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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo v. Alers De Jesús

2021 TSPR 56

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo v. Alers De Jesús

CC-2020-629

Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2021 TSPR 56

Edwin Alers De Jesús

206 DPR ____

Peticionario

Número del Caso:

CC-2020-629

Fecha: 23 de abril de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel V

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Armando F. Pietri Torres

Materia:

Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2020-0629 Certiorari

Edwin Alers De Jesús

Peticionario

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2021.

A la petición de certiorari, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez

disiente del curso de acción de este Tribunal y emitió un

Voto particular disidente. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez emite la siguiente expresión:

“La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disiente

del proceder mayoritario y emite la expresión

siguiente:

Bajo

la

óptica

de

nuestra

estructura

constitucional, en el Tribunal Supremo tenemos

que

impartir

certeza

jurídica

a

las

controversias que inciden en los derechos

fundamentales de las personas de nuestra

jurisdicción. Era imperativo resolver si, a la

luz del ordenamiento jurídico puertorriqueño,

procede o no la retroactividad del requisito

fundamental de la unanimidad de los veredictos

en juicios por jurado en casos que hayan

advenido finales y firmes. Precisaba, de una

vez, eliminar el limbo jurídico que esta

controversia

impone

a

la

población

correccional.

Ante el carácter novel y la diversidad de

fundamentos jurídicos que atañen a esta

controversia, hubiese expedido y recomendado

la celebración de una vista oral, así como la

intervención de distintos sectores de la

CC-2020-0629

2

comunidad jurídica como amicus curiae para

ilustrar

a

este

Tribunal

sobre

las

implicaciones y repercusiones que podría tener

para nuestro ordenamiento la adopción de una u

otra norma.

Lamento que este Tribunal claudique su

deber

como

máximos

intérpretes

de

la

Constitución y garantes de los derechos

fundamentales

que

cobijan

a

todas

las

personas”.

El Juez Asociado señor Colón Pérez emite la siguiente

expresión:

“El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente

del curso de acción seguido por una mayoría de

este Tribunal en la causa de epígrafe. Ello, por

entender que al igual que el Tribunal Supremo de

los Estados Unidos está atendiendo el recurso de

Edwards v. Vannoy, No. 19-5807, esta Curia debió

expedir el caso de marras a los fines de pautar

el derecho aplicable bajo la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, CONST. ELA,

LPRA, Tomo 1, y la Constitución de los Estados

Unidos de América, CONST EE.UU., LPRA, Tomo 1, a

aquellos escenarios en los que se invoque la

aplicación retroactiva -- en casos finales y

firmes -- de la norma pautada en Ramos v.

Lousiana, 590 US ___ (2020) y Pueblo v. Torres

Rivera, 204 DPR 288 (2020), respecto al requisito

de unanimidad en los veredictos de culpabilidad.”

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2020-0629

Certiorari

Edwin Alers De Jesús

Peticionario

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado

señor ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2021.

Este caso representaba un escenario idóneo para definir

el

alcance

y

la

aplicación

de

la

nueva

exigencia

constitucional sobre el veredicto unánime de culpabilidad

del

jurado

en

nuestra

jurisdicción.

Particularmente,

su

efecto en aquellos casos ya finales y firmes. Sin embargo,

la Mayoría de este Tribunal declinó adentrarse en este asunto

de gran envergadura para nuestro sistema jurídico penal. Por

tal razón, me veo obligado a plasmar mi postura y explicar

los cimientos de la misma.

I

Por hechos ocurridos el 4 de enero de 2008, el Sr. Edwin

Alers De Jesús (señor Alers De Jesús o peticionario) fue

acusado por los Artículos 401 y 405 de la Ley de Sustancias

Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 LPRA sec.

2404 et seq. Tras la celebración del juicio por

jurado,

el

CC-2020-0629

señor

2

Alers

De

Jesús

fue

declarado

culpable

por

ambos

delitos. En lo pertinente, la votación de los miembros del

Jurado fue por mayoría, mas no por unanimidad, a saber: nueve

(9) a tres (3). Así, el 21 de junio de 2012, el tribunal

sentenció al peticionario. Tal sentencia advino final y

firme.

A raíz de lo resuelto el pasado año en los casos de Ramos

v. Louisiana, infra, y Pueblo v. Torres Rivera, infra, sobre

la

exigencia

constitucional

de

veredicto

unánime

de

culpabilidad, el señor Alers De Jesús solicitó la celebración

de un nuevo juicio. Ello, con el fin de beneficiarse de tal

protección constitucional, pues el veredicto de culpabilidad

emitido por el jurado en su contra no fue unánime.1

Al evaluar el planteamiento del señor Alers De Jesús, el

Tribunal de Primera Instancia razonó que se trataba de un

caso final y firme, por lo que no procedía la aplicación

retroactiva

de

la

norma

constitucional

invocada.

Por

consiguiente, denegó la petición del nuevo juicio.

En desacuerdo, el señor Alers De Jesús acudió al Tribunal

de Apelaciones, el cual denegó la expedición de su recurso.2

Con fundamentos muy similares a los empleados por el foro

primario, el tribunal apelativo intermedio entendió que la

solicitud de nuevo juicio del señor Alers De Jesús era

1El

tribunal ordenó al Ministerio Público

postura sobre tal solicitud, pero no compareció.

2El

fijar

su

Sr. Edwin Alers De Jesús presentó un recurso de

apelación, pero fue acogido por el Tribunal de Apelaciones

como un certiorari.

CC-2020-0629

3

improcedente.

Particularmente,

concluyó

que

la

nueva

normativa constitucional no era de aplicación por el hecho

de que su sentencia ya había advenido final y firme.

Aún inconforme, el señor Alers De Jesús presentó un

recurso de certiorari ante este Alto Foro. En su recurso,

nos invita a reconocer la aplicación retroactiva de la nueva

norma de índole constitucional que incluye el requisito de

veredicto unánime de culpabilidad como parte del derecho

fundamental

al

juicio

por

jurado.

A

tales

efectos,

particulariza que, al haber sido encontrado culpable por un

veredicto de pluralidad, “está cumpliendo [una] pena de

reclusión

bajo

reglas

de

juego

que

fueron

declaradas

inconstitucionales”.

No obstante, ante este escenario, la Mayoría de este

Tribunal opta por denegar el recurso del señor Alers De Jesús

y, con ello, la oportunidad de reconocerle la protección

constitucional que le cobija. Por no coincidir

con tal

proceder, disiento.

A continuación, los fundamentos de derecho que amparan

mi disenso.

II

A.

La Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos reconoce expresamente el derecho de todo acusado a

ser juzgado por

un jurado imparcial.

Enmda. VI, Const.

EE.UU., LPRA, Tomo 1. De igual modo, la Constitución de

Puerto Rico reconoce tal derecho. Art. II, Sec. 11, Const.

CC-2020-0629

4

PR, Tomo 1. Ello implica que todo acusado o acusada tiene

derecho a que la prueba que se presente en su contra sea

evaluada y adjudicada por un grupo imparcial de sus pares

con

el

fin

último

de

impregnar

el

juicio

criminal

de

imparcialidad.

Así lo ha expresado el Tribunal Supremo de Estados

Unidos:

A right to jury trial is granted to criminal

defendants in order to prevent oppression by the

Government. Those who wrote our constitutions

knew from history and experience that it was

necessary to protect against unfounded criminal

charges brought to eliminate enemies and against

judges too responsive to the voice of higher

authority. The framers of the constitutions

strove to create an independent judiciary but

insisted

upon

further

protection

against

arbitrary action. Providing an accused with the

right to be tried by a jury of his peers gave him

an inestimable safeguard against the corrupt or

overzealous prosecutor and against the compliant,

biased, or eccentric judge. Duncan v. State of

Louisiana, 391 US 145, 155-156 (1968).

Sin embargo, a pesar de que la Constitución de Estados

Unidos reconoce categóricamente el derecho a juicio por

jurado, no fue hasta el año 1968, en Duncan v. State of

Louisiana,

supra,

que

el

mismo

fue

elevado

a

rango

fundamental y, en consecuencia, exigible ante los estados.

Asimismo, aun cuando a nivel federal se consideraba el

voto

unánime

del

jurado

como

parte

de

tal

derecho

constitucional, varios estados, como Louisiana y Oregon, al

igual

que

Puerto

Rico,

mantenían

en

sus

respectivas

jurisdicciones la votación del jurado por mayoría. En el

pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos validó tal

CC-2020-0629

5

práctica estatal al no considerar el veredicto unánime de

culpabilidad como parte de un derecho fundamental. Apodaca

v. Oregon, 406 US 404 (1972); Johnson v. Louisiana, 406 US

356 (1972).3

Ahora bien, tal razonamiento tuvo fin con la decisión

de Ramos v. Louisiana, 590 US ___ (2020). Allí, el Tribunal

Supremo de Estados Unidos determinó que el veredicto unánime

de culpabilidad era parte esencial del derecho constitucional

a un juicio imparcial, por lo que tenía que aplicarse a los

estados mediante la Decimocuarta Enmienda del debido proceso

de ley.4 En su análisis, el Alto Foro federal reconoció que

la concepción de la votación por mayoría en los únicos dos

(2)

estados

donde

se

practicaba

tenía

arraigos

discriminatorios de índole racial.

B.

En Puerto Rico, no fue hasta principios del siglo pasado

que se incorporó el juicio por jurado en casos criminales.

3Bajo

ese entendido, este Tribunal resolvió que la

unanimidad en el veredicto no era un derecho fundamental

oponible a los estados y territorios. Pueblo v. Casellas

Toro, 197 DPR 1003 (2017).

4La

Corte Suprema Federal identificó la controversia

ante sí de la siguiente manera: “[w]e took this case to

decide whether the Sixth Amendment right to a jury trial —as

incorporated against the States by way of the Fourteenth

Amendment— requires a unanimous verdict to convict a

defendant of a serious offense”. (Énfasis suplido). Ramos v.

Louisiana, 590 US ___ (2020). La opinión mayoritaria,

haciendo un análisis de la Sexta Enmienda, en específico del

término trial by an impartial jury, concluyó que dicho

término exige el requisito de la unanimidad para un veredicto

de culpabilidad. En ese mismo párrafo concluyen que “a jury

must reach a unanimous verdict in order to convict”. Íd.

CC-2020-0629

Pueblo

v.

6

Narváez

Narváez,

122

DPR

80

(1988).

“Esta

institución, ajena a nuestra tradición civilista, proviene

del sistema de derecho común anglosajón [y] nos llega a

través de Estados Unidos”. Íd., pág. 84.

Como cuestión de hecho, la Ley Foraker y la Ley Jones

guardaban silencio sobre la institución del jurado, por lo

que ésta fue implementada en nuestra jurisdicción a través

de legislación en el año 1901. J. Trías Monge, Historia

constitucional de Puerto Rico, Vol. III, Editorial de la

Universidad

de

Puerto

Rico

(1982),

pág.

194;

Ley

estableciendo el juicio por jurado en Puerto Rico de 12 de

enero de 1901.

Por su parte, la Ley sobre procedimientos en los juicios

por jurado de 31 de enero de 1901, disponía que el jurado

sería un cuerpo de doce (12) hombres elegidos de entre los

habitantes de un determinado distrito, los cuales serían

revestidos de poder para conocer como Juez en cuestiones de

hechos. En específico, la Sección 2 exigía que los doce (12)

hombres

estuvieran

unánimemente

conformes

en

cualquier

veredicto que emitiesen. Asimismo, ello fue incorporado en

el Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902:

Art. 185- Un jurado constará de doce hombres que

deben estar unánimemente conformes en cualquier

veredicto que dicte. (Énfasis suplido).

Como

puede

verse,

en

nuestra

jurisdicción,

la

institución del jurado inició con un requisito de unanimidad

en los veredictos.

CC-2020-0629

7

Ahora bien, no fue hasta el año 1948 que se introdujo el

veredicto por mayoría en nuestra jurisdicción,5 lo cual fue

posteriormente elevado a rango constitucional en el año 1952.

E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 285. Así, se

enmendó el Artículo 185 del entonces Código de Enjuiciamiento

Criminal de Puerto Rico para que leyera:

Art. 185- En todos los casos en que, conforme a

las leyes de Puerto Rico, un jurado deba rendir

un veredicto, dicho veredicto será por acuerdo

de no menos de tres cuartas partes (3/4) del

jurado.

Tal cambio en nuestro ordenamiento jurídico no fue

casualidad, sino que constituyó una reacción a la realidad

que vivía nuestra sociedad en aquel entonces. Es decir, entre

los años 1947 y 1952, se maquinaron estos cambios para

lamentablemente

facilitar

la

persecución

por

ideologías

políticas. El aumento en la actividad nacionalista, a partir

del regreso de Don Pedro Albizu Campos, motivó limitaciones

al derecho a juicio por jurado como lo sería la permisión de

veredictos por mayoría. J. Trías Monge, op. cit., pág. 194.

“No requerir unanimidad era parte de esa corriente: no se quería que

se ‘colaran’ algunos disidentes en los jurados que obstaculizaran la

voluntad de la mayoría política del momento”. J. Fontanet, La

unanimidad entre racistas y carpeteros, El Nuevo Día, 3 de mayo de

2020. De este modo, los veredictos por mayoría sirvieron para obtener

convicciones

5Ley

contra

líderes

del

Partido

Núm. 11 del 19 de agosto de 1948.

Nacionalista

de

CC-2020-0629

8

Puerto Rico que abogaban por el derrocamiento del Gobierno

de Puerto Rico. C. Noriega, El Derecho a juicio por jurado

en Puerto Rico, 11 Rev. Jur. UIPR 15, 28 (1976).

Como

proceso

consecuencia

de

elaborar

la

de

tal

realidad

Constitución

y

social,

el

todo

Estado

el

Libre

Asociado de Puerto Rico estuvo políticamente viciado por la

persecución desatada contra los grupos independentistas. I.

Acosta, La Mordaza, Editorial Edil, Inc., Rio Piedras, 1989,

pág. 235.

De inicio, el derecho a juicio por jurado no estaba

contemplado para ser incluido en la Constitución, sino que

meramente se trataba de un asunto legislativo. La delegación

socialista fue quien defendió vigorosamente este derecho, al

punto que logró que el juicio por jurado formara parte de

nuestra Constitución. J., Trías Monge, op. cit., pág. 194.

Sin embargo, no se logró imponer la unanimidad como así lo

pretendía la delegación socialista.

Contrario

a

la

posición

socialista,

que

favorecía los veredictos por acción unánime de

los jurados, se dispuso, no obstante, que los

veredictos podrían rendirse por no menos de

nueve [9] jurados, dejando libre a la Asamblea

Legislativa a requerir un número mayor de votos,

o la unanimidad, si así lo desease más tarde.

Las mismas razones que llevaron en 1948 a

legalizar los veredictos por mayoría impidieron

que la delegación popular aceptase en su

totalidad la propuesta socialista. Íd.6

6Del

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente

se desprende que hubo un intento por no plasmar el asunto de

la votación mayoritaria en la Constitución, de modo que fuera

un asunto delegado a la Asamblea Legislativa. La respuesta a

ello fue la siguiente:

Sr. BENITEZ: Con relación a la enmienda del compañero

Fonfrías quiero decir que nuestro temor ha sido el de que,

CC-2020-0629

9

Finalmente, el lenguaje aprobado en la Constitución

de Puerto Rico lee como sigue:

En los procesos por delito grave el acusado

tendrá derecho a que su juicio se ventile ante

un jurado imparcial compuesto por doce vecinos

del distrito, quienes podrán rendir veredicto

por mayoría de votos en el cual deberán

concurrir no menos de nueve. (Énfasis suplido).

Art. II, Sec. 11, Const. PR, Tomo 1.

Desde ese entonces, varios juristas han defendido el

restablecimiento

del

requisito

de

la

unanimidad

en

el

veredicto de culpabilidad, ya que éste “enaltece el principio

supremo de la duda razonable, le exige al jurado deliberar

con

mayor

interés,

profundidad,

detenimiento

y

responsabilidad y porque propende a que la justicia se

dispense sin prejuicio, sin pasión y sin premura”. R. Cardona

Ubiñas, Veredicto por unanimidad, Claridad, 28 de abril de

2020,

https://www.claridadpuertorico.com/veredicto-por

unanimidad/ (última visita 9 de octubre de 2020).

C.

Como mencioné, tan reciente como el pasado año, el

Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos

reconoció

que

la

unanimidad en el veredicto de culpabilidad de un jurado forma

parte

del

derecho

fundamental

a

un

juicio

por

jurado

sobre la base de la jurisprudencia establecida en lo que toca

a la expresión “juicio por jurado” en el derecho anglosajón,

el concepto de “juicio por jurado” quiere decir “juicio por

jurado con veredicto unánime.” De suerte que acceder a la

enmienda que propone el compañero Fonfrías sería sacarle

mucho más de manos de la [Asamblea] Legislativa porque

entonces quedaría, con arreglo a esta jurisprudencia, fijado

indefectiblemente en doce el número de jurados que habrían

de coincidir. Íd., pág. 1940 (versión digital).

CC-2020-0629

10

imparcial, por lo que elevó igualmente ese requisito a uno

de naturaleza fundamental. Ramos v. Louisiana, supra.

Por tratarse de un derecho fundamental, este nuevo

requisito constitucional se extiende y aplica a los estados

y a Puerto Rico. Así fue reconocido en Pueblo v. Torres

Rivera,

2020

TSPR

42,

204

DPR

__

(2020),

en

el

cual

implementamos por primera vez tal requisito constitucional

en nuestra jurisdicción. Ahora bien, en esa ocasión, nos

limitamos a reconocer su aplicación a casos que aún no fuesen

finales y firmes por ser esa la controversia que teníamos

ante nuestra consideración. Ello, distinto al caso de autos,

el cual exige que nos expresemos en torno a la aplicabilidad

de esta nueva norma constitucional a un caso final y firme.

D.

Como premisa general, una nueva norma constitucional de

carácter penal se aplica retroactivamente a todos los casos

que al momento de su adopción no hubieran advenido finales y

firmes.

Griffith

v.

Kentucky,

479

US

314

(1987).(“We

therefore hold that a new rule for the conduct of criminal

prosecutions is to be applied retroactively to all cases,

state or federal, pending on direct review or not yet final,

with

no

exceptions

for

cases

in

which

the

new

rule

constitutes a clear break with the past”.) Este principio ha

sido

reconocido

y

aplicado

en

nuestra

jurisdicción

en

numerosas ocasiones. Véase, Pueblo v. González Cardona, 153

DPR 765, 771 (2001); Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950

(2010); Pueblo v. Thompson Faberllé, 180 DPR 497, 505 (2010);

CC-2020-0629

11

Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709 (2012); Pueblo v. Torres

Irizarry, 199 DPR 11 (2017); Pueblo v. Torres Rivera, supra.

Ahora bien, esta norma general federal tiene ciertas

excepciones que permiten la aplicación retroactiva de la

nueva regla a casos finales y firmes. Para ello, debemos

referirnos a los parámetros plasmados en Teague v. Lane, 489

US 288 (1989). En ese caso, aun cuando se reiteró que la

norma general era la no retroactividad a casos ya finales y

firmes,

se

permiten.7

reconocieron

Tales

dos

(2)

excepciones

que

excepciones

son

fundamentales

sí

lo

para

la

controversia que tenemos ante nuestra consideración.

En Teague v. Lane, supra, el Máximo foro federal delineó

la fórmula para determinar la retroactividad de una norma

penal. La doctrina se resume como sigue:

In Teague and subsequent cases, we have laid out

the framework to be used in determining whether

a rule announced in one of our opinions should

be applied retroactively to judgments in

criminal cases that are already final on direct

review. Under the Teague framework, an old rule

applies both on direct and collateral review,

but a new rule is generally applicable only to

cases that are still on direct review. A new

rule applies retroactively in a collateral

proceeding only if (1) the rule is substantive

or (2) the rule is a “‘watershed rul[e] of

criminal procedure’ implicating the fundamental

fairness

and

accuracy

of

the

criminal

proceeding.” (Citas omitidas). Whorton v.

Bockting, 549 US 406, 416 (2007).

7En

Teague v. Lane, 489 US 288 (1989), la Corte Suprema

de los Estados Unidos se apartó de su precedente Linkletter

v. Walker, 381 US 618 (1965), a los fines de darle mayor

uniformidad a la norma de retroactividad. (“Application of

the Linkletter standard led to the disparate treatment of

similarly situated defendants on direct review.”)

CC-2020-0629

12

Así, de ordinario, una nueva norma aplicará sólo a los

casos que estén pendientes ante los tribunales, entiéndase,

que no son finales y firmes. Welch v. US, 578 US ___, 136

S.Ct. 1257 (2016) (“Under Teague, as a general matter, ‘new

constitutional

rules

of

criminal

procedure

will

not

be

applicable to those cases which have become final before the

new rules are announced’.”)

Ahora

bien,

acorde

con

la

doctrina

federal

antes

resumida, la norma general tiene dos (2) excepciones. La

primera

es

que

una

nueva

regla

penal

de

carácter

constitucional declarada jurisprudencialmente sí podrá tener

efecto retroactivo a casos finales y firmes si se clasifica

como una regla sustantiva. Íd.; Schriro v. Summerlin, 542 US

348, 351 (2004). Una regla es sustantiva si incide en la

conducta a ser penalizada o en la clasificación de personas

que serán castigadas por ese estatuto penal. Íd. (“A rule is

substantive rather than procedural if it alters the range of

conduct or the class of persons that the law punishes.”)

Dicho de otro modo: “rules forbidding criminal punishment of

certain primary conduct, as well as ‘rules prohibiting a

certain category of punishment for a class of defendants

because

of

their

status

or

offense’.”

Montgomery

v.

Louisiana, 577 US___, 136 S.Ct. 718, 728 (2016) . En ese

sentido, las reglas sustantivas se diferencian de las reglas

procesales debido a que estas últimas “regulate only the

manner of determining the defendant's culpability.” Welch v.

US, supra.

CC-2020-0629

13

La segunda excepción a la norma de retroactividad lo

son las reglas procesales clasificadas como watershed. Por

tanto, estas reglas también podrían tener efecto retroactivo,

aunque los casos hayan advenidos finales y firmes. Estas son

reglas procesales que implican “the fundamental fairness and

accuracy

of

the

criminal

proceeding.”

Íd.;

Schriro

v.

Summerlin, supra. Así, para clasificar una regla procesal

como watershed, tienen que estar presentes los siguientes

requisitos:

(1)

la

regla

tiene

que

ser

necesaria

para

prevenir “an ‘impermissibly large risk’ of an inaccurate

conviction”, y (2) la regla debe “alter our understanding of

the bedrock procedural elements essential to the fairness of

a proceeding.” Whorton v. Bockting, supra, pág. 418.

Un ejemplo de lo que se ha considerado un watershed rule

bajo el esquema federal lo es Gideon v. Wainwright, 372 US

335 (1963). Íd., pág. 407. En ese caso, el Tribunal Supremo

federal aplicó a un recurso de habeas corpus la nueva norma

allí

reconocida

y

extendió

a

los

estados

el

derecho

a

asistencia de abogado como un derecho fundamental y parte

esencial de un juicio justo. (“The right of one charged with

crime to counsel may not be deemed fundamental and essential

to fair trials in some countries, but it is in ours. From

the very beginning, our state and national constitutions and

laws have laid great emphasis on procedural and substantive

safeguards designed to assure fair trials before impartial

tribunals in which every defendant stands equal before the

law.”).

CC-2020-0629

14

Así, según adelanté en mi expresión concurrente en

Pueblo v. Torres Rivera, supra, para efectos de evaluar la

retroactividad de una nueva norma constitucional, más allá

de la etapa procesal en la que se encuentren los casos, se

debe evaluar su contenido. Si la norma es sustantiva o

watershed, se aplicará a todos los casos, independientemente

hubiesen advenido finales y firmes. Por el contrario, si

fuese una norma únicamente procesal, solo se aplicaría a los

casos pendientes de revisión ante los distintos tribunales.

Con tal panorama, los tribunales estamos obligados a

evaluar, en primer lugar, si la nueva norma constitucional

es de naturaleza sustantiva, procesal o watershed, de modo

que estemos en posición de determinar el alcance de su

retroactividad. Dependiendo de tal ejercicio, es que se podrá

aplicar correctamente su alcance.8

8En

Ramos v. Louisiana, supra, por voz del Juez Gorsuch,

se reconocen las excepciones al postulado general de que la

retroactividad de nuevas normas jurisprudenciales penales de

carácter constitucional se extiende únicamente a casos

pendientes ante los tribunales. Así, reconociendo la

posibilidad de que la nueva norma constitucional allí pautada

pudiera extenderse a casos ya finales y firmes. Íd., pág. 24

(Gorsuch, J. Op.) (“Under Teague v. Lane, [489 US 288

(1989),] newly recognized rules of criminal procedure do not

normally apply in collateral review. True, Teague left open

the possibility of an exception for “watershed rule” the

watershed doctrine, a new due process right applies to final

convictions only when that protection manifestly improves

the accuracy of convictions and does no less than “alter our

understanding of the bedrock procedural elements.” The

retroactive application of these so-called watershed rules

benefits not only defendants facing trial or appealing guilty

verdicts, but also those who have exhausted their appeals. A

defendant whose conviction and sentence has become final can

invoke this doctrine in any habeas proceeding or other suit

for post-conviction relief. When backdating that due process

reform casts doubt on whether a prisoner’s guilty verdict

CC-2020-0629

15

E.

Reconozco que es una realidad que el Tribunal Supremo

de Estados Unidos ha aplicado de manera muy restrictiva la

excepción del watershed rule. Esta visión e interpretación

restrictiva se debe a la importancia conferida a ciertos

principios, como la deferencia a las cortes estatales y a la

finalidad de sus sentencias. “The real problem with the

application of the Teague doctrine rests in its favoring of

the principles of finality and comity over the values of

fundamental fairness and equality under the law." (Énfasis

suplido). W. Berry III, Normative retroactivity, 19 U. Pa.

J. Const. L. 485, 513 (2016). Tal interpretación ha generado

múltiples críticas por convertir la excepción del watershed

rule en una prácticamente inoperante en la esfera federal.9

was accurate or whether his trial” “implicat[ing]

fundamental fairness [and accuracy] of the trial.”).

the

9Según

lo expresaron los Jueces Anderson y Page en su

disidencia en el caso Danforth v. State, 761 N.W. 2d 493,

500-501 (2009), de la Corte Suprema de Minnesota:

The policy interests of finality and uniformity addressed by

Teague are important, but I conclude that the Supreme Court

has applied the Teague rule so narrowly and strictly that

many cases involving constitutional safeguards that warrant

collateral review have not or will not receive such review.

Unlike the majority, I conclude that the fact there have been

no “watershed” rules announced by the Court in the 19 years

since it decided Teague sends a signal that the Teague test

as applied by the Court is “unyielding or unworkable.” I

acknowledge that Teague may be more workable and applicable

in the context of preventing excessive interference by federal habeas

courts in their review of state court decisions. Nevertheless, when

reviewing state criminal convictions, we should not limit our

discretion in deciding retroactivity so narrowly. We should recognize

the Court's acknowledgment that Teague is designed to address federal

concerns and accept the Court's invitation to formulate our

own rule to suit our own needs. (Énfasis suplido).

CC-2020-0629

16

No obstante, ante esa realidad, es menester reconocer que

estamos facultados para desligarnos de tal interpretación

limitada. Sin embargo, en la controversia ante nos, se

satisface

el

institución

jurídico,

esquema

del

de

jurado

incluyendo

Teague,

conforme

los

máxime

a

al

analizar

nuestro

principios

y

la

ordenamiento

los

derechos

fundamentales reconocidos por la Constitución de Puerto Rico.

Sabido

es

que

la

aplicabilidad

de

un

derecho

constitucional federal constituye sólo el ámbito mínimo de

ese

derecho.

norteamericano,

Ello,

pues

en

el

Tribunal

el

derecho

Supremo

de

constitucional

Estados

Unidos

establece el estándar mínimo de los derechos que tienen que

garantizar los demás tribunales de la nación. L. Rivera

Román, Los derechos de los acusados en los procedimientos

penales bajo la Constitución de Puerto Rico y los Estados

Unidos, 46 Rev. Jur. UIPR 417, 421 (2012).

Por

tal

razón,

el

Tribunal

Supremo

de

un

estado,

incluyendo a Puerto Rico, puede interpretar su Constitución

para darle a un derecho un ámbito de protección mayor, lo

que puede redundar en una garantía más abarcadora que la

reconocida por la Constitución federal. Pueblo v. Díaz,

Bonano, 176 DPR 601, 621 (2009). Así, el alcance de una

cláusula federal, aplicable a Puerto Rico, es lo mínimo a lo

que están obligados los tribunales de la Isla. E.L. Chiesa

Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados

Unidos,

Ed.

Forum,

Vol.

I,

1991

pág.

39.

Al

proveer

únicamente el contenido mínimo, la Corte Suprema federal no

CC-2020-0629

17

tiene ante sí los principios constitucionales y estatutarios

propios

de

nuestro

precisamente

nos

ordenamiento

permiten

ampliar

jurídico,

la

los

protección

que

e

interpretación de tal contenido mínimo. Véase, Pueblo v.

Ferrer Maldonado, 201 DPR 974 (2019) (Opinión disidente del

Juez Asociado Estrella Martínez). De una manera más simple:

podemos dar más, pero no menos.

Por ende, la norma federal de retroactividad antes

resumida no impide que un estado o Puerto Rico pueda ampliar

el alcance de tal retroactividad; lo que no podría hacer es

reducir su alcance. Entiéndase, un estado no se puede negar

a aplicar retroactivamente una nueva norma constitucional si

así lo exige la doctrina; pero si, por el contrario, la

doctrina no exige tal retroactividad, los estados sí podrían

adoptarla en sus respectivas jurisdicciones. Esto, no sólo

por la doctrina del contenido mínimo, sino porque así lo ha

reconocido

expresamente

el

Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos.

Precisamente, en Danforth v. Minnesota, 552 US 264

(2008), el Tribunal Supremo aclaró que el esquema de Teague

no limita la autoridad de las cortes estatales para ampliar

esta doctrina de retroactividad, lo que implica que los

estados pueden ofrecer mayor retroactividad que la ofrecida

a nivel federal. (“A close reading of the Teague opinion

makes clear that the rule it established was tailored to the

unique context of federal habeas and therefore had no bearing

on whether States could provide broader relief in their own

CC-2020-0629

18

postconviction proceedings than required by that opinion.”)

A tales efectos, expresó:

In sum, the Teague decision limits the kinds of

constitutional violations that will entitle an

individual to relief on federal habeas, but

does not in any way limit the authority of a

state court, when reviewing its own state

criminal convictions, to provide a remedy for

a violation that is deemed “nonretroactive”

under Teague. Íd.

Es por ello que varios tribunales supremos estatales

han

adoptado

en

sus

respectivas

jurisdicciones

unas

interpretaciones más abarcadoras sobre las excepciones de

Teague.10 En ese sentido, algunos tribunales “inflate Supreme

Court doctrine by retroactively apply[ing] new procedural

rules in ways that manifestly diminish Teague's exacting

requirements”.

D.

Fox

and

A.

Stein,

Constitutional

Retroactivity in Criminal Procedures, 91 Wash. L. Rev. 463,

494 (2016).

A modo de ejemplo, en Colwell v. State, 118 Nev. 807

(2002), la Corte Suprema de Nevada, reconoció la aplicación

de las excepciones de Teague, más dio una interpretación más

abarcadora

a

los

criterios

de

un

watershed

rule.

En

específico, estableció que "we do not distinguish a separate

requirement of ‘bedrock’ or ‘watershed’ significance: if

accuracy is seriously diminished without the rule, the rule

is significant enough to warrant retroactive application.”

10Para

ejemplos de casos estatales en los que se

clasificó una norma como watershed rule y así se aplicó

retroactivamente, véase: Talley v. State, 640 S.E.2d 878

(2007); State v. Zuniga, 444 S.E.2d 443 (1994).

CC-2020-0629

19

En consecuencia, la pregunta a hacerse es: “did it establish

a procedure without which the likelihood of an accurate

conviction is seriously diminished?” Íd.

La

decisión

de

apartarse

de

la

interpretación

del

Tribunal Supremo de Estados Unidos se ancló en el siguiente

análisis:

Teague is not controlling on this court, other

than in the minimum constitutional protections

established by its two exceptions. In other

words,

we

may

choose

to

provide

broader

retroactive application of new constitutional

rules of criminal procedure than Teague and its

progeny require. The Supreme Court has recognized

that

states may apply new constitutional

standards “in a broader range of cases than is

required” by the Court's decision not to apply

the standards retroactively. As the Oregon

Supreme Court has stated: “we are free to choose

the degree of retroactivity or prospectivity

which we believe appropriate to the particular

rule under consideration, so long as we give

federal constitutional rights at least as broad

a scope as the United States Supreme Court

requires.” Íd. págs. 817-818.

A lo anterior, añadió que:

We appreciate that strictly constraining

retroactivity serves the Supreme Court's

purpose of circumscribing federal habeas

review of state court decisions, but as a state

court we choose not to bind quite so severely

our own discretion in deciding retroactivity.

We therefore choose to adopt with some

qualification the approach set forth in Teague.

We adopt the general framework of Teague, but

reserve our prerogative to define and determine

within this framework whether a rule is new and

whether it falls within the two exceptions to

nonretroactivity (as long as we give new federal

constitutional rules at least as much retroactive

effect as Teague does). (Énfasis suplido).11

11El

Tribunal Supremo de Connecticut en Casiano v.

Commissioner of Correction, 317 Conn. 52 (2015), determinó

que la entonces nueva norma de Miller v. Alabama, 567 US 460

(2012),

era

un

watershed

rule,

aplicándola

así

CC-2020-0629

20

Por otra parte, la Corte Suprema de Delaware clasificó

los parámetros para imponer las penas de muertes como un

watershed rule y aplicó su nueva norma de manera retroactiva

a los casos finales y firmes. Powell v. Delaware, 153 A.3d 69

(2016).

Específicamente,

la

nueva

norma

exigía

que

los

necessary findings fueran determinados por un jurado unánime

y más allá de duda razonable. Así, la Corte Suprema de

Delaware razonó que el cambio en el estándar de la prueba

incidía en la noción de lo que es un fundamental fairness y

en la certeza del fallo de culpabilidad. Por consiguiente,

resolvió que requería una aplicación retroactiva a todos los

casos, incluidos los finales y firmes.

Por otro lado, incluso la Corte Suprema de Minnesota

advirtió que:

retroactivamente en su jurisdicción. A tales efectos, razonó

que “[i]f failing to consider youth and its attendant

characteristics

creates

a

risk

of

disproportionate

punishment in violation of the eighth amendment, then the

rule in Miller assuredly implicates the fundamental fairness

of a juvenile sentencing proceeding because it is a ‘basic

precept of justice’ that punishment must be proportionate

‘to both the offender and the offense’.” Íd., págs. 70-71.

Asimismo, agregó que: “In other words, our understanding of

the bedrock procedural element of individualized sentencing

was altered when the court intertwined two strands of its

eighth amendment jurisprudence to require consideration of

new factors for a class of offenders to create a presumption

against a particular punishment.” Íd.

Aun cuando, posteriormente, en Montgomery v. Louisiana,

577 US___, 136 S.Ct. 718, 728 (2016) , el Tribunal Supremo

de

Estados Unidos dispuso que tal norma era sustantiva y exigió

su aplicación retroactiva, el análisis aplicado por la Corte

Suprema de Connecticut resulta persuasivo para apreciar cómo

los

estados

han

interpretado

en

sus

respectivas

jurisdicciones los criterios de un watershed rule.

CC-2020-0629

21

Still, even as we formally adopt the Teague

standard of our own volition, we are not bound

by the U.S. Supreme Court's determination of

fundamental

fairness.

Rather,

we

will

independently review cases to determine whether

they meet our understanding of fundamental

fairness. Danforth v. State, 761 N.W.2d 493

(2009).

Ahora bien, en Montgomery v. Louisiana, supra, la Corte

Suprema de Estados Unidos aclaró que, aun cuando los estados

tienen la libertad de ampliar la retroactividad de una nueva

norma penal constitucional en sus jurisdicciones, éstos no

pueden negarse a aplicar retroactivamente una norma así

fijada por la doctrina jurisprudencial. En este caso, se

determinó que cierta norma constitucional clasificada como

sustantiva tenía que ser aplicada retroactivamente a todos

los casos, incluidos los ya finales y firmes, como un asunto

de

mandato

constitucional.

En

palabras

del

Máximo

foro

federal:

The Court now holds that when a new substantive

rule of constitutional law controls the outcome

of a case, the Constitution requires state

collateral review courts to give retroactive

effect to that rule. Teague's conclusion

establishing

the

retroactivity

of

new

substantive rules is best understood as resting

upon

constitutional

premises.

That

constitutional command is, like all federal law,

binding on state courts.

A modo de resumen, la Profa. Iris Rosario Nieves nos

explica que:

[C]uando la Corte Suprema de los Estados Unidos

enuncia una nueva norma de carácter constitucional, los

estados vienen obligados a determinar, previo al

alcance de la retroactividad, si la misma es de

naturaleza procesal, sustantiva o procesal medular

(watershed). Del resultado de ese ejercicio, podrá

concluirse, de acuerdo con las excepciones

CC-2020-0629

22

de Teague, si la aplicación retroactiva de la

norma alcanza a casos que ya advinieron finales

y firmes. En esa encomienda, los estados están

en la libertad de decidir si otorgar mayor

amplitud retroactiva a una norma meramente

procesal, por ejemplo; es decir, aplicarla a

casos que ya hubiesen advenido finales y firmes.

Esa libertad, sin embargo, no debe confundirse

con el hecho de que cuando se está ante una norma

de naturaleza sustantiva, la misma debe ser

aplicada retroactivamente, puesto que los

estados no tienen discreción para hacer lo

contrario, aun en casos finales y firmes. I.

Rosario Nieves, Alcance de la retroactividad de

las

normas

constitucionales

enunciadas

jurisprudencialmente: una réplica al profesor

Ernesto Chiesa, In Rev, 19 de abril de 2019,

http://revistajuridica.uprrp.edu/inrev/index.p

hp/2019/04/19/alcance-de-la-retroactividad-delas-normas

constitucionales-enunciadasjurisprudencialmente-una-replica-al-profesorernesto-chiesa/.

Así también lo reconoció la disidencia en Ramos v.

Louisiana, supra, al destacar la posibilidad de que las

cortes estatales pudieran extender la aplicación retroactiva

de esta nueva norma constitucional que nos ocupa. (“And in

Oregon, the State most severely impacted by today’s decision,

watershed status may not matter since the State Supreme Court

has reserved decision on whether state law gives prisoners a

greater

opportunity

to

invoke

collateral proceedings.”).

new

precedents

in

state

(Alito J. Opinión disidente).

Cónsono con ello, el Juez Alito añadió que:

Under our case law, a State must give

retroactive

effect

to

any

constitutional

decision that is retroactive under the standard

in Teague v. Lane, 489 U.S. 288, 109 S.Ct. 1060,

103 L.Ed.2d 334 (1989), but it may adopt a

broader retroactivity rule. Montgomery v.

Louisiana, 577 U.S. –-- (2016); Danforth v.

Minnesota, 552 U.S. 264, 275 (2008). Íd.

CC-2020-0629

23

Precisamente, a raíz de Ramos v. Louisiana, supra, la

Jueza

Presidenta

adelantado

que

del

la

Tribunal

nueva

norma

Supremo

de

de

Luisiana

ha

unánime

de

veredicto

culpabilidad debe aplicar en su jurisdicción a todos los

casos, incluso aquellos finales y firmes. State v. Gipson,

296 So.3d 1051 (2020); Dennis v. Vannoy, 299 So.3d 54 (2020)

(Mem).

Tal razonamiento encuentra apoyo ya sea

bajo la

interpretación de Teague v. Lane, supra, por tratarse de un

watershed

rule,

o

bajo

la

propuesta

de

apartarse

completamente de tal normativa federal y adoptar un nuevo

estándar de retroactividad a nivel estatal.12

III

A.

Como he mencionado, la controversia presente en el caso

del señor Alers De Jesús se reduce a determinar si la nueva

norma constitucional de carácter penal sobre el requisito de

un veredicto unánime de culpabilidad debe aplicar en nuestra

jurisdicción de manera retroactiva a casos ya finales y

firmes. Ello, pues no existe duda en que esta nueva norma

12Véase,

State v. Thomas, 306 So.3d 430 (2020) (Mem);

State v. Withers, 306 So.3d 429 (2020) (Mem); State v.

Walker, 304 So.3d 63 (2020) (Mem); State v. Brooks, 302 So.3d

1112 (2020) (Mem); Cassard v. Vannoy, 302 So.3d 523 (2020)

(Mem); State v. Johnson, 301 So.3d 1177 (2020) (Mem); State

v. Sims, 301 So.3d 17 (2020) (Mem); State v. Kidd, 300 So.3d

828 (2020) (Mem); State v. Carter, 300 So.3d 834 (2020)

(Mem); Lawson v. State, 300 So.3d 858 (2020) (Mem); State v.

Johnson, 300 So.3d 858 (2020) (Mem); Hernández v. Vannoy,

300 So.3d 857 (2020) (Mem); State v. Triplett, 300 So.3d 854

(2020) (Mem); State v. Spencer, 300 So.3d 855 (2020) (Mem);

State v. Williams, 300 So.3d 856 (2020) (Mem); State v.

Eaglin, 300 So.3d 840 (2020) (Mem); Smith v. State, 300 So.3d

859 (2020) (Mem).

CC-2020-0629

24

aplica a casos activos en nuestros tribunales, según lo

reconocimos en Pueblo v. Torres Rivera, supra.

Para recapitular, ya sabemos que la normativa federal de

retroactividad

respecto

a

las

nuevas

normas

jurisprudenciales de índole constitucional penal se rige por

Teague v. Lane, supra, y su progenie. Bajo esta normativa,

se reconoció la exigencia de Griffith en cuanto a que las

nuevas

normas

derechos

jurisprudenciales

constitucionales

penales

tienen

que

que

ser

incidan

con

aplicadas

retroactivamente a todos los casos que no fuesen finales y

firmes. No obstante, a ese postulado general, Teague le

añadió dos (2) excepciones en las que la nueva norma pudiera

aplicar retroactivamente a todos los casos, incluidos los

ataques colaterales. Esas excepciones son: (1) que la nueva

norma

sea

sustantiva,

o

(2)

que

la

nueva

norma

sea

clasificada como un watershed rule. Esta última implica una

norma procesal que resulta trascendental en la adjudicación

de la culpabilidad o inocencia de un acusado, incidiendo en

la confianza y certeza de tal fallo.

Ahora bien, como se sabe, los estados y Puerto Rico están

obligados a seguir esas garantías mínimas constitucionales

reconocidas por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Conforme a ello, tenemos que reconocer, como mínimo, estas

excepciones a la retroactividad. Por consiguiente, debemos

considerar e incluir las dos (2) excepciones de Teague al

momento de determinar la retroactividad de una nueva norma

federal penal de índole constitucional. Particularmente,

CC-2020-0629

25

porque esas dos (2) excepciones amplían jurídicamente el

posible alcance de alguna norma constitucional relacionada

con los derechos y las garantías en los procesos penales. En

otras palabras, se trata de unas excepciones que benefician

a los acusados y a las personas que se enfrentaron a un

proceso criminal.

B.

Una vez establecido que las excepciones de Teague tienen

que

formar

parte

de

nuestro

análisis

jurídico,

procede

evaluar su interpretación y aplicación. Esto implica analizar

si el requisito de veredicto unánime de culpabilidad es una

nueva norma constitucional y si esta norma está contemplada

en las excepciones, es decir, si es sustantiva o watershed.

Ello, como punta de lanza para el análisis correspondiente a

los fines de definir el alcance de retroactividad de esta

norma.

De entrada, no cabe la menor duda de que el requisito

de veredicto unánime de culpabilidad constituye una nueva

norma bajo el esquema de Teague. Ello, al punto que modifica

el ordenamiento jurídico de dos (2) estados, al igual que el

ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Previo a la norma

pautada en Ramos v. Louisiana, supra, la Constitución de

Puerto Rico reconocía la validez de la votación por mayoría

en un juicio por jurado. Ahora, se requiere una votación

unánime para lograr una convicción, como parte del derecho

fundamental a juicio por jurado. En consecuencia, en Pueblo

v. Torres Rivera, supra, reconocimos y aplicamos la nueva

CC-2020-0629

norma

26

constitucional.

jurisprudencial

Entiéndase,

federal,

las

bajo

la

convicciones

nueva

por

norma

votación

mayoritaria que antes se reconocían como válidas, ya no lo

son. De este modo, la Corte Suprema de los Estados Unidos

elevó a rango constitucional el requisito de un veredicto

unánime de culpabilidad.

Así, lo que corresponde es determinar si la nueva norma

es sustantiva, procesal o un watershed rule con el propósito

de evaluar su aplicación retroactiva a casos finales y

firmes. Esta decisión resulta complicada en muchas ocasiones

porque las normas penales pueden tener entremezclados asuntos

sustantivos y procesales.

La nueva norma que tenemos ante nuestra consideración no

es propiamente sustantiva porque no incide de manera directa

sobre los elementos de algún delito o conducta clasificada

como delictiva o sobre las personas a las que les será

aplicada algún estatuto penal.13 Más bien, es de índole

procesal por tratarse de un asunto que incide sobre la manera

en

que

se

determinará

la

culpabilidad

de

un

acusado

o

acusada.

Ahora bien, por las implicaciones directas que tiene con la

certeza del veredicto y con las nociones básicas de justicia, no

13Aunque

no es una norma estrictamente sustantiva,

reconozco que pudiera haber implicaciones de derecho

sustantivo debido al contexto de discrimen racial y político

(tanto en Estados Unidos como a nivel local respectivamente),

lo cual incide en las personas que se han visto

históricamente afectadas por veredictos de culpabilidad no

unánimes y que motivó la adopción de la norma que nos ocupa.

CC-2020-0629

27

estamos ante una simple norma procesal, sino ante un watershed

rule.

Particularmente,

considerando

los

derechos

constitucionales aquí ceñidos y las garantías individuales

que permean en nuestro sistema de justicia penal.

Según nos adelantó el Prof. Luis Alberto Zambrana al

respecto:

Hay razones muy potentes para elaborar teorías

que propendan a considerar esta norma como

procesal-medular o watershed. Es extremadamente

difícil cumplir con los criterios de Teague para

ello, pero existen fundamentos muy razonables

que

tienden

a

caracterizar

esta

regla constitucional como medular durante el

proceso penal. Empezando, de hecho, por el

carácter consustancial de la unanimidad del

veredicto respecto al derecho constitucional a

juicio por jurado. A la luz de esta decisión,

la unanimidad no es un elemento que pueda

separarse del significado y función del derecho

a juicio por jurado en el contexto jurídico

angloamericano, sino parte constituyente que le

da sentido al mismo. Si la unanimidad del

veredicto de culpabilidad tiene esa relevancia

tan significativa en la existencia misma del

juicio

por

jurado, razones

habrá

para

considerarla una norma más trascendental que

cualquier otra de carácter meramente procesal.

Además,

no

debemos

olvidar

el

carácter

democrático que impregna la institución del

juicio por jurado y su necesaria legitimación a

la hora de adjudicar culpabilidad penal. L. A.

Zambrana, Ramos v. Louisiana: juicio por jurado

y racismo estructural, Microjuris, 20 de abril

de

2020,

https://aldia.microjuris.com/2020/04/20/ramosv-louisiana-juicio-por-jurado-y-racismoestructural/.

Ciertamente, el precedente de Ramos v. Louisiana, supra,

dio un giro dramático al entendimiento de lo que es justo y

válido

al

momento

culpabilidad.

Hoy,

de

un

jurado

la

unanimidad

rendir

un

constituye

veredicto

un

de

elemento

esencial para declarar culpable a un acusado. Con el sólo

CC-2020-0629

28

voto de un jurado se evita un fallo de culpabilidad, lo que

hace más retante el trabajo del Ministerio Público y del

propio jurado. La prueba presentada en el juicio tiene que

convencer a doce (12) personas de que la culpabilidad se

probó más allá de duda razonable. De lo contrario, no habría

un fallo de culpabilidad. Al requerirse que el veredicto de

culpabilidad del jurado sea unánime, habrá mayor precisión y

rigurosidad, no sólo en la prueba presentada en el juicio,

sino en la manera de adjudicarla.

La nueva norma, forzosamente, aumenta la certeza de los

veredictos. “The proponents of the jury system maintain that

a greater degree of accuracy is guaranteed from this process

of give and take which is invariably essential to reaching

unanimity.” US v. Fioravanti, 412 F.2d 407, 417–418 (3d Cir.

1969).

Asimismo,

lo

ha

conceptualizado

la

American

Bar

Association al expresar que:

A requirement that jury debate continue until a

unanimous verdict is reached leads to a more

thorough and careful consideration of the facts

and issues in jury deliberations. In addition,

but no less important, the requirement of a

unanimous verdict creates a heightened sense of

accuracy in fact finding, legitimacy in the

verdict, and overall justice, both for society

and for the defendant”. American Bar Association

Standards for Criminal Justice 15-1.3 Chapter

15: Trial by Jury Standards 3rd Edition (1996).

Incluso, la nueva exigencia del veredicto unánime de

culpabilidad incide en la psicología de los miembros del

jurado, lo que repercute aún más en la certeza de su votación

final. “En los estudios psicológicos hay coincidencia en

CC-2020-0629

29

señalar que a medida que los requisitos para alcanzar los

veredictos menores, la profundidad de la discusión disminuye.

La posibilidad de emitir veredictos no unánimes modifica la

forma

de

obtención

Procesos

del

psicosociales

consenso”.

en

la

P.

de

Paúl

Velasco,

del

jurado,

deliberación

Estudios de Criminología, Vol. 2, Ediciones de la Universidad

de Castilla-La Mancha, (1999), pág. 166.

Como vemos, bajo un estudio lineal de los criterios de

lo que pudiera ser una norma procesal medular, sostengo que

la exigencia de la unanimidad en la votación del jurado para

lograr una convicción se ubica bajo tal clasificación. Ello,

porque le brinda mayor certeza al veredicto y, con ello,

impregna el proceso mismo de un sentido mayor de justicia.

Sin

embargo,

además

de

cumplir

con

los

criterios

delineados para la clasificación de un watershed rule, las

garantías individuales relacionadas directa o indirectamente

con esta nueva norma están sustentadas por un análisis más

abarcador.

Los

derechos

constitucionales

imbricados

en

nuestra jurisdicción exigen que así sea reconocido.

C.

Como es sabido, estamos atados a las garantías mínimas

reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de

Estados Unidos, pero no así para ampliar las mismas. Como

Máximo

foro

judicial

en

esta

jurisdicción,

tenemos

la

facultad de interpretar los criterios del watershed rule de

una

manera

más

flexible

y

cónsona

con

los

derechos

consagrados en nuestra Constitución. Así, aun en el escenario

CC-2020-0629

30

de que la Corte Suprema de los Estados Unidos estableciera

que la norma de la unanimidad en el veredicto del jurado

fuese estrictamente procesal y no reconociera su aplicación

retroactiva a los casos finales y firmes, este Tribunal tiene

la potestad para determinar lo contrario y garantizar en

nuestra jurisdicción tal aplicación retroactiva.

Adviértase

que

los

foros

recurridos

estatales

no

rehuyeron a su obligación y dispusieron de la controversia

de autos, aunque adjudicándola erróneamente a mi juicio.

A

nivel federal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se

encuentra atendiendo la controversia en el recurso de Edwards

v. Vannoy, No. 19-5807. Indistintamente de lo que resuelva

ese Foro, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene la misma

libertad y criterio propio que han ejercido otros tribunales

estatales en ésta y otras controversias de retroactividad.

Entonces, resulta preocupante y cuestionable por qué este

Tribual no asumió su rol de pautar el derecho aplicable.

Aclarado lo anterior, veamos por qué sostengo que la

nueva

norma

constitucional

de

veredicto

unánime

de

culpabilidad debe tener una aplicación retroactiva a los

casos ya finales y firmes en virtud de nuestro ordenamiento

jurídico y que así debemos reconocerlo.

La

votación

del

jurado

no

se

limita

a

un

asunto

aritmético por la cantidad de votos necesaria para declarar

la culpabilidad de un acusado en un proceso criminal. Incide

directamente

sobre

las

garantías

constitucionales

que

protegen a las personas sometidas a un proceso penal, como

CC-2020-0629

31

lo son: el derecho a juicio por jurado, derecho al debido

proceso de ley, derecho a un juicio justo e imparcial y a la

presunción de inocencia. Por ello, la unanimidad en el jurado

no se puede apreciar como un asunto meramente procesal cuando

están impregnados tantos derechos de rango constitucional.

Debemos tener presente que la Constitución de Puerto

Rico, a diferencia de la Constitución de Estados Unidos,

reconoce expresamente como derechos fundamentales el derecho

a la vida, a la libertad, a la igualdad y a la dignidad

humana. Art. II, Secs. 1 y 7, Const. PR, Tomo 1. Ello,

particularmente como consecuencia de los eventos históricos

y sociales que nutrieron nuestra Constitución. Así, nuestro

ordenamiento constitucional se benefició de la Declaración

Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de

los Derechos y Deberes del Hombres, los cuales tenían como

propósito materializar el respeto por los derechos humanos,

la dignidad, la igualdad y la libertad. E. Vicente Rivera,

Una mirada a la interpretación de los derechos económicos,

sociales y culturales en las decisiones del Tribunal Supremo

de Puerto Rico, 44 Rev. Jur. UIPR 17, 20 (2009). A raíz de

lo anterior, se enmarcaron los derechos a la dignidad y a la

igualdad en términos mucho más amplios y abarcadores que en

la Constitución de los Estados Unidos.

“Con el énfasis que se le dio a la noción de igualdad,

y teniendo en perspectiva que

la Constitución debe ser

entendida como el documento en el que ‘se recogen las normas

más

importantes

de

la

vida

del

país

y

los

acuerdos

y

CC-2020-0629

aspiraciones

32

fundamentales

de

la

comunidad’,

queda

claramente establecido el deseo del Pueblo de perpetuar en

nuestro ordenamiento jurídico el trato igualitario de los

seres humanos ante la ley”. (Citas omitidas). E.J. Rivera

Juanatey,

Discrimen

por

antecedentes

penales:

hacia

una

reconsideración del discrimen por condición social, 41 Rev.

Jur. UIPR 585 (2007). Así, “[l]a igualdad es ingrediente

medular del ideal de justicia que constantemente late en la

Constitución”. P.R.P. v. E.L.A., 115 DPR 631, 633 (1984).

Por

consiguiente,

no

podemos

olvidar

que

en

nuestra

jurisdicción la dignidad y la igualdad de las personas son

valores

jurídicos

interpretación

supremos

constitucional.

que

deben

guiar

Garib

Baizán

v.

toda

Auxilio

Mutuo, 2020 TSPR 69 (Opinión disidente del Juez Asociado

Estrella Martínez). Por tanto, no podemos apartarnos de tales

principios a la hora de analizar la controversia jurídica

planteada por el señor Alers De Jesús.

La interpretación de la Constitución de Puerto Rico no

puede caer en un insularismo que derrote sus aspiraciones,

como tampoco puede limitarse a mirarse en el espejo de la

Constitución federal, que, por su naturaleza, no es germana

en lo que atañe

mencionadas. En

a las garantías constitucionales antes

Puerto

Rico,

distinto

al

ordenamiento

federal, el principio de igualdad es prioritario. Por ello,

debe

superar

otros

principios

como

la

deferencia

y

la

finalidad de las sentencias. Ciertamente, esos son principios

importantes que tienen valor en nuestro ordenamiento, pero

CC-2020-0629

33

que no pueden ir por encima de la igualdad y la justicia.

Así,

la

interpretación

federal

se

da

en

un

contexto

diametralmente distinto al nuestro, el que no se sostiene en

Puerto Rico.

Con todo lo anterior presente, no me queda más que

sostener que todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra

jurisdicción que enfrenten o hayan enfrentado un proceso

criminal tienen derecho a todas las protecciones y garantías

individuales

constitucionales

independientemente

si

sus

aquí

involucradas.

procesos

criminales

Ello,

estén

aún

activos en nuestros tribunales o ya cuenten con una sentencia

condenatoria final y firme. Concluir lo contrario, implicaría

dejar

a

esas

personas,

que

ya

fueron

procesadas

criminalmente, desprovistas de los derechos más elementales

reconocidos en nuestra Carta de Derechos.

No reconocer la retroactividad de esta nueva norma

constitucional a todos los ciudadanos y las ciudadanas que

confrontaron un juicio por jurado sería brindarles un trato

desigual e injusto. Además, equivaldría a mantener personas

privadas de su libertad bajo un estado de derecho derogado y

que no tuvieron la oportunidad de beneficiarse del actual

reconocimiento constitucional. Por un accidente del tiempo,

personas son desprovistas de una protección constitucional

que incide en sus derechos más elementales como el derecho a

la

vida

y

a

la

libertad.

ciudadanos

o

ciudadanas

individual

por

el

mero

No

del

hecho

podemos

privar

disfrute

de

de

que

a

una

ésta

se

ciertos

garantía

hubiera

CC-2020-0629

34

reconocido posterior a su sentencia o trámite apelativo. Este

proceder implicaría dejar a estas personas desprovistas de

un derecho fundamental del que otros sí se beneficiarán

exclusivamente por el factor tiempo.14 Así, como lo resalta

el Prof. Julio Fontanet:

¿Cómo

puede

argumentarse

que

personas

procesadas en determinado momento tienen

derecho a un juicio por unanimidad y no los que

fueron procesados un día antes? ¿Cómo puede

trazarse

una

línea

divisoria

tan

arbitrariamente en el ejercicio de un derecho

fundamental? J. Fontanet, Veredictos unánimes:

causas antipáticas, pero justas, Nuevo Día, 1

de junio de 2020.

Es de conocimiento de todos y todas que el sistema de

justicia no es ni puede ser perfecto, por lo que no podemos

adherirnos

a

una

finalidad

de

las

sentencias

que

no

necesariamente implica un dictamen justo y con la protección

de las garantías individuales. Los derechos constitucionales

de los individuos que son procesados criminalmente no deben

estar restringidos por criterios temporales y procesales,

sino

que

proceso,

deben

ser

incluidos

reconocidos

los

ataques

en

cualquier

etapa

del

colaterales.

En

una

jurisdicción donde el derecho a la vida, a la libertad y a

la igualdad son de alto rango, la finalidad de un dictamen

14Nuestro

estado de derecho permite que cualquier

persona privada de su libertad en virtud de una sentencia

dictada por el Tribunal de Primera Instancia pueda solicitar

su anulación ante el planteamiento de que es contraria a las

leyes o Constitución tanto de Puerto Rico como de Estados

Unidos o, entre otros fundamentos, por cualquier ataque

colateral. 34 LPRA Ap. II, R. 192.1. Contrario a otras

jurisdicciones, esta moción no tiene límite de término

alguno, es decir, puede ser presentada en cualquier momento.

Íd.

CC-2020-0629

35

no puede sobrepasar tales derechos. Más aún, la finalidad de

las sentencias no puede ir por encima de los principios

básicos de la justicia y la equidad. A fin de cuentas, se

trata de una injusticia manifiesta.

Resulta inconcebible que una persona quede privada de

esta norma constitucional por el sólo hecho de que su proceso

apelativo

hubiese

culminado

un

tiempo

antes

de

que

se

publicara el caso normativo federal de Ramos v. Louisiana,

supra. El efecto de excluirle del alcance de esta nueva norma

constitucional es castigar a la parte que fue diligente en

ese trámite apelativo. Es un contrasentido que, por el

contrario, alguien que no fue diligente en la etapa apelativa

o

cuyo

proceso

beneficie

de

se

un

extendió

nuevo

por

juicio

factores

al

ajenos,

aplicársele

el

sí

se

caso

normativo. Esto sí incide en las premisas básicas de lo que

es justicia. Como juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico

tengo la obligación y responsabilidad de velar por las

garantías

y

derechos

constitucionales,

en

este

caso

en

particular, de los derechos de los acusados y de quienes

tienen privada su libertad. En la ponderación de intereses,

entre la finalidad de los dictámenes y la protección a

nuestros

derechos

constitucionales,

la

balanza

debe

por

Jueza

inclinarse a favor de lo último.

Un

razonamiento

similar

fue

adoptado

la

Presidenta del Tribunal Supremo de Luisiana en cuanto a la

aplicación retroactiva de la nueva norma de unanimidad en la

votación del jurado:

CC-2020-0629

36

There is no principled or moral justification

for differentiating between the remedy for a

prisoner convicted by that law whose case is

on direct review and one whose conviction is

final. Both are equally the product of a racist

and unconstitutional law. If concerns of comity

and federalism ultimately mean that the federal

courts do not force us to remedy those

convictions which are already final through a

writ of habeas corpus, the moral and ethical

obligation upon courts of this state to address

the racial stain of our own history is even

more compelling, not less. State v. Gipson,

supra.

A ello, agregó:

We should not reject retroactivity through a

fear that we will “provoke a ‘crushing’

‘tsunami’ of follow-on litigation.” Ramos, 140

S. Ct. at 1406. The Court made clear in Ramos

that such functionalist assessments have no

place in considering fundamental rights. “The

deeper problem is that the [Apodaca] plurality

subjected the ancient guarantee of a unanimous

jury

verdict

to

its

own

functionalist

assessment in the first place.” Id. at 1401–

02. Likewise, such a functionalist assessment

should have no place in our decision as to

whose convictions will be remedied by Ramos.

Even if we performed such a functionalist

assessment, the benefits of applying Ramos

retroactively greatly outweigh the costs. To

be sure, addressing a history of legallysanctioned racism in our criminal justice

system will come with a significant fiscal and

administrative cost. But it is a cost we must

bear if we mean to show that we guarantee all

Louisianans

equal

justice.

We

must

not

“perpetuate something we all know to be wrong

only because we fear the consequences of being

right.” Id. at 1408. The cost of giving new

trials to all defendants convicted by nonunanimous juries pales in comparison to the

long-term societal cost of perpetuating—by our

own inaction—a deeply-ingrained distrust of

law

enforcement,

criminal

justice,

and

Louisiana’s government institutions. Íd.

De la discusión pública sobre el tema, surge una preocupación

por el efecto económico y carga de trabajo en nuestros tribunales

CC-2020-0629

37

a consecuencia de esta aplicación retroactiva. Sin embargo,

ante la protección de derechos constitucionales, esos efectos

secundarios no pueden tener prioridad. “In particular, the

value of fairness should trump economic costs when the stakes

are

highest

for

the

prisoner.

Where

the

impact

on

the

question of innocence or on the sentencing determination is

significant, fairness should prevail. The cost of failing to

accord prisoners human rights far outweighs the economic

costs of remedying earlier errors or malfeasance.” W. Berry

III.,

supra.

No

podemos

dejar

de

reconocer

garantías

individuales por los costos económicos o por preferencias

particulares.

Indistintamente,

las

garantías

constitucionales

individuales no pueden reconocerse y, peor aún, limitarse a

base de consideraciones económicas.

El derecho al voto es

ejercido por millones de personas y es costoso.

A nadie se

le ocurriría limitarlo por consideraciones económicas o por

ser muchas las personas que tienen que ejercerlo.

de

crisis

derechos

es

que

aflora

humanos. Es

la

por

necesidad

ello

que

de

En tiempos

reconocer

debemos

repudiar

los

y

descartar esa metodología adjudicativa.

Con todo este marco jurídico en mente, sostengo que el

requisito de un veredicto unánime de culpabilidad, como

asunto

de

derecho

fundamental,

debe

aplicarse

retroactivamente a los casos ya finales y firmes, incluido

al

señor

Alers

De

Jesús.

Como

garante

de

los

derechos

individuales, no puedo más que concluir que la exigencia de

CC-2020-0629

38

un veredicto unánime de culpabilidad es un requisito procesal

crucial y medular (watershed rule) en los procesos penales,

por lo que su aplicación debe ser retroactiva. Como vimos,

esta nueva exigencia constitucional, no es meramente un

asunto aritmético, sino de contenido. No lo podemos ver como

un asunto meramente procesal, restringiéndolo a un asunto

numérico

de

votación.

Éste

incide

directamente

con

la

culpabilidad o inocencia de un ser humano, pues esta nueva

norma llega al punto de que un sólo miembro del jurado puede

evitar que una persona sea declarada culpable. Asimismo,

coarta los derechos constitucionales más elementales de la

ciudadanía

y

las

criminalmente,

garantías

extendiéndose

de

las

hasta

personas

un

nivel

procesadas

de

justicia

social. Así, la noción más básica de justicia me lleva a

reafirmar

que un evento procesal no puede soslayar los

derechos constitucionales aquí en juego.

En ese sentido, es un paso no meramente cuantitativo

sino también cualitativo y medular, dirigido a erradicar un

trato desigual o discriminatorio. Precisamente, no reconocer

la retroactividad de la norma fundamental, aborta gran parte

de la esencia fundamental que inspiró el reconocimiento de

la nueva norma, ya que beneficiará a unos sí y a otros no.

IV

Por

las

razones

mayoritario.

Así,

recurso

autos,

de

reconocido

la

hago

expuestas,

constar

revocado

aplicación

a

disiento

del

proceder

que

hubiese

expedido

el

los

foros

recurridos

y

retroactiva

del

requisito

CC-2020-0629

39

fundamental de veredicto unánime de culpabilidad en juicios

por jurado a casos finales y firmes.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado