Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Rebecca Martínez Jiménez
2021 TSPR 61
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Rebecca Martínez Jiménez
TS-14,576
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo y los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2021 TSPR 61
Rebecca Martínez Jiménez
Número del Caso:
Fecha:
206 DPR _____
TS-14,576
3 de mayo de 2021
Sra. Rebecca Martínez Jiménez:
Por derecho propio
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcda. María Cecilia Molinelli González
Directora Ejecutiva
Materia: La suspensión será efectiva el 4 de mayo de 2021, fecha en que
se le notificó a la abogada de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Rebecca Martínez Jiménez
TS-14,576
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2021.
Una vez más nos vemos obligados a ejercer nuestra
facultad
disciplinaria
sobre
un
miembro
de
la
profesión jurídica que desatendió nuestras órdenes y
los requerimientos del Programa de Educación Jurídica
Continua (PEJC).
I
La Lcda. Rebecca Martínez Jiménez fue admitida al
ejercicio de la abogacía el 19 de agosto de 2003 y
prestó juramento como notaria el 11 de febrero de 2004.
El 18 de diciembre de 2013 el Programa de Educación
Jurídica Continua (PEJC), nos presentó un
sobre
Incumplimiento
con
el
Informe
Requisito de Educación
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Jurídica Continua, en el cual informó que la letrada no había
cumplido con los requisitos reglamentarios de educación
jurídica continua durante el periodo
2011-2013.
Además,
refirió a nuestra atención que el 22 de noviembre de 2013 el
PEJC le envió a la licenciada Martínez Jiménez un Aviso de
Incumplimiento
sesenta
días
otorgándole,
adicionales
entre
para
otras
completar
alternativas,
los
requisitos
reglamentarios para el periodo 2011-2013 y pagar la multa
por cumplimiento tardío, a tenor del Reglamento del Programa
de Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII–D, según
enmendado. El término venció y la letrada no cumplió con lo
requerido.
La
abogada
tampoco
cumplió
con
los
requisitos
del
Programa para el periodo 2013-2016, por lo que también se le
notificó el correspondiente Aviso de Incumplimiento. Así,
debido a que transcurrió un periodo razonable sin que la
abogada cumpliera con lo requerido, el 9 de enero de 2019
emitimos una Resolución concediéndole un término de veinte
días para que compareciera y mostrara causa por la cual no
se le debía suspender del ejercicio de la abogacía por su
incumplimiento
con los requisitos de educación jurídica
continua y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue
requerido.
El 30 de enero de 2019 la licenciada Martínez Jiménez
compareció ante nos y solicitó un término de diez días para
completar los requisitos de educación jurídica continua.
Examinada la comparecencia, le concedimos un término de
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treinta días para que cumpliera con todos los requerimientos
del PEJC y presentara la correspondiente certificación de
cumplimiento. Ante ello, la letrada volvió a incumplir. Por
eso, mediante Resolución, le concedimos un término final de
diez días para que mostrara causa por la cual no debía ser
suspendida del ejercicio de la profesión.
Transcurrido el término sin que la abogada cumpliera la
orden, le concedimos, en dos ocasiones, términos adicionales
para
que
cumpliera
con
lo
requerido.
Posteriormente,
a
través de una Moción en Cumplimiento de Orden, la licenciada
nos solicitó un término de noventa días para el pago de las
multas impuestas
por cumplimiento tardío,
ascendentes a
$300. Examinada la moción, emitimos una Resolución en la que
le concedimos un término de veinte días para el pago de las
multas correspondientes a los periodos de 2007-2009, 20092011, 2011-2013 y 2013-2016 y la multa impuesta según la
Regla
32(D)
del
Reglamento
del
Programa
de
Educación
Jurídica Continua, supra.
En vista de que la letrada nuevamente no cumplió, le
concedimos
un
término
adicional
para
que
cumpliera
con
nuestra Resolución. El 21 de febrero de 2020 la licenciada
Martínez Jiménez nos solicitó un término de treinta días
para el pago de las multas. Consecuentemente, en esa ocasión
le concedimos un término final e improrrogable de sesenta
días para que cumpliera con nuestra anterior Resolución.
Además,
le
apercibimos
de
que
su
incumplimiento
podría
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conllevar sanciones severas, incluyendo la suspensión de la
abogacía.
Tardíamente, la letrada compareció y nos indicó que
pagó la cantidad de $300 en concepto de multas. Sin embargo,
el 23 de octubre de 2020 el PEJC nos certificó que la
licenciada Martínez Jiménez no cumplió con los requisitos
reglamentarios de Educación Continua para el periodo 20162019, ni pagó la correspondiente multa por cumplimiento
tardío. Por eso, el 27 de octubre de 2020 emitimos Resolución
en la que le concedimos un término de treinta días para que
cumpliera con todos los requerimientos del PEJC y presentara
certificación de cumplimiento. Una vez más le apercibimos de
que su incumplimiento podría conllevar sanciones severas,
incluyendo la suspensión del ejercicio de la abogacía y la
notaría.
El término concedido venció y la letrada no compareció.
El 9 de marzo de 2021 el PEJC emitió una Certificación en la
que nos indicó que la letrada cumplió con las horas créditos
para el periodo 2016-2019, pero no así con el pago de la
multa por cumplimiento tardío. Entonces, el 18 de marzo de
2021, mediante Resolución, le concedimos a la licenciada
Martínez Jiménez un término final e improrrogable de treinta
días para que certificara el pago de la multa adeudada por
cumplimiento
incumplimiento
tardío.
podría
También
acarrear
le
apercibimos
medidas
que
su
disciplinarias,
incluyendo la suspensión de la profesión legal.
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Una vez más, la letrada no compareció dentro del término
provisto. Posteriormente, el PEJC a través de Certificación
nos informó que la licenciada Martínez Jiménez no ha pagado
la multa adeudada por cumplimiento tardío.
II
Entre los deberes de los miembros de la profesión legal
se encuentra observar una conducta de respeto para con los
tribunales. Véase, Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX, C.9. Comparecer en tiempo a los señalamientos, las
órdenes y los requerimientos notificados por el tribunal es
parte indispensable del respeto que deben tener los abogados
hacia el foro judicial. In re Lugo Quiñones, 2021 TSPR 02,
205 DPR __ (2021). De igual modo, se exige que los abogados
atiendan
pronta
y
diligentemente
las
órdenes
de
este
Tribunal. In re Colón Rivera, 2021 TSPR 19, 206 DPR __
(2021); In re Rosa Rivera, 2021 TSPR 18, 206 DPR __ (2021);
In re Lugo Quiñones, supra. Por ello, desatender nuestros
requerimientos constituye una infracción del Canon 9 de
Ética Profesional, supra, y un serio agravio a nuestra
autoridad. In re Torres Viera, 2021 TSPR 36, 206 DPR __
(2021); In re Colón Rivera, supra.
El deber que tienen los abogados de cumplir con nuestras
órdenes requiere la más estricta observancia y rapidez,
particularmente
cuando
se
trata
de
procedimientos
disciplinarios. In re Venegas Martínez, 2021 TSPR 28, 206
DPR __(2021); In re Bermúdez Tejero, 2021 TSPR 8, 205 DPR __
(2021); In re Cintrón Rodríguez, 2020 TSPR 115, 205 DPR __
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(2020). Este deber también se extiende a los requerimientos
de nuestros funcionarios y organismos, como lo es el Programa
de Educación Jurídica Continua. In re Torres Viera, supra;
In re Torres Acevedo, 2020 TSPR 108, 205 DPR ___ (2020); In
re Archevald Mantilla, 2020 TSPR 98, 205 DPR __ (2020).
En lo pertinente al asunto que nos ocupa, la Regla 30
del Reglamento de Educación Jurídica, supra, requiere que
aquellos profesionales del Derecho que cumplan tardíamente
los requisitos del PEJC presenten un informe con las razones
de su incumplimiento y paguen una multa por cumplimiento
tardío. Por ende, incumplir con esa obligación, así como
desatender nuestros requerimientos, es motivo para sanciones
disciplinarias. In re Pizá Ramos, 2020 TSPR 92, 204 DPR __
(2020); In re Contreras Moreno, 2020 TSPR 73, 204 DPR __
(2020).
No cabe duda de que ante la desatención de un letrado
a nuestras órdenes, procede que se le suspenda inmediata e
indefinidamente de la práctica legal. In re Bermúdez Tejero,
supra; In re Guzmán, 2020 TSPR 159, 205 DPR __ (2020); In re
Lezcano Vargas, 2020 TSPR 140, 205 DPR __ (2020).
III
La
licenciada
Martínez
Jiménez
reiteradamente
desatendió su obligación de cumplir con los requisitos de
educación continua y los requerimientos del PEJC. Surge del
expediente que, a pesar de que le hemos concedido varias
oportunidades para que cumpla con los requerimientos del
PEJC y de este Tribunal, esta no ha cumplido con los mismos
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en su totalidad ni ha solicitado el cambio de estatus a
abogada inactiva en el Registro Único de Abogados y Abogadas
de Puerto Rico. No lo hizo a pesar de que reiteradamente le
apercibimos
de
las
consecuencias
que
su
incumplimiento
podría acarrear.
Así pues, el comportamiento de la licenciada Martínez
Jiménez se distancia de la conducta de respeto hacia los
tribunales que se exige a todos los miembros de la profesión
legal.
Ante
su
incumplimiento
tanto
con
los
requisitos
reglamentarios del Programa de Educación Jurídica Continua
como con nuestras órdenes, nos vemos obligados a suspenderla
indefinidamente del ejercicio de la profesión legal.
IV
Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspensión
inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la
notaria
de
la
Lcda.
Rebecca
Martínez
Jiménez.
Como
consecuencia, se le impone a esta el deber de notificar a
todos
sus
clientes
sobre
su
inhabilidad
para
continuar
representándoles. Del mismo modo, se le ordena que devuelva
a sus clientes los expedientes de los casos pendientes y
cualquier cantidad recibida en honorarios por los servicios
no rendidos. Se le impone también la obligación de informar
inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Por
último, acreditará a este Tribunal el cumplimiento con lo
aquí ordenado, dentro del término de treinta días contados
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a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
La fianza notarial queda automáticamente cancelada. No
obstante, se considerará buena y válida por tres años después
de su terminación, en cuanto a los actos realizados durante
el periodo en que estuvo vigente.
El Alguacil de este
Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de la
señora Martínez Jiménez y los entregará al Director de la
Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente
examen e informe a este Tribunal.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia por
medio del correo electrónico registrado en el Registro Único
de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA) a la señora
Rebecca Martínez Jiménez. El recibo de dicha notificación
será confirmado por vía telefónica.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Rebecca Martínez Jiménez
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SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2021.
Por los fundamentos expuestos, en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de
esta Sentencia, decretamos la suspensión inmediata e
indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaria
de
la
Lcda.
Rebecca
Martínez
Jiménez.
Como
consecuencia, se le impone a esta el deber de
notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad
para continuar representándoles. Del mismo modo, se
le ordena que devuelva a sus clientes los expedientes
de los casos pendientes y cualquier cantidad recibida
en honorarios por los servicios no rendidos. Se le
impone
también
la
obligación
de
informar
inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales
y administrativos en los que tenga asuntos pendientes.
Por último, acreditará a este Tribunal el cumplimiento
con lo aquí ordenado, dentro del término de treinta
días contados a partir de la notificación de esta
Opinión Per Curiam y Sentencia.
La
fianza
notarial
queda
automáticamente
cancelada. No obstante, se considerará buena y válida
por tres años después de su terminación, en cuanto a
los actos realizados durante el periodo en que estuvo
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vigente. El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la
obra y el sello notarial de la señora Martínez Jiménez y
los entregará al Director de la Oficina de Inspección de
Notarías para el correspondiente examen e informe a este
Tribunal.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia por
medio del correo electrónico registrado en el Registro
Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA) a la
señora Rebecca Martínez Jiménez. El recibo de dicha
notificación será confirmado por vía telefónica.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo