Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo v. En Interés del menor KDTG
2021 TSPR 59
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo v. En Interés del menor KDTG
CC-2021-233
Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2021 TSPR 59
En Interés del menor KDTG
206 DPR ____
Peticionario
Número del Caso:
CC-2021-233
Fecha: 30 de abril de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel VIII
Abogada de la parte peticionaria:
Lcda. Marangely González Correa
Sociedad para Asistencia Legal
Materia:
Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2021-233
En interés del menor KDTG
Peticionario
Sala de Despacho integrada por el Juez Asociado señor Martínez Torres
como su Presidente, y los Jueces Asociados señor Rivera García y señor
Colón Pérez.
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021.
Examinada la Moción solicitando paralización de
los procedimientos en auxilio de jurisdicción y la
Petición de certiorari presentadas en la causa de
epígrafe por el menor KDTG, se provee no ha lugar a
ambas.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez
Torres está conforme con la Resolución que se
certifica y hace constar la siguiente expresión a la
que se unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco
y los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo,
Rivera García y Feliberti Cintrón:
“Resulta improcedente la paralización de una
vista de renuncia de jurisdicción que ha sido
aplazada desde el 4 de agosto de 2020 en el
caso de KDTG, quien ya tiene 18 años de edad
y se le imputa un asesinato, todo porque la
defensa insiste en que el foro primario erró
al unir un informe de evaluación social al
expediente.
CC-2021-233
2
En Pueblo en interés del menor R.H.M., 126 DPR 404,
425-426 (1990), explicamos que el expediente social
es de naturaleza confidencial y su contenido se
encuentra en un “expediente separado al cual tendrá
acceso la representación legal del menor antes de la
vista [de renuncia de jurisdicción]”. El hecho de
que la Secretaría unió el informe al expediente
cuando el Procurador de Asuntos de Menores lo
presentó no quiere decir que se haya autenticado y
mucho menos admitido como prueba. Así lo aclaró el
juez del Tribunal de Primera Instancia que atiende
este caso, al expresar: “que ese informe esté ahí
[en
el
expediente]
no
significa
que
esté
autenticado, ya que el Ministerio Público tiene la
obligación de pasar prueba para que sea admitido”.
Ap. Sol. Cert., pág. 87 (Escrito en cumplimiento de
orden que presentó el Procurador General).
En otras palabras, el hecho de que el informe esté
unido al expediente no releva al Procurador de pasar
prueba sobre los criterios para que el Tribunal de
Menores
renuncie
a
su
jurisdicción,
que
se
establecen en el Art. 15(c) de la Ley de Menores de
Puerto Rico, 34 LPRA sec. 2215(c). Estos son: (1) la
naturaleza de la falta que se imputa al menor y las
circunstancias que la rodearon; (2) el historial
legal previo del menor, si alguno; (3) el historial
social
del
menor;
y
(4)
si
el
historial
socioemocional y las actitudes del menor hacia la
autoridad hacen necesario establecer controles
respecto a su comportamiento que no se le puedan
ofrecer en los centros de custodia o en las
instituciones de tratamiento social a disposición
del tribunal. Íd.
Además, luego de la presentación de la prueba del
Procurador, la representación legal de KDTG podrá
impugnarla y rebatir su admisibilidad. El informe en
controversia se encuentra unido en la parte social
del expediente y no ha sido examinado por el foro
primario. Por lo tanto, el argumento por parte de la
defensa, que sostiene que permitir la unión del
informe “violenta derechos constitucionales a que el
menor tenga un juicio justo e imparcial”, es
incorrecto. El informe en controversia no se ha
admitido como prueba. Esa determinación la hará el
tribunal en la vista luego de que las partes
presenten sus argumentos y defensas.
Por otro lado, hemos expresado en repetidas
ocasiones que la facultad “que cobija al Tribunal de
Primera
Instancia
en
sus
determinaciones
discrecionales es amplia, por lo que sus decisiones
merecen gran deferencia”. Citibank v. ACBI, 200 DPR
CC-2021-233
3
724, 735 (2018). Véanse, además, Mejías et al. v.
Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306–307 (2012);
García v. Asociación, 135 DPR 311, 320 (2005); Vives
Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141–142 (1996). Por
esto hemos dejado claro “que los tribunales
apelativos no deben intervenir con determinaciones
emitidas por el foro primario y sustituir el criterio
utilizado por éste en el ejercicio de su discreción,
salvo que se pruebe que actuó con prejuicio o
parcialidad o incurrió en craso abuso de discreción
o en error manifiesto”. (Énfasis en el original).
Citibank v. ACBI, supra, pág. 736.
Luego de un análisis de la controversia ante nos, me
parece que el foro primario no abusó de su
discreción, ni se configuraron ninguna de las
excepciones para intervenir y sustituir su criterio.
Lo que sí sería un abuso de discreción es pretender
suplantar la función del Tribunal de Primera
Instancia y resolver desde aquí en primera instancia
la admisibilidad del informe en controversia. Esta
función le compete al foro primario, la cual no ha
podido ejercer por las constantes dilaciones de la
defensa”.
El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió un Voto
Particular Disidente al que se unen la Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez y el Juez Asociado señor Estrella Martínez.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2021-233
Certiorari
En interés del menor KDTG
Peticionario
Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado señor COLÓN
PÉREZ, al cual se unen la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez
Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.
En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2021.
En esta ocasión comparece ante nos el menor KDTG
(en adelante, “menor KDTG” o “peticionario”) -- por
conducto de su representante legal, la Sociedad para
Asistencia Legal -- mediante Petición de certiorari y
Moción solicitando la paralización de los procedimientos
en auxilio de jurisdicción. En éstas, nos solicita la
paralización de cierta vista de renuncia de jurisdicción
ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Menores,
pautada para el próximo martes, 4 de mayo de 2021, y la
revisión
de
determinada
Resolución
emitida
por
el
Tribunal de Apelaciones, mediante la cual el foro de
referencia
denegó
presentado
por
expedir
el
el
recurso
peticionario.
A
de
certiorari
través
de este
CC-2021-233
último,
el
2
menor
KDTG
procuraba
recurrir
de
una
Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia,
en virtud de la cual el foro primario rechazó reconsiderar
su denegatoria de desglosar del expediente social de su
caso
cierta
Evaluación
jurisdicción
e
social
Informe
sobre
suplementario
renuncia
de
provistos
unilateralmente por el Estado.
Por entender que este Tribunal debió paralizar los
procesos y expedir el auto de certiorari -- para así
revocar las determinaciones del Tribunal de Apelaciones y
el foro primario -- respetuosamente disentimos. Veamos.
I.
Allá para el 17 de junio de 2020, el Tribunal de
Primera Instancia determinó causa probable para presentar
la querella contra
el menor KDTG, por infringir las
siguientes disposiciones: 1) el Art. 93(b) del Código
Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5142; 2) por tentativa
de violación del Art. 189 del Código Penal de Puerto Rico,
33 LPRA sec. 5259; y
3) el Art. 6.09 de la Ley Núm. 168-
2019, 25 LPRA sec. 466h, conocida como la Ley de Armas de
Puerto Rico.
Así las cosas, el 29 de junio de 2020 la Procuradora
de Menores presentó una moción mediante la cual solicitó
al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Menores, la
renuncia de su
jurisdicción sobre el menor KDTG. En
síntesis, fundamentó su petitorio en que el joven era
mayor de catorce (14) años pero menor de dieciocho (18)
años, y se le imputaba la comisión de una falta Clase II
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3
o III. Ello, conforme al Art. 15(a) de la Ley de Menores
de Puerto Rico, infra (en adelante, “Ley de Menores”).
En la moción de referencia se anunciaron una serie
de testigos para la vista de renuncia de jurisdicción.
Entre
ellos,
la
señora
Rosalía
Rodríguez
Orsini
(en
adelante, “señora Rodríguez Orsini”), Trabajadora Social
adscrita al Departamento de Justicia de Puerto Rico.
En igual fecha, es decir el 29 de junio de 2020, la
Procuradora
de
informativa
y
en
solicitud
que
el
foro
solicitó
Menores
también
de
primario
presentó
orden.
una
Moción
Mediante
emitiera
una
ésta,
orden
permitiendo que la señora Rodríguez Orsini entrevistara
al menor KDTG, sus padres o encargados, al igual que
evaluar sus expedientes sociales y médicos.1
Evaluada
la
referida
solicitud,
el
Tribunal
de
Primera Instancia accedió a la misma. En consecuencia,
permitió que el menor KDTG fuera entrevistado -- y que
todo expediente o reporte fuera evaluado -- por la señora
Rodríguez Orsini.
Enterado de la anterior, la Sociedad para Asistencia
Legal -- representante legal del menor KDTG -- presentó
una Moción en oposición a renuncia de jurisdicción y en
solicitud
de
descubrimiento
de
prueba
ante
el
foro
Valga mencionar que, en la presente moción, se expresó que
solicitaban al foro primario que “permita a los profesionales del
Departamento de Justicia realizar una evaluación sicológica y/o
siquiátrica y social al menor, incluyendo a la Trabajadora Social
asignada al caso, la Sra. Rosalía Rodríguez Orsini, quienes
representan al Ministerio Público y son testigos indispensables para
la vista de renuncia de jurisdicción”. (Énfasis suplido) Véase,
Apéndice, Anejo VII (b)(1).
1
CC-2021-233
4
primario. En esencia, señaló que el “sistema [de justicia]
debe brindarle la oportunidad a[l] joven para trabajar su
rehabilitación”. Véase, Apéndice, pág. 19. De igual forma,
solicitó que la Procuradora de Menores suministrara copia
del Informe social que rindiera la señora Rodríguez Orsini
con razonable antelación.2
Transcurridos
varios
incidentes
procesales
no
necesarios aquí pormenorizar, el 29 de octubre de 2020 - al advenir en conocimiento de que el Informe redactado
por la señora Rodríguez Orsini, testigo-perito del Estado,
se encontraba en la parte social del expediente judicial
-- la representación legal del menor KDTG presentó ante
el Tribunal de Primera Instancia una Moción urgente en
solicitud [d]e desglose Informe Social presentado por la
Trabajadora Social del Departamento de Justicia. En ésta,
se opuso a que el referido Informe ya formara parte del
expediente del caso, toda vez que era materia de prueba a
ser
presentado
por
la
Procuradora
de
Menores,
para
sustentar su solicitud de renuncia de jurisdicción.
Según alegado por la representación legal del menor,
permitir que el mencionado Informe permaneciera en la
parte social del expediente judicial significaría que: 1)
se violentarían los derechos constitucionales del menor,
incluyendo su derecho a un juicio justo e imparcial; y 2)
se estaría adelantando prueba al tribunal, sin que el
Posteriormente, la Procuradora de Menores solicitó enmendar la
solicitud de renuncia de jurisdicción, toda vez que no se había
especificado que solicitaba la misma por robo y asesinato. El foro
primario proveyó ha lugar a la enmienda solicitada.
2
CC-2021-233
5
menor tuviese oportunidad de rebatirla. Siendo ello así,
se solicitó que el foro primario ordenara el desglose del
Informe preparado por la señora Rodríguez Orsini, para
así garantizar el debido proceso de ley y trato justo del
menor KDTG.
Evaluado lo anterior, el 4 de noviembre de 2020 el
Tribunal de Primera Instancia notificó una Resolución,
mediante la cual declaró no ha lugar el petitorio de
desglose. En específico, el foro primario sentenció:
El Informe o “Evaluación Social sobre Renuncia
de Jurisdicción”, presentado el 27 de julio de
2020, es parte del expediente social del caso.
Art. 37(d) de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de
1986, según enmendada. El que se haya unido al
expediente no afecta los derechos del menor a
su trato justo, debido proceso de ley,
presunción de inocencia o presunción de no
incurso en las faltas imputadas.
La vista sobre renuncia a jurisdicción no versa
sobre determinaciones para encontrar incurso o
no incurso al menor en las faltas imputadas. Se
trata de un procedimiento dispositivo, no
adjudicativo. Véase [,] Pueblo en interés de
menor R.H.M., 126 DPR 404, 423-426 (1990).
(Énfasis en el original) Véase, Apéndice, pág.
29.
Inconforme con dicho proceder, la representación
legal del menor KDTG presentó una Moción en solicitud de
reconsideración y en solicitud de orden ante el foro
primario. Empero, el 7 de diciembre de 2020 el Tribunal
de Primera Instancia notificó una Resolución, mediante la
cual denegó dicha solicitud.
En específico, el foro primario reiteró que tanto la
Evaluación social sobre renuncia de jurisdicción como su
Informe suplementario, estaban “unidos” a un expediente
CC-2021-233
6
social, separado del expediente que recoge los asuntos
procesales. Asimismo, el foro primario volvió a hacer
referencia al caso de Pueblo en interés menor R.H.M., 126
DPR 404, 426 (1990).
Aún
en
desacuerdo,
el
4
de
enero
de
2021
el
peticionario recurrió ante el Tribunal de Apelaciones,
mediante una Petición de certiorari. En resumen, señaló
que el foro primario había errado al permitir que la
Procuradora de Menores radicara, con antelación a la vista
adversativa, el Informe de la perito a ser utilizada para
promover la renuncia de jurisdicción del menor KDTG. En
cuanto a dicho recurso, el foro apelativo intermedio
ordenó
a
la
Oficina
del
Procurador
General
que
se
expresara sobre el mismo.
En su escrito en cumplimiento de orden, la Oficina
del Procurador General arguyó que: 1) el expediente social
es confidencial, pero está disponible a la defensa del
menor, como parte de su derecho a tener una adecuada
representación legal; 2) el hecho de que los informes
estén en el expediente no releva al Ministerio Público de
pasar
la
prueba
necesaria
para
la
renuncia
de
jurisdicción; 3) una vez se presenten los informes para
su
admisión
durante
la
vista,
la
defensa
tendrá
la
oportunidad de impugnarlos; 4) los informes colocados en
el expediente social no han sido examinados por el foro
primario, porque la vista no se ha celebrado; y 5) ni la
Ley de Menores, infra, ni las Reglas de Procedimiento para
CC-2021-233
Asuntos
7
de
Menores,
infra,
contienen
una
prohibición
expresa de la inclusión de los informes.3
Analizadas las comparecencias de las partes, el 24
de marzo de 2021 el Tribunal de Apelaciones emitió una
Resolución sobre el asunto. Por medio de la misma, denegó
expedir el auto solicitado. El foro a quo expresó que, a
la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de
Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, no procedía la expedición
del recurso. Igualmente, concluyó que el foro primario no
había actuado de forma arbitraria, cometido un abuso de
discreción o un error de derecho, o incidido de forma
similar por lo que denegó intervenir en el caso.
En desacuerdo con dicha determinación, y tal como
adelantamos, el menor KDTG acude ante nos mediante una
Moción solicitando la paralización de los procedimientos
en auxilio de jurisdicción.4 En ésta, nos solicita que
paralicemos la vista de renuncia de jurisdicción -- la
cual se encuentra pautada para el próximo martes, 4 de
mayo de 2021 -- mientras esta Curia evalúa cierta Petición
de certiorari presentada por éste.
En
su
recurso,
el
peticionario
sostiene,
esencialmente, la misma alegación de error que formuló
ante el Tribunal de Apelaciones. En específico, aduce que,
según establecido por las Reglas de Procedimiento para
A la vez, la Oficina del Procurador General sostuvo que el caso de
Pueblo de Puerto Rico en interés menor R.H.M., supra, disponía de los
planteamientos del menor KDTG.
3
El recurso de certiorari fue presentado el 31 de marzo de 2021,
mientras que la moción en auxilio de jurisdicción fue presentada el
23 de abril de 2021.
4
CC-2021-233
8
Asuntos de Menores, infra, y la jurisprudencia de esta
Curia, durante la vista de renuncia de jurisdicción el
Procurador o Procuradora tendrá el peso de presentar la
prueba en apoyo de su moción, mientras que el menor podrá
rebatir la misma, cuestionar su contenido e interrogar a
las personas que suscriben los informes periciales. Por
tanto, debe ser durante la vista -- y no antes -- que se
presente la prueba.
En ese sentido, sostiene que se debe notificar el
Informe al cual hemos hecho referencia a la defensa para
que
se
pueda
preparar
adecuadamente,
pero
no
así
adelantarle la prueba al tribunal. Ello, debido a que su
efecto sería colocar al menor en desventaja y violentarle
su debido proceso de ley.5
A
base
de
lo
anteriormente
expuesto,
la
representación del menor KDTG nos solicita que se expida
el
auto
recurrida
de
certiorari,
que
y
ordenemos
el
revoquemos
desglose
de
la
los
resolución
informes
periciales radicados por la Procuradora de Menores en la
Secretaría del foro primario. Tras hacer la anterior
exposición de hechos fundamentales, procedemos a esbozar
el derecho aplicable a la controversia que nos ocupa.
II.
Por otro lado, señalan que, según su experiencia, los expedientes
legales y sociales se mantienen juntos, a saber, físicamente unidos.
5
Además, distinguen el caso de Pueblo en interés menor R.H.M., supra,
de los hechos del presente caso.
CC-2021-233
9
Como es sabido, la Ley de Menores, Ley Núm. 88 de 9
de julio de 1986, según enmendada, 34 LPRA sec. 2201 et
seq., delimita los contornos del sistema de justicia
juvenil del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicho
estatuto establece “un enfoque ecléctico de acción e
intervención en el cual se armoniza la responsabilidad
de parens
patriae del
Estado,
en
cuanto
a
la
rehabilitación de los ofensores, con el deber de éstos de
responder por sus actos”. Pueblo en interés menor G.R.S.,
149 DPR 1, 11 (1999). Véase, Exposición de Motivos, Ley
de Menores.
En virtud de lo previamente esbozado, esta Curia ha
reiterado
que
los
procedimientos
carácter
civil
sui
géneris,
no
de
de
menores
son
naturaleza
de
penal.
(Énfasis suplido) Pueblo en interés menor C.Y.C.G., 180
DPR 555, 569 (2011); Pueblo v. Suárez, 167 DPR 850 (2006).
Sin embargo, no es menos cierto que, con el transcurso
del
tiempo,
“matices
de
continuamente
los
procesos
naturaleza
se
han
de
referencia
punitiv[a]”,
reconocido
mayores
han
adoptado
por
lo
que
salvaguardas
procesales durante los mismos. Pueblo en interés menor
C.Y.C.G.,
supra;
Pueblo
v.
Suárez,
supra;
Pueblo
en
interés menor G.R.S., supra, págs. 11-12. En ese sentido,
la Ley de Menores, supra, debe ser interpretada de forma
cónsona con sus propósitos, incluyendo “[g]arantizar a
todo menor un trato justo, el debido procedimiento de ley
y el reconocimiento de sus derechos constitucionales”.
CC-2021-233
10
(Énfasis suplido) Art. 2, Ley de Menores, 34 LPRA sec.
2202.
A tenor con lo anterior, esta Curia también
ha
sentenciado que “los derechos constitucionales que puede
reclamar un menor en un procedimiento bajo la Ley de
Menores de Puerto Rico surgen de los principios del debido
proceso de ley y trato justo”. Pueblo en interés menor
R.H.M., supra, pág. 424. Véase, también, Pueblo en interés
menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 DPR 990 (1993). Esto, en
parte, debido al hecho de que:
[L]os menores imputados están sujetos, como los
adultos, a la posible reclusión en una
institución disciplinaria y, por ende, a la
privación de su libertad, [y por eso] es que
nuestro ordenamiento jurídico juvenil está
predicado,
no
sólo
en
el
principio
de
rehabilitación,
sino
también
en
el
reconocimiento de que nadie será privado de su
libertad
y
propiedad
sin
el debido proceso de ley. Pueblo en interés
menor G.R.S., supra, pág. 13.
En esa dirección, y en lo relacionado al debido
proceso de ley que le asiste a todo menor que enfrenta un
proceso como el que está aquí en controversia, debemos
recalcar que éste se encuentra consagrado en el Art. II,
Sec. 7, de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto
Rico,
Const.
ELA,
LPRA,
Tomo
1,
y
en
la
Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos, Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.
En
particular, el inciso pertinente de nuestra Carta Magna
señala que “[n]inguna persona será privada de su libertad
o propiedad sin debido proceso de ley”. Art. II, Sec. 7,
CC-2021-233
11
Const. ELA, LPRA, Tomo 1. En esencia, el derecho al debido
proceso de ley representa “la garantía fundamental de
protección que tiene un ciudadano contra los posibles
abusos o usos arbitrarios de poder que cometa el Estado”.
(Cita omitida) Pueblo en interés menor C.Y.C.G., supra,
pág. 568. Dicha protección es extensiva tanto al adulto,
“como al menor imputado de falta”. Íd, pág. 567.
III.
A.
Establecido lo anterior, conviene señalar aquí que
la
Ley
de
Menores,
supra,
contempla
claramente
los
escenarios en que el Tribunal de Primera Instancia, Sala
de Menores, posee jurisdicción sobre un menor. Asimismo,
el estatuto de referencia establece el proceso mediante
el cual un Procurador o Procuradora de Menores puede -o, en algunas instancias, tiene
-- que solicitar la
renuncia de jurisdicción del referido foro. Véase, Art. 4
y 15, Ley de Menores, 34 LPRA secs. 2204, 2215. De igual
forma,
las
Reglas
de
Procedimiento
para
Asuntos
de
Menores, aprobadas el 31 de diciembre 1986, especifican
los detalles de dicho proceso. Véase, Capítulo 4, Reglas
de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 LPRA Ap. IA.
Sabido es que el proceso de renuncia de jurisdicción
que se da en este tipo de caso conlleva “traslada[r] a un
menor de una jurisdicción cuyo fin es rehabilitador a otra
que lo juzga como adulto con la probabilidad de la pérdida
de libertad por un periodo de tiempo prolongado”. (Cita
CC-2021-233
12
omitida) Pueblo v. Suárez, supra. Véase, también, Pueblo
en interés menor R.H.M., supra, pág. 411. Por tanto, el
proceso de referencia representa una “etapa crítica en el
procesamiento” de un menor. Íd.
Sobre los aspectos procesales de dicha vista, la Regla
4.3
de
las
Reglas
de
Procedimiento
para
Asuntos
de
Menores, 34 LPRA Ap. I-A, R.4.3, establece que:
Ante una solicitud de renuncia de jurisdicción
debidamente fundamentada, el tribunal, dentro de
los cinco (5) días posteriores a la presentación
de la solicitud, ordenará el señalamiento de la
vista y notificará al menor. La vista de
renuncia de jurisdicción deberá celebrarse
dentro de los veinte (20) días posteriores a la
presentación de la solicitud.
El señalamiento para la vista de renuncia de
jurisdicción
interrumpirá
los
términos
dispuestos para la celebración de la vista
adjudicativa. Si el tribunal determina no
renunciar a la jurisdicción, el término aludido
se reanudará a partir de la fecha en que se
notifique tal resolución.
Por
otra
parte,
la
Regla
4.4
de
las
Reglas
de
Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 LPRA Ap. I-A,
R.4.4, dispone que:
Durante la vista [de renuncia de jurisdicción],
el Procurador presentará la prueba con que cuente
en apoyo de su solicitud. El menor podrá rebatir
la prueba y cuestionar el contenido de los
documentos presentados en evidencia, así como
interrogar a las personas que suscriban informes
periciales.
El tribunal resolverá a base de la preponderancia
de la prueba. (Énfasis suplido).6
Véase, D. Nevares-Muñiz, Derecho de menores: delincuente juvenil y
menor maltratado, 7ma ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo
del Derecho, Inc., págs. 38-39.
6
CC-2021-233
Así
pues,
13
al
evaluar
si
debe
o
no
renunciar
su
jurisdicción sobre un menor, los tribunales, durante la
celebración de la mencionada vista, considerarán diversos
factores: la naturaleza de la falta y las circunstancias
que rodearon su comisión; el historial legal previo del
menor, si alguno; el historial social del menor; y si el
historial socioemocional así como las actitudes del menor
hacia la autoridad hacen necesario establecer controles
que no se pueden ofrecer por medio del tribunal. Art. 15,
Ley de Menores, 34 LPRA sec. 2215.
En Pueblo de Puerto Rico en interés menor R.H.M.,
supra, este Tribunal tuvo la oportunidad de interpretar
los factores antes mencionados. Allí, por voz del entonces
Juez Presidente Federico Hernández Denton, se discutieron
los criterios a examinar en un proceso de renuncia de
jurisdicción. Sobre los dos (2) últimos factores, los
cuales están dirigidos a evaluar el historial social y
socioemocional del menor, expresamos:
La intervención de los profesionales de la
conducta
humana
(entiéndase
trabajadores
sociales, sicólogos y siquiatras, entre otros)
es necesaria en esta etapa ya que es de ayuda
al Tribunal de Menores en el examen de una serie
de aspectos relacionados con la conducta,
comportamiento social y controles externos e
internos del menor. La evaluación debe concluir
si
el
menor
tiene
o
no
un
potencial
rehabilitador en las instituciones diseñadas
para menores. (Énfasis suplido) Íd, pág. 415.
Es decir, los referidos informes son uno de los recursos
a la disposición del juez o jueza, para estar en posición
de “considerar las posibilidades de rehabilitación del
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menor y si el interés de la sociedad se beneficia con el
hecho de mantenerlo bajo su tutelaje”. Íd, pág. 417.
De igual forma, en esa ocasión, este Foro atendió una
alegación de error distinta a la de epígrafe, fundamentada
en “si se le violó [el] derecho [al peticionario] a no
incriminarse y a estar asistido de abogado, cuando se le
permitió al Procurador someter al menor a evaluaciones
hechas por peritos en conducta humana contratados por el
Estado sin previa notificación a su defensa y sin las
debidas advertencias”. Pueblo en interés menor R.H.M.,
supra, pág. 424.
Así
las
pertinente
cosas,
en
aquella
de
los
y
lo
la
sentenciamos
que
no
violentan
su
derecho
a
no
incriminarse,
toda
vez
que
se
centran
en
las
emociones
personalidad
no
hechos
éstos
del
informes
en
a
y
alegación
instancia,
menor,
sociales,
así
específicos por los cuales será juzgado. Íd, pág. 425.
Así, también señalamos que no se violentaba su derecho a
estar asistido por un abogado, ya que -- aun si dichos
informes eran confidenciales -- el representante legal
del menor podía examinar los mismos.7 Íd, pág. 426. Como
explicaremos más adelante, tal no es el caso de autos.
Consideramos útil hacer una breve aclaración en cuanto a la
determinación del foro primario sobre la moción de reconsideración
presentada por el menor KDTG. Al emitir su Resolución en torno a la
solicitud de desglose, el foro primario expresó que los “informes
esta[ban] ‘unidos’ a un expediente social separado del expediente que
recoge los asuntos procesales del caso”. A esos fines, citó al caso
de Pueblo interés del menor R.H.M., supra. No obstante, sus
fundamentos son errados. El caso de referencia sólo señala la
naturaleza confidencial del expediente del menor y recalca que el
representante legal de éste tendrá acceso al mismo. Es decir, nada
tiene que ver con la presente controversia.
7
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15
B.
De otra parte, y debido a su importancia para la
correcta disposición de la presente controversia, es útil
destacar que las Reglas de Procedimiento para Asuntos de
Menores, supra, especifican la forma y contenido del
expediente judicial de un menor. A esos fines -- y en lo
pertinente -- el estatuto de referencia dispone:
A todo menor a quien se le radique una querella
[,] se le abrirá un expediente judicial que
constará de dos (2) partes: una legal y otra
social.
En la parte legal se archivará el original de
la querella, el certificado de nacimiento del
menor, las citaciones, las resoluciones y
órdenes que dicte el tribunal, las alegaciones
y cualesquiera otros escritos o mociones
relacionados con el caso, así como todo
documento presentado en evidencia, incluyendo
los informes de los peritos.
En la parte social se archivarán los informes
sometidos por el especialista y técnico en
relaciones de familia al tribunal sobre el
estudio social y la supervisión del menor y
cualesquiera otros informes de evaluación del
menor. (Énfasis suplido) Regla 10.1, Reglas de
Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 LPRA
Ap. I-A, R.10.1.8
Sobre el particular, la Dra. Dora Nevares-Muñiz nos
indica que:
La parte legal incluye la queja, la orden de
aprehensión o de citación, la querella, el
certificado de nacimiento del menor, las
citaciones, resoluciones y órdenes que dicte
el
tribunal,
las
alegaciones,
cualquier
escrito sometido por las partes y los
documentos
presentados
en
evidencia,
incluyendo los informes de los peritos.
Valga precisar que, en dicho contexto, el especialista y el técnico
en relaciones de familia están adscritos a la Rama Judicial, el
primero siendo un trabajador social, mientras que el segundo es un
profesional en el área de la conducta humana. Art. 3, Ley de Menores,
34 LPRA sec. 2203. Sus labores, en esencia, están relacionadas a
asistir al tribunal y supervisar el menor, no así fungir como peritos
de las partes. Art. 13 y 14, Ley de Menores, 34 LPRA secs. 2213-2214.
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La parte social, que está en un sobre dentro
del
expediente
judicial,
incluye
los
documentos relacionados con el estudio social
[del tribunal], estudios sicológicos y/o
siquiátricos que solicite el tribunal, y los
informes de progreso y evaluación del menor.
(Énfasis suplido) Nevares-Muñiz, op. cit.,
págs. 86-87.
De lo anterior se desprende que en la parte social
del expediente judicial sólo obrarán los informes sociales
solicitados por el mismo tribunal o producidos durante el
proceso de supervisión del menor, no así los informes
periciales de las partes. Éstos últimos, según expuesto
en las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores,
supra,
deben
ser
incluidos
en
la
parte
legal
del
expediente judicial, una vez presentados en la vista de
renuncia de jurisdicción.
Ahora bien, el expediente judicial al que hemos
aludido está revestido de confidencialidad, así que no
está sujeto a ser evaluado por el público. Nevares-Muñiz,
op. cit., pág. 88. Empero, podrá ser evaluado por la
representación legal del menor, el Procurador de Menores
o
funcionarios
del
tribunal
bajo
estrictas
circunstancias. Íd.
A su vez, y en el contexto específico de la renuncia
de jurisdicción, los expedientes judiciales y su contenido
son determinantes. Ello, ya que los informes incluidos en
éstos tienen el propósito de “elaborar un cuadro general
para
poner
en
posición
al
juzgador
de
declinar
el
ejercicio de su jurisdicción, conforme a los factores del
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Art. 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico”. Pueblo en
interés menor R.H.M., supra, pág. 425.
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta
que procedemos a atender la controversia ante nuestra
consideración.
IV.
De entrada, es menester aclarar que estamos ante un
escenario
extremadamente
particular.
En
esencia,
la
controversia bajo estudio se limita a determinar si es
permisible
que
se
mantenga
en
la
parte
social
del
expediente judicial de un menor de edad un informe social
de un perito de la Procuradora de Menores, presentado
antes de que se celebre cierta vista de renuncia de
jurisdicción. Entendemos que no. Lo anterior, a todas
luces, lacera los más básicos principios del trato justo
y el debido proceso de ley. Nos explicamos.
Comenzamos señalando que, si bien es cierto que la
vista
de
renuncia
de
jurisdicción
es
de
naturaleza
dispositiva, no es menos cierto que tiene repercusiones
monumentales para el menor de edad; se trata sin duda,
como este Tribunal ha sentenciado previamente, de una
“etapa crítica en el procesamiento”. Véase, Pueblo v.
Suárez,
supra.
Es
en
virtud
de
“la
magnitud
de
ese
traslado, por los efectos serios que puedan surgir y para
cumplir con las garantías de un debido proceso de ley”
que la Ley de Menores, supra, enumera unos criterios que
el tribunal debe evaluar al momento de auscultar renunciar
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a su jurisdicción sobre un menor. Pueblo en interés menor
R.H.M., supra, págs. 411-412.
Es, precisamente, mediante los informes sociales que
el
tribunal
evidentemente
evalúa
los
dichos
informes
criterios.
Así
pues,
sociales
un
factor
son
determinante que va a la médula de la controversia ante
la consideración del tribunal: si el menor y la comunidad
se ven beneficiados por que éste se mantenga bajo la
jurisdicción del sistema de justicia juvenil o si procede
que se le procese como adulto, con todas las consecuencias
que ello conlleva.
En lo concerniente al presente caso, y relacionado a
lo anteriormente expuesto, debemos recordar que el informe
que está aquí en controversia fue elaborado por la señora
Rodríguez
Orsini,
Departamento
de
Trabajadora
Justicia
de
Social
Puerto
adscrita
Rico.
Ésta
al
fue
oportunamente anunciada como testigo-perito del Estado,
precisamente para fundamentar y sostener la solicitud de
renuncia de jurisdicción presentada por la Procuradora de
Menores. Como se puede colegir, dicho informe es materia
de prueba, y debido a la importancia trascendental que el
mismo puede tener en la dilucidación de la vista de
renuncia de jurisdicción, no puede ser incluido en el
expediente judicial antes de la celebración de la vista
de referencia.
De modo que, en instancias -- como el presente caso
-- donde una parte presenta un informe pericial, el cual
obra en la sección social del expediente judicial, podemos
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19
concluir que no sólo estaría mal ubicado conforme a las
Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra;
sino
que
--
al
obrar
en
el
expediente
previa
la
celebración de la referida vista -- sería prematuro,
contrario al derecho aplicable y al debido proceso de ley
que le asiste al menor KDTG.
Decidir
lo
contrario
significaría
avalar
la
posibilidad de que el juzgador de los hechos se prejuicie
en torno a los factores enumerados en el Art. 15 de la
Ley de Menores, supra. Esto, ya que -- como es sabido -el expediente de un menor es confidencial, pero sólo en
cuanto al público. Nada impide que el juez o jueza, cuando
así lo desee, verifique el contenido del mismo.
Por otro lado, consentir a la admisión de un informe
a un expediente antes de que se celebre la vista para la
cual fue preparado, sería altamente anómalo. No podemos
concebir una circunstancia donde esté accesible para el
tribunal un informe -- determinante para su decisión -previo a la celebración de la vista. En efecto, sería
incluir
evidencia
antes
de
pasar
juicio
sobre
su
admisibilidad.
Establecido lo anterior, somos del criterio que -en vista de la importancia de este tipo de informe en el
proceso de renuncia de jurisdicción, de la naturaleza de
los procesos de la Sala de Menores, y al palio del trato
justo y el debido proceso de ley -- era impermisible que
el foro primario permitiera la inclusión de la Evaluación
social
sobre
renuncia
de
jurisdicción
y
su
Informe
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suplementario en el expediente judicial del menor KDTG.
Por tanto, erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir
el recurso de certiorari presentado por el menor KDTG.
En fin, consideramos desacertado añadir un escollo
adicional para los menores sujetos al sistema de justicia
juvenil, toda vez que éstos y éstas también son ciudadanos
y ciudadanas con derechos.
V.
Conforme
a
los
fundamentos
antes
expuestos,
hubiésemos acogido la moción en auxilio de jurisdicción
presentada por el menor KDTG, paralizado los procesos ante
el foro primario y expedido la petición de certiorari ante
nuestra
consideración,
para
así
revocar
las
determinaciones del Tribunal de Primera Instancia y el
Tribunal de Apelaciones. Por no ser ese el proceder de
este Tribunal, disentimos.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado