Tribunal Supremo de Puerto Rico
Lyons Villanueva v. Departamento de Corrección y Rehabilitación
2021 TSPR 58
Poder Judicial de Puerto Rico
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Lyons Villanueva v. Departamento de Corrección y Rehabilitación
CC-2021-280
Resolución del Tribunal con Voto Particular de Conformidad y Voto Particular Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Lyons Villanueva
Peticionario
Certiorari
v.
2021 TSPR 58
Departamento de Corrección y
Rehabilitación
206 DPR ____
Recurrido
Número del Caso:
CC-2021-280
Fecha: 28 de abril de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel X
Abogado de la parte peticionaria:
Por derecho propio
Materia: Resolución del Tribunal con Voto Particular de Conformidad
Y Voto Particular Disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Lyons Villanueva
Peticionario
v.
CC-2021-0280
Certiorari
Departamento de Corrección
y Rehabilitación
Recurrido
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2021.
Examinada la Petición de certiorari, presentada por
la parte peticionaria, se provee no ha lugar.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco
emitió un Voto particular de conformidad al cual se unen
los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo, Rivera
García y Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor Estrella
Martínez disiente del criterio mayoritario y emitió un Voto
particular disidente al cual se une el Juez Asociado señor
Colón Pérez. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no
interviene.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Lyons Villanueva
Peticionario
v.
CC-2021-0280
Certiorari
Departamento de Corrección
y Rehabilitación
Recurrido
Voto particular de conformidad emitido por la Jueza Asociada
señora PABÓN CHARNECO a la cual se unieron los Jueces
Asociados señores Kolthoff Caraballo, Rivera García y
Feliberti Cintrón.
San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2021.
Estoy
conforme
con
el
resultado
anunciado
en
la
Resolución que antecede. Esto responde a que una disposición
final
de
una
agencia
debe
cumplir
con
los
preceptos
establecidos en la Sec. 3.14 de la Ley Núm. 38-2017, según
enmendada,
conocida
Administrativo
como
Uniforme,
3
la
LPRA
Ley
sec.
de
Procedimiento
9654,
a
saber:
determinaciones de hecho, conclusiones de derecho, derecho
a solicitar reconsideración o revisión judicial, inter alia.
Su cumplimiento no consiste en meras formalidades, sino en
salvaguardar el derecho que tienen las partes a un debido
CC-2021-280
2
proceso de ley y, a su vez, colocar a los foros apelativos
en posición para ejercer adecuadamente su función revisora.
-IEn el caso de epígrafe, el Sr. Víctor Lyons Villanueva
(señor Lyons Villanueva) nos solicita que revoquemos una
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, que desestimó el
recurso por prematuro ya que el Comité de Evaluación y
Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación
no emitió una Resolución final con determinaciones de hecho
y conclusiones de derecho según la Sec. 3.14 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, supra. Tras examinar
la Resolución de la agencia, resulta oportuno devolver el
presente caso al foro administrativo para que emita una
Resolución final conforme con la referida Sec. 3.14 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, toda
vez
que
su
determinación
se
circunscribió
a
establecer
conclusiones de derecho.1
La determinación de la agencia estuvo fundamentada en las siguientes
conclusiones de derecho:
1
El Comité acordó reclasificar su custodia a mediana. Se
solicita traslado a Bayamón 705. Se refiere al Módulo de
Terapias (trastorno adicto). El participante luego de una
corroboración a la Prueba Toxicológica realizada el 20 de
julio de 2020 y esta arrojar positivo a opiáceos. En el día
de ayer se reciben los resultados realizados en el
laboratorio MedTox Laboratories, los resultados reflejan 341
mg/ml de Morphine. Por lo tanto, se evalúa el caso por este
incumplir con el Reglamento Interno para la prueba
toxicológica del 8 de junio de 2018, donde indica en la
página 31 inciso (6-7) que el Técnico Socio penal presentará
el caso ante el Comité de Clasificación y Tratamiento para
su revisión si aplica. En el inciso (7) indica [que] los
casos que arrojan positivo se presentar[á]n ante el Comité
de Clasificación y Tratamiento para estructurar un nuevo
plan Institucional incluyendo evaluación de custodia,
traslado cuando proceda y referimiento a los Módulos de
tratamientos. Cabe mencionar que también incumplió con las
normas y reglamentos de participación del Programa.
CC-2021-280
3
En nuestro ordenamiento administrativo, la revisión
judicial
comprende
las
tres
(3)
áreas
siguientes:
(1)
concesión de un remedio apropiado; (2) revisión de las
determinaciones de hecho sujeto al criterio de la evidencia
sustancial, y (3) una revisión completa de las conclusiones
de derecho. Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 3536 (2018); D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y
Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., 2013, pág.
688.
En
esa
dirección,
la
Sec.
3.14
de
la
Ley
de
Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, establece que
la
intervención
judicial
sobre
una
determinación
con
carácter final de una agencia debe incluir, inter alia,
determinaciones
de
hecho,
conclusiones
de
derecho
y
la
advertencia sobre el derecho a solicitar una reconsideración
o revisión judicial. Crespo Claudio v. OEG, 173 DPR 804,
812-815
(2008).
Los
objetivos
que
persigue
el
efectuar
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho son:
(1)
proporcionar a los tribunales la oportunidad de revisar
adecuadamente la decisión administrativa y facilitar esta
tarea; (2) fomentar que la agencia adopte una decisión
cuidadosa y razonada dentro de los parámetros de su autoridad
Incumplió con las normas conforme lo indica en la página 1,
inciso 10 el cual indica: “No haré uso de bebidas
alcohólicas, ni sustancias controladas, ni portaré armas de
fuego ni dentro ni fuera del programa”. Además, incumplió
con el contrato de Programa de Pre-Reinstalación a la Libre
Comunidad
pág. 2, inciso 8, el cual indica que “No
utilizaré bebidas alcohólicas o sustancias controladas,
medicamentos controlados sin estar debidamente autorizados
por prescripción médica, ni mientras disfrute de cualquier
tipo de pase o privilegio. Se refiere a tratamiento para que
se beneficie al máximo de las terapias psicoadictivas[…].
CC-2021-280
4
y discreción; (3) ayudar a la parte afectada a entender el
razonamiento de la agencia, para que así esté mejor informada
para
decidir
si
acude
al
foro
judicial
o
acata
la
determinación; (4) promover la uniformidad intra-agencial,
particularmente cuando el proceso decisorio institucional es
adoptado por distintos miembros de un comité especial a
quienes les está encomendado celebrar vistas y recibir la
prueba, y (5) evitar que los tribunales se apropien de
funciones
que
administrativas
corresponden
bajo
el
propiamente
concepto
de
a
las
agencias
especialización
y
destreza. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265
(1987).
Según indicado previamente, la agencia debe realizar
determinaciones de hecho por separado en todo procedimiento
final, a menos que las partes lo renuncien. 3 LPRA sec. 9654.
Esta consignación no responde a meras formalidades. Ello,
pues “[l]as determinaciones de hecho tienen que encontrar su
razón de ser en la evidencia, en las materias de que se tomó
conocimiento oficial y en todo aquello que haya transcurrido
en la audiencia celebrada que sea parte del récord del caso”.
Fernández Quiñones, op. cit., pág. 692. Estas son un puente
entre la acción administrativa y la revisión judicial.
“Las
cuestiones de hecho surgen como consecuencia de la actividad
realizada por la agencia de compilar el récord y procede de
inmediato a precisar el fenómeno que aconteció o que habrá
de suceder, sin tomar en consideración sus efectos legales”.
Íd. Es importante resaltar que las determinaciones de hecho
CC-2021-280
5
así como las conclusiones de derecho tienen finalidades
distintas
en
la
revisión
apelativa.
En
cuanto
a
las
determinaciones de hecho, el profesor Demetrio Fernández
Quiñones dispone lo siguiente:
La
audiencia
administrativa
y
el
proceso
decisional ayudan a distinguir entre cuestiones de
hecho, determinaciones de hecho y conclusiones de
derecho. Como antesala a ese proceso, la función
administrativa de índole adjudicativa envuelve la
admisión
de
evidencia,
la
ponderación
y
determinación de su confiabilidad y llegar a
inferencias para desembocar en hechos básicos. De
esos hechos básicos es que se articulan y formulan
las determinaciones. El proceso de determinarlos
es sumamente importante y no debe ser considerado
como algo técnico y mecánico. Las determinaciones
sirven finalidades fundamentales si se hacen con
sumo cuidado y denotan que las cuestiones
implicadas
en
el
caso
fueron
examinadas
meticulosamente. Tienen el propósito de proveerles
notificación
adecuada
a
las
partes
y
suministrarles información necesaria al Tribunal
para que efectúe una revisión judicial adecuada.
El propósito de requerir determinaciones de hecho
es para demostrar que la agencia consideró en su
totalidad la evidencia y evaluó los hechos. Le
informan, además, a las partes los hallazgos de la
agencia, de suerte que puedan preparar y presentar
su solicitud de revisión. Íd., pág. 693. (énfasis
suplido).
Luego de establecer las determinaciones de hecho en
armonía con la prueba presentada, la agencia procede a
aplicar el derecho a los hechos. Super Asphalt Pavement,
Corp.
v.
Autoridad
Infraestructura,
21
para
TSPR
45;
el
Financiamiento
Rolón
Martínez
v.
de
la
Caldero
López, supra. Esta aplicación constituye la plataforma ideal
para “comenzar la tarea de formular la cuestión de derecho
presente en la revisión judicial”. Fernández Quiñones, op.
cit.,
pág. 715. Mientras que los
foros apelativos suelen
CC-2021-280
6
concederles deferencia a las determinaciones de hecho, las
conclusiones
de
derecho
son
revisables
en
todos
sus
aspectos. Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para el
Financiamiento de la Infraestructura, 21 TSPR 45; Rolón
Martínez v. Caldero López, supra; Fernández Quiñones, op.
cit.
-IIEn el caso de autos nos encontramos en una etapa
prematura para concluir que la disposición de la agencia es
suficiente, pues desconocemos cuáles son las determinaciones
de hecho que utilizó la agencia para las conclusiones de
derecho que alude en su determinación. Avalar la suficiencia
de la determinación conllevaría apropiarnos de funciones que
le corresponde a la agencia, tales como llegar a inferencias
en cuanto a la admisibilidad de la evidencia para articular
determinaciones de hecho. O peor aún, partir de la premisa
que se renunció a la consignación de determinaciones de
hecho,
cuando
ello
no
surge
del
expediente.2
También
partiríamos de una presunción que la agencia consideró la
totalidad de la evidencia y ponderó los hechos ante sí. Este
Cabe mencionar que entre los errores que señaló el señor Lyons
Villanueva ante el Tribunal de Apelaciones fue precisamente el
incumplimiento de la agencia con la Ley Núm. 38-2017, según enmendada,
conocida como la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9654. A lo que el Departamento de
Corrección y Rehabilitación admitió que le asistía la razón, por lo cual
solicitó que el caso fuese devuelto a la agencia para que atendiera,
inter alia, este asunto. A tales efectos, el foro intermedio actuó
correctamente en devolver el caso a la correspondiente agencia para que
cumpla con lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativo
Uniforme, supra. Específicamente que consigne determinaciones de hecho
y conclusiones de derecho, así como otros requisitos que impone la
sección 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra.
2
CC-2021-280
7
no fue el objetivo principal del legislador al estatuir la
Sec.
3.14
de
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme, supra. Por el contrario, su propósito consistió en
que la agencia obedezca los requisitos mínimos que dispone
la Sec. 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme en sus disposiciones finales. De este modo se cumple
con el debido proceso de ley. No concuerdo en ignorar el
procedimiento establecido en la sección 3.14 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, supra. En cuanto a
las funciones legislativas, conviene destacar que no debemos
atribuirle al legislador actos inútiles. Ortiz Chevere v.
Srio. Hacienda, 186 DPR 951, 977 (2012).
A raíz de lo anterior, reitero en que procede devolver
el caso a la agencia administrativa para que cumpla con lo
dispuesto
en
Administrativo
la
Sec.
3.14
Uniforme,
de
la
supra.
Ley
de
Procedimiento
Así
garantizamos
el
cumplimiento con el debido proceso de ley y los foros
apelativos
estarán
en
posición
para
considerar
la
controversia sustantiva en su momento.
-IIIPor lo anteriormente expuesto, estoy conforme con el
resultado anunciado en la Resolución que antecede. Por lo
cual, el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente en
devolver el caso a la correspondiente agencia para que
consigne determinaciones de hecho y conclusiones de derecho,
CC-2021-280
8
así como otros requisitos que impone la Sec. 3.14 de la Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Lyons Villanueva
Peticionario
v.
CC-2021-0280
Certiorari
Departamento de Corrección
y Rehabilitación
Recurrido
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado señor
ESTRELLA MARTÍNEZ al cual se une el Juez Asociado señor COLÓN
PÉREZ
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2021.
Una vez más, este Tribunal concede al Estado un turno
adicional al bate al devolver innecesariamente una causa de
acción al foro administrativo por la supuesta necesidad de
enmendar una resolución, pero que tiene como resultado real
la dilación irrazonable de la revisión judicial del caso en
los méritos. De primera impresión, el razonamiento para ello
por
parte
del
foro
apelativo
recurrido
pudiera
resultar
plausible al escudarse en un alegado incumplimiento con la
Ley de procedimiento administrativo uniforme del Gobierno de
Puerto Rico, Ley Núm. 28-2017 (LPAU). No obstante, una vez
se
escudriña
el
expediente
de
autos
en
su
totalidad,
particularmente la determinación administrativa que dio base
CC-2021-280
2
al procedimiento de revisión judicial, así como la precisión
en los señalamientos de errores, no cabe duda de que el
Tribunal de Apelaciones contaba con la información necesaria
para, en este momento, adjudicar la controversia.
A pesar de lo anterior, este Tribunal optó por abdicar
su jurisdicción por alegados incumplimientos de forma que no
inciden en los derechos de las partes ni en la facultad de
los tribunales para adjudicar la controversia. Con ello,
promueve un formalismo que, en muchas ocasiones, ha asfixiado
reclamos válidos de sectores vulnerables.
El efecto de tal curso de acción apunta a que el Estado
parece gozar de oportunidades y turnos adicionales que estos
sectores carecen. Es por eso por lo que, otra vez, desde la
disidencia denuncio este preocupante patrón. En el descargo
de nuestra responsabilidad, hubiese expedido el recurso con
el
fin
de
revocar
la
desestimación
del
Tribunal
de
Apelaciones y, en su lugar, ordenar la atención del recurso
en sus méritos.
Expuesta así la controversia, procedo a esbozar los
antecedentes fácticos y procesales que la suscitaron.
I
Esta disputa inició con la administración de una prueba
toxicológica al Sr. Víctor Lyons Villanueva (señor Lyons
Villanueva), quien se encuentra privado de su libertad en una
institución
penal.
resultado
positivo
Eventualmente,
la
a
controladas.
sustancias
prueba
arrojó
un
Dado
lo
anterior, el Comité de Evaluación y Tratamiento (Comité)
CC-2021-280
rindió
3
un
informe
titulado
Acuerdos
del
comité
de
clasificación y tratamiento (Acuerdos del Comité) con el
propósito de revaluar el plan institucional del confinado.
En consecuencia, conforme con la Escala de reclasificación
de custodia (casos sentenciados), el señor Lyons Villanueva
obtuvo una puntuación de cinco (5), la cual corresponde a un
nivel de custodia mínima. No obstante, el Comité aplicó una
modificación
normas”,
discrecional
para
un
por
nivel
“desobediencia
de
custodia
ante
más
las
alto.
Consecuentemente, se reclasificó la custodia del señor Lyons
Villanueva de mínima a mediana.
Ante tal reclasificación de custodia, el señor Lyons
Villanueva presentó una solicitud de reconsideración, la cual
fue denegada. Subsiguientemente, el señor Lyons Villanueva
acudió
oportunamente
Apelaciones
e
in
impugnó
forma
la
pauperis
al
determinación
Tribunal
de
administrativa
mediante ocho (8) señalamientos de errores. En síntesis,
siete
(7)
de
los
errores
esbozados
fueron
sustantivos,
específicamente en cuanto al alegado mal manejo de la prueba
toxicológica, así como de los resultados de ésta. Mediante
el otro, cuestionó de forma generalizada el incumplimiento
por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación
(Corrección) con diversos reglamentos y leyes, incluyendo la
LPAU.
Así
las
cosas,
el
Procurador
General
compareció
en
representación de Corrección. Por una parte, arguyó que la
impugnación debía ser desestimada, mientras que, por otra,
CC-2021-280
defendió
4
el
recurso
en
los
méritos
y
concluyó
que
la
determinación administrativa debía ser confirmada por ser
conforme a derecho y estar fundamentada en el expediente. En
cuanto
a
la
desestimación,
adujo
de
tuvo
reclasificación
custodia]
que
sus
“si
bien
acuerdos
[la
y
los
fundamentos bien detallados, así como la determinación final
sobre
custodia,
ella
no
constituye
una
Resolución
final
conforme la Sec. 3.14 de la [LPAU]”.3 Así, el Procurador
General alegó que “[t]oda vez que [la resolución] carece de
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. . .
[solicitamos] que el caso sea devuelto a la agencia para la
requerida
corrección”.4
Es
decir,
el
Procurador
General
sostuvo que el caso debía devolverse al ente administrativo
para que éste emitiera una resolución conforme a derecho.
Ante
esto,
el
Tribunal
de
Apelaciones
acogió
la
solicitud del Procurador General y emitió una sentencia en
la que determinó que Corrección “esta[ba] obligada a emitir
una resolución apoyada en los hechos que surjan del récord
del recurrente, y en el derecho aplicable a su solicitud de
reclasificación”.5 En consecuencia, desestimó el recurso y
ordenó su devolución a Corrección con la instrucción de que
3Apéndice
de
certiorari,
Escrito
en
cumplimiento
de
orden, pág. 1.
4Íd.
5Íd.,
Sentencia [del Tribunal de Apelaciones], pág. 3.
CC-2021-280
“emita
5
una
resolución
completa,
que
contenga
las
determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho”.6
En desacuerdo, el señor Lyons Villanueva comparece ante
este Tribunal.7 En síntesis, nos solicita que revoquemos al
foro apelativo intermedio, esencialmente, por: (1) desestimar
el recurso, a pesar del mal manejo de la prueba toxicológica
y sus resultados por parte de Corrección, y (2) desestimar
el recurso y ordenar su devolución a Corrección para que
incluyera
nuevamente
las
determinaciones
de
hecho
y
conclusiones de derecho, lo cual constituye una violación a
su debido proceso de ley.
II
De entrada, resulta preciso destacar que no coincido con
el razonamiento del foro apelativo intermedio. Debido a los
6Íd.
Advertimos que la Sentencia del Tribunal de
Apelaciones fue emitida el 26 de febrero de 2021, pero no fue
notificada sino hasta el 3 de marzo de 2021.
7Según
consta de la Declaración en apoyo de solicitud
para litigar como indigente (in forma pauperis) y de la
Petición de certiorari, ambas contienen fecha del 18 de marzo
de 2021. Ahora bien, éstas fueron recibidas en la Secretaría
de este Tribunal el 7 de abril de 2021. Asimismo, según consta
de una Notificación al Procurador General con fecha del 2 de
abril de 2021, el señor Lyons Villanueva informó que remitió
a este Tribunal su Petición de certiorari el 25 de marzo de
2021. Al mismo tiempo, destacó que, para esta fecha, la
tramitación de las cartas se vio afectada por la pandemia,
el protocolo de descontaminación, la ausencia del encargado
de la correspondencia y los días festivos de la Semana Santa.
Por tanto, teniendo en consideración que el señor Lyons
Villanueva acreditó que nos remitió el certiorari el 25 de
marzo de 2021 y que surge del sobre una nota a Secretaría
solicitando su tramitación urgente, estimo que el recurso fue
presentado dentro del término reglamentario. Lo anterior, de
conformidad con lo resuelto por este Tribunal en Alamo Romero
v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314 (2009).
CC-2021-280
hechos
6
particulares
de
este
caso,
en
lugar
de
ser
desestimado, el recurso debió ser atendido en los méritos por
el Tribunal de Apelaciones.
Un análisis exhaustivo del expediente demuestra que la
determinación de reclasificación de custodia que objeta el
señor Lyons Villanueva contiene los elementos esenciales para
su adjudicación, por lo que reiniciar el ciclo de revisión
judicial al ordenar su devolución al foro administrativo
sería un ejercicio fútil.
Según
señaló
el
Comité,
los
fundamentos
reclasificación fueron los siguientes:
[1] El [Comité] acordó reclasificar
su custodia a mediana.
[2] Se solicita traslado a Bayamón
705. Se refiere al Módulo de Terapias
(trastorno adictivo).
[3] El participante luego de una
corroboración a la Prueba Toxicológica
realizada el 20 de julio de 2020 y esta
arrojar positivo a opiáceos, en el día
de ayer se reciben los resultados
realizados en el laboratorio MedTox
Laboratories, los resultados reflejan
341 mg/ml de Morphine.
[4] Por tanto, se evalúa el caso por
este incumplir con el Reglamento Interno
para la prueba toxicológica del 8 de
junio de 2018, donde indica en la página
31 inciso (6-7) que el Técnico Sociopenal
presentará el caso ante el Comité de
Clasificación y Tratamiento para su
revisión si aplica.
[5] En el inciso (7) indica que los
casos
que
arrojen
positivo
se
presentaran
ante
el
Comité
de
Clasificación
y
Tratamiento
para
estructurar un nuevo plan Institucional
incluyendo
evaluación
de
custodia,
traslado cuando proceda y referimiento a
los Módulos de tratamiento.
[6] Cabe mencionar que también
incumplió con las normas y reglamentos
de participación del Programa. Incumplió
para
dicha
CC-2021-280
7
con las normas conforme lo indica en la
página 1, inciso 10 el cual indica: “No
haré uso de bebidas alcohólicas, ni
sustancias controladas, ni portaré armas
de fuego ni dentro ni fuera del
programa”.
[7]
Además,
incumplió
con
el
contrato del Programa de Pre-Reinserción
a la Libre Comunidad pág. 2, inciso 8,
el cual indica que “No utilizaré bebidas
alcohólicas o sustancias controladas,
medicamentos
controlados
sin
estar
debidamente autorizados por prescripción
médica,
ni
mientras
disfrute
de
cualquier tipo de pase o privilegio.
[8] Se refiere a tratamiento para
que se beneficie al máximo de las
terapias psicoadictivas. . ..8
Posteriormente,
solicitó
la
una
vez
reconsideración,
el
la
señor
Sra.
Lyons
Villanueva
Ivelisse
Milán
Sepúlveda, Supervisora, denegó la solicitud y concluyó lo
siguiente:
Concurrimos con la determinación
del
Comité
de
Clasificación
y
Tratamiento en cuanto a custodia mediana
se refiere. El hecho de incidir en el uso
de sustancias controladas demuestra un
pobre compromiso sobre su proceso de
rehabilitación y una clara desobediencia
ante las normas de la Agencia, lo cual
fundamenta el nivel de custodia asignado
y es cónsono con el Reglamento Interno
para la Administración de Pruebas para
Detectar
el
Uso
de
Sustancias
Controladas en la Población Correccional
del
DCR-Artículo
VII
Negociado
de
Instituciones Correccionales, Sección E:
Manejo de resultados positivos de prueba
toxicológicas rápidas Inciso 7- Los
casos que arrojen resultados positivos,
se
presentarán
ante
el
Comité
de
Clasificación
y
Tratamiento
para
estructurar un nuevo plan institucional,
incluyendo evaluación de la custodia,
8Íd.,
Acuerdos del comité (Anejo 8), págs. 1-2. Se
advierte que se optó por enumerar lo transcrito para una
mejor lectura y comprensión de lo expuesto.
CC-2021-280
8
traslado cuando proceda y referido a los
módulos de tratamiento.9
Una lectura de los fundamentos expresados por el ente
administrativo para la reclasificación de custodia me lleva
a concluir que, contrario a lo resuelto por el Tribunal de
Apelaciones,
la
determinación
administrativa
fue
lo
suficientemente específica como para que, tanto el señor
Lyons Villanueva como el Procurador General, argumentaran en
los méritos sobre la controversia planteada. Como cuestión
de hecho, así lo hicieron. De hecho, la única parte que
alegadamente se afectaría por los supuestos defectos de la
determinación administrativa que nos ocupa, se encuentra
precisamente tocando las puertas de este Tribunal para que
se atienda la sustancia de sus siete (7) señalamientos de
errores y evitemos que el Estado tergiverse un señalamiento
de error genérico para desviar la atención de los restantes
reclamos
sustantivos
presentados
por
el
señor
Lyons
Villanueva.
Ante
esa
realidad,
este
Tribunal
debió
expedir
el
recurso, revocar al Tribunal de Apelaciones y ordenarle la
revisión de la controversia en sus méritos. Esto, pues, la
especificidad
de
la
determinación
en
la
que
el
Comité
fundamentó la reclasificación, así como la particularidad de
los señalamientos de errores presentados por el señor Lyons
Villanueva,
9Íd.,
tienen
primacía
sobre
el
incumplimiento
con
Escrito en cumplimiento de orden, pág. 3; Anejo
11, pág. 2.
CC-2021-280
alegados
9
requisitos
de
forma
que
no
inciden
sobre
los
derechos de las partes.
El octavo señalamiento de error presentado por el señor
Lyons Villanueva, el cual, tal y como destacamos, recoge de
forma generalizada el incumplimiento por parte de Corrección
con diversos reglamentos y leyes, no puede eclipsar los otros
siete
(7)
errores
detalladamente.
que
Ello,
fueron
máxime,
argumentados
cuando,
concreta
contrario
a
y
lo
dispuesto por el Tribunal de Apelaciones, el señor Lyons
Villanueva nunca objetó la alegada falta de inclusión de
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho en la
resolución emitida por Corrección.10
Asimismo, el señor Lyons Villanueva tampoco objeta la
alegada falta de determinaciones de hecho y conclusiones de
derecho
en
la
Petición
de
certiorari
ante
nuestra
consideración. Al contrario, éste destaca como error que el
foro apelativo intermedio no haya resuelto de conformidad con
lo
expresado
por
la
Hon.
Juez
Méndez
Miró
en
su
voto
particular disidente. Es decir, muestra reparos con que se
10Así
se desprende de la Revisión judicial presentada en
el foro apelativo intermedio por el señor Lyons Villanueva.
Además, como muestra de lo anterior, en la comparecencia del
Procurador General, éste expresó que “[e]l señalamiento
número
ocho
del
[señor
Lyons
Villanueva]
sobre
el
incumplimiento con la LPAU, aunque planteado de forma
general, constituye la razón por la cual este caso debe ser
devuelto a la agencia. . .”. (Énfasis suplido). Escrito en
cumplimiento de orden, pág. 6. Véase, también, voto disidente
emitido por la Hon. Juez Méndez Miró, quien expuso que
“ausente objeción por parte del señor [Lyons] Villanueva” de
la alegada falta de inclusión de determinaciones de hecho y
conclusiones de derecho, “se debió atender el recurso de una
vez” en los méritos. (Énfasis suplido). Íd., pág. 1.
CC-2021-280
haya
10
devuelto
el
caso
a
Corrección
por
el
alegado
incumplimiento con tal requisito de forma.
En ese sentido, no podemos obviar lo específico bajo el
pretexto de atender un señalamiento de error generalizado que
conllevaría
atrasar
los
procedimientos.
Ello,
particularmente cuando el alegado defecto de forma señalado
por el foro apelativo intermedio no afectó los derechos
apelativos de las partes.
Sin
duda, los
presentación
del
hechos
recurso
particulares
de
que
revisión,
motivaron
así
como
la
los
fundamentos del Comité para la reclasificación de custodia,
habilitaron
una
revisión
adecuada
de
la
actuación
administrativa. Además, fueron suficientes para que el señor
Lyons
Villanueva
entendiera
la
determinación
tomada
por
Corrección, de modo que este último tuviera la capacidad para
impugnarla en los méritos en los foros correspondientes. Dado
lo anterior, éste efectúa señalamientos puntuales sobre los
alegados errores cometidos por el Comité; señalamientos que,
seguramente, no hubiera podido realizar de no contar con los
fundamentos para la determinación de Corrección.
Ante este escenario, y consecuente con mi postura de no
afectar
los
derechos
de
las
partes
que
han
acudido
oportunamente a los tribunales por meras omisiones de forma
que no afectan sus derechos, tal cual es el caso de las
notificaciones defectuosas en aquellas instancias en que la
parte acude oportunamente al foro revisor, sostengo que el
foro apelativo intermedio debió dilucidar la reclamación
CC-2021-280
11
presentada por el señor Lyons Villanueva en sus méritos y
hacer una adjudicación conforme a Derecho. García Sierra v.
Adm. Corrección, 192 DPR 936 (2015) (Estrella Martínez, voto
particular disidente).
Lo anterior, máxime, cuando, tal y como señaló la Hon.
Juez Méndez Miró en su voto disidente, la reclasificación de
custodia
del
prácticamente,
señor
un
Lyons
calco
de
Villanueva
otras
representa,
determinaciones
de
reclasificaciones en las que el foro apelativo intermedio ha
ejercido su jurisdicción.11
Como mencioné, la desestimación y devolución del caso a
Corrección
resultará
en
un
ejercicio
infructuoso
con
la
consecuencia de postergar y dificultar irrazonablemente los
reclamos presentados por el señor Lyons Villanueva. Este
proceder resulta altamente reprochable, pues, si bien la
determinación
indudablemente,
administrativa
con
los
no
es
elementos
perfecta,
necesarios
cuenta,
para
la
adjudicación de la controversia. En consecuencia, tal y como
destacó la Hon. Juez Méndez Miró:
[L]a adopción de este curso de acción
transgrede principios básicos de acceso
a los tribunales y de economía procesal.
Lo que es más, en esta ocasión tal
proceder avala una nueva estrategia de
litigio del Estado que opera en abierto
perjuicio de los derechos que le asisten
al señor [Lyons] Villanueva a tener una
pronta resolución de su caso. . .. Íd.,
págs. 5-6.
11Lyons
Villanueva v. Departamento de
Rehabilitación,
KLRA202000396,
(Méndez
disidente), pág. 4.
Corrección y
Miró,
voto
CC-2021-280
Por
12
tanto,
habida
cuenta
de
que
el
señor
Lyons
Villanueva acudió oportunamente y presentó su recurso de
revisión judicial conforme a Derecho, reitero que el Tribunal
de Apelaciones venía obligado a dilucidar la controversia en
los méritos.
En
fin,
formalismo
y
entre
el
cumplimiento
atender
oportunamente
un
innecesario
de
un
asunto
no
es
que
necesario postergar, escojo darle el turno a esto último.
III
Por las razones expuestas y por entender que el presente
caso ameritaba la intervención de este Tribunal, disiento.
Así, hago constar que hubiese expedido el recurso de autos y
revocado el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones.
Lo anterior, con el propósito de devolver el caso a ese foro
para que dilucidara en los méritos el recurso de revisión
instado por el señor Lyons Villanueva.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado