LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo v. Ocasio Santiago

2021 TSPR 64

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo v. Ocasio Santiago

CT-2021-8

Sentencia del Tribunal con Opiniones disidentes

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2021 TSPR 64

Miguel Ocasio Santiago

206 DPR ____

Recurrido

Número del Caso:

CT-2021-8

Fecha: 10 de mayo de 2021

Materia:

Sentencia del Tribunal con Opiniones Disidentes.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CT-2021-0008

Miguel Ocasio Santiago

Recurrido

SENTENCIA

(Regla 50)

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021.

Nos corresponde resolver si debemos divulgar el

audio de las vistas de un caso que se llevó a cabo en

una sala especializada de violencia doméstica. Por

ello, certificamos el asunto de epígrafe y concluimos

que los procesos en las salas de violencia doméstica

son de naturaleza sensible que requieren por ley de un

acceso controlado y, por ello, no son compatibles con

la posibilidad de que posteriormente la grabación se

haga

pública,

aunque

sea

de

manera

suprimida

o

limitada, independientemente de quién lo solicite. Es

un

contrasentido

que

un

proceso

sea

de

acceso

controlado, por mandato de ley, pero se pueda repartir

CT-2021- 0008

2

el audio de ese mismo proceso, en todo o en parte, para

acceso de todo el mundo.

I

Los siguientes hechos no están en controversia y son de

conocimiento

público,

por

lo

que

tomamos

conocimiento

judicial de ellos. Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.

Véase, también, UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253,

276–279 (2010).

El 3 de mayo de 2021, el juez administrador de la Región

Judicial de Caguas, Hon. Ricardo G. Marrero Guerrero, emitió

una Orden Protectora en la que prohibió, bajo apercibimiento

de

desacato,

escuchar

o

divulgar

el

contenido

de

las

grabaciones de las vistas del caso Pueblo v. Miguel Ocasio

Santiago, Núm. CG2021CR00724 Rel: OPA 2021011403.

El 5 de mayo de 2021, el Overseas Press Club presentó

ante nos una Solicitud urgente y especial, en la que solicitó

que ordenáramos “la divulgación a la prensa general activa

las grabaciones de las vistas celebradas en torno al caso

del Pueblo de Puerto Rico vs. Miguel Ocasio Santiago, Núm.

de Caso: CG2021 CR00274, Rel: OPA 2021011403, por [sic] el

Art. 3.1 de la Ley 54, así como cualquier documento o material

audiovisual

relacionado

al

mismo”.

Solicitud

urgente

y

especial del Overseas Press Club, pág. 4.

El día siguiente, mediante Resolución, denegamos la

solicitud de divulgación que presentó el Overseas Press Club.

Como

parte

expresamos:

de

los

fundamentos

para

dicha

denegatoria

CT-2021- 0008

3

En la balanza de intereses presentes en esta

solicitud de información, el mandato de ley para

salvaguardar la confidencialidad de los procesos,

como protección para las víctimas de violencia

doméstica, pesa más que el interés de la prensa de

tener acceso a información confidencial. También

consideramos en nuestro análisis que está pendiente

un proceso penal relacionado y la solicitud de

información sin que el imputado sea parte podría

incidir sobre su derecho a un proceso imparcial y

justo. Ex Parte: Overseas Press Club, 2021 TSPR 62,

pág. 2 (Resolución) (Énfasis suplido).

Luego,

el

7

de

mayo

de

2021,

la

Asociación

de

Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) presentó una Moción de

solicitud de regrabación en el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Caguas. En síntesis, solicitó la divulgación

de los procesos judiciales celebrados durante los días 25,

26 y 31 de marzo de 2021 en el caso Pueblo v. Miguel Ocasio

Santiago, supra. En su petitorio, la ASPPRO arguyó que su

solicitud se distingue de lo resuelto por este Tribunal en

Ex

Parte:

Overseas

solicita que de

Press

Club,

supra,

porque

ahora

se

las grabaciones se eliminen las partes

sensitivas del testimonio de la joven Andrea Ruiz Costas.

Además, enfatizan que los familiares de Ruiz Costas se han

expresado públicamente a favor de la divulgación del audio.

En respuesta, el foro primario señaló una vista para el 11

de mayo de 2021, a las 9:30 a.m., en la Sala 301 del Centro

Judicial de Caguas.

II

A. Recurso de certificación intrajurisdiccional

La certificación intrajurisdiccional es un mecanismo

procesal discrecional, que podemos expedir por iniciativa

CT-2021- 0008

4

propia o a solicitud de parte, para elevar inmediatamente a

la consideración de este Tribunal cualquier asunto pendiente

ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de

Apelaciones. Regla 52.2(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V. Véanse, además, Art. 3.002 de la Ley Núm. 201-2003,

conocida como la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003,

4 LPRA sec. 24s(f); Regla 24 del Reglamento del Tribunal

Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. Véase, también, R. Hernández

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal

civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 5623,

pág.

574.

Hemos

utilizado

este

mecanismo

“para

atender

asuntos que requieren urgente solución, ya sea porque se

afecta la administración de la justicia o porque el asunto

es

de

tal

importancia

que

exige

una

pronta

atención”.

Pierluisi-Urrutia v. Comision Estatal de Elecciones, 204 DPR

841, 854 (2020), citando a PIP v. ELA et al., 186 DPR 1, 9

(2012).

Ahora

bien,

debido

al

carácter

extraordinario

y

discrecional, al momento de evaluar este tipo de recurso,

debemos analizar los siguientes factores: (1) si se plantean

cuestiones de interés público que podrían incluir asuntos

sustanciales al amparo de la Constitución de Puerto Rico o

los Estados Unidos; (2) la etapa en que se encuentra el caso;

(3) la urgencia y complejidad de la controversia y (4) la

necesidad que pueda existir de presentar prueba. Rivera

Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 849 (2014). La

presente controversia cumple con todos los criterios.

CT-2021- 0008

En

primer

5

lugar,

la

controversia

ante

nuestra

consideración está cobijada por el más alto interés público

al estar en juego el derecho a la intimidad y dignidad de

todo ser humano -en nuestro caso de las víctimas de violencia

doméstica

dentro

de

los

procedimientos

judiciales-

consagrado en nuestra Constitución. Véase, Const. P.R., Art.

II, Sec. 1 y Sec. 8, LPRA, Tomo 1. Segundo, el recurso se

encuentra en una etapa de fácil disposición. Tercero, la

presente controversia se tiene que resolver de forma urgente

debido a la posibilidad de que se contravenga la ley y se

cree un precedente nefasto para la protección de la intimidad

de las víctimas de violencia doméstica. Cuarto y, por último,

la controversia ante nos no requiere que se presente prueba.

Con la mera aplicación del derecho se dispone de ella.

B. Derecho a la intimidad y el acceso a la información en

casos de violencia doméstica

Las Secs. 1 y 8 del Art. II de la Constitución de Puerto

Rico, supra, protegen el derecho fundamental a la intimidad

y dignidad de las personas. En lo pertinente, la Sec. 8 de

la Carta de Derechos

dispone que “[t]oda persona tiene

derecho a [la] protección de [la] ley contra ataques abusivos

a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”.

Por su parte, la Sec. 1 del Art. II de la Constitución,

supra,

establece

que

“[l]a

dignidad

del

ser

humano

es

inviolable”.

Conforme a lo anterior, hemos expresado que “el derecho

a la intimidad, componente del derecho a la personalidad,

CT-2021- 0008

6

goza de la más alta protección bajo nuestra Constitución y

constituye un ámbito exento capaz de impedir o limitar la

intervención de terceros”. López Tristani v. Maldonado, 168

DPR 838, 849 (2009).

En Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 5859 (1986), expresamos:

En relación con la Sec. 1, el Informe de la

Comisión de la Carta de Derechos rendido a la

Convención Constituyente indicó que ‘[e]l propósito

de esta sección es fijar claramente como base

consustancial de todo lo que sigue el principio de

la dignidad del ser humano‘. Sobre la Sec. 8 se

dijo que ‘[s]e trata de la inviolabilidad personal

en su forma más completa y amplia [y que e]l honor

y la intimidad son valores del individuo que

merecen protección cabal, no sólo frente a

atentados provenientes de otros particulares, sino

también

contra

ingerencias

abusivas

de

las

autoridades. La fórmula propuesta en la sección 8

cubre ambos aspectos... La inviolabilidad de la

persona se extiende a todo lo que es necesario para

el desarrollo y expresión de la misma‘. (Énfasis

suplido).

De igual forma, en P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR

328, 339 (1983), al discutir la primacía del derecho a la

intimidad en nuestro sistema jurídico, expresamos:

Tan trascendental es este derecho en nuestra

sociedad que, en las ocasiones en que se ha

contrapuesto a otros de similar jerarquía, ha

salido airoso del careo constitucional. Así, por

ejemplo, ha prevalecido ante los siguientes

derechos

fundamentales:

de

libre

expresión,

Hermandad de Empleados, supra [E.L.A. v. Hermandad

de Empleados, 104 DPR 436 (1975)] (piquete frente

a la residencia del Secretario del Trabajo); de

libertad de culto, Sucn. de Victoria, supra [Sucn.

de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 DPR 20

(1974)] (servicios religiosos que trascendían al

vecindario); y de propiedad, Torres v. Rodríguez,

101 DPR 177 (1973) (establecimiento de funeraria en

CT-2021- 0008

7

zona residencial). También ha predominado frente a

la legislación limitante de la decisión de los

cónyuges que por mutuo acuerdo optan por terminar

su matrimonio. Figueroa Ferrer, supra [Figueroa

Ferrer v. ELA., 107 DPR 250 (1978)]. (Énfasis

suplido).

Por otro lado, el legislador proveyó en el Art. 5.005

de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, una protección

adicional

a

la

intimidad

de

las

víctimas

de

violencia

doméstica, al ordenar la creación de salas especializadas

"para atender con acceso controlado al público los casos de

violencia

doméstica

en

todas

las

regiones

judiciales”.

(Énfasis suplido). Al leer el precitado artículo queda claro

que cuando el legislador ordenó controlar el acceso al

público, revistió de confidencialidad los asuntos que se

discuten

en

las

salas

especializadas

sobre

violencia

doméstica.

Ahora bien, hemos expresado que en nuestro sistema se

garantiza jurisprudencialmente el derecho del pueblo y de la

prensa

al

acceso

a

información

de

carácter

público.

Engineering Services International, Inc. v. Autoridad de

Energía Eléctrica de Puerto Rico, 205 DPR _____, 2020 TSPR

103, 105 (2020). No obstante, ese acceso público cede cuando:

(1)

una

ley

lo

declara

así;

(2)

la

comunicación

está

protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que

pueden invocar los ciudadanos; (3) revelar la información

puede lesionar los derechos fundamentales de terceros; (4)

se

trate

de

la

identidad

de

un

confidente,

y

(5)

sea

“información oficial” conforme a la Regla 514 de Evidencia

CT-2021- 0008

8

de 2009, 32 LPRA Ap. VI. (Énfasis suplido). Bhatia Gautier

v. Gobernador, 199 DPR 59, 82-83 (2017).

No cabe duda del interés legítimo de la prensa en

obtener información sobres los casos que se ventilan en los

tribunales, en especial a los que tienen que ver con el mal

social

que

nos

estremece:

la

violencia

doméstica.

No

obstante, tal como expresamos en Ex Parte: Overseas Press

Club, supra, en la balanza de intereses, el deseo de la

prensa de tener acceso a información confidencial sobre los

procesos judiciales relacionados con asuntos de violencia

doméstica cede ante la protección a la confidencialidad y el

derecho a la intimidad que tiene toda futura víctima. Véanse,

Const. P.R., Art. II, Sec. 8, supra; Art. 5.005 de la Ley de

la Judicatura de 2003, supra.

No existe distinción entre la solicitud de la ASPPRO y

lo resuelto por este Tribunal la semana pasada en Ex Parte:

Overseas Press Club, supra. En primer lugar, la determinación

a

la

que

circunscribe

llegamos

al

caso

entonces

de

la

y

hoy

joven

reafirmamos

Ruiz

Costas.

no

se

Todo

lo

contrario. Llegamos a ella, primero, porque así la ley lo

impone y, segundo, para evitar crear un precedente nefasto

que sirva para desalentar y cohibir a las futuras víctimas

de violencia doméstica de que busquen protección en nuestros

tribunales. Eliminar las partes sensitivas o íntimas del

audio no salvaguarda el mandato de confidencialidad que la

ley le revierte a estos asuntos. Por el contrario, abriría

el debate de qué es sensitivo o íntimo y qué no lo es. La

CT-2021- 0008

9

víctima de violencia doméstica que acude al tribunal en busca

de ayuda no debe enfrentar el temor de que la grabación de

lo que se vierta en ese proceso pueda ser divulgado a

cualquier

persona

o

medio,

en

todo

o

en

parte,

para

compartirlo con el público en general. Esto es precisamente

lo que la ley pretende evitar.

Cuando compartimos nuestra determinación en Ex parte:

Overseas Press Club, supra, tomamos todos esos escenarios en

cuenta y sopesamos todas esas posibilidades. Sin embargo,

llegamos a una

sola conclusión:

estos procesos, por su

naturaleza sensible -que requieren por ley de un acceso

controlado- no son compatibles con la posibilidad de que

posteriormente la grabación se haga pública aunque sea de

manera suprimida o limitada, independientemente de quién lo

solicite. Todos queremos respuestas, pero en el afán de que

alguien responda no podemos permitir tan nefasto precedente.

La inminencia de la vista que señaló el Tribunal de Primera

Instancia nos obliga a resolver de inmediato, prescindiendo

de todo trámite ordinario.

En

aspectos

algunas

que

ocasiones

trascienden

las

el

controversias

remedio

contienen

solicitado

por

las

partes. Esta es una de esas ocasiones. No podemos actuar a

base de meras conveniencias, deseos o simpatías. La ética

judicial

prohíbe

público,

[ni]

que

por

los

jueces

actúen

consideraciones

de

"por

el

clamor

popularidad

o

notoriedad...". Canon 8 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B.

Como

intérpretes

máximos

de

la

Constitución

y

la

ley,

CT-2021- 0008

10

intervenimos hoy para proteger y sostener los efectos de

nuestro dictamen de la semana pasada en Ex parte: Overseas

Press Club, supra, y tomamos esta decisión con el fin expreso

de proteger la vida, la seguridad, la dignidad y la intimidad

de las futuras víctimas de violencia doméstica.

Ahora bien, debemos dejar meridianamente claro que lo

resuelto hoy nada tiene que ver con la investigación que está

llevando

a

Tribunales

cabo

la

Oficina

(OAT)

sobre

lo

de

Administración

acontecido

en

las

de

los

vistas

en

controversia. Confiamos que finalizada la investigación, se

divulguen los hallazgos junto con las medidas correctivas

adecuadas que puedan recomendarse. No obstante lo anterior,

y como hemos señalado en el pasado, advertimos que todo

ciudadano que considere que la actuación de un juez o jueza

se

ha

basado

en

consideraciones

ajenas

al

ordenamiento

jurídico, tiene disponible el procedimiento que a esos fines

proveen las Reglas de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B.

III

Por todo lo anterior, se expide el auto de certificación

para traer ante la consideración de este Tribunal el caso

Pueblo

v.

Miguel

Ocasio

Santiago,

Núm.

CG2021CR00724.

Conforme con la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo,

4 LPRA Ap. XXI-B, prescindimos de todo procedimiento ulterior

y debido a la naturaleza urgente de la solicitud de la ASPPRO,

así como para salvaguardar la efectividad de nuestro dictamen

en Ex parte: Overseas Press Club, supra, resolvemos que no

procede la solicitud de información que presentó la referida

CT-2021- 0008

11

asociación y proveemos no ha lugar a esta. Por consiguiente,

se deja sin efecto la vista que el Tribunal de Primera

Instancia señaló para mañana martes. Resuelto este asunto,

se devuelve el caso a ese foro para que continúen los

procedimientos de forma compatible con lo resuelto aquí.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del

Tribunal

Supremo.

La

Jueza

Presidenta

Oronoz

Rodríguez

disiente y emitió Opinión Disidente. El Juez Asociado señor

Estrella Martínez disiente y emitió Opinión Disidente. El

Juez Asociado señor Colón Pérez disiente y emitió Opinión

Disidente.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CT-2021-08

Miguel Ocasio Santiago

Recurrido

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRIGUEZ emitió una

disidente.

Opinión

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021.

Reitero: hay que divulgar las grabaciones solicitadas y

hay que hacerlo ya. Si bien nadie puede devolver la vida a

Andrea

Ruiz

Costas,

nuestra

actuación

a

favor

de

la

transparencia arrojaría luz sobre lo que aconteció cuando

acudió a nuestros tribunales. Estoy convencida que ello es

un

primer

paso

indispensable

para

recobrar

la

fe

y

la

confianza en los procedimientos judiciales para proteger las

víctimas de violencia de género.

I

El artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto

Rico, 4 LPRA sec. 24s(f), dispone que podremos traer a

nuestra atención asuntos pendientes ante el Tribunal de

Primera Instancia cuando se planteen: (1) conflictos entre

decisiones

previas

cuestiones

noveles

interés

público

del

de

que

Tribunal

derecho

o

de

(3)

incluyan

Apelaciones,

(2)

cuestiones

de

alto

cualquier

cuestión

CT-2021-08

2

constitucional sustancial al amparo de la Constitución de

Puerto Rico o de Estados Unidos. Asimismo, hemos establecido

que “es un recurso de carácter excepcional porque la norma

preferida en nuestro ordenamiento es que los casos maduren

durante el trámite ordinario para evitar así que el foro de

última instancia se inmiscuya a destiempo”. UPR v. Laborde

Torres y otros, 180 DPR 253, 272 (2010). Además, es un recurso

que nos permite atender asuntos que de otra manera pudieran

evadir nuestros pronunciamientos. Íd., pág. 273.

Evaluados

los

criterios

que

nos

permiten

certificar

intrajurisdiccionalmente una controversia pendiente ante un

foro inferior vemos que no se cumplen. Ciertamente, estamos

ante un asunto de alto interés público que involucra un tema

novel. No obstante, por ser el foro de última instancia, este

Tribunal debe abstenerse de intervenir en asuntos que aún

requieren madurar en los tribunales inferiores.

Es sorprendente y preocupante la forma en que, a puertas

cerradas, este Tribunal cambió su postura jurisdiccional

sobre este asunto. El Tribunal tuvo la oportunidad de expedir

y expresarse en el caso previo Ex Parte Overseas Press Club

de Puerto Rico, MC-2021-59. No obstante, una Mayoría optó

por denegar la solicitud que presentó la parte peticionaria

en aquel momento y expresó que este no era el foro adecuado

para solicitar la información. Así, hicieron alusión a que

las grabaciones en controversia se debieron pedir en el foro

primario. Ahora, increíblemente, la mayoría de los Jueces de

esta Curia, contrario a las disposiciones legales que le

CT-2021-08

3

confieren

jurisdicción

a

este

foro,

certifican

un

caso

criminal, que ya culminó, con la única intención de que no

se divulguen las grabaciones.

Podemos

tomar

conocimiento

judicial

de

que

el

Poder

Ejecutivo, por vía del Ministerio Público, y el Gobernador

se ha expresado a favor de la divulgación de las grabaciones.

También

el

Poder

Administración

de

Judicial,

a

Tribunales,

través

de

favoreció

la

la

Oficina

de

divulgación.

Asimismo, se ha expresado a favor de la divulgación la

familia de Andrea Ruiz Costas, quien --sin duda-- es parte

interesada

en

proteger

los

derechos

de

ésta.

Cabe

preguntarse, ¿por qué una Mayoría de los Jueces del Tribunal

Supremo insiste en ocultarle al Pueblo las grabaciones? Con

el proceder de hoy, y como ha sido tendencia de este Tribunal

hace ya un tiempo, se sienta un precedente nefasto sobre la

jurisdicción de este Máximo Foro. No había razón alguna para

certificar el caso criminal Pueblo v. Miguel Ocasio Santiago

Núm. CG2021R00274 Rel: OPA 2021011403. Le corresponde al

Tribunal

de

Primera

Instancia

atender

la

petición

de

divulgación a la prensa, según fue señalado por este mismo

tribunal

el

pasado

6

de

mayo.

Si

alguna

parte

quedara

insatisfecha con lo que resolviera el Juez o Jueza asignado

al asunto, esta tendría a su disposición los procesos de

apelación.

CT-2021-08

4

II

Como he expresado, el objetivo de promover el acceso de

la

ciudadanía

educación

y

a

la

los

procesos

confianza

en

judiciales,

fomentar

la

sistema

justicia,

y

el

de

alcanzar la transparencia óptima de los procedimientos es y

seguirá siendo una prioridad para mí. Ex Parte Televicentro

of Puerto Rico, LLC, 195 DPR 18, 26 (2016). Desde que ejerzo

mis funciones en este Tribunal hace 7 años no ha habido una

instancia en la que haya votado en contra del acceso a la

prensa a los procesos judiciales. Véase In re: Enmiendas al

Reglamento del PECAM, 193 DPR 475, 513(2015); Telenoticias,

Telemundo de PR II, 195 DPR 507,513 (2016). Al contrario,

siempre he favorecido la apertura, la transparencia y la

protección del derecho de la prensa y de los ciudadanos en

general

a

tener acceso a

la información pública,

como

un

derecho fundamental de estirpe constitucional. Soto v. Srio.

de

Justicia,

112

Gobernador,

199

Judicial

puede

no

DPR

DPR

477

59,

estar

(1982);

Bhatia

(2017).

Insisto:

el

Poder

reclamos

de

mayor

110

ajeno

a

los

Gautier

v.

transparencia. Por eso, ante la reiteración de la solicitud,

entregaría las grabaciones ya.

En nuestra democracia, el Pueblo tiene derecho a pasar

juicio

fiscalizador

sobre

todas

las

acciones

y

determinaciones del Gobierno, lo cual incluye las del Poder

Judicial.

Engineering

Services

International,

Inc.

v.

Autoridad de Energía Eléctrica, 2020 TSPR 103; Ortiz v. Dir.

Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 183 (2000). Además,

CT-2021-08

5

contrario a lo que interpretó erróneamente una Mayoría de

este Tribunal el pasado 6 de mayo, los peticionarios no están

solicitando que se divulguen todos los expedientes de los

casos de Ley Núm. 54 en poder de los tribunales. Piden uno:

el de una mujer que reclamó sin éxito protección en contra

de su agresor y en donde se alega que el Poder Judicial le

falló.

Sobre el particular, a tono con los objetivos de la Ley

Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 601 et seq.,

según

enmendada,

el

Artículo

5.005

de

la

Ley

de

la

Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 25e, dispone que

los casos de violencia doméstica a tenor de la Ley Núm. 54,

supra:

[S]e verán en una sala especialmente designada para

los mismos en cada Región Judicial. Esta sala será

de acceso controlado al público para salvaguardar

la identidad de la víctima, y será a discreción

del Juez que preside la sala especializada

determinar qué personas del público pueden acceder

a la misma. (Énfasis suplido).

El texto de la ley es diáfano y permite colegir que el

principio

detrás

de

estas

salvaguardas

es

proteger

la

identidad de las víctimas que acuden en búsqueda de auxilio

a nuestros tribunales. Lamentablemente, el nombre de Andrea

ya es --y será-- conocido por un País que languidece ante un

sentido de impotencia y desasosiego. No queda identidad que

proteger. La Mayoría del Tribunal cubre con un manto de

confidencialidad el proceso judicial que se dio en este caso

al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 54, supra. El

estatuto en nada dispone sobre mantener en privado o en

secreto los testimonios que se vierten en sala. En ninguna

CT-2021-08

6

parte de los estatutos concernidos se hace referencia a que

los procedimientos celebrados y terminados quedan totalmente

excluidos, para la posteridad, de toda solicitud de acceso

por parte de la ciudadanía. Nuestra responsabilidad como

garantes

de

los

circunstancias

necesarias,

nos

sin

derechos

de

permiten

tomar

incumplir

las

víctimas

aquellas

en

tales

protecciones

injustificadamente

con

nuestro

mandato constitucional para hacer accesible la información

pública.

Estas

providencias

están

disponibles

si

las

circunstancias específicas del caso así lo requirieran. Por

ello, queda en la discreción del Juez que preside la sala

especializada determinar qué personas del público pueden

acceder a las grabaciones en controversia, así como, de

determinar

su

procedencia,

la

forma

en

que

estas

serán

compartidas.

En este caso nadie, se reitera nadie, invoca protección

alguna u objeta la divulgación. Por el contrario, estamos en

una de esas raras instancias en las cuales todas las partes

concernidas están en la misma línea: a favor de divulgar y

de la transparencia. Debió pesar en la mayoría la expresión

bajo juramento de una madre que nos implora que se divulguen

las

grabaciones.

Nótese

que

en

este

caso

la

orden

del

Tribunal de Primera Instancia solamente iba dirigida a la

Fiscalía, quien tiene en su poder las grabaciones. No cabe

duda de que no nos encontramos ante una situación en la cual

se justifique la limitación del derecho del público y la

prensa

a

tener

acceso

a

las

grabaciones

sobre

estos

CT-2021-08

7

procedimientos judiciales. Bhatia

Gautier

v.

Gobernador,

supra. Si bien existen circunstancias y situaciones que en

nuestro

ordenamiento

el acceso público a

se

los

establece

que

procedimientos

ameritan

limitar

judiciales,

como

ocurre en los casos de familia y menores, en este caso no

están presentes.

¿Que se pretende esconder? La norma general es que los

procesos judiciales son públicos y --a menos que exista un

interés apremiante del Estado-- se toman las providencias

para limitar ese acceso. En este caso, como en todos lo casos

similares

que

refleja

la

jurisprudencia,

la

balanza

se

inclina hacia el acceso y la transparencia. No hay razón para

que

en

este

caso

aplique

una

norma

en

blanco

de

confidencialidad.

Por eso, las grabaciones tienen que hacerse públicas.

El País y la familia de Andrea así lo claman.

Como indiqué,

ellos deben escucharlas primero y expresar si objetan que se

divulgue algún fragmento pues la dignidad de Andrea y su

memoria no termina con su muerte.1

Luego, le toca el turno

de escucharlas al País. Es imperativo hacerlo. No hay nada

que esconder.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

“La dignidad del ser humano prevalece aun después de la muerte.” Dora

Nevares-Muñiz, “Deliberación en bioderecho”, Revista Lumen núm. 9 (2013),

132; Fred O. Smith, Jr., The Constitution After Death, 120 Colum. L. Rev.

1471, 1499 (2020).

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

CT-2021-0008

v.

Miguel Ocasio Santiago

Recurrido

Opinión disidente

ESTRELLA MARTÍNEZ

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021.

La acción ejecutada por parte de una Mayoría de este

Tribunal es errada en derecho, lamentable como cuestión de

política pública de acceso a la información y atropella

irrazonablemente a los compañeros de estrado disidentes,

pero, más grave aún, insensible a la familia de Andrea Ruiz

Costas y a los peticionarios.

Hoy se está revictimizando a una familia que mediante

declaración jurada se hace eco del reclamo de transparencia

y accesibilidad que, como cuestión de derecho, debimos

reconocer.

Los familiares de los fallecidos por el crimen

también son víctimas de los delitos.

El silencio, la

desinformación, la desconfianza y las cerradas de puertas

insensibles también los revictimizan.

Tal como expliqué en mi pasado Voto Disidente, nuestro

ordenamiento cuenta con las herramientas necesarias para

CT-2021-0008

2

proteger la dignidad y los derechos individuales de las

víctimas

de

judiciales.

delito

y

otros

actores

de

los

procesos

Véase In re Overseas Press Club, MC-2021-0059

(Voto Particular Disidente Juez Asociado señor Estrella

Martínez.) Sin embargo, estamos ante una situación muy

particular en la que estoy convencido de que la dignidad e

intimidad de Andrea no se protegen denegando de plano la

información solicitada. También estoy convencido que el

interés

público

va

de

la

mano

con

los

reclamos

de

transparencia y acceso a la información de la familia de

Andrea.

En

un

caso

en

que

lamentablemente

la

víctima

falleció, me parece totalmente errado que se levante la

bandera de revictimizarla o de que la divulgación tenga un

efecto disuasivo para otras potenciales víctimas realizar

reclamos ante el Tribunal, máxime ante el testimonio que

dejó en vida Andrea para cuestionar los procesos y levantar

su voz de alerta a la sociedad en general.

Respetuosamente

considero que la denegatoria de plano de estas solicitudes,

que hoy se agrava con este apresurado proceder, lleva un

mensaje

de

frustración

y

es

mucho

más

lesivo

que

la

divulgación de la información solicitada.

A pesar de que una Mayoría de este Tribunal adujo en

la pasada denegatoria que este no era el foro adecuado para

dilucidar en primera instancia la solicitud que nos ocupa,

hoy paradójicamente se le quita al Tribunal de Primera

Instancia el caso para denegarla de plano.

Como agravante,

se realiza esta acción sin escuchar la grabación, sin darle

CT-2021-0008

3

oportunidad a las partes que se expresen y de una forma

apresurada.

La violencia de género está enmarcada, entre otros

múltiples

factores,

en

la

utilización

atropellante

del

poder, la secretividad, no reconocerle derechos a su víctima

y, peor aún, en ocasiones disfrazado con frases como:

“porque es por su bien” y “por su bienestar”.

Lamentablemente, las instituciones también tienen la

atroz capacidad de repetir y fomentar esos patrones, con

sus acciones y omisiones.

Este Tribunal conoce que todas

sus acciones y expresiones tienen un efecto social que va

más allá de los casos y controversias que adjudica.

La voz de Andrea fue silenciada.

El reclamo de la

prensa fue ignorado. Y hoy el reclamo de la familia de

Andrea fue abruptamente rechazado, sin ser escuchados, sin

ser atendidos, sin concederle tiempo razonable a nadie.

¿Cuál es la prisa? Evidentemente, la certificación del caso

no es producto de un análisis ponderado para otorgar un

remedio adecuado, completo y oportuno, tal como lo he

favorecido en el pasado.

¿Por qué reproducir la conducta

apresurada que precisamente es objeto de cuestionamiento

público desde que Andrea solicitó la orden de protección?

¿Por qué ejercer el poder mayoritario sin escuchar a nadie

y sin permitir a los disidentes expresarse en un periodo de

tiempo razonable?

Estas preguntas se unen a las muchas que

tiene la familia de Andrea y el Pueblo en general.

salas

especializadas

de

violencia

de

género

Las

fueron

CT-2021-0008

4

concebidas primordialmente para atender de forma integral

las

necesidades

de

las

víctimas.

Ciertamente,

el

ordenamiento provee brindarles la intimidad y privacidad

que sea necesaria para que puedan canalizar adecuadamente

su reclamo.

Eso no cambiará para las potenciales víctimas,

pero no puede ser una excusa para denegar de plano el

reclamo que nos ocupa.

lamentable

Ello, ante las particularidades del

fallecimiento

de

Andrea,

la

voluntad

de

divulgación de los familiares, la trayectoria de publicidad

de vistas judiciales que tenía este Tribunal, el apremiante

interés público y el derecho de acceso a la información.

Por los fundamentos enunciados, disiento del curso de

acción

seguido

consecuentemente,

por

una

Mayoría

ordenaría

la

de

este

Tribunal

divulgación

de

solicitado.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

y,

lo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

CT-2021-008

N

v.

Miguel Ocasio Santiago

Recurrido

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 10 de mayo de 2021.

Andrea, hoy te volvimos a fallar. Y, al fallarte

a ti, le fallamos al País.

En la mañana de hoy, una mayoría de este Tribunal

-- de la forma más atropellada posible; removiendo motu

proprio

una

petición

que

se

encuentra

ante

la

consideración del Tribunal de Primera Instancia, y sin

el

beneficio

de

escuchar

ciertos

audios

para

determinar qué de lo contenido en ellos podía estar

sujeto a diseminación pública y qué no -- le ha cerrado

las

puertas

al

reclamo

de

tus

padres.

Con

ello,

mantiene en estricta confidencialidad el contenido de

determinados

procesos

judiciales

celebrados

en

la

Región Judicial de Caguas, los días 25, 26 y 31 de

marzo de 2021, en los que tú figuraste como parte.

CT-2021-008

2

¿Para proteger a quién? ¿A ti? Lo dudo, pues tus padres

comparecieron ante el Tribunal de Primera Instancia a informarnos

que la mejor manera de proteger tu memoria era haciendo público

lo sucedido en los referidos procesos judiciales.

¿Para proteger a las futuras víctimas de violencia de

género? No lo creo, pues éstos y éstas se protegen brindándole

un sistema de justicia transparente en el que puedan confiar. Un

sistema de justicia que sepa rendir cuentas.

Entonces, nos volvemos a preguntar: ¿Para proteger a quién?

¿A los jueces y las juezas?

Los jueces y las juezas no tenemos ni más, ni menos,

derechos

constitucionales

que

los

demás

puertorriqueños

y

puertorriqueñas. Tenemos los mismos. Todos y todas somos iguales.

Y, como iguales, en situaciones tan particulares como éstas,

tanto nuestras actuaciones -- como las actuaciones del resto de

la sociedad que, día a día, desde nuestros estrados juzgamos -tienen que estar sujetas a ser escudriñadas y evaluadas por el

resto del País. Eso es un derecho constitucional que -- en el

desempeño de nuestras funciones -- el Pueblo puertorriqueño, al

convocarse y redactar nuestra Constitución, se reservó para ellos

y ellas; y en gran parte, tal derecho se nutre de que éstos y

éstas puedan tener acceso a la información pública en manos del

Estado. Lo anterior, con las debidas salvaguardas en aquellos

casos que así lo ameriten. Véase, de manera análoga, lo expresado

por quien suscribe en Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59,

176 (2017) (Colón Pérez, opinión disidente).

Siendo ello así, y siguiendo los parámetros expuestos en

nuestro Voto Particular Disidente en Ex parte: Overseas Press

CT-2021-008

3

Club de Puerto Rico, 2021 TSPR 62, 206 DPR ______ (2021)(Colón

Pérez, Voto Particular Disidente), somos

de la opinión que las

grabaciones de las vistas judiciales celebradas en la Región

Judicial de Caguas los días 25, 26 y 31 de marzo de 2021, a las

que previamente hemos hecho referencia, tenían que ser entregadas

a los familiares de Andrea y a los gremios de periodistas

(Overseas

Press

Club

y

ASSPRO)

que

las

han

solicitado.

Lamentablemente, no fue así. El manto de secreto absoluto se

impuso.

Como bien señaló el prestigioso académico, Dr. Efrén Rivera

Ramos, en una reciente columna de opinión que le publicara el

periódico El Nuevo Día, en la que evaluaba el proceder de este

Tribunal en el caso que dio origen al recurso de reconsideración

que hoy atendemos, “ese manto de secreto absoluto será peor a la

larga que el mal que la mayoría pretende evitar”.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado