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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo v. En Interés del menor KDTG

2021 TSPR 59

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo v. En Interés del menor KDTG

CC-2021-233

Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2021 TSPR 59

En Interés del menor KDTG

206 DPR ____

Peticionario

Número del Caso:

CC-2021-233

Fecha: 30 de abril de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel VIII

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Marangely González Correa

Sociedad para Asistencia Legal

Materia:

Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2021-233

En interés del menor KDTG

Peticionario

Sala de Despacho integrada por el Juez Asociado señor Martínez Torres

como su Presidente, y los Jueces Asociados señor Rivera García y señor

Colón Pérez.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021.

Examinada la Moción solicitando paralización de

los procedimientos en auxilio de jurisdicción y la

Petición de certiorari presentadas en la causa de

epígrafe por el menor KDTG, se provee no ha lugar a

ambas.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez

Torres está conforme con la Resolución que se

certifica y hace constar la siguiente expresión a la

que se unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

y los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo,

Rivera García y Feliberti Cintrón:

“Resulta improcedente la paralización de una

vista de renuncia de jurisdicción que ha sido

aplazada desde el 4 de agosto de 2020 en el

caso de KDTG, quien ya tiene 18 años de edad

y se le imputa un asesinato, todo porque la

defensa insiste en que el foro primario erró

al unir un informe de evaluación social al

expediente.

CC-2021-233

2

En Pueblo en interés del menor R.H.M., 126 DPR 404,

425-426 (1990), explicamos que el expediente social

es de naturaleza confidencial y su contenido se

encuentra en un “expediente separado al cual tendrá

acceso la representación legal del menor antes de la

vista [de renuncia de jurisdicción]”. El hecho de

que la Secretaría unió el informe al expediente

cuando el Procurador de Asuntos de Menores lo

presentó no quiere decir que se haya autenticado y

mucho menos admitido como prueba. Así lo aclaró el

juez del Tribunal de Primera Instancia que atiende

este caso, al expresar: “que ese informe esté ahí

[en

el

expediente]

no

significa

que

esté

autenticado, ya que el Ministerio Público tiene la

obligación de pasar prueba para que sea admitido”.

Ap. Sol. Cert., pág. 87 (Escrito en cumplimiento de

orden que presentó el Procurador General).

En otras palabras, el hecho de que el informe esté

unido al expediente no releva al Procurador de pasar

prueba sobre los criterios para que el Tribunal de

Menores

renuncie

a

su

jurisdicción,

que

se

establecen en el Art. 15(c) de la Ley de Menores de

Puerto Rico, 34 LPRA sec. 2215(c). Estos son: (1) la

naturaleza de la falta que se imputa al menor y las

circunstancias que la rodearon; (2) el historial

legal previo del menor, si alguno; (3) el historial

social

del

menor;

y

(4)

si

el

historial

socioemocional y las actitudes del menor hacia la

autoridad hacen necesario establecer controles

respecto a su comportamiento que no se le puedan

ofrecer en los centros de custodia o en las

instituciones de tratamiento social a disposición

del tribunal. Íd.

Además, luego de la presentación de la prueba del

Procurador, la representación legal de KDTG podrá

impugnarla y rebatir su admisibilidad. El informe en

controversia se encuentra unido en la parte social

del expediente y no ha sido examinado por el foro

primario. Por lo tanto, el argumento por parte de la

defensa, que sostiene que permitir la unión del

informe “violenta derechos constitucionales a que el

menor tenga un juicio justo e imparcial”, es

incorrecto. El informe en controversia no se ha

admitido como prueba. Esa determinación la hará el

tribunal en la vista luego de que las partes

presenten sus argumentos y defensas.

Por otro lado, hemos expresado en repetidas

ocasiones que la facultad “que cobija al Tribunal de

Primera

Instancia

en

sus

determinaciones

discrecionales es amplia, por lo que sus decisiones

merecen gran deferencia”. Citibank v. ACBI, 200 DPR

CC-2021-233

3

724, 735 (2018). Véanse, además, Mejías et al. v.

Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306–307 (2012);

García v. Asociación, 135 DPR 311, 320 (2005); Vives

Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141–142 (1996). Por

esto hemos dejado claro “que los tribunales

apelativos no deben intervenir con determinaciones

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio

utilizado por éste en el ejercicio de su discreción,

salvo que se pruebe que actuó con prejuicio o

parcialidad o incurrió en craso abuso de discreción

o en error manifiesto”. (Énfasis en el original).

Citibank v. ACBI, supra, pág. 736.

Luego de un análisis de la controversia ante nos, me

parece que el foro primario no abusó de su

discreción, ni se configuraron ninguna de las

excepciones para intervenir y sustituir su criterio.

Lo que sí sería un abuso de discreción es pretender

suplantar la función del Tribunal de Primera

Instancia y resolver desde aquí en primera instancia

la admisibilidad del informe en controversia. Esta

función le compete al foro primario, la cual no ha

podido ejercer por las constantes dilaciones de la

defensa”.

El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió un Voto

Particular Disidente al que se unen la Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez y el Juez Asociado señor Estrella Martínez.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2021-233

Certiorari

En interés del menor KDTG

Peticionario

Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado señor COLÓN

PÉREZ, al cual se unen la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez

Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2021.

En esta ocasión comparece ante nos el menor KDTG

(en adelante, “menor KDTG” o “peticionario”) -- por

conducto de su representante legal, la Sociedad para

Asistencia Legal -- mediante Petición de certiorari y

Moción solicitando la paralización de los procedimientos

en auxilio de jurisdicción. En éstas, nos solicita la

paralización de cierta vista de renuncia de jurisdicción

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Menores,

pautada para el próximo martes, 4 de mayo de 2021, y la

revisión

de

determinada

Resolución

emitida

por

el

Tribunal de Apelaciones, mediante la cual el foro de

referencia

denegó

presentado

por

expedir

el

el

recurso

peticionario.

A

de

certiorari

través

de este

CC-2021-233

último,

el

2

menor

KDTG

procuraba

recurrir

de

una

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

en virtud de la cual el foro primario rechazó reconsiderar

su denegatoria de desglosar del expediente social de su

caso

cierta

Evaluación

jurisdicción

e

social

Informe

sobre

suplementario

renuncia

de

provistos

unilateralmente por el Estado.

Por entender que este Tribunal debió paralizar los

procesos y expedir el auto de certiorari -- para así

revocar las determinaciones del Tribunal de Apelaciones y

el foro primario -- respetuosamente disentimos. Veamos.

I.

Allá para el 17 de junio de 2020, el Tribunal de

Primera Instancia determinó causa probable para presentar

la querella contra

el menor KDTG, por infringir las

siguientes disposiciones: 1) el Art. 93(b) del Código

Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5142; 2) por tentativa

de violación del Art. 189 del Código Penal de Puerto Rico,

33 LPRA sec. 5259; y

3) el Art. 6.09 de la Ley Núm. 168-

2019, 25 LPRA sec. 466h, conocida como la Ley de Armas de

Puerto Rico.

Así las cosas, el 29 de junio de 2020 la Procuradora

de Menores presentó una moción mediante la cual solicitó

al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Menores, la

renuncia de su

jurisdicción sobre el menor KDTG. En

síntesis, fundamentó su petitorio en que el joven era

mayor de catorce (14) años pero menor de dieciocho (18)

años, y se le imputaba la comisión de una falta Clase II

CC-2021-233

3

o III. Ello, conforme al Art. 15(a) de la Ley de Menores

de Puerto Rico, infra (en adelante, “Ley de Menores”).

En la moción de referencia se anunciaron una serie

de testigos para la vista de renuncia de jurisdicción.

Entre

ellos,

la

señora

Rosalía

Rodríguez

Orsini

(en

adelante, “señora Rodríguez Orsini”), Trabajadora Social

adscrita al Departamento de Justicia de Puerto Rico.

En igual fecha, es decir el 29 de junio de 2020, la

Procuradora

de

informativa

y

en

solicitud

que

el

foro

solicitó

Menores

también

de

primario

presentó

orden.

una

Moción

Mediante

emitiera

una

ésta,

orden

permitiendo que la señora Rodríguez Orsini entrevistara

al menor KDTG, sus padres o encargados, al igual que

evaluar sus expedientes sociales y médicos.1

Evaluada

la

referida

solicitud,

el

Tribunal

de

Primera Instancia accedió a la misma. En consecuencia,

permitió que el menor KDTG fuera entrevistado -- y que

todo expediente o reporte fuera evaluado -- por la señora

Rodríguez Orsini.

Enterado de la anterior, la Sociedad para Asistencia

Legal -- representante legal del menor KDTG -- presentó

una Moción en oposición a renuncia de jurisdicción y en

solicitud

de

descubrimiento

de

prueba

ante

el

foro

Valga mencionar que, en la presente moción, se expresó que

solicitaban al foro primario que “permita a los profesionales del

Departamento de Justicia realizar una evaluación sicológica y/o

siquiátrica y social al menor, incluyendo a la Trabajadora Social

asignada al caso, la Sra. Rosalía Rodríguez Orsini, quienes

representan al Ministerio Público y son testigos indispensables para

la vista de renuncia de jurisdicción”. (Énfasis suplido) Véase,

Apéndice, Anejo VII (b)(1).

1

CC-2021-233

4

primario. En esencia, señaló que el “sistema [de justicia]

debe brindarle la oportunidad a[l] joven para trabajar su

rehabilitación”. Véase, Apéndice, pág. 19. De igual forma,

solicitó que la Procuradora de Menores suministrara copia

del Informe social que rindiera la señora Rodríguez Orsini

con razonable antelación.2

Transcurridos

varios

incidentes

procesales

no

necesarios aquí pormenorizar, el 29 de octubre de 2020 - al advenir en conocimiento de que el Informe redactado

por la señora Rodríguez Orsini, testigo-perito del Estado,

se encontraba en la parte social del expediente judicial

-- la representación legal del menor KDTG presentó ante

el Tribunal de Primera Instancia una Moción urgente en

solicitud [d]e desglose Informe Social presentado por la

Trabajadora Social del Departamento de Justicia. En ésta,

se opuso a que el referido Informe ya formara parte del

expediente del caso, toda vez que era materia de prueba a

ser

presentado

por

la

Procuradora

de

Menores,

para

sustentar su solicitud de renuncia de jurisdicción.

Según alegado por la representación legal del menor,

permitir que el mencionado Informe permaneciera en la

parte social del expediente judicial significaría que: 1)

se violentarían los derechos constitucionales del menor,

incluyendo su derecho a un juicio justo e imparcial; y 2)

se estaría adelantando prueba al tribunal, sin que el

Posteriormente, la Procuradora de Menores solicitó enmendar la

solicitud de renuncia de jurisdicción, toda vez que no se había

especificado que solicitaba la misma por robo y asesinato. El foro

primario proveyó ha lugar a la enmienda solicitada.

2

CC-2021-233

5

menor tuviese oportunidad de rebatirla. Siendo ello así,

se solicitó que el foro primario ordenara el desglose del

Informe preparado por la señora Rodríguez Orsini, para

así garantizar el debido proceso de ley y trato justo del

menor KDTG.

Evaluado lo anterior, el 4 de noviembre de 2020 el

Tribunal de Primera Instancia notificó una Resolución,

mediante la cual declaró no ha lugar el petitorio de

desglose. En específico, el foro primario sentenció:

El Informe o “Evaluación Social sobre Renuncia

de Jurisdicción”, presentado el 27 de julio de

2020, es parte del expediente social del caso.

Art. 37(d) de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de

1986, según enmendada. El que se haya unido al

expediente no afecta los derechos del menor a

su trato justo, debido proceso de ley,

presunción de inocencia o presunción de no

incurso en las faltas imputadas.

La vista sobre renuncia a jurisdicción no versa

sobre determinaciones para encontrar incurso o

no incurso al menor en las faltas imputadas. Se

trata de un procedimiento dispositivo, no

adjudicativo. Véase [,] Pueblo en interés de

menor R.H.M., 126 DPR 404, 423-426 (1990).

(Énfasis en el original) Véase, Apéndice, pág.

29.

Inconforme con dicho proceder, la representación

legal del menor KDTG presentó una Moción en solicitud de

reconsideración y en solicitud de orden ante el foro

primario. Empero, el 7 de diciembre de 2020 el Tribunal

de Primera Instancia notificó una Resolución, mediante la

cual denegó dicha solicitud.

En específico, el foro primario reiteró que tanto la

Evaluación social sobre renuncia de jurisdicción como su

Informe suplementario, estaban “unidos” a un expediente

CC-2021-233

6

social, separado del expediente que recoge los asuntos

procesales. Asimismo, el foro primario volvió a hacer

referencia al caso de Pueblo en interés menor R.H.M., 126

DPR 404, 426 (1990).

Aún

en

desacuerdo,

el

4

de

enero

de

2021

el

peticionario recurrió ante el Tribunal de Apelaciones,

mediante una Petición de certiorari. En resumen, señaló

que el foro primario había errado al permitir que la

Procuradora de Menores radicara, con antelación a la vista

adversativa, el Informe de la perito a ser utilizada para

promover la renuncia de jurisdicción del menor KDTG. En

cuanto a dicho recurso, el foro apelativo intermedio

ordenó

a

la

Oficina

del

Procurador

General

que

se

expresara sobre el mismo.

En su escrito en cumplimiento de orden, la Oficina

del Procurador General arguyó que: 1) el expediente social

es confidencial, pero está disponible a la defensa del

menor, como parte de su derecho a tener una adecuada

representación legal; 2) el hecho de que los informes

estén en el expediente no releva al Ministerio Público de

pasar

la

prueba

necesaria

para

la

renuncia

de

jurisdicción; 3) una vez se presenten los informes para

su

admisión

durante

la

vista,

la

defensa

tendrá

la

oportunidad de impugnarlos; 4) los informes colocados en

el expediente social no han sido examinados por el foro

primario, porque la vista no se ha celebrado; y 5) ni la

Ley de Menores, infra, ni las Reglas de Procedimiento para

CC-2021-233

Asuntos

7

de

Menores,

infra,

contienen

una

prohibición

expresa de la inclusión de los informes.3

Analizadas las comparecencias de las partes, el 24

de marzo de 2021 el Tribunal de Apelaciones emitió una

Resolución sobre el asunto. Por medio de la misma, denegó

expedir el auto solicitado. El foro a quo expresó que, a

la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, no procedía la expedición

del recurso. Igualmente, concluyó que el foro primario no

había actuado de forma arbitraria, cometido un abuso de

discreción o un error de derecho, o incidido de forma

similar por lo que denegó intervenir en el caso.

En desacuerdo con dicha determinación, y tal como

adelantamos, el menor KDTG acude ante nos mediante una

Moción solicitando la paralización de los procedimientos

en auxilio de jurisdicción.4 En ésta, nos solicita que

paralicemos la vista de renuncia de jurisdicción -- la

cual se encuentra pautada para el próximo martes, 4 de

mayo de 2021 -- mientras esta Curia evalúa cierta Petición

de certiorari presentada por éste.

En

su

recurso,

el

peticionario

sostiene,

esencialmente, la misma alegación de error que formuló

ante el Tribunal de Apelaciones. En específico, aduce que,

según establecido por las Reglas de Procedimiento para

A la vez, la Oficina del Procurador General sostuvo que el caso de

Pueblo de Puerto Rico en interés menor R.H.M., supra, disponía de los

planteamientos del menor KDTG.

3

El recurso de certiorari fue presentado el 31 de marzo de 2021,

mientras que la moción en auxilio de jurisdicción fue presentada el

23 de abril de 2021.

4

CC-2021-233

8

Asuntos de Menores, infra, y la jurisprudencia de esta

Curia, durante la vista de renuncia de jurisdicción el

Procurador o Procuradora tendrá el peso de presentar la

prueba en apoyo de su moción, mientras que el menor podrá

rebatir la misma, cuestionar su contenido e interrogar a

las personas que suscriben los informes periciales. Por

tanto, debe ser durante la vista -- y no antes -- que se

presente la prueba.

En ese sentido, sostiene que se debe notificar el

Informe al cual hemos hecho referencia a la defensa para

que

se

pueda

preparar

adecuadamente,

pero

no

así

adelantarle la prueba al tribunal. Ello, debido a que su

efecto sería colocar al menor en desventaja y violentarle

su debido proceso de ley.5

A

base

de

lo

anteriormente

expuesto,

la

representación del menor KDTG nos solicita que se expida

el

auto

recurrida

de

certiorari,

que

y

ordenemos

el

revoquemos

desglose

de

la

los

resolución

informes

periciales radicados por la Procuradora de Menores en la

Secretaría del foro primario. Tras hacer la anterior

exposición de hechos fundamentales, procedemos a esbozar

el derecho aplicable a la controversia que nos ocupa.

II.

Por otro lado, señalan que, según su experiencia, los expedientes

legales y sociales se mantienen juntos, a saber, físicamente unidos.

5

Además, distinguen el caso de Pueblo en interés menor R.H.M., supra,

de los hechos del presente caso.

CC-2021-233

9

Como es sabido, la Ley de Menores, Ley Núm. 88 de 9

de julio de 1986, según enmendada, 34 LPRA sec. 2201 et

seq., delimita los contornos del sistema de justicia

juvenil del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicho

estatuto establece “un enfoque ecléctico de acción e

intervención en el cual se armoniza la responsabilidad

de parens

patriae del

Estado,

en

cuanto

a

la

rehabilitación de los ofensores, con el deber de éstos de

responder por sus actos”. Pueblo en interés menor G.R.S.,

149 DPR 1, 11 (1999). Véase, Exposición de Motivos, Ley

de Menores.

En virtud de lo previamente esbozado, esta Curia ha

reiterado

que

los

procedimientos

carácter

civil

sui

géneris,

no

de

de

menores

son

naturaleza

de

penal.

(Énfasis suplido) Pueblo en interés menor C.Y.C.G., 180

DPR 555, 569 (2011); Pueblo v. Suárez, 167 DPR 850 (2006).

Sin embargo, no es menos cierto que, con el transcurso

del

tiempo,

“matices

de

continuamente

los

procesos

naturaleza

se

han

de

referencia

punitiv[a]”,

reconocido

mayores

han

adoptado

por

lo

que

salvaguardas

procesales durante los mismos. Pueblo en interés menor

C.Y.C.G.,

supra;

Pueblo

v.

Suárez,

supra;

Pueblo

en

interés menor G.R.S., supra, págs. 11-12. En ese sentido,

la Ley de Menores, supra, debe ser interpretada de forma

cónsona con sus propósitos, incluyendo “[g]arantizar a

todo menor un trato justo, el debido procedimiento de ley

y el reconocimiento de sus derechos constitucionales”.

CC-2021-233

10

(Énfasis suplido) Art. 2, Ley de Menores, 34 LPRA sec.

2202.

A tenor con lo anterior, esta Curia también

ha

sentenciado que “los derechos constitucionales que puede

reclamar un menor en un procedimiento bajo la Ley de

Menores de Puerto Rico surgen de los principios del debido

proceso de ley y trato justo”. Pueblo en interés menor

R.H.M., supra, pág. 424. Véase, también, Pueblo en interés

menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 DPR 990 (1993). Esto, en

parte, debido al hecho de que:

[L]os menores imputados están sujetos, como los

adultos, a la posible reclusión en una

institución disciplinaria y, por ende, a la

privación de su libertad, [y por eso] es que

nuestro ordenamiento jurídico juvenil está

predicado,

no

sólo

en

el

principio

de

rehabilitación,

sino

también

en

el

reconocimiento de que nadie será privado de su

libertad

y

propiedad

sin

el debido proceso de ley. Pueblo en interés

menor G.R.S., supra, pág. 13.

En esa dirección, y en lo relacionado al debido

proceso de ley que le asiste a todo menor que enfrenta un

proceso como el que está aquí en controversia, debemos

recalcar que éste se encuentra consagrado en el Art. II,

Sec. 7, de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico,

Const.

ELA,

LPRA,

Tomo

1,

y

en

la

Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos, Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.

En

particular, el inciso pertinente de nuestra Carta Magna

señala que “[n]inguna persona será privada de su libertad

o propiedad sin debido proceso de ley”. Art. II, Sec. 7,

CC-2021-233

11

Const. ELA, LPRA, Tomo 1. En esencia, el derecho al debido

proceso de ley representa “la garantía fundamental de

protección que tiene un ciudadano contra los posibles

abusos o usos arbitrarios de poder que cometa el Estado”.

(Cita omitida) Pueblo en interés menor C.Y.C.G., supra,

pág. 568. Dicha protección es extensiva tanto al adulto,

“como al menor imputado de falta”. Íd, pág. 567.

III.

A.

Establecido lo anterior, conviene señalar aquí que

la

Ley

de

Menores,

supra,

contempla

claramente

los

escenarios en que el Tribunal de Primera Instancia, Sala

de Menores, posee jurisdicción sobre un menor. Asimismo,

el estatuto de referencia establece el proceso mediante

el cual un Procurador o Procuradora de Menores puede -o, en algunas instancias, tiene

-- que solicitar la

renuncia de jurisdicción del referido foro. Véase, Art. 4

y 15, Ley de Menores, 34 LPRA secs. 2204, 2215. De igual

forma,

las

Reglas

de

Procedimiento

para

Asuntos

de

Menores, aprobadas el 31 de diciembre 1986, especifican

los detalles de dicho proceso. Véase, Capítulo 4, Reglas

de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 LPRA Ap. IA.

Sabido es que el proceso de renuncia de jurisdicción

que se da en este tipo de caso conlleva “traslada[r] a un

menor de una jurisdicción cuyo fin es rehabilitador a otra

que lo juzga como adulto con la probabilidad de la pérdida

de libertad por un periodo de tiempo prolongado”. (Cita

CC-2021-233

12

omitida) Pueblo v. Suárez, supra. Véase, también, Pueblo

en interés menor R.H.M., supra, pág. 411. Por tanto, el

proceso de referencia representa una “etapa crítica en el

procesamiento” de un menor. Íd.

Sobre los aspectos procesales de dicha vista, la Regla

4.3

de

las

Reglas

de

Procedimiento

para

Asuntos

de

Menores, 34 LPRA Ap. I-A, R.4.3, establece que:

Ante una solicitud de renuncia de jurisdicción

debidamente fundamentada, el tribunal, dentro de

los cinco (5) días posteriores a la presentación

de la solicitud, ordenará el señalamiento de la

vista y notificará al menor. La vista de

renuncia de jurisdicción deberá celebrarse

dentro de los veinte (20) días posteriores a la

presentación de la solicitud.

El señalamiento para la vista de renuncia de

jurisdicción

interrumpirá

los

términos

dispuestos para la celebración de la vista

adjudicativa. Si el tribunal determina no

renunciar a la jurisdicción, el término aludido

se reanudará a partir de la fecha en que se

notifique tal resolución.

Por

otra

parte,

la

Regla

4.4

de

las

Reglas

de

Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 LPRA Ap. I-A,

R.4.4, dispone que:

Durante la vista [de renuncia de jurisdicción],

el Procurador presentará la prueba con que cuente

en apoyo de su solicitud. El menor podrá rebatir

la prueba y cuestionar el contenido de los

documentos presentados en evidencia, así como

interrogar a las personas que suscriban informes

periciales.

El tribunal resolverá a base de la preponderancia

de la prueba. (Énfasis suplido).6

Véase, D. Nevares-Muñiz, Derecho de menores: delincuente juvenil y

menor maltratado, 7ma ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo

del Derecho, Inc., págs. 38-39.

6

CC-2021-233

Así

pues,

13

al

evaluar

si

debe

o

no

renunciar

su

jurisdicción sobre un menor, los tribunales, durante la

celebración de la mencionada vista, considerarán diversos

factores: la naturaleza de la falta y las circunstancias

que rodearon su comisión; el historial legal previo del

menor, si alguno; el historial social del menor; y si el

historial socioemocional así como las actitudes del menor

hacia la autoridad hacen necesario establecer controles

que no se pueden ofrecer por medio del tribunal. Art. 15,

Ley de Menores, 34 LPRA sec. 2215.

En Pueblo de Puerto Rico en interés menor R.H.M.,

supra, este Tribunal tuvo la oportunidad de interpretar

los factores antes mencionados. Allí, por voz del entonces

Juez Presidente Federico Hernández Denton, se discutieron

los criterios a examinar en un proceso de renuncia de

jurisdicción. Sobre los dos (2) últimos factores, los

cuales están dirigidos a evaluar el historial social y

socioemocional del menor, expresamos:

La intervención de los profesionales de la

conducta

humana

(entiéndase

trabajadores

sociales, sicólogos y siquiatras, entre otros)

es necesaria en esta etapa ya que es de ayuda

al Tribunal de Menores en el examen de una serie

de aspectos relacionados con la conducta,

comportamiento social y controles externos e

internos del menor. La evaluación debe concluir

si

el

menor

tiene

o

no

un

potencial

rehabilitador en las instituciones diseñadas

para menores. (Énfasis suplido) Íd, pág. 415.

Es decir, los referidos informes son uno de los recursos

a la disposición del juez o jueza, para estar en posición

de “considerar las posibilidades de rehabilitación del

CC-2021-233

14

menor y si el interés de la sociedad se beneficia con el

hecho de mantenerlo bajo su tutelaje”. Íd, pág. 417.

De igual forma, en esa ocasión, este Foro atendió una

alegación de error distinta a la de epígrafe, fundamentada

en “si se le violó [el] derecho [al peticionario] a no

incriminarse y a estar asistido de abogado, cuando se le

permitió al Procurador someter al menor a evaluaciones

hechas por peritos en conducta humana contratados por el

Estado sin previa notificación a su defensa y sin las

debidas advertencias”. Pueblo en interés menor R.H.M.,

supra, pág. 424.

Así

las

pertinente

cosas,

en

aquella

de

los

y

lo

la

sentenciamos

que

no

violentan

su

derecho

a

no

incriminarse,

toda

vez

que

se

centran

en

las

emociones

personalidad

no

hechos

éstos

del

informes

en

a

y

alegación

instancia,

menor,

sociales,

así

específicos por los cuales será juzgado. Íd, pág. 425.

Así, también señalamos que no se violentaba su derecho a

estar asistido por un abogado, ya que -- aun si dichos

informes eran confidenciales -- el representante legal

del menor podía examinar los mismos.7 Íd, pág. 426. Como

explicaremos más adelante, tal no es el caso de autos.

Consideramos útil hacer una breve aclaración en cuanto a la

determinación del foro primario sobre la moción de reconsideración

presentada por el menor KDTG. Al emitir su Resolución en torno a la

solicitud de desglose, el foro primario expresó que los “informes

esta[ban] ‘unidos’ a un expediente social separado del expediente que

recoge los asuntos procesales del caso”. A esos fines, citó al caso

de Pueblo interés del menor R.H.M., supra. No obstante, sus

fundamentos son errados. El caso de referencia sólo señala la

naturaleza confidencial del expediente del menor y recalca que el

representante legal de éste tendrá acceso al mismo. Es decir, nada

tiene que ver con la presente controversia.

7

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15

B.

De otra parte, y debido a su importancia para la

correcta disposición de la presente controversia, es útil

destacar que las Reglas de Procedimiento para Asuntos de

Menores, supra, especifican la forma y contenido del

expediente judicial de un menor. A esos fines -- y en lo

pertinente -- el estatuto de referencia dispone:

A todo menor a quien se le radique una querella

[,] se le abrirá un expediente judicial que

constará de dos (2) partes: una legal y otra

social.

En la parte legal se archivará el original de

la querella, el certificado de nacimiento del

menor, las citaciones, las resoluciones y

órdenes que dicte el tribunal, las alegaciones

y cualesquiera otros escritos o mociones

relacionados con el caso, así como todo

documento presentado en evidencia, incluyendo

los informes de los peritos.

En la parte social se archivarán los informes

sometidos por el especialista y técnico en

relaciones de familia al tribunal sobre el

estudio social y la supervisión del menor y

cualesquiera otros informes de evaluación del

menor. (Énfasis suplido) Regla 10.1, Reglas de

Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 LPRA

Ap. I-A, R.10.1.8

Sobre el particular, la Dra. Dora Nevares-Muñiz nos

indica que:

La parte legal incluye la queja, la orden de

aprehensión o de citación, la querella, el

certificado de nacimiento del menor, las

citaciones, resoluciones y órdenes que dicte

el

tribunal,

las

alegaciones,

cualquier

escrito sometido por las partes y los

documentos

presentados

en

evidencia,

incluyendo los informes de los peritos.

Valga precisar que, en dicho contexto, el especialista y el técnico

en relaciones de familia están adscritos a la Rama Judicial, el

primero siendo un trabajador social, mientras que el segundo es un

profesional en el área de la conducta humana. Art. 3, Ley de Menores,

34 LPRA sec. 2203. Sus labores, en esencia, están relacionadas a

asistir al tribunal y supervisar el menor, no así fungir como peritos

de las partes. Art. 13 y 14, Ley de Menores, 34 LPRA secs. 2213-2214.

8

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16

La parte social, que está en un sobre dentro

del

expediente

judicial,

incluye

los

documentos relacionados con el estudio social

[del tribunal], estudios sicológicos y/o

siquiátricos que solicite el tribunal, y los

informes de progreso y evaluación del menor.

(Énfasis suplido) Nevares-Muñiz, op. cit.,

págs. 86-87.

De lo anterior se desprende que en la parte social

del expediente judicial sólo obrarán los informes sociales

solicitados por el mismo tribunal o producidos durante el

proceso de supervisión del menor, no así los informes

periciales de las partes. Éstos últimos, según expuesto

en las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores,

supra,

deben

ser

incluidos

en

la

parte

legal

del

expediente judicial, una vez presentados en la vista de

renuncia de jurisdicción.

Ahora bien, el expediente judicial al que hemos

aludido está revestido de confidencialidad, así que no

está sujeto a ser evaluado por el público. Nevares-Muñiz,

op. cit., pág. 88. Empero, podrá ser evaluado por la

representación legal del menor, el Procurador de Menores

o

funcionarios

del

tribunal

bajo

estrictas

circunstancias. Íd.

A su vez, y en el contexto específico de la renuncia

de jurisdicción, los expedientes judiciales y su contenido

son determinantes. Ello, ya que los informes incluidos en

éstos tienen el propósito de “elaborar un cuadro general

para

poner

en

posición

al

juzgador

de

declinar

el

ejercicio de su jurisdicción, conforme a los factores del

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17

Art. 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico”. Pueblo en

interés menor R.H.M., supra, pág. 425.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta

que procedemos a atender la controversia ante nuestra

consideración.

IV.

De entrada, es menester aclarar que estamos ante un

escenario

extremadamente

particular.

En

esencia,

la

controversia bajo estudio se limita a determinar si es

permisible

que

se

mantenga

en

la

parte

social

del

expediente judicial de un menor de edad un informe social

de un perito de la Procuradora de Menores, presentado

antes de que se celebre cierta vista de renuncia de

jurisdicción. Entendemos que no. Lo anterior, a todas

luces, lacera los más básicos principios del trato justo

y el debido proceso de ley. Nos explicamos.

Comenzamos señalando que, si bien es cierto que la

vista

de

renuncia

de

jurisdicción

es

de

naturaleza

dispositiva, no es menos cierto que tiene repercusiones

monumentales para el menor de edad; se trata sin duda,

como este Tribunal ha sentenciado previamente, de una

“etapa crítica en el procesamiento”. Véase, Pueblo v.

Suárez,

supra.

Es

en

virtud

de

“la

magnitud

de

ese

traslado, por los efectos serios que puedan surgir y para

cumplir con las garantías de un debido proceso de ley”

que la Ley de Menores, supra, enumera unos criterios que

el tribunal debe evaluar al momento de auscultar renunciar

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18

a su jurisdicción sobre un menor. Pueblo en interés menor

R.H.M., supra, págs. 411-412.

Es, precisamente, mediante los informes sociales que

el

tribunal

evidentemente

evalúa

los

dichos

informes

criterios.

Así

pues,

sociales

un

factor

son

determinante que va a la médula de la controversia ante

la consideración del tribunal: si el menor y la comunidad

se ven beneficiados por que éste se mantenga bajo la

jurisdicción del sistema de justicia juvenil o si procede

que se le procese como adulto, con todas las consecuencias

que ello conlleva.

En lo concerniente al presente caso, y relacionado a

lo anteriormente expuesto, debemos recordar que el informe

que está aquí en controversia fue elaborado por la señora

Rodríguez

Orsini,

Departamento

de

Trabajadora

Justicia

de

Social

Puerto

adscrita

Rico.

Ésta

al

fue

oportunamente anunciada como testigo-perito del Estado,

precisamente para fundamentar y sostener la solicitud de

renuncia de jurisdicción presentada por la Procuradora de

Menores. Como se puede colegir, dicho informe es materia

de prueba, y debido a la importancia trascendental que el

mismo puede tener en la dilucidación de la vista de

renuncia de jurisdicción, no puede ser incluido en el

expediente judicial antes de la celebración de la vista

de referencia.

De modo que, en instancias -- como el presente caso

-- donde una parte presenta un informe pericial, el cual

obra en la sección social del expediente judicial, podemos

CC-2021-233

19

concluir que no sólo estaría mal ubicado conforme a las

Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra;

sino

que

--

al

obrar

en

el

expediente

previa

la

celebración de la referida vista -- sería prematuro,

contrario al derecho aplicable y al debido proceso de ley

que le asiste al menor KDTG.

Decidir

lo

contrario

significaría

avalar

la

posibilidad de que el juzgador de los hechos se prejuicie

en torno a los factores enumerados en el Art. 15 de la

Ley de Menores, supra. Esto, ya que -- como es sabido -el expediente de un menor es confidencial, pero sólo en

cuanto al público. Nada impide que el juez o jueza, cuando

así lo desee, verifique el contenido del mismo.

Por otro lado, consentir a la admisión de un informe

a un expediente antes de que se celebre la vista para la

cual fue preparado, sería altamente anómalo. No podemos

concebir una circunstancia donde esté accesible para el

tribunal un informe -- determinante para su decisión -previo a la celebración de la vista. En efecto, sería

incluir

evidencia

antes

de

pasar

juicio

sobre

su

admisibilidad.

Establecido lo anterior, somos del criterio que -en vista de la importancia de este tipo de informe en el

proceso de renuncia de jurisdicción, de la naturaleza de

los procesos de la Sala de Menores, y al palio del trato

justo y el debido proceso de ley -- era impermisible que

el foro primario permitiera la inclusión de la Evaluación

social

sobre

renuncia

de

jurisdicción

y

su

Informe

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suplementario en el expediente judicial del menor KDTG.

Por tanto, erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir

el recurso de certiorari presentado por el menor KDTG.

En fin, consideramos desacertado añadir un escollo

adicional para los menores sujetos al sistema de justicia

juvenil, toda vez que éstos y éstas también son ciudadanos

y ciudadanas con derechos.

V.

Conforme

a

los

fundamentos

antes

expuestos,

hubiésemos acogido la moción en auxilio de jurisdicción

presentada por el menor KDTG, paralizado los procesos ante

el foro primario y expedido la petición de certiorari ante

nuestra

consideración,

para

así

revocar

las

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia y el

Tribunal de Apelaciones. Por no ser ese el proceder de

este Tribunal, disentimos.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado