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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Lyons Villanueva v. Departamento de Corrección y Rehabilitación

2021 TSPR 58

Poder Judicial de Puerto Rico

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Lyons Villanueva v. Departamento de Corrección y Rehabilitación

CC-2021-280

Resolución del Tribunal con Voto Particular de Conformidad y Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor Lyons Villanueva

Peticionario

Certiorari

v.

2021 TSPR 58

Departamento de Corrección y

Rehabilitación

206 DPR ____

Recurrido

Número del Caso:

CC-2021-280

Fecha: 28 de abril de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel X

Abogado de la parte peticionaria:

Por derecho propio

Materia: Resolución del Tribunal con Voto Particular de Conformidad

Y Voto Particular Disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor Lyons Villanueva

Peticionario

v.

CC-2021-0280

Certiorari

Departamento de Corrección

y Rehabilitación

Recurrido

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2021.

Examinada la Petición de certiorari, presentada por

la parte peticionaria, se provee no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco

emitió un Voto particular de conformidad al cual se unen

los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo, Rivera

García y Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor Estrella

Martínez disiente del criterio mayoritario y emitió un Voto

particular disidente al cual se une el Juez Asociado señor

Colón Pérez. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no

interviene.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor Lyons Villanueva

Peticionario

v.

CC-2021-0280

Certiorari

Departamento de Corrección

y Rehabilitación

Recurrido

Voto particular de conformidad emitido por la Jueza Asociada

señora PABÓN CHARNECO a la cual se unieron los Jueces

Asociados señores Kolthoff Caraballo, Rivera García y

Feliberti Cintrón.

San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2021.

Estoy

conforme

con

el

resultado

anunciado

en

la

Resolución que antecede. Esto responde a que una disposición

final

de

una

agencia

debe

cumplir

con

los

preceptos

establecidos en la Sec. 3.14 de la Ley Núm. 38-2017, según

enmendada,

conocida

Administrativo

como

Uniforme,

3

la

LPRA

Ley

sec.

de

Procedimiento

9654,

a

saber:

determinaciones de hecho, conclusiones de derecho, derecho

a solicitar reconsideración o revisión judicial, inter alia.

Su cumplimiento no consiste en meras formalidades, sino en

salvaguardar el derecho que tienen las partes a un debido

CC-2021-280

2

proceso de ley y, a su vez, colocar a los foros apelativos

en posición para ejercer adecuadamente su función revisora.

-IEn el caso de epígrafe, el Sr. Víctor Lyons Villanueva

(señor Lyons Villanueva) nos solicita que revoquemos una

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, que desestimó el

recurso por prematuro ya que el Comité de Evaluación y

Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación

no emitió una Resolución final con determinaciones de hecho

y conclusiones de derecho según la Sec. 3.14 de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, supra. Tras examinar

la Resolución de la agencia, resulta oportuno devolver el

presente caso al foro administrativo para que emita una

Resolución final conforme con la referida Sec. 3.14 de la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, toda

vez

que

su

determinación

se

circunscribió

a

establecer

conclusiones de derecho.1

La determinación de la agencia estuvo fundamentada en las siguientes

conclusiones de derecho:

1

El Comité acordó reclasificar su custodia a mediana. Se

solicita traslado a Bayamón 705. Se refiere al Módulo de

Terapias (trastorno adicto). El participante luego de una

corroboración a la Prueba Toxicológica realizada el 20 de

julio de 2020 y esta arrojar positivo a opiáceos. En el día

de ayer se reciben los resultados realizados en el

laboratorio MedTox Laboratories, los resultados reflejan 341

mg/ml de Morphine. Por lo tanto, se evalúa el caso por este

incumplir con el Reglamento Interno para la prueba

toxicológica del 8 de junio de 2018, donde indica en la

página 31 inciso (6-7) que el Técnico Socio penal presentará

el caso ante el Comité de Clasificación y Tratamiento para

su revisión si aplica. En el inciso (7) indica [que] los

casos que arrojan positivo se presentar[á]n ante el Comité

de Clasificación y Tratamiento para estructurar un nuevo

plan Institucional incluyendo evaluación de custodia,

traslado cuando proceda y referimiento a los Módulos de

tratamientos. Cabe mencionar que también incumplió con las

normas y reglamentos de participación del Programa.

CC-2021-280

3

En nuestro ordenamiento administrativo, la revisión

judicial

comprende

las

tres

(3)

áreas

siguientes:

(1)

concesión de un remedio apropiado; (2) revisión de las

determinaciones de hecho sujeto al criterio de la evidencia

sustancial, y (3) una revisión completa de las conclusiones

de derecho. Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 3536 (2018); D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., 2013, pág.

688.

En

esa

dirección,

la

Sec.

3.14

de

la

Ley

de

Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, establece que

la

intervención

judicial

sobre

una

determinación

con

carácter final de una agencia debe incluir, inter alia,

determinaciones

de

hecho,

conclusiones

de

derecho

y

la

advertencia sobre el derecho a solicitar una reconsideración

o revisión judicial. Crespo Claudio v. OEG, 173 DPR 804,

812-815

(2008).

Los

objetivos

que

persigue

el

efectuar

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho son:

(1)

proporcionar a los tribunales la oportunidad de revisar

adecuadamente la decisión administrativa y facilitar esta

tarea; (2) fomentar que la agencia adopte una decisión

cuidadosa y razonada dentro de los parámetros de su autoridad

Incumplió con las normas conforme lo indica en la página 1,

inciso 10 el cual indica: “No haré uso de bebidas

alcohólicas, ni sustancias controladas, ni portaré armas de

fuego ni dentro ni fuera del programa”. Además, incumplió

con el contrato de Programa de Pre-Reinstalación a la Libre

Comunidad

pág. 2, inciso 8, el cual indica que “No

utilizaré bebidas alcohólicas o sustancias controladas,

medicamentos controlados sin estar debidamente autorizados

por prescripción médica, ni mientras disfrute de cualquier

tipo de pase o privilegio. Se refiere a tratamiento para que

se beneficie al máximo de las terapias psicoadictivas[…].

CC-2021-280

4

y discreción; (3) ayudar a la parte afectada a entender el

razonamiento de la agencia, para que así esté mejor informada

para

decidir

si

acude

al

foro

judicial

o

acata

la

determinación; (4) promover la uniformidad intra-agencial,

particularmente cuando el proceso decisorio institucional es

adoptado por distintos miembros de un comité especial a

quienes les está encomendado celebrar vistas y recibir la

prueba, y (5) evitar que los tribunales se apropien de

funciones

que

administrativas

corresponden

bajo

el

propiamente

concepto

de

a

las

agencias

especialización

y

destreza. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265

(1987).

Según indicado previamente, la agencia debe realizar

determinaciones de hecho por separado en todo procedimiento

final, a menos que las partes lo renuncien. 3 LPRA sec. 9654.

Esta consignación no responde a meras formalidades. Ello,

pues “[l]as determinaciones de hecho tienen que encontrar su

razón de ser en la evidencia, en las materias de que se tomó

conocimiento oficial y en todo aquello que haya transcurrido

en la audiencia celebrada que sea parte del récord del caso”.

Fernández Quiñones, op. cit., pág. 692. Estas son un puente

entre la acción administrativa y la revisión judicial.

“Las

cuestiones de hecho surgen como consecuencia de la actividad

realizada por la agencia de compilar el récord y procede de

inmediato a precisar el fenómeno que aconteció o que habrá

de suceder, sin tomar en consideración sus efectos legales”.

Íd. Es importante resaltar que las determinaciones de hecho

CC-2021-280

5

así como las conclusiones de derecho tienen finalidades

distintas

en

la

revisión

apelativa.

En

cuanto

a

las

determinaciones de hecho, el profesor Demetrio Fernández

Quiñones dispone lo siguiente:

La

audiencia

administrativa

y

el

proceso

decisional ayudan a distinguir entre cuestiones de

hecho, determinaciones de hecho y conclusiones de

derecho. Como antesala a ese proceso, la función

administrativa de índole adjudicativa envuelve la

admisión

de

evidencia,

la

ponderación

y

determinación de su confiabilidad y llegar a

inferencias para desembocar en hechos básicos. De

esos hechos básicos es que se articulan y formulan

las determinaciones. El proceso de determinarlos

es sumamente importante y no debe ser considerado

como algo técnico y mecánico. Las determinaciones

sirven finalidades fundamentales si se hacen con

sumo cuidado y denotan que las cuestiones

implicadas

en

el

caso

fueron

examinadas

meticulosamente. Tienen el propósito de proveerles

notificación

adecuada

a

las

partes

y

suministrarles información necesaria al Tribunal

para que efectúe una revisión judicial adecuada.

El propósito de requerir determinaciones de hecho

es para demostrar que la agencia consideró en su

totalidad la evidencia y evaluó los hechos. Le

informan, además, a las partes los hallazgos de la

agencia, de suerte que puedan preparar y presentar

su solicitud de revisión. Íd., pág. 693. (énfasis

suplido).

Luego de establecer las determinaciones de hecho en

armonía con la prueba presentada, la agencia procede a

aplicar el derecho a los hechos. Super Asphalt Pavement,

Corp.

v.

Autoridad

Infraestructura,

21

para

TSPR

45;

el

Financiamiento

Rolón

Martínez

v.

de

la

Caldero

López, supra. Esta aplicación constituye la plataforma ideal

para “comenzar la tarea de formular la cuestión de derecho

presente en la revisión judicial”. Fernández Quiñones, op.

cit.,

pág. 715. Mientras que los

foros apelativos suelen

CC-2021-280

6

concederles deferencia a las determinaciones de hecho, las

conclusiones

de

derecho

son

revisables

en

todos

sus

aspectos. Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para el

Financiamiento de la Infraestructura, 21 TSPR 45; Rolón

Martínez v. Caldero López, supra; Fernández Quiñones, op.

cit.

-IIEn el caso de autos nos encontramos en una etapa

prematura para concluir que la disposición de la agencia es

suficiente, pues desconocemos cuáles son las determinaciones

de hecho que utilizó la agencia para las conclusiones de

derecho que alude en su determinación. Avalar la suficiencia

de la determinación conllevaría apropiarnos de funciones que

le corresponde a la agencia, tales como llegar a inferencias

en cuanto a la admisibilidad de la evidencia para articular

determinaciones de hecho. O peor aún, partir de la premisa

que se renunció a la consignación de determinaciones de

hecho,

cuando

ello

no

surge

del

expediente.2

También

partiríamos de una presunción que la agencia consideró la

totalidad de la evidencia y ponderó los hechos ante sí. Este

Cabe mencionar que entre los errores que señaló el señor Lyons

Villanueva ante el Tribunal de Apelaciones fue precisamente el

incumplimiento de la agencia con la Ley Núm. 38-2017, según enmendada,

conocida como la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9654. A lo que el Departamento de

Corrección y Rehabilitación admitió que le asistía la razón, por lo cual

solicitó que el caso fuese devuelto a la agencia para que atendiera,

inter alia, este asunto. A tales efectos, el foro intermedio actuó

correctamente en devolver el caso a la correspondiente agencia para que

cumpla con lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativo

Uniforme, supra. Específicamente que consigne determinaciones de hecho

y conclusiones de derecho, así como otros requisitos que impone la

sección 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra.

2

CC-2021-280

7

no fue el objetivo principal del legislador al estatuir la

Sec.

3.14

de

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme, supra. Por el contrario, su propósito consistió en

que la agencia obedezca los requisitos mínimos que dispone

la Sec. 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme en sus disposiciones finales. De este modo se cumple

con el debido proceso de ley. No concuerdo en ignorar el

procedimiento establecido en la sección 3.14 de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, supra. En cuanto a

las funciones legislativas, conviene destacar que no debemos

atribuirle al legislador actos inútiles. Ortiz Chevere v.

Srio. Hacienda, 186 DPR 951, 977 (2012).

A raíz de lo anterior, reitero en que procede devolver

el caso a la agencia administrativa para que cumpla con lo

dispuesto

en

Administrativo

la

Sec.

3.14

Uniforme,

de

la

supra.

Ley

de

Procedimiento

Así

garantizamos

el

cumplimiento con el debido proceso de ley y los foros

apelativos

estarán

en

posición

para

considerar

la

controversia sustantiva en su momento.

-IIIPor lo anteriormente expuesto, estoy conforme con el

resultado anunciado en la Resolución que antecede. Por lo

cual, el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente en

devolver el caso a la correspondiente agencia para que

consigne determinaciones de hecho y conclusiones de derecho,

CC-2021-280

8

así como otros requisitos que impone la Sec. 3.14 de la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor Lyons Villanueva

Peticionario

v.

CC-2021-0280

Certiorari

Departamento de Corrección

y Rehabilitación

Recurrido

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado señor

ESTRELLA MARTÍNEZ al cual se une el Juez Asociado señor COLÓN

PÉREZ

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2021.

Una vez más, este Tribunal concede al Estado un turno

adicional al bate al devolver innecesariamente una causa de

acción al foro administrativo por la supuesta necesidad de

enmendar una resolución, pero que tiene como resultado real

la dilación irrazonable de la revisión judicial del caso en

los méritos. De primera impresión, el razonamiento para ello

por

parte

del

foro

apelativo

recurrido

pudiera

resultar

plausible al escudarse en un alegado incumplimiento con la

Ley de procedimiento administrativo uniforme del Gobierno de

Puerto Rico, Ley Núm. 28-2017 (LPAU). No obstante, una vez

se

escudriña

el

expediente

de

autos

en

su

totalidad,

particularmente la determinación administrativa que dio base

CC-2021-280

2

al procedimiento de revisión judicial, así como la precisión

en los señalamientos de errores, no cabe duda de que el

Tribunal de Apelaciones contaba con la información necesaria

para, en este momento, adjudicar la controversia.

A pesar de lo anterior, este Tribunal optó por abdicar

su jurisdicción por alegados incumplimientos de forma que no

inciden en los derechos de las partes ni en la facultad de

los tribunales para adjudicar la controversia. Con ello,

promueve un formalismo que, en muchas ocasiones, ha asfixiado

reclamos válidos de sectores vulnerables.

El efecto de tal curso de acción apunta a que el Estado

parece gozar de oportunidades y turnos adicionales que estos

sectores carecen. Es por eso por lo que, otra vez, desde la

disidencia denuncio este preocupante patrón. En el descargo

de nuestra responsabilidad, hubiese expedido el recurso con

el

fin

de

revocar

la

desestimación

del

Tribunal

de

Apelaciones y, en su lugar, ordenar la atención del recurso

en sus méritos.

Expuesta así la controversia, procedo a esbozar los

antecedentes fácticos y procesales que la suscitaron.

I

Esta disputa inició con la administración de una prueba

toxicológica al Sr. Víctor Lyons Villanueva (señor Lyons

Villanueva), quien se encuentra privado de su libertad en una

institución

penal.

resultado

positivo

Eventualmente,

la

a

controladas.

sustancias

prueba

arrojó

un

Dado

lo

anterior, el Comité de Evaluación y Tratamiento (Comité)

CC-2021-280

rindió

3

un

informe

titulado

Acuerdos

del

comité

de

clasificación y tratamiento (Acuerdos del Comité) con el

propósito de revaluar el plan institucional del confinado.

En consecuencia, conforme con la Escala de reclasificación

de custodia (casos sentenciados), el señor Lyons Villanueva

obtuvo una puntuación de cinco (5), la cual corresponde a un

nivel de custodia mínima. No obstante, el Comité aplicó una

modificación

normas”,

discrecional

para

un

por

nivel

“desobediencia

de

custodia

ante

más

las

alto.

Consecuentemente, se reclasificó la custodia del señor Lyons

Villanueva de mínima a mediana.

Ante tal reclasificación de custodia, el señor Lyons

Villanueva presentó una solicitud de reconsideración, la cual

fue denegada. Subsiguientemente, el señor Lyons Villanueva

acudió

oportunamente

Apelaciones

e

in

impugnó

forma

la

pauperis

al

determinación

Tribunal

de

administrativa

mediante ocho (8) señalamientos de errores. En síntesis,

siete

(7)

de

los

errores

esbozados

fueron

sustantivos,

específicamente en cuanto al alegado mal manejo de la prueba

toxicológica, así como de los resultados de ésta. Mediante

el otro, cuestionó de forma generalizada el incumplimiento

por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación

(Corrección) con diversos reglamentos y leyes, incluyendo la

LPAU.

Así

las

cosas,

el

Procurador

General

compareció

en

representación de Corrección. Por una parte, arguyó que la

impugnación debía ser desestimada, mientras que, por otra,

CC-2021-280

defendió

4

el

recurso

en

los

méritos

y

concluyó

que

la

determinación administrativa debía ser confirmada por ser

conforme a derecho y estar fundamentada en el expediente. En

cuanto

a

la

desestimación,

adujo

de

tuvo

reclasificación

custodia]

que

sus

“si

bien

acuerdos

[la

y

los

fundamentos bien detallados, así como la determinación final

sobre

custodia,

ella

no

constituye

una

Resolución

final

conforme la Sec. 3.14 de la [LPAU]”.3 Así, el Procurador

General alegó que “[t]oda vez que [la resolución] carece de

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. . .

[solicitamos] que el caso sea devuelto a la agencia para la

requerida

corrección”.4

Es

decir,

el

Procurador

General

sostuvo que el caso debía devolverse al ente administrativo

para que éste emitiera una resolución conforme a derecho.

Ante

esto,

el

Tribunal

de

Apelaciones

acogió

la

solicitud del Procurador General y emitió una sentencia en

la que determinó que Corrección “esta[ba] obligada a emitir

una resolución apoyada en los hechos que surjan del récord

del recurrente, y en el derecho aplicable a su solicitud de

reclasificación”.5 En consecuencia, desestimó el recurso y

ordenó su devolución a Corrección con la instrucción de que

3Apéndice

de

certiorari,

Escrito

en

cumplimiento

de

orden, pág. 1.

4Íd.

5Íd.,

Sentencia [del Tribunal de Apelaciones], pág. 3.

CC-2021-280

“emita

5

una

resolución

completa,

que

contenga

las

determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho”.6

En desacuerdo, el señor Lyons Villanueva comparece ante

este Tribunal.7 En síntesis, nos solicita que revoquemos al

foro apelativo intermedio, esencialmente, por: (1) desestimar

el recurso, a pesar del mal manejo de la prueba toxicológica

y sus resultados por parte de Corrección, y (2) desestimar

el recurso y ordenar su devolución a Corrección para que

incluyera

nuevamente

las

determinaciones

de

hecho

y

conclusiones de derecho, lo cual constituye una violación a

su debido proceso de ley.

II

De entrada, resulta preciso destacar que no coincido con

el razonamiento del foro apelativo intermedio. Debido a los

6Íd.

Advertimos que la Sentencia del Tribunal de

Apelaciones fue emitida el 26 de febrero de 2021, pero no fue

notificada sino hasta el 3 de marzo de 2021.

7Según

consta de la Declaración en apoyo de solicitud

para litigar como indigente (in forma pauperis) y de la

Petición de certiorari, ambas contienen fecha del 18 de marzo

de 2021. Ahora bien, éstas fueron recibidas en la Secretaría

de este Tribunal el 7 de abril de 2021. Asimismo, según consta

de una Notificación al Procurador General con fecha del 2 de

abril de 2021, el señor Lyons Villanueva informó que remitió

a este Tribunal su Petición de certiorari el 25 de marzo de

2021. Al mismo tiempo, destacó que, para esta fecha, la

tramitación de las cartas se vio afectada por la pandemia,

el protocolo de descontaminación, la ausencia del encargado

de la correspondencia y los días festivos de la Semana Santa.

Por tanto, teniendo en consideración que el señor Lyons

Villanueva acreditó que nos remitió el certiorari el 25 de

marzo de 2021 y que surge del sobre una nota a Secretaría

solicitando su tramitación urgente, estimo que el recurso fue

presentado dentro del término reglamentario. Lo anterior, de

conformidad con lo resuelto por este Tribunal en Alamo Romero

v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314 (2009).

CC-2021-280

hechos

6

particulares

de

este

caso,

en

lugar

de

ser

desestimado, el recurso debió ser atendido en los méritos por

el Tribunal de Apelaciones.

Un análisis exhaustivo del expediente demuestra que la

determinación de reclasificación de custodia que objeta el

señor Lyons Villanueva contiene los elementos esenciales para

su adjudicación, por lo que reiniciar el ciclo de revisión

judicial al ordenar su devolución al foro administrativo

sería un ejercicio fútil.

Según

señaló

el

Comité,

los

fundamentos

reclasificación fueron los siguientes:

[1] El [Comité] acordó reclasificar

su custodia a mediana.

[2] Se solicita traslado a Bayamón

705. Se refiere al Módulo de Terapias

(trastorno adictivo).

[3] El participante luego de una

corroboración a la Prueba Toxicológica

realizada el 20 de julio de 2020 y esta

arrojar positivo a opiáceos, en el día

de ayer se reciben los resultados

realizados en el laboratorio MedTox

Laboratories, los resultados reflejan

341 mg/ml de Morphine.

[4] Por tanto, se evalúa el caso por

este incumplir con el Reglamento Interno

para la prueba toxicológica del 8 de

junio de 2018, donde indica en la página

31 inciso (6-7) que el Técnico Sociopenal

presentará el caso ante el Comité de

Clasificación y Tratamiento para su

revisión si aplica.

[5] En el inciso (7) indica que los

casos

que

arrojen

positivo

se

presentaran

ante

el

Comité

de

Clasificación

y

Tratamiento

para

estructurar un nuevo plan Institucional

incluyendo

evaluación

de

custodia,

traslado cuando proceda y referimiento a

los Módulos de tratamiento.

[6] Cabe mencionar que también

incumplió con las normas y reglamentos

de participación del Programa. Incumplió

para

dicha

CC-2021-280

7

con las normas conforme lo indica en la

página 1, inciso 10 el cual indica: “No

haré uso de bebidas alcohólicas, ni

sustancias controladas, ni portaré armas

de fuego ni dentro ni fuera del

programa”.

[7]

Además,

incumplió

con

el

contrato del Programa de Pre-Reinserción

a la Libre Comunidad pág. 2, inciso 8,

el cual indica que “No utilizaré bebidas

alcohólicas o sustancias controladas,

medicamentos

controlados

sin

estar

debidamente autorizados por prescripción

médica,

ni

mientras

disfrute

de

cualquier tipo de pase o privilegio.

[8] Se refiere a tratamiento para

que se beneficie al máximo de las

terapias psicoadictivas. . ..8

Posteriormente,

solicitó

la

una

vez

reconsideración,

el

la

señor

Sra.

Lyons

Villanueva

Ivelisse

Milán

Sepúlveda, Supervisora, denegó la solicitud y concluyó lo

siguiente:

Concurrimos con la determinación

del

Comité

de

Clasificación

y

Tratamiento en cuanto a custodia mediana

se refiere. El hecho de incidir en el uso

de sustancias controladas demuestra un

pobre compromiso sobre su proceso de

rehabilitación y una clara desobediencia

ante las normas de la Agencia, lo cual

fundamenta el nivel de custodia asignado

y es cónsono con el Reglamento Interno

para la Administración de Pruebas para

Detectar

el

Uso

de

Sustancias

Controladas en la Población Correccional

del

DCR-Artículo

VII

Negociado

de

Instituciones Correccionales, Sección E:

Manejo de resultados positivos de prueba

toxicológicas rápidas Inciso 7- Los

casos que arrojen resultados positivos,

se

presentarán

ante

el

Comité

de

Clasificación

y

Tratamiento

para

estructurar un nuevo plan institucional,

incluyendo evaluación de la custodia,

8Íd.,

Acuerdos del comité (Anejo 8), págs. 1-2. Se

advierte que se optó por enumerar lo transcrito para una

mejor lectura y comprensión de lo expuesto.

CC-2021-280

8

traslado cuando proceda y referido a los

módulos de tratamiento.9

Una lectura de los fundamentos expresados por el ente

administrativo para la reclasificación de custodia me lleva

a concluir que, contrario a lo resuelto por el Tribunal de

Apelaciones,

la

determinación

administrativa

fue

lo

suficientemente específica como para que, tanto el señor

Lyons Villanueva como el Procurador General, argumentaran en

los méritos sobre la controversia planteada. Como cuestión

de hecho, así lo hicieron. De hecho, la única parte que

alegadamente se afectaría por los supuestos defectos de la

determinación administrativa que nos ocupa, se encuentra

precisamente tocando las puertas de este Tribunal para que

se atienda la sustancia de sus siete (7) señalamientos de

errores y evitemos que el Estado tergiverse un señalamiento

de error genérico para desviar la atención de los restantes

reclamos

sustantivos

presentados

por

el

señor

Lyons

Villanueva.

Ante

esa

realidad,

este

Tribunal

debió

expedir

el

recurso, revocar al Tribunal de Apelaciones y ordenarle la

revisión de la controversia en sus méritos. Esto, pues, la

especificidad

de

la

determinación

en

la

que

el

Comité

fundamentó la reclasificación, así como la particularidad de

los señalamientos de errores presentados por el señor Lyons

Villanueva,

9Íd.,

tienen

primacía

sobre

el

incumplimiento

con

Escrito en cumplimiento de orden, pág. 3; Anejo

11, pág. 2.

CC-2021-280

alegados

9

requisitos

de

forma

que

no

inciden

sobre

los

derechos de las partes.

El octavo señalamiento de error presentado por el señor

Lyons Villanueva, el cual, tal y como destacamos, recoge de

forma generalizada el incumplimiento por parte de Corrección

con diversos reglamentos y leyes, no puede eclipsar los otros

siete

(7)

errores

detalladamente.

que

Ello,

fueron

máxime,

argumentados

cuando,

concreta

contrario

a

y

lo

dispuesto por el Tribunal de Apelaciones, el señor Lyons

Villanueva nunca objetó la alegada falta de inclusión de

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho en la

resolución emitida por Corrección.10

Asimismo, el señor Lyons Villanueva tampoco objeta la

alegada falta de determinaciones de hecho y conclusiones de

derecho

en

la

Petición

de

certiorari

ante

nuestra

consideración. Al contrario, éste destaca como error que el

foro apelativo intermedio no haya resuelto de conformidad con

lo

expresado

por

la

Hon.

Juez

Méndez

Miró

en

su

voto

particular disidente. Es decir, muestra reparos con que se

10Así

se desprende de la Revisión judicial presentada en

el foro apelativo intermedio por el señor Lyons Villanueva.

Además, como muestra de lo anterior, en la comparecencia del

Procurador General, éste expresó que “[e]l señalamiento

número

ocho

del

[señor

Lyons

Villanueva]

sobre

el

incumplimiento con la LPAU, aunque planteado de forma

general, constituye la razón por la cual este caso debe ser

devuelto a la agencia. . .”. (Énfasis suplido). Escrito en

cumplimiento de orden, pág. 6. Véase, también, voto disidente

emitido por la Hon. Juez Méndez Miró, quien expuso que

“ausente objeción por parte del señor [Lyons] Villanueva” de

la alegada falta de inclusión de determinaciones de hecho y

conclusiones de derecho, “se debió atender el recurso de una

vez” en los méritos. (Énfasis suplido). Íd., pág. 1.

CC-2021-280

haya

10

devuelto

el

caso

a

Corrección

por

el

alegado

incumplimiento con tal requisito de forma.

En ese sentido, no podemos obviar lo específico bajo el

pretexto de atender un señalamiento de error generalizado que

conllevaría

atrasar

los

procedimientos.

Ello,

particularmente cuando el alegado defecto de forma señalado

por el foro apelativo intermedio no afectó los derechos

apelativos de las partes.

Sin

duda, los

presentación

del

hechos

recurso

particulares

de

que

revisión,

motivaron

así

como

la

los

fundamentos del Comité para la reclasificación de custodia,

habilitaron

una

revisión

adecuada

de

la

actuación

administrativa. Además, fueron suficientes para que el señor

Lyons

Villanueva

entendiera

la

determinación

tomada

por

Corrección, de modo que este último tuviera la capacidad para

impugnarla en los méritos en los foros correspondientes. Dado

lo anterior, éste efectúa señalamientos puntuales sobre los

alegados errores cometidos por el Comité; señalamientos que,

seguramente, no hubiera podido realizar de no contar con los

fundamentos para la determinación de Corrección.

Ante este escenario, y consecuente con mi postura de no

afectar

los

derechos

de

las

partes

que

han

acudido

oportunamente a los tribunales por meras omisiones de forma

que no afectan sus derechos, tal cual es el caso de las

notificaciones defectuosas en aquellas instancias en que la

parte acude oportunamente al foro revisor, sostengo que el

foro apelativo intermedio debió dilucidar la reclamación

CC-2021-280

11

presentada por el señor Lyons Villanueva en sus méritos y

hacer una adjudicación conforme a Derecho. García Sierra v.

Adm. Corrección, 192 DPR 936 (2015) (Estrella Martínez, voto

particular disidente).

Lo anterior, máxime, cuando, tal y como señaló la Hon.

Juez Méndez Miró en su voto disidente, la reclasificación de

custodia

del

prácticamente,

señor

un

Lyons

calco

de

Villanueva

otras

representa,

determinaciones

de

reclasificaciones en las que el foro apelativo intermedio ha

ejercido su jurisdicción.11

Como mencioné, la desestimación y devolución del caso a

Corrección

resultará

en

un

ejercicio

infructuoso

con

la

consecuencia de postergar y dificultar irrazonablemente los

reclamos presentados por el señor Lyons Villanueva. Este

proceder resulta altamente reprochable, pues, si bien la

determinación

indudablemente,

administrativa

con

los

no

es

elementos

perfecta,

necesarios

cuenta,

para

la

adjudicación de la controversia. En consecuencia, tal y como

destacó la Hon. Juez Méndez Miró:

[L]a adopción de este curso de acción

transgrede principios básicos de acceso

a los tribunales y de economía procesal.

Lo que es más, en esta ocasión tal

proceder avala una nueva estrategia de

litigio del Estado que opera en abierto

perjuicio de los derechos que le asisten

al señor [Lyons] Villanueva a tener una

pronta resolución de su caso. . .. Íd.,

págs. 5-6.

11Lyons

Villanueva v. Departamento de

Rehabilitación,

KLRA202000396,

(Méndez

disidente), pág. 4.

Corrección y

Miró,

voto

CC-2021-280

Por

12

tanto,

habida

cuenta

de

que

el

señor

Lyons

Villanueva acudió oportunamente y presentó su recurso de

revisión judicial conforme a Derecho, reitero que el Tribunal

de Apelaciones venía obligado a dilucidar la controversia en

los méritos.

En

fin,

formalismo

y

entre

el

cumplimiento

atender

oportunamente

un

innecesario

de

un

asunto

no

es

que

necesario postergar, escojo darle el turno a esto último.

III

Por las razones expuestas y por entender que el presente

caso ameritaba la intervención de este Tribunal, disiento.

Así, hago constar que hubiese expedido el recurso de autos y

revocado el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones.

Lo anterior, con el propósito de devolver el caso a ese foro

para que dilucidara en los méritos el recurso de revisión

instado por el señor Lyons Villanueva.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado