Tribunal Supremo de Puerto Rico
DLJ Mortgage Capital, Inc. v. García Ramos
2021 TSPR 66
Poder Judicial de Puerto Rico
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DLJ Mortgage Capital, Inc. v. García Ramos
CT-2020-9
Derecho Registral Inmobiliario- El principio de tracto sucesivo es un prerrequisito para la validez de la inscripción de una hipoteca en virtud de la Ley para agilizar el Registro de la Propiedad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
DLJ Mortgage Capital, Inc.
Peticionario
Certificación
v.
2021 TSPR 66
Federico Alberto García Ramos,
t/c/c Federico A. Ramos García
206 DPR ____
Recurridos
Número del Caso:
CT-2020-9
Fecha: 14 de mayo de 2021
Abogados de la parte peticionaria:
Lcda. Irmarie Rivera Miranda
Lcdo. Eyck O. Lugo Rivera
Lcda. Vilmarys Mel Quiñones Cintrón
Abogados de la parte recurrida:
Lcda. Monsita Lecaroz Arribas
Lcda. Rosana Moreno Rodríguez
Materia: Derecho Registral Inmobiliario- El principio de tracto
sucesivo es un prerrequisito para la validez de la inscripción de
una hipoteca en virtud de la Ley para agilizar el Registro de la
Propiedad.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
DLJ Mortgage Capital, Inc.
Peticionario
CT-2020-0009
v.
Certificación
Interjurisdiccional
Federico Alberto García Ramos,
t/c/c Federico A. Ramos García
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico a 14 de mayo de 2021.
En esta ocasión, la Corte de Distrito de los
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico -- por
vía
del
presente
recurso
de
certificación
interjurisdiccional -- nos solicita que precisemos
si el principio hipotecario de tracto sucesivo es un
prerrequisito
necesario
para
concluir
que
la
inscripción automática de una hipoteca, en virtud de
la Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad,
infra, es válida.
De otra parte, nos plantea como interrogante
si
la inscripción automática de una hipoteca -- conforme
el estatuto de referencia -- se ve afectada cuando
el
dueño
de
deficiencias
la
propiedad
notificadas
por
no
corrige
ciertas
el
Registrador
de
CT-2020-0009
2
la Propiedad, resultando en la no inscripción de su título
propietario.1
Tras un examen minucioso de los estatutos y normativa
aplicable, y luego de haber expedido el recurso ante nos,
resolvemos que el ordenamiento jurídico puertorriqueño exige
el cumplimiento con el principio de tracto sucesivo, como
condición para la validez de la inscripción de una hipoteca
en
virtud
de
la
Ley
para
Agilizar
el
Registro
de
la
Propiedad, infra. Asimismo, concluimos que el hecho de que
el titular no haya corregido las deficiencias notificadas,
no cambia el hecho de que -- en el presente caso -- se
rebatió
la
presunción
de
corrección
instituida
por
el
precitado estatuto. Nos explicamos. Veamos.
I.
Tras la muerte del señor Catalino Ramos Díaz, y a raíz
de determinado procedimiento de declaratoria de herederos,2
el señor Federico Alberto Ramos García (en adelante, “señor
Ramos García”) se convirtió en dueño parcial -- junto a su
madre, Nydia Elisa García Monge (en adelante, “señora García
Las preguntas, según formuladas por la Corte de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito de Puerto Rico (en adelante, “Tribunal de
Distrito”), son: 1) “Whether the principle of successive claim of
ownership (‘tracto’) that requires the debtor to be listed as a
registered owner of its property is a pre-condition to consider a
mortgage deed validly recorded by operation of Law 216?”; 2) “Whether a
recordation validly made under Law 216 is affected when the owner of
the property participated in the events that led to non-recordation of
its vesting deed at the Registry of Property by not correcting the
defects notified by the Registrar?”. Véase, Recurso de certificación,
pág. 2.
1
Véase, Caso Núm. FJV2003-09402, celebrado ante el Tribunal de Primera
Instancia.
2
CT-2020-0009
Monge”),
y
3
su
hermana,
Rosa
Amarilis
Ramos
García
(en
adelante, “señora Ramos García”) -- de cierta propiedad sita
en el Municipio de Trujillo Alto.3
Tiempo después, mediante la Escritura Núm. 1 sobre
Donación
de
Participaciones
Hereditarias
(en
adelante,
“Escritura Núm. 1 de Donación”), otorgada el 16 de enero de
2006, las señoras García Monge y Ramos García donaron su
participación en la Finca Núm. 4074 al señor Ramos García.
Como consecuencia, este último se convirtió en el único dueño
de la propiedad antes mencionada.
Así las cosas, en virtud de su titularidad registral,
y mediante la Escritura Núm. 140 (en adelante, “Escritura
Núm. 140 de Hipoteca” o “Escritura Núm. 140”) por la suma de
ciento veinte mil dólares ($120,000.00), el 14 de marzo de
2008 el señor Ramos García constituyó una hipoteca a favor
3
Dicho inmueble tiene la siguiente descripción registral:
URBANA: Solar en el Barrio Cuevas del Municipio de Trujillo
Alto, Puerto Rico, con una cabida superficial de veintiún
(21) centésimas de cuerda equivalente a ochosientos
diecisiete punto cincuenta y dos (817.52) metros cuadrados.
En lindes por el Norte, es trece punto sesenta y seis
(13.66) metros con terrenos de Juan Feliciano; por el Sur,
en catorce punto treinta y nueve (14.39) metros con
carretera estatal número 175; por el Este, en cincuenta y
nueve punto veinte (59.20) metros con terrenos de Aguedo
Adorno y por el Oeste, en cincuenta y ocho punto veintinueve
metros (58.29) con terrenos de Cándido Arroyo (en adelante,
“Finca Núm. 4074”).
CT-2020-0009
4
de Doral Mortgage, LLC.4 Ésta fue presentada ante el Registro
de la Propiedad el 3 de junio de 2009.5
Entretanto, tras la presentación de la Escritura Núm.
1 de Donación ante el Registro de la Propiedad, el 14 de
abril de 2008 el Registrador de la Propiedad notificó ciertas
deficiencias en dicho documento.6 Esta notificación caducó
el 16 de junio de 2008 sin que se tomara alguna acción al
respecto.
De forma similar, en la misma fecha, a saber, el 14 de
abril de 2008, el Registrador de la Propiedad notificó
determinadas deficiencias en la Declaratoria de Herederos
que dio paso a la donación.7 Empero, tal notificación también
caducó el 16 de junio de 2008 sin que se efectuara una
corrección.
Ahora bien, en el interín, la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico aprobó la Ley para Agilizar el Registro de la
Propiedad,
infra,
en
aras
de
promulgar
la
inscripción
En la misma fecha, es decir, el 14 de marzo de 2008, el señor Ramos
García constituyó una segunda hipoteca, también a favor de Doral Bank,
LLC, por veintidós mil quinientos dólares ($22,500.00). Dicho negocio
quedó plasmado en la Escritura Núm. 141 (en adelante, “Escritura Núm.
141 de Hipoteca”), la cual fue presentada el 3 de junio de 2009 ante el
Registro de la Propiedad.
4
Esta fue la segunda vez que se presentó la escritura de referencia
ante el Registro de la Propiedad. Ello, ya que la misma fue originalmente
presentada el 8 de abril de 2008, pero fue notificada con deficiencias
el 14 de abril de 2008. De forma correspondiente, dicho documento caducó
el 16 de junio de 2008.
5
En específico, señaló deficiencias en el relevo otorgado por el
Departamento de Hacienda de Puerto Rico, es decir, la Certificación de
Cancelación de Gravamen.
6
Del mismo modo el error señalado estaba relacionado al relevo otorgado
por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, es decir, la
Certificación de Cancelación de Gravamen.
7
CT-2020-0009
automática
5
de
ciertos
documentos
presentados
ante
el
Registro de la Propiedad. En virtud de la Ley para Agilizar
el Registro de la Propiedad, infra, ambas hipotecas quedaron
inscritas, mediante el asiento abreviado extendido el 25 de
febrero de 2015.
Más
adelante,
específicos,
el
el
señor
1
de
julio
de
2014
para
Ramos
García
se
acogió
a
ser
las
protecciones del Capítulo 13 del Código de Quiebras, 11 USC
sec. 1301.8 Como parte de dicho procedimiento, el 14 de
diciembre de 2015 el señor Ramos García instó un proceso
adversativo en contra de DLJ Mortgage Capital, Inc. (en
adelante, “DLJ Mortgage”), sucesor de Doral Mortgage, LLC,
quien adquirió el crédito de la hipoteca constituida
por la
Escritura Núm. 140 (en adelante, “DLJ Mortgage”).9
En particular, el señor Ramos García impugnó la validez
de la inscripción de la hipoteca constituida mediante la
Escritura Núm. 140, por entender que la misma fue errónea.10
Éste adujo que no era el dueño registral de la Finca Núm.
4074 -- sobre la cual se constituyó la referida hipoteca -toda vez que la Escritura Núm. 1 de Donación había caducado,
por lo que la Escritura Núm. 140 de Hipoteca, inscrita en
8
Dicho caso fue asignado el alfanumérico 14-05463(BKT).
Ello, bajo el epígrafe Federico A. Ramos García v. DLJ Mortgage, Inc.,
Adv. No. 15-00297 (BKT).
9
Banco Popular de Puerto Rico -- quien sustituyó a Doral Mortgage, LLC
-- era acreedor de la hipoteca constituida en virtud de la Escritura
Núm. 141. Luego del proceso adversativo, en julio de 2016, Banco Popular
de Puerto Rico y el señor Ramos García llegaron a un acuerdo
transaccional, por lo que dicho asunto no está ante nuestra
consideración.
10
CT-2020-0009
6
virtud de la Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad,
infra, era inválida por falta de tracto sucesivo.11
En ese sentido, el señor Ramos García argumentó que la
Ley
para
Agilizar
el
Registro
de
la
Propiedad,
infra,
estableció una presunción rebatible de corrección de los
documentos inscritos en base de dicho estatuto. No obstante,
señaló que dicha ley permitió la rectificación de errores en
los instrumentos inscritos en virtud de la misma, y que -en este caso -- la falta de tracto sucesivo rebatía la
presunción de corrección. De forma que, por medio de la
acción adversativa que incoó ante el Tribunal de Quiebras,
se estaba haciendo la gestión de corrección.
Así pues, el señor Ramos García solicitó que dicho foro
ordenara al Registrador de la Propiedad que eliminara la
hipoteca constituida por medio de la Escritura Núm. 140 de
Hipoteca; que declarara la deuda de DLJ Mortgage como una no
asegurada; y que ordenara que se le reembolsara al síndico
de quiebras todo pago hecho a favor de la hipoteca antes
aludida y con posteridad a la fecha de presentación de la
petición de quiebra.
Tras varios incidentes procesales no necesarios aquí
pormenorizar,
el
20
de
noviembre
de
2017
las
partes
presentaron un Joint Motion Submitting Factual Stipulations,
donde el señor Ramos García aceptó -- entre otras cosas -que, aproximadamente tres (3) años después de que se otorgara
En esa ocasión, el señor Ramos García hizo alusión al Art. 57 de la
Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, infra.
11
CT-2020-0009
7
la Escritura Núm. 140 de Hipoteca, cierto notario le comunicó
que
el
Registrador
de
la
Propiedad
había
notificado
determinados defectos en la Escritura Núm. 1 de Donación; y
que se le instruyó a rectificar los errores señalados, pero
que no lo hizo. De la misma forma, se estipuló el hecho de
que la Finca Núm. 4074 constaba inscrita a favor de los
progenitores del señor Ramos García -- incluyendo su padre
fenecido -- y que la propiedad de referencia se encuentra en
posesión de su madre, la señora García Monge.
Posteriormente, el 14 de marzo de 2018 DLJ Mortgage
presentó ante el Tribunal de Quiebras una solicitud de
sentencia sumaria. En apretada síntesis, la corporación de
referencia adujo que la Escritura Núm. 140 de Hipoteca había
sido inscrita de acuerdo a la normativa vigente y que el
señor Ramos García estaba interpretando incorrectamente los
postulados
de
la
Ley
para
Agilizar
el
Registro
de
la
Propiedad, infra. Asimismo, DLJ Mortgage señaló que las
razones por las cuales el señor Ramos García no constaba
como
el
dueño
atribuibles
registral
solamente
a
de
éste.
la
Finca
Por
Núm.
tanto,
4074
además
eran
de
su
negligencia en las gestiones para corregir las deficiencias
notificadas, DLJ Mortgage aduce que el señor Ramos García
tampoco
inició
un
pleito
independiente
para
corregir
o
anular -- por medio de un mandato judicial -- la constancia
de la hipoteca en el Registro de la Propiedad.12 En fin, DLJ
Sobre este asunto, DLJ Mortgage señaló que el señor Ramos García
decidió levantar el planteamiento antes discutido en el Tribunal de
12
CT-2020-0009
8
Mortgage sostuvo que la Ley para Agilizar el Registro de la
Propiedad, infra, produce efectos erga omnes en cuanto a los
derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad y
fue correctamente aplicada en el caso de epígrafe.
En respuesta, el 12 de abril de 2018 el señor Ramos
García se opuso al petitorio de DLJ Mortgage y solicitó que,
en vez, se dictara sentencia sumaria a su favor. En su Reply
to Defendant’s Request for Summary Judgment, el señor Ramos
García reiteró los argumentos planteados previamente ante el
Tribunal de Quiebras.13 Además, sostuvo que -lo intimado
por DLJ Mortgage
contrario a
-- éstos conocían de los
defectos en la Declaratoria de Herederos y la Escritura Núm.
1 de Donación. El señor Ramos García destacó que los escritos
antes mencionados fueron notificados con deficiencia el 14
de abril de 2008 y caducaron el 16 de junio de 2008. Por
otro lado, la escritura de hipoteca en controversia fue
primero presentada el 8 de abril de 2008, pero tuvo que ser
presentada una segunda vez el 3 de junio de 2009. Es decir,
fue presentada nuevamente ante el Registro de la Propiedad
luego de que caducara la Escritura Núm. 1 de Donación y la
correspondiente Declaratoria de Herederos. En ese sentido,
Quiebras, “where the automatic stay provisions of Section 362 prevent
DLJ from seeking any such relief from Plaintiff”. Véase, Apéndice, pág.
45. Es decir, “a forum which impedes DLJ from availing itself of the
state law remedies which could have compelled Plaintiff to correct the
Registry defects created by Plaintiff himself”. Íd.
En esta ocasión, el señor Ramos García fundamentó su petitorio en el
Art. 17 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, infra.
13
CT-2020-0009
9
el señor Ramos García afirmó que el acreedor debió hacer las
diligencias necesarias para confirmar que la persona que
otorga la hipoteca es la misma que aparece como dueño titular
en el Registro de la Propiedad.
Tras evaluar los argumentos de las partes y examinar el
derecho aplicable, el 4 de junio de 2019 el Tribunal de
Quiebras emitió una Opinion and Order. En ella, concluyó que
no se había cumplido con el requisito de tracto sucesivo,
según exigido por la Ley Hipotecaria y del Registro de la
Propiedad, infra. Por otro lado, enfatizó que la Ley para
Agilizar el Registro de la Propiedad, infra, no daba rienda
suelta (free pass) para que todos los documentos presentados
de
forma
errónea
se
inscribieran
y
se
mantuvieran
inscritos.14 De manera que, si alguna inscripción se llevó a
cabo de forma incorrecta, debía ser subsanada según lo
dispuesto en el precitado estatuto. Sobre la controversia de
epígrafe, el Tribunal de Quiebras adujo que dicha corrección
se estaba llevando a cabo mediante intervención judicial.
En virtud de lo anterior, el Tribunal de Quiebras
determinó que procedía, entonces, proveer no ha lugar a la
solicitud de sentencia sumaria de DLJ Mortgage, declarar no
asegurada la acreencia de dicha corporación y emitir una
orden para que el Registrador de la Propiedad cancelara la
El Tribunal de Quiebras fundamentó su determinación, parcialmente, en
lo sentenciado en In re Ramos, 493 B.R. 355 (Bankr. D.P.R. 2013).
14
CT-2020-0009
hipoteca
en
10
controversia.15
Dicha
determinación
fue
oportunamente notificada a todas las partes del litigio.
Inconforme con dicho proceder, DLJ Mortgage recurrió
ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito de Puerto Rico, y planteó que si se permitía que
prevaleciera la determinación del Tribunal de Quiebras, se
generaría en nuestra jurisdicción cierta incertidumbre sobre
todas las transacciones hechas en virtud de la Ley para
Agilizar
el
Registro
de
la
Propiedad,
infra.16
En
consideración de las controversias bajo su estudio, el 30 de
marzo de 2020 la Corte de Distrito de los Estados Unidos
para el Distrito de Puerto Rico, por voz del Juez Pedro A.
Delgado
Hernández,
decide
presentar
el
recurso
de
certificación interjurisdiccional de referencia ante este
Tribunal, recurso que decidimos acoger el 30 de octubre de
2020.
En particular, y como ya mencionamos, nos solicitan
certificar dos (2) preguntas, a saber: 1) “Whether the
principle of successive claim of ownership (‘tracto’) that
requires the debtor to be listed as a registered owner of
its property is a pre-condition to consider a mortgage deed
validly recorded by operation of Law 216?”; 2) “Whether a
recordation validly made under Law 216 is affected when the
Así, señaló que “pursuant to Puerto Rico Law, DLJ does not have a
valid lien and consequently does not have a secured claim over Debtor’s
Property”. Véase, Apéndice, pág. 83.
15
Véase, DLJ Mortgage, Inc. v. Federico A. Ramos García, 19-CV-01609
(PAD).
16
CT-2020-0009
11
owner of the property participated in the events that led to
non-recordation of its vesting deed at the Registry of
Property by not correcting the defects notified by the
Registrar?”.
Enterado de lo anterior, DLJ Mortgage comparece ante
nos
mediante
un
Alegato
sobre
certificación
interjurisdiccional.17 En esencia, en cuanto a la primera
pregunta planteada por la Corte de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito de Puerto Rico, a grandes rasgos,
arguye que “no es necesario que exista tracto para que una
inscripción por virtud de la Ley 216-2010 sea válida”.
Alegato de DLJ Mortgage, pág. 13.
En cuanto a la segunda interrogante planteada por la
Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico, DLJ Mortgage destaca que el señor Ramos García
se cruzó de brazos, tras ser notificado de los defectos de
la Escritura Núm. 1 de Donación. Cónsono con esto, DLJ
Mortgage
asevera
que
este
Tribunal
debe
determinar
que
“ninguna parte puede ir contra sus propios actos e impugnar
la validez de instrumentos públicos inscritos por virtud de
la
Ley
216-2010,
amparándose
de
problemas
registrales
ocasionados por la propia parte que ahora pretende impugnar
dicha inscripción”.
DLJ Mortgage también presentó una Moción solicitando argumentación
oral en apoyo de Alegato sobre certificación interjurisdiccional. En
virtud de dicho petitorio, DLJ Mortgage solicita una argumentación oral
en el caso de marras. Ello, ya que -- a su juicio -- la presente
controversia está revestida de gran interés público.
17
CT-2020-0009
12
De otra parte, el 6 de noviembre de 2020 compareció
ante nos el señor Ramos García mediante una Moción sometiendo
alegato
de
síntesis,
parte
alega
apelada
que
por
[…].
En
ésta,
y
en
razón
del
principio
apretada
de
tracto
sucesivo -- contenido en la Ley Hipotecaria y del Registro
de la Propiedad, infra, al igual que la Ley del Registro de
la
Propiedad
Puerto
Rico,
Inmobiliaria
del
infra
la
--
Estado
Libre
Asociado
de
escritura
de
hipoteca
en
controversia no debió ser inscrita mediante la Ley para
Agilizar el Registro de la Propiedad, infra. Ello, ya que la
propiedad inmueble aquí en controversia no está a nombre del
señor Ramos García.
En ese sentido, y a juicio del señor Ramos García, la
Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad, infra, dispone
un mecanismo para corregir ese tipo de error. Éste señala
que,
si
bien
el
estatuto
de
referencia
establece
una
presunción de corrección de las inscripciones hechas a su
amparo, dicha presunción puede ser rebatida. De forma que,
al instar un proceso adversativo en el caso de quiebras,
obtuvo la intervención judicial necesaria para corregir la
inscripción errónea.
Asimismo,
el
señor
Ramos
García
recalca
que
el
antecesor de DLJ Mortgage -- entiéndase, Doral Mortgage, LLC
--
conocía del problema del tracto sucesivo. Siendo ello
así, indica que, en todo caso, se puede atribuir el problema
de inscripción al acreedor hipotecario.
CT-2020-0009
13
A la luz de lo antes reseñado, el señor García Ramos
nos solicita que: 1) con relación a la primera pregunta,
concluyamos que las inscripciones efectuadas a la luz de la
Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad, infra, gozan
de una presunción de corrección, que es susceptible a ser
rebatida mediante intervención judicial; y 2) que el hecho
de
que
el
señor
Ramos
García
haya
aceptado
que
tuvo
conocimiento de los defectos notificados por el Registrador
de la Propiedad sobre la Escritura Núm. 1 de Donación no
altera el estado de derecho de la inscripción de la Escritura
Núm. 140 de Hipoteca.
Trabadas así las controversias, expedimos el recurso
ante nos, y con el beneficio de la comparecencia de todas
las partes con interés en el litigio, procedemos a exponer
la normativa aplicable a las mismas.
II.
Como
es
sabido,
el
recurso
de
certificación
interjurisdiccional es el “instrumento procesal adecuado que
permite a un tribunal someter preguntas, para su contestación
definitiva, a otro tribunal de jurisdicción distinta, sobre
cuestiones
dudosas
que
se
refieren
al
Derecho
de
esa
jurisdicción”. González Cabán v. JR Seafood, 199 DPR 234,
239 (2017). Véase, Martínez Marrero v. González Droz, 180
DPR 579 (2011); Guzmán v. Calderón, 164 DPR 220 (2005); R.
Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho
Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág.
574.
CT-2020-0009
14
De esta forma, se posibilita que un tribunal federal o
de un estado de los Estados Unidos certifique -- ante esta
Curia --
un “asunto judicial en el que estén implicados
cuestiones de derecho puertorriqueño que puedan determinar
el resultado del mismo y respecto al cual, en la opinión del
tribunal solicitante, no existan precedentes claros en la
jurisprudencia de este Tribunal”. Art. 3.002 de la Ley de la
Judicatura de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec.
24(s)(g). Véase, también, Regla 25(a) del Reglamento del
Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B; Regla
52.2(d) de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA
Ap. V, R. 52.2(d).
A esos efectos, hemos reiterado que la certificación
interjurisdiccional es un método directo y económico para
que el foro federal obtenga una interpretación del derecho
estatal. Martínez Marrero v. González Droz, supra, pág. 585;
Medina & Medina v. Country Pride Foods, 122 DPR 172, 181
(1988); Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp, 112 DPR 780,
785 (1982). Igualmente, este Tribunal ha sentenciado que -mediante el recurso de referencia -- se respeta la función
de los tribunales estatales de interpretar el derecho de sus
respectivas jurisdicciones. Íd.
Ahora bien, es menester señalar que la expedición de
dicho recurso es enteramente discrecional. González Cabán v.
JR Seafood, supra, pág. 240; Watchtower Bible v. Mun. Dorado
I, 192 DPR 73, 79 (2014); Guzmán v. Calderón, supra, pág.
228.
Asimismo,
y
conforme
a
lo
antes
expuesto,
las
CT-2020-0009
15
contestaciones de las preguntas que son certificadas tienen
el efecto de cosa juzgada, por lo que obligan a las partes
en cualquier procedimiento ulterior. González Cabán v. JR
Seafood, supra, pág. 240; Watchtower Bible v. Mun. Dorado I,
supra; Guzmán v. Calderón, supra, pág. 227.
III.
Establecido lo anterior, y por ser en extremo pertinente
para
la
correcta
disposición
de
las
interrogantes
presentadas ante nos, es conveniente señalar aquí que en
nuestra jurisdicción rige un sistema registral declarativo
con
eficacia
convalidante.
L.
Rivera
Rivera,
Derecho
registral inmobiliario puertorriqueño, 3era ed. rev., San
Juan,
Ed.
Jurídica
Editores,
2012,
págs.
32-33.
En
particular, el sistema de referencia se distingue por la
voluntariedad de la inscripción de los documentos, así como
el requisito de que éstos sean calificados antes de acceder
al Registro de la Propiedad.18 Rivera Rivera, op. cit., pág.
33. Siendo ello así, y según plasmado en la ahora derogada
Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198
de 8 de agosto de 1979, 30 LPRA sec. 2001 et seq. (en
adelante, “Ley Hipotecaria”), -- la cual estaba vigente al
momento en que se otorgaron los instrumentos aquí bajo
estudio -- el Registro de la Propiedad:
[T]iene por objeto la registración de los actos
y contratos relativos a los bienes inmuebles
mediante un sistema de publicidad de títulos que
Para más información sobre los orígenes de nuestro sistema registral,
véase L. Mojica Sandoz, Derecho Hipotecario de Puerto Rico (L. Abraham
y Patricia Abraham, eds.), EE.UU., Publicaciones JTS, 2004.
18
CT-2020-0009
16
contienen las adquisiciones, modificaciones y
extinciones del dominio y demás derechos reales
sobre dichos bienes, y de los derechos anotables
sobre
los mismos, y de las resoluciones
judiciales que afecten la capacidad civil de los
titulares. Art. 7 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA
sec. 2051.
Como parte de dicho sistema, se incorporaron en nuestro
ordenamiento
principios
claves
de
derecho
registral
inmobiliario, incluyendo el principio de tracto sucesivo.
Éste último exige “mantener el enlace o conexión de las
adquisiciones
por
el
orden
regular
de
los
titulares
registrales sucesivos, a base de formar todos los actos
adquisitivos inscritos una continuidad perfecta […]”. R.M.
Roca Sastre y otros, Derecho hipotecario, Barcelona, Ed.
Bosch, 2007, T. II, Vol. I, pág. 429. Véase, Rigores v.
Registrador, 165 DPR 710, 727 (2005). Es decir, que el
“transferente de hoy sea el adquirente de ayer y que el
titular registral actual sea el transferente de mañana”.
Roca Sastre y otros, op. cit., 2007, T.II, pág. 429. Véase,
Bechara Fagundo v. Rodríguez Cintrón, 183 DPR 610, 619
(2011); Rigores v. Registrador, supra, pág. 727.
En particular, el tracto sucesivo “se exige en todos
los componentes de la información registral: finca, titular
y derecho. El título a inscribirse debe tener como objeto la
misma finca inscrita, haber sido otorgado por el titular
inscrito al momento de la calificación, y tratarse del mismo
derecho publicado”. Mojica Sandoz, op. cit., pág. 161.
El objetivo que se persigue a través del referido
principio
registral
es,
en
esencia,
“que
el
historial
CT-2020-0009
jurídico
de
17
cada
finca
inmatriculada,
respecto
de
sus
sucesivos titulares registrales, aparezca sin saltos ni
lagunas”. Rivera Rivera, op. cit., pág. 226. Véase, Bachara
Fagundo
v.
Rodríguez
Cintrón,
supra,
pág.
619;
Pagán
Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522, 534 (2009); Pino
Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 386 (1993).
Empero, es menester precisar que el principio de tracto
sucesivo es de carácter formal, “ya que pertenece al proceso,
forma
o
procedimiento
de
inscripción
y
se
dirige
al
Registrador [o Registradora]”. Roca Sastre y otros, op.
cit., 2007, T. II, pág. 435. En otras palabras, el principio
al que hacemos alusión debe obedecerse al momento de hacerse
la inscripción. Rivera Rivera, op. cit., pág. 227.
Cónsono
con
lo
anterior,
el
Art.
57
de
la
Ley
Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2260 -- vigente al momento en que
se otorgaron los instrumentos ante nuestra consideración -disponía que “[p]ara registrar documentos por los que se
declaren, transmitan, graven, modifiquen, o extingan el
dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles,
deberá
constar
previamente
registrado
el
derecho
de
la
persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos
o contratos referidos”.19 Véase, Bechara Fagundo v. Rodríguez
Cintrón, supra, pág. 619; Pagán Rodríguez v. Registradora,
Es menester señalar que la actual Ley del Registro de la Propiedad
Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 2102015, 30 LPRA sec. 6001 et seq. (en adelante, “Ley del Registro”) tiene
una disposición análoga.
19
CT-2020-0009
18
supra, pág. 535; Pino Development Corp. v. Registrador,
supra, págs. 386-387. De forma que, si la persona que aparece
inscrita no es la persona que pretende otorgar la transmisión
o gravamen, se debe denegar la inscripción.20 Art. 57 de la
Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2260.
Véase, Bechara Fagundo
v.
Pagán
Rodríguez
Cintrón,
supra;
Rodríguez
v.
Registradora, supra; Pino Development Corp. v. Registrador,
supra.
Ahora bien, a pesar de que el principio de tracto
sucesivo
ha
quedado
firmemente
establecido
ordenamiento,
existen
instancias
donde
el
en
mismo
nuestro
se
ve
interrumpido y debe ser corregido. Sobre el particular, cabe
señalar que la reanudación del tracto es una instancia en
que el ordenamiento español -- donde originan las bases de
nuestro sistema registral -- y el puertorriqueño se pueden
distinguir. En específico, si bien el ordenamiento español
contempla varias formas de reestablecer el tracto, nuestro
ordenamiento “es deficiente en este particular”. Rivera
Rivera, op. cit., pág. 244. Así, pues, al considerar la
corrección del tracto, la Ley Hipotecaria nos remite al Art.
236 y el Art. 246 del mencionado estatuto, 30 LPRA secs.
2761, 2771.
Cabe mencionar que el profesor Luis Rafael Rivera Rivera precisa que
“el requisito de tracto sucesivo no afecta la facultad para disponer;
sólo es exigencia para que pueda inscribir a su favor quien hubiera
recibido un derecho del facultado para transmitirlo”. Rivera Rivera,
op. cit., pág. 227. Véase, también, Roca Sastre y otros, op. cit., 2007,
T. II, pág. 436.
20
CT-2020-0009
A
tenor
19
con
lo
anterior,
el
Art.
236
de
la
Ley
Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2761, contempla la concordancia
entre el Registro de la Propiedad y la realidad jurídica
extraregistral, la cual se puede lograr, entre otras formas,
mediante la reanudación del tracto sucesivo interrumpido.
Mientras que el Art. 246 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec.
2771, hace referencia a las ocasiones en que un dueño o
dueña de una finca inscrita o un derecho real no aparece en
el Registro de la Propiedad como su titular. El remedio a
esto, según el precitado artículo, es instar una acción
ordinaria en contra de los que aparecen en el Registro como
los titulares de la finca o el derecho real. Íd.
IV.
A.
De otra parte, conviene recordar aquí que, allá para el
27 de diciembre de 2010, la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico aprobó la Ley Núm. 216-2010, 30 LPRA sec. 1821 et seq.,
también conocida como Ley para Agilizar el Registro de la
Propiedad (en adelante, “Ley Núm. 216-2010”). Mediante dicho
estatuto, se pretendía aliviar el atraso en la inscripción
de documentos ante el Registro de la Propiedad. Exposición
de Motivos de la Ley Núm. 216-2010 (2010 (Parte 2) Leyes de
Puerto Rico 1320). Véase, también, Parras Silvestry v. Ávila
Vargas, 203 DPR 832, 836 (2020); CRIM v. Registradora, 193
DPR 943, 948-949 (2015). De tal forma, se buscaba propiciar
el desarrollo económico local, asegurar el tráfico jurídico
CT-2020-0009
20
y preservar los derechos de los ciudadanos. Exposición de
Motivos de la Ley Núm. 216-2010, supra, págs. 1320-1321.
Ello, ya que, según expone la profesora Ana Cristina
Gómez Pérez, en su artículo El efecto de la Ley Número 216
de 2010 sobre el tráfico económico inmobiliario en Puerto
Rico:
Los principales efectos del atraso registral en
los últimos años los han sufrido la industria
bancaria, la cual se encontraba imposibilitada de
ejecutar sus garantías hipotecarias no inscritas.
Los acreedores tenían que llevar una acción de
cobro de dinero y esperar a que se inscribiera la
hipoteca para vender en pública subasta la
propiedad. Esta espera podía significar en
ocasiones meses e incluso años. Lo anterior
encarecía el crédito hipotecario por el alto
riesgo que implicaba para el acreedor. A.C. Gómez
Pérez, El efecto de la Ley Número 216 de 2010
sobre el tráfico económico inmobiliario en Puerto
Rico, 81 Rev. Jur. UPR 845, 846 (2012).
Cónsono con lo anterior, en la Exposición de Motivos
del estatuto de referencia se hizo constar que:
[D]ado el enorme atraso existente, es necesario
adoptar
una
medida
transitoria
que,
sin
menoscabar los principios básicos del derecho
hipotecario
y
conservando
la
fe
pública
registral,
permita
que
los
esfuerzos
de
calificación e inscripción de documentos se
concentren en aquellos relacionados con el
desarrollo económico del país, sin que se afecte
la fe pública ni la presunción de los títulos
inscritos.
(Énfasis suplido)
Exposición de
Motivos de la Ley Núm. 216-2010, supra, pág.
1321.
En esa dirección, y para instrumentar dicha intención
legislativa,
la
Ley
Núm.
216-2010,
supra,
permitió
la
inscripción automática de los documentos presentados ante el
Registro de la Propiedad previo al 30 de abril de 2010. Art.
2, Ley Núm. 216-2010, 30 LPRA sec. 1821. Ello, con excepción
CT-2020-0009
de
los
21
documentos
agrupaciones;
expedientes
3)
de
relacionados
agregaciones;
dominio;
6)
a:
1)
4)
segregaciones;
2)
expropiaciones;
5)
rectificación
de
cabida
o
descripción de remanente; 7) constitutivos del Régimen de
Propiedad Horizontal; 8) documentos posteriores que surjan
de los negocios jurídicos antes mencionados; 9) documentos
presentados
después
de
documentos
notificados,
la
vigencia
caducados
del
o
estatuto;
10)
proceso
de
en
recalificación. Íd. Véase, Parras Silvestry v. Ávila Vargas,
supra, págs. 836-837.
Por otro lado, en aras de regular la inscripción de los
documentos excluidos, el Art. 5 de la Ley Núm. 216-2010, 30
LPRA
sec.
1824,
establece
que
los
Registradores
de
la
Propiedad tendrían un plazo improrrogable de dos (2) años
-- a partir de la vigencia de la ley de referencia -- para
calificar
todos
inscritos
en
los
virtud
documentos
que
de
ley.
dicha
no
hubiesen
Además,
quedado
sobre
los
documentos presentados a partir del 1 de mayo de 2010,
dispuso
que
debían
ser
calificados
en
un
término
improrrogable de noventa (90) días laborables. Íd. Esto,
sujeto
a
la
imposición
de
sanciones
disciplinarias
al
Registrador de la Propiedad cuando se incumpliera con los
términos antes señalados. Íd.
Finalmente, es preciso señalar que las inscripciones
efectuadas en virtud de la Ley Núm. 216-2010 se presumen
correctas. Art. 7, Ley Núm. 216-2010, 30 LPRA sec. 1826. No
obstante, dicho estatuto dispone que, cualquier corrección
CT-2020-0009
22
de error, se hará en arreglo con lo expuesto en la Ley
Hipotecaria,
supra,
y
Ejecución
la
Hipotecaria
de
Ley
el
Reglamento
y
general
del
para
Registro
de
la
la
Propiedad, Reglamento Núm. 2674, Departamento de Justicia,
9 de julio de 1989, según enmendado (en adelante, “Reglamento
Núm. 2674) o cualquier reglamento posterior. Íd.
Establecido
lo
anterior,
y
en
lo
relacionado
al
contenido de este estatuto, precisa mencionar que durante la
aprobación
del
mismo
se
produjo
--
ante
la
Asamblea
Legislativa -- una discusión robusta sobre las consecuencias
de su aprobación. A esos fines, participaron varios expertos
en
derecho
licenciadas
registral
Gloriana
Ruiz
inmobiliario,
Jiménez
y
incluyendo
María
del
las
Socorro
Santaella Arguinzoni, ambas Registradoras de la Propiedad
jubiladas y profesoras de Derecho Hipotecario. En aquella
instancia,
señalaron
automática’
e[ra]
“que
abolir
el
efecto
principios
de
la
‘inscripción
fundamentales
del
ordenamiento hipotecario vigente […]”. G. Lanauze Morales,
Los enigmas de la ley para agilizar el Registro de la
Propiedad, 45 Rev. Jurídica U. Inter. PR 47, 78 (2011).
Véase, Informe positivo sobre el P. de la C. 2683, Com. de
lo Jurídico y Ética, Cámara de Representantes, 3era Ses.
Or., 16ta Asam. Leg., en la pág. 9 (en adelante, “Informe
Positivo”). Así, por ejemplo, sobre el principio de tracto
sucesivo,
expresaron
que
--
como
consecuencia
de
la
inscripción automática -- "existe una gran posibilidad de
que queden inscritos negocios jurídicos que no guarden una
CT-2020-0009
23
secuencia ordenada dentro de una misma finca”.21 Lanauze
Morales, supra, págs. 80-81.
Por su parte, el tratadista Luis Rafael Rivera Rivera
se
suscribió
a
lo
dicho
por
las
Registradoras
antes
mencionadas y, además, ofreció sus propias críticas. Sobre
el alcance de lo dispuesto en esta ley, el tratadista de
referencia sostuvo que, “[u]na vez inscribe, el asiento es
intocable y está bajo la salvaguardia de los tribunales. El
hecho de que la propia Ley Hipotecaria faculte al Registrador
para
corregir
errores
en
unas
circunstancias
muy
particulares, no significa que pueda adjudicar derechos”.22
(Énfasis suplido) Lanauze Morales, supra, pág. 86. Véase,
21
Sobre la presunción de corrección, añadieron:
El Artículo 7 de la medida establece que se presume que las
‘inscripciones automáticas’ son correctas. No es aceptable
ni concebible que en ningún tribunal se sostenga la
presunción de corrección propuesta por la medida. La
presunción de corrección actualmente está respaldada por
el proceso de calificación. Habiéndose eliminado el proceso
de calificación respecto a estos documentos, no puedo
[puede] operar la presunción por la mera expresión de la
ley, máximo cuando sabemos que los documentos ‘inscritos
automáticamente’ tendrán muchos errores. Lanauze Morales,
supra, pág. 82.
Valga precisar que, cuando primero se presentó el texto de la ley Núm.
216-2010, supra, el Art. 7 rezaba:
22
Las inscripciones practicadas en virtud de esta ley, se
presumen correctas. Esta presunción de corrección podrá ser
revisada por el Registrador de la sección correspondiente,
a solicitud de parte interesada, durante dos (2) años
contados a partir de la fecha de vigencia de esta ley. El
Registrador tendrá la facultad para revisar dichas
inscripciones e incluso dejar sin efecto las mismas, de ser
éstas contrarias a derecho. P. de la C. 2683 de 12 de mayo
de 2010, 3era Ses. Or., 16t Asam. Leg., en la pág. 5.
CT-2020-0009
24
Informe Positivo, supra, pág. 11. Y es que no podía ser de
otra forma, pues, tal tarea le corresponde a los tribunales.
B.
Ahora bien, en virtud de la Ley Núm. 216-2010, supra,
el Departamento de Justicia aprobó el Reglamento para la
ejecución de la Ley Núm. 216 de 27 de diciembre de 2010 […],
Reglamento Núm. 7988, Departamento de Justicia, 4 de febrero
de 2011 (en adelante, “Reglamento Núm. 7988”). En éste, se
reiteran algunos de los postulados incluidos en la Ley Núm.
216-2010. Así, por ejemplo, se enumeran los documentos que
cualifican para la inscripción automática y la metodología
para extender los correspondientes asientos.
Véase, Arts.
4, 5 y 8, Reglamento Núm. 7988, supra.
De la misma manera, se expone que las inscripciones
practicadas en virtud de la Ley Núm. 216-2010, supra, se
presumen correctas. Art. 11, Reglamento Núm. 7988, supra. De
modo que, cualquier parte afectada por un error en la
inscripción de documentos presentados antes del 30 de abril
de 2010 y que no quedaron excluidos por la Ley Núm. 2162010, supra, podrían solicitar la corrección de los mismos
ante el Registrador de la sección apropiada. Véase, Art.
11.1, Reglamento Núm. 7988, supra.
No obstante, el Reglamento Núm. 7988, supra, también
dispone que el Registrador o Registradora deberá corregir
los errores al palio de los Arts. 150 al 154 de la Ley
Hipotecaria, 30 LPRA secs. 2501-2505, y los Arts. 141.3 al
141.7, 142.1, 143.1, 143.2 y 144.1 del Reglamento Núm. 2674,
CT-2020-0009
25
supra.23 En lo pertinente a las correcciones efectuadas por
el Registrador o Registradora de la Propiedad, en instancias
donde la rectificación pudiese afectar derechos de titulares
inscritos, el Art. 151 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec.
2502, establece que se exigirá el consentimiento de las
partes afectadas o una resolución judicial ordenando la
corrección del asiento.
Por otro lado, los Arts. 141.3 al 141.7, 142.1, 143.1,
143.2 y 144.1 del ahora derogado Reglamento Núm. 2674, en
esencia, complementan las disposiciones de los incisos de la
Ley Hipotecaria anteriormente expuestos.24 En lo relevante
al
presente
caso,
el
Art.
142.1
del
referido
cuerpo
reglamentario establece que:
Si
se
hubieren
practicado
asientos
con
posterioridad a aquél cuya rectificación se
pretende, será requisito indispensable que
presten
su
consentimiento
los
titulares
posteriores compareciendo en instancia firmada y
autenticada ante notario, o que sean incluidos
como partes en el procedimiento ordinario que se
inste con arreglo a lo dispuesto en este
Reglamento. (Énfasis suplido).
Como se puede colegir de lo antes reseñado, las leyes
y reglamentos aplicables disponen de forma clara las vías
Es necesario aclarar que, a pesar de que el Reglamento Núm. 7988,
supra, menciona la existencia de un Art. 143.2 en el Reglamento Núm.
2674, supra, dicho inciso no existe. No obstante, continuaremos haciendo
referencia al mismo, toda vez que el texto del referido cuerpo
reglamentario así lo expone.
23
Por ejemplo, se dispone cómo corregir errores cometidos por los
Registradores o Registradoras; cuándo la corrección se debe llevar a
cabo una vez ya se ha entregado el título al interesado; contempla
aquellas ocasiones en que se extiende el asiento en la finca equivocada;
o cuando se omite la firma del Registrador o Registradora. Véase, Art.
141.3, 141.4, 143.1 y 144.1, Reglamento Núm. 2674, supra.
24
CT-2020-0009
para
corregir
26
errores
de
inscripción
cometidos
por
los
Registradores o Registradoras de la Propiedad.
C.
De otra parte, es menester señalar que, recientemente,
este
Tribunal
tuvo
oportunidad
de
interpretar
las
disposiciones de la Ley Núm. 216-2010, supra, en el caso
Parras Silvestry v. Ávila Vargas, supra. En aquella ocasión,
analizamos si dos (2) escrituras de individualización y
donación
de
ciertos
apartamentos
fueron
inscritas
correctamente a la luz de la Ley Núm. 216-2010, supra. Parras
Silvestry v. Ávila Vargas, supra, pág. 834. En dicho caso,
la
Registradora
de
la
Propiedad
indicaba
que
las
individualizaciones de apartamentos no cualificaban para la
inscripción automática dispuesta en la Ley Núm. 216-2010,
supra, de modo que no se podían inscribir las donaciones por
falta de tracto sucesivo. Íd., pág. 835. En contraste, las
peticionarias –- las hermanas Parras Silvestry -- adujeron
que la Registradora de la Propiedad no tenía capacidad
jurídica para recalificar los documentos en controversia, ya
que habían quedados inscritos de forma automática, en virtud
de la Ley Núm. 216-2010, supra. Íd, pág. 836.
Atendidos los argumentos planteados por las partes,
este Tribunal -- por voz del Juez Asociado señor Martínez
Torres -- concluyó que la Ley Núm. 216-2010, supra, “mandató
la inscripción automática de escrituras de individualización
de
apartamentos
sujetos
a
un
Régimen
de
Propiedad
Horizontal”. Parras Silvestry v. Ávila Vargas, supra, pág.
CT-2020-0009
27
843. Así pues, esta Curia sentenció que las escrituras en
controversia quedaron inscritas de forma automática y, como
consecuencia,
debían
presumirse
válidas.
Íd,
pág.
844.
Siendo ello así, se ordenó la revocación de la calificación
de la registradora.
Nótese que, al resolver el caso de Parras Silvestry v.
Ávila Vargas, supra, no nos vimos obligados a atender la
controversia ante nuestra consideración. A pesar de que se
precisó la metodología para corregir errores en determinadas
inscripciones -- es decir, conforme a los Arts. 150 al 154
de la Ley Hipotecaria, supra, y los Arts. 141.3-141.7, 142.1,
143.1,143.2 y 144.1 del Reglamento Núm. 2674, supra -- no
hubo necesidad de aplicar dicha normativa. Parras Silvestry
v. Ávila Vargas, supra, págs. 845-846.25
De la misma forma, es útil pasar revista -- a modo de
ejemplo -- sobre lo resuelto en In re Ramos, 493 B.R. 355
(2013), caso donde el Tribunal de Quiebras se enfrentó a una
controversia relacionada a la Ley Núm. 216-2010, supra.26
Allí,
se
hipotecaria
evaluó
de
la
Banco
naturaleza
de
Popular
Puerto
de
cierta
Rico,
acreencia
tras
la
inscripción de la misma en virtud de la Ley Núm. 216-2010,
supra. Ello, de forma paralela a determinado procedimiento
en virtud del Capítulo 13 de Quiebras. En específico, el
deudor arguyó que había falta de tracto sucesivo, por lo que
25
Véase, nota 23, supra.
Dicho caso fue discutido in extenso por el señor Ramos García, ya que
-- a juicio de éste -- apoya sus contenciones.
26
CT-2020-0009
28
la inscripción de la hipoteca en virtud de la Ley Núm. 2162010 fue errada.
En aquel momento, el Tribunal de Quiebras sentenció
-
- sobre la alegación de falta de tracto sucesivo planteada
en el precitado caso -- que:
[It] is undisputed that at the moment of the filing
of the petition the purported Mortgage Deed was
presented by BPPR at the Registry of Property
without presenting the Purchase Deed and that the
mortgage could not be validly recorded in
accordance to local law. Failure to present the
Purchase Deed previous to the presentation of the
Mortgage Deed necessarily results in the lack of
successive chain of title. Without successive
record, the mortgage lien may not be validly
recorded in accordance to Article 57 of P.R.
Mortgage Act of 1979, P.R. Laws Ann. tit. 30, sec.
2260. (Énfasis suplido) In re Ramos, supra, págs.
367-368.
Es decir, el Tribunal de Quiebras concluyó que -- sin tracto
sucesivo -- la hipoteca no podía ser válidamente inscrita,
a la luz del derecho puertorriqueño. Lo anterior es similar
a lo ocurrido en el caso de epígrafe.
V.
Por
último,
y
por
ser
también
pertinente
a
la
controversia que nos ocupa, debemos recordar que -- al
describir los contornos generales de la hipoteca -- se ha
dicho que ésta es:
[U]n derecho real que, ya de momento, sujeta o
vincula lo hipotecado, cualquiera que sea su
titular, al poder de exigir eventualmente la
realización de su valor así como la adopción de
medidas dirigidas a salvaguardarlo, todo en
seguridad o garantía de la efectividad de alguna
obligación dineraria, y cuyo derecho es de
carácter accesorio, indivisible, de constitución
registral, y grava bienes, ajenos y enajenables,
que permanecen en posesión de su propietario o
CT-2020-0009
29
titular,
y
el
cual
implica
un
poderoso
instrumento del crédito territorial. (Énfasis
suprimido) Roca Sastre y otros, op. cit., 2009,
T.VIII, págs. 15-16. Véase, también, Haedo Castro
v. Roldán Morales, 203 DPR 324, 341 (2019).
En virtud de ello, el efecto práctico de la hipoteca es
sujetar “directa e inmediatamente los bienes sobre [los] que
se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento
de la obligación para cuya seguridad fue constituida”. Art.
1775, Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 5043.
Así pues, el Art. 1756 del ahora derogado Código Civil
de 1930, 31 LPRA sec. 5001, enumeraba una serie de requisitos
indispensables
hipoteca.
A
cumplimiento
para
la
otorgación
saber,
que
se
de
una
de
un
contrato
de
constituya
para
asegurar
el
obligación
principal;
que
la
cosa
hipotecada pertenezca en propiedad a quien la hipoteca; y
que las personas que constituyan la hipoteca tengan libre
disposición de sus bienes o, de no tenerla, que tengan
autorización legal para ello. Íd. Véase, Dist. Unidos Gas v.
Sucn. Declet Jiménez, 196 DPR 96, 110 (2016); Westernbank v.
Registradora, 174 DPR 779, 784 (2008); Rivera Rivera, op.
cit., pág. 486.
Además de éstos, el Art. 1774 del antiguo Código Civil
de 1930, 31 LPRA sec. 5042, exigía que -- como condición
para su validez -- la hipoteca fuera inscrita en el Registro
de la Propiedad. Véase, Haedo Castro v. Roldán Morales,
supra, págs. 341-342; Dist. Unidos Gas v. Sucn. Declet
Jiménez,
supra,
pág.
111;
Westernbank
v.
Registradora,
supra; Rivera Rivera, op. cit., págs. 486-487. Este concepto
CT-2020-0009
30
fue repetido en el Art. 188 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA
sec. 2605, donde se dispone que, como requisito para la
constitución de una hipoteca voluntaria, ésta debía ser
acordada en una escritura pública y debía ser inscrita en el
Registro de la Propiedad. Véase, Haedo Castro v. Roldán
Morales, supra, pág. 342.
Ahora bien, y según se puede inferir de la doctrina
antes señalada, una de las características distintivas de la
hipoteca es que su inscripción es constitutiva. Véase, Roca
Sastre y otros, op. cit., 2009, T. VIII, pág. 101. Como bien
nos
dice
el
jurisprudencia
profesor
Luis
Rafael
puertorriqueña,
Rivera
siguiendo
Rivera,
la
“la
doctrina
mayoritaria, ha insistido en el carácter constitutivo de
este derecho real”. Rivera Rivera, op. cit., pág. 487. Véase,
también, Roca Sastre y otros, op. cit., 2009, T. VIII, pág.
101; Haedo Castro v. Roldán Morales, supra, pág. 341.
No obstante, si bien se requiere la inscripción de la
escritura de hipoteca para ser considerada un derecho real,
en la instancia en que esto no ocurra, la misma “constituye
prueba como documento privado y, por ende, vale como negocio
jurídico entre los otorgantes si concurren los requisitos
contractuales de consentimiento, objeto y causa”. Rivera
Rivera, op. cit., pág. 487.
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que
procedemos a disponer de las interrogantes ante nuestra
consideración.
CT-2020-0009
31
VI.
Como ya mencionamos, en el presente caso, la Corte de
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto
Rico nos solicita que determinemos si el cumplimiento con
el principio de tracto sucesivo es un prerrequisito para
concluir que la inscripción automática de una hipoteca, en
virtud de la Ley Núm. 216-2010, supra, es válida. Por otro
lado, nos consultan si la inscripción automática de una
hipoteca -- conforme el estatuto de referencia -- se ve
afectada cuando el dueño de la propiedad no corrigió las
deficiencias notificadas por el Registrador o Registradora
de la Propiedad, resultando en la no inscripción de su título
propietario.
Contestamos
la
primera
pregunta
en
la
si
en
afirmativa, y la segunda en la negativa. Veamos.
Como
cuestión
de
umbral,
debemos
considerar
efecto la escritura de hipoteca en controversia está sujeta
a la aplicación de la inscripción automática, conforme a lo
pautado en la Ley Núm. 216-2010, supra. Al considerar la
lista
taxativa
de
excepciones
expuesta
en
la
ley
de
referencia -- al igual que en su correspondiente reglamento
--
concluimos
estatuto
de
que
dicho
negocio
queda
cobijado
referencia.
Debido
a
la
que
por
el
hipoteca
en
controversia fue presentada ante el Registro de la Propiedad
con
anterioridad
al
30
de
abril
de
2010,
y
no
es
un
instrumento que aparece enumerado en la lista de exclusión,
consideramos el mismo sujeto al precitado estatuto.
CT-2020-0009
32
Siendo ello así, proseguimos a considerar los méritos
de la primera pregunta ante nuestra consideración. Para ello,
de entrada, debemos señalar que, como regla general, el
ordenamiento
registral
documentos que
Propiedad
puertorriqueño
sean presentados
sufrirán
un
dispone
ante el
proceso
de
que
los
Registro de la
calificación.
Como
consecuencia de lo anterior, en dicho proceso se evalúa la
observancia del principio de tracto sucesivo. Normalmente,
el incumplir con dicho principio conllevaría la denegación
de la inscripción.
No obstante, con la aprobación de la Ley Núm. 216-2010,
dicho proceso varía un poco, toda vez que, como hemos visto,
la
referida
disposición
legal
decreta
la
inscripción
automática de ciertos documentos, sin éstos estar sujetos a
la tradicional calificación de parte de un Registrador o
Registradora. Tal es el caso de autos.
Inscrita la escritura de hipoteca aquí en controversia,
-- entiéndase, la Escritura Núm. 1 de Hipoteca -- en virtud
de la Ley
dispone
que
Núm.
216-2010,
dicha
supra,
inscripción
el mencionado
tiene
una
estatuto
presunción
de
corrección; presunción de corrección que -- conforme a la
normativa antes expuesta -- puede ser impugnada.
Siendo
ello
así,
impugnada
la
validez
del
asiento
inscrito -- en este caso, la Escritura de Hipoteca Núm. 1 -, como hemos visto, los tribunales están en la obligación
de pasar juicio sobre el cumplimiento de los requisitos de
CT-2020-0009
33
la Ley Núm. 216-2010, supra, y la Ley Hipotecaria, supra.
Entre ellos, el principio registral de tracto sucesivo.
Así pues, y en lo relacionado a la primera pregunta que
nos hace la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito de Puerto Rico, es forzoso concluir que, en efecto,
el
ordenamiento
cumplimiento
con
jurídico
el
puertorriqueño
principio
de
tracto
exige
el
sucesivo,
como
condición para la validez de la inscripción de la hipoteca
aquí en controversia, inscrita en virtud de lo dispuesto en
la Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad, supra.
En cuanto a la segunda interrogante, y cónsono con lo
anterior, somos del criterio que el hecho de que el titular
no haya corregido las deficiencias notificadas, no cambia el
hecho de que
--
en el presente
caso
-- se
rebatió la
presunción de corrección.27 En otras palabras, si bien es
cierto que una parte no debe cruzarse de brazos al momento
de
corregir
las
deficiencias
que
el
Registrador
o
Registradora le notifique, el principio de tracto sucesivo
se sobrepone sobre lo anterior y, en consecuencia, ello no
implica
que
quedará
inscrito
de
forma
permanente
independientemente de los errores que pueda contener.
En ese sentido, y en lo que respecta a la segunda
pregunta que nos realiza la Corte de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito de Puerto Rico, respondemos que el
hecho de que un titular no haya corregido las deficiencias
Particularmente, cuando se puede argüir que el acreedor hipotecario
original contribuyó al desface en el tracto sucesivo.
27
CT-2020-0009
notificadas
34
por
el
Registrador
o
Registradora
de
la
Propiedad, no cambia el hecho de que -- en el presente caso
-- se rebatió la presunción de corrección instaurada en la
Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad, supra.
VII.
En resumen, y a modo de epílogo, en el día de hoy
resolvemos
que:
1)
los
asientos
en
el
Registro
de
la
Propiedad, inscritos en virtud de la Ley para Agilizar el
Registro de la Propiedad, supra, se presumen correctos y
exactos; 2) dichos asientos están bajo la salvaguarda de los
tribunales;
3)
impugnada la validez de un
tribunales
deben
pasar
juicio
sobre
si
asiento, los
al
momento
de
inscribir se cumplieron los requisitos de la Ley Núm. 2162010, supra, y la Ley Hipotecaria, supra; y 4) ello es así,
puesto
que
conocida
el
como
propósito
la
Ley
de
para
la
Ley
216-2010,
Agilizar
el
supra,
Registro
de
-la
Propiedad -- fue adelantar los trabajos del Registro de la
Propiedad
y
combatir
el
retraso
en
la
calificación
e
inscripción de documentos públicos, no convertir lo irreal
en real.
VIII.
Establecido lo anterior, y por los fundamentos que
anteceden,
resolvemos
que
el
ordenamiento
jurídico
puertorriqueño exige el cumplimiento con el principio de
tracto
sucesivo,
como
condición
para
la
validez
de
la
inscripción de una hipoteca en virtud de la Ley Núm. 2162010, supra. Asimismo, concluimos que el hecho de que el
CT-2020-0009
35
titular no haya corregido las deficiencias notificadas, no
cambia el hecho de que -- en el presente caso -- se rebatió
la presunción de corrección.
Se ordena al Negociado de Traducciones de este Tribunal
que traduzca al inglés esta Opinión. Una vez traducida, la
Secretaría de esta Curia deberá enviar una copia de la misma
a la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico.
Se dictará sentencia de conformidad.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
DLJ Mortgage Capital, Inc.
CT-2020-0009
Peticionario
v.
Federico Alberto García Ramos,
t/c/c Federico A. Ramos García
Certificación
Interjurisdicciona
l
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 14 de mayo de 2021.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, resolvemos que el ordenamiento jurídico
puertorriqueño exige el cumplimiento con el principio
de tracto sucesivo, como condición para la validez de
la inscripción de una hipoteca en virtud de la Ley Núm.
216-2010, conocida como Ley para Agilizar el Registro
de la Propiedad, 30 LPRA sec. 1821 et seq. Asimismo,
concluimos que el hecho de que el titular de un
instrumento público no corrija las deficiencias
notificadas por el Registrador de la Propiedad, no
cambia que –- tal como ocurrió en el presente caso -se pueda rebatir la presunción de corrección instituida
por la precitada ley.
Se ordena al Negociado de Traducciones de este
Tribunal que traduzca al inglés esta Opinión. Una vez
traducida, la Secretaría de esta Curia deberá enviar
una copia de la misma a la Corte de Distrito de Estados
Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo