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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Rebecca Martínez Jiménez

2021 TSPR 61

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Rebecca Martínez Jiménez

TS-14,576

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo y los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2021 TSPR 61

Rebecca Martínez Jiménez

Número del Caso:

Fecha:

206 DPR _____

TS-14,576

3 de mayo de 2021

Sra. Rebecca Martínez Jiménez:

Por derecho propio

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcda. María Cecilia Molinelli González

Directora Ejecutiva

Materia: La suspensión será efectiva el 4 de mayo de 2021, fecha en que

se le notificó a la abogada de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Rebecca Martínez Jiménez

TS-14,576

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2021.

Una vez más nos vemos obligados a ejercer nuestra

facultad

disciplinaria

sobre

un

miembro

de

la

profesión jurídica que desatendió nuestras órdenes y

los requerimientos del Programa de Educación Jurídica

Continua (PEJC).

I

La Lcda. Rebecca Martínez Jiménez fue admitida al

ejercicio de la abogacía el 19 de agosto de 2003 y

prestó juramento como notaria el 11 de febrero de 2004.

El 18 de diciembre de 2013 el Programa de Educación

Jurídica Continua (PEJC), nos presentó un

sobre

Incumplimiento

con

el

Informe

Requisito de Educación

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Jurídica Continua, en el cual informó que la letrada no había

cumplido con los requisitos reglamentarios de educación

jurídica continua durante el periodo

2011-2013.

Además,

refirió a nuestra atención que el 22 de noviembre de 2013 el

PEJC le envió a la licenciada Martínez Jiménez un Aviso de

Incumplimiento

sesenta

días

otorgándole,

adicionales

entre

para

otras

completar

alternativas,

los

requisitos

reglamentarios para el periodo 2011-2013 y pagar la multa

por cumplimiento tardío, a tenor del Reglamento del Programa

de Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII–D, según

enmendado. El término venció y la letrada no cumplió con lo

requerido.

La

abogada

tampoco

cumplió

con

los

requisitos

del

Programa para el periodo 2013-2016, por lo que también se le

notificó el correspondiente Aviso de Incumplimiento. Así,

debido a que transcurrió un periodo razonable sin que la

abogada cumpliera con lo requerido, el 9 de enero de 2019

emitimos una Resolución concediéndole un término de veinte

días para que compareciera y mostrara causa por la cual no

se le debía suspender del ejercicio de la abogacía por su

incumplimiento

con los requisitos de educación jurídica

continua y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue

requerido.

El 30 de enero de 2019 la licenciada Martínez Jiménez

compareció ante nos y solicitó un término de diez días para

completar los requisitos de educación jurídica continua.

Examinada la comparecencia, le concedimos un término de

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treinta días para que cumpliera con todos los requerimientos

del PEJC y presentara la correspondiente certificación de

cumplimiento. Ante ello, la letrada volvió a incumplir. Por

eso, mediante Resolución, le concedimos un término final de

diez días para que mostrara causa por la cual no debía ser

suspendida del ejercicio de la profesión.

Transcurrido el término sin que la abogada cumpliera la

orden, le concedimos, en dos ocasiones, términos adicionales

para

que

cumpliera

con

lo

requerido.

Posteriormente,

a

través de una Moción en Cumplimiento de Orden, la licenciada

nos solicitó un término de noventa días para el pago de las

multas impuestas

por cumplimiento tardío,

ascendentes a

$300. Examinada la moción, emitimos una Resolución en la que

le concedimos un término de veinte días para el pago de las

multas correspondientes a los periodos de 2007-2009, 20092011, 2011-2013 y 2013-2016 y la multa impuesta según la

Regla

32(D)

del

Reglamento

del

Programa

de

Educación

Jurídica Continua, supra.

En vista de que la letrada nuevamente no cumplió, le

concedimos

un

término

adicional

para

que

cumpliera

con

nuestra Resolución. El 21 de febrero de 2020 la licenciada

Martínez Jiménez nos solicitó un término de treinta días

para el pago de las multas. Consecuentemente, en esa ocasión

le concedimos un término final e improrrogable de sesenta

días para que cumpliera con nuestra anterior Resolución.

Además,

le

apercibimos

de

que

su

incumplimiento

podría

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conllevar sanciones severas, incluyendo la suspensión de la

abogacía.

Tardíamente, la letrada compareció y nos indicó que

pagó la cantidad de $300 en concepto de multas. Sin embargo,

el 23 de octubre de 2020 el PEJC nos certificó que la

licenciada Martínez Jiménez no cumplió con los requisitos

reglamentarios de Educación Continua para el periodo 20162019, ni pagó la correspondiente multa por cumplimiento

tardío. Por eso, el 27 de octubre de 2020 emitimos Resolución

en la que le concedimos un término de treinta días para que

cumpliera con todos los requerimientos del PEJC y presentara

certificación de cumplimiento. Una vez más le apercibimos de

que su incumplimiento podría conllevar sanciones severas,

incluyendo la suspensión del ejercicio de la abogacía y la

notaría.

El término concedido venció y la letrada no compareció.

El 9 de marzo de 2021 el PEJC emitió una Certificación en la

que nos indicó que la letrada cumplió con las horas créditos

para el periodo 2016-2019, pero no así con el pago de la

multa por cumplimiento tardío. Entonces, el 18 de marzo de

2021, mediante Resolución, le concedimos a la licenciada

Martínez Jiménez un término final e improrrogable de treinta

días para que certificara el pago de la multa adeudada por

cumplimiento

incumplimiento

tardío.

podría

También

acarrear

le

apercibimos

medidas

que

su

disciplinarias,

incluyendo la suspensión de la profesión legal.

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Una vez más, la letrada no compareció dentro del término

provisto. Posteriormente, el PEJC a través de Certificación

nos informó que la licenciada Martínez Jiménez no ha pagado

la multa adeudada por cumplimiento tardío.

II

Entre los deberes de los miembros de la profesión legal

se encuentra observar una conducta de respeto para con los

tribunales. Véase, Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX, C.9. Comparecer en tiempo a los señalamientos, las

órdenes y los requerimientos notificados por el tribunal es

parte indispensable del respeto que deben tener los abogados

hacia el foro judicial. In re Lugo Quiñones, 2021 TSPR 02,

205 DPR __ (2021). De igual modo, se exige que los abogados

atiendan

pronta

y

diligentemente

las

órdenes

de

este

Tribunal. In re Colón Rivera, 2021 TSPR 19, 206 DPR __

(2021); In re Rosa Rivera, 2021 TSPR 18, 206 DPR __ (2021);

In re Lugo Quiñones, supra. Por ello, desatender nuestros

requerimientos constituye una infracción del Canon 9 de

Ética Profesional, supra, y un serio agravio a nuestra

autoridad. In re Torres Viera, 2021 TSPR 36, 206 DPR __

(2021); In re Colón Rivera, supra.

El deber que tienen los abogados de cumplir con nuestras

órdenes requiere la más estricta observancia y rapidez,

particularmente

cuando

se

trata

de

procedimientos

disciplinarios. In re Venegas Martínez, 2021 TSPR 28, 206

DPR __(2021); In re Bermúdez Tejero, 2021 TSPR 8, 205 DPR __

(2021); In re Cintrón Rodríguez, 2020 TSPR 115, 205 DPR __

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(2020). Este deber también se extiende a los requerimientos

de nuestros funcionarios y organismos, como lo es el Programa

de Educación Jurídica Continua. In re Torres Viera, supra;

In re Torres Acevedo, 2020 TSPR 108, 205 DPR ___ (2020); In

re Archevald Mantilla, 2020 TSPR 98, 205 DPR __ (2020).

En lo pertinente al asunto que nos ocupa, la Regla 30

del Reglamento de Educación Jurídica, supra, requiere que

aquellos profesionales del Derecho que cumplan tardíamente

los requisitos del PEJC presenten un informe con las razones

de su incumplimiento y paguen una multa por cumplimiento

tardío. Por ende, incumplir con esa obligación, así como

desatender nuestros requerimientos, es motivo para sanciones

disciplinarias. In re Pizá Ramos, 2020 TSPR 92, 204 DPR __

(2020); In re Contreras Moreno, 2020 TSPR 73, 204 DPR __

(2020).

No cabe duda de que ante la desatención de un letrado

a nuestras órdenes, procede que se le suspenda inmediata e

indefinidamente de la práctica legal. In re Bermúdez Tejero,

supra; In re Guzmán, 2020 TSPR 159, 205 DPR __ (2020); In re

Lezcano Vargas, 2020 TSPR 140, 205 DPR __ (2020).

III

La

licenciada

Martínez

Jiménez

reiteradamente

desatendió su obligación de cumplir con los requisitos de

educación continua y los requerimientos del PEJC. Surge del

expediente que, a pesar de que le hemos concedido varias

oportunidades para que cumpla con los requerimientos del

PEJC y de este Tribunal, esta no ha cumplido con los mismos

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en su totalidad ni ha solicitado el cambio de estatus a

abogada inactiva en el Registro Único de Abogados y Abogadas

de Puerto Rico. No lo hizo a pesar de que reiteradamente le

apercibimos

de

las

consecuencias

que

su

incumplimiento

podría acarrear.

Así pues, el comportamiento de la licenciada Martínez

Jiménez se distancia de la conducta de respeto hacia los

tribunales que se exige a todos los miembros de la profesión

legal.

Ante

su

incumplimiento

tanto

con

los

requisitos

reglamentarios del Programa de Educación Jurídica Continua

como con nuestras órdenes, nos vemos obligados a suspenderla

indefinidamente del ejercicio de la profesión legal.

IV

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspensión

inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la

notaria

de

la

Lcda.

Rebecca

Martínez

Jiménez.

Como

consecuencia, se le impone a esta el deber de notificar a

todos

sus

clientes

sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándoles. Del mismo modo, se le ordena que devuelva

a sus clientes los expedientes de los casos pendientes y

cualquier cantidad recibida en honorarios por los servicios

no rendidos. Se le impone también la obligación de informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Por

último, acreditará a este Tribunal el cumplimiento con lo

aquí ordenado, dentro del término de treinta días contados

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a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

La fianza notarial queda automáticamente cancelada. No

obstante, se considerará buena y válida por tres años después

de su terminación, en cuanto a los actos realizados durante

el periodo en que estuvo vigente.

El Alguacil de este

Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de la

señora Martínez Jiménez y los entregará al Director de la

Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente

examen e informe a este Tribunal.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia por

medio del correo electrónico registrado en el Registro Único

de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA) a la señora

Rebecca Martínez Jiménez. El recibo de dicha notificación

será confirmado por vía telefónica.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Rebecca Martínez Jiménez

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SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2021.

Por los fundamentos expuestos, en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

esta Sentencia, decretamos la suspensión inmediata e

indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaria

de

la

Lcda.

Rebecca

Martínez

Jiménez.

Como

consecuencia, se le impone a esta el deber de

notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad

para continuar representándoles. Del mismo modo, se

le ordena que devuelva a sus clientes los expedientes

de los casos pendientes y cualquier cantidad recibida

en honorarios por los servicios no rendidos. Se le

impone

también

la

obligación

de

informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales

y administrativos en los que tenga asuntos pendientes.

Por último, acreditará a este Tribunal el cumplimiento

con lo aquí ordenado, dentro del término de treinta

días contados a partir de la notificación de esta

Opinión Per Curiam y Sentencia.

La

fianza

notarial

queda

automáticamente

cancelada. No obstante, se considerará buena y válida

por tres años después de su terminación, en cuanto a

los actos realizados durante el periodo en que estuvo

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vigente. El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la

obra y el sello notarial de la señora Martínez Jiménez y

los entregará al Director de la Oficina de Inspección de

Notarías para el correspondiente examen e informe a este

Tribunal.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia por

medio del correo electrónico registrado en el Registro

Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA) a la

señora Rebecca Martínez Jiménez. El recibo de dicha

notificación será confirmado por vía telefónica.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo