Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo v. Ocasio Santiago
2021 TSPR 64
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo v. Ocasio Santiago
CT-2021-8
Sentencia del Tribunal con Opiniones disidentes
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2021 TSPR 64
Miguel Ocasio Santiago
206 DPR ____
Recurrido
Número del Caso:
CT-2021-8
Fecha: 10 de mayo de 2021
Materia:
Sentencia del Tribunal con Opiniones Disidentes.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CT-2021-0008
Miguel Ocasio Santiago
Recurrido
SENTENCIA
(Regla 50)
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021.
Nos corresponde resolver si debemos divulgar el
audio de las vistas de un caso que se llevó a cabo en
una sala especializada de violencia doméstica. Por
ello, certificamos el asunto de epígrafe y concluimos
que los procesos en las salas de violencia doméstica
son de naturaleza sensible que requieren por ley de un
acceso controlado y, por ello, no son compatibles con
la posibilidad de que posteriormente la grabación se
haga
pública,
aunque
sea
de
manera
suprimida
o
limitada, independientemente de quién lo solicite. Es
un
contrasentido
que
un
proceso
sea
de
acceso
controlado, por mandato de ley, pero se pueda repartir
CT-2021- 0008
2
el audio de ese mismo proceso, en todo o en parte, para
acceso de todo el mundo.
I
Los siguientes hechos no están en controversia y son de
conocimiento
público,
por
lo
que
tomamos
conocimiento
judicial de ellos. Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.
Véase, también, UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253,
276–279 (2010).
El 3 de mayo de 2021, el juez administrador de la Región
Judicial de Caguas, Hon. Ricardo G. Marrero Guerrero, emitió
una Orden Protectora en la que prohibió, bajo apercibimiento
de
desacato,
escuchar
o
divulgar
el
contenido
de
las
grabaciones de las vistas del caso Pueblo v. Miguel Ocasio
Santiago, Núm. CG2021CR00724 Rel: OPA 2021011403.
El 5 de mayo de 2021, el Overseas Press Club presentó
ante nos una Solicitud urgente y especial, en la que solicitó
que ordenáramos “la divulgación a la prensa general activa
las grabaciones de las vistas celebradas en torno al caso
del Pueblo de Puerto Rico vs. Miguel Ocasio Santiago, Núm.
de Caso: CG2021 CR00274, Rel: OPA 2021011403, por [sic] el
Art. 3.1 de la Ley 54, así como cualquier documento o material
audiovisual
relacionado
al
mismo”.
Solicitud
urgente
y
especial del Overseas Press Club, pág. 4.
El día siguiente, mediante Resolución, denegamos la
solicitud de divulgación que presentó el Overseas Press Club.
Como
parte
expresamos:
de
los
fundamentos
para
dicha
denegatoria
CT-2021- 0008
3
En la balanza de intereses presentes en esta
solicitud de información, el mandato de ley para
salvaguardar la confidencialidad de los procesos,
como protección para las víctimas de violencia
doméstica, pesa más que el interés de la prensa de
tener acceso a información confidencial. También
consideramos en nuestro análisis que está pendiente
un proceso penal relacionado y la solicitud de
información sin que el imputado sea parte podría
incidir sobre su derecho a un proceso imparcial y
justo. Ex Parte: Overseas Press Club, 2021 TSPR 62,
pág. 2 (Resolución) (Énfasis suplido).
Luego,
el
7
de
mayo
de
2021,
la
Asociación
de
Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) presentó una Moción de
solicitud de regrabación en el Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de Caguas. En síntesis, solicitó la divulgación
de los procesos judiciales celebrados durante los días 25,
26 y 31 de marzo de 2021 en el caso Pueblo v. Miguel Ocasio
Santiago, supra. En su petitorio, la ASPPRO arguyó que su
solicitud se distingue de lo resuelto por este Tribunal en
Ex
Parte:
Overseas
solicita que de
Press
Club,
supra,
porque
ahora
se
las grabaciones se eliminen las partes
sensitivas del testimonio de la joven Andrea Ruiz Costas.
Además, enfatizan que los familiares de Ruiz Costas se han
expresado públicamente a favor de la divulgación del audio.
En respuesta, el foro primario señaló una vista para el 11
de mayo de 2021, a las 9:30 a.m., en la Sala 301 del Centro
Judicial de Caguas.
II
A. Recurso de certificación intrajurisdiccional
La certificación intrajurisdiccional es un mecanismo
procesal discrecional, que podemos expedir por iniciativa
CT-2021- 0008
4
propia o a solicitud de parte, para elevar inmediatamente a
la consideración de este Tribunal cualquier asunto pendiente
ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de
Apelaciones. Regla 52.2(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V. Véanse, además, Art. 3.002 de la Ley Núm. 201-2003,
conocida como la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003,
4 LPRA sec. 24s(f); Regla 24 del Reglamento del Tribunal
Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. Véase, también, R. Hernández
Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal
civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 5623,
pág.
574.
Hemos
utilizado
este
mecanismo
“para
atender
asuntos que requieren urgente solución, ya sea porque se
afecta la administración de la justicia o porque el asunto
es
de
tal
importancia
que
exige
una
pronta
atención”.
Pierluisi-Urrutia v. Comision Estatal de Elecciones, 204 DPR
841, 854 (2020), citando a PIP v. ELA et al., 186 DPR 1, 9
(2012).
Ahora
bien,
debido
al
carácter
extraordinario
y
discrecional, al momento de evaluar este tipo de recurso,
debemos analizar los siguientes factores: (1) si se plantean
cuestiones de interés público que podrían incluir asuntos
sustanciales al amparo de la Constitución de Puerto Rico o
los Estados Unidos; (2) la etapa en que se encuentra el caso;
(3) la urgencia y complejidad de la controversia y (4) la
necesidad que pueda existir de presentar prueba. Rivera
Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 849 (2014). La
presente controversia cumple con todos los criterios.
CT-2021- 0008
En
primer
5
lugar,
la
controversia
ante
nuestra
consideración está cobijada por el más alto interés público
al estar en juego el derecho a la intimidad y dignidad de
todo ser humano -en nuestro caso de las víctimas de violencia
doméstica
dentro
de
los
procedimientos
judiciales-
consagrado en nuestra Constitución. Véase, Const. P.R., Art.
II, Sec. 1 y Sec. 8, LPRA, Tomo 1. Segundo, el recurso se
encuentra en una etapa de fácil disposición. Tercero, la
presente controversia se tiene que resolver de forma urgente
debido a la posibilidad de que se contravenga la ley y se
cree un precedente nefasto para la protección de la intimidad
de las víctimas de violencia doméstica. Cuarto y, por último,
la controversia ante nos no requiere que se presente prueba.
Con la mera aplicación del derecho se dispone de ella.
B. Derecho a la intimidad y el acceso a la información en
casos de violencia doméstica
Las Secs. 1 y 8 del Art. II de la Constitución de Puerto
Rico, supra, protegen el derecho fundamental a la intimidad
y dignidad de las personas. En lo pertinente, la Sec. 8 de
la Carta de Derechos
dispone que “[t]oda persona tiene
derecho a [la] protección de [la] ley contra ataques abusivos
a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”.
Por su parte, la Sec. 1 del Art. II de la Constitución,
supra,
establece
que
“[l]a
dignidad
del
ser
humano
es
inviolable”.
Conforme a lo anterior, hemos expresado que “el derecho
a la intimidad, componente del derecho a la personalidad,
CT-2021- 0008
6
goza de la más alta protección bajo nuestra Constitución y
constituye un ámbito exento capaz de impedir o limitar la
intervención de terceros”. López Tristani v. Maldonado, 168
DPR 838, 849 (2009).
En Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 5859 (1986), expresamos:
En relación con la Sec. 1, el Informe de la
Comisión de la Carta de Derechos rendido a la
Convención Constituyente indicó que ‘[e]l propósito
de esta sección es fijar claramente como base
consustancial de todo lo que sigue el principio de
la dignidad del ser humano‘. Sobre la Sec. 8 se
dijo que ‘[s]e trata de la inviolabilidad personal
en su forma más completa y amplia [y que e]l honor
y la intimidad son valores del individuo que
merecen protección cabal, no sólo frente a
atentados provenientes de otros particulares, sino
también
contra
ingerencias
abusivas
de
las
autoridades. La fórmula propuesta en la sección 8
cubre ambos aspectos... La inviolabilidad de la
persona se extiende a todo lo que es necesario para
el desarrollo y expresión de la misma‘. (Énfasis
suplido).
De igual forma, en P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR
328, 339 (1983), al discutir la primacía del derecho a la
intimidad en nuestro sistema jurídico, expresamos:
Tan trascendental es este derecho en nuestra
sociedad que, en las ocasiones en que se ha
contrapuesto a otros de similar jerarquía, ha
salido airoso del careo constitucional. Así, por
ejemplo, ha prevalecido ante los siguientes
derechos
fundamentales:
de
libre
expresión,
Hermandad de Empleados, supra [E.L.A. v. Hermandad
de Empleados, 104 DPR 436 (1975)] (piquete frente
a la residencia del Secretario del Trabajo); de
libertad de culto, Sucn. de Victoria, supra [Sucn.
de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 DPR 20
(1974)] (servicios religiosos que trascendían al
vecindario); y de propiedad, Torres v. Rodríguez,
101 DPR 177 (1973) (establecimiento de funeraria en
CT-2021- 0008
7
zona residencial). También ha predominado frente a
la legislación limitante de la decisión de los
cónyuges que por mutuo acuerdo optan por terminar
su matrimonio. Figueroa Ferrer, supra [Figueroa
Ferrer v. ELA., 107 DPR 250 (1978)]. (Énfasis
suplido).
Por otro lado, el legislador proveyó en el Art. 5.005
de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, una protección
adicional
a
la
intimidad
de
las
víctimas
de
violencia
doméstica, al ordenar la creación de salas especializadas
"para atender con acceso controlado al público los casos de
violencia
doméstica
en
todas
las
regiones
judiciales”.
(Énfasis suplido). Al leer el precitado artículo queda claro
que cuando el legislador ordenó controlar el acceso al
público, revistió de confidencialidad los asuntos que se
discuten
en
las
salas
especializadas
sobre
violencia
doméstica.
Ahora bien, hemos expresado que en nuestro sistema se
garantiza jurisprudencialmente el derecho del pueblo y de la
prensa
al
acceso
a
información
de
carácter
público.
Engineering Services International, Inc. v. Autoridad de
Energía Eléctrica de Puerto Rico, 205 DPR _____, 2020 TSPR
103, 105 (2020). No obstante, ese acceso público cede cuando:
(1)
una
ley
lo
declara
así;
(2)
la
comunicación
está
protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que
pueden invocar los ciudadanos; (3) revelar la información
puede lesionar los derechos fundamentales de terceros; (4)
se
trate
de
la
identidad
de
un
confidente,
y
(5)
sea
“información oficial” conforme a la Regla 514 de Evidencia
CT-2021- 0008
8
de 2009, 32 LPRA Ap. VI. (Énfasis suplido). Bhatia Gautier
v. Gobernador, 199 DPR 59, 82-83 (2017).
No cabe duda del interés legítimo de la prensa en
obtener información sobres los casos que se ventilan en los
tribunales, en especial a los que tienen que ver con el mal
social
que
nos
estremece:
la
violencia
doméstica.
No
obstante, tal como expresamos en Ex Parte: Overseas Press
Club, supra, en la balanza de intereses, el deseo de la
prensa de tener acceso a información confidencial sobre los
procesos judiciales relacionados con asuntos de violencia
doméstica cede ante la protección a la confidencialidad y el
derecho a la intimidad que tiene toda futura víctima. Véanse,
Const. P.R., Art. II, Sec. 8, supra; Art. 5.005 de la Ley de
la Judicatura de 2003, supra.
No existe distinción entre la solicitud de la ASPPRO y
lo resuelto por este Tribunal la semana pasada en Ex Parte:
Overseas Press Club, supra. En primer lugar, la determinación
a
la
que
circunscribe
llegamos
al
caso
entonces
de
la
y
hoy
joven
reafirmamos
Ruiz
Costas.
no
se
Todo
lo
contrario. Llegamos a ella, primero, porque así la ley lo
impone y, segundo, para evitar crear un precedente nefasto
que sirva para desalentar y cohibir a las futuras víctimas
de violencia doméstica de que busquen protección en nuestros
tribunales. Eliminar las partes sensitivas o íntimas del
audio no salvaguarda el mandato de confidencialidad que la
ley le revierte a estos asuntos. Por el contrario, abriría
el debate de qué es sensitivo o íntimo y qué no lo es. La
CT-2021- 0008
9
víctima de violencia doméstica que acude al tribunal en busca
de ayuda no debe enfrentar el temor de que la grabación de
lo que se vierta en ese proceso pueda ser divulgado a
cualquier
persona
o
medio,
en
todo
o
en
parte,
para
compartirlo con el público en general. Esto es precisamente
lo que la ley pretende evitar.
Cuando compartimos nuestra determinación en Ex parte:
Overseas Press Club, supra, tomamos todos esos escenarios en
cuenta y sopesamos todas esas posibilidades. Sin embargo,
llegamos a una
sola conclusión:
estos procesos, por su
naturaleza sensible -que requieren por ley de un acceso
controlado- no son compatibles con la posibilidad de que
posteriormente la grabación se haga pública aunque sea de
manera suprimida o limitada, independientemente de quién lo
solicite. Todos queremos respuestas, pero en el afán de que
alguien responda no podemos permitir tan nefasto precedente.
La inminencia de la vista que señaló el Tribunal de Primera
Instancia nos obliga a resolver de inmediato, prescindiendo
de todo trámite ordinario.
En
aspectos
algunas
que
ocasiones
trascienden
las
el
controversias
remedio
contienen
solicitado
por
las
partes. Esta es una de esas ocasiones. No podemos actuar a
base de meras conveniencias, deseos o simpatías. La ética
judicial
prohíbe
público,
[ni]
que
por
los
jueces
actúen
consideraciones
de
"por
el
clamor
popularidad
o
notoriedad...". Canon 8 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B.
Como
intérpretes
máximos
de
la
Constitución
y
la
ley,
CT-2021- 0008
10
intervenimos hoy para proteger y sostener los efectos de
nuestro dictamen de la semana pasada en Ex parte: Overseas
Press Club, supra, y tomamos esta decisión con el fin expreso
de proteger la vida, la seguridad, la dignidad y la intimidad
de las futuras víctimas de violencia doméstica.
Ahora bien, debemos dejar meridianamente claro que lo
resuelto hoy nada tiene que ver con la investigación que está
llevando
a
Tribunales
cabo
la
Oficina
(OAT)
sobre
lo
de
Administración
acontecido
en
las
de
los
vistas
en
controversia. Confiamos que finalizada la investigación, se
divulguen los hallazgos junto con las medidas correctivas
adecuadas que puedan recomendarse. No obstante lo anterior,
y como hemos señalado en el pasado, advertimos que todo
ciudadano que considere que la actuación de un juez o jueza
se
ha
basado
en
consideraciones
ajenas
al
ordenamiento
jurídico, tiene disponible el procedimiento que a esos fines
proveen las Reglas de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B.
III
Por todo lo anterior, se expide el auto de certificación
para traer ante la consideración de este Tribunal el caso
Pueblo
v.
Miguel
Ocasio
Santiago,
Núm.
CG2021CR00724.
Conforme con la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo,
4 LPRA Ap. XXI-B, prescindimos de todo procedimiento ulterior
y debido a la naturaleza urgente de la solicitud de la ASPPRO,
así como para salvaguardar la efectividad de nuestro dictamen
en Ex parte: Overseas Press Club, supra, resolvemos que no
procede la solicitud de información que presentó la referida
CT-2021- 0008
11
asociación y proveemos no ha lugar a esta. Por consiguiente,
se deja sin efecto la vista que el Tribunal de Primera
Instancia señaló para mañana martes. Resuelto este asunto,
se devuelve el caso a ese foro para que continúen los
procedimientos de forma compatible con lo resuelto aquí.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del
Tribunal
Supremo.
La
Jueza
Presidenta
Oronoz
Rodríguez
disiente y emitió Opinión Disidente. El Juez Asociado señor
Estrella Martínez disiente y emitió Opinión Disidente. El
Juez Asociado señor Colón Pérez disiente y emitió Opinión
Disidente.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CT-2021-08
Miguel Ocasio Santiago
Recurrido
La Jueza Presidenta ORONOZ RODRIGUEZ emitió una
disidente.
Opinión
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021.
Reitero: hay que divulgar las grabaciones solicitadas y
hay que hacerlo ya. Si bien nadie puede devolver la vida a
Andrea
Ruiz
Costas,
nuestra
actuación
a
favor
de
la
transparencia arrojaría luz sobre lo que aconteció cuando
acudió a nuestros tribunales. Estoy convencida que ello es
un
primer
paso
indispensable
para
recobrar
la
fe
y
la
confianza en los procedimientos judiciales para proteger las
víctimas de violencia de género.
I
El artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto
Rico, 4 LPRA sec. 24s(f), dispone que podremos traer a
nuestra atención asuntos pendientes ante el Tribunal de
Primera Instancia cuando se planteen: (1) conflictos entre
decisiones
previas
cuestiones
noveles
interés
público
del
de
que
Tribunal
derecho
o
de
(3)
incluyan
Apelaciones,
(2)
cuestiones
de
alto
cualquier
cuestión
CT-2021-08
2
constitucional sustancial al amparo de la Constitución de
Puerto Rico o de Estados Unidos. Asimismo, hemos establecido
que “es un recurso de carácter excepcional porque la norma
preferida en nuestro ordenamiento es que los casos maduren
durante el trámite ordinario para evitar así que el foro de
última instancia se inmiscuya a destiempo”. UPR v. Laborde
Torres y otros, 180 DPR 253, 272 (2010). Además, es un recurso
que nos permite atender asuntos que de otra manera pudieran
evadir nuestros pronunciamientos. Íd., pág. 273.
Evaluados
los
criterios
que
nos
permiten
certificar
intrajurisdiccionalmente una controversia pendiente ante un
foro inferior vemos que no se cumplen. Ciertamente, estamos
ante un asunto de alto interés público que involucra un tema
novel. No obstante, por ser el foro de última instancia, este
Tribunal debe abstenerse de intervenir en asuntos que aún
requieren madurar en los tribunales inferiores.
Es sorprendente y preocupante la forma en que, a puertas
cerradas, este Tribunal cambió su postura jurisdiccional
sobre este asunto. El Tribunal tuvo la oportunidad de expedir
y expresarse en el caso previo Ex Parte Overseas Press Club
de Puerto Rico, MC-2021-59. No obstante, una Mayoría optó
por denegar la solicitud que presentó la parte peticionaria
en aquel momento y expresó que este no era el foro adecuado
para solicitar la información. Así, hicieron alusión a que
las grabaciones en controversia se debieron pedir en el foro
primario. Ahora, increíblemente, la mayoría de los Jueces de
esta Curia, contrario a las disposiciones legales que le
CT-2021-08
3
confieren
jurisdicción
a
este
foro,
certifican
un
caso
criminal, que ya culminó, con la única intención de que no
se divulguen las grabaciones.
Podemos
tomar
conocimiento
judicial
de
que
el
Poder
Ejecutivo, por vía del Ministerio Público, y el Gobernador
se ha expresado a favor de la divulgación de las grabaciones.
También
el
Poder
Administración
de
Judicial,
a
Tribunales,
través
de
favoreció
la
la
Oficina
de
divulgación.
Asimismo, se ha expresado a favor de la divulgación la
familia de Andrea Ruiz Costas, quien --sin duda-- es parte
interesada
en
proteger
los
derechos
de
ésta.
Cabe
preguntarse, ¿por qué una Mayoría de los Jueces del Tribunal
Supremo insiste en ocultarle al Pueblo las grabaciones? Con
el proceder de hoy, y como ha sido tendencia de este Tribunal
hace ya un tiempo, se sienta un precedente nefasto sobre la
jurisdicción de este Máximo Foro. No había razón alguna para
certificar el caso criminal Pueblo v. Miguel Ocasio Santiago
Núm. CG2021R00274 Rel: OPA 2021011403. Le corresponde al
Tribunal
de
Primera
Instancia
atender
la
petición
de
divulgación a la prensa, según fue señalado por este mismo
tribunal
el
pasado
6
de
mayo.
Si
alguna
parte
quedara
insatisfecha con lo que resolviera el Juez o Jueza asignado
al asunto, esta tendría a su disposición los procesos de
apelación.
CT-2021-08
4
II
Como he expresado, el objetivo de promover el acceso de
la
ciudadanía
educación
y
a
la
los
procesos
confianza
en
judiciales,
fomentar
la
sistema
justicia,
y
el
de
alcanzar la transparencia óptima de los procedimientos es y
seguirá siendo una prioridad para mí. Ex Parte Televicentro
of Puerto Rico, LLC, 195 DPR 18, 26 (2016). Desde que ejerzo
mis funciones en este Tribunal hace 7 años no ha habido una
instancia en la que haya votado en contra del acceso a la
prensa a los procesos judiciales. Véase In re: Enmiendas al
Reglamento del PECAM, 193 DPR 475, 513(2015); Telenoticias,
Telemundo de PR II, 195 DPR 507,513 (2016). Al contrario,
siempre he favorecido la apertura, la transparencia y la
protección del derecho de la prensa y de los ciudadanos en
general
a
tener acceso a
la información pública,
como
un
derecho fundamental de estirpe constitucional. Soto v. Srio.
de
Justicia,
112
Gobernador,
199
Judicial
puede
no
DPR
DPR
477
59,
estar
(1982);
Bhatia
(2017).
Insisto:
el
Poder
reclamos
de
mayor
110
ajeno
a
los
Gautier
v.
transparencia. Por eso, ante la reiteración de la solicitud,
entregaría las grabaciones ya.
En nuestra democracia, el Pueblo tiene derecho a pasar
juicio
fiscalizador
sobre
todas
las
acciones
y
determinaciones del Gobierno, lo cual incluye las del Poder
Judicial.
Engineering
Services
International,
Inc.
v.
Autoridad de Energía Eléctrica, 2020 TSPR 103; Ortiz v. Dir.
Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 183 (2000). Además,
CT-2021-08
5
contrario a lo que interpretó erróneamente una Mayoría de
este Tribunal el pasado 6 de mayo, los peticionarios no están
solicitando que se divulguen todos los expedientes de los
casos de Ley Núm. 54 en poder de los tribunales. Piden uno:
el de una mujer que reclamó sin éxito protección en contra
de su agresor y en donde se alega que el Poder Judicial le
falló.
Sobre el particular, a tono con los objetivos de la Ley
Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 601 et seq.,
según
enmendada,
el
Artículo
5.005
de
la
Ley
de
la
Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 25e, dispone que
los casos de violencia doméstica a tenor de la Ley Núm. 54,
supra:
[S]e verán en una sala especialmente designada para
los mismos en cada Región Judicial. Esta sala será
de acceso controlado al público para salvaguardar
la identidad de la víctima, y será a discreción
del Juez que preside la sala especializada
determinar qué personas del público pueden acceder
a la misma. (Énfasis suplido).
El texto de la ley es diáfano y permite colegir que el
principio
detrás
de
estas
salvaguardas
es
proteger
la
identidad de las víctimas que acuden en búsqueda de auxilio
a nuestros tribunales. Lamentablemente, el nombre de Andrea
ya es --y será-- conocido por un País que languidece ante un
sentido de impotencia y desasosiego. No queda identidad que
proteger. La Mayoría del Tribunal cubre con un manto de
confidencialidad el proceso judicial que se dio en este caso
al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 54, supra. El
estatuto en nada dispone sobre mantener en privado o en
secreto los testimonios que se vierten en sala. En ninguna
CT-2021-08
6
parte de los estatutos concernidos se hace referencia a que
los procedimientos celebrados y terminados quedan totalmente
excluidos, para la posteridad, de toda solicitud de acceso
por parte de la ciudadanía. Nuestra responsabilidad como
garantes
de
los
circunstancias
necesarias,
nos
sin
derechos
de
permiten
tomar
incumplir
las
víctimas
aquellas
en
tales
protecciones
injustificadamente
con
nuestro
mandato constitucional para hacer accesible la información
pública.
Estas
providencias
están
disponibles
si
las
circunstancias específicas del caso así lo requirieran. Por
ello, queda en la discreción del Juez que preside la sala
especializada determinar qué personas del público pueden
acceder a las grabaciones en controversia, así como, de
determinar
su
procedencia,
la
forma
en
que
estas
serán
compartidas.
En este caso nadie, se reitera nadie, invoca protección
alguna u objeta la divulgación. Por el contrario, estamos en
una de esas raras instancias en las cuales todas las partes
concernidas están en la misma línea: a favor de divulgar y
de la transparencia. Debió pesar en la mayoría la expresión
bajo juramento de una madre que nos implora que se divulguen
las
grabaciones.
Nótese
que
en
este
caso
la
orden
del
Tribunal de Primera Instancia solamente iba dirigida a la
Fiscalía, quien tiene en su poder las grabaciones. No cabe
duda de que no nos encontramos ante una situación en la cual
se justifique la limitación del derecho del público y la
prensa
a
tener
acceso
a
las
grabaciones
sobre
estos
CT-2021-08
7
procedimientos judiciales. Bhatia
Gautier
v.
Gobernador,
supra. Si bien existen circunstancias y situaciones que en
nuestro
ordenamiento
el acceso público a
se
los
establece
que
procedimientos
ameritan
limitar
judiciales,
como
ocurre en los casos de familia y menores, en este caso no
están presentes.
¿Que se pretende esconder? La norma general es que los
procesos judiciales son públicos y --a menos que exista un
interés apremiante del Estado-- se toman las providencias
para limitar ese acceso. En este caso, como en todos lo casos
similares
que
refleja
la
jurisprudencia,
la
balanza
se
inclina hacia el acceso y la transparencia. No hay razón para
que
en
este
caso
aplique
una
norma
en
blanco
de
confidencialidad.
Por eso, las grabaciones tienen que hacerse públicas.
El País y la familia de Andrea así lo claman.
Como indiqué,
ellos deben escucharlas primero y expresar si objetan que se
divulgue algún fragmento pues la dignidad de Andrea y su
memoria no termina con su muerte.1
Luego, le toca el turno
de escucharlas al País. Es imperativo hacerlo. No hay nada
que esconder.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
“La dignidad del ser humano prevalece aun después de la muerte.” Dora
Nevares-Muñiz, “Deliberación en bioderecho”, Revista Lumen núm. 9 (2013),
132; Fred O. Smith, Jr., The Constitution After Death, 120 Colum. L. Rev.
1471, 1499 (2020).
1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
CT-2021-0008
v.
Miguel Ocasio Santiago
Recurrido
Opinión disidente
ESTRELLA MARTÍNEZ
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021.
La acción ejecutada por parte de una Mayoría de este
Tribunal es errada en derecho, lamentable como cuestión de
política pública de acceso a la información y atropella
irrazonablemente a los compañeros de estrado disidentes,
pero, más grave aún, insensible a la familia de Andrea Ruiz
Costas y a los peticionarios.
Hoy se está revictimizando a una familia que mediante
declaración jurada se hace eco del reclamo de transparencia
y accesibilidad que, como cuestión de derecho, debimos
reconocer.
Los familiares de los fallecidos por el crimen
también son víctimas de los delitos.
El silencio, la
desinformación, la desconfianza y las cerradas de puertas
insensibles también los revictimizan.
Tal como expliqué en mi pasado Voto Disidente, nuestro
ordenamiento cuenta con las herramientas necesarias para
CT-2021-0008
2
proteger la dignidad y los derechos individuales de las
víctimas
de
judiciales.
delito
y
otros
actores
de
los
procesos
Véase In re Overseas Press Club, MC-2021-0059
(Voto Particular Disidente Juez Asociado señor Estrella
Martínez.) Sin embargo, estamos ante una situación muy
particular en la que estoy convencido de que la dignidad e
intimidad de Andrea no se protegen denegando de plano la
información solicitada. También estoy convencido que el
interés
público
va
de
la
mano
con
los
reclamos
de
transparencia y acceso a la información de la familia de
Andrea.
En
un
caso
en
que
lamentablemente
la
víctima
falleció, me parece totalmente errado que se levante la
bandera de revictimizarla o de que la divulgación tenga un
efecto disuasivo para otras potenciales víctimas realizar
reclamos ante el Tribunal, máxime ante el testimonio que
dejó en vida Andrea para cuestionar los procesos y levantar
su voz de alerta a la sociedad en general.
Respetuosamente
considero que la denegatoria de plano de estas solicitudes,
que hoy se agrava con este apresurado proceder, lleva un
mensaje
de
frustración
y
es
mucho
más
lesivo
que
la
divulgación de la información solicitada.
A pesar de que una Mayoría de este Tribunal adujo en
la pasada denegatoria que este no era el foro adecuado para
dilucidar en primera instancia la solicitud que nos ocupa,
hoy paradójicamente se le quita al Tribunal de Primera
Instancia el caso para denegarla de plano.
Como agravante,
se realiza esta acción sin escuchar la grabación, sin darle
CT-2021-0008
3
oportunidad a las partes que se expresen y de una forma
apresurada.
La violencia de género está enmarcada, entre otros
múltiples
factores,
en
la
utilización
atropellante
del
poder, la secretividad, no reconocerle derechos a su víctima
y, peor aún, en ocasiones disfrazado con frases como:
“porque es por su bien” y “por su bienestar”.
Lamentablemente, las instituciones también tienen la
atroz capacidad de repetir y fomentar esos patrones, con
sus acciones y omisiones.
Este Tribunal conoce que todas
sus acciones y expresiones tienen un efecto social que va
más allá de los casos y controversias que adjudica.
La voz de Andrea fue silenciada.
El reclamo de la
prensa fue ignorado. Y hoy el reclamo de la familia de
Andrea fue abruptamente rechazado, sin ser escuchados, sin
ser atendidos, sin concederle tiempo razonable a nadie.
¿Cuál es la prisa? Evidentemente, la certificación del caso
no es producto de un análisis ponderado para otorgar un
remedio adecuado, completo y oportuno, tal como lo he
favorecido en el pasado.
¿Por qué reproducir la conducta
apresurada que precisamente es objeto de cuestionamiento
público desde que Andrea solicitó la orden de protección?
¿Por qué ejercer el poder mayoritario sin escuchar a nadie
y sin permitir a los disidentes expresarse en un periodo de
tiempo razonable?
Estas preguntas se unen a las muchas que
tiene la familia de Andrea y el Pueblo en general.
salas
especializadas
de
violencia
de
género
Las
fueron
CT-2021-0008
4
concebidas primordialmente para atender de forma integral
las
necesidades
de
las
víctimas.
Ciertamente,
el
ordenamiento provee brindarles la intimidad y privacidad
que sea necesaria para que puedan canalizar adecuadamente
su reclamo.
Eso no cambiará para las potenciales víctimas,
pero no puede ser una excusa para denegar de plano el
reclamo que nos ocupa.
lamentable
Ello, ante las particularidades del
fallecimiento
de
Andrea,
la
voluntad
de
divulgación de los familiares, la trayectoria de publicidad
de vistas judiciales que tenía este Tribunal, el apremiante
interés público y el derecho de acceso a la información.
Por los fundamentos enunciados, disiento del curso de
acción
seguido
consecuentemente,
por
una
Mayoría
ordenaría
la
de
este
Tribunal
divulgación
de
solicitado.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
y,
lo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
CT-2021-008
N
v.
Miguel Ocasio Santiago
Recurrido
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico a 10 de mayo de 2021.
Andrea, hoy te volvimos a fallar. Y, al fallarte
a ti, le fallamos al País.
En la mañana de hoy, una mayoría de este Tribunal
-- de la forma más atropellada posible; removiendo motu
proprio
una
petición
que
se
encuentra
ante
la
consideración del Tribunal de Primera Instancia, y sin
el
beneficio
de
escuchar
ciertos
audios
para
determinar qué de lo contenido en ellos podía estar
sujeto a diseminación pública y qué no -- le ha cerrado
las
puertas
al
reclamo
de
tus
padres.
Con
ello,
mantiene en estricta confidencialidad el contenido de
determinados
procesos
judiciales
celebrados
en
la
Región Judicial de Caguas, los días 25, 26 y 31 de
marzo de 2021, en los que tú figuraste como parte.
CT-2021-008
2
¿Para proteger a quién? ¿A ti? Lo dudo, pues tus padres
comparecieron ante el Tribunal de Primera Instancia a informarnos
que la mejor manera de proteger tu memoria era haciendo público
lo sucedido en los referidos procesos judiciales.
¿Para proteger a las futuras víctimas de violencia de
género? No lo creo, pues éstos y éstas se protegen brindándole
un sistema de justicia transparente en el que puedan confiar. Un
sistema de justicia que sepa rendir cuentas.
Entonces, nos volvemos a preguntar: ¿Para proteger a quién?
¿A los jueces y las juezas?
Los jueces y las juezas no tenemos ni más, ni menos,
derechos
constitucionales
que
los
demás
puertorriqueños
y
puertorriqueñas. Tenemos los mismos. Todos y todas somos iguales.
Y, como iguales, en situaciones tan particulares como éstas,
tanto nuestras actuaciones -- como las actuaciones del resto de
la sociedad que, día a día, desde nuestros estrados juzgamos -tienen que estar sujetas a ser escudriñadas y evaluadas por el
resto del País. Eso es un derecho constitucional que -- en el
desempeño de nuestras funciones -- el Pueblo puertorriqueño, al
convocarse y redactar nuestra Constitución, se reservó para ellos
y ellas; y en gran parte, tal derecho se nutre de que éstos y
éstas puedan tener acceso a la información pública en manos del
Estado. Lo anterior, con las debidas salvaguardas en aquellos
casos que así lo ameriten. Véase, de manera análoga, lo expresado
por quien suscribe en Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59,
176 (2017) (Colón Pérez, opinión disidente).
Siendo ello así, y siguiendo los parámetros expuestos en
nuestro Voto Particular Disidente en Ex parte: Overseas Press
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Club de Puerto Rico, 2021 TSPR 62, 206 DPR ______ (2021)(Colón
Pérez, Voto Particular Disidente), somos
de la opinión que las
grabaciones de las vistas judiciales celebradas en la Región
Judicial de Caguas los días 25, 26 y 31 de marzo de 2021, a las
que previamente hemos hecho referencia, tenían que ser entregadas
a los familiares de Andrea y a los gremios de periodistas
(Overseas
Press
Club
y
ASSPRO)
que
las
han
solicitado.
Lamentablemente, no fue así. El manto de secreto absoluto se
impuso.
Como bien señaló el prestigioso académico, Dr. Efrén Rivera
Ramos, en una reciente columna de opinión que le publicara el
periódico El Nuevo Día, en la que evaluaba el proceder de este
Tribunal en el caso que dio origen al recurso de reconsideración
que hoy atendemos, “ese manto de secreto absoluto será peor a la
larga que el mal que la mayoría pretende evitar”.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado