia de una inscripción contradictoria de paternidad en el

Registro Demográfico, el reconocimiento voluntario tenía la eficacia

probatoria que otorga la ley a los certificados de nacimiento. Pueblo

v. Rosado, 88 DPR 456 (1963) (caso en que el acusado reconoció

voluntariamente la paternidad al inscribir en el Registro Demográfico

como hija suya a la niña de una mujer casada con otro).

68

69

Beníquez, 184 DPR en la pág. 249.

Ocasio v. Díaz, 88 DPR en la pág. 750. Véase, además, Mayol, 164 DPR

en las págs. 547-549 (caso que advierte que los artículos 125 y 126 del

hoy derogado Código Civil, pocas veces atendidos en la jurisprudencia,

son dos artículos sobre los hijos naturales matizados o derogados en

parte por leyes especiales, por la Constitución de 1952 y por nuestra

jurisprudencia. Las leyes especiales posteriores redefinieron el

concepto “hijos naturales” como todos “los hijos nacidos fuera del

matrimonio”,

en

abstracción

de

cualquier

otra

condición.

El

reconocimiento podía darse por quien no tuviera lazos biológicos con

el reconocido como hijo, solo así tendría sentido la acción de

70

CC-2020-0653

28

En fin, la filiación “es una relación fundamentalmente

jurídica que responde a ciertos imperativos de la política

pública [y al balance apropiado entre intereses diversos]”.71

El establecimiento de determinada política pública sobre la

filiación

conlleva

establecer,

entre

otros

asuntos,

los

procedimientos para determinarla, el papel de la voluntad de

quien

pretende

determinada

filiación,

la

posibilidad

de

reclamar la filiación o la negación de la que existe en

apariencia.72

No

olvidemos

que,

ante

la

inacción

de

la

Asamblea

Legislativa en materia de filiación y fundamentado en nuestra

jurisprudencia:

[H]emos sido consecuentes en flexibilizar la

normativa puertorriqueña relativa al ámbito de la

filiación a la luz de los recientes adelantos

científicos y de las corrientes constitucionales

modernas.

Este

proceder

jurisprudencial

ha

encontrado su justificación en la importancia

trascendental que reviste el estado filiatorio de

un ser humano, de cuya certeza emanan aspectos

importantes de naturaleza moral, patrimonial e,

incluso, un interés público superior que atañe

también al Estado.73

D. Nuevo Código Civil y su aplicación a acciones pendientes

A nivel mundial, la materia filiatoria es una de las

áreas del Derecho de familia que ha sufrido las más profundas

transformaciones en lo que va de siglo. Las nuevas leyes en el

impugnación de reconocimiento permitida

entonces artículo 126 del Código Civil).

en

la

71

González Rosado, 169 DPR en las págs. 561, 563.

72

Mayol, 164 DPR en la pág. 533.

73

Beníquez, 184 DPR en las págs. 229-230.

última

oración

del

CC-2020-0653

mundo

29

occidental

destacan

por

el

común

denominador

de

equiparar la filiación matrimonial y extramatrimonial, no

distinguir entre clases o subtipos dentro de la filiación

extramatrimonial, por la apertura al establecimiento de la

filiación

por

la

vía

judicial

y

la

posibilidad

de

la

impugnación, con amplia admisibilidad a diversos tipos de

prueba y el uso práctico de las pruebas biológicas.74

Cabe precisar que el actual Código Civil de Puerto Rico

dispone que “[l]as normas que regulan las relaciones jurídicas

familiares son de orden público e interés social, y tienen por

objeto proteger el desarrollo integral de la persona en el

entorno familiar”.75 Así, el artículo 556 establece que “[l]a

filiación tiene lugar por vínculo genético, por métodos de

procreación asistida o por adopción”.76 Establece el artículo

559

del

Código

que

“[u]n

progenitor

puede

reconocer

de

cualquier modo al hijo”.77 Así, el nuevo Código recoge el

siguiente principio:

Si uno solo de los progenitores reconoce e

inscribe a la persona nacida, lo hace con sus dos

apellidos en el mismo orden del progenitor que lo

reconoce. El reconocimiento posterior del otro

progenitor justifica la sustitución de uno de los

apellidos en el nombre de la persona por el del

progenitor que le reconoce con posterioridad.78

74

Mayol, 164 DPR en la pág. 534.

75

CÓD. CIV. PR art. 363, 31 LPRA § 6462 (2020).

76

Íd. § 7102 (énfasis suplido).

77

Íd. § 7105 (énfasis suplido).

78 Íd.

§ 5543.

CC-2020-0653

30

Nótese que el contenido de este artículo es similar a lo

que

establece

el

artículo

19-A

de

la

Ley

del

Registro

Demográfico, antes citado.

Por su parte, el artículo 564 del Código Civil requiere

que “[l]a declaración judicial del estado filiatorio no hará

pronunciamiento sobre las circunstancias del nacimiento o el

estado civil de los progenitores”.79 En tales casos, el estado

filiatorio “puede establecerse con cualquier prueba admisible

en un tribunal conforme a las Reglas de Evidencia”.80

Sobre la presunción de la maternidad, el actual artículo

567 del Código Civil establece que “[e]l parto determina la

maternidad, excepto en casos de maternidad subrogada en los

cuales la mujer gestante no tiene vínculo genético alguno con

el hijo que se desprende de su vientre y desde un principio su

intención original fue llevar el embarazo a término para otra

persona”.81 Como se sabe, las presunciones admiten prueba en

contrario,

en

este

caso

“siempre

que

se

demuestre

la

imposibilidad de la paternidad o la maternidad, y que se

presente en los procedimientos y en los plazos dispuestos en

este Código”.82

Por

otra

parte,

el

ordenamiento

actual

reconoce

expresamente la acción de impugnación de la maternidad de

79

Íd. § 7114.

80

Íd. § 7115.

81

Íd. § 7121 (énfasis suplido).

82

Íd. § 7123.

CC-2020-0653

31

probarse que hubo un acuerdo de subrogación. Tienen acción

legitimada

para

impugnar

la

maternidad

reconocida

jurídicamente la presunta progenitora, la madre biológica o la

madre intencional.83

Sabemos que, de ordinario, las leyes no tienen efecto

retroactivo,

excepto

cuando

se

dispone

expresamente

lo

contrario.84 Sin embargo, el alcance de esta norma no es otro

que el de una regla de interpretación para el juzgador. Por lo

tanto, el juzgador puede deducir del contexto de la ley, si es

apropiado aplicar esa nueva disposición jurídica a acciones

pendientes, sobre todo si no perjudica derechos de terceros o

procesalmente es más beneficiosa para las partes ante el

tribunal.85 La doctrina reconoce que “si una ley establece un

nuevo derecho o altera los anteriormente existentes, la ley se

aplica desde su vigencia y puede invocarse la nueva situación,

aunque los hechos hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia

de la nueva ley”.86

En Pérez Valdivieso v. León este Tribunal resolvió que

se podía invocar la entonces nueva causal de divorcio de

separación

por

siete

años,

aunque

parte

del

tiempo

de

separación hubiese transcurrido antes de aprobarse la reforma

83

Íd. § 7124.

84

Íd. § 5323.

85

Ocasio v. Díaz, 88 DPR en las págs. 729-730.

R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de

las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987,

pág. 396.

86

CC-2020-0653

al

Código

32

Civil

entonces

vigente.87

Aunque

la

intención

legislativa no apareciera claramente de su contexto, en aquel

caso se entendió que el estatuto que creaba la nueva causal de

divorcio debía aplicarse con igual fuerza tanto a hechos

pasados como a futuros.88 Esto porque “la institución del

matrimonio,

su

celebración,

régimen

y

disolución,

son

cuestiones de interés público que los pueblos por medio de sus

gobiernos se han reservado siempre el poder de regular con

entera libertad”.89

Hay que recordar también que la regla de interpretación

sobre la irretroactividad de las leyes que afecten derechos

adquiridos

aplica

solamente

a

estatutos

de

carácter

sustantivo, no a disposiciones procesales o adjetivas, de

interés

público.90

De

tratarse

de

normas

procesales

o

adjetivas, estas aplican a los casos pendientes, salvo que la

Asamblea

Legislativa

disponga

doctrina

que

es

“[n]o

lo

contrario.

exactamente

que

Establece

tengan

la

efecto

retroactivo, sino que se aplican aun a casos que ya hayan

comenzado, aunque [antes] de ya estar en vigor la ley”.91

Cabe precisar que las presunciones jurídicas

tienen

particular valor probatorio y, de ordinario, son utilizadas

87

Pérez Valdivieso v. León, 52 DPR 512, 520-521 (1938).

88

Íd., pág. 519.

89

Íd., pág. 518.

90

Véase, Cortés Córdova v. Cortés Rosario, 86 DPR 117, 123 (1962).

R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de

las leyes en Puerto Rico, op. cit., pág. 400 (énfasis suplido).

91

CC-2020-0653

33

por el juez al momento de dictar sentencia por crear la

convicción de determinado hecho. Sabemos que en el proceso

judicial oportuno la filiación presunta por disposición de ley

deberá ceder ante la prueba o demostración contraria. Así, si

el

asunto

filiatorio

llega

al

tribunal

las

presunciones

legales tendrán el carácter de norma procesal dentro de la

acción

de

reconocimiento

con

autorización

judicial

o

de

impugnación.92

El

artículo

1806

del

Código

Civil

de

2020

dispone

expresamente que las disposiciones que perjudique derechos

adquiridos según la legislación civil anterior no tienen

efecto retroactivo.93 Por otra parte, el artículo 1808 del

Código Civil de 2020 establece:

Las acciones y los derechos nacidos y no

ejercitados antes de la entrada en vigor de este Código

subsisten con la extensión y en los términos que le

reconoce la legislación precedente; pero sujetándose,

en cuanto a su ejercicio y procedimientos para hacerlos

valer, a lo dispuesto en este Código. Si el ejercicio

del derecho o de la acción se halla pendiente de

procedimientos

comenzados

bajo

la

legislación

anterior, y estos son diferentes de los establecidos

en este Código, pueden optar los interesados por unos

o por otros.94

Así,

aunque

este

Tribunal

tenía

declarado

que

los

derechos de filiación deben regularse por la legislación

F. Rivero Hernández, La presunción de paternidad legítima, Madrid,

Tecnos, 1971, págs. 324, 329-331.

92

93

31 LPRA § 11711.

Íd. § 11713 (énfasis suplido). Nótese, además, que conforme al

artículo 1811 del Código Civil de 2020 las nuevas disposiciones o

procedimientos pueden ser aplicados a los expedientes de adopción, los

de emancipación voluntaria y los de dispensa de ley pendientes ante los

tribunales al momento de entrar en vigor la nueva legislación civil.

Íd. § 11716.

94

CC-2020-0653

34

vigente en el momento del nacimiento,95 desde Ocasio v. Díaz

entendimos que esto no era un principio intocable y mucho menos

aplicable a las maneras de establecer la realidad filiatoria

cuando de presunciones legales rebatibles en un proceso se

trata. El legislador puede modificar la legislación vigente en

el tiempo del nacimiento y la ley posterior puede aplicarse a

los trámites judiciales pendientes.96

En Ocasio v. Díaz expresamos que, en su aspecto procesal,

las normas probatorias del artículo 125 del derogado Código

Civil perdieron tácitamente su vigencia y aplicación respecto

a litigios y procedimientos filiatorios pendientes al 25 de

julio de 1952 y a los que se iniciaran en o con posterioridad

a esa fecha, sin tomar en cuenta la fecha del nacimiento.97

Esto porque “[e]l respeto a los derechos adquiridos, a los

hechos consumados, a las situaciones ya existentes, no se opone

Este proceder estaba fundamentado en las diferencias entonces

existentes entre los hijos legítimos, naturales e ilegítimos. En aquel

momento, el Tribunal Supremo negaba el reconocimiento de nuevos

derechos a los hijos naturales e ilegítimos nacidos previo a la

aprobación de una ley porque se oponían o perjudicaban los derechos

adquiridos por los hijos legítimos bajo la ley anterior, en particular

los derechos hereditarios que eran de carácter sustantivo. Véanse,

Lucero et al. v. Los Herederos de Vila, 17 DPR 152, 165-167 (1911);

Charres v. Arroyo, 16 DPR 816, 821 (1910). En la actualidad no existe

tal consideración a la hora de aplicar en materia filiatoria nuevos

derechos, procesales y sustantivos, porque “independientemente de la

forma en que los hijos adquieran la filiación, ésta produce idénticos

efectos jurídicos en lo concerniente al estado de hijo”. Castro, 159

DPR en las págs. 608-609.

95

96

Ocasio v. Díaz, 88 DPR en la pág. 725.

Íd. (en este caso el Tribunal expresó que “[e]n su aspecto procesal,

aun imperaban las normas de prueba -con categoría de requisitos cuasi

sustantivos- impuestas por el artículo 125 del Código Civil. Al

adoptarse la Constitución y aprobarse la Ley Núm. 17 esas normas

resultaron no aptas para implementar el nuevo régimen igualitario,

perdieron entonces su vigencia […]” (énfasis suplido)).

97

CC-2020-0653

35

al establecimiento de reformas sociales constitucionales ni a

leyes que se dan en vista de situaciones pasadas”.98

III.

Precisamos que ha militado a favor de la expedición de

este recurso el hecho de que la cuestión planteada es un

asunto novel no regulado directamente –ni prohibido– al

momento

de

suscribirse

el

acuerdo

de

subrogación

gestacional con el matrimonio peticionario y del nacimiento

del menor concebido por métodos de procreación asistida sin

vínculo genético con la mujer gestante.

En este caso el foro apelativo incidió al establecer que

el foro primario no tenía jurisdicción para atender la petición

judicial de inscripción registral por reconocimiento de los

padres intencionales por ausencia de partes indispensables —

la mujer gestante y su entonces pareja consensual— y al

cuestionar la validez del acuerdo de subrogación habido con el

matrimonio peticionario. A continuación, exponemos las razones

por las cuales la sentencia recurrida es errónea en estos

extremos, asunto que acepta el Procurador General en su

comparecencia.

En primer lugar, el foro apelativo hizo una lectura

sumamente expansiva de la figura de parte indispensable de

la Regla 16.1 de Procedimiento Civil que derrota principios

cardinales en la administración de la justicia como la

eficiencia, la economía procesal y sobre todo el mejor

98

Íd., pág. 724.

CC-2020-0653

36

bienestar del menor sujeto de inscripción registral. La

determinación mayoritaria no consideró de forma pragmática

e individualizada el tipo de caso en cuestión, los intereses

implicados y el remedio pretendido. En estas circunstancias

particulares, el foro primario concedió un remedio final y

completo a las partes presentes, sin afectar los intereses

de alguna parte ausente conocida y determinada.

Este Tribunal no puede avalar la determinación del

foro apelativo de la falta de jurisdicción por la ausencia

de la entonces pareja consensual de la mujer gestante como

parte indispensable en la petición ex parte de inscripción

registral de un menor nacido por procreación asistida. En

este

caso,

la

entonces

pareja

consensual

de

la

mujer

gestante suscribió el acuerdo de subrogación en el que

afirmó que no deseaba tener más hijos propios. También

declaró que no tenía interés en ningún tipo de derecho de

patria potestad o custodia sobre el menor que pudiera nacer.

Sus

declaraciones,

más

que

concederle

algún

interés

o

derecho sobre el menor, derrotarían cualquier pretensión de

imputarle la paternidad.

Por otra parte, la entonces pareja consensual también

suscribió el consentimiento para la transferencia de los

embriones

en

el

proceso

de

subrogación,

pero

su

participación fue únicamente de carácter testimonial. Para

la firma de ese documento, la mujer gestante fue advertida

de su derecho a utilizar un testigo de conocimiento sobre

el consentimiento de subrogación que la obligaba a ella, a

CC-2020-0653

37

sus herederos, legatarios, causahabientes y mandatarios.

Por

esto,

su

entonces

pareja

consensual

firmó

el

consentimiento como testigo.

En este caso, no hay controversia de que el padre

biológico

del

menor

es

el

peticionario

BJJ,

hecho

confirmado por el testimonio de la mujer gestante, los

expedientes médicos, la cadena de custodia del material

genético y el testimonio del experto en endocrinología

reproductiva

e

infertilidad

que

tuvo

a

cargo

el

registral

ya

procedimiento médico.

Ante

este

hecho

y

la

inscripción

efectuada, por intervención del foro primario, operaba la

presunción de paternidad del artículo 113 del derogado

Código Civil a favor del peticionario. Si consideramos los

legitimados para impugnar tal presunción según disponía el

artículo 114 de igual Código,99 ciertamente no hay espacio

para concluir que la entonces pareja consensual pudiera

reclamar algún derecho, pues, el “presunto padre” y el

“padre

biológico”

se

confunden

en

la

persona

del

peticionario BJJ.

Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones erró al

establecer que, al amparo del artículo 125 del derogado

Código

Civil,

le

asistían

ciertas

prerrogativas

relacionadas al nacimiento del menor a la entonces pareja

consensual de la mujer gestante y, por ende, era parte

99

CÓD. CIV. PR art. 114, 31 LPRA § 462 (derogado 2020).

CC-2020-0653

38

indispensable en la petición para la declaración del estado

filiatorio con el matrimonio peticionario. Recordemos que,

desde Ocasio v. Díaz está claramente establecido que las

disposiciones utilizadas por el foro apelativo no tienen

vigencia

en

nuestro

ordenamiento.

En

particular,

la

referencia a que el padre está obligado a reconocer al hijo

no matrimonial, “[c]uando la madre fue conocida viviendo en

concubinato con el padre durante el embarazo y al tiempo

del nacimiento del hijo”.100

En cuanto a la mujer gestante como presunta parte

indispensable, el foro apelativo olvidó constatar que en el

proceso de jurisdicción voluntaria esta actuó como parte

con interés y se sometió voluntariamente a la jurisdicción

del Tribunal. La Petición ex parte ante el foro primario

reza:

Comparece la parte peticionaria de epígrafe,

representada por la abogada que suscribe, junto

a las partes con interés [y] muy respetuosamente

exponen, alegan, solicitan:

........

3. La parte con interés, [CTR], es mayor de

edad, soltera, [...] y se somete voluntariamente

a la jurisdicción del tribunal.101

No podemos pasar por alto que, en el supuesto de que

hubiera sido necesario, el derecho al emplazamiento es

renunciable. Tal renuncia puede suceder cuando una parte se

100

Íd. § 504.

101

Apéndice de la Solicitud, pág. 44 (énfasis suplido).

CC-2020-0653

39

somete voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal.102 En

este caso la obligación de la mujer gestante de cooperar y

comparecer en el proceso de inscripción estaba prevista en

el acuerdo de subrogación, la cual cumplió también al

suscribir la declaración jurada que acompañó la petición,

y al testificar y ratificar ante la juez a cargo del proceso

su renuncia a cualquier derecho sobre el menor.

Como advertimos, los procedimientos de jurisdicción

voluntaria son aquellos donde no existe controversia entre

las partes. La Regla 3.1(b) de Procedimiento Civil reconoce

la facultad de los tribunales para atender procedimientos

no contenciosos. Por otra parte, conforme a la Regla 72,

cuando no hay un procedimiento específico para determinado

asunto el tribunal puede reglamentar su práctica con las

propias reglas procesales o con cualquier otra disposición

de ley compatible e incluso por analogía.

En fin, la renuncia de la mujer gestante a cualquier

derecho que el parto le pudo reconocer respecto al menor

puede ser validada en un procedimiento no contencioso y sin

necesidad de notificarle por emplazamiento de la petición

que pretende la filiación con la madre intencional en un

procedimiento de procreación asistida o subrogación.

En

este

caso,

el

procedimiento

incoado

por

el

matrimonio peticionario perseguía que el tribunal ordenara

la inscripción del menor en el Registro Demográfico como

102

Sánchez Rivera, 192 DPR en las págs. 872-873.

CC-2020-0653

40

hijo suyo por reconocimiento voluntario con autorización

judicial, antes de que el nacimiento fuese inscrito en el

Registro demográfico, y tal interés no estaba contrapuesto

con los intereses de la mujer gestante sin vínculo genético

con el menor.103 Ante estas circunstancias particulares, el

procedimiento no puede ser uno contencioso por mero fiat

judicial.

Aquí no existe controversia de que la mujer gestante

no está vinculada genéticamente con el menor. Así, el

proceso ex parte llevado por el matrimonio peticionario

tuvo el efecto de derrotar con prueba idónea y concluyente

la presunción legal de que el parto determina la maternidad

e invocar la filiación natural materna por reconocimiento

voluntario con la aprobación judicial a nombre de la madre

intencional

antes

de

la

inscripción

del

nacimiento,

conforme permitía el artículo 125 del derogado Código Civil

para la filiación extramatrimonial.

En segundo lugar, el foro apelativo incidió al expresar

sua sponte que era necesario considerar la legalidad del

acuerdo de subrogación. Aunque la única contención del

Procurador General era la inscripción directa del menor

como

hijo

declaración

de

de

la

madre

adopción,

intencional

la

y

sentencia

no

mediante

una

mayoritaria

sua

sponte cuestionó la validez jurídica del acuerdo:

La cuestión que plantea el caso de epígrafe es una

altamente compleja, cuya final disposición exige la

103

Cf. Art. 21-B de la Ley del Registro Demográfico, 24 LPRA § 1137.

CC-2020-0653

41

consideración

de

múltiples

prerrogativas

y

obligaciones que el ordenamiento jurídico reconoce

a todos los involucrados en el proceso. El asunto

de la subrogacía [sic] gestacional, para validarse

en nuestra jurisdicción, exige que se complete un

trámite alterno al meramente contemplado en un

acuerdo

privado

entre

las

partes

que

no

necesariamente es legal. Es precisamente el interés

apremiante del Estado de proteger a los menores de

edad, el que se resguarda al exigirse el

cumplimiento de ciertas formalidades legales que

garantizan la adecuacidad de sus derechos civiles.

Siendo así, intimamos fundamental que se dé plena

observancia

a

los

preceptos

procesales

y

sustantivos

involucrados,

particularmente

a

aquellos imperantes al momento de suscribirse el

Acuerdo de Subrogacía [sic] Gestacional que nos

concierne, de modo que el asunto se disponga de

manera justa y correcta.104

Advertimos que la postura de cuestionar sua sponte la

validez del acuerdo no se justifica, además de que, en este

tipo de circunstancia, añade un problema adicional. En

primer lugar, no debemos obviar que en el nuevo Código Civil

el legislador ha reconocido expresamente, como cuestión de

orden público e interés social, la validez de los acuerdos

de maternidad subrogada —sin establecer los requisitos—, la

filiación por métodos de procreación asistida, la figura de

la madre intencional y que la presunción de maternidad por

el parto no recaerá en

la mujer gestante sin vínculo

genético con el menor que lleva el embarazo a término para

otra persona. Asimismo, que es posible aplicar estas normas

a las acciones y procedimientos judiciales pendientes al

momento de la aprobación del nuevo Código Civil.105

104

Apéndice de la Solicitud, pág. 8 (énfasis suplido).

105

CÓD. CIV. PR art. 567, 31 LPRA § 7121 (2020).

CC-2020-0653

42

Pero, además, una declaración de nulidad de un acuerdo

de maternidad subrogada no solucionaría

las cuestiones

filiatorias del menor nacido por técnicas de reproducción

asistida. Si el tribunal insiste sua sponte en no reconocer

la

validez

del

acuerdo

de

subrogación

y

atribuir

la

maternidad a la mujer gestante, tendría que afrontar el

problema de que esta última no es su madre biológica y no

desea relacionarse en modo alguno con el menor nacido por

procreación asistida. Nos preguntamos, además, cuál sería

el fin de obligar a la mujer gestante al reconocimiento

forzoso del artículo 125 del Código Civil de 1930.

En

conclusión,

aunque

pudiera

existir

alguna

controversia sobre cuál era el procedimiento para inscribir

a un menor nacido por subrogación gestacional a nombre de

la

madre

intencional,

en

este

caso

la

mujer

gestante

compareció al procedimiento de jurisdicción voluntaria como

parte con interés y con su testimonio apoyó la petición de

reconocimiento

Traerla

como

apelativo,

voluntario

parte

sería

con

demandada,

atribuirle

autorización

judicial.

como

el

foro

los

que

unos

resolvió

derechos

a

palmariamente renunció en más de una ocasión, cuestión que

el Procurador General aceptó en el recurso instado ante el

Tribunal de Apelaciones.

En este caso el foro primario declaró la filiación del

menor

con

la

madre

intencional

por

el

reconocimiento

voluntario, con apoyo en la prueba testifical, científica,

pericial y documental presentada. La mujer que dio a luz al

CC-2020-0653

menor

43

sin

vinculo

genético

renunció

expresamente

a

cualquier derecho que le pudo haber concedido el parto,

antes

de

cualquier

inscripción

registral.

Tales

actos

tienen consecuencias jurídicas indubitables y el Procurador

nunca ha cuestionado la validez de la renuncia a cualquier

derecho por motivo del parto, solo la formalidad de la

inscripción directa o por filiación natural a nombre de la

madre intencional.

Ahora

bien,

no

podemos

avalar

la

contención

del

Procurador General. En este caso no procede la filiación

adoptiva porque no existe una filiación jurídica previa con

la mujer gestante y solo había una presunción legal que fue

debidamente rebatida por prueba suficiente en derecho en el

proceso

judicial

instado

antes

de

la

inscripción

del

nacimiento, además del reconocimiento en el nuevo Código

Civil de la excepción a la presunción del parto en los casos

de gestación subrogada o sin vínculo genético mientras el

asunto filiatorio

ante nuestra consideración

estaba en

trámite.

Reiteramos que en este caso fue probado que la mujer

gestante no tiene vínculo genético alguno con el menor y

que desde un principio su intención fue llevar el embarazo

a

término

escenario,

para

el

el

matrimonio

Tribunal

de

peticionario.

Primera

Instancia

Ante

tal

estaba

en

posición de emitir una sentencia vinculante para las partes

y

autorizar

el

reconocimiento

voluntario

de

la

madre

intencional, según provee el artículo 19-A de la Ley del

CC-2020-0653

44

Registro Demográfico y lo permitía el derogado artículo 125

del Código Civil para la filiación extramatrimonial.106

Conforme surge de la doctrina legal discutida en el

segundo acápite de esta Opinión, la relación biológica de la

madre

intencional

gestacional

filiación

no

por

con

es

el

menor

nacido

por

subrogación

condición

necesaria

para

permitir

la

reconocimiento

voluntario

con

autorización

judicial. Bajo el Código vigente al momento del nacimiento en

cuestión,

habíamos

establecido

que

la

filiación

que

corresponde al estado civil de un menor puede ser establecida

por el vínculo genético o por adopción, pero también por otro

hecho

legalmente

suficiente

al

efecto

como

lo

es

el

reconocimiento voluntario, con o sin autorización judicial.

Nótese que el entonces artículo 117 del derogado Código Civil

reconocía la posibilidad de que la madre legal fuera quien,

con

conocimiento

de

que

no

era

la

madre

biológica,

voluntariamente consintiera a la inscripción del nacimiento

del menor en el Registro Demográfico como hijo suyo.

En este caso solo la madre intencional es quien ha

ejercido

la

acción

de

reconocimiento

voluntario

ante

el

tribunal. La madre biológica, quien donó los óvulos utilizados

en la fertilización in vitro, es desconocida, y la presunta

madre por razón del parto renunció válidamente a cualquier

derecho antes de la inscripción original del nacimiento. Ante

tal realidad, no hay ninguna filiación contradictoria al

106

24 LPRA § 1133a.

CC-2020-0653

45

reconocimiento de la madre intencional, como tampoco existe un

vínculo

jurídico-familiar

del

menor

con

alguna

parentela

biológica materna conocida que requiera su ruptura por el acto

solemne de la adopción.

Sabemos que la adopción está diseñada para sustituir la

filiación

natural

en

circunstancias

en

que

los

padres

biológicos de la criatura, por la razón que sea, no desean o

no pueden asumir las responsabilidades de la paternidad.

También cuando, con posterioridad, éstos no proveen el cuidado

y afecto que debe recibir el menor y el estado tiene que

intervenir para privar a los padres de la custodia y patria

potestad. En este contexto, y a la luz de tales consideraciones

y el interés público de proteger el mejor bienestar del menor,

la adopción es un mecanismo efectivo, pero, a su vez, nadie

puede dudar que es el más oneroso que existe para sustituir la

filiación natural u original de un menor.

Así que, ante la necesidad de establecer la filiación

original de un menor nacido por procreación asistida, no vemos

razón para acudir al mecanismo más oneroso que existe en

nuestro

ordenamiento

civil.

En

tal

circunstancia,

por

principios fundamentales como la intimidad familiar y el

derecho del menor a adquirir con prontitud el estado civil

para el desarrollo integral de su personalidad en el entorno

familiar, el mecanismo para establecer la filiación original

debe

ser

el

reconocimiento

menos

oneroso

voluntario

y

posible,

la

estatuida en nuestro Código Civil.

como

presunción

lo

son

el

matrimonial

CC-2020-0653

46

No olvidemos que desde 1942, a pesar de la presunción de

filiación matrimonial del artículo 113 del derogado Código

Civil, era posible que dos hombres inscribieran a un menor

como hijo suyo, pero prevalecía como padre quien primero lo

inscribiera

en

el

Registro

Demográfico

hasta

tanto

la

presunción o el reconocimiento voluntario fuera impugnado con

éxito en el tribunal por inexactitud con la realidad biológica.

Así, no vemos razón para que al amparo del artículo 125 del

Código Civil de 1930, el artículo 19-A de la Ley del Registro

Demográfico, y por el principio constitucional de igualdad,

rechacemos esa posibilidad respecto a la mujer. Lo que hoy

pautamos responde a principios de orden constitucional que no

podemos obviar y elimina uno de los últimos reductos de

discrimen sobre la mujer en materia filiatoria.107

Conviene recalcar que este no es un caso de aplicación

retroactiva de una nueva legislación que perjudique derechos

adquiridos bajo la legislación civil anterior. Se trata de

reconocer que las normas filiatorias son de orden público e

interés social y que tienen como fin la protección del

desarrollo integral del menor dentro del seno familiar. Ante

el claro carácter de normas adjetivas y de interés público, y

a su vez procesales y probatorias —aspecto también reconocido

en Ocasio v. Díaz—, no vemos cómo el reconocimiento expreso de

Véase, Pavan v. Smith, 582 US _ (2017), 137 S. Ct. 2075 (2017) (caso

que para afirmar el principio de no discriminación rechazó la postura

del estado de Arkansas de que el certificado de nacimiento era un

mecanismo para registrar solamente datos vitales, puesto que permitía

la inscripción como padre de quien no tenía vínculo biológico o genético

con el menor sujeto de la inscripción por operación de la presunción

matrimonial).

107

CC-2020-0653

47

la filiación por métodos de procreación asistida en el nuevo

Código Civil y el hecho de que un progenitor puede reconocer

de

cualquier

modo

al

hijo

no

puede

ser

aplicado

a

un

procedimiento de reconocimiento voluntario con autorización

judicial

pendiente

ante

los

tribunales

al

momento

de

aprobación de la nueva legislación civil.

Dicho de otro modo, como este caso trata de la manera de

establecer

la

filiación

materna

de

un

menor

nacido

por

procreación asistida, el artículo 1808 del nuevo Código Civil,

relativo a las acciones y derechos pendientes —conforme lo

autorizaba el artículo 125 del derogado Código Civil—, permite

reconocer que en los hechos que nos ocupan no existe la

presunción de maternidad porque la mujer gestante no tiene

vínculo genético alguno con el menor sujeto de inscripción y

desde un principio su intención fue llevar el embarazo a

término para el matrimonio peticionario.

Por otra parte, esta decisión no desconoce la función del

Registro Demográfico de custodiar y preservar las estadísticas

vitales,

entiéndase

la

información

derivada

de

los

certificados e informes de nacimiento, así como la función de

tabular, analizar y publicar estadísticas vitales. Tampoco

atribuye a los empleados del Registro Demográfico una función

calificadora. La Ley habilitadora del Registro Demográfico es

la que faculta al Secretario de Salud a establecer las

instrucciones, formas, impresos y libros que sean necesarios

para

obtener

y

conservar

los

datos

relacionados

a

los

CC-2020-0653

48

nacimientos que ocurran en Puerto Rico.108 De hecho, el artículo

19 de la Ley del Registro Demográfico enumera la información

requerida y que el Registrador Demográfico “mantendrá en sus

archivos

[...]

para

los

propósitos

legales,

sociales

y

sanitarios que se persiguen al inscribir el nacimiento”.109

No existe duda de que la información que consta en el

Registro Demográfico constituye evidencia prima facie del

hecho que se pretende constatar.110 Tampoco de que al Registro

Demográfico solo tienen acceso los hechos o cualidades del

estado

civil

expresamente

declarados

inscribibles

en

la

legislación registral y que cualquier enmienda sustancial de

sus constancias tiene que estar previamente autorizada por la

ley y ordenada judicialmente.111

Ahora bien, el caso ante nuestra consideración trata de

la inscripción registral por reconocimiento voluntario al

amparo del entonces vigente artículo 125 del Código Civil de

1930, antes de que se diera cualquier otra declaración, informe

o inscripción en el Registro Demográfico del menor nacido por

técnicas de procreación asistida. Esto fue así porque el día

siguiente al parto, en lugar de firmar el certificado de

nacimiento que provee el hospital, la mujer gestante suscribió

una declaración jurada en la que consintió a que RPR fuera

Véase, los artículos 3, 17, 18, 18-A, 19 y 19-A de la Ley del

Registro Demográfico, 24 LPRA §§ 1071, 1131- 1133a.

108

109

Íd. § 1133.

110

Delgado, Ex parte, 165 DPR 170, 187 (2005).

111

Íd., pág. 191.

CC-2020-0653

49

designada como la madre legal de la criatura y de ahí los

padres

intencionales

acudieron

al

tribunal

para

el

reconocimiento voluntario con autorización judicial.

Además, el artículo 31 de la Ley del Registro Demográfico

establece, en lo pertinente, lo siguiente:

[L]uego de haber sido archivado en el Departamento de

Salud,

no

podrá

hacerse

en

los

[certificados]

rectificación, adición ni enmienda alguna que altere

sustancialmente el mismo, sino en virtud de orden del

Tribunal de Distrito, cuya orden, en tal caso, será

archivada en el Departamento de Salud haciendo

referencia

al

certificado

a

que

corresponda;

Disponiéndose, sin embargo, que cuando el reconocimiento

de un hijo natural se hiciere en documento público o en

una declaración jurada bastará la presentación de dicho

documento o declaración para que el encargado del

Registro Demográfico proceda a inscribir el mismo, y a

ese efecto, se llenará el correspondiente certificado de

inscripción; Disponiéndose, además, que en caso de que

el nacimiento de tal hijo hubiera sido previamente

inscrito se llevará al certificado los datos adicionales

que resulten de tal reconocimiento”.112

A la luz de esta autorización legislativa, que permite

llevar al Registro los datos del reconocimiento sin necesidad

de una orden judicial, en este caso no tenemos duda de que,

aún bajo las disposiciones del derogado Código Civil, una

sentencia emitida en virtud de una solicitud de reconocimiento

voluntario con autorización judicial es un documento público

auténtico

suficiente

en

derecho

para

que

corresponda

la

inscripción de un nacido por procreación asistida a nombre de

la madre intencional. Así, aunque no existiera la nueva

legislación civil, la sentencia emitida en el proceso ex parte

es suficiente para inscribir los datos adicionales respecto a

112

24 LPRA § 1231 (énfasis suplido).

CC-2020-0653

50

la filiación materna intencional, porque, por intervención

judicial, en este momento el niño está inscrito con los dos

apellidos del padre biológico.

En fin, el principio rector de lo que hoy resolvemos es

que, si un menor nacido por procreación asistida carece de

filiación conocida paterna o materna, o de ambas, ostentaría

aquella del varón, mujer o pareja que lo reconozca, al margen

de si el reconocido es o no hijo biológico del reconocedor.

Ahora bien, para que tal reconocimiento voluntario pueda ser

eficaz sin autorización judicial no puede estar opuesto a un

título

anterior

oficialmente

inscrito

que

acredite

otra

filiación.

Por lo tanto, aunque al momento del nacimiento del menor

sujeto de inscripción en este caso no estaba claro cuál era el

procedimiento para atender la inscripción de los nacidos por

procreación asistida a nombre de la madre intencional, ahora

afirmamos que el reconocimiento voluntario es el mecanismo

para establecer el estado filiatorio materno cuando la mujer

gestante no tiene vínculo genético con el menor y desde un

principio su intención fue llevar el embarazo a término para

otra persona. Este proceder tiene su justificación en la

importancia trascendental que reviste el estado filiatorio de

un ser humano.

IV.

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de

certiorari

Apelaciones.

y

se

Por

revoca

la

consiguiente,

sentencia

del

Tribunal

de

prevalece

la

decisión

del

CC-2020-0653

51

tribunal de instancia que ordenó la inscripción del menor como

hijo de la madre intencional. En vista de que la sentencia del

foro apelativo revela los nombres de las partes y datos

particulares

del

expediente

de

este

caso

que

incluye

información confidencial, se ordena que la sentencia emitida

el 27 de agosto de 2020 sea extraída de las bases de dato

electrónicas donde pueda aparecer publicada. Mediante una

comparecencia especial, en un término de cinco días desde la

notificación de esta Opinión, los funcionarios encargados de

la divulgación de las sentencias apelativas deben acreditar que

han cumplido con esta directriz. Con esta medida especial,

protegemos el derecho fundamental de las partes a la vida

privada y familiar.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

RPR & BJJ

Peticionarios

CC-2020-0653

Certiorari

Ex parte

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se expide el auto de certiorari y se revoca la

sentencia del Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente,

prevalece la decisión del tribunal de instancia que

ordenó la inscripción del menor como hijo de la madre

intencional. En vista de que la sentencia del foro

apelativo revela los nombres de las partes y datos

particulares del expediente de este caso que incluye

información confidencial, se ordena que la sentencia

emitida el 27 de agosto de 2020 sea extraída de las bases

de dato electrónicas donde pueda aparecer publicada.

Mediante una comparecencia especial, en un término de

cinco días desde la notificación de esta Opinión, los

funcionarios encargados de la divulgación de las

sentencias apelativas deben acreditar que han cumplido

con esta directriz. Con esta medida especial, protegemos

el derecho fundamental de las partes a la vida privada

y familiar.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad a la

cual se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez.

El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una Opinión de

Conformidad. El Juez Asociado señor Martínez Torres

CC-2020-0653

2

emitió una Opinión Disidente. La Jueza Asociada señora Pabón

Charneco emitió una Opinión Disidente.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

RPR & BJJ

CC-2020-0653

Peticionarios

Ex Parte

Opinión de conformidad que emitió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

a la que se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez.

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2021.

El Poder Judicial -como el intérprete máximo de

nuestra Constitución y las leyes- tiene que proveer

soluciones justas. Cuando nos enfrentamos a asuntos de

Derecho

de

Familia

que

se

anclan

en

principios

constitucionales fundamentales como la libertad y la

dignidad humana, ese deber tiene implicaciones sin

par. Si a ello se añade que el impacto de nuestras

decisiones recae en niños y niñas, la responsabilidad

es aun más monumental.

Hoy aclaramos el procedimiento de filiación e

inscripción de los hijos o las hijas que nacen mediante

los tratamientos médicos de reproducción asistida y

rechazamos

que

estas

personas

se

deban

someter

litigios tortuosos para establecer esa filiación.

a

2

CC-2020-0653

Antes era imposible desconectar la gestación y el parto

de la maternidad. También era impensable, para propósitos de

los

vínculos

de

filiación,

desprender

la

gestación

del

material genético particular de los individuos que formarían

la familia inmediata del menor. Hoy vivimos una realidad

distinta. Los avances de la ciencia y la medicina fortalecen

los métodos de reproducción asistida y miles de personas

logran su anhelo de tener hijos e hijas. Sin embargo, la

ausencia de legislación al momento de los hechos, o de una

interpretación judicial que atempere los avances tecnológicos

de

reproducción

sobrevienen

a

asistida

nuestra

y

los

realidad

vínculos

jurídica

que

y

con

esta

social,

crea

inestabilidad, arbitrariedad y produce resultados nefastos.

Para que esto no ocurra, hay que ser sensibles a la

realidad que viven estas familias. En palabras del Tribunal

de Primera Instancia: “el nacimiento del menor M.V.J.P. es el

resultado del amor, el deseo, los cuidados y la perseverancia

que

tuvieron

los

peticionarios

en

todo

el

proceso

de

maternidad subrogada, por lo que el menor M.V.J.P., es hijo

de

los

peticionarios”.

La

determinación

del

Tribunal

de

Apelaciones colocó al menor en un limbo jurídico y dio al

traste

con

su

mejor

bienestar.

Le

negó

a

M.V.J.P.

las

protecciones legales que merece -y a las que tiene derechopara vivir una vida digna junto a su familia. Esto jamás debió

pasar

pues

nuestro

ordenamiento

jurídico

provee

las

herramientas para que, desde un inicio, se le brindara al

menor M.V.J.P. un remedio adecuado.

3

CC-2020-0653

Hoy resolvemos que el reconocimiento voluntario es el

mecanismo filiatorio para establecer la filiación materna de

un menor gestado mediante el procedimiento de subrogacía

gestacional.

Además,

rechazamos

que

el

procedimiento

de

inscripción de ese menor sea un procedimiento contencioso.

Concluimos

que

la

mujer

gestante

y

su

entonces

pareja

consensual no son partes indispensables en el procedimiento

de

inscripción

del

menor

gestado

mediante

la

subrogacía

gestacional. Por ende, estoy conforme con lo que consigna la

Opinión del Tribunal.

Ahora, en la medida en que la reproducción asistida, en

particular la maternidad subrogada, es un vehículo para hacer

efectiva la igualdad reproductiva entre parejas fértiles e

infértiles, heterosexuales y homosexuales –lo cual se ancla

en la inviolabilidad de la dignidad y los derechos humanos—

considero indispensable expresarme aparte sobre este asunto

novel. Tenemos la oportunidad de: (a) controvertir la idea de

que la parentalidad se construye de forma única y definitiva

a través del parto; y (b) cuestionar el modelo tradicional de

la procreación y la filiación mediante la revisión de la

construcción

de

las

relaciones

de

parentesco.

Nuestra

realidad jurídica e histórica lo exige.

I

A. La inviolabilidad de la dignidad del ser humano

“La dignidad del ser humano es inviolable”.113 Con este

principio

113

cardinal

comienza

la

Carta

Art. II, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

de

Derechos

de

la

4

CC-2020-0653

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Carta

cuya

enumeración

correspondientes

precede,

a

la

incluso,

estructura

los

del

artículos

gobierno.

Su

preeminencia responde al hecho de que la dignidad del ser

humano es la piedra angular y básica de la democracia. Según

expresó el delegado Jaime Benítez Rexach:

“Porque antes que ninguna otra cosa, es la

democracia una fuerza moral, y su moral radica

precisamente en el reconocimiento que hace de la

dignidad del ser humano, del alto respeto que esta

dignidad

merita

y

la

responsabilidad

en

consecuencia que tiene todo el orden constitucional

de descansar en ella, protegerla y defenderla. Por

eso en nuestra primera disposición, además de

sentar inicialmente esta base de la igualdad

profunda del ser humano –igualdad que trasciende

cualquier

diferencia,

bien

sea

diferencia

biológica,

bien

sea

diferencia

ideológica,

religiosa, política o cultural— por encima de tales

diferencias está el ser humano en su profunda

dignidad trascendente”.114

En consecuencia, es la base plena y total de todo cuanto

sigue en el orden que establece nuestra Constitución.115 El

reconocimiento de la dignidad humana es de tal magnitud que,

incluso, es irrenunciable.

La naturaleza liberal y abarcadora de nuestra Carta de

Derechos surgió, en parte, a consecuencia de la influencia

que tuvieron tanto la Declaración Universal de los Derechos

Humanos como la Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre. Nuestro principio rector

principalmente

en

los

dos

primeros

se inspiró

artículos

de

la

2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1103 (1952).

Íd., pág. 1372. Véase, además, 4 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente 2561 (1952).

114

115

5

CC-2020-0653

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.116

Respecto

a

otras

Constituciones,

este

principio

tiene

paralelismo con la Constitución de la República Federal

Alemana de 1948.117 Esa Constitución alemana consagra la

inviolabilidad de la dignidad del ser humano como piedra

angular al igual que nuestra Carta Magna.118 Lo anterior

demuestra que, matizado por el contexto histórico, “se quería

formular una Carta de Derechos de factura más ancha, que

recogiese el sentir común de culturas diversas sobre nuevas

categorías de derechos”.119

A tono con lo anterior, nuestra Carta de Derechos, en

su Sección 19 establece un canon para su interpretación que,

en lo pertinente, dispone: “La enumeración de derechos que

antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la

exclusión de los derechos pertenecientes al pueblo en una

democracia, y no mencionados específicamente”.120

Este texto perseguía que no se interpretase la Carta de

Derechos como un catálogo exhaustivo. Según explicó José

Trías Monge:

“Se interesaba incorporar a la Constitución una

disposición que reconociese el orden especialmente

dinámico del derecho en este campo y permitiese

añadir, tanto derechos derivables, ya o más tarde,

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, 1era ed., Ed.

UPR, Vol. III, 1982, pág. 170.

117 J. Farinacci Fernós y G. Rivera Vega, El uso de fuentes transnacionales

en el derecho puertorriqueño, 51 Rev. Jur. UIPR 189, 207-208 (2017).

Véase, además, C. E. Ramos González, La inviolabilidad de la dignidad

humana: lo indigno de la búsqueda de expectativas razonables de intimidad

en el derecho constitucional puertorriqueño, 45 Rev. Jur UIPR 185, 189

(2011).

118 Íd.

119 Garib Bazain v. Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico, 204 DPR

601

(2020)

(Opinión

disidente

de

la

Jueza

Presidenta

Oronoz

Rodríguez)(citando a Pueblo v. Figueroa Navarro, 104 DPR 721, 725 (1976)).

120 Art. 19, Sec. II, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

116

6

CC-2020-0653

de los expresamente enumerados, como nuevos derechos

que fuesen adquiriendo reconocimiento a través de

los años. De ahí surgía buena parte de la importancia

de la nueva sección, pues obviamente proveía un

texto expreso para hacer la Constitución un

documento viviente en este campo y expandir el

ámbito de los derechos humanos en Puerto Rico hasta

el límite permisible por el avance de la democracia

aquí o fuera de aquí”.121

En consonancia, al interpretar nuestra Constitución debemos

realizar un análisis multifactorial, que incluya las diversas

fuentes

que

lograremos

inspiraron

que,

al

nuestra

analizar

Carta

nuestra

Magna.

Solo

así

Constitución,

se

garantice la vigencia continuada de sus valores fundamentales

frente a las nuevas realidades del país. Principalmente, en

controversias noveles como la que nos ocupa la cual, sin

duda, incide en derechos humanos y fundamentales.

B. Derechos humanos, fundamentales e intereses libertarios

Según

mencionamos,

la

Carta

de

Derechos

de

la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se

inspiró, en gran parte, en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, así como en la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre. Ambas declaraciones tienen

como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de

los derechos inalienables de todas las personas que componen

la familia humana.122 Asimismo, ambas declaraciones consagran,

Trías Monge, supra nota 4, pág. 208.

Véase, Naciones Unidas, La Declaración Universal de Derechos Humanos,

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

(Última visita 20 de mayo de 2021). Véase, además, Organización de los

Estados Americanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre,

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp

(Última visita 20 de mayo de 2021).

121

122

7

CC-2020-0653

como derechos humanos, el derecho a la vida y el derecho a

formar una familia.123

Consustancial con el derecho a la dignidad humana, la

Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce, además,

el

libre

desarrollo

de

la

personalidad.124

Aunque

la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no

reconoce expresamente el derecho al libre desarrollo de la

personalidad, sí consagra, como vimos, la inviolabilidad de

la dignidad humana, el derecho fundamental a la vida y a la

libertad.125

En cuanto al derecho a la vida, la Asamblea Constituyente

tuvo muy presente el alcance del concepto “vida” como derecho

inalienable del ser humano. A esos efectos, el delegado José

Trías Monge expresó lo siguiente:

“La palabra “vida” contiene toda una serie de

derechos aparte del de la simple respiración, que

no están incluidos necesariamente en la palabra

“libertad” ni en la palabra “propiedad”.

[…]

Todos estos derechos que abonan y que son

necesarios para el debido desenvolvimiento de la

personalidad

humana

están

comprendidos

fundamentalmente en la palabra vida”.126

Así,

el

derecho

a

la

vida,

entendido

como

un

derecho

fundamental del ser humano, es esencial y troncal, pues sin

él los restantes derechos no tendrían existencia posible.

Bajo este crisol, es preciso reseñar que la protección

que persiguen esos derechos humanos y fundamentales es la

Íd.

DUDH, supra nota 10, Art. 22.

125 Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

126 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1503 (1952).

123

124

8

CC-2020-0653

libertad individual. Nuestra Constitución consagra el derecho

de las personas a su libertad de forma expresa.127 Se sabe que

el concepto libertad incluye mucho más que la mera restricción

de libertad física.128 El término libertad también incluye

esas

decisiones

del

ser

humano

tan

enraizadas

en

las

tradiciones y la conciencia de nuestro pueblo que se han

reconocido como fundamentales.129 Sin duda, la decisión de

formar

una

familia

o

tener

descendencia,

son

decisiones

profundamente arraigadas al ser humano. Estas forman parte

del ejercicio de sus intereses libertarios para aspirar y

alcanzar su desarrollo pleno y disfrute de sus derechos

individuales.

La maternidad subrogada como una técnica o método de reproducción

asistida nos refiere, por necesidad, al ejercicio de los llamados

derechos reproductivos. Sin duda, el derecho de toda persona a decidir

de manera libre, responsable e informada si quiere procrear, cuándo,

con qué frecuencia o de qué manera, corresponde al ámbito de la libertad

y

la

vida

privada

de

las

personas,

respecto

del

cual

Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Véase, Silva Santiago v. Torres Padró, 171 DPR 332 (2007)(Opinión

disidente, Fiol Matta) (citando a Lawrence v. Texas, 539 US, 558, 574

(2003) y a Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 US 833,

851 (1992)(“These matters, involving the most intimate and personal

choices a person may make in a lifetime, choices central to personal

dignity and autonomy, are central to the liberty protected by the

Fourteenth Amendment. At the heart of liberty is the right to define one’s

own concept of existence, of meaning, of the universe, and of the mystery

of human life”.). Véase, además, Washington v. Glucksberg, 521 US 702,

719 (1997). Véase, Cleveland Bd. Educ. V. LaFleur, 414 US 632 (1974)

(“Freedom of personal choice in matters of marriage and family life is

one of the liberties protected by due process clause of the Fourteenth

Amendment”).

129 Washington v. Glucksberg, 521 US 702, 721 (1997). (“[…] liberties which

are, objectively, deeply rooted […] and implicit in the concept of ordered

liberty, such that neither liberty nor justice would exist if they were

sacrificed”). Snyder v. Massachusetts, 291 US 97, 105 (1934)(“so rooted

in the traditions and conscience of our people as to be ranked as

fundamental”).

127

128

9

CC-2020-0653

no debe haber injerencias arbitrarias por parte del Estado.130

Se sobrentiende que este derecho es inalienable, inclusive

para parejas infértiles o para aquellas personas que no puedan

reproducirse de manera tradicional.131 En ese sentido, la

Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que los

derechos

encuentran

reproductivos

son

derechos

incorporados

en

la

humanos,

obligación

de

pues

se

respeto

y

garantía de los derechos a formar una familia, a la libertad

y la integridad personal.132 De esta manera, ha interpretado

que el Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, referente al derecho a la vida privada y a la

familia, constituye el derecho de toda persona a organizar,

con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a

sus opciones y convicciones.133 Ha expresado, además, que la

decisión de ser, o no, madre o padre es parte del derecho a

la vida privada e incluye la decisión de ser madre o padre en

el sentido genético o biológico.134 Asimismo, el acceso a las

técnicas de procreación asistida -particularmente por parte

de la mujer- se enmarca en el plano del reconocimiento y

garantía de los derechos sexuales y reproductivos y del

principio constitucional de protección integral de la familia

Stephanie F. Schultz, Surrogacy Arrangements: Who Are the "Parents"

of A Child Born Through Artificial Reproductive Techniques?, 22 Ohio N.U.

L. Rev. 273, 276 (1995).

131 Rebecca J. Cook, Human Rights and Reproductive Self-Determination,

44 AM. U. L. REV. 975, 1006 (1995).

132 Artavia Murillo y otros v. Costa Rica, 28 de noviembre de 2012, Fondo,

Reparaciones y Costas, párrafos 142, 143 y 145.

133 Íd.

134 Íd.

130

10

CC-2020-0653

en sus manifestaciones más diversas, así como en el principio

de igualdad y no discriminación.135

Pertinente a esta controversia, precisa contextualizar

lo

anterior

dentro

de

los

contornos

de

la

subrogacía

gestacional. Esto, pues en muchos casos ese procedimiento

constituye el único mecanismo disponible para las personas

que no pueden procrear por la vía sexual.

C. La subrogacía gestacional

La reproducción asistida consiste en aplicar técnicas

dirigidas

a

facilitar

el

nacimiento,

cuando

una

pareja

presenta problemas de infertilidad.136 De modo sencillo, se

entiende

que

la

reproducción

asistida

se

refiere

a

la

asistencia médica para facilitar la fecundación de la mujer

mediante el empleo de técnicas diversas, dando paso a la

gestación y posterior nacimiento del hijo o hija. Entre las

técnicas existentes están, por ejemplo, la fecundación in

vitro y la maternidad subrogada.137

El Informe Warnock, en Gran Bretaña, definió el concepto

de la subrogacía gestacional (surrogacy) en los términos

siguientes:

“Es la práctica mediante la cual una mujer gesta o

lleva en su vientre un niño para otra mujer [o para

D. NeJaime, The Nature of Parenthood, 126 Yale L.J. 2260, 2265–2266

(2017).

“Courts and legislatures claim in principle to have repudiated

the privileging of men over women and different-sex over samesex couples in the legal regulation of the family. But in

parentage law, such privileging remains. […] [T]hose who break

from traditional norms of gender and sexuality--women who

separate motherhood from biological ties (for instance,

through surrogacy), and women and men who form families with a

same-sex partner--often find their parent-child relationships

discounted.”

136 Íd., pág. 2287.

137 Íd., págs. 2298-2301.

135

11

CC-2020-0653

un hombre], con la intención de entregárselo

después de que nazca. La utilización de la

inseminación

artificial

y

los

recientes

desarrollos en la fertilización in vitro han

eliminado la necesidad de relaciones sexuales para

producir el embarazo de la mujer gestante”.138

En Estados Unidos han definido el concepto de manera

similar.

Sin

embargo,

se

ha

precisado

la

definición

de

subrogacía gestacional mediante la diferenciación entre la

modalidad de subrogacía gestacional tradicional y la que

ocurre por medio de la donación de embriones o de material

genético.139 La subrogacía gestacional tradicional, se ha

definido como un acuerdo mediante el cual se pacta que a la

subrogada se le insertará, mediante fertilización in vitro,

el

material

genético

del

padre

intencional

quien,

generalmente es la pareja de la madre intencional.140 A su

vez,

se

ha

reconocido

como

una

modalidad

de

subrogacía

gestacional tradicional, cuando se le insertan los óvulos de

la madre intencional, previamente inseminados con el material

genético del padre intencional.141

También existe la modalidad de subrogacía gestacional

mediante la donación de embriones o material genético. A este

procedimiento se le conoce como el acuerdo mediante el cual

Dr. P. Silva-Ruiz, Procreación Humana Asistida, 33 Rev. Jur. UIPR 291,

296-297 (1999) (citando a D. Mary Warnock, Departamento de Salud de Gran

Bretaña, Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilization and

Embryology,

https://www.hfea.gov.uk/media/2608/warnock-report-of-thecommittee-of-inquiry-into-human-fertilisation-and-embryology-1984.pdf,

42 (Última visita 20 de enero de 2021).(Traducción suplida).

139 A. L. Campbell, Determination of status as legal or natural parents in

contested surrogacy births, 77 ALR 5th 567, sec. 2 (2000). Véase, además,

Y. Gómez Sánchez, El derecho a la reproducción humana, Ed. Jurídicas S.A.,

págs. 77-78.

140 Íd.

141 Íd.

138

12

CC-2020-0653

se pacta que a la subrogada se le inserten los embriones de

una donante anónima previamente inseminados con el material

genético

de

otro

hombre

que

puede

ser

o

no

el

padre

intencional.142 Este proceso se distingue de la subrogacía

gestacional tradicional, pues aquí la subrogada y la madre

intencional no tienen vínculo genético alguno con la criatura

que la subrogada carga en su vientre. Esta modalidad de

subrogacía gestacional es la que atañe a la controversia que

nos ocupa.

Las modalidades descritas tienen dos aspectos en común.

En primer lugar, la intención de las partes se recoge en un

acuerdo voluntario. En segundo lugar, la paternidad y la

maternidad se procuran a través de un medio de reproducción

asexual. En ese contexto, salta a la vista un reto jurídico

de umbral: la realidad biológica no coincide con la realidad

jurídica. Ello ha promovido una serie de retos para los

ordenamientos jurídicos a nivel mundial. Uno de los más

comunes ha sido cómo se determina el estado filiatorio de ese

menor gestado por medio de técnicas de reproducción asistida

como lo es la subrogacía gestacional.

D. Derecho comparado: el estatus filiatorio de un menor

gestado mediante subrogacía gestacional

Diversas jurisdicciones han enfrentado los retos que

supone la subrogacía gestacional en materia filiatoria. No

existe un consenso. Sin embargo, resulta persuasivo explorar

de forma breve el acercamiento de diversas jurisdicciones,

142

Íd.

13

CC-2020-0653

que permiten la subrogacía gestacional, a la controversia

sobre el estatus filiatorio de menores gestados mediante este

método.

En Estados Unidos, por ejemplo, se ha utilizado como

criterio de análisis la intención de las partes.143 En Johnson

v. Calvert, 5 Cal. 4th 84 (1993), el Tribunal Supremo de

California resolvió que la intención de las partes, según el

acuerdo de subrogacía gestacional, es lo que determina que

los padres o madres del menor son aquellos cuya intención fue

darle vida y criarlo como suyo. Ese Tribunal coincidió con

el razonamiento que han compartido varios autores sobre el

tema de subrogacía gestacional: “si no fuera por la intención

de

las

partes,

ese

menor

no

hubiese

existido”.144

En

consonancia, sostuvo que, en el contexto de la subrogacía

gestacional, “un acuerdo de procreación es necesario para

traer un menor al mundo”.145 Por ello, concluyó que “la

intención de las partes es la primera causa, o el motivo

principal, de la relación reproductiva”.146

Otras jurisdicciones que permiten, de forma expresa o

implícita, la subrogacía gestacional han analizado el asunto

de manera similar. En México, partiendo del reconocimiento

del derecho al acceso a técnicas de reproducción asistida

Johnson v. Calvert, 5 Cal. 4th 84, 93 (1993).

Íd., págs. 93-95 (citando a J. Lawrence Hill, What Does It Mean to Be

a “Parent”? The Claims of Biology As the Basis for Parental Rights, 66

NYU L. Rev. 353, 415 (1991) (“while all of the players in the procreative

arrangement are necessary in bringing a child into the world, the child

would not have been born but for the efforts of the intended parents [...]

[T]he intended parents are the first cause, or the prime movers, of the

procreative relationship.”. (Traducción suplida).

145 Íd., pág. 94. (Traducción suplida).

146 Íd. (Traducción suplida).

143

144

14

CC-2020-0653

para lograr el nacimiento de un hijo o hija y en referencia

a parejas con problemas de infertilidad, la Suprema Corte de

Justicia

de

la

Nación

ha

resuelto

que

estos

procesos

“tiene[n] siempre como punto de partida el elemento relativo

a la voluntad que deben otorgar las personas que deseen

someterse a las técnicas de reproducción asistida”.147

En el 2017, esa Suprema Corte determinó lo siguiente:

[C]uando dentro del matrimonio se consiente a una

técnica de reproducción asistida, uno de los

factores

fundamentales

para

determinar

la

filiación de los niños nacidos a través de dichas

técnicas será la voluntad de los padres; a la que

se dio la categoría de voluntad procreacional,

definida como el deseo de asumir a un hijo como

propio aunque biológicamente no lo sea y, con esto,

todas las responsabilidades derivadas de la

filiación”.148

Posteriormente, en el 2018 la Suprema Corte de Justicia de

la Nación determinó por unanimidad que era posible validar

la “voluntad procreacional” para reconocer un vínculo de

filiación

entre

el

recién

nacido

y

su

madre

o

padre

intencional aunque la legislación no contemplara ningún marco

normativo para los contratos de gestación subrogada.149 La

Suprema Corte reiteró esta interpretación sobre la filiación

en un caso en el que se revocó la denegatoria de una solicitud

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo directo en revisión

2766/2015, resuelto por la Primera Sala en sesión de 12 de julio de 2017

por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar

Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz. Se reservaron su derecho a

formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña

Hernández (Presidenta y Ponente).

148 Íd.; Tesis aislada 1a. LXXVIII/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala,

consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima

Época, Libro 55, junio de 2018, Tomo II, pág. 980. (Énfasis suplido).

149 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 553/2018,

Ciudad de México, SCJN, 2018.

147

15

CC-2020-0653

que se presentó ante el Registro Civil (equivalente a nuestro

Registro

Demográfico)

nacimiento

de

un

y

en

la

cual

hijo

que

fue

la

inscripción

concebido

mediante

del

la

subrogacía gestacional. Es decir, prevalece la manifestación

de

la

voluntad

que

realizaron

para

consentir

dicho

procedimiento médico a fin de concebir un hijo o hija. También

se enfatizó que, aunque en ese país no existe una regulación

en materia de filiación respecto de los menores nacidos

mediante las diversas técnicas de reproducción asistida, la

falta de dicha regulación no puede constituir un impedimento

para el reconocimiento, protección y vigencia de los derechos

fundamentales de esas personas, toda vez que ello constituye

una realidad fáctica. Por otro lado, ese tribunal destacó que

la normativa civil permitía establecer la filiación sin

demostrar el vínculo biológico. Lo anterior, en el contexto

de la presunción de paternidad en relación con los hijos

nacidos dentro del matrimonio, así como en el reconocimiento

llevado

a

cabo

respecto

a

los

hijos

nacidos

fuera

del

matrimonio o en concubinato. Ello, pues esta última es una

figura en virtud de la cual, voluntariamente, se asume la

paternidad o la maternidad del hijo o hija. Como tal, sirve

de instrumento para reconocer jurídicamente una situación de

hecho

que

no

corresponde

a

la

realidad

biológica.

En

conclusión, se dijo que es factible establecer la filiación

de la persona nacida mediante el uso de alguna de las técnicas

de

reproducción

asistida,

particularmente

la

maternidad

16

CC-2020-0653

subrogada,

a

través

de

la

figura

del

reconocimiento

voluntario.

Por su parte, en Puerto Rico el nuevo Código Civil, Ley

Núm. 55-2020, en su Artículo 567 establece que la maternidad

subrogada es la excepción a la presunción de que el parto

determina

la

maternidad.

Aunque

la

inclusión

de

dicho

articulado en el nuevo Código Civil constituye un avance, en

Puerto

Rico

no

se

ha

aprobado

legislación

que

regule

directamente la subrogacía gestacional. Sin embargo, nuestra

normativa local en materia filiatoria permite que el estatus

filiatorio de los menores gestados mediante técnicas de

reproducción asistida –como lo es la subrogacía gestacional—

se establezca a

través del mecanismo del reconocimiento

voluntario.

E. El reconocimiento voluntario como mecanismo filiatorio

Hemos reconocido que la filiación es el estado civil de

la persona, determinado por la situación que, dentro de una

familia, le asigna el haber sido engendrada en ella o el estar

en

ella.150

Ahora

bien,

existe

un

eje

central

en

ese

razonamiento: la filiación es la base de la familia. En ese

sentido, es el vínculo en virtud del cual se distribuyen los

derechos y las obligaciones entre los padres y las madres con

sus hijos e hijas.151 Por eso, el término filiación sintetiza

el

conjunto

de

relaciones

jurídicas

determinadas

paternidad y la maternidad.152

Castro v. Negrón, 159 DPR 586, 579-580 (2003).

Íd., pág. 580.

152 Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 660 (2001).

150

151

por

la

17

CC-2020-0653

Se sabe que el elemento biológico no es el único factor

que se debe considerar en acciones filiatorias.153 En esa

dirección,

hemos

expresado

que

la

filiación

no

es

“un

desenfrenado culto a la biología, sino que responde, también,

a ciertos intereses de los particulares y de la comunidad”.154

En cuanto al reconocimiento voluntario, este Tribunal lo

ha definido como un acto jurídico que consiste en la pura y

simple afirmación de paternidad o maternidad.155 La persona

que lo realiza se declara padre o madre de su hijo o hija y

le confiere a ese menor un estado civil y un status filie que

lo liga al reconocedor o la reconocedora.156

En cuanto a la filiación materna, el Art. 113 del Código

Civil de 1930, derogado, disponía que “el parto determina la

maternidad”.157 Este artículo partía de la premisa de que el

aspecto biológico era el único origen de la presunción de

maternidad. Cabe señalar que, el recién aprobado Código Civil

de

2020,

incluyó

cambios

fundamentales

respecto

a

esa

presunción de la maternidad por razón del parto. A esos

efectos, el Art. 567 del Código Civil de 2020, equivalente en

lo pertinente al citado Art. 113 del Código Civil derogado,

dispone lo siguiente: “El parto determina la maternidad,

excepto en casos de maternidad subrogada en los cuales la

mujer gestante no tiene vínculo genético alguno con el hijo

que se desprende de su vientre y desde un principio su

Mayol v. Torres, 164 DPR 517, 531 (2005).

González Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 DPR 554, 562 (2006).

155 Castro v. Negrón, supra nota 38, pág. 584.

156 Íd., pág. 585.

157 31 LPRA sec. 504.

153

154

18

CC-2020-0653

intención original fue llevar el embarazo a término para otra

persona”.158

En atención a los cambios que introdujo el Código Civil

de 2020 en nuestro ordenamiento jurídico, el Art. 556 de ese

nuevo cuerpo normativo dispone que “[l]a filiación tiene

lugar

por

vínculo

genético,

por

medios

de

procreación

asistida o por adopción”.159 Por último, cabe señalar que el

Art. 1808 del nuevo Código Civil de 2020, dispone que “[s]i

el ejercicio del derecho o de la acción se halla pendiente

de procedimientos comenzados bajo la legislación anterior, y

estos son diferentes de los establecidos en el Código, pueden

optar los interesados por unos o por otros”.160

Podemos colegir que se percibe una andadura hacia una

postura más inclusiva respecto a los contornos de la filiación

y las presunciones que dimanan de ella. No obstante, esa

visión orbita alrededor de un principio cardinal: el mejor

bienestar del menor. Ese principio también rige en otro tipo

de filiación: la adoptiva. Sin embargo, ese tipo de filiación,

por su naturaleza, responde a propósitos muy distintos a los

que persiguen los mecanismos filiatorios discutidos.

F. La adopción

La adopción es un acto jurídico solemne, el cual supone

la ruptura total del vínculo jurídico-familiar de un menor

con su parentela biológica y la consecuente filiación del

Art. 567, Código Civil de Puerto Rico, Ley Núm. 55-2020 (Código Civil

de 2020). (Énfasis suplido).

159 Íd., Art. 556. (Énfasis suplido).

160 Íd., Art. 1808.

158

19

CC-2020-0653

menor con aquella o aquellas personas que han expresado la

voluntad de adoptarlo.161

El espectro sustantivo de la adopción está atendido en

el

Código

relativas

Civil.

a

los

Allí

se

recoge

requisitos

el

para

conjunto

ser

de

normas

adoptante,

la

imposibilidad de serlo, quiénes pueden ser adoptados y las

personas llamadas a consentir en la adopción. De otra parte,

el aspecto procesal está regulado por la Ley de Adopción de

Puerto Rico, Ley Núm. 61 de 27 de enero de 2018, 8 LPRA sec.

1081 et seq. (Ley Núm. 61-2018).

La Ley Núm. 61-2018 regula, entre otros escenarios, la

adopción de los menores mediante la entrega voluntaria de la

madre biológica. En cuanto a la entrega voluntaria, se trata

de la madre biológica que lleva dentro de su vientre a una

criatura suya, pero decidió darla en adopción a terceros

mediante un acuerdo de adopción.162 Lo anterior puede ocurrir

en varias circunstancias.

Ahora bien, existe otro andamiaje procesal para aquellos

casos de adopción que ocurren cuando el menor ya ha nacido.

En esos casos, el procedimiento de adopción se lleva a cabo

mediante el trámite voluntario de adopción. La Ley Núm. 612018 dispone que, bajo este trámite voluntario, el padre, la

madre o aquella persona que ostente la patria potestad sobre

el

menor,

podrá

entregar

la

custodia

de

los

menores,

voluntariamente, al Departamento de la Familia para darlos

161

162

Zapata et al. v. Zapata et al., 156 DPR 278, 286 (2002).

8 LPRA sec. 1082.

20

CC-2020-0653

en adopción, previa renuncia de la patria potestad de su hijo

o hija.163 Finalizado el trámite de colocación y adopción del

menor con un decreto judicial, la Ley Núm. 61-2018 dispone

que el menor sea inscrito en el Registro Demográfico de Puerto

Rico.164

Aclarado esto, reseño brevemente el rol que el Registro

Demográfico desempeña el proceso de inscripción de menores

como parte de la formalización de su estatus filiatorio.

G. Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico

La Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, Ley Núm.

24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, (Ley Núm. 241931), se estableció para registrar, coleccionar, custodiar,

preservar,

enmendar

y

certificar

hechos

vitales

de

las

personas nacidas en Puerto Rico.165 Sus propósitos representan

un medio para conocer la exacta y auténtica situación jurídica

de las personas.166

En aras de

cumplir cabalmente con las facultades que la

Ley le impone, el Registro Demográfico tiene a su cargo “el

registro,

colección,

certificación

de

custodia,

récords

preservación,

vitales;

la

enmiendas

colección

de

y

otros

informes requeridos por esta parte; actividades relacionadas

a ella, incluyendo la tabulación, análisis y publicación de

estadísticas vitales”.167 En el contexto de los nacimientos,

8 LPRA sec. 1084.

8 LPRA sec. 1086k.

165 Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, 24 LPRA sec.

1042 (1).

166 24 LPRA sec. 1133.

167 24 LPRA sec. 1042(1), (11).

163

164

21

CC-2020-0653

lo anterior se logra mediante la figura del Secretario de

Salud

quien,

establecer

por

los

disposición

reglamentos,

de

Ley,

formas

y

viene

obligado

procesos

que

a

sean

necesarios para obtener y conservar los datos relacionados a

los nacimientos que ocurran en Puerto Rico. Solo de esa manera

se puede reflejar la realidad jurídica del menor al momento

de su nacimiento.

Por

eso

es

preciso

que,

ante

estas

nuevas

formas

reproductivas, el Departamento de Salud atempere, de una vez

y con sentido de urgencia los reglamentos, formas y procesos

que reflejen la certeza y veracidad de la realidad jurídica

de los menores al momento del nacimiento. Tal responsabilidad

es trascendental pues la omisión o dilación en actualizar los

reglamentos, formas y procesos al derecho positivo y a las

nuevas realidades jurídicas de las personas al momento de su

nacimiento da al traste con el propósito mismo que justifica

la

existencia

del

Registro

veracidad y certeza de los

Demográfico:

la

constancia,

datos vitales y la realidad

jurídica de las personas al momento de su nacimiento.

A tono con lo anterior, y respecto a la figura del

reconocimiento voluntario, la Ley Núm. 24-1931 dispone que

“[s]i

con

intención

posterioridad

de

un

a

la

inscripción

surgiera

reconocimiento

voluntario,

el

la

Registro

Demográfico viene en la obligación de sustituir el apellido

del

padre

o

la

madre

de

acuerdo

evidenciada”.168

168

24 LPRA sec. 1133a. (Énfasis suplido).

a

la

documentación

22

CC-2020-0653

Nótese que la Ley Núm. 24-1931, en armonía con nuestro

ordenamiento jurídico filiatorio, viabiliza el reconocimiento

voluntario en el procedimiento de inscripción del menor sin

distinción alguna respecto a la forma en que se procreó a ese

menor. Tampoco diferencia sobre si quien reconoce es el padre

o la madre intencional. Ciertamente, lo que se persigue es

viabilizar el fiel cumplimiento con la veracidad y certeza

sobre los datos vitales de las personas al momento de su

nacimiento.

II

A través de la historia se han diversificado los tipos

de familia y las maneras de crear una familia. Respecto a la

estructura de las familias, sin duda, las decisiones sobre

procreación promueven las formas diversas de las relaciones

reproductivas. Por eso, los impedimentos para procrear por la

vía sexual –independiente de su tipo o razón— no pueden ser

un

vehículo

que

promueva

la

desigualdad

jurídica.

Tal

actuación constituiría una afrenta a los derechos humanos y

al interés libertario que tienen las personas de tomar la

decisión de traer al mundo un hijo o una hija para criarla

como suya.

En el caso que nos ocupa, el matrimonio peticionario

decidió, dentro de la intimidad de su familia, ejercer su

derecho

a

procrear

mediante

el

proceso

de

subrogacía

gestacional. Ello, tras intentar, sin éxito, un sinnúmero de

alternativas para procrear por la vía sexual y mediante otras

técnicas de reproducción asistida. Conforme a su intención de

23

CC-2020-0653

procrear,

el

procedimiento

matrimonio

de

peticionario

inducción

de

se

ovulación

sometió

y

a

un

extracción

de

óvulos con el fin de fertilizar de forma in vitro los óvulos

de una donante anónima con los espermatozoides del señor BJJ.

De ese procedimiento salieron varios embriones. Luego de

suscribir

un

acuerdo

subrogada

y

el

de

subrogacía

procedimiento

gestacional

médico

de

con

la

rigor,

se

transfirieron varios de los embriones fertilizados al útero

de la subrogada.

Posteriormente, la subrogada suscribió una declaración

jurada en la cual reafirmó su intención y compromiso de llevar

el embarazo a término para ceder la custodia y patria potestad

del menor al matrimonio peticionario. Ante este acuerdo de

voluntades, y por no existir controversia o contención entre

el

matrimonio

peticionario

y

la

subrogada

sobre

quiénes

serían el padre y la madre legal del menor, se presentó la

Petición Ex parte que originó el recurso que atendemos.

Ese cuadro fáctico revela su incompatibilidad con la

filiación adoptiva. De entrada, no cabe duda de que, en este

caso, no surgió una filiación materna por razón del parto.

Primero, la subrogada no está vinculada genéticamente con el

menor. En ese sentido, la presunción por maternidad del parto

es

improcedente

porque

carece

de

base

biológica

que

la

sustente y es contraria a la intención de las partes. Se añade

que, aun cuando se interprete que esa presunción se activó

únicamente por el alumbramiento, la subrogada renunció a los

derechos que se le pudieran reconocer por razón del parto y,

24

CC-2020-0653

posteriormente, se reafirmó en esa renuncia libre, consciente

y voluntaria. Ante esa realidad no cabe hablar de derechos

por razón del parto. Esta postura es cónsona con las enmiendas

que introdujo el nuevo Código Civil del 2020 una de las cuales

indica, expresamente, que el parto determina la maternidad,

excepto en los casos de maternidad subrogada.

En consecuencia, estamos ante una filiación materna que

se debe establecer mediante el mecanismo de reconocimiento

voluntario a favor de la madre intencional. El nuevo Código

Civil de 2020 también introdujo un aspecto fundamental en

materia

filiatoria

respecto

a

menores

gestados

mediante

subrogacía gestacional que apoya esta postura: “la filiación

tiene lugar […] por métodos de reproducción asistida […]”.57

Ello, a su vez, va de la mano con el procedimiento de

inscripción que provee el Registro Demográfico respecto al

reconocimiento voluntario de un padre o una madre. No puede

ser de otra manera pues, de lo contrario, al momento de la

inscripción se haría constar un hecho vital y una realidad

jurídica del menor M.V.J.P. que no es veraz ni certera. Lo

anterior, estaría en contravención total con los propósitos

y la existencia misma del Registro Demográfico.

No podemos pasar por alto un asunto medular: la intención

de la madre intencional fue concebir al menor M.V.J.P. como

suyo.

En

esa

dirección,

tanto

la

madre

como

el

padre

intencional realizaron todas las gestiones para que el menor

M.V.J.P. existiera. La mujer gestante que portó y alumbró al

57

Código Civil de 2020, supra nota 46, Art. 556.

25

CC-2020-0653

menor M.V.J.P. mediante los medios de subrogacía gestacional

fue un vehículo protector de la vida humana, pero no su

creadora. A pesar de que ella viabilizó la procreación, esa

encomienda no hubiese surgido a no ser por la intención y los

actos afirmativos del matrimonio peticionario de concebir al

menor como suyo. Por lo tanto, el punto de partida no es la

viabilidad, sino la existencia misma del menor, deseada y

promovida por la madre o el padre intencional.

Bajo esa realidad, es fundamental rechazar enfáticamente

la postura equivocada del Procurador General quien argumentó

que la única manera de establecer la filiación materna, en

este caso, era mediante un procedimiento de adopción.

La filiación adoptiva, en tales circunstancias, no puede

ser la vía para establecer la filiación de un menor gestado

mediante la subrogacía gestacional. Primero, en nuestro caso

nunca

existió

un

vínculo

jurídico-familiar

con

la

mujer

gestante que exigiera la ruptura de tal vínculo para lograr

la

filiación

posterior

del

menor

con

el

matrimonio

peticionario. Segundo, la obligatoriedad de la filiación

adoptiva tampoco es razonable, toda vez que no responde a los

propósitos que persigue proteger la adopción como figura

jurídica.

Tercero,

obligar

a

las

personas

impedidas

de

procrear por la vía sexual, a establecer el vínculo filiatorio

con el menor que desearon concebir como suyo mediante un

proceso

de

adopción

le

imprime

un

sello

filiatoria al menor y a su madre intencional.

de

desigualdad

26

CC-2020-0653

En ese sentido, cuando la intención de las personas

impedidas a procrear por la vía sexual no sea adoptar, sino

ejercer su derecho a procrear una hija o hijo como suyo

mediante la subrogacía gestacional, estas personas tienen

disponible el reconocimiento voluntario para establecer la

filiación de ese menor.

Está claro que las personas que pueden procrear por la

vía sexual no tienen que someterse a un proceso de adopción

si no lo desean. ¿Por qué entonces obligar a las personas que

se encuentran física, biológica o genéticamente impedidas de

procrear por la vía sexual a establecer la filiación materna

del

hijo

o

la

hija

que

tanto

anhelaron

mediante

un

procedimiento de adopción? Máxime, cuando ello es contrario

a su intención y a los propósitos mismos de la adopción como

figura

jurídica.

Tal

contención

es

insostenible

al

confrontarse con derechos humanos y fundamentales.

De otro lado, se evidencia que la incompatibilidad de la

adopción con los procedimientos de subrogacía gestacional

tiene

ramificaciones

considerables.

No

solamente

es

una

figura incompatible con la subrogacía gestacional en su forma

y procesos, sino también en su aplicación a las personas que

deciden ejercer su derecho a procrear mediante técnicas de

reproducción asistida. Sostener lo contrario es peligroso

pues

circunscribe

la

controversia

que

examinamos

a

la

aplicación de disposiciones que no se diseñaron, y tampoco se

legislaron, para atender estos asuntos. La consecuencia es

que se atenta contra el mejor interés del menor en tanto, por

27

CC-2020-0653

ejemplo, se atrasa y dilata la estabilidad familiar. Aquí, lo

único

que

solicita

el

matrimonio

peticionario

es

que

permitamos el reconocimiento voluntario materno y vindiquemos

su intención original de lograr la existencia misma del menor

que tanto anhelaron para continuar fungiendo su rol de padre

y madre como lo han hecho hasta el momento.

Al conceder la solicitud del matrimonio peticionario,

este

Tribunal

demuestra

sabiduría

ante

los

adelantos

tecnológicos que crean cambios vertiginosos en las dinámicas

sociales. Al adoptar una regla clara basada en la intención

y la voluntad de las partes, asegura que una pareja infértil,

como cualquier otra que invirtió tiempo, dinero y emoción en

concebir un hijo o una hija, se declare como madre y padre de

ese

niño

o

niña.

prerrogativas

Tal

resultado

protegidas

es

cónsono

constitucionalmente

con

de

las

tomar

decisiones íntimas dentro de los distintos tipos de familias,

como lo es el derecho a procrear.

Indiscutiblemente,

la

determinación

que

emitimos

promueve la igualdad dentro de los distintos tipos de familia

y las nuevas formas de procreación. Hoy hacemos valer ese

precepto cardinal de que la dignidad del ser humano es

inviolable

condiciones

y

que

que

es

imperativo

permitan

que

crear

toda

y

preservar

persona

pueda

las

tomar

aquellas decisiones que promuevan su bienestar y felicidad.

Tales principios son esenciales para una sociedad libre en la

cual se salvaguarde el derecho a tomar decisiones esenciales

sobre su desarrollo personal y sus interacciones familiares

28

CC-2020-0653

y sociales sin miedo a sufrir la violencia institucional, la

estigmatización o a ser discriminado por tales decisiones.

Queda un trecho considerable por recorrer, pero no podemos

minusvalorar el paso importante que damos hoy en protección

de la dignidad y la igualdad del ser humano.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

RPR, BJJ

Peticionarios

CC-2020-653

Certiorari

Ex parte

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 17 de junio de 2021.

“Para

que

los

nuevos

procesos

experimentales se desarrollen con las

máximas garantías y que el progreso

científico no se alcance a costa de la

dignidad humana, es necesario fijar

jurídicamente los límites por los que

puedan

discurrir

dichas

noveles

investigaciones, ya que la propia

naturaleza

humana

impone

constantemente la necesidad de ir más

allá […]”.169

Repetidamente, el Derecho queda rezagado ante el

avance de la ciencia y, en lo que a este caso se

refiere, por el rápido desarrollo de noveles técnicas

de

reproducción

asistida

y

la

antes

impensable

S. Vilar González, La gestación subrogada en España y en el

derecho comparado, Madrid, Ed. Wolters Kluwer España, 2018, págs.

17-18.

169

CC-2020-0653

2

gestación subrogada. Son estos cambios vertiginosos, los

cuales abren grandes brechas entre la realidad social y la

normativa legal, los que suscitan controversias como las que

se encuentran ante nuestra consideración.

Así pues, en el día de hoy, -- tras hacer una evaluación

acertada

de

las

innovadoras

controversias

ante

su

consideración -- una mayoría de mis compañeros de estrado

acertadamente determinan que cierta gestadora y su ex pareja

no debían ser considerados partes indispensables en una

acción

civil

ex

parte,

donde

determinados

padres

intencionales solicitaron al Tribunal de Primera Instancia

que se le ordenara al Registro Demográfico de Puerto Rico

(en

adelante,

“Registro

Demográfico”)

inscribirles

como

progenitores del menor MVJP en su certificado de nacimiento

original. De igual forma, esta Curia correctamente sentencia

que

el

“reconocimiento

voluntario

es

el

mecanismo

para

establecer la filiación materna de menores gestados mediante

técnicas de subrogación gestacional”.170

Con dicho proceder,

estamos conformes.

Empero,

por

considerar

que

ésta

resultaba

ser

la

ocasión perfecta para abundar un poco más sobre el trasfondo,

consecuencias y naturaleza legal de la gestación subrogada,

emitimos la presente Opinión de Conformidad en la cual

emprendemos dicha tarea. Veamos.

I.

170

Véase, Opinión del Tribunal, pág. 2.

CC-2020-0653

3

Los hechos medulares que dieron margen al presente

litigio no están en controversia. Allá para julio de 2018,

RPR

y

BJJ

(en

adelante,

“matrimonio

RPR-BJJ”)

--

en

conjunto, padres intencionales -- otorgaron un Acuerdo de

subrogacía gestacional (en adelante, “Acuerdo”) con CTR, la

subrogada gestacional, y su entonces pareja consensual, JRP.

En lo pertinente a las controversias que nos ocupan, el

referido Acuerdo rezaba de la siguiente manera:

La Subrogada acuerda voluntariamente a que se le

transfieran a su útero los embriones de los Padres

Intencionales con el fin de lograr un embarazo. De

surgir un embarazo, la Subrogada acuerda llevar el

embarazo a término, parir el bebé o los bebés y,

al momento del nacimiento, entregar la custodia

del bebé o de los bebés a los Padres Intencionales.

....

La Subrogada no desea mantener una relación

materno filial con el bebé o los bebés que nazcan

como resultado de los procedimientos médicos

descritos en el presente acuerdo. La Subrogada

informa que su pareja est[á] esterilizado y no

desean tener m[á]s hijos propios.

La Subrogada se compromete a cooperar y consentir

en todo procedimiento privado, administrativo y/o

judicial necesario para incluir en el certificado

de nacimiento original los nombres de los Padres

Intencionales como el padre y madre legales del

bebé o los bebés. A su vez, se compromete a

cooperar y consentir en todo procedimiento

privado, administrativo y/o judicial si es

necesario proceder con la enmienda del certificado

de nacimiento original para incluir el nombre de

la Madre Intencional.

....

Los Padres Intencionales han solicitado los

servicios legales de la licenciada Linette Sánchez

Quiñones para estructurar y coordinar todos los

aspectos legales de un procedimiento de subrogacía

gestacional. A su vez, la Subrogada ha sido

orientada para que sea asesorada legalmente por un

abogado independiente.

CC-2020-0653

4

....

Los Padres Intencionales y la Subrogada han sido

referidos a una evaluación psicológica con la

doctora en psicología, Debra Reuben. La psicóloga

emitirá un informe sobre la capacidad de

entendimiento y voluntariedad de las partes para

consentir en un acuerdo de subrogacía. El informe

de evaluación psicológica preliminar confirma la

adecuacidad del rol de cada una de las partes, la

estabilidad

emocional

y

preparación

de

la

Subrogada y de los Padres Intencionales para

llevar a cabo un procedimiento de subrogacía.

La Subrogada ha sido evaluada por el médico

escogido por los Padres Intencionales para llevar

a cabo el tratamiento de reproducción asistida.

....

La Subrogada y la Pareja de la Subrogada entienden

y [consienten] que todo bebé o bebés que nazcan

fruto del tratamiento de fertilización in vitro

mediante

subrogacía

gestacional

son

hijos

legítimos de los Padres Intencionales y no de la

Subrogada y su Pareja.

La custodia del bebé o los bebés será transferida

a los Padres Intencionales inmediatamente se

verifique el parto. El bebé o los bebés se

presumirán

hijos

legítimos

de

los

Padres

Intencionales para todos los propósitos y efectos

médicos, morales y legales. (Énfasis suplido).

Apéndice, pág. 56-72.

En

virtud

de

lo

anterior,

y

luego

de

que

se

le

implantaran a CTR ciertos embriones, -- creados con el

material

genético

de

una

donante

anónima

y

el

padre

intencional --, nació el menor MVJP. Dicho niño fue el

resultado de la entrañable intención del matrimonio RPR-BJJ

de ser padres, y sólo se materializó tras haber culminado un

proceso

que

--

según

evidencia

el

Acuerdo

--

incluyó

evaluaciones psicológicas, discusiones extensas y la firma

CC-2020-0653

5

del contrato antes mencionado, donde la CTR renunció a

cualquier derecho sobre el menor.

Así las cosas, RPR y BJJ presentaron ante el Tribunal

de Primera Instancia una acción civil ex parte, mediante la

cual solicitaron que: 1) se aceptara la renuncia voluntaria

de la patria potestad y maternidad de CTR;171 2) se les

adjudicara la patria potestad del menor, al igual que la

maternidad y paternidad; y 3) que se les designara como madre

y padre del menor, en el certificado de nacimiento original

de éste. Celebrado el trámite procesal correspondiente -- lo

cual

comprendió

la

comparecencia

de

la

Procuradora

de

Asuntos de Familia y el Departamento de Familia --, el foro

primario concedió el petitorio del matrimonio RPR-BJJ.

En

particular,

sobre

RPR,

ordenó

al

Registro

Demográfico inscribir al menor MVJP con el nombre de ésta

como su madre natural.172 Ello, debido a que durante los

trámites judiciales el foro primario ya había ordenado que

el menor MVJP fuera inscrito con los apellidos del padre

intencional, quien -- a su vez -- se personó en dicha

institución gubernamental y lo reconoció como hijo.

Inconforme

con

dicho

proceder,

la

Oficina

del

Procurador General -- en representación de la Procuradora de

Adjuntaron una declaración jurada de CTR a esos efectos. Dicho escrito

expresa que “[m]ediante la presente renuncio a los derechos de patria

potestad que, por razón de maternidad que surge del parto, tengo sobre

el menor; entiendo plenamente que dicha renuncia significa que no tendré

la potestad de tomar decisiones importantes sobre la persona de dicha

menor […]”. (Énfasis suplido). Véase, Apéndice, pág. 73.

171

Fundamentó su conclusión en lo esbozado en el Art. 19-A de la Ley del

Registro Demográfico de Puerto Rico, infra, y el Art.7 del Código Civil

de Puerto Rico de 1930, infra.

172

CC-2020-0653

Asuntos

6

de

Familia

--

recurrió

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones. En esencia, adujo que el Tribunal de Primera

Instancia había errado y abusado de su discreción al ordenar

al Registro Demográfico que inscribiese al menor MVJP como

hijo biológico de

RPR. Esto, ya que -- a su juicio --

aplicaba la filiación adoptiva.

Evaluados

los

argumentos

de

las

partes,

el

foro

apelativo intermedio revocó la Sentencia del Tribunal de

Primera

Instancia.

Lo

anterior,

por

entender

que

CTR,

subrogada gestacional, y JRP, su ex pareja, eran partes

indispensables en el presente caso, ello conforme a lo

dispuesto en la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 16.1.173

Insatisfecho

Apelaciones,

con

comparece

lo

resuelto

ante

nos

el

por

el

Tribunal

matrimonio

de

RPR-BJJ,

mediante una Solicitud de certiorari civil y una Moción de

orden provisional en auxilio de jurisdicción. En esencia,

nos solicita que revoquemos la Sentencia del foro apelativo

intermedio y confirmemos la determinación del Tribunal de

Primera Instancia. Ello, no solamente por considerar que CTR

y JRP no son partes indispensables en el caso de marras,

A pesar de fundamentar su determinación en la alegada falta de parte

indispensable, el foro apelativo intermedio añadió que “[e]l asunto de

la subroga[cí]a gestacional, para validarse en nuestra jurisdicción,

exige que se compete un trámite alterno al meramente contemplado en un

acuerdo privado entre las partes que no necesariamente es legal”.

(Énfasis suplido). Véase, Apéndice, pág. 8.

173

Valga también señalar que uno de los miembros del Panel del Tribunal de

Apelaciones que atendió la causa de epígrafe emitió un acertado Voto

disidente. Allí, señaló que CTR y JRP no eran partes indispensables de

la acción ex parte instada por el matrimonio RPR-BJJ. Además, aseveró

que la determinación del foro primario había sido correcta como cuestión

de derecho.

CC-2020-0653

7

sino también por entender que procede su inscripción, es

decir, del matrimonio RPR-BJJ, como padres del menor MVJP,

según fue ordenado por el foro primario. Ante ello, -- y una

vez paralizado el pleito ante los foros de menor jerarquía

-- esta Curia le ordenó a la Oficina del Procurador General

que mostrara causa por la cual no se debía expedir el recurso

de

certiorari

antes

mencionado

y

revocar

la

Sentencia

emitida por el foro apelativo intermedio.

Enterada de lo anterior, la Oficina del Procurador

General compareció mediante el correspondiente Escrito de

mostrar causa. En éste, acepta que el Tribunal de Apelaciones

erró al determinar que había falta de partes indispensables

en el presente pleito y al fundamentar su conclusión en el

cuestionamiento del Acuerdo de gestación subrogada, el cual

ninguna de las partes -- incluyendo la referida dependencia

gubernamental -- ha impugnado. Siendo ello así, solicitan

que se expida el recurso ante nuestra consideración y se

devuelva el caso al foro apelativo intermedio para que sea

atendido en los méritos.

En la alternativa, la Oficina del Procurador General

nos solicita que establezcamos que el mecanismo procesal

adecuado para establecer la filiación materna en un caso

como el que nos ocupa es la adopción. Ello, por entender que el

acto del parto establece la filiación materna “y quien interese la

‘ruptura’ [de] tal vínculo debe seguir los procedimientos

reconocidos en nuestra jurisdicción […]”.174

174

Véase, Escrito de mostrar causa, pág. 18.

CC-2020-0653

8

Examinados los planteamientos de ambas partes, como ya

mencionamos, una mayoría de este Tribunal resuelve que la

gestadora y su entonces pareja no son partes indispensables

en un procedimiento ex parte que pretende la inscripción de

un menor a nombre de la madre intencional. De igual forma,

se determina que “si un menor nacido por procreación asistida

carece de filiación conocida paterna o materna, o de ambas,

ostentaría

aquella

del

varón,

mujer

o

pareja

que

lo

reconozca, al margen de si el reconocido es o no hijo

biológico

del

reconocedor”.175

Esto,

sin

autorización

judicial, siempre que no haya un título anterior inscrito

que acredite otra filiación.

Tal como adelantamos, estamos conformes con el curso de

acción -- correcto en derecho y justo -- seguido por una

mayoría

de

esta

Curia.

Sin

embargo,

consideramos

imprescindible hacer un examen cuidadoso de la figura y

orígenes de la gestación subrogada, antes de adentrarnos a

evaluar sus consecuencias filiatorias, por ello esta Opinión

de Conformidad. Nos explicamos.

II.

De

entrada,

indispensable

en

--

y

por

cualquier

tratarse

de

un

discusión

sobre

componente

técnicas

de

reproducción asistida y la gestación subrogada --, conviene

comenzar este escrito realizando una breve reflexión sobre

el alcance que históricamente ha tenido el concepto familia;

175

Véase, Opinión del Tribunal, pág. 50.

CC-2020-0653

9

su composición, desarrollo y diversas acepciones.176

Para

ello, tomamos como punto de partida lo sentenciado por la

entonces

Juez

Asociada

de

este

Tribunal,

Hon.

Anabelle

Rodríguez Rodríguez, en el caso A.A.R., Ex parte, 187 DPR

835 (2013). Allí, hace poco menos de una década atrás, ésta

apropiadamente expresó:

Actualmente, aceptamos la existencia de varios

tipos de familias. A modo de ejemplo podemos

enumerar

las

siguientes:

la[s]

familias

monoparentales,

producto

de

técnicas

de

reproducción asistida; aquellas en las que existen

vínculos biológicos respecto de uno de sus

miembros y no respecto del otro, lo que ocurre en

instancias de reconocimientos de complacencia;

familias en las que el menor convive sólo con su

madre o con su padre; las llamadas familias

reconstruidas, ‘en las que el menor puede pasar a

convivir con un progenitor y su pareja o cónyuge’,

lo que se observa, por ejemplo, en ocasión de la

custodia compartida, y las familias en las que el

menor, fruto de la unión de un hombre y una mujer

‘(unidos previamente y posteriormente separados,

divorciados o muerto uno de los dos) conviva con

su progenitor o progenitora biológica y otra

persona del mismo sexo de aquél’.

…

Es

por

ello

que

circunscribir

la

categoría familia a aquella unión marital entre un

hombre y una mujer con fines reproductivos

exclusivamente

resulta

hoy

en

día

anacrónico. Ignorar que el ámbito jurídico debe

cristalizar los arreglos sociales existentes

redundaría en impartir una Justicia a medias. No

podemos negar lo que ocurre a nuestro alrededor,

no existe una única y monolítica familia.

…

176 Según

discutiremos más adelante, las técnicas de reproducción asistida

son “el conjunto de métodos biomédicos, que conducen a facilitar, o

sustituir, a los procesos biológicos naturales que se desarrollan durante

la procreación humana”. (Citas omitidas). Vilar González, op. cit., pág.

19. Por otra parte, la gestación subrogada es “una forma de reproducción

asistida, por medio de la cual una persona, denominada gestante, acuerda

con otra persona, o con una pareja, denominadas comitente, gestar un

embrión con el fin de que la persona nacida tenga vínculos jurídicos de

filiación con la parte comitente”. (Citas omitidas). Vilar González, op.

cit., pág. 29.

CC-2020-0653

10

En este sentido, los tribunales no podemos

aferrarnos a una realidad que dejó de ser tal. Se

ha dicho que ‘[e]l más largo aprendizaje de todas

las artes es aprender a ver’. (Citas omitidas).

(Énfasis suplido). AAR, Ex parte, 187 DPR 835,

1011-1012 (2013) (Rodríguez Rodríguez, opinión

disidente).

El significado que tradicionalmente se le ha dado al

concepto familia, como se puede apreciar en lo antes dicho,

ha evolucionado. Y es que:

En pleno siglo XXI, ya no puede hablarse de una

única

concepción

de

familia.

El

concepto

tradicional, apoyado en la institución del vínculo

jurídico-formal del matrimonio heterosexual, con

estructura jerarquizada, monógama y nuclear,

superordinado a los intereses particulares de sus

integrantes, con una fuerte división de los roles

asignados al hombre y la mujer, ha dado paso a un

concepto de familia amplio, con base contractual

o

voluntarista,

estructura

igualitaria

y

configuración

plural,

subordinada

a

la

satisfacción de los intereses individuales de cada

uno de sus componentes. (Énfasis suplido). Vilar

González, op. cit., pág. 23-24.

En ese sentido, es momento, pues, que el Derecho haga

espacio para acoger y, más importante aún, reconocer, las

familias

no

tradicionales

--

y

sus

maternidades

y

paternidades -- dentro de nuestro entendido normativo. Algo

que, sin lugar a dudas, incide en el análisis del desarrollo

e implicaciones jurídicas de las técnicas de reproducción

asistida, en especial de la gestación subrogada.

III.

A.

Dicho ello, cabe aquí recordar que, allá para el 1880,

en Viena, Austria, ocurrió el primer intento -- aunque

fallido -- de fertilizar un óvulo mamífero in vitro. S.L.

CC-2020-0653

11

Crockin & H.W. Jones, Legal Conceptions: The Evolving Law

and Policy of Assisted Reproductive Technologies, Baltimore,

The Johns Hopkins University Press, 2010, pág. 13. A poco

menos de un siglo de ese intento, en el Reino Unido, ocurrió

el primer nacimiento vivo humano a través de fertilización

in vitro, a saber, la fusión de un óvulo y espermatozoide,

fuera del cuerpo humano. Vilar González, op. cit., pág. 20;

Crockin & Jones, op. cit., pág. 13. Asimismo, en el 1985, en

Ohio, se viabilizó el primer uso exitoso de la subrogacía

gestacional.

Así

Crockin & Jones, op. cit., pág. 15.

pues,

con

el

devenir

de

estos

desarrollos

científicos, que han dado luz a nuevas criaturas humanas,

los juristas se han encontrado con términos difíciles de

definir. El concepto de gestación subrogada ha sido uno de

ellos. Sin embargo, estudiosos del tema han sentenciado que,

en general, sus contornos incluyen:

[U]n contrato, en el que podrá mediar precio o

realizarse

gratuitamente,

con

dos

partes

intervinientes: por un lado, los futuros padres

que efectúan el encargo -en adelante, padres

comitentes-, que podrán ser una persona o una

pareja, matrimonio o no, de carácter heterosexual

u homosexual, y que pueden aportar sus propios

gametos o no; y, por otro, la mujer -en adelante,

madre subrogada, gestante, portadora, etc.- que se

compromete a gestar en su vientre a un niño, al

que entregará a los padres comitentes una vez producido

el parto. Ello, conllevará la consiguiente

renuncia a todos los derechos que pudieran

corresponder a la gestante sobre el niño,

fundamentalmente, la filiación que le pertenecería

como madre.177 (Citas omitidas). Vilar González,

op. cit., pág. 30.

A través del presente escrito utilizaremos el término de “gestación

subrogada” al referirnos a la categoría global de dicho fenómeno, ya que

somos de la opinión que es más preciso que maternidad subrogada. Esto,

dado que “la maternidad engloba una realidad mucho más amplia que la

177

CC-2020-0653

12

Comprendida dentro de la categoría antes expuesta, se

encuentra

la

subrogación

tradicional

(traditional

surrogacy), mediante la cual una mujer suple el óvulo, además

de gestar la criatura. Crockin & Jones, op. cit., pág. 209

(“A traditional surrogate is a woman who supplies both the

egg, that is, the genetic component, and the gestational

role

of

carrying

the

pregnancy.”).

Por

otra

parte,

la

subrogación gestacional (gestational surrogacy) solamente

involucra el acto de gestar, sin que exista ninguna conexión

genética

entre

la

gestadora

y

la

criatura.

Íd.

(“A

gestational surrogate or gestational carrier supplies no

genetic material and simply gestates the conceptus.”).178

Como

consecuencia

directa

de

los

avances

antes

definidos, se ha materializado un cambio de paradigma en el

ámbito legal. Por ejemplo, sobre los acuerdos de gestación

mera gestación y porque la gestante en ningún momento es, ni pretende

convertirse, en madre del niño, sino que lo entregará a los comitentes

tan pronto como sea posible, renunciando a los derechos derivados de la

maternidad, en su caso”. (Énfasis suplido). Vilar González, op. cit.,

pág. 32.

No obstante, y en cuanto al uso del término “la gestante” o “la subrogada

gestacional”, hacemos la aclaración que se ha comenzado a vislumbrar el

uso de lenguaje inclusivo en ciertos estatutos de gestación subrogada,

incluyendo en la nueva legislación del estado de Nueva York. Allí, en

vez de señalar “la gestante” -- lo cual parte de ciertas presunciones,

incluyendo que la persona gestante se identifica como mujer y utiliza

pronombres femeninos -- exponen el término person acting as surrogate.

Véase, N.Y. Fam. Ct. Act § 581-102 (McKinney). Habiendo hecho tan

importante aclaración, a través de la presente Opinión de Conformidad

utilizaremos los términos esbozados en la literatura, pero exhortando a

que en el futuro se mantengan dichas consideraciones presentes.

Véase, también, G. Labadie Jackson, Bioética y Derecho de Familia:

acotaciones y clareos de la gravidez subrogada, 76 Rev. Jur. UPR 1291,

1293-1295 (2007).

178

CC-2020-0653

13

subrogada y sus implicaciones para los tribunales, se ha

dicho que:

Both

traditional

and

gestational

carrier

arrangements (also called gestational surrogacy)

have challenged longstanding family law principles

and

presumptions,

with

varying

and

often

inconsistent results from state to state. Before

the advent of IVF and gestational surrogacy, it

was literally impossible for a woman to deliver a

child without being the biological mother. In

recent years, medical advances have forced courts

to define parentage in light of, or in contrast

to, existing adoption and parentage laws (in the

context of both disputed and consensual parentage

or

custody

claims);

to

determine

the

constitutionality of statutes intended to restrict

or govern such arrangements; to decide forumshopping or jurisdictional disputes when multiple

states or countries are involved; and to assess

liability for the myriad of professionals who help

navigate these new ways of making babies and

families. (Énfasis suplido). Crockin & Jones, op.

cit., pág. 211-212.

En otras palabras, la evolución de esta tecnología

reproductiva

ha

causado

grandes

debates

al

momento

de

determinar la normativa aplicable, ya que dichos procesos

contemplan realidades que -- en muchas ocasiones -- no han

sido consideradas por los tribunales ni los legisladores.179

Como consecuencia, la regulación de esta área del derecho ha

sido variada y frecuentemente contradictoria. Un análisis de

los ordenamientos jurídicos de

diversas

jurisdicciones

revela

-- en lo relacionado al tema objeto de estudio -- que éstas

han determinado prohibir, no regular, o permitir ciertas

179 “Defining

motherhood when the components of genetics, gestation, and

intention can be found between or among two or even three women has

perplexed both courts and legislatures.” Crockin & Jones, op. cit., pág.

212.

CC-2020-0653

14

variaciones de la gestación subrogada, mientras que otras

han aprobado totalmente los acuerdos de esta naturaleza.

En España, por ejemplo, se ha dispuesto -- por medio de

la Ley 14/2006, de 26 de mayo -- que “[s]erá nulo de pleno

derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con

o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la

filiación materna a favor del contratante o de un tercero”.

Es

decir,

dichos

acuerdos

no

son

exigibles

ante

los

tribunales.

Por otro lado, en Francia, la gestación subrogada no

está permitida, inclusive se han dispuesto sanciones penales

a esos efectos. M.R. Díaz Romero, Autonomía de la voluntad

y

contrato

de

gestación

subrogada:

efectos

jurídicos,

Navarra, Ed. Aranzadi, 2018, pág. 60. De forma similar,

Alemania, Suecia e Italia también prohíben la gestación

subrogada. Vilar González, op. cit., pág. 168.

A diferencia de los países antes mencionados, y

estableciendo un poco de contraste, en los Estados Unidos se

han desarrollado una variedad de regímenes jurídicos para

atender este tema, toda vez que la gestación subrogada es

una materia regulada -- de manera individual -- por cada uno

de sus estados. K. Trimmings & P. Beaumont, International

Surrogacy

Arrangements:

Legal

Regulation

at

the

International Level, Oregon, Hart Publishing, 2013, pág. 388. No

empece a ello, la tendencia general ha sido la regulación de los

acuerdos de gestación subrogada, no así su prohibición.

Trimmings & Beaumont, op. cit., pág. 389.

CC-2020-0653

15

Por

ejemplo,

el

estado

de

California

permite

la

modalidad altruista y comercial, al igual que la tradicional

y gestacional, de la gestación subrogada. Vilar González,

op. cit., pág. 222; Cal. Fam. Law §§ 7960-7962 (2016). De

esta forma, figura como uno de los estados con regulación

más favorable a los acuerdos de gestación subrogada. Íd.

En contraste, New York -- un estado que históricamente

ha

sido

renuente

en

adoptar

la

gestación

subrogada

--

recientemente aprobó el Child-Parent Security Act. Dicho

estatuto viabiliza la subrogación gestacional comercial y

altruista, y regula la filiación de los niños y niñas que

nacen a través de dichos métodos, además de los que nacen

por

medio

de

otros

tipos

de

asistencia

reproductiva.180

Véase, N.Y. Fam. Ct. Act §§ 581-(201-204) (McKinney). De

forma

similar,

el

Distrito

de

Columbia,

Connecticut,

Delaware, New Hampshire, entre numerosos otros estados,

permiten alguna variación de gestación subrogada.181

B.

180 De

esta forma, se elimina la antigua declaración de que los acuerdos

de gestación subrogada, en general, son contrarios a la política pública

del estado de Nueva York y, por tanto, nulos e inexigibles. N.Y. Dom.

Rel. Law § 122. En cuanto a los acuerdos comerciales, se eliminaría la

imposición de una sanción civil y, en ciertas instancias, ser culpable

de un delito grave. N.Y. Dom. Rel. Law § 123. Véase, Matter of John, 174

A.D. 3d 89, 103 N.Y. S. 3d 541, 544-546 (2nd Dep’t 2019). Íd. Es menester

aclarar que el nuevo estatuto no permite la vertiente tradicional de la

gestación subrogada. Véase, N.Y. Fam. Ct. Act § 581-102 (McKinney).

181

Véase, por ejemplo, DC Code § 16-404 (West); Conn. Gen. Stat. Ann. §

7-48a (West); Del. Code Ann. tit. 13, § 8-802 (West); N.H. Rev. Stat.

Ann. § 168-B:1.

CC-2020-0653

16

Expuesto lo anterior, consideramos útil explorar cómo

otras jurisdicciones han atendido los casos de filiación

dentro del contexto de la gestación subrogada. Al realizar

este ejercicio, es importante aclarar que en los países donde

la gestación subrogada es permitida, la filiación de los

padres intencionales tiende a ser asignada antes o después

del nacimiento. Vilar González, op. cit., pág. 48. De esta

forma, puede ser atribuida ex–ante -- a saber, desde el

momento en que la criatura nace -- o, por otro lado, puede

ser

atribuida

ex-

post

facto,

es

decir,

después

del

transcurso de un periodo de tiempo y la consiguiente renuncia

de la gestadora. Íd. Partiendo de este hecho, procedemos a

analizar

la

normativa

vigente

en

los

distintos

ordenamientos.

Así pues, en España, la nulidad de los acuerdos de

gestación subrogada no significa que no se reconozca la

filiación

y

se

instancias,

por

permita

la

ejemplo,

inscripción

donde

se

de

un

menor

en

lleva

a

cabo

el

procedimiento fuera del país. Díaz Romero, op. cit., pág.

25. No obstante, de hacerse un acuerdo en territorio español,

donde el mismo acarrearía la nulidad de pleno derecho, la

filiación materna sería determinada por el parto.182 Vilar

González, op. cit., pág. 76. En ese sentido, la atribución

de la filiación responde directamente a la nulidad de los

contratos de gestación subrogada.

182 Así pues, según la Ley 14/2006, de 26 de mayo, “[l]a filiación de los hijos nacidos

por gestación de sustitución será determinada por el parto”.

CC-2020-0653

17

Francia, por su parte, de forma similar, permite en

ciertas instancias -- aunque de forma más restrictiva -- la

inscripción de menores nacidos por medio de la gestación

subrogada, fuera del país. Trimmings & Beaumont, op. cit.,

pág. 122.

Ahora bien, tal como mencionamos previamente, en los

Estados Unidos se han desarrollado una multiplicidad de

acercamientos a la gestación subrogada y, por lo tanto, a la

filiación de los menores que se gestan como consecuencia de

dichos acuerdos. Los análisis de los tribunales, en este

contexto, se dan en base de las leyes estatales de filiación,

adopción, técnicas de reproducción asistida y cualquier

política pública estatal pertinente.

No obstante, en cuanto al análisis aplicable a los

acuerdos

de

gestación

subrogada

y

la

correspondiente

atribución de la filiación materna, podemos colegir que, de

forma general, los tribunales han adoptado una evaluación

del aspecto volitivo, genético, gestacional y los intereses

del

menor.

Véase,

A.M.

Determining

Legal

Maternity

Arrangements,

51

Drake

Larkey,

L.

in

Review

Redefining

Motherhood:

Gestational

Surrogacy

605

(2003);

Labadie

Jackson, op. cit., pág. 1304. Consiguientemente, utilizan

uno de estos factores o una combinación de los mismos, para

determinar la filiación en instancias donde la maternidad es

cuestionada. Íd.

CC-2020-0653

18

IV.

A.

Ahora bien, en cuanto a la normativa local sobre la

gestación subrogada, es menester señalar que Puerto Rico -más allá de lo recientemente incorporado en el Código Civil

de 2020, infra -- no cuenta con una ley especial sobre

técnicas de reproducción asistida.183 Tampoco existe una

agrupación

de

estadísticas

o

datos

fidedignos

sobre

la

gestación subrogada en nuestro País. Es decir, existe un

vacío

legislativo

e

informativo,

lo

cual

dificulta

la

evaluación de los acuerdos de gestación subrogada y su

viabilidad en nuestra jurisdicción.

No obstante, en lo que respecta a nuestro ordenamiento

penal,

queda

meridianamente

claro

que

éste

no

veda

la

gestación subrogada. El Art. 122 del Código Penal de Puerto

Rico de 2012, 33 LPRA sec. 5181, el cual codifica como delito

la adopción a cambio de dinero, excluye -- expresamente -los

casos

de

gestación

subrogada.

En

ese

sentido,

no

encontramos ningún escollo penal que nos impida reconocer un

acuerdo de gestación subrogada.

Habiendo concluido lo anterior sobre nuestras leyes

penales,

procede

considerar

minuciosamente

nuestro

ordenamiento civil, toda vez que allí yace la médula de la

controversia

del

presente

caso.

En

particular,

nuestra

Valga mencionar que, al momento de ser redactado el presente escrito,

estaba ante la consideración de la Cámara de Representantes el Proyecto

de la Cámara 577, para crear la Ley de Acuerdos de Subrogación

Gestacional. Véase, P. de la C. 577 de 10 de marzo de 2021, 1era Ses.

Ord., 19va Asam. Leg.

183

CC-2020-0653

doctrina

19

sobre

la

generación

de

obligaciones,

el

perfeccionamiento de contratos y la filiación.

B.

Y es que, como bien sabemos, en nuestra jurisdicción,

las

obligaciones

“nacen

de

la

ley,

de

los

contratos

y

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que

intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. Art.

1042 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.

2992. Cónsono con lo anterior, la contratación se basa en la

autonomía de la voluntad y la habilidad de los contratantes

de “establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan

por conveniente[s], siempre que no sean contrarios a las

leyes, a la moral, ni al orden público”. Art. 1207 del Código

Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3372.

Dichos contratos, a la luz del principio pacta sunt

servanda, tienen fuerza de ley entre las partes. Art. 1044

del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 2994.

Es decir, “[c]uando las personas contratan [,] crean normas

obligatorias; tan obligatorias como la ley misma”. J.R. Vélez

Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de Contratos, San

Juan, Ed. Revista Jurídica UIPR, 1990, Tomo IV, Vol. II, pág.

99. Tal es el caso de autos.

En la causa de epígrafe, las partes se obligaron a un

proceso

de

subrogación

gestacional

por

medio

de

cierto

Acuerdo, y -- según lo antes expuesto -- no existía escollo

alguno para la otorgación del mismo.

CC-2020-0653

20

C.

i.

Validado lo anterior, y habiendo discutido la normativa

aplicable al reconocimiento de los acuerdos de gestación

subrogada,

procede

discutir

uno

de

sus

corolarios:

la

filiación. Sobre el particular, es necesario reseñar que la

filiación “es el estado civil de la persona, determinado por

la situación que, dentro de una familia, le asigna el haber

sido engendrada en ella o el estar en ella en virtud de la

adopción o de otro hecho legalmente suficiente al efecto”.

(Citas omitidas). (Énfasis suplido). Castro v. Negrón, 159

DPR 568, 579-580 (2003).

Como se observa, “la filiación así definida se desdobla

en filiación jurídica y filiación biológica, figuras que

están vinculadas entre sí, en tanto la primera presupone la

segunda”. Mayol v. Torres, 164 DPR 517, 529 (2005). No

obstante, el vínculo jurídico no siempre coincide o se deriva

del hecho biológico. R. Serrano Geyls, Derecho de familia de

Puerto Rico y legislación comparada, San Juan, Ed. UIPR,

2002, V.II, pág. 886; Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185

DPR 667, 672 (2012).

Los procesos de filiación son de suma importancia,

pues, “no se limita[n] a establecer vínculos con el propósito

de identificar relaciones entre partes de la sociedad, sino

que va dirigida a imponer derechos y obligaciones concretas

de consecuencias permanentes”.

Sánchez Rivera v. Malavé

Rivera, 192 DPR 854, 862 (2015). Por lo tanto, repercuten en diversos

CC-2020-0653

21

aspectos de la vida de una persona, a través de la duración

de la misma. Inclusive, “de la filiación depende el nombre

que pueda y deba utilizar el individuo y la integración de

[é]ste en el grupo familiar”. (Cita omitida) R. E. OrtegaVélez, 25 Lecciones Derecho de Familia, 7ma ed. rev., San

Juan, Ed. SITUM, 2018, pág. 217.

En esa dirección, el ahora derogado Código Civil de

Puerto Rico de 1930, supra, incorporaba varios supuestos

filiatorios

y

sus

correspondientes

presunciones,

instituyendo así la filiación natural, dentro y fuera del

matrimonio. Cónsono con ello, el Art. 113 del Código Civil

de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 461, establecía

que se presumían hijos o hijas del marido los niños y niñas

nacidos durante el matrimonio o en los trecientos (300) días

después de su disolución. Íd. Así, también dictaba que el

reconocimiento voluntario creaba una presunción de paternidad a favor

del reconocedor.184 Íd. En contraste,

184 Ahora

en cuanto a la maternidad,

bien, el esquema al que hemos hecho referencia no era el

originalmente contemplado por nuestro ordenamiento jurídico. No fue

hasta el año 2009, por medio de la Ley Núm. 215 de 29 de diciembre de

2009, que se incorporó al antedicho inciso las presunciones según

descritas, incluyendo la presunción en virtud del reconocimiento

voluntario. Según pronunciado por la Asamblea Legislativa, “[e]l Código

Civil de Puerto Rico se remonta a un Código Civil español más que

centenario. La actual normativa que regula la filiación, se remonta a

esa fecha pasando por alto los cambios sociales y científicos logrados”.

Exposición de Motivos, Ley Núm. 215-2009 (2009 (Parte 3) Leyes de Puerto

Rico 1819).

CC-2020-0653

22

dicho inciso establecía que el acto del parto determina la

misma.185 Íd.186

De otra parte, el Art. 125 del Código Civil de Puerto

Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 504 -- el cual subsistió

mayormente inalterado a pesar del transcurso del tiempo -exponía la normativa en cuanto al reconocimiento de hijos no

matrimoniales.187

Ello, basado en el principio romano de mater semper certa est, el

cual “se traduce en la certeza del hecho directo e indubitado de la

gestación y el parto, de modo que la maternidad se anuncia por el

embarazo y se manifiesta por el alumbramiento”. A. Vela Sánchez, La

maternidad subrogada: estudio ante un reto normativo, Granada, Ed.

Comares, 2012, pág. 31-32. Empero, ésta ha tenido sus críticas. Por

ejemplo:

185

Con todo ello se añade una mayor complejidad a la cuestión

pacífica de la certeza asociada a la maternidad natural,

derivada de la gestación y el parto, que se asentaba

tradicionalmente en la máxima pauliana «mater semper certa

est», y que da paso a un nuevo principio que podríamos

denominar «mater non semper certa est», el cual plantea

grandes retos, tanto al legislador, como al intérprete del

Derecho. (Cita omitida). (Énfasis suplido). Vilar González,

op. cit., pág. 26.

Sobre el nexo entre la filiación, el acto del parto y la visión

tradicional de éstos, es importante recalcar que:

186

Hasta hace muy poco tiempo, resultaba impensable que la

mujer que daba a luz, no fuera la misma persona que hubiera

aportado el óvulo para la fecundación, por lo que las normas

existentes para determinar la filiación por naturaleza

tenían su fundamento, única y exclusivamente, en la verdad

biológica con respecto a la madre, estableciéndose, con

respecto al padre, diversos mecanismos jurídicos dirigidos

a propiciar la adecuación entre la filiación jurídica y la

biológica, que hacían posible investigar la paternidad. Sin

embargo, con las TRA [técnicas de reproducción asistida] se

genera la necesidad de establecer también acciones que

permitan investigar la maternidad, ya que, con ellas, surge

la posibilidad de disociar o deconstruir dicha maternidad

en tres elementos: el genético, el gestacional y el volitivo,

que podrán o no coincidir en una misma mujer. (Énfasis

suplido). Vilar González, op. cit., pág. 25 – 26.

No obstante, es imperativo recalcar que dicho artículo debe ser

evaluado a la luz de lo dispuesto en Ocasio v. Díaz, 88 DPR 676 (1963)

y su progenie.

187

En lo pertinente, el artículo de referencia rezaba:

CC-2020-0653

23

En cuanto al reconocimiento voluntario, en específico,

hemos sentenciado que es “aquella declaración hecha por

ambos padres (o por uno de ellos aisladamente), por cuya

virtud acreditan que una persona es hija suya, siempre que

ello se haga en las condiciones y mediante las formas

prescritas por las leyes”. (Citas omitidas). González Rosado

v.

Echevarría

Muñiz,

169

DPR

554,

563

(2006).

Por

su

naturaleza y sus correspondientes consecuencias, dicho acto

jurídico es personal, unilateral e irrevocable. OrtegaVélez, op. cit., pág. 229. De lo anterior se desprende que

el antiguo Código Civil de 1930, supra, no hacía ninguna

referencia explícita a los procesos de gestación subrogada.

Ahora bien, a diferencia de su predecesor, el nuevo

Código Civil de 2020, supra, contempla, de forma expresa, la

maternidad y paternidad que surge como consecuencia de un

proceso de gestación subrogada. Aunque en limitadas

Son hijos naturales los nacidos, fuera de matrimonio, de

padres que al tiempo de la concepción de aquéllos hubieran

podido casarse, sin dispensa o con ella.

El hijo natural puede ser reconocido por el padre o la madre

conjuntamente, o por uno solo de ellos, en el acta de

nacimiento, o en otro documento público.

…

La madre estará obligada al reconocimiento del hijo natural,

en los mismos casos que el padre, y además cuando se pruebe

cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo.

El hijo mayor de edad no podrá ser reconocido sin su

consentimiento. Cuando el reconocimiento del menor de edad no

se realiza en el acta de nacimiento o en testamento, será

necesaria la aprobación del juez de la sala del Tribunal de

Primera Instancia en que resida el menor, con intervención

del fiscal. Art. 25, Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 504.

CC-2020-0653

24

instancias, se hace alusión a la filiación y los padres

intencionales.

En particular, en su Art. 556, el Código Civil de 2020

dispone expresamente que “[l]a filiación tiene lugar por

vínculo genético, por métodos de procreación asistida o por

adopción”. (Énfasis suplido). Art. 556, Código Civil de

2020,

31

LPRA

sec.

7102.

Consecuentemente,

el

referido

cuerpo reglamentario divide la regulación de la filiación

materna y paterna en dos incisos distintos.

En lo pertinente, y como ya mencionamos, el nuevo Art.

567, 31 LPRA sec. 7121, dispone la presunción que el parto

determina la maternidad “excepto en casos de maternidad

subrogada en los cuales la mujer gestante no tiene vínculo

genético alguno con el hijo que se desprende de su vientre

y desde un principio su intención original fue llevar el

embarazo a término para otra persona”.

(Énfasis suplido).

Así las cosas, y cónsono con éstos, se enmendó la lista

de personas legitimadas para impugnar la filiación materna.

Véase, Art. 570, Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 7124. En

particular, en el Art. 570 del Código Civil de 2020, se

dispone que “[l]a maternidad de un hijo puede impugnarse

únicamente si se prueba que hubo simulación del parto,

sustitución del hijo durante el alumbramiento o después de

él,

o

por

acuerdo

de

maternidad

subrogada”.

(Énfasis

suplido). Íd. En estos últimos casos, la “madre intencional

subrogada” está legitimada para impugnar la maternidad. Íd.

CC-2020-0653

25

Como se puede apreciar, si bien el legislador ha dado

importantes

pasos

para

contemplar

las

distintas

controversias que genera el tema bajo estudio, -- a pesar de

dichos esfuerzos -- han quedado amplias lagunas por atender.

ii.

Asimismo, al tratar el tema de la filiación en el

contexto de las controversias bajo estudio, conviene repasar

-- principalmente para descartar su aplicación en escenarios

como los de autos -- la doctrina aplicable a la filiación

adoptiva. Recordemos que la adopción es un “acto jurídico

solemne

mediante

el

cual

se

sustituye

totalmente

el

parentesco familiar biológico o natural de una persona por

otro

en

un

procedimiento

judicial

rigurosamente

reglamentado”. Ex parte Feliciano Suárez, 117 DPR 402, 406

(1986). Véase, Serrano Geyls, op. cit., págs. 1085-1086. En

ese sentido, “se reconoce una integración plena y total del

hijo

adoptivo

Feliciano

con

Suárez,

la

familia

supra,

del

pág.

adoptante”.

407.

Es

Ex

parte

decir,

como

consecuencia de la nueva filiación, la persona adoptada

adquiere todas las obligaciones y derechos del hijo con

vínculo biológico.

En nuestra jurisdicción, parte de la reglamentación

instaurada

para

regir

los

procedimientos

de

adopción,

incluye la Ley de Adopción de Puerto Rico, Ley Núm. 61-2018,

8 LPRA sec. 1081 et seq. (en adelante, “Ley de Adopción”).

El precitado estatuto fue aprobado en aras de agilizar los

procedimientos de adopción en Puerto Rico, ya que “[l]a

CC-2020-0653

26

adopción es una alternativa real y una opción de amor en

beneficio

de

todos,

cuando

por

diversas

circunstancias

nuestros niños no encuentran en sus padres biológicos el

amor

y

afecto

que

por

derecho

natural

deben

recibir”.

Exposición de Motivos, Ley de Adopción.

Para viabilizar la intención legislativa, y proteger el

bienestar

de

los

menores

que

atraviesan

un

proceso

de

adopción -- al igual que los padres biológicos y adoptantes

--,

la

Ley

requisitos

de

Adopción

sustantivos

y

enumera

una

procesales,

estricta

los

lista

cuales

de

varían

dependiendo las circunstancias de la adopción. Así, por

ejemplo, en cuanto a la figura del acuerdo de adopción -según surge de la entrega voluntaria de menores

-- se

establece que es:

[E]l acto jurídico solemne mediante el cual la

mujer gestante pacta, sin mediar compensación de

clase alguna, salvo el pago de los gastos del

embarazo[…] en documento juramentado ante notario

público autorizado a ejercer en Puerto Rico,

llevar a término el embarazo y renunciar al

derecho de patria potestad para entregar al recién

nacido en adopción; y la persona, pareja o

matrimonio adoptante futuro se obligan a sufragar

los gastos del embarazo y a adoptar al recién

nacido, independientemente de cualquier condición

de salud con la cual haya nacido […]”. Art. 3(a),

Ley de Adopción, 8 LPRA sec. 1081b(a).

Sobre los requisitos de los acuerdos de adopción durante el

embarazo, se incluye como condición que la parte adoptante exprese

que reconoce que la madre biológica del menor puede dejar sin efecto

el acuerdo de adopción -- es decir, retractarse -- dentro de los siete

(7) días siguientes al nacimiento de la criatura. Art. 5(5), Ley de

Adopción, 8 LPRA sec. 1082a (5). De modo que, cualquier acuerdo que

CC-2020-0653

27

“[l]imite o pretenda limitar el derecho que tiene la madre

biológica para retractarse de la entrega en adopción”, sería

nulo. Art. 7(3), Ley de Adopción, 8 LPRA sec. 1082c (3).

D.

Por otro lado, es oportuno señalar aquí que el Registro

Demográfico -- habilitado por la Ley del Registro General

Demográfico de Puerto Rico, Ley Núm. 24 de 22 de abril de

1931,

24

LPRA

sec.

1041

et

seq.,

según

enmendada

(en

adelante, “Ley del Registro Demográfico”) -- es la entidad

que tiene a su cargo “el registro, colección, custodia,

preservación, enmiendas y certificación de récords vitales;

la colección de otros informes requeridos por esta parte;

actividades relacionadas a ella, incluyendo la tabulación,

análisis y publicación de estadísticas vitales”. Art. 2(1),

Ley del Registro Demográfico, 24 LPRA sec. 1042(1). Por

récords

vitales

defunciones,

nos

referimos

casamientos,

a

divorcios,

los

nacimientos,

disoluciones

o

anulaciones de casamientos y los informes relacionados a

éstos. Art. 2(10), Ley del Registro Demográfico, 24 LPRA

sec. 1042(10).

Como mencionáramos, por medio de dicho estatuto se

regula la inscripción y notificación de todo nacimiento y,

como

corolario,

el

reconocimiento

voluntario.

Así,

por

ejemplo, el Art. 19-A de la Ley del Registro Demográfico, 24

LPRA sec. 1133a, establece, en lo pertinente, que:

Si el nacimiento es reconocido por uno solo de los

padres será obligación del Registro Demográfico,

cuando así lo requiera dicho padre o madre al

momento de la inscripción, realizar la inscripción

CC-2020-0653

28

haciendo constar los dos apellidos del único que

lo reconoce.

Si con posterioridad a la inscripción surgiera la

intención de un reconocimiento voluntario, el

Registro Demográfico viene en la obligación de

sustituir el apellido del padre o la madre de

acuerdo a la documentación evidenciada. (Énfasis

suplido).

Como se puede colegir, existe un mecanismo procesal

para

el

reconocimiento

voluntario

y

su

correspondiente

inscripción.

E.

Por último, corresponde recalcar que el Art. II, Sec.

1,

comprendido

Constitución

del

dentro

Estado

de

la

Libre

Carta

de

Asociado

Derechos

de

de

Rico,

Puerto

la

establece -- de forma expresa -- que:

La dignidad del ser humano es inviolable.

Todos los hombres [y mujeres] son iguales ante la

Ley. No podrá́ establecerse discrimen alguno por

motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o

condición social, ni ideas políticas o religiosas.

Tanto las leyes como el sistema de instrucción

pública encarnarán estos principios de esencial

igualdad humana.188 (Énfasis suplido). Art. II,

Sec. 1, Const. ELA LPRA, Tomo 1.

Como parte del proceso de la Convención Constituyente, el Informe de

la Comisión de Carta de Derecho expresó que:

188

La igualdad ante la ley queda por encima de accidentes o

diferencias, bien tengan su origen en la naturaleza o en la

cultura. Todo discrimen o privilegio contrario a esta

esencial

igualdad

repugna

al

sistema

jurídico

puertorriqueño.

En

cuanto

fuera

menester

nuestra

CC-2020-0653

29

De este modo, se codificó en nuestra Carta Magna el

principio fundamental de la igualdad y, en lo pertinente, el

rechazo al discrimen por motivo de sexo. Asimismo, enlazado

con dicho principio, nuestra Constitución, en su Art. II,

Sec. 7, dispone que no “se negará a persona alguna en Puerto

Rico la igual protección de las leyes”. Art. II, Sec. 7,

Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

La

precitada

disposición

constitucional

se

activa

“cuando nos enfrentamos a una legislación o a una acción

estadual

que

discriminando

crea

a

unos

clasificaciones

frente

a

otros”.

entre

Garib

grupos,

Bazaín

v.

Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico, 204 DPR 601

(2020)

(Colón

Pérez,

opinión

disidente);

San

Miguel

Lorenzana v. E.L.A., 134 DPR 405, 424 (1993); Berberena v.

Echegoyen, 128 DPR 864, 878 (1991). Pese a esto, no se exige

un trato igual para todo ciudadano y ciudadana, más bien se

prohíbe el trato desigual injustificado. Garib Bazaín v.

Hospital

Español

Auxilio

Mutuo

de

Berberena

v.

Puerto

Echegoyen,

supra;

Zachry

Rico,

supra;

International

v.

Tribunal Superior, 104 DPR 267, 277 (1975).

Siendo ello así, al emplear un análisis sobre la igual

protección de las leyes en determinado contexto, debemos

examinar

la

correlación

propósito

que

se

pretende

entre

la

obtener

clasificación

y

mediante

Garib

ésta.

organización legal queda robustecida por la presente

disposición constitucional, a la vez que obligada a

ensanchar sus disposiciones para dar plena realización a lo

aquí dispuesto. (Énfasis suplido). 4 Diario de Sesiones de

la Convención Constituyente 2561 (1951).

el

CC-2020-0653

30

Bazaín v. Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico,

supra; Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1 (2010); Berberena

v.

Echegoyen,

supra.

Además,

se

debe

considerar

la

importancia del derecho o interés afectado por la actuación

del Gobierno. Íd.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta

que

corresponde analizar la totalidad de la causa ante nuestra

consideración.

V.

A.

Tal como esbozamos en la exposición del tracto procesal

del presente caso, el matrimonio RPR-BJJ nos invita a que

revoquemos

la

Sentencia

intermedio

y

que,

determinación

del

emitida

como

Tribunal

por

el

consecuencia,

de

Primera

foro

apelativo

confirmemos

Instancia

en

la

su

totalidad. A nuestro juicio, y como correctamente lo decidió

una mayoría de este Tribunal, les asiste la razón.

En primer plano, es menester señalar que no existe nada

en nuestro ordenamiento -- tanto bajo la vigencia del Código

Civil de 1930, supra, como el Código Civil de 2020, supra - que prohíba los acuerdos de gestación subrogada. Este tipo

de contrato es plenamente válido, por no ser contrario a la

ley, la moral o el orden público. Siendo ello así, se debe

respetar el aspecto volitivo envuelto en estas relaciones,

lo cual da paso a acuerdos vinculantes y exigibles, tal como

el válidamente otorgado entre el matrimonio RPR-BJJ y CTR.

CC-2020-0653

31

Sobre

los

hechos

del

presente

caso,

precisa

aquí

señalar que el matrimonio RPR-BJJ ha criado al menor MVJP

desde su nacimiento, cuidándolo y asumiendo así el rol de

padre y madre. Esto, por causa del acuerdo establecido entre

las partes y el estado de derecho creado por sus voluntades.

Acuerdo que, según surge de las determinaciones de

hecho del Tribunal de Primera Instancia y las conclusiones

del

Tribunal

de

Apelaciones,

ni

siquiera

está

siendo

impugnado. El hecho de que, a pesar de esto, no se le quiera

reconocer ningún derecho a RPR sobre el menor MVJP -- a menos

que se sujete a un proceso de adopción -- es inconcebible y

desatinado.

B.

Dejando claro lo anterior, y en lo relacionado a la

filiación como consecuencia de los acuerdos de gestación

subrogada, entendemos que, tal y como lo sentencia una

mayoría

de

mis

compañeros

de

jurisdicción

--

la

puede

misma

estrado,

proceder

--

en

por

nuestra

vía

del

reconocimiento voluntario, como el que hizo RPR del menor

MVJP. A todas luces, estamos ante un escenario donde existe

una declaración efectuada por una progenitora, por cuya

virtud

se

acredita

que

un

menor

es

hija

o

hijo

suyo,

habiéndolo hecho bajo las condiciones y mediante la forma

prescrita por ley.

Aducir

lo

contrario,

obligando

así

a

una

madre

intencional a tener que recurrir a un proceso de adopción

mientras que el padre intencional -- sea biológico o no --

CC-2020-0653

32

puede reconocer al menor voluntariamente, sería un proceder

patentemente

discriminatorio

y,

en

consecuencia,

improcedente.

Así

el

foro

primario,

lo

concluyó

al

acertadamente hacer una evaluación abarcadora de las leyes

aplicables y armonizando sus preceptos, a través de un lente

de equidad.

No cabe hablar aquí, pues, de un proceso de adopción,

como nos solicita el Procurador General. Esto, ya que la

adopción contempla un crío ya concebido, el cual -- por una

heterogeneidad de razones -- no puede ser sustentado por sus

progenitores y se busca posicionarlo en un hogar donde sea

cuidado.

Queda

claro,

entonces,

que

es

una

situación

distinta a las instancias de gestación subrogada, donde una

o varias personas acuerdan gestar un crío, como consecuencia

directa de su voluntad. En ese sentido, si bien se podrían

trazar ciertos aspectos paralelos entre la adopción y la

gestación subrogada, las dos (2) resultan de circunstancias

-- y en virtud de intereses -- distintos.

C.

En definitiva, y conforme a lo antes expuesto, no

podemos adscribirnos a una visión que considera que el parto

o una conexión genética define exclusivamente la maternidad.

De esa forma, se excluyen los aspectos volitivos que están

involucrados en los acuerdos de gestación subrogada y nos

abstraemos de las realidades de los avances científicos en

CC-2020-0653

33

las tecnologías de reproducción asistida.189 Análogamente,

nos aislaríamos de las vías legales existentes que permiten

la inscripción de un menor -- producto de un proceso de

subrogación gestacional -- con su madre intencional como

progenitora.

VI.

En fin, y a modo de epílogo, según surge de los hechos

y la normativa antes expuesta, en el caso de epígrafe se

formuló un acuerdo vinculante de subrogación gestacional, la

madre intencional del menor lo reconoció como hijo y, desde

ese momento, advino madre. Más allá del aspecto genético o

el acto del parto: se le debe reconocer como tal.

VII.

Es, pues, por todo lo anterior que estamos conformes

con el proceder de este Tribunal en el día de hoy.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado

Es indispensable enfatizar la importancia del aspecto volitivo en los

acuerdos de gestación subrogada. Por tanto:

189

La necesidad de proteger la prevalencia del elemento

volitivo o voluntad procreacional de las partes, frente a

una búsqueda de la realidad biológica que la contradiga, se

hace todavía más patente en el caso de la gestación

subrogada, que no tiene cabida en las modalidades

tradicionales de filiación, por naturaleza y adoptiva,

contempladas en nuestro Código Civil. Y más, si ésta se

llevase a cabo por parte de parejas homosexuales masculinas

o padres intencionales que deseasen acceder a la paternidad

de forma individual, ya que ello obligaría a replantearse

la determinación legal de la filiación al no poder asociarla,

indisolublemente, al hecho biológico del parto. (Énfasis

suplido). Vilar González, op. cit., pág. 27.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

RPR & BJJ

Peticionarios

CC-2020-0653

Ex parte

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2021.

Disiento muy respetuosamente de la Opinión que

suscribe este Tribunal. No tengo dudas de que el

Tribunal busca hacer justicia para el menor y su

familia.

Sin

embargo,

entiendo

asuntos

jurisdiccionales

y

las

que

se

ignoraron

salvaguardas

que

proveen los procedimientos judiciales. Debido a que

el menor M.J. nació mientras estaba vigente el Código

Civil

de

1930,

y

que

según

esa

legislación

la

filiación jurídica materna emana del hecho del parto,

no es posible inscribir en el Registro Demográfico una

maternidad que surge por un contrato de maternidad

subrogada.

CC-2020-0653

2

El Código Civil de 1930 se basa en el Código Napoleónico

y recoge el conocimiento científico limitado de esa época.

El legislador -como todos- desconocía entonces los detalles

biológicos de la gestación por el lado materno. Mucho menos

existían los métodos de maternidad subrogada que la ciencia

trajo décadas después. Por eso, su criterio fue objetivo:

Madre es la que pare la criatura.

Con el Código Civil de 2020, la ley por fin alcanzó a

la ciencia. Aunque se sigue reconociendo que se inscriba como

madre a la mujer que da a luz al bebé, se creó una excepción

para la maternidad subrogada sin vínculo genético con la

madre gestante.

Con una intención muy loable, la Opinión del Tribunal

hace que esa nueva legislación aplique retroactivamente a

las partes en este caso y al menor. No obstante, el legislador

dispuso expresamente lo contrario: la nueva norma no es

retroactiva.

Tras

un

estudio

de

las

disposiciones

y

figuras

en

controversia, por tratarse de un asunto sustantivo, entiendo

que el advenir de un cambio normativo en materia de filiación

no

es

suficiente

para

que

se

aplique

la

nueva

ley

retroactivamente, si no se cumple con los requisitos para

que

se

configure

una

excepción

a

la

norma

de

irretroactividad.

Lamentablemente, este Tribunal -sin mucha explicacióntrastoca la figura de la irretroactividad de la ley en

asuntos sustantivos. De igual manera, cambia la norma de que

en el Registro Demográfico se inscriben datos vitales y no

CC-2020-0653

3

los deseos de quienes solicitan la inscripción. Además, el

Tribunal le atribuye a los empleados del Registro Demográfico

una función calificadora que no tienen por virtud de ley.

Eso podría tener consecuencias en otros escenarios en el

futuro.

Ahora bien, la irretroactividad de la norma no deja sin

remedios a los solicitantes para hacer que se les inscriba

eventualmente como los progenitores del menor. La mujer que

carece de vínculo biológico con un menor tiene disponible la

presentación de una petición de adopción para que se le

reconozca como madre para todos los fines legales. En casos

como

este,

oposición

Opinión

ese

de

la

procedimiento

madre

mayoritaria

es

biológica

hace

una

expedito,

por

no

haber

incidental.

Además,

la

interpretación

aislada

y

contraria al claro lenguaje del Código Civil de 1930 para

justificar su resultado.

La situación fáctica que origina este caso se encuentra

detallada en la Opinión mayoritaria, por lo que procedo

directamente a exponer mi postura.

I

La filiación es el estado civil que se atribuye a una

persona por el hecho de tener a otra u otras por progenitores.

Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 476 (2019).

Se trata de una relación jurídica procedente del vínculo

natural entre padres e hijos. Íd. Véase, J. Puig Brutau,

Fundamentos de derecho civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch,

1985, T. IV, pág. 187. No obstante, debido a que la relación

biológica no siempre coincide con la relación jurídica, la

CC-2020-0653

4

filiación en su concepto más amplio denota el estado que se

le asigna a una persona dentro de una familia por haber sido

engendrada en ella o ser parte como resultado de una adopción

o de otro hecho legalmente suficiente en derecho. Castro v.

Negrón, 159 DPR 568, 579-580 (2003). Véase, Peña Bernaldo de

Quirós, Derecho de familia, Madrid, Sección de Publicaciones,

Facultad de Derecho, Universidad Complutense, 1989, págs.

402–403.

A estos fines, hemos reconocido que existen dos tipos de

filiaciones: la natural y la adoptiva. A.A.R. Ex parte, 187DPR

835, 856 (2013); Beníquez v. Vargas, 184 DPR 210, 228 (2012).

Por su parte, la filiación natural recoge y regula la realidad

biológica con el fin de distribuir derechos y obligaciones

específicas entre padres e hijos. Rivera Marrero v. Santiago

Martínez, supra, pág. 476; Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645,

660 (2001). En virtud de esta, el Art. 113 del Código Civil

de 1930, entonces vigente, 31 LPRA sec. 461, establecía las

presunciones de paternidad y maternidad:

Se presumen hijos del marido de la mujer casada

los nacidos durante el matrimonio y los nacidos

antes de los trescientos días siguientes a su

disolución. El reconocimiento voluntario crea una

presunción de paternidad a favor del reconocedor.

El

parto

determina

la

maternidad.

(Énfasis

suplido).

Conforme hemos expresado, la filiación es la declaración

del estado jurídico de una persona como hijo. A pesar de que

en materia de filiación el elemento biológico no es el único

a considerarse, nuestra jurisprudencia reafirma la política

pública de lograr que la realidad biológica coincida con la

CC-2020-0653

5

jurídica. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra, pág.

475; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 863. Esto

sostiene un balance en la búsqueda de la estabilidad de los

derechos y obligaciones nacidos de la filiación. Íd., pág.

867. De hecho, el vínculo biológico es insuficiente por sí

mismo para que nazca el vínculo jurídico. Alvareztorre Muñiz

v. Sorani Jiménez, 175 DPR 398, 411 (2009). Por eso, cuando

no conste quiénes son los padres de una persona puede darse

una filiación biológica pero no jurídica. También puede darse

el caso de que quien figura como padre jurídico no lo sea

biológicamente.

Así, las tres acciones judiciales que reconoce nuestro

ordenamiento en cuanto a la filiación natural son: (1) la

afirmación de filiación, (2) la acción de impugnación y (3)

la mixta. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra, pág.

477. Además, existen varias maneras en que se adquiere el

estado o condición de hijo, desde el nacimiento -por cobijarle

alguna presunción- o desde el momento del reconocimiento, o

en la alternativa, por decreto judicial. Castro v. Negrón,

supra; Almodóvar v. Méndez Román, 125 DPR 218, 251 (1990).

Primero,

dentro

de

las

acciones

de

afirmación

de

filiación o de reclamación de filiación, se encuentra el

reconocimiento

alguna

voluntario

presunción-.

-que

Estas

no

esté

acciones

en

conflicto

con

pretenden

un

pronunciamiento judicial que determine la filiación de una

persona que carecía de ella. Alvareztorre Muñiz v. Sorani

Jiménez, supra. En Almodóvar v. Mendez Román, supra, pág. 236

(citando a Albaladejo, Curso de derecho civil, 2da ed.,

CC-2020-0653

6

Barcelona, Ed. Bosch, 1984, T. IV, pág. 226), reconocimos que

se ha señalado que “[l]as personas que carecen de filiación

conocida paterna o materna o de ambas, pasan a ostentar una

u otra o las dos cuando los reconoce un varón, una mujer o

una pareja”. (Énfasis suplido).

En

segundo

lugar,

se

encuentran

las

acciones

de

impugnación, ya sea de impugnación de paternidad o maternidad

o de impugnación de reconocimiento voluntario. Ambas están

dirigidas a negar una filiación ya establecida. Íd., pág.

414. Además, en un pleito de impugnación de filiación presunta

el menor es parte interesada. Bonilla Ramos v. Dávila Medina,

185 DPR 667, 679 (2012).

En particular, al momento del nacimiento del menor M.J.

nuestro ordenamiento jurídico contenía la premisa de que el

parto determina la filiación jurídica materna. Por virtud del

principio de mater semper certa est, cuando se comprueba el

hecho del parto y la identidad del hijo se atribuye ipso iure

la maternidad. R. Ortega Vélez, La filiación: apuntes y

jurisprudencia, 1ra ed., San Juan, Ed. Scisco, 1997, pág. 6.

Esto se debe a que el Código Civil de 1930 parte de la premisa

de que la maternidad es un hecho de fácil verificación porque

el parto y el embarazo son realidades físicas externas,

verificables con relativa sencillez. Ramos v. Marrero, 116

DPR 357, 360 (1985).

Por esto, el Art. 115 del Código Civil de 1930, 31 LPRA

sec. 463, establece que la presunción de maternidad puede

impugnarse en dos instancias: por simulación del parto o por

sustitución inadvertida del hijo durante el alumbramiento o

CC-2020-0653

7

luego de este. En esos casos tiene legitimación para instar

una

acción

de

impugnación:

la

presunta

madre,

la

madre

biológica, el hijo o el presunto padre. Íd. Distíngase que el

concepto de madre biológica no es igual al de madre genética.

J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 10

ma ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1995, T. V, Vol. II, págs.

232-238.

El término “madre biológica” se emplea con relación a la

mujer que da a luz al menor, mientras que “madre genética” es

quien aporta el óvulo. A estos efectos, la mujer que gesta al

hijo (madre gestante) es siempre la madre biológica, aunque

el óvulo provenga de otra mujer (madre genética). R. Serrano

Geyls,

Derecho

de

familia

de

Puerto

Rico

y

legislación

comparada, 1ra ed., San Juan, [s. Ed.], 2002, Vol. II, pág.

1240. En consecuencia, el vínculo maternofilial se da con la

mujer que alumbra al menor. Ortega Vélez, op. cit., pág. 223.

En el marco jurídico de la ley española, similar al Art.

113 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, supra, algunos

tratadistas mencionan que la maternidad queda determinada por

el hecho del parto y la identidad del hijo y así determinada

no es impugnable. J. Santos Briz y otros, Tratado de derecho

civil: teoría y práctica, 1ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 2003,

T. V, pág. 300.

Lo anterior significa que el vínculo biológico materno

se da por virtud del evento del alumbramiento. Visto esto, la

presunción de maternidad puede impugnarse efectivamente con

prueba de que quien se cree que dio a luz no fue quien en

realidad lo hizo, pues lo determinante es el alumbramiento.

CC-2020-0653

8

Como los conceptos de filiación y maternidad existentes al

momento del nacimiento del menor M.J. no contemplaban la

procreación asexual ni la extracorporal, “[l]os tribunales no

pueden dar a esta extensa y complicada materia la clara

orientación

y

la

reglamentación

centralizada

y

de

larga

duración que se requiere”. (Énfasis suplido) Serrano Geyls,

op. cit., pág. 1246. Las disposiciones contenidas en el Art.

115 del Código Civil de 1930, supra, muestran un lenguaje

claro de cuándo procede impugnar la presunción de maternidad.

Así, si el texto de la ley no crea dudas ni ambigüedades en

cuanto

a

los

criterios

restringidos

para

impugnar

la

maternidad, se debe interpretar según el texto de la ley.

Art. 138 del Código Civil de 1930, supra; A.A.R. Ex parte,

supra,

pág.

principalmente

884.

Estos

a

ofrecer

requisitos

un

grado

limitados

de

certeza

responden

entre

la

filiación jurídica y la biológica.

A su vez, en el tercer tipo de acciones, las mixtas, se

procura la declaración de determinada filiación mientras que

se niega otra contradictoria, ambas interdependientes entre

sí. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra, pág. 477. En

esta categoría se encuentran las acciones en las que se

impugna una presunta filiación buscando otra. Se trata de una

acción de carácter accesorio pues la impugnación no tiene

carácter independiente de la acción de filiación. Sánchez v.

Sánchez, supra; Robles López v. Guevárez Santos, 109 DPR 563

(1980).

Asimismo, en nuestro ordenamiento legal rige la norma de

la

incompatibilidad

de

filiaciones

contradictorias,

que

CC-2020-0653

9

dispone que no es posible determinar una nueva filiación en

tanto exista una contradictoria. Beníquez v. Vargas, supra,

pág. 249. En lo pertinente, el reconocimiento voluntario es

un acto jurídico que consiste en una admisión del progenitor

sobre el hecho de la paternidad o maternidad biológica, que

permite establecer el estado civil del hijo. Íd., pág. 231;

Castro v. Negrón, supra, pág. 585.

A diferencia de la filiación adoptiva, el reconocimiento

voluntario no puede ser eficaz mientras haya otra filiación

natural contradictoria. Es decir, “[q]uien alega la nueva

filiación está obligado a impugnar la filiación existente a

través

de

una

acción

de

impugnación,

o

a

ejercitar

simultáneamente la de reclamación e impugnación [...] pues

sólo cuando la filiación oficial se destruye puede procederse

a la determinación de la nueva”. (Énfasis suplido) Beníquez

v. Vargas, supra, pág. 249, citando a E. Toral Lara, Novedades

en materia de determinación y prueba de filiación, en E.

Llamas

Pombo,

Nuevos

conflictos

del

derecho

de

familia,

Madrid, Ed. La Ley, 2009, pág. 323. “[S]erá ineficaz el

reconocimiento

si

está

legitimación

anterior

en

oposición

que

con

acredite

un

título

una

de

filiación

contradictoria”. (Énfasis suplido) Castro v. Negrón, supra,

pág. 288.

La declaración de nacimiento es un ejemplo de este tipo

de título que consta en el Registro Demográfico. La Ley del

Registro Demográfico de Puerto Rico, Ley Núm. 24 de 1931,

según

enmendada,

24

LPRA

sec.

1131,

establece

que

las

instituciones hospitalarias tienen la obligación de someter

CC-2020-0653

10

una declaración de nacimiento dentro del término de treinta

días

desde

el

parto.

Entre

los

datos

que

contiene

la

declaración se encuentra el nombre de la mujer que dio a luz

al menor -la madre biológica-. Recordemos que la información

que consta en el Registro Demográfico constituye evidencia

prima facie del hecho que se pretende constatar. Delgado Ex

parte, 165 DPR 170, 187 (2005).

El Registro Demográfico da publicidad de datos vitales

de la persona y de hechos que afectan su estado civil cuando

entran en relación con el Estado o con terceros. Íd., pág.

191.

Su

función

consiste

en

registrar,

coleccionar,

custodiar, preservar, enmendar y certificar hechos vitales de

las personas nacidas en Puerto Rico. Art. 7 de la Ley del

Registro Demográfico de Puerto Rico, 8 LPRA sec. 1042. En

específico,

documento

el

que

certificado

recoge

de

nacimiento

información

constituye

histórica

sobre

“un

hechos

vitales de la persona al momento de su nacimiento”. Íd.

Debemos ser cuidadosos de no abrir el Registro Demográfico

para que en él se coloquen deseos en vez de datos. Nuestra

jurisprudencia es clara en que la Ley del Registro Demográfico

y las disposiciones que permiten registrar información en

este

o

enmendar

sus

asientos

deben

interpretarse

restrictivamente. Íd., pág. 189. Para que se cambien sus

constancias, el cambio tiene que estar previamente autorizado

por la ley. Íd. Igualmente, una orden de nuestra parte para

algún cambio o inscripción en el Registro solo procederá si

hay legislación a esos efectos.

CC-2020-0653

11

Contario a lo que aduce la Opinión mayoritaria, el caso

ante

nuestra

consideración

no

trata

de

una

inscripción

registral por reconocimiento al amparo del Art. 125 del Código

Civil de 1930. El claro lenguaje de este artículo revela que

sus disposiciones no cobijaban a la señora R.P.R. El Art. 125

del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 504, se refiere a la

filiación extramatrimonial. Para ello, define que los hijos

naturales son “los nacidos, fuera del matrimonio, de padres

que al tiempo de la concepción de aquéllos hubieran podido

casarse, sin dispensa o con ella”. Íd. Este artículo establece

que el hijo natural puede ser reconocido por el padre o la

madre conjuntamente, o por solo uno de ellos, en el acta de

nacimiento, o en otro documento público. Íd. Específicamente,

la madre estará obligada al reconocimiento del hijo natural,

cuando se pruebe el hecho del parto y la identidad del hijo.

Íd.

Cabe destacar que la madre a la que se hace referencia

en este artículo es la que establece todo el ordenamiento

jurídico vigente al momento del nacimiento del menor: la que

le dio a luz, porque el alumbramiento determina la maternidad.

Véase Art. 113 del Código Civil de 1930, supra. Incluso, una

lectura completa e integral nos revela que ya que en este

caso quedo evidenciado el hecho del parto y la identidad del

menor, la señora C.T.R. debía reconocer al menor M.J. El menor

no es el hijo natural de la señora R.P.R. El Art. 125 del

Código Civil de 1930, supra, no la facultaba para reconocerlo.

De igual modo, ya que el Art. 31 de la Ley del Registro

Demográfico, 24 LPRA sec. 1231, se refiere al reconocimiento

CC-2020-0653

12

de un hijo natural, no debemos forzar su aplicación a este

caso.

Adviértase que la Opinión Mayoritaria razona la señora

R.P.R. puede reconocer voluntariamente al menor M.J., ya que

la madre biológica renunció válidamente a cualquier derecho

sobre este. Ahora bien, decir que la señora C.T.R. renunció

a los derechos que tenía sobre el menor M.J., es reconocer

que estos derechos le asistían por razón del parto. Además,

una vez se configura una renuncia válida a la patria potestad

de un menor, para que otra persona pase a ser el padre o madre

legal del menor lo que procede es la filiación adoptiva. La

figura del reconocimiento voluntario no es intercambiable con

la adopción. Lo contrario laceraría las salvaguardas que

provee

el

mecanismo

de

adopción.

Establecer

un

vínculo

filiatorio mediante el proceso de adopción no imprime un sello

de desigualdad filiatoria al menor ni a la madre intencional.

La

filiación

adoptiva

no

es

una

filiación

de

segunda

categoría.

Aunque los peticionarios instaron una acción ex parte

sobre Inscripción del certificado de nacimiento y subrogacia

gestacional, queda claro que lo que buscaban era impugnar la

presunción de maternidad que establece el parto para que

entonces se declarara judicialmente la filiación a través del

reconocimiento voluntario.190 Una sentencia emitida en virtud

190

En la Petición ex parte se desprende la súplica siguiente:

Los peticionarios [R.P.R y B.J.J.] solicitan en primer lugar, que

se acepte la renuncia voluntaria de la parte con interés [C.T.R.]

a la patria potestad y maternidad del menor […] derechos y

responsabilidades que se le imponen por razón del parto. En segundo

lugar, los peticionarios solicitan que se les adjudique la patria

CC-2020-0653

de

una

13

solicitud

autorización

judicial

de

es

reconocimiento

un

documento

voluntario

público

con

autentico

suficiente para que se inscriba a un menor. Sin embargo, al

momento de instar la acción ex parte el tribunal tenía ante

sí prueba fehaciente de los datos del parto -entre ellos la

declaración de nacimiento-, de la que surgía que la señora

C.T.R. fue quien dio a luz al menor M.J., por lo que el

tribunal se veía impedido de validar el reconocimiento de la

señora R.P.R., sin que con ello se impugnara eficazmente el

vínculo natural del parto mediante el proceso adecuado.

La prueba presentada no podía estar dirigida solo a

rebatir el vínculo genético ya que este no es determinante

para establecer la relación maternofilial. A estos fines y a

la

luz

del

derecho

entonces

vigente,

la

presunción

de

maternidad se debía impugnar con prueba de que C.T.R. no fue

quien dio a luz al menor, ya sea por sustitución inadvertida

o

por

simulación

del

parto.

Puesto

que

ninguna

de

las

circunstancias reconocidas por la ley aplica a los hechos del

caso,

la

presunción

de

maternidad

no

fue

válidamente

potestad, maternidad y paternidad a su favor, por entender que ello

conviene a los mejores intereses, a la salud, al bienestar del menor

y para atemperar la realidad fáctica de la intención original de

los peticionarios y la parte con interés a la realidad jurídia.

Los peticionarios suplican que se decrete y ordene al Hospital […]

que emita la documentación requerida para que el certificado de

nacimiento original del menor […] incluya a la peticionaria como su

madre y el peticionario como su padre para todos los efectos legales

y con todos los derechos inherentes a la condición de hijo legítimo.

Los peticionarios solicitan, además, que este Honorable Tribunal

autorice y ordene inscribir al menor […] con los nombres de los

peticionarios como su madre y padre, respectivamente, en el

certificado de nacimiento original del menor.

Apéndice de los peticionarios, Petición, pág. 46.

CC-2020-0653

14

impugnada. Existe el hecho biológico fehaciente de que la

señora C.T.R.

alumbró al menor M.J. y por tanto, es su madre

biológica. Por eso, al momento en que se presentó la Petición

ex parte nuestro ordenamiento impedía que se reconociera una

relación maternofilial mediante un Acuerdo de Subrogación.

Nuestra capacidad de intervención judicial no equivale

a que suplantemos y nos adjudiquemos la función legislativa.

Este caso no trata sobre mecanismos intercambiables entre los

que se puede escoger el “menos oneroso”. Al momento del

nacimiento del menor no había autorización legislativa alguna

para que validáramos un reconocimiento voluntario sin que se

rebatiera adecuadamente una presunción en contrario.

II

Más aún, el proceso seguido fue fatalmente defectuoso.

Hemos reiterado que en una acción de filiación tanto la

persona que la reclama, como la persona cuyo estado filiatorio

quedaría

afectado

por

el

dictamen

judicial,

son

partes

indispensables. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág.

680. Esto responde a que el cambio de estado civil provoca un

impacto en los derechos y las obligaciones que provienen de

la filiación. Por ende, no cabe duda de que aquella persona

que

puede

verse

perjudicada

por

el

cambio

de

estatus

filiatorio es parte indispensable, aun cuando sea un menor de

edad. Íd.

Cuando en algún asunto el interés del menor es opuesto

al de su padre o madre con patria potestad, se le debe nombrar

un defensor judicial que lo represente en virtud del poder de

parens patriae que tiene el Estado. Rivera Marrero v. Santiago

CC-2020-0653

15

Martínez, supra, pág. 486. Su norte consiste en proteger los

intereses y el bienestar del menor, de modo que exista una

garantía y protección para su beneficio. Íd., pág. 487. Rivera

Marrero

v.

Santiago

Martínez,

supra,

pág.

486.

Esta

designación dependerá de las circunstancias del caso, pero

siguiendo un criterio de amplitud a favor de la designación

de un defensor judicial. Íd., pág. 488. La Regla 15.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, provee que el tribunal

tiene discreción para nombrar un defensor judicial por razón

de minoría de edad o cuando exista incompatibilidad entre los

intereses de la madre o del padre con los del hijo. Íd., págs.

487-488.

Entretanto, cuando la ley no dispone un procedimiento

específico para cierto asunto el tribunal tiene la facultad

de reglamentar su tramitación, siempre que ello no esté en

conflicto con esta u otras leyes aplicables. Regla 72 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Pero cuando la ley

establece el procedimiento a seguir, este no puede eludirse

bajo un proceso análogo de jurisdicción voluntaria.

Nuestro ordenamiento contiene normas que delinean los

procesos y formalidades a seguir para establecer la filiación

jurídica de un menor de edad. Según los hechos del caso, el

mecanismo correcto para viabilizar la solicitud de la parte

peticionaria era una acción de adopción. De hecho, en este

caso no era posible rebatir la presunción de maternidad, pues

la prueba presentada establece que no hubo simulación del

parto ni sustitución inadvertida del menor. Quedo demostrado

CC-2020-0653

16

que la señora C.T.R. alumbró al menor M.J. Eso era lo único

relevante, según el Código Civil de 1930.

Es conocido que la filiación adoptiva surge de un acto

jurídico solemne, en el cual luego de una ruptura del vínculo

jurídico existente entre un individuo y sus progenitores,

se forma una nueva filiación. A.A.R. Ex parte, supra, pág.

856. Una vez se decreta la adopción “el adoptado será

considerado para todos los efectos legales como hijo del

adoptante con todos los derechos, deberes y obligaciones que

le corresponden por ley”. Art. 137 del Código Civil de 1930,

31 LPRA sec. 538. Del expediente se desprende que en ningún

momento se imposibilitó una acción de adopción; todo lo

contrario, se realizaron los estudios correspondientes a

tales fines.

La Ley de Adopción de Puerto Rico, Ley Núm. 61-2018, 8

LPRA sec. 1081 et seq., declara la política pública de que

el

procedimiento

de

adopción

sea

expedito,

flexible

y

confidencial. Para que este proceso se facilite se proveyó

un procedimiento expedito cuyo tramite total no excederá de

sesenta días desde su inicio hasta su resolución final. Art.

2 de la Ley de Adopción de Puerto Rico, 8 LPRA sec. 1086.

En lo pertinente, este incluye la entrega voluntaria de los

menores por su madre biológica previa renuncia a la patria

potestad. Art. 3 de la Ley de Adopción de Puerto Rico, 8

LPRA sec. 1081b(k). Esta renuncia se debe hacer mediante

documento juramentado ante notario público, en la presencia

de un testigo y puede dejarse sin efecto dentro de los quince

CC-2020-0653

17

días siguientes. Art. 21 de la Ley de Adopción de Puerto

Rico, 8 LPRA sec. 1084.

A su vez, el trámite procesal establece que si consta

en

autos

el

estudio

social

y

el

consentimiento

bajo

juramento, por escrito o dado en corte abierta por las

personas llamadas a consentir, el tribunal puede autorizar

la adopción en la primera comparecencia o en la vista en su

fondo. Arts. 30-31 de la Ley de Adopción de Puerto Rico, 8

LPRA secs. 1086f-1086g. Cuando el tribunal emite el decreto

autorizando la adopción dispone todo lo necesario para

establecer la nueva filiación del adoptado, que incluye el

contenido del nuevo certificado de nacimiento que será

enviado al Registro Demográfico. Art. 33 de la Ley de

Adopción de Puerto Rico, 8 LPRA sec. 1086i.

Queda

claro,

entonces

que

la

señora

R.P.R.

no

se

encuentra desprovista de remedio. Por el contrario, con el

procedimiento expedito de la ley, probablemente ya sería la

madre legal del menor si hubiera instado una petición de

adopción. Ante el foro primario testificó la trabajadora

social de la Unidad de Adopción del Departamento de la

Familia que realizó el estudio social para que se pudiera

adoptar al menor. El hecho de que la peticionaria prefiere

un procedimiento distinto al de adopción no es suficiente

para prescindir del proceso requerido por ley. Bajo el

Código Civil de 2020 la solución es otra, pero esa no es la

ley aplicable.

La Opinión mayoritaria evita aludir expresamente al

concepto de aplicación retroactiva de la ley, pero su análisis

CC-2020-0653

tiene

el

efecto

retroactiva.

asunto

de

18

erróneo

de

aplicar

la

ley

de

forma

Por esto es necesario entonces examinar el

temporalidad

y

aplicar

las

disposiciones

correspondientes sobre Derecho transitorio.

III

A. Contornos contemporáneos y la maternidad subrogada

A través de un contrato de maternidad subrogada o

maternidad

sustituta

una

persona

(el

padre

o

madre

intencional) y una mujer (madre subrogada) acuerdan que esta

última gestará a la criatura para los padres intencionales

y que renuncia a todo derecho que pudiera tener sobre el

nacido. (Traducción nuestra) Surrogate-parenting agreement,

Black’s Law Dictionary, 9th ed., [s.l]; Ed. Bryan A. Garner,

2009, pág. 1583. La literatura académica distingue entre la

subrogación tradicional y la subrogación gestacional. En la

subrogación tradicional la mujer gestante está vinculada

genéticamente al crio ya que se fertiliza su propio óvulo.

Traditional surrogacy, Black’s Law Dictionary, op. cit.,

pág. 1582. En cambio, en la subrogación gestacional se

utiliza el óvulo de una mujer distinta a la portadora, quien

carece de vínculo genético con la criatura. Gestational

surrogacy, Black’s Law Dictionary, op. cit., pág. 1582. En

el caso de autos el menor M.J. es producto de subrogación

gestacional y no posee vínculo genético alguno con la madre

intencional ni con la madre gestante, pero posee vínculo

biológico con esta última.

El menor M.J. nació mientras se encontraba vigente el

Código Civil de 1930. Por ello, aplica la norma sustantiva

CC-2020-0653

19

de que su presunta madre es quien le dio a luz. A pesar de

que sostengo que el Código Civil de 2020, no aplica al caso

ante

nosotros,

ello

no

significa

que

ignore

que

este

contiene disposiciones sobre la reproducción asistida. En

efecto, el tipo de maternidad subrogada que contempla el

Código Civil de 2020 es aquel en el que la mujer que da a

luz no tiene vínculo genético con la criatura, es decir, la

maternidad subrogada gestacional. Nótese, que el legislador

no estableció una presunción de maternidad a favor de la

madre intencional, sino que se limitó a reconocer que cuando

haya un acuerdo de maternidad subrogada gestacional no rige

la norma de que el parto determina la maternidad. Incluso,

el cambio en la norma pretende que la mujer pueda reconocer

su maternidad cuando tiene vínculo genético con el menor, a

pesar de que este fue gestado por otra mujer. Memorial

Explicativo del Código Civil 2020, págs. 522-523; M. Garay

Aubán, Código Civil de Puerto Rico 2020 y su historial

legislativo, 1ra ed., San Juan,

Ed. Situm, T. I, 2020, pág.

397.

B. Irretroactividad de la ley

Puede percibirse que el Código Civil de 2020 dio un paso

enorme de avance en esta área del Derecho al establecer que

la filiación materna en los casos de maternidad subrogada

gestacional no se rige por la norma legal de que el parto

determina la maternidad. Sin embargo, eso no nos autoriza a

hacer

retroactiva

esa

norma

sustantiva

de

ausencia de la voluntad expresa del legislador.

Derecho,

en

CC-2020-0653

20

En lo aquí concerniente, tanto el Código Civil de 1930,

Art. 3, 31 LPRA sec. 3, como el Código Civil de 2020, Art. 9,

31 LPRA sec. 5323, contienen la norma general de que las leyes

no tendrán efecto retroactivo, excepto cuando se dispone

expresamente

lo

contrario.

De

igual

modo,

ambos

cuerpos

normativos establecen que en ningún momento se impondrá el

efecto retroactivo de una ley para perjudicar los derechos

adquiridos al amparo de legislación anterior. Íd.

El principio de irretroactividad de las leyes sirve

como

fundamento

de

interpretación

estatutaria.

Asoc.

Maestros v. Depto. Educación, 171 DPR 640 (2007). Este

principio brinda seguridad jurídica a fin de que los sujetos

actúen amparados por una legislación determinada. Díaz Ramos

v. Matta Irizarry, 198 DPR 916, 929 (2017). Sin embargo, una

ley puede tener efectos retroactivos cuando así surja de la

intención legislativa, ya sea de forma expresa o tácita.

Rivera Padilla v. OAT, 189 DPR 315, 340 (2013); Clases A, B

y C, 183 DPR 666, 679 (2011). De lo contrario, “la ley

aplicable

al

asunto

es

la

que

estaba

vigente

cuando

ocurrieron los hechos que dan lugar a la causa de acción”.

Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150, 158 (2000). Por eso,

debido a que la retroactividad es un acto excepcional, la

intención del legislador sobre tal efecto debe relucir del

propio cuerpo normativo.

Díaz Ramos v. Matta Irizarry,

supra. En caso de duda, los tribunales deben decidir por la

no retroactividad de la ley y en los casos en que se la ley

disponga que se aplique retroactivamente, ha de hacerlo el

juzgador prudentemente y con sentido retroactivo. Nieves

CC-2020-0653

Cruz

v.

21

U.P.R.,

supra,

págs.

158-159;

J.

Puig

Brutau,

Introducción al Derecho Civil, Ed. Bosch. Barcelona, 1981,

pág. 181.

La

norma

de

irretroactividad

de

las

leyes

es

especialmente pertinente a estatutos de carácter sustantivo.

Cortés Córdova v. Cortés Rosario, 86 DPR 117, 123 (1962).

En contrario, las normas procesales pueden aplicarse a casos

pendientes. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación

e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev.,

San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 400.

En lo concerniente, tiene aplicación la norma reiterada

de que los derechos filiatorios se rigen por la ley sustantiva

vigente al momento del nacimiento del menor. Véase: Beníquez

v. Vargas, supra; Silva v. Doe, 75 DPR 209, 218 (1953); Torres

v. Sucn. Cautiño, 70 DPR 646, 652 (1949); Toro v. Ríos, 68

DPR 760, 761 (1948); Mercado v. Sucn. Mangual, 35 DPR 422,

423 (1926); Morales v. Sucn. Cerame, 30 DPR 843 (1922); Méndez

v. Martínez, 21 DPR 252, 266 (1914); Charres v. Arroyo, 16

DPR 816, 821 (1910). Esto es así a menos que la nueva ley

expresamente disponga su aplicación retroactiva o que esa sea

la intención legislativa. Martínez et al. v. Vda. de Martínez,

88 DPR 443, 453 (1963).

Ahora bien, la doctrina de irretroactividad no es una

limitación

insuperable

para

que

el

poder

legislativo

modifique legislación anterior en materia filiatoria. Nuestro

pronunciamiento en Ocasio v. Díaz, 88 DPR 676 (1963), es un

ejemplo de esto. En aquel momento, determinamos que, por

imperativo constitucional, sin importar la fecha ni demás

CC-2020-0653

22

circunstancias del nacimiento, no puede haber distinción

entre los entonces llamados hijos naturales, adulterinos o

legítimos.

No podemos perder de vista que el tema central de aquel

caso era la disponibilidad de igual trato jurídico para toda

declaración judicial de estado filiatorio. Asimismo, quedó

evidenciado que hacer distinciones judiciales entre tipos de

hijos es incongruente con el principio de igual trato jurídico

consagrado en nuestra Constitución. Por ello, la aplicación

retroactiva estuvo dirigida a eliminar un grave mal social:

la clasificación de hijos legítimos vis a vis los ilegítimos.

Ocasio v. Díaz, supra.

En

el

caso

de

autos

no

nos

encontramos

ante

una

situación de contravención a los principios constitucionales

de igualdad ni se elimina un tipo de filiación. No se implica

un trato distinto con relación al menor M.J. y los derechos

y obligaciones en función de sus padres y familia. Tampoco

hay algún precepto constitucional que se vea afectado y

amerite la aplicación retroactiva de una norma filiatoria.

En múltiples ocasiones hemos tenido la oportunidad de

sopesar el principio de irretroactividad de las leyes en

asuntos de filiación. En Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 182

DPR

803

(2011),

nos

expresamos

sobre

algunas

de

las

enmiendas que realizó la Ley Núm. 215-2009 al Código Civil

de 1930, entre ellas el cambio en los términos y forma para

impugnar la presunción de paternidad y de maternidad. Allí

la controversia giraba en torno a si los nuevos términos

aplicaban a pleitos pendientes de adjudicación ante los

CC-2020-0653

23

tribunales al momento de entrar en vigor la Ley Núm. 2152009. Nuestra decisión se asentó en que la ley objeto de la

controversia contenía una medida de derecho transitorio que

instauraba expresamente la aplicación retroactiva de las

enmiendas a los casos pendientes de adjudicación, en unión

a

la

intención

determinamos

aplicaban

que

del

legislador.

resultaba

fundamental

Nótese

la

que

consecuencia,

que

las

evidente

retroactivamente

adjudicación.

Como

a

pleitos

pendientes

de

pronunciamiento

fue

para

ese

de

derecho

cláusula

enmiendas

transitorio

que

autorizaba la aplicación retroactiva a pleitos pendientes.

Eso

es

acorde

con

la

jurisprudencia

relativa

a

la

irretroactividad de las leyes.

Tomando en cuenta que las relaciones filiales se rigen

por la ley vigente al momento del nacimiento del menor, es

menester

que

contestemos

las

siguientes

preguntas:

¿El

Código Civil de 2020 contiene una disposición transitoria

que expresamente establezca su aplicación retroactiva a

asuntos

de

derecho

filiatorio?

De

no

ser

así

¿podemos

afirmar que la intención legislativa fue la aplicación

retroactiva de la ley? Ambas preguntas son consistentes con

el análisis que reiteradamente hemos llevado a cabo al

momento de decidir sobre los derechos filiatorios de los

menores. Véase, Vázquez Vélez v. Caro Moreno, supra.

Debemos

negativa.

disposición

El

contestar

las

Código

Civil

transitoria

que

preguntas

anteriores

de

no

2020

expresamente

en

la

contiene

una

establezca

su

aplicación retroactiva a asuntos de derecho filiatorio.

CC-2020-0653

24

Tampoco podemos afirmar que la intención legislativa fue su

aplicación retroactiva. De un análisis integrado y ponderado

de

la

figura

de

la

filiación

y

el

principio

de

irretroactividad, resulta que no estamos ante un estatuto

de naturaleza meramente procesal. El Código Civil es un

cuerpo de leyes sustantivas. MacCormick et al. v. Molinari

et al., 16 DPR, 409 (1910). Este establece lo referente a

los derechos filiatorios. Y es que la norma principal de que

el parto determina la maternidad es un asunto de Derecho

sustantivo. En cambio, cómo se prueba eso y mediante qué

procedimiento

legal

son

cuestiones

secundarias

y

dependientes de esta norma sustantiva.

Indudablemente el estado filiatorio de un menor podría

implicar asuntos procesales y probatorios, pero no por ello

debemos -por fiat judicial- soslayar que principalmente se

trata de un asunto sustantivo y de cómo adquirir derechos.

Recalco que el Código Civil de 2020 es un cuerpo normativo

de carácter sustantivo. Considero que no es suficiente

señalar que las presunciones son instituciones probatorias

de carácter procesal para, sin más, imponer por conducto

judicial la aplicación retroactiva de una ley a un asunto

sustantivo. En el afán de llegar a una solución que parezca

simpática no podemos lacerar un derecho tan prominente como

lo es el estado o la condición de hijo. La determinación de

la filiación es un asunto de Derecho sustantivo y ello no

cambia por los métodos probatorios -incluyendo presuncionesque se usen para establecerla.

CC-2020-0653

25

El menor M.J. nació en el año 2019 por lo que el Código

Civil de 1930 rige lo relacionado a su estado filiatorio.

Aunque el Código Civil de 2020 incluye expresamente el

concepto de maternidad subrogada este no es aplicable a la

controversia debido a que: (1) no contiene expresamente que

sus

disposiciones

serán

aplicables

a

casos

filiatorios

pendientes de adjudicación; (2) no se denota la intención

legislativa

de

su

aplicación

retroactiva,

tampoco

su

necesidad; (3) es un cuerpo normativo de carácter sustantivo

y

no

de

meras

normas

procesales;

(4)

no

contiene

una

disposición transitoria que configure una excepción a la

retroactividad en materia de filiación y (5) la aplicación

del

Código

Civil

de

1930

no

vulnera

preceptos

constitucionales.

Es correcto que el Art. 1808 del Código Civil de

2020, 31 LPRA sec. 11713, dispone:

Las acciones y los derechos nacidos y no

ejercitados antes de la entrada en vigor de este

Código, subsisten con la extensión y en los términos

que le reconoce la legislación precedente; pero

sujetándose,

en

cuanto

a

su

ejercicio

y

procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto

en este Código. Si el ejercicio del derecho o de la

acción se halla pendiente de procedimientos

comenzados bajo la legislación anterior, y estos

son diferentes de los establecidos en este Código,

pueden optar los interesados por unos o por otros.

Sin embargo, esta disposición procesal no es aplicable

a esta controversia ya que rige la norma sustantiva de que el

parto determina la maternidad. Esto es una norma de derecho

sustantivo y no una regla de derecho probatorio. “Cualquier

regla

de

derecho

sustantivo

de

la

forma

A

es

B

podría

CC-2020-0653

26

expresarse como una presunción incontrovertible con hecho

básico A y hecho presumido B. Pero sigue siendo una norma de

derecho sustantivo, no una regla de evidencia”. (Énfasis en

el

original)

E.

Chiesa

Aponte,

Reglas

de

evidencia

comentadas, 1ra ed., San Juan, Ed. Situm, 2016, pág. 63.

C. Autolimitación judicial

Nuestro ordenamiento jurídico permite el reconocimiento

voluntario

materno.

Sin

embargo,

el

reconocimiento

voluntario, ya sea paterno o materno, no es inscribible si es

contrario a un título contradictorio de filiación. No estamos

ante un trato discriminatorio. No es necesario discutir el

aspecto

constitucional

de

este

asunto.

La

norma

de

autolimitación judicial requiere que si un asunto se puede

resolver utilizando un análisis estatutario es innecesario

considerar el aspecto constitucional. Com. CNP v. CEE, 197

DPR 914, 926 (2017).

Cuando se cuestiona la validez de una ley, el Tribunal

decidirá si alguna interpretación razonable permite soslayar

la cuestión constitucional. AMPR v. Sist. Retiro de Maestros

IV, 190 DPR 854, 878 (2014). Esto responde a consideraciones

constitucionales

y

tribunales

esfuercen

se

prudenciales

por

que

requieren

lograr

que

los

interpretaciones

congruentes y compatibles que adelanten la constitucionalidad

de las leyes. Brau, Linares v. ELA, 190 DPR 315, 337 (2014).

“La norma de autolimitación judicial que se ha impuesto este

Tribunal requiere que decidamos sobre la constitucionalidad

de una ley sólo cuando no haya otra manera de adjudicar la

controversia ante nuestra consideración”. A.A.R., Ex parte,

CC-2020-0653

27

supra, pág. 994. Por todo lo anterior, no es necesario

adentrarnos en un análisis de una impugnación constitucional

que nadie ha hecho y que no es correcta.

IV

Como expliqué, aunque se puede presentar evidencia para

impugnar la presunción de maternidad, esta prueba no va

dirigida a rebatir que la madre biológica de un menor es quien

lo alumbró, sino a probar que quien en realidad dio a luz

-madre biológica- es alguien diferente a quien se cree que lo

hizo. La excepción que introduce el Código Civil de 2020 en

los casos de maternidad subrogada gestacional no representa

un

cambio

en

los

maternidad.

Más

bien

procedimientos

es

una

para

determinar

modificación

de

la

la

norma

sustantiva. Mantuvo el parto como factor que determina la

maternidad, pero sustrajo de esa regla -como excepción- la

maternidad subrogada en la que la persona que alumbró al bebé

no tiene vínculo genético con él. Por tratarse de un asunto

de derecho sustantivo la nueva normativa no tiene aplicación

retroactiva.

Los

señalamientos

de

error

que

son

eje

de

esta

controversia residen en cuál es el procedimiento legal para

que se inscriba a la madre intencional como madre legal del

menor M.J. -nacido por subrogación gestacional-. Queda claro

que el proceso no podía basarse en una mera petición ex

parte de reconocimiento voluntario ya que al momento de

instarse

había

prueba

fehaciente

de

una

filiación

contradictoria por la presunción de maternidad que se deriva

del parto. En otras palabras, una vez el menor M.J. fue dado

CC-2020-0653

28

a luz por la señora C.T.R. estaba presente la presunción de

que esta era su madre. De ese modo, el reconocimiento

voluntario hecho por la señora R.P.R. no podía ser eficaz

hasta tanto se rebatiera la presunción de maternidad de la

señora C.T.R. Ante la falta de vínculo biológico entre la

peticionaria y el menor, el mecanismo disponible por ley

para viabilizar que esta pase a ser la madre legal es la

adopción.

Aun cuando se trató de impugnar la filiación materna del

menor, no se instó la acción adecuada ni se acumuló al menor

como

parte.

Por

más

atractivo

que

nos

parezca,

nuestro

ordenamiento no dispone para que se rebata la presunción de

maternidad o paternidad en una acción inadecuada y en la que

falten partes indispensables.

Así pues, si de los datos disponibles en el Registro

Demográfico surge que otra mujer fue quien dio a luz al

menor,

el

Registro

se

encuentra

impedido

de

inscribir

automáticamente a la reconocedora o madre intencional como

madre legal. Además, el proceso judicial en el que ceda la

filiación presunta no solo debe ser oportuno, sino también

adecuado. Solo en un proceso judicial oportuno y correcto

que impugne el hecho del parto se puede rebatir eficazmente

la presunción de maternidad. Aunque se presente prueba

pertinente, si hay ausencia de partes indispensables el

dictamen judicial sería nulo. Por lo tanto, contrario a lo

que plantea la Opinión mayoritaria, el proceso ex parte no

tuvo el efecto de derrotar la determinación legal de que la

señora C.T.R. es la madre del menor, por razón del parto.

CC-2020-0653

29

El parto determina la maternidad y el Código Civil de 1930

no eximía la maternidad subrogada gestacional de esa norma,

a diferencia del Código Civil de 2020.

Es por esa razón que disiento respetuosamente del curso

de acción seguido por este Tribunal. “Cuando se fuerza el

Derecho en busca de una solución preferida el fantasma del

mal

precedente

Ramírez

v.

reaparecerá

Acosta,

104

a

DPR

atormentarnos”.

Caraballo

474,

(Opinión

489

(1975)

Disidente del Juez Asociado señor Díaz Cruz).

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

RPR & BJJ

Peticionarios

CC-2020-0653

Ex parte

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2021.

Luego de analizar los asuntos sensitivos que contiene el

caso de epígrafe, respetuosamente disiento de la Opinión

Mayoritaria.

Es

un

incorporó

hecho

avances

innegable

que

científicos

el

en

Código

el

campo

Civil

de 2020

jurídico.

En

particular, reconoció la filiación maternofilial en los casos

de

maternidad

subrogada

gestacional.

Así,

viabilizó

en

nuestro ordenamiento nuevas y diversas formas para reconocer

uno de los vínculos más íntimos y trascendentales entre los

seres humanos: la maternidad. De igual forma, dejó atrás

nociones tajantes y anticuadas que no tienen igual aplicación

hoy día.

CC-2020-0653

2

A pesar de que reconozco el progreso jurídico que el

nuevo Código Civil trajo en el tema de reproducción asistida,

es mi postura que la Asamblea Legislativa no dispuso expresa

ni tácitamente la aplicación retroactiva de las disposiciones

contenidas en el Código Civil de 2020. Ante ello, procedía

resolver al amparo del Código Civil de 1930, cuyo cuerpo

normativo estaba vigente al momento de los hechos.

Esto no quiere decir que por aplicar el Código Civil de

1930 el menor M.J. queda desprovisto de un vínculo filial con

la

señora

R.P.R.

Ello

es

posible

mediante

la

filiación

adoptiva. De esta forma es que se puede reconocer como hijo

ante la incapacidad de rebatir la presunción iuris tantum

establecida por la normativa aplicable de que la señora C.T.R.

–en calidad de madre subrogada- alumbró al menor M.J.

Esta

filiación adoptiva concede los mismos derechos y obligaciones

que otorga la filiación natural.

Sin

embargo,

este

Tribunal

se

adjudicó

facultades

legislativas al desviarse del principio de irretroactividad.

Por ello, disiento.

A continuación, reseño brevemente el tracto procesal del

caso de autos en ánimo de ilustrar en justa perspectiva los

fundamentos que me motivan a emitir el presente disenso.

I

Los hechos del presente caso se remontan en el profundo

deseo

del

matrimonio

compuesto

por

R.P.R.

y

B.J.J.

(peticionarios) en procrear un hijo. Tras múltiples intentos

CC-2020-0653

fallidos,

3

optaron

por

utilizar

el

procedimiento

de

reproducción asistida mediante tercero para convertirse en

padres. Los peticionarios pactaron con la señora C.T.R. un

Acuerdo de Subrogación. Mediante este, consignaron que la

señora C.T.R. sería la madre subrogada gestacional. Ello

implica que sería la portadora del menor, sin vínculo genético

con la criatura toda vez que se utilizó el óvulo de una mujer

donante.

En

este

proceso

de

fertilización

in

vitro

se

utilizaron los espermatozoides del señor B.J.J. En el Acuerdo

de Subrogación, pactaron que luego del alumbramiento del

menor, la señora C.T.R. renunciaría a todos los derechos y

las obligaciones que le revisten con el menor a consecuencia

del parto.

Tras

el

nacimiento

del

menor,

los

peticionarios

presentaron el 13 de marzo de 2019 una Petición ex parte ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia.

En

su

petitorio,

le

solicitaron al foro primario tres (3) asuntos previo a ordenar

la inscripción del menor con sus apellidos, a saber: (1)

aceptar la renuncia voluntaria de la señora C.T.R. a la patria

potestad y maternidad del menor, así como los derechos y

responsabilidades que se le impone por razón de parto; (2)

adjudicar la patria potestad, maternidad y paternidad a su

favor, ya que esa fue la intención original en el acuerdo

suscrito entre las partes, y (3) ordenar a la institución

hospitalaria

donde

nació

el

menor

a

que

“emita

la

documentación requerida para que el certificado de nacimiento

original del menor [M.J.] incluya a [los peticionarios] como

CC-2020-0653

4

sus padres para todos los efectos legales y con todos los

derechos inherentes a la condición de hijo legítimo”.191 De

modo que los peticionarios no deseaban que se consignara en

los documentos registrales que la señora C.T.R. alumbró al

menor M.J. Nótese que la naturaleza de esta Petición no se

circunscribe únicamente a la inscripción del menor, sino a la

impugnación

de

relaciones

filiales

y

al

reconocimiento

voluntario mediante un Acuerdo de Subrogación.

Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia le

notificó la Petición a la Procuradora de Asuntos de Familia

(Procuradora) y al Departamento de la Familia. Asimismo, le

ordenó a este último a preparar un estudio social sobre el

núcleo familiar de los peticionarios. Tras emitirse la Orden,

la Procuradora presentó un Urgente Informe Fiscal. En este

sostuvo que, dado a unas complicaciones de salud del menor,

los peticionarios le solicitaron el certificado de nacimiento

para

que

el

menor

obtuviera

un

plan

médico.

Ante

tal

escenario, esbozó la Procuradora que nuestro ordenamiento

permite que el padre biológico –el señor B.J.J.- reconozca

voluntariamente al menor con sus dos apellidos al amparo del

Artículo 19-A de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según

enmendada, conocida como la Ley del Registro Demográfico de

Puerto Rico, 24 LPRA sec. 1133a. Indicó que, posteriormente,

la señora R.P.R. deberá presentar una petición de adopción

dado que no alumbró al menor M.J. Así las cosas, el tribunal

191

Apéndice de los peticionarios, Petición, pág. 46.

CC-2020-0653

5

de instancia ordenó al Registro Demográfico a inscribir al

menor con los dos apellidos del señor B.J.J.

Luego de varios trámites procesales, el foro primario

celebró dos (2) vistas para dilucidar si la señora R.P.R.

podía inscribir al menor como su hijo. En estas vistas las

partes tuvieron la oportunidad de presentar evidencia y sus

argumentos.192 Los peticionarios, por un lado, argumentaron

que, a raíz del vacío legislativo, procedía utilizar el

reconocimiento voluntario establecido en la Ley del Registro

Demográfico, supra, para que la señora R.P.R. obtenga la

filiación natural del menor y este sea inscrito en el Registro

Demográfico como su hijo biológico. La Procuradora, por otro

lado, arguyó que “en nuestro ordenamiento jurídico no se ha

legislado para lo que solicitan los peticionarios que es que

se ordene al Registro Demográfico la inscripción del menor

como hijo de [R.P.R.] por filiación natural, a pesar de que

no es biológicamente su madre”.193 Adujo que, ante la laguna

legislativa, procedía la filiación adoptiva de conformidad

con la Ley Núm. 61-2018, conocida como la Ley de Adopción de

Puerto Rico, 8 LPRA sec. 1081 et seq. Luego de escuchar los

argumentos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia,

emitió una Sentencia en la cual resolvió –mediante equidadque

la

Ley

del

Registro

Demográfico,

supra,

permite

la

inscripción de un hijo por reconocimiento voluntario de un

En las vistas celebradas comparecieron los peticionarios; la

Procuradora en representación del Ministerio Público; el Departamento de

la Familia mediante su representación legal; la Trabajadora Social del

Departamento de la Familia; la Unidad de Adopción representada por la

Sra. Yolanda Navedo, y la madre subrogada, la señora C.T.R.

193 Apéndice de los peticionarios, Sentencia, pág. 93.

192

CC-2020-0653

6

padre o madre. Por ello, ordenó la inscripción del menor con

el nombre de R.P.R. como su madre natural. Cabe mencionar que

previo a su dictamen, el foro primario obtuvo un Informe

Positivo de la Unidad de Adopción para la filiación adoptiva

entre la señora R.P.R. y el menor M.J.

En

desacuerdo

con

la

determinación,

la

Oficina

del

Procurador General presentó una Moción de Reconsideración en

la cual reiteró sus argumentos. Sin embargo, el foro primario

denegó su solicitud.

Inconforme

aún,

el

Procurador

General

recurrió

al

Tribunal de Apelaciones. Allí sostuvo que el tribunal de

instancia abusó de su discreción al ordenar la inscripción

del menor como hijo biológico de R.P.R. Reiteró que previo a

inscribir el menor, procedía el procedimiento de adopción.

Oportunamente, los peticionarios se opusieron y alegaron que

la Sentencia recurrida estaba correcta en derecho.

Así las cosas, el foro apelativo intermedio emitió una

Sentencia. Mediante esta, revocó el dictamen del Tribunal de

Primera Instancia al concluir que la señora C.T.R. y su

entonces pareja consensual son partes indispensables, por lo

cual

resolvió

que

el

foro

primario

estaba

impedido

de

adjudicar la controversia sin la presencia de estos. Los

peticionarios

solicitaron

reconsideración,

la

cual

fue

denegada.

Inconformes con lo resuelto, los peticionarios recurren

ante nos mediante un Recurso de Certiorari. En esencia,

CC-2020-0653

7

señalan que el Tribunal de Apelaciones erró en las dos (2)

determinaciones siguientes: (1) al revocar la sentencia del

foro primario por falta de partes indispensables, y (2) al

convertir el proceso ex parte en una controversia ficticia

respecto al Acuerdo de Subrogación.

II

A.

Al momento en que ocurrieron los hechos del caso de

epígrafe estaba vigente el Código Civil del 1930. El entonces

cuerpo normativo regulaba la doctrina de filiación. Esta

doctrina constituye uno de los pilares fundamentales en el

Derecho de Familia ya que responde a imperativos de política

pública. González Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 DPR 554,

561 (2006). La filiación concede derechos y obligaciones a

las madres y a los padres en relación con sus hijos, y

viceversa. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462,

476 (2019). La filiación es “el estado civil de una persona,

determinado por la situación que, dentro de una familia, le

asigna el haber sido engendrada en ella o el estar en ella en

virtud de la adopción o de otro hecho legalmente suficiente

al efecto”. Castro v. Negrón, 159 DPR 568, 579-580 (2003).

Por ello, nuestro ordenamiento reconocía dos (2) tipos de

filiación:

la

natural

y

la

adoptiva.

Rivera

Marrero

v.

Santiago Martínez, supra; A.A.R., Ex parte, 187 DPR 835, 856

(2013). La filiación natural refleja la realidad biológica

entre los padres con el menor. A.A.R., Ex parte, supra.

CC-2020-0653

8

Mientras, la filiación adoptiva nace mediante una ruptura

total del vínculo jurídico con parentela biológica, de modo

que se crea una nueva filiación entre el menor con la persona

adoptante. Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 233

(2012). La filiación adoptiva constata una “ficción jurídica

cuyo fin es crear los mismos derechos y obligaciones que

existen entre padres e hijos que ostenten filiación natural”.

(Énfasis suplido). A.R.R., Ex parte, supra, pág. 857; Zapata

et al. v. Zapata et al., 156 DPR 278, 286 (2002). De modo que

la relación filial se enmarca en una realidad dual: la

biológica y la jurídica. Sin embargo, la realidad biológica

y la jurídica podrían no coincidir. Beníquez et al. v. Vargas

et al., supra, pág. 227.

En vista de lo anterior y en lo aquí pertinente, la

filiación

natural

establece

unas

presunciones

controvertibles. Particularmente, en el Art. 113 del entonces

Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 461, dispone:

Se presumen hijos del marido de la mujer casada los

nacidos durante el matrimonio y los nacidos antes

de los trecientos días siguientes a su disolución.

El reconocimiento voluntario crea una presunción de

paternidad a favor de reconocedor. El parto

determina la maternidad. (Énfasis suplido).

El precitado artículo dispone expresamente que

la

presunción maternofilial está inexorablemente atada al hecho

del parto, sin distinción alguna sobre el estado marital de

la mujer. Esta norma proviene del Derecho Romano mater semper

certa est (“la madre siempre es conocida”), por lo que fue

CC-2020-0653

codificada

9

mucho

antes

que

la

ciencia

reconociera

la

reproducción asistida mediante terceros. R. Serrano Geyls,

Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada,

San Juan, P.R., 1ra ed., 2002, Vol. II, pág. 957. A diferencia

de la filiación paterna, el ordenamiento otorgaba certeza

sobre la filiación materna ya que el alumbramiento ofrecía

una garantía en cuanto al vínculo entre la mujer y el recién

nacido. Almodóvar v. Méndez Román, 125 DPR 218, 235 (1990).

Ahora bien, el Código Civil de 1930 admitía

instancias

controvertir

esta

presunción

en ciertas

respecto

a

la

procedía

al

filiación materna.

La

probarse

impugnación

que

hubo

maternofilial

simulación

únicamente

de

parto

o

sustitución

inadvertida del hijo. Art. 115 del Código Civil de 1930,

supra. Quien tenía legitimación activa para instar este tipo

de impugnación era la presunta madre y la madre biológica,

así

como

el

hijo

y

el

presunto

padre.

Íd.

De

probarse

cualquiera de los dos (2) escenarios o mediante decreto

judicial autorizando la adopción, la madre podía reconocer

voluntariamente al menor e inscribirlo con su apellido de

conformidad

con

el

Art.

19-A

de

la

Ley

del

Registro

Demográfico, supra.194

194

Este artículo dispone lo siguiente:

Si el nacimiento es reconocido por uno solo de los padres será

obligación del Registro Demográfico, cuando así lo requiera dicho

padre o madre al momento de la inscripción, realizar la inscripción

haciendo constar los dos apellidos del único que lo reconoce. Si con

posterioridad a la inscripción surgiera la intención de un

reconocimiento voluntario, el Registro Demográfico viene en la

obligación de sustituir el apellido del padre o la madre de acuerdo

CC-2020-0653

No

10

se

puede

perder

de

perspectiva

que

ambas

legislaciones -tanto la Ley del Registro Demográfico, supra,

como

el

Código

Civil

de

1930-

se

deben

interpretar

en

conjunto, y no de manera aislada y separada. Más aún cuando

el

Código

Civil

consigna

derechos

sustantivos

sobre

la

filiación, que luego tienen efectos procesales mediante la

Ley del Registro Demográfico, supra. La Ley del Registro

Demográfico, supra, no concede derechos sustantivos relativos

la doctrina de filiación, sino da publicidad de datos vitales

de la persona, así como su estado civil. Delgado, Ex parte,

165 DPR 170, 187 (2005). Esta legislación tiene como norte

registrar,

coleccionar,

custodiar,

preservar,

enmendar

y

certificar hechos vitales de las personas nacidas en Puerto

Rico. Art. 7 de la Ley del Registro Demográfico, supra. En

ese

sentido,

de

no

impugnarse

la

relación

maternofilial

mediante simulación de parte o sustitución inadvertida, la

madre que alumbró al menor estaba obligada a reconocer a su

hijo, “cuando se pruebe cumplidamente el hecho del parto y la

identidad del hijo”. Art. 125 del Código Civil de 1930, supra.

No obstante lo anterior, el campo jurídico logró alcanzar

los cambios sociales y científicos del Siglo XXI al reconocer –

como excepción- el derecho filiatorio mediante la figura de

madre subrogada

gestacional.

Ello

ocurrió luego

de

la

aprobación del nuevo Código Civil en el verano de 2020,

a la documentación evidenciada. (Énfasis suplido). Art. 19A de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada,

mejor conocida como la Ley del Registro Demográfico de

Puerto Rico, 24 LPRA sec. 1133a.

CC-2020-0653

11

mientras el caso de autos estaba pendiente en el Tribunal

de

Apelaciones.

Este

Código

Civil

trajo

cambios

significativos en el Derecho de Familia. Particularmente,

reconoce el reconocimiento voluntario maternofilial en casos

de maternidad subrogada sin vínculo genético con el hijo que

se desprende de su vientre. Art. 567 del Código Civil de 2020,

31 LPRA sec. 7121. Así pues, se permite la reproducción humana

asistida con la intervención de terceros donantes de material

genético o mujeres gestantes sin vínculo genético. Memorial

Explicativo del Código Civil 2020, pág. 522. Ahora bien, cabe

preguntarse si la Asamblea Legislativa dispuso que esta nueva

norma aplica de manera retroactivamente.

B.

El

principio

de

irretroactividad

es

una

norma

estatutaria consignada en el Código Civil de 1930, así como

en el Código Civil de 2020, la cual establece que la ley no

tendrá efecto retroactivo a menos que así lo dispusiera

expresamente. Art. 9 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec.

9; Art. 3 del Código Civil de 1930, supra. En consecuencia,

únicamente procede la retroactividad cuando así se desprenda

de la norma estatutaria. Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198

DPR 916, 929 (2017); Asoc. Maestros v. Depto. Educación, 171

DPR 640, 648 (2007). De no ser así, la ley aplicable a la

causa de acción es la vigente al momento de los hechos. Nieves

Cruz ex rel. Hernández Nieves v. UPR, 151 DPR 150, 158 (2000).

El

propósito

primordial

de

este

principio

es

proveer

estabilidad jurídica en las causas de acción. Díaz Ramos v.

CC-2020-0653

12

Matta Irizarry, supra. Por consiguiente, el principio de

irretroactividad

cobra

mayor

fuerza

atiende

sustantivos.

Cortés

asuntos

ante

una

Córdova

norma

v.

que

Cortés

Rosario, 86 DPR 117, 123-124 (1962). Empero, cuando se trata

de normas procesales pueden aplicarse a casos pendientes ante

el

foro

judicial.

R.E.

Bernier

&

J.A.

Cuevas

Segarra,

Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 2da.

ed., San Juan, P.R., 1987, Publicaciones JTS Inc., pág. 400.;

J. Puig Brutau, Introducción al Derecho Civil, Barcelona,

Bosh, 1981, pág. 181.

Según

rígido,

de

hemos

establecido,

aplicación

este

absoluta.

principio

Consejo

de

no

es

Titulares

uno

v.

Williams Hospitality, 168 DPR 101, 107 (2006). A manera de

excepción, en ciertas instancias procede la retroactividad de

una ley cuando así lo indique expresa o tácitamente

la

Asamblea Legislativa. Rivera Padilla v. OAT, 189 DPR 315, 340

(2013); Asoc. Maestros v. Depto. Educación, supra. De no

surgir

de

manera

diáfana

y

clara,

continúa

entonces

la

presunción de irretroactividad. Nieves Cruz ex rel. Hernández

Nieves v. UPR, supra. Nos desviamos de ese principio “cuando

ello es necesario para la transformación y el progreso de

situaciones

pasadas

que

deben

eliminarse

por

razones

de

justicia o interés general”. Íd., pág. 158.

En el Derecho de Familia hemos aplicado retroactivamente

varias legislaciones. En Pérez Valdivieso v. León, 52 DPR 512

(1938), resolvimos que procedía aplicar la entonces nueva

causal de divorcio de separación por siete (7) años, aunque

CC-2020-0653

13

no estuvo vigente cuando se instó la demanda de divorcio. Íd.

Particularmente,

este

Tribunal

determinó

que

a

raíz

del

interés público “sus gobiernos se han reservado siempre el

poder de regular con entera libertad”, por lo cual se aplicó

retroactivamente la disposición del entonces Código Civil

enmendado. Íd., pág. 518. Ahora bien, no se puede equiparar

la institución matrimonial con la doctrina de filiación, dado

que en esta última está de por medio un menor, cuyo bienestar

y derechos adquiridos a razón de la filiación deben ser el

eje de esta Curia.

Por otro lado, en Ocasio v. Díaz, 88 DPR 676 (1963), la

aplicación

retroactiva

estaba

arraigada

en

un

principio

constitucional de que todos los hijos son iguales en nuestro

ordenamiento.

Por

ello,

declaramos

inconstitucional

la

clasificación de hijos legítimos e ilegítimos habidas en el

Código Civil de 1930. Íd. Según establecido, el principio

estatutario de irretroactividad no es una norma absoluta que

ostente el poder de opacar una disposición constitucional.

Consejo de Titulares v. Williams Hospitality, supra.

Finalmente, en Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 182 DPR 803

(2011)

resolvimos

que

aplicaba

retroactivamente

unas

enmiendas realizadas al Código Civil de 1930 mediante la Ley

Núm. 215-2009, toda vez que así lo reflejó la legislación de

manera táctica. Esta Curia ponderó que la ley dispuso que

procedía aplicar retroactivamente a los casos que estaban

pendientes en los foros judiciales. Íd. A raíz de ello,

actuamos de conformidad con la voluntad legislativa.

CC-2020-0653

14

C.

El principio de irretroactividad está atado a que los

tribunales no usurpen los poderes de la Asamblea Legislativa.

Tal como hemos enunciado, las tres (3) ramas de gobierno

constituidas en nuestra Carta Magna –que provienen de la

Constitución Federal- tienen diferentes responsabilidades y

un ámbito de acción limitado. Art. I, Sec. 2, Const. ELA,

LPRA, Tomo I, ed. 2016.; A.A.R, Ex parte, supra, págs. 853854. De ahí se adopta la conocida doctrina política de

Separación de Poderes. De modo que esta doctrina protege la

libertad de los ciudadanos al evitar que se concentre el poder

en una de las ramas. Asimismo, salvaguarda las independencias

de las ramas para impedir que una de estas interfiera con la

otra. A.A.R., Ex parte, supra, págs. 854-855, citando a Myers

v. United States, 272 US 52, 293 (1926).

A

tono

con

lo

anterior,

cruzamos

las

fronteras

constitucionales cuando aplicamos retroactivamente una norma,

sin que ello fuera la voluntad del Cuerpo Legislativo. Nos

adentramos en un asunto de política pública que le compete a

la Rama Legislativa determinar. Así pues, conviene recordar

que:

Debemos ser siempre conscientes de las

delicadas fronteras constitucionales que existen

entre las tres (3) ramas del gobierno. Es nuestra

obligación velar por el de la Rama Judicial en aras

de evitar trastocar los principios de la separación

de poderes y echar al suelo el entendimiento básico

de quienes concibieron a esta rama […]. A.A.R, Ex

parte, supra, pág. 855.

CC-2020-0653

15

III

Tras examinar minuciosamente los hechos del presente

caso a la luz de la normativa previamente expuesta, es mi

posición que no procede aplicar retroactivamente el Código

Civil

del

2020.

Esto

responde

a

tres

(3)

razones

fundamentales. Primeramente, el procedimiento ex parte inició

cuando estuvo vigente el Código Civil del 1930. En segundo

lugar, la Petición entrelaza asuntos sustantivos previo a la

solicitud

de

inscripción,

así

como

la

impugnación

maternofilial y la afirmación de filiación de la señora R.P.R.

Según previamente indicado, la retroactividad de las leyes no

debería ocurrir en las causas de acción pendientes que abordan

derechos

sustantivos.

Cortés

Córdova

v.

Cortés

Rosario,

supra. La doctrina de filiación que surge del Código Civil es

indiscutiblemente de naturaleza sustantiva, toda vez que

concede derechos y obligaciones a los padres, así como a los

hijos que provienen de estos. En tercer lugar, la legislación

no dispuso –expresa ni tácitamente- la aplicación retroactiva

del Código Civil 2020. Más bien se limitó a expresar: “Este

Código comienza a regir a los cientos ochenta (180) días

después de su aprobación”. Art. 1820 del Código Civil de 2020,

supra.

No puedo obviar que la figura de madre subrogada estuvo

ante la consideración de la Asamblea Legislativa previo a la

confección del nuevo Código Civil 2020. Particularmente, en

CC-2020-0653

16

la Exposición de Motivos del P. de la C. 1766 de 7 de

septiembre

de

Legislativa,

2018,

4ta

establece

Sesión

que

los

Ordinaria,

avances

18va

Asamblea

científicos

de

reproducción asistida deberían reconocerse y regularse en

nuestra jurisdicción. Aun así, no reconoció la filiación

mediante reproducción asistida de manera retroactiva en el

Código Civil de 2020. Ante ese cuadro fáctico, reitero que no

le corresponde a este Tribunal –vía fiat judicial- imponer la

retroactividad del Código Civil de 2020 cuando ello no fue la

voluntad legislativa.

Aunque

en

el

presente

caso

aplica

el

principio

de

irretroactividad, el menor M.J. no queda desprovisto de una

filiación maternofilial con la madre intencional. El vínculo

filial entre la señora R.P.R. y el menor M.J. se puede

realizar mediante la figura second parent adoption. Esta

figura está circunscrita a la filiación adoptiva que permite

a

una

persona

adoptar

a

un

menor

que

tiene

otro

padre

biológico, sin requerirle a este último dar por terminado sus

derechos filiales. Art. 138 del Código Civil de 1930, supra.

No se cuestiona la capacidad de la madre intencional de

proveerle al menor el amor y cuidado que este necesita. Lo

que está en cuestionamiento es el procedimiento mediante el

cual se crea o reconoce el vínculo jurídico entre esta y el

menor. Es decir, se examina si la madre intencional, la señora

R.P.R., puede voluntariamente reconocer al menor M.J. y crear

una filiación natural mediante un Acuerdo de Subrogación.

Luego de estudiar la normativa vigente al momento de los

CC-2020-0653

17

hechos, no es posible que la madre intencional pueda reconocer

al menor sin que antes impugne la presunción que cobija el

vínculo entre la madre subrogada y el menor por razón del

alumbramiento. Ante la imposibilidad de controvertir tal

presunción, la madre tiene la oportunidad de obtener la

relación filial mediante la adopción. No debe perderse de

vista que la filiación natural y la adoptiva tienen el mismo

fin: conceder derechos y obligaciones a los padres, así como

al hijo. En ese sentido, ambas figuras no deben observarse de

manera vertical, donde una está por encima de la otra con

mayores derechos. A contrario sensu, deben verse desde la

óptica horizontal, de manera equitativa puesto que ambas

proveen los mismos derechos y obligaciones.

IV

Por los fundamentos anteriormente expuestos, coincido

con el hermano Juez Asociado señor Martínez Torres en que no

procedía aplicar retroactivamente el Código Civil de 2020 al

caso de autos ya que no se desprende así en el nuevo Código

Civil. En consecuencia, procedía recurrir a la filiación

adoptiva para que la madre intencional obtenga el vínculo

filial dado que, al momento de los hechos, el Código Civil

de 1930 no reconoció la filiación mediante los métodos de

reproducción asistida.

Por

lo

cual,

Tribunal

de

Primera

procedimiento

de

hubiera

devuelto

Instancia

filiación

el

para

adoptiva

y

presente

que

caso

al

realizara

el

posterior

a

ello,

CC-2020-0653

18

ordenara al Registro Demográfico a inscribir al menor M.J.

con el apellido de la señora R.P.R.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada