Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo v. Resto Laureano
2021 TSPR 60
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo v. Resto Laureano
CC-2019-121
Sentencia del Tribunal con Opiniones de Conformidad y Opinión Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Certiorari
2021 TSPR 60
Ángel M. Resto Laureano
Peticionario
206 DPR ____
José Resto Laureano
Recurrido
Número del Caso:
CC-2019-121
Fecha: 3 de mayo de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Arecibo y Aguadilla, Panel X
Abogada de la parte peticionaria:
Lcda. Marangely González Correa
Sociedad para Asistencia Legal
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez
Procurador General
Lcda. Lisa Mónica Durán Ortiz
Procuradora General Auxiliar
Materia:
Sentencia del Triubnal con Opiniones de Conformidad y
Opinión Disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.
Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2019-0121
Ángel M. Resto Laureano
Peticionario
José Resto Laureano
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 3 de mayo de 2021.
Por estar igualmente dividido este Tribunal, se
confirma el dictamen emitido por el Tribunal de
Apelaciones.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez
Torres emitió una Opinión de conformidad a la cual se
unen los Jueces Asociados señores Rivera García y
Feliberti Cintrón. La Jueza Asociada señora Pabón
Charneco emitió una Opinión de conformidad. El Juez
Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión
disidente a la cual se unen la Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez y los Jueces Asociados señores Kolthoff
Caraballo y Colón Pérez.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2019-0121
Ángel M. Resto Laureano
Peticionario
José Resto Laureano
Recurrido
Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES, a la cual se unieron los Jueces Asociados señor RIVERA GARCÍA
y señor FELIBERTI CINTRÓN.
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2021.
Estoy
conforme
con
la
Sentencia
que
hoy
se
certifica debido a que el Ministerio Público probó
más
allá
de
duda
razonable
la
culpabilidad
del
peticionario en todos los delitos imputados. El fallo
condenatorio
que
emitió
el
Tribunal
de
Primera
Instancia y confirmó el Tribunal de Apelaciones es
correcto y está sustentado con prueba suficiente.
I
Por hechos ocurridos el 3 de octubre de 2014,
el
Ministerio Público presentó una denuncia contra
CC-2020-0121
el
Sr.
Ángel
2
Resto
Laureano,
por
los
delitos
de:
(1)
asesinato en primer grado, Art. 93(a) del Código Penal de
2012, 33 LPRA sec. 5142; (2) portación y uso de armas de
fuego sin licencia, Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto
Rico, 25 LPRA sec.458c, y (3) portación y uso de armas
blancas y disparar o apuntar armas, Art. 5.15 de la Ley de
Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458n. Al señor Resto
Laureano se le imputó que causó la muerte del Sr. Xavier
García Batista mediante disparos con un arma de fuego y un
taco de billar, al actuar en concierto y común acuerdo con
su hermano, el Sr. José Resto Laureano.
El juicio conjunto por tribunal de derecho en contra de
los hermanos Resto Laureano, donde se presentó evidencia
testimonial, ilustrativa y documental, culminó con un fallo
de culpabilidad en todos los cargos imputados. El 28 de
septiembre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia condenó
al Sr. Ángel Resto Laureano a cumplir una pena total de
reclusión
consecutiva
de
ciento
treinta
(130)
años
en
peticionario
presentó
una
moción
de
prisión.
Inconforme,
el
reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia, en la
que impugnó la condena, excepto la del delito de portación
y uso de armas blancas. El señor Resto Laureano alegó que el
Ministerio
Público
no
había
probado
más
allá
de
duda
razonable, la intención de matar, la portación y uso del
arma de fuego, ni que hubiera un plan acordado para causar
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3
la muerte de la víctima. El foro primario declaró no ha lugar
la moción presentada.
Entonces, el señor Resto Laureano apeló al Tribunal de
Apelaciones. En síntesis, planteó -al igual que ante el foro
primario- que el Ministerio Público no satisfizo el cuántum
de prueba requerido en lo relacionado a los delitos de
asesinato en primer grado y portación y uso del arma. Afirmó
que se le impuso responsabilidad por su mera presencia en el
lugar de los hechos. Añadió que el señor García Batista
portaba un arma, por lo que había actuado en defensa propia
al golpearlo con un taco de billar y que dicha agresión no
fue con la intención de asesinarlo.
El
Tribunal
de
Apelaciones
confirmó
la
sentencia
apelada. Determinó que la prueba desfilada demostró de forma
fehaciente que el señor Resto Laureano actuó en mutuo acuerdo
con su hermano y que tuvo una participación intencional y
esencial en el asesinato del señor García Batista. Además,
consideró probado que, si bien el apelante no ostentaba la
portación física del arma de fuego utilizada, esta estuvo
bajo
su
control
y
manejo.
El
foro
apelativo
basó
sus
conclusiones en que, según declarado en el juicio, como parte
de las confrontaciones momentos antes de los disparos, el
señor Resto Laureano le dijo a la víctima: “te vas a joder”.
Por otra parte, el tribunal infirió que, según los
videos, los movimientos del apelante con el taco de billar
en sus manos reflejaron que le dio cobertura a su hermano y
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4
facilitó que este le disparara a la víctima. A su vez, el
Tribunal
de
Apelaciones
determinó
que
contrario
a
la
alegación del apelante, el señor García Batista no podía
portar
un
arma
al
momento
de
pantalones
eran
de
algodón.
los
hechos,
ya
que
sus
Insatisfecho,
el
apelante
presentó una moción de reconsideración ante el Tribunal de
Apelaciones. Esta se declaró no ha lugar.
Posteriormente, el señor Resto Laureano acudió ante nos
mediante recurso de certiorari. En síntesis, reiteró que no
se probó más allá de duda razonable que él conspiró o
contribuyó
a
los
delitos
imputados.
Específicamente,
enfatizó que la autopsia realizada reveló que no le causó
daño corporal a la víctima. A su vez, insistió en que los
videos demostraban que sus alegadas expresiones a la víctima
fueron espontáneas y en reacción a los hechos, incluyendo
que el señor García Batista portaba un arma. Impugnó las
convicciones
alegando
que
estas
fueron
basadas
en
especulaciones y que no tenían base en la prueba presentada.
En
consecuencia,
la
Oficina
del Procurador
General
compareció ante nos y reiteró que la prueba demostró que el
peticionario
Resto
Laureano
actuó
en
concierto
y
común
acuerdo con su hermano para asesinar al señor García Batista.
Sostuvo que debemos darle deferencia a la apreciación de la
prueba
que
hizo
el
foro
de
primera
instancia.
Además,
enfatizó que las expresiones del peticionario a la víctima
y las acciones de este una vez el señor García Batista yacía
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5
en el suelo herido, tomadas en conjunto, evidenciaban su
participación como coautor de los delitos imputados.
II
A. A toda persona acusada de delito le cobija una
presunción de inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA
Tomo
I.
Esto
significa
culpabilidad,
probatoria.
el
En
que,
para
Ministerio
los
casos
emitir
Público
penales
un
tiene
permea
el
fallo
la
de
carga
principio
fundamental de que se deben probar más allá de duda razonable
todos los elementos del delito, su conexión con la persona
acusada y la intención o negligencia criminal de esta. Pueblo
v.
Toro
Martínez,
200
DPR
834
(2018);
Pueblo
v.
Cruz
Granados, 116 DPR 3 (1984); Pueblo v. Túa, 84 DPR 39 (1961).
No se requiere que se establezca la culpabilidad del
acusado
con
certeza
matemática.
Rodríguez,
129
DPR
49,
determinar
que
la
prueba
71
Pueblo
(1991).
controvierte
No
v.
Maisonave
obstante,
la
para
presunción
de
inocencia, esta debe ser suficiente y satisfactoria, es
decir,
que
produzca
certeza
o
convicción
moral
en
el
juzgador. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545,
552 (1974).
Se trata de una norma de suficiencia de prueba que según
la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,
conlleva que se absuelva al acusado si existe duda razonable
luego de un estudio de la totalidad de la evidencia. Hay
duda razonable cuando el juzgador siente insatisfacción con
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6
la prueba una vez sopesados todos los elementos involucrados
en el caso. Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398 (2014);
Pueblo v. Toro Rosas, 89 DPR 169 (1963); Pueblo v. Cruz
Granados, 116 DPR 3 (1984).
La presunción de inocencia asiste al acusado hasta el
fallo de culpabilidad. En los remedios postsentencia, como
lo son los recursos de apelación, la carga de persuadir al
tribunal
recae
Procedimiento
en
el
criminal
acusado.
E.L.
Chiesa
Aponte,
y
Constitución:
etapa
la
adjudicativa, P.R., Ed. Situm, 2018, Sec. 4.3, pág. 154.
Esto
es
así
porque
los
procedimientos
adjudicativos
se
presumen correctos. Pueblo v. Arlequín Vélez, 2020 TSPR 27,
204 DPR __ (2020).
La apreciación imparcial de la prueba que hagan los
juzgadores de hechos merece respeto y confiabilidad. Pueblo
v. Rosario Cintrón, 102 DPR 82 (1974); Pueblo v. Nevárez
Virella, 101 DPR 11 (1973). Además, las determinaciones de
hechos probados que hizo el juzgador primario no se deben
descartar arbitrariamente, a menos que de la prueba admitida
surja que no hay base suficiente para apoyarlas. Pueblo v.
Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). En los casos de
naturaleza criminal, no tendremos esa deferencia si: (1)
hubo prejuicio, parcialidad o pasión, o (2) la prueba no
concuerda con la realidad fáctica, es increíble o imposible.
Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 481 (2013), citando
a Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 147-148(2009);
CC-2020-0121
Pueblo
7
v.
García
Colón
I,
182
DPR
129
(2011).
Consecuentemente, un tribunal revisor solo podrá intervenir
con las conclusiones de hecho del foro primario cuando la
apreciación total de la prueba no represente su balance más
racional, justiciero y jurídico. Miranda Cruz y otros v.
S.L.G. Ritch, 176 DPR 951 (2009); Cárdenas Maxán v. Rodríguez
Rodríguez, 125 DPR 702, 714 (1990).
A estos fines, queda claro que la determinación de si
se probó la culpabilidad del acusado más allá de duda
razonable es un asunto de hecho y derecho, revisable en
apelación. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002)
(citando a Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454
(1988)).
Nuestro
esquema
probatorio
está
revestido
de
deferencia a las determinaciones que hacen los juzgadores de
primera instancia en cuanto a la prueba testifical, ya que
dicho foro está en mejor posición para aquilatarla. Pueblo
v. De Jesús Mercado, supra; Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182
DPR 239 (2011).
Cuando convergen asuntos de suficiencia de la prueba y
deferencia
en
cuanto
a
la
apreciación
de
la
prueba
testifical, examinaremos si la determinación de credibilidad
del
foro
de
instancia
rebasó
los
límites
de
la
sana
discreción judicial. Íd. Estas cuestiones deben analizarse
cuidadosamente de forma tal que no se vulnere el derecho
constitucional del acusado de que su culpabilidad se pruebe
más allá de duda razonable. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.
CC-2020-0121
Al
entrelazar
8
estos
principios,
hemos
establecido
que,
aunque las determinaciones de hecho queden sostenidas por la
prueba desfilada, podríamos revocar un fallo condenatorio si
de un análisis integral de la prueba no quedamos convencidos.
Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551.
B. El Art. 93(a) del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec.
5142, vigente al momento de los hechos, tipificaba el delito
de asesinato en primer grado como “[t]oda muerte perpetrada
por medio de veneno, acecho o tortura, o con premeditación”.
Como es conocido, en el actual Código Penal se sustituyó el
elemento mental de premeditación por
“a propósito” o “con
conocimiento”.
El asesinato en primer grado requiere tanto malicia
premeditada como premeditación. Pueblo v. Negrón Ayala, 171
DPR 406 (2007). Se trata de la intención de realizar un acto
que con toda probabilidad causará la muerte a una persona.
Íd. La malicia premeditada consiste en ausencia de justa
causa o excusa y consciencia al ocasionar la muerte de
alguien. Pueblo v. Carmona Rivera, 143 DPR 907,914 (1997).
Mientras, la deliberación equivale a llegar a la intención
de matar, luego de alguna consideración. No importa lo rápido
que el acto de matar suceda a la formación de la intención.
Pueblo v. Concepción Guerra, 194 DPR 291, 305 (2015). Ambos
elementos subjetivos pueden razonablemente inferirse de los
hechos particulares del caso y concebirse en el momento mismo
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9
del ataque. Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 420; Pueblo
v. López Rodríguez, 101 DPR 897,899 (1974).
Por otra parte, en lo correspondiente a los cargos por
violaciones de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, hemos
reiterado que la posesión de un arma puede ser constructiva.
Este tipo de posesión se da cuando sin tener físicamente el
objeto se tiene poder y la intención de ejercer control o
dominio sobre él. Pueblo en interés menor F.S.C., 128 DPR
931, 940 (1991). Otra instancia en que se puede dar la
posesión
constructiva
es
cuando
varias
personas
con
conocimiento comparten control sobre el objeto delictivo.
Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 283, 294 (1986).
C.-i. A manera de facilitar distinciones conceptuales,
se define como autor de la acción criminal a aquel que
principalmente causa el hecho delictivo, por lo que tiene
dominio de este. L. E. Chiesa, Autores y cooperadores, 79
Rev. Jur. UPR 1163, 1165 (2010). Dentro de las formas de
autoría se encuentra la autoría directa, la autoría mediata
y la coautoría. Específicamente, cuando concurren diferentes
sujetos en el quehacer delictivo, la coautoría supone que
cada
interventor
tiene
dominio
del
hecho,
ya
que
las
contribuciones de cada uno resultan esenciales para lograr
la consumación del delito. F. Muñoz Conde & M. García Arán,
Derecho Penal, Parte General, 7ma ed., Valencia, Tirant lo
Blanch, 2007, pág. 435.
CC-2020-0121
10
Para que se trate de coautoría, es necesario un acuerdo
o plan común previo para cometer el delito, que se participe
en este y que la contribución de cada individuo haya sido un
eslabón importante en la producción de la ofensa. L. E.
Chiesa Aponte, Derecho Penal sustantivo, 2da ed., EE.UU.,
Pubs. JTS, 2013, págs. 192-193. No es necesario que el
coautor
ejecute
tipificados.
Es
personalmente
suficiente
su
alguno
de
presencia
los
pasiva
actos
si
su
responsabilidad puede establecerse por actos anteriores o
como el resultado de un designio común. Pueblo v. Meléndez
Rodríguez,
136
DPR
587,
621
(1994);
Pueblo
v.
Aponte
González, 83 DPR 511, 519–520 (1961). “[L]a contribución
material de cada coautor, sin importar cómo fue o en qué
consistió, se consideran como un todo y el resultado lesivo
total se le imputa a cada coautor por igual”. Pueblo v.
Torres Feliciano, 201 DPR 63, 85 (2018).
Hemos
expresado
que
la
mera
presencia
incidental
durante la comisión de un delito no es suficiente para
sostener una convicción a título de coautor. Pueblo v.
Santiago, 176 DPR 133, 147 (2009). Es necesario que las
circunstancias revelen que se trató de una participación
voluntaria y consciente en la ejecución del delito. Íd. De
este
modo,
establecerse
hemos
reconocido
mediante
prueba
que
la
directa
coautoría
o
puede
circunstancial.
Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 DPR 139 (1985).
CC-2020-0121
11
Por otro lado, es considerado como “partícipe” el que
colabora intencionalmente en la realización de un hecho
delictivo ajeno, sin tener control de este. Chiesa Aponte,
Derecho Penal Sustantivo, op. cit., pág. 191. Dentro de las
formas de participación se encuentra la inducción y la
cooperación. La cooperación a su vez se divide en dos tipos:
cooperación
necesaria
y
cooperación
no
necesaria.
La
responsabilidad de los partícipes, por ser accesoria, es
derivativa de la responsabilidad del autor. L.E. Chiesa,
Autores
y
Puntualizamos
cooperadores,
la
supra,
accesoriedad
del
págs.
partícipe
1171-1172.
ya
que,
independientemente de que se le imponga la misma pena que al
autor,
solo
se
le
castigará
cuando
exista
un
hecho
antijurídico ajeno. L.E. Chiesa, Autores y cooperadores,
supra, pág. 1170.
Debido a las diversas modificaciones que ha sufrido
nuestro ordenamiento jurídico penal y la posible confusión
entre las figuras de coautoría, cooperación necesaria y
cooperación, pasamos a discutir estas figuras teniendo en
cuenta sus definiciones conceptuales y su interrelación con
la pena que se le ha atribuido. Cabe destacar que, a pesar
de las diferentes transformaciones en nuestro Código Penal,
queda claro que la mera presencia en el lugar de los hechos
no convierte a la persona en autor ni cooperador, aunque la
presencia puede tomarse en cuenta bajo un análisis de la
totalidad de las circunstancias. Pueblo v. Agosto Castro,
CC-2020-0121
12
102 DPR 441 (1974); Pueblo v. Aponte González, 83 DPR 511
(1961). Además, debe probarse, fuera de duda razonable, la
intervención
intencional
o
que
se
realizaron
actos
encaminados a facilitar la consumación del delito. (Énfasis
suplido) Pueblo v. Lebrón Morales, 115 DPR 113 (1984).
ii. Mediante el Código Penal de 2004, Ley Núm. 1492009, 33 LPRA se. 4629 et seq., se adoptó por primera vez en
nuestro ordenamiento la teoría de la diferenciación. Pueblo
v. Sustache Sustache, 176 DPR 250, 299 (2009). Esta teoría
distingue entre los sujetos activos de un hecho punible,
clasificándolos
en
autores
o
partícipes.
Bajo
esta
concepción se tiende a penalizar más severamente al autor
del delito que al cooperador. Pueblo v. Sustache Sustache,
supra, pág. 297
El Art. 43 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec.
4671(d),
clasificaba
quiénes
eran
considerados
autores.
Entre ellos se encuentran los que “(d) [c]ooperan con actos
anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del
delito, sin cuya participación no hubiera podido realizarse
el hecho delictivo”. A tales efectos, este inciso incluía a
los coautores y a los cooperadores necesarios. Pueblo v.
Sustache
parten
de
Sustache,
la
supra,
premisa
de
págs.
303-304.
Ambas
que
aportan
contribuciones
se
figuras
medulares a la consecución del hecho delictivo. Pueblo v.
Sustache Sustache, supra, pág. 303.
CC-2020-0121
13
La coautoría presupone: (1) un acuerdo de distribución
de funciones entre las personas implicadas y (2) la ejecución
común del hecho. Pueblo v. Sustache Sustache, supra, pág.
302 (citando a L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal sustantivo,
op. cit., págs. 178–179). La distinción entre el cooperador
necesario y el coautor estriba en que la contribución del
coautor se da durante la ejecución del delito, mientras que
la del cooperador necesario se da en los actos preparatorios.
Pueblo v. Sustache Sustache Sustache, supra, pág. 303.
Asimismo, debemos señalar que el Art. 44 del Código
Penal
de
2004,
33
LPRA
sec.
4672,
clasificaba
como
cooperadores a “[l]os que sin ser autores, con conocimiento,
cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito”.
La participación del cooperador no es imprescindible ni
indispensable. Basta un favorecimiento eficaz del hecho.
Pueblo v. Sustache Sustache, supra, pág. 305. De ordinario,
la conducta punible en calidad de cooperador es aquella que
acelera, asegura, incrementa o facilita la ejecución del
hecho o intensifica su resultado. Íd., pág. 306. La conducta
del cooperador es secundaria al delito ajeno y de poco valor,
por lo que no es indispensable para la ejecución del delito.
D.
Nevares-Muñiz,
Derecho
Penal
puertorriqueño
parte
general, 7ma ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo
del Derecho, 2015, pág. 366.
Siendo
así,
el
cooperador
es
aquel
que
no
tiene
conocimiento pleno del delito. Pueblo v. Sustache Sustache,
CC-2020-0121
14
supra, pág. 313. “Lo único que se requiere para configurar
la intención delictiva en la modalidad de cooperación, es
que el cooperador conozca las circunstancias del hecho, de
tal manera que el resultado criminal pueda serle imputado
como una consecuencia natural de su conducta”. Íd., pág.
321.
iii. Por otra parte, el Código Penal de 2012, Ley Núm.
146-2012, 33 LPRA sec. 5001 et seq., previo a ser enmendado,
atendía la concurrencia de distintas personas en la acción
criminal, estableciendo una sola categoría de autores, todos
con igual tipo de responsabilidad. D. Nevares-Muñiz, op.
cit.,
pág.
353.
equivalencia,
es
Esta
agrupación
decir,
se
refleja
la
teoría
de
penalizaba
a
todos
los
interventores con igual tipo de responsabilidad penal sin
diferenciar la calidad en que se participó. Íd. De esta
manera, la figura del cooperador se integró a la del autor.
El Art. 44 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5067
consideraba como autores, entre otros, a: “(a) Los que toman
parte directa en la comisión del delito… (d) [l]os que
cooperan con actos anteriores, simultáneos o posteriores a
la comisión del delito, sin cuya participación no hubiera
podido realizarse el hecho delictivo… [y] (h) [l]os que
cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito”.
Íd. Nótese que el conocimiento que se requería era aquel en
el que la persona es consciente de la existencia de la
CC-2020-0121
circunstancia
15
o
de
que
la
producción
del
resultado
es
prácticamente segura. D. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 367.
No
obstante,
la
Ley
Núm.
246-2014
restituyó
la
participación a título de cooperador y con ello se regresó
a la teoría de diferenciación. D. Nevares-Muñiz, op. cit.,
pág. 353. Con este cambio, se vislumbra al cooperador como
aquel
que
colabora
con
conocimiento,
pero
no
participa
directamente en la planificación o ejecución del delito. Íd.
De esta manera, al igual que el Código Penal de 2004, al
cooperador se le exige un grado de responsabilidad menor ya
que su participación es poco significativa. Íd.
A pesar de las enmiendas aprobadas en 2014, se continuó
denominando
“autores”
a
los
coautores
y
cooperadores
necesarios, pero se modificó el lenguaje para definir a estos
últimos como “[l]os que a propósito o con conocimiento
cooperan con actos anteriores, simultáneos o posteriores a
la comisión del delito, que contribuyen significativamente
a la consumación del hecho delictivo”. Art. 44 del Código
Penal de 2012, según enmendado por la Ley Núm. 246-2014, 33
LPRA sec. 5067.
Nuestra decisión más importante acerca de las figuras
del cooperador y coautor se dio en
Pueblo v. Sustache
Sustache, supra. Allí expresamos que no era necesario que
diferenciáramos
entre
la
coautoría
y
la
cooperación
necesaria ya que el Art. 43(d), supra, incluía a quien
realizara una contribución medular tanto en la ejecución del
CC-2020-0121
delito
como
16
en
actos
preparatorios.
Pueblo
v.
Sustache
Sustache, supra, pág. 304. Sin embargo, discutimos entonces
la teoría de los grados de necesidad. Esta distingue entre
la cooperación necesaria y la innecesaria, según el valor
que tienen los actos con relación al resultado. Esta doctrina
postula que los actos son necesarios cuando ningún otro
interventor los hubiera podido sustituir. Por el contrario,
la cooperación será innecesaria si el autor podía ejecutar
el hecho sin la participación del cooperador. Íd., pág. 307.
En aquella ocasión, teniendo en cuenta las diversas
teorías valorativas, diferenciamos las figuras del coautor
y el cooperador necesario, por un lado, y la del mero
cooperador, por otro lado, porque: (1) la colaboración del
coautor/cooperador
necesario
es
indispensable
para
la
comisión del delito, mientras que la del mero cooperador no
lo es y (2) el coautor tiene mayor conocimiento sobre el
hecho delictivo que el mero cooperador. Pueblo v. Sustache
Sustache, supra, págs. 3010-3011.
Como vemos, aun cuando nuestra decisión en Pueblo v.
Sustache Sustache, supra, tenía como referente el antiguo
Código Penal de 2004, esta es armonizable con las enmiendas
realizadas en 2014. Aunque las enmiendas establecen que el
tipo de coautoría/cooperación necesaria dispuesta en el Art.
44(d) requiere que la contribución al delito haya sido
significativa, en lugar de imprescindible, ambos lenguajes
contemplan
una
intervención
de
magnitud
o
valor
CC-2020-0121
17
considerable. “En el caso del autor descrito en el Art.44(d)
su participación es necesaria y significativa (o de magnitud
o valor considerable) para la ejecución del delito”. D.
Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 356. Por consiguiente, la
ayuda
necesaria
significativamente
y
esencial
es
la
probabilidad
aquella
que
de
el
que
aumentó
delito
se
consumara. E.L. Chiesa, Autores y cooperadores, supra, pág.
1177.
El cambio en lenguaje coincide con la recomendación del
profesor y tratadista Ernesto Chiesa, quien acertadamente
destacó
que
coherente
necesarias,
“Sustache
que
ayude
punibles
no
a
logra
articular
distinguir
como
entre
autoría
y
un
criterio
cooperaciones
complicidades
innecesarias, punibles como cooperación.” Íd., pág. 1164.
Chiesa destaca que corresponde hablar de coautoría solo
cuando hay un acuerdo previo. Si la intervención no es en
virtud de un acuerdo previo se trata de una cooperación
necesaria. Íd., pág. 1169. A su vez, el cooperador necesario
es aquel que aporta un acto esencial para la consumación del
delito. Íd., pág. 1172.
El enfoque en la probabilidad de consumación exitosa
del delito como distintivo entre cooperación necesaria y la
innecesaria es cónsono con las enmiendas de 2014. Este
análisis postula que si
[l]a contribución del cooperador aumentó
significativamente la probabilidad de que el
delito
fuera
consumado
exitosamente,
debe
concluirse que la ayuda proporcionada por el
CC-2020-0121
18
cooperador era necesaria. Si no, si se concluye
que la contribución del cooperador no aumentó
significativamente las probabilidades que se
consumara el delito, debe concluirse que la ayuda
proporcionada no fue necesaria. Íd., pág. 1177.
Además, Chiesa propone que el análisis en casos de
acciones debe girar en torno a si la ayuda del cooperador
puede considerarse de especial importancia a la luz del plan
del autor y no de que hubiese ocurrido sin su ayuda. Íd.,
pág. 1188.
La aportación del cooperador necesario puede consistir
tanto en hechos como en consejos. Por lo tanto, no siempre
se tratará de una reacción materialmente causal entre la
aportación
y
la
consumación
del
delito.
E.
Bacigalupo,
Derecho Penal, parte general, 2da ed., Buenos Aires, Ed.
Hammurabi SRL, 1999, pág. 529. Cada coautor responde por el
resultado
lesivo
total
sin
importar
cuál
haya
sido
su
contribución material. Pueblo v. Torres Feliciano, supra,
pág. 101. Siendo así, al analizar la cooperación necesaria,
debe determinarse si en efecto la aportación facilitó la
comisión del hecho. E. Bacigalupo, op. cit., pág. 530.
En consideración a lo anterior, al sopesar si se trata
de una cooperación necesaria debe evaluarse si los actos
facilitaron significativamente la comisión del delito, así
como si eso representó un eslabón importante en el quehacer
delictivo y, por ende, si se trató de una ayuda esencial.
III
CC-2020-0121
19
Este caso nos lleva a evaluar si se probó más allá de
duda razonable la culpabilidad del peticionario, Sr. Ángel
Resto Laureano, por su participación en el asesinato del
señor García Batista. Queda claro que los actos del señor
Resto Laureano quedaron cabalmente establecidos. Solo resta
determinar si su participación fue en calidad de coautor,
cooperador necesario o cooperador.
Luego de examinar los actos, las circunstancias que
rodearon la muerte, las manifestaciones, la conducta del
acusado y los hechos del crimen, entiendo que el fallo
condenatorio que emitió el Tribunal de Primera Instancia y
confirmó el Tribunal de Apelaciones es correcto y está
sustentado con prueba suficiente.
De los videos y los testimonios se desprende que el
peticionario Resto Laureano no fue parte de la primera
interacción donde su hermano golpeó en la cara a la víctima.
Sin embargo, luego el peticionario Resto Laureano le dijo al
señor García Batista: “te vas a joder”. Surge también que
una vez los involucrados salieron del área de la barra, el
peticionario Resto Laureano tomó un taco de billar y se
dirigió a la acera, a pocos pasos de la víctima y su pareja.
Los videos mostraron que el peticionario Resto Laureano
señaló hacia la víctima, mirando a su hermano, segundos antes
de que este último disparara. Cuando la víctima cayó al
suelo, el peticionario se dirigió a golpearla en repetidas
ocasiones con un taco de billar. Tal fue su agitación y
CC-2020-0121
20
desenfreno que, para poder continuar con sus golpes, empujo
al suelo a la pareja de la víctima cuando ella intento
detenerlo.
Siendo
así,
quedo
plasmada
su
intención
de
culminar lo que su hermano inició.
Debemos recordar que el acuerdo mutuo que supone la
coautoría puede producirse en el acto y en solo instantes.
Considero, por eso, que el Ministerio Público probó más allá
de duda razonable que el peticionario fue coautor del delito.
Es decir, hubo prueba fehaciente del acuerdo mutuo entre los
hermanos Resto Laureano y que el peticionario Ángel Resto
Laureano realizó una contribución esencial a la muerte del
señor
García
Batista.
Antes
de
que
se
produjeran
los
disparos, el peticionario Resto Laureano hizo amague de
lanzar un golpe a la víctima, pero se detuvo, miró a su
hermano y este último disparó. El peticionario le brindó
cobertura a su hermano y distrajo a la víctima, facilitando
que se le disparara.
Es evidente que la intervención del peticionario Resto
Laureano fue intencional y que contribuyó de manera esencial
a que su hermano disparara en el momento que lo hizo. Por
eso, lo mínimo que podemos concluir es que el peticionario
fue un cooperador necesario. El peticionario Resto Laureano
vio que su hermano portaba un arma de fuego y que se proponía
disparar. En ningún momento trató de evitar el incidente,
sino que, por el contrario, tuvo un rol activo durante la
ocurrencia del crimen. Por ende, es forzoso concluir que la
CC-2020-0121
participación
especial
21
del
peticionario
importancia
en
el
Resto
acontecer
Laureano
fue
de
delictivo
de
su
hermano, debido a que fue esencial para consumar el delito.
Por ello, procede imponer pena a título de autor, según el
Art. 44(d) del Código Penal de 2012, supra.
Como
hemos
discutido,
no
es
determinante
que
el
peticionario no le causó daño corporal a la víctima al
atacarlo con el taco de billar. La aportación del cooperador
necesario puede consistir tanto en hechos como en consejos.
No
se
requiere
delictivo
y
no
que
cause
siempre
por
su
propia
se
tratará
de
mano
el
hecho
una
reacción
materialmente causal. Pueblo v. Torres Feliciano, supra,
pág. 101.
Luego de considerar todas las circunstancias, el
juzgador concluyó que el peticionario Resto Laureano realizó
contribuciones medulares que contribuyeron al asesinato del
señor García Batista.
Un análisis sereno e integral llevó al juzgador de los
hechos a concluir que los actos del peticionario Resto
Laureano facilitaron y promovieron el asesinato del señor
García Batista. Esa determinación merece deferencia.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2019-0121
Ángel M. Resto Laureano
Peticionario
José Resto Laureano
Recurrido
Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada señora
PABÓN CHARNECO.
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2021.
Por entender que el dictamen del foro de instancia que
declara
culpable
al
peticionario
de
todos
los
delitos
imputados está fundamentado en prueba suficiente en Derecho,
estoy conforme con la Sentencia que hoy se dicta.
Luego de examinar serena y justamente la totalidad de la
prueba de este caso, concluyo que se probó más allá de duda
razonable
la
(peticionario)
intervención
en
el
del
Sr.
asesinato
Ángel
Resto
imputado.
Laureano
Para
esta
determinación, el foro de instancia consideró el testimonio
de una testigo presencial (quien testificó sobre una amenaza
que hiciera el peticionario a la víctima), imágenes de video
que documentan la sucesión de eventos y el comportamiento del
peticionario antes y durante el ataque, así como el informe y
testimonio pericial que confirman que la víctima estaba de
CC-2020-0121
2
espaldas al ser atacado. Por lo tanto, soy de la opinión de
que no hay razones por las que debemos intervenir con la
evaluación de la prueba realizada por la juzgadora de hechos.
I
Por
hechos
ocurridos
el
3
de
octubre
de
2014,
al
peticionario se le acusó por los delitos de asesinato en primer
grado, Art. 93(a) de la Ley Núm. 146-2012, 33 LPRA sec. 5142,
conocida
como
Código
Penal
de
Puerto
Rico
de
2012,
e
infracciones a los Arts. 5.04, 5.05 y 5.15 de la Ley Núm. 4042000, 25 LPRA secs. 458c, 458d y 458n, conocida como Ley de
Armas de Puerto Rico. Se le imputó haber actuado en concierto
y mutuo acuerdo con su hermano, el Sr. José Resto Laureano
(señor Resto Laureano), para asesinar al Sr. José Xavier
Antonio García Batista (la víctima) mediante varios disparos
con un arma de fuego y varios golpes con un taco de billar.
El
Ministerio
Público
presentó
Primera
Instancia
evidencia
ante
documental,
el
Tribunal
de
testimonial
e
ilustrativa. Resaltamos que entre la prueba presentada se
encuentra el testimonio de una testigo presencial, grabaciones
de video que capturan los eventos imputados desde siete (7)
ángulos diferentes, un informe médico forense y el testimonio
pericial.1
En lo pertinente, el Ministerio Público también presentó el testimonio
de los agentes de la Policía de Puerto Rico siguientes: el Agente Pedro
Rolón Ortiz (primer policía que llegó a la escena), el Agente Radamés
Miranda Pérez (policía que diligenció la orden de arresto del
peticionario), el Agente Carlos Cruz Román (agente investigador del caso),
el Agente Melvin Soberal Morales (agente que recuperó las imágenes de la
grabadora de video ante la solicitud del agente Cruz Román), el Agente
Alex Cintrón Castellano (agente que analizó el vehículo de la víctima) y
1
CC-2020-0121
3
De la evidencia presentada se desprende que la Sra. Tania
Rodríguez, testigo presencial de los hechos, tuvo una relación
de pareja hasta el 2014 con el Sr. José Resto Laureano, con
quien procreó dos (2) hijos. Después de su separación comenzó
una relación de convivencia con la víctima. Esto provocó
tensión con el señor Resto Laureano.2 El peticionario, quien
es el hermano del señor Resto Laureano, lo acompañaba al
momento de los hechos.
Los eventos que culminaron con la muerte de la víctima
ocurrieron dentro y fuera del negocio Beer Stop en Manatí. De
la evidencia presentada se desprende que el negocio Beer Stop
tenía en la parte frontal una rampa ancha (a mano izquierda)
y una terraza abierta (a mano derecha).
Tanto la rampa como
la terraza daban acceso a la puerta de la barra desde la acera
y la calle. En el centro de la terraza se encontraba una mesa
de billar.
A su vez, de las imágenes de video se puede
observar a extrema derecha un segundo acceso a la terraza que
daba hacia la acera y la carretera. Este segundo acceso a la
terraza estaba adyacente a un negocio de telefonía Claro.
Frente a este negocio de telefonía, ubicado justo después de
la terraza, estaba estacionado el vehículo de la víctima (un
vehículo tipo pick up marca Nissan, modelo Frontier color
blanco). Cabe señalar, que desde la terraza y la rampa se
el Agente Orlando de Jesús Rodríguez. Además, presentó el testimonio de
la Examinadora de Armas del Instituto de Ciencias Forenses, Angélica Resto
Rivera, el Sr. Eliud Rubio Negrón (comerciante de ventas de celulares que
dio acceso a las grabaciones del negocio de telefonía Claro) y el Dr.
Javier Gustavo Serrano.
2 Transcripción de la prueba oral, pág. 157.
CC-2020-0121
4
puede apreciar el flujo vehicular frente a Beer Stop y desde
la calle se pueden observar las actividades y las personas en
la terraza.
A eso de las 10:00 p.m. del 3 de octubre de 2014, la
señora Rodríguez estaba jugando billar en la terraza abierta
del negocio, mientras que la víctima estaba dentro del negocio
en el área de la barra cerca de la puerta.
Un vehículo marca
Toyota, modelo Tacoma, color gris transitó frente a Beer Stop
y retrocedió hacia el negocio. En este vehículo se encontraban
los
hermanos
Resto
Laureano
y
sus
respectivas
parejas.
Posteriormente, los hermanos Resto Laureano se bajaron del
vehículo mientras que sus parejas permanecieron en este.
El señor Resto Laureano se dirigió hacia la puerta del
negocio.
Por su parte, el peticionario se detuvo a hablar con
personas en la acera frente a la rampa. Tras entrar el señor
Resto Laureano por la puerta, se observa en el video un
intercambio de palabras con la víctima.
El señor Resto
Laureano le propinó un golpe en la cara. En cambio, la víctima
se mantuvo quieta y no respondió a la agresión. Segundos más
tarde,
la
señora
Rodríguez,
e
inmediatamente
después
el
peticionario, entraron por la puerta. La señora Rodríguez se
dirigió hacia el señor Resto Laureano y comenzó a discutir con
este. La víctima sostuvo a la señora Rodríguez por el brazo y
le insistió que se fueran del lugar. Se puede observar que el
peticionario hace algunos comentarios a la pareja mientras se
retiraba. La señora Rodríguez declaró que la víctima “me
CC-2020-0121
insistió
que
5
nos
fuéramos
varias
veces,
escuché
que
[el
peticionario] le decía ‘te vas a joder’” al señor García
Batista.
La víctima y la señora Rodríguez se dirigieron por la
rampa y giraron hacia la derecha por la acera en dirección a
la Nissan Frontier de la víctima estacionada frente al negocio
de telefonía. El señor Resto Laureano los siguió por la misma
ruta. Sin embargo, la señora Rodríguez logró soltarse de los
brazos de la víctima y fue en dirección a la Tacoma que justo
en esos momentos estaba dando reversa para entrar a la vía de
rodaje cerca del vehículo de la víctima. La señora Rodríguez
procedió a golpear con sus manos y piernas las puertas y
cristales de la Tacoma. Aunque la víctima la siguió brevemente
y le dijo “ma vente vámonos”,3 la víctima desistió de disuadir
a la señora Rodríguez y se dirigió hacia su vehículo. La
conductora de la Tacoma “salió chillando goma”.4
Cabe señalar que simultáneamente con la salida de los
demás involucrados del área de la barra, el peticionario
también fue tras la pareja y cortó camino por la terraza, tomó
un taco de billar, y salió corriendo a la acera pocos pasos
detrás de la víctima y la señora Rodríguez.
Se puede observar
en el video que el peticionario se adelantó a su hermano y se
ubicó (taco en mano) detrás del vehículo de la víctima incluso
antes de que la víctima se dirigiera a abrir la puerta de su
3
4
Transcripción de la prueba oral, pág. 164.
Íd.
CC-2020-0121
vehículo.
6
También
peticionario
se
señaló
puede
apreciar
hacia
la
claramente
víctima
con
el
que
el
brazo
completamente extendido poco antes de que su hermano llegara.
Asimismo, al ver el video tomado desde el ángulo del negocio
de telefonía observamos que cuando el peticionario señala a
la víctima, esta se encontraba de espaldas al peticionario
abriendo la puerta del vehículo. Acto seguido, el señor Resto
Laureano se ubicó detrás de la Nissan Frontier y extendió los
brazos.
Entonces
se
puede
observar
el
resplandor
de
los
disparos en dirección a la víctima.
Surge del informe médico forense, así como del testimonio
del Dr. Javier Gustavo Serrano, que la víctima recibió tres
(3) impactos de bala, dos de ellos en la espalda y una tercera
bala que atravesó sus muslos. Por lo tanto, quien agredió
estaba detrás de la víctima, ligeramente al lado derecho.5
Inmediatamente
luego
de
la
detonación,
el
peticionario
procedió a golpear a la víctima malherida en el suelo con el
taco de billar. Tras un forcejeo entre el peticionario y la
señora Rodríguez, los hermanos Resto Laureano se retiraron de
la
escena.
La
víctima
falleció
en
la
ambulancia
que
lo
transportaba al hospital.
Por estos hechos, el peticionario fue declarado culpable
de todos los delitos acusados. Posteriormente, el Tribunal de
5Transcripción
de la prueba oral, pág. 324 (“[I]ndependientemente de cuál
sea la posición, el agresor tiene que estar a la espalda de, de, del
agredido y, y, ligeramente a la derecha”.). Informe médico forense,
Apéndice del Certiorari, pág. 26.
CC-2020-0121
7
Apelaciones confirmó las Sentencias apeladas y concluyó que
la participación del peticionario no se limitó a una simple
agresión con el taco de billar.6
Específicamente expresó que:
La prueba desfilada demostró de forma
fehaciente que la realidad fue distinta a la que
nos plantea Ángel. Según ya hemos reseñado, éste
lleg[ó] junto a José al Beer Stop. Es cierto que
mientras José entró al negocio y tuvo la
confrontación verbal inicial y le dio la bofetada
a Aby,7 Ángel no estuvo presente. Sin embargo,
momentos después entró y se paró cerca de la
puerta. Conforme se declaró en el Juicio, antes
de irse Aby del negocio Ángel le dijo “te vas a
joder”. Una vez Aby y Tania salieron del negocio
Ángel y su hermano, les siguieron. Mientras su
hermano bajó la rampa del negocio y dobló por la
acera hacia la guagua Frontier de Aby, Ángel salió
del negocio, pasó por la terraza, tomó un taco de
billar de camino al área cercana a dicho vehículo.
Con el taco de billar en sus manos, Ángel se
mantuvo cercano a Aby, lo que inferimos le dio
cobertura a José y posibilitó que le disparase a
Aby. Aun si aceptáramos la teoría que nos plantea
Ángel, tendríamos que creer que fue una mera
coincidencia que, solo con un taco de billar en
mano, se acercó a Aby y señaló hacia él unos
instantes antes de que su hermano le disparó.
Sabido es que los tribunales no debemos creer lo
que nadie más creería. Pueblo v. Luciano Arroyo,
83 DPR 573, 582 (1961). Nótese que, de haber sido
cierto que Aby tenía un arma, y que Ángel no sabía
que José estaba armado, lo más lógico hubiese sido
que Ángel hubiese intentado distanciarse, no
acercarse a Aby. Consideramos probado que si bien
Ángel no ostentaba la posesión física del arma que
portó y disparó José, ésta también estuvo bajo su
control y manejo.
Todo apunta a que Ángel sabía que José estaba
armado. Como declaró el agente Cruz y surge del
video, Ángel hizo un amague de lanzar un golpe a
Aby pero se detuvo, momentos antes de los
disparos. Luego de que Aby estaba en el suelo, a
raíz de los disparos, Ángel no se distanció del
La Juez Gómez Córdova emitió un Voto de conformidad y disenso en parte.
Apéndice del Certiorari, pág. 249.
7 El Sr. José Xavier Antonio García Batista (la víctima) era conocido
como “Aby”.
6
CC-2020-0121
8
área, sino que se acercó a donde éste yacía y lo
golpeó con el taco de billar. Tal fue su interés
de acercarse a Aby que empujó al piso a Tania
cuando ésta trat[ó] de intervenir para detenerlo.
En resumidas cuentas, entendemos que quedó
establecido que Ángel no estuvo meramente presente
la noche de los hechos, sino que tuvo una
participación intencional y esencial en el
asesinato de Aby”.8
Declarada
no
ha
lugar
la
moción
de
reconsideración
presentada ante el Tribunal de Apelaciones, el peticionario
acudió oportunamente ante nos y señaló como error que el foro
apelativo
intermedio
confirmara
las
determinaciones
de
culpabilidad por los delitos de asesinato en primer grado,
portación y uso de armas de fuego sin licencia, y disparar o
apuntar armas de fuego cuando la prueba de cargo no los
estableció
más
allá
de
duda
razonable.9
Así
las
cosas,
expedimos el recurso en reconsideración el 31 de mayo de 2019.
II
A.
La Constitución de Puerto Rico garantiza a todo acusado
de delito el derecho fundamental a la presunción de inocencia
en un proceso criminal. Art. II, sec. 11, Const. ELA, LPRA,
Tomo 1. Asimismo, por imperativo constitucional el Estado debe
probar más allá de duda razonable cada uno de los elementos
del delito, su conexión con el acusado y la intención o
negligencia criminal de este. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR
Sentencia de 17 de diciembre de 2018, Apéndice del Certiorari, págs. 246247.
9 El peticionario aceptó la comisión del delito de portación y uso de
armas blancas.
8
CC-2020-0121
9
834 (2018), Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133 (2009),
Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002), Pueblo v. Acevedo
Estrada, 150 DPR 84 (2000). Es decir, el Estado debe presentar
prueba satisfactoria y suficiente en derecho que produzca
certeza
o
convicción
moral
en
una
conciencia
exenta
de
preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. Toro
Martínez, 200 DPR 834 (2018); Pueblo v. Irizarry, supra. Esto,
pues “duda razonable” no es una duda especulativa o imaginaria
ni cualquier duda posible, sino que es aquella duda fundada
que surge como producto del raciocinio de todos los elementos
de juicio involucrados en el caso y por la que el juzgador de
los
hechos
siente
en
su
conciencia
insatisfacción
o
intranquilidad. Pueblo v. Santiago et al., supra; Pueblo v.
Irizarry, supra, pág. 788; Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR
398 (2014).
Aunque la determinación de si se probó la culpabilidad
del
acusado
más
allá
de
duda
razonable
es
revisable
en
apelación como cuestión de derecho, la apreciación de la
prueba corresponde en primera instancia al foro sentenciador
y
esa
determinación
merece
gran
deferencia
de
los
foros
apelativos. Esto, dado que los jurados y los jueces de primera
instancia están en mejor posición de apreciar y aquilatar la
prueba. Pueblo v. Casillas, Torres, supra; Pueblo v. Rodríguez
Pagán, 182 DPR 239 (2011). Por lo tanto, los foros apelativos
solo intervendrán con la apreciación de la prueba del Tribunal
de Primera Instancia ante la presencia de los elementos de
CC-2020-0121
10
pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando
un análisis integral de la prueba así lo justifique.10 Pueblo
v. Irizarry, supra. Pueblo v. Casillas, Torres, supra. Pueblo
v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467 (2013).
B.
Al momento de los hechos, el Art. 92 del Código Penal de
2012, 33 LPRA sec. 5141, definía asesinato como “dar muerte a
un ser humano con intención de causársela”.
Asimismo, y en
lo pertinente, el Art. 93 del Código Penal de 2012, 33 LPRA
sec. 5142, indicaba que constituía asesinato en primer grado:
“(a) Toda muerte perpetrada por medio de veneno, acecho o
tortura, o con premeditación”.
Por otro lado, el Art. 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA
sec. 458c, disponía en lo pertinente que: “Toda persona que
transporte cualquier arma de fuego o parte de ésta, sin tener
una licencia de armas, o porte cualquier arma de fuego sin
tener su correspondiente permiso para portar armas, incurrirá
en delito grave…”. Por su parte, el Art. 5.15 de la Ley de
Armas, 25 LPRA sec. 458n, disponía que: “(a) [i]ncurrirá en
delito grave toda persona que, salvo en casos de defensa propia
o de terceros o de actuaciones en el desempeño de funciones
oficiales o de actividades legítimas de deportes, incluida la
caza, o del ejercicio de la práctica de tiro en un club de
Véase Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018), para una
exposición detallada de los elementos de “pasión, prejuicio, parcialidad
o error manifiesto”.
10
CC-2020-0121
11
tiro autorizado:(1) voluntariamente dispare cualquier arma en
un sitio público o en cualquier otro sitio, aunque no le cause
daño a persona alguna, o (2) intencionalmente, aunque sin
malicia, apunte hacia alguna persona con un arma, aunque no
le cause daño a persona alguna”.
Es de particular importancia indicar que al momento de
los hechos, estaba vigente el Art. 44 de la Ley Núm. 146-2012,
conocida como Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA
sec. 5067, por el que se consideraban autores:
(a) Los que toman
comisión del delito.
parte
directa
en
la
(b) Los que solicitan, fuerzan, provocan,
instigan o inducen a otra persona a cometer el
delito.
(c) Los que se valen de una
inimputable para cometer el delito.
persona
(d) Los que cooperan con actos anteriores,
simultáneos o posteriores a la comisión del
delito, sin cuya participación no hubiera podido
realizarse el hecho delictivo.
(e) Los que se valen de
jurídica para cometer el delito.
una
persona
(f) Los que actúen en representación de
otro o como miembro, director, agente o
propietario de una persona jurídica, siempre que
haya una ley que tipifique el delito y realicen
la conducta delictiva, aunque los elementos
especiales
que
fundamentan
el
delito
no
concurran en él pero sí en el representado o en
la persona jurídica.
(g) Los que teniendo el deber de garante
sobre un bien jurídico protegido, conociendo el
riesgo de la producción de un resultado
delictivo por ellos no provocado que lo pone en
peligro, no actúen para evitarlo.
(h) Los que cooperan de cualquier otro modo
en la comisión del delito.
CC-2020-0121
12
Por lo tanto, el Código Penal de Puerto Rico de 2012, al
momento de los hechos y previo a las enmiendas de la Ley Núm.
246-2014, mantenía un tratamiento indiferenciado entre los que
intervenían en la comisión de un delito, y por lo tanto, los
castigaba como autores.11
III
A la luz de los criterios de autoría vigentes al momento
de los hechos, sostengo que se probó más allá de duda razonable
que el peticionario fue autor de los delitos de asesinato en
primer grado, portación y uso de armas de fuego sin licencia,
y disparar o apuntar armas.
Luego de un análisis de la totalidad de la prueba, el
Tribunal de Primera Instancia determinó que el Ministerio
Público probó todos los elementos de los delitos y su conexión
con el peticionario. Así, el Tribunal de Primera Instancia
dirimió la credibilidad de los testimonios presentados y dio
el peso correspondiente al testimonio de la señora Rodríguez,
quien también testificó sobre la amenaza que el peticionario
le hiciera a la víctima antes del ataque.
Aunque la apreciación de la prueba corresponde en primera
instancia al juzgador de los hechos y la presencia o ausencia
de premeditación es una cuestión de hechos a ser resuelta por
Véase Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR 250 (2009), para una
exposición detallada de la teoría de la equivalencia aplicable en Puerto
Rico hasta la adopción del Código Penal de Puerto Rico de 2004.
11
CC-2020-0121
este,
de
13
nuestro
examen
de
la
prueba
no
surge
pasión,
prejuicio, parcialidad o error manifiesto por parte del foro
sentenciador.
Pueblo
v.
Concepción
Guerra,
194
DPR
291
(2015).12
Tampoco surge que la prueba no concuerde con la
realidad
fáctica
ni
que
sea
inherentemente
imposible
o
increíble. Todo lo contrario, de un análisis desapasionado de
la totalidad de la prueba presentada, en particular de las
manifestaciones
del
acusado
y
su
conducta
anterior,
concomitante y posterior al crimen, se sostiene la convicción
del peticionario. Id.
Ciertamente los eventos de la noche del 3 de octubre de
2014 ocurrieron en minutos.
Sin embargo, “la deliberación
como
existir
la
premeditación
pueden
y
concebirse
en
el
momento mismo del ataque”. Pueblo v. López Rodríguez, 101 DPR
897, 899 (1974). Así, de los videos se puede observar cuando
el vehículo de los hermanos Resto Laureano circula frente al
negocio y retrocede para estacionarse. También se observa la
interacción entre los involucrados, particularmente la actitud
pasiva de la víctima evitando toda confrontación ante las
agresiones físicas y verbales recibidas.
Además, se observa
cuando el peticionario gesticula algunas palabras en el bar y
que,
según
el
testimonio
de
la
señora
Rodríguez,
el
peticionario le dijo a la víctima “te vas a joder”.
Para una exposición detallada sobre deliberación y premeditación, véase,
Pueblo v. Concepción Guerra, 194 DPR 291 (2015).
12
CC-2020-0121
14
Por otro lado, aunque se alega que la víctima portaba un
arma en sus pantalones y que al ser herido la sostenía, nunca
se observa un arma en las manos o la ropa de este.
Tampoco
esta fue hallada en la escena del crimen. Asimismo, se suma
la conclusión del informe forense de que la víctima fue herida
de bala por la espalda mientras intentaba abordar su vehículo.
Tras los disparos, el peticionario continuó agrediendo a la
víctima con un taco de billar.13
De las imágenes de los videos se pueden apreciar las
expresiones y comportamiento del peticionario señalando a la
víctima antes de que su hermano le disparara.
Las imágenes
hablan por sí solas y son de suficiente calidad como para
identificar al peticionario y apreciar sus movimientos. De
estas imágenes se puede observar con suficiente certeza como
el peticionario adelantó a su hermano velozmente a través de
la terraza hasta llegar a la víctima.
Además, se aprecia como
este sostuvo el taco en mano en posición de ataque y con el
brazo señala a la víctima antes de que su hermano llegara y
le
disparara,
hermano.
facilitando
así
el
posicionamiento
de
su
Acto seguido, el peticionario lo ataca con el taco
en el piso mientras este yacía mal herido.
Pueblo v. Rosario, 160 DPR 592(2003); Pueblo v. Dingui Ayala, 103 DPR
528, 530-531 (1975) (“La prueba de cargo clara y convincente establece la
culpabilidad del acusado del delito de asesinato en primer grado. [E]l
acusado… le ataca por la espalda tirándolo al suelo donde le cortó la vida
mediante numerosas heridas inciso-punzantes y penetrantes”); Pueblo v.
Ramos Padilla, 88 DPR 384 (1963) (“Constituye asesinato en primer grado
el dar muerte a una persona desarmada acercándosele sigilosamente y
clavándole un cuchillo por la espalda”.).
13
CC-2020-0121
15
Examinados
todos
estos
elementos,
existe
prueba
suficiente que apoya la determinación del foro primario por
lo que debemos mantener la deferencia a la apreciación del
juzgador.
Mi
conciencia
está
tranquila
tras
un
minucioso
examen de la prueba por lo que no hay razones para intervenir
en la evaluación de la prueba realizada por la juzgadora.
IV
Por las razones expresadas, procede que se confirme el
dictamen
del
Tribunal
de
Apelaciones.
El
dictamen
del
Tribunal de Primera Instancia está fundamentado en prueba
suficiente en Derecho y no hay razones por las que debemos
intervenir con la evaluación de la prueba realizada por la
juzgadora.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2019-0121
Certiorari
Ángel M. Resto Laureano
Peticionario
José Resto Laureano
Recurrido
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor
ESTRELLA MARTÍNEZ, a la cual se le unen la Jueza Presidenta
ORONOZ RODRÍGUEZ y los Jueces Asociados señores KOLTHOFF
CARABALLO y COLÓN PÉREZ
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2021.
En
esta
ocasión,
me
corresponde
disentir
ante
un
dictamen que, además de ser erróneo en derecho, resulta
injusto. Los criterios que exige nuestro ordenamiento para
que una persona se considere coautora de un delito no están
presentes
en
el
caso
de
autos.
Particularmente,
los
referentes a los cooperadores necesarios y los cooperadores
no necesarios.
Así, tras un estudio minucioso del derecho aplicable y
de la prueba presentada en el juicio, no me queda otra
alternativa que concluir que la culpabilidad del Sr. Ángel
Resto Laureano no se probó más allá de duda razonable. Por
ello, disiento.
CC-2020-0121
2
I
A.
Por hechos ocurridos el 13 de octubre de 2014, el
Ministerio
Público
acusó
al
Sr.
Ángel
Resto
Laureano
(peticionario) por los siguientes delitos: (1) asesinato en
primer grado, Artículo 93(a) del Código Penal de Puerto Rico
de 2012, Ley Núm. 246-2012, 33 LPRA sec. 5142; (2) portación
y uso de arma de fuego sin licencia, Artículo 5.04 de la Ley
de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec.
458c;14 (3) portación y uso de arma blanca, Artículo 5.05 de
la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, 25 LPRA sec. 458d, y
(4) disparar o apuntar arma, Artículo 5.15 de la Ley de
Armas de Puerto Rico, supra, 25 LPRA sec. 458n. En esencia,
se le imputó que, actuando en concierto y mutuo acuerdo con
su
hermano,
el
Sr.
Laureano), asesinó al
José
Resto
Laureano
(señor
Resto
Sr. Xavier García Batista (señor
García Batista) mediante el uso de un arma de fuego y un
taco de billar.
Ante tales acusaciones, se celebró un juicio conjunto en
contra
de
los
hermanos
celebración
del
juicio
Ministerio
Público
testimonial
e
14La
Resto
por
tribunal
presentó
ilustrativa.
Laureano.
En
de
Durante
la
derecho,
el
evidencia
torno
a
documental,
la
evidencia
Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25
LPRA sec. 455 et seq. fue derogada por la Ley de Armas de
Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 168-2019. En virtud de que los
hechos ante nuestra consideración ocurrieron el 13 de
octubre de 2014, no es de aplicación el nuevo estatuto.
CC-2020-0121
3
documental, se presentó un informe médico-forense con los
resultados de la autopsia realizada al señor García Batista,
así como una certificación del estudio realizado al arma de
fuego en controversia. En torno a la evidencia ilustrativa,
el Ministerio Público presentó dos (2) videos que capturaron
algunos de los eventos en controversia.15
Por
último,
el
Ministerio
Público
presentó
varios
testimonios: la Sra. Tania Rodríguez (señora Rodríguez),
pareja del occiso y única testigo presencial de los hechos,
los agentes investigadores y, los peritos que realizaron el
informe médico-forense y el análisis del arma.
A continuación, un desglose de la evidencia presentada
en el juicio. La mayoría de la prueba pertinente en torno a
lo que ocurrió propiamente el 13 de octubre de 2014, proviene
del testimonio de la señora Rodríguez y de los videos.
15En
primer lugar, se presentó una grabación obtenida
de las cámaras de seguridad del negocio Beer Stop. Este
video contiene distintas tomas de varios ángulos de las
cámaras de seguridad del local. En segundo lugar, se
presentó una grabación obtenida de la cámara de seguridad
de un local de la empresa Claro, el cual estaba adyacente
al negocio Beer Stop. Sin embargo, este segundo video
consiste en una grabación tomada desde el celular de un
Agente de la Policía de Puerto Rico, de la pantalla de la
cámara de seguridad de Claro. Por tal razón, el video es de
pobre calidad y no permite una apreciación certera de todos
los eventos transcurridos. En el Tribunal de Primera
Instancia, los abogados y las abogadas de los hermanos Resto
Laureano impugnaron la falta de esfuerzos de parte del
Ministerio Público para obtener la grabación emitida
propiamente por la cámara de seguridad de Claro. Sin
embargo, el peticionario no impugna la admisión de tal video
en su recurso ante este Tribunal. Al contrario, el
peticionario presentó tal video ante nos. A su vez, es
menester destacar que ninguno de los dos (2) videos cuenta
con el beneficio de audio.
CC-2020-0121
4
B.
La señora Rodríguez, única testigo que estuvo presente
en la noche de los hechos, tuvo una relación de pareja con
el señor Resto Laureano, con quien procreó dos (2) hijos.
Luego de culminar tal relación, la señora Rodríguez comenzó
una relación sentimental con el occiso, el señor García
Batista.16
En torno a la noche en controversia, el 13 de octubre
de 2014, la señora Rodríguez y el señor García Batista
visitaron un negocio llamado Beer Stop
en el Municipio de
Manatí entre las 8:00pm a 9:00pm.17 La pareja llegó en un
vehículo marca Nissan, modelo Frontier, color blanco.18 El
negocio Beer Stop tenía en la parte frontal una terraza al
aire libre, en la cual se encontraba una mesa de billar.19
Posterior a la terraza, había una puerta que daba paso al
área de una barra.20
Posteriormente, los hermanos Resto Laureano, junto a
sus respectivas parejas, llegaron a Beer Stop en un vehículo
marca Toyota, modelo Tacoma, color gris.21 Éstos procedieron
a bajarse del vehículo y a caminar en dirección hacia el
negocio, mientras que sus respectivas parejas permanecieron
16Transcripción
17Íd.,
de prueba oral, págs. 157-159.
pág. 152.
pág. 151.
19Véase, en general, Cámaras de seguridad #5, #9, #10,
#12 y #16 de Beer Stop.
20Íd.
21Transcripción de prueba oral, pág. 153; Cámara de
seguridad #9 de Beer Stop, 10:07:55pm-10:09:00pm.
18Íd.,
CC-2020-0121
5
en el automóvil. El señor Resto Laureano entró al área de
la
barra
propiamente.22
Por
otro
lado,
el
peticionario
permaneció afuera del negocio dialogando con otras personas
que estaban en un vehículo.23
Al entrar al área de la barra, el señor Resto Laureano
se encontró directamente con el señor García Batista, quien
estaba parado justo al frente de la puerta.24 Inmediatamente,
el señor Resto Laureano comenzó a dirigirse agresivamente
hacia el señor García Batista y se generó una discusión
entre ellos. Durante este breve intercambio, el señor Resto
Laureano golpeó al señor García Batista en el rostro.25
Ante tal evento, el peticionario, quien se encontraba
en las afueras del negocio, caminó hacia el área de la
barra.26
La
peticionario
señora
caminar
Rodríguez
hacia
expresó
adentro
que,
del
al
ver
negocio,
al
ella
procedió a entrar igualmente.27 Así, la señora Rodríguez se
dirigió hacia el señor Resto Laureano y comenzó a discutir
con él.28 Mientras esto ocurría, la señora Rodríguez indicó
22Cámara
de seguridad #9 de Beer Stop, 10:09:01pm10:09:16pm.
23Íd.
24Cámara de seguridad #5 de Beer Stop, 10:09:07pm10:09:23pm; Cámara de seguridad #10 de Beer Stop,
10:09:09pm-10:09:23pm.
25Íd.
26Cámara de seguridad #9 de Beer Stop, 10:09:24pm10:09:28pm.
27Transcripción de prueba oral, págs. 152-153; Cámara
de seguridad #16 de Beer Stop, 10:08:15pm.
28Cámara de seguridad #5 de Beer Stop, 10:09:27pm10:09:30pm; Cámara de seguridad #10 de Beer Stop,
10:09:30pm-10:09:40pm.
CC-2020-0121
6
que escuchó al peticionario expresarle al señor García
Batista lo siguiente: “te vas a joder”.29
Al intervenir la señora Rodríguez, el señor García
Batista la agarró por el brazo e insistió que se fueran del
lugar.30 En el contrainterrogatorio, la señora Rodríguez
admitió que, previo a salir, ella le indicó a su expareja,
al señor Resto Laureano, lo siguiente: “tu mama bicho le
diste al mío, yo le voy a dar a la tuya”.31 Acto seguido,
todos salieron del área de la barra.32
El señor García Batista y la señora Rodríguez salieron
juntos en dirección a un negocio adyacente al Beer Stop, un
local de la empresa Claro, donde se encontraban estacionados
los vehículos de todas las partes.33 El señor Resto Laureano
caminaba detrás de la señora Rodríguez y del señor García
Batista.34 El peticionario salió, más no siguió a los demás,
sino que se dirigió al área de la terraza.35
La señora Rodríguez testificó que, mientras caminaban,
el señor García Batista la sujetaba firmemente, por lo que
29Transcripción
de prueba oral, pág. 164.
de prueba oral, pág. 164; Cámara de
seguridad #5 de Beer Stop, 10:09:37pm-10:09:45pm; Cámara de
seguridad #10 de Beer Stop, 10:09:38pm-10:09:44pm.
31Transcripción de prueba oral, pág. 187.
32Cámara de seguridad #5 de Beer Stop, 10:09:37pm10:09:54pm.
33Cámara de seguridad #9 de Beer Stop, 10:09:49pm10:10:03pm.
34Íd.
35Cámara de seguridad #5 de Beer Stop, 10:09:44pm10:09:54pm. Cámara de seguridad #16 de Beer Stop,
10:09:53pm-10:09:56pm.
30Transcripción
CC-2020-0121
7
pudo sentir que éste portaba un arma de fuego.36 Rápidamente,
la señora Rodríguez logró soltarse del señor García Batista
y relató que corrió hacia el vehículo modelo Tacoma, donde
estaban las parejas de los hermanos Resto Laureano.37 Acto
seguido, ésta procedió a dar puños y patadas a las puertas
y
cristales
de
ese
automóvil.38
En
ese
momento,
el
peticionario agarró un taco de billar de la terraza y se
dirigió
hacia
los
vehículos
donde
estaban
los
demás
involucrados.39
Es menester destacar que los próximos eventos, que son
los medulares para la controversia ante nos, ocurrieron en
un lapso aproximado de veinte (20) segundos. Como agravante,
la calidad del video que se presentó en evidencia para tales
eventos es de pobre calidad visual.
El señor García
Batista persiguió brevemente
a la
señora Rodríguez mientras ésta golpeaba el otro vehículo,
más éste desistió, se volteó y se dirigió rápidamente hacia
su
automóvil,
el
vehículo
modelo
Frontier.40
Específicamente, se dirigió hacia la puerta delantera del
36Transcripción de prueba oral, págs. 178, 191-192, 251.
Inicialmente, la testigo omitió esta información ante
agentes investigadores. Sin embargo, en la vista preliminar
y en el juicio, la Sra. Tania Rodríguez sostuvo
consistentemente que el señor García Batista portaba un arma
de fuego la noche en controversia.
37Cámara de seguridad #9 de Beer Stop, 10:09:52pm10:09:56pm
38Transcripción de prueba oral, pág. 164.
39Cámara de seguridad #16 de Beer Stop, 10:09:56pm10:10:01pm.
40Grabación de cámara de seguridad de Claro, 0:00:200:00:25.
CC-2020-0121
8
lado del conductor. En ese momento, el señor Resto Laureano
se encontraba en la parte trasera del vehículo, mientras que
el peticionario se encontraba más cerca del señor García
Batista, agarrando un taco de billar.41
Mientras
el
señor
García
Batista
abría
la
puerta
delantera del lado del conductor de su vehículo, el señor
Resto Laureano le disparó.42 Al escuchar las detonaciones,
la señora Rodríguez se volteó en dirección al señor García
Batista.43 Al así hacerlo, testificó que vio al señor García
Batista caer al piso con un arma de fuego en la mano.44 No
obstante, indicó que desconocía que ocurrió con esa arma
luego del incidente. Las autoridades nunca recuperaron esa
arma de fuego.
Inmediatamente luego de los disparos, el peticionario
le dio dos (2) veces con el taco de billar al señor García
Batista, quien aún continuaba con vida.45 A raíz de tales
acciones, el taco de billar se rompió en dos (2) pedazos.46
Ante ello, la señora Rodríguez intervino y trató de defender
al señor García Batista, pero el peticionario la empujó al
piso.47 La señora Rodríguez explicó que, ante un “forcejeo”
41Íd.
42Grabación
de cámara de seguridad de Claro, 0:00:25-
0:00:28.
43Transcripción de prueba oral, pág. 189; Grabación de
cámara de seguridad de Claro, 0:00:25-0:00:31.
44Transcripción de prueba oral, pág. 189.
45Grabación de cámara de seguridad de Claro, 0:00:290:00:34.
46Transcripción de prueba oral, pág. 189.
47Transcripción de prueba oral, pág. 166; Grabación de
cámara de seguridad de Claro, 0:00:39-0:00:56.
CC-2020-0121
9
entre el señor García Batista y el peticionario, ella cogió
la parte más ancha del taco de billar y procedió a golpear
al peticionario.48 Lo anterior, mientras que alegadamente el
peticionario continuaba golpeando al señor García Batista
con la parte más estrecha del taco de billar.49 Luego de
alrededor de veinte (20) segundos, los videos presentados
muestran a los hermanos Resto Laureano retirándose del
lugar.50
El Agente Pedro Rolón Ortiz (agente Rolón Ortiz) de la
Policía de Puerto Rico, fue el primero en llegar a la
escena.51 Allí se encontró con el señor García Batista,
localizado en el pavimento de la acera, herido por impactos
de bala.52 En ese momento, indicó que éste estaba vivo y que
se quejaba por el dolor.53 De igual modo, testificó que se
encontró con la señora Rodríguez llorando y gritando.54
Inmediatamente, el agente Rolón Ortiz contactó al retén para
que se enviara una ambulancia.55 El señor García Batista
falleció en el trayecto hacia el hospital.56
Según el Dr. Javier Serrano, quien realizó el informe
médico-forense, el señor García Batista murió a causa de las
48Transcripción
de prueba oral, págs. 166-167, 189;
Grabación de cámara de seguridad de Claro, 0:00:34-0:00:56.
49Transcripción de prueba oral, pág. 189.
50Grabación de cámara de seguridad de Claro, 0:00:340:00:56.
51Transcripción de prueba oral, págs. 10-11.
52Íd., pág. 11.
53Íd.
54Íd.
55Íd.
56Íd., pág. 324.
CC-2020-0121
10
heridas de bala.57 De igual modo, especificó que, aparte de
las heridas causadas por las municiones, el señor García
Batista no tenía ningún otro tipo de impacto o evidencia de
daño corporal.58
A raíz de estos hechos, se emitieron órdenes de arresto
en contra de los hermanos Resto Laureano. El Agente Radamés
Miranda Pérez (agente Miranda Pérez) de la Policía de Puerto
Rico, encargado de arrestar al peticionario, testificó en
torno
a
varios
intercambios
que
tuvo
con
éste.
Particularmente, el agente Miranda Pérez relató que el
peticionario no resistió su arresto y que, al confrontarlo
con la alegada arma de fuego utilizada por su hermano, el
peticionario espontáneamente le expresó que sólo se defendió
porque la víctima tenía un arma.59
Por otro lado, el Agente Carlos Cruz Román (agente Cruz
Román), oficial de la Policía de Puerto Rico adscrito a la
División de Homicidios de Arecibo, estuvo encargado de
investigar el caso ante nuestra consideración.60 Para ello,
el agente Cruz Román entrevistó a diversos testigos en la
escena y a los agentes de la Policía de Puerto Rico que
intervinieron con los acusados. Además, examinó los estudios
57Transcripción
de prueba oral, pág. 325; Informe
médico-forense, PAT-4490-14, Apéndice de certiorari, pág.
26.
58Transcripción
de prueba oral, pág. 329; Informe
médico-forense, PAT-4490-14, Apéndice de certiorari, pág.
22.
59Transcripción de prueba oral, págs. 55-57.
60Íd., págs. 205-206.
CC-2020-0121
periciales
11
y
estudió
los
videos
de
las
cámaras
de
seguridad.61
A esos efectos, el agente Cruz Román testificó que al
observar los videos, percibió que, en efecto, el señor
García Batista tenía un arma la noche en controversia.62
Ello, pues el señor García Batista caminaba con su brazo y
mano derecha pegada a la cintura de su pantalón.63 De igual
modo, el agente Cruz Román testificó que de su investigación
no
surgió
evidencia
que
probara
que
el
peticionario:
participó intencionalmente de una planificación premeditada
para causarle la muerte al señor García Batista; que tuviera
conocimiento de que su hermano estaba portando un arma;
que
le facilitara el arma al señor Resto Laureano; ni tuviera
control o posesión alguna sobre el arma que portaba éste.64
C.
Eventualmente, el Tribunal de Primera Instancia declaró
culpable al peticionario de todos los delitos imputados,
entiéndase,
por:
(1)
asesinato
en
primer
grado;
(2)
portación y uso de arma de fuego sin licencia; (3) portación
y uso de arma blanca, y (4) disparar o apuntar armas. Debido
a lo anterior, le condenó a cumplir consecutivamente una
pena de ciento treinta (130) años en prisión.
61Íd.,
págs. 284-286.
pág. 251.
63Grabación de cámara de seguridad de Claro, 0:00:200:00:25.
64Transcripción de prueba oral, pág. 286.
62Íd.,
CC-2020-0121
12
Insatisfecho, el peticionario presentó una moción de
reconsideración ante el foro primario. En síntesis, impugnó
la convicción por los delitos de asesinato en primer grado,
de portación de armas y de disparo de armas. Así, arguyó que
el Ministerio Público no probó, más allá de duda razonable,
que actuó con intención de asesinar al señor García Batista,
ni que participara en la portación y uso del arma de fuego
que utilizó su hermano. De igual modo, alegó que no se probó
que hubiese un plan acordado para quitarle la vida al señor
García Batista. No obstante, no impugnó la imputación del
delito de portación y uso de arma blanca al reconocer que,
en efecto, agredió al señor García Batista con el taco de
billar. El foro primario declaró no ha lugar a la moción de
reconsideración.
Inconforme,
el
peticionario
acudió
al
Tribunal
de
Apelaciones mediante un recurso de apelación. En el mismo,
impugnó nuevamente los delitos de asesinato en primer grado,
de portación de arma y de disparo de arma. Así, expresó que
el mero hecho de que estuvo presente en el momento de los
hechos no significaba que tenía conocimiento de que su
hermano tenía la intención de quitarle la vida al señor
García
Batista.
Al
contrario,
alegó
que
la
evidencia
presentada demostró que, al llegar al negocio, no participó
de la discusión entre su hermano y la víctima. Además,
destacó que al salir del negocio tomó una ruta distinta a
los demás. Asimismo, arguyó que los eventos ocurrieron en
CC-2020-0121
un
lapso
de
13
segundos
por
lo
que
no
hubo
tiempo
para
planificar crimen alguno junto a su hermano.
Por otro lado, el peticionario añadió que el señor
García Batista portaba un arma, por lo que actuó en defensa
propia al golpearle con el taco de billar. A esos efectos,
enfatizó
que
no
agredió
al
señor
García
Batista
con
intención de asesinarle y que así quedó evidenciado en los
resultados de la autopsia.
Por último, resaltó que el agente Cruz Román, encargado
de la investigación del caso, testificó que no se encontró
evidencia alguna que probara que él planificó cometer el
delito de asesinato ni que tuvo conocimiento, control o
posesión del arma de fuego. A la luz de lo anterior, sostuvo
que el Ministerio Público no satisfizo el quantum de prueba
exigible constitucionalmente para rebatir su presunción de
inocencia.
Por su parte, la Oficina del Procurador General presentó
un alegato en el cual adujo que el foro primario actuó
correctamente. Así, alegó que de la prueba presentada surgía
que el peticionario actuó en mutuo acuerdo con su hermano
para asesinar al señor García Batista. Particularmente,
resaltó que la intención del peticionario se podía apreciar
en los videos, en los cuales alegadamente surgía que éste
esperó hasta que el señor Resto Laureano disparara para él
proceder a golpear a la víctima.
CC-2020-0121
14
Además, argumentó que el señor García Batista no podía
portar un arma debido a que esa noche tenía unos pantalones
de algodón, los cuales presuntamente se le hubiesen caído
de tener un objeto en la cintura. Asimismo, alegó que el
peticionario poseyó constructivamente el arma de fuego,
entiéndase, que tuvo conocimiento, control y manejo del bien
delictivo.
El señor Resto Laureano, hermano del aquí peticionario,
también presentó un recurso de apelación, por lo que el
Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos. Ante este
cuadro, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del
Tribunal de Primera Instancia. En torno al peticionario, el
foro apelativo determinó que la prueba demostró que éste
actuó en mutuo acuerdo con su hermano para asesinar al señor
García Batista con un arma de fuego.
Para apoyar tal conclusión, el Tribunal de Apelaciones
se basó en los siguientes hechos particulares: (1) que la
señora Rodríguez testificó que, previo a salir del negocio
Beer Stop, escuchó al peticionario comunicarle al señor
García Batista “te vas a joder”; y (2) que, alegadamente,
los videos muestran que el peticionario señaló hacia el
señor García Batista, previo a que el señor Resto Laureano
le disparara. Según el foro apelativo, éste último hecho
reflejó que el peticionario “le dio cobertura” a su hermano
para que éste disparara. Asimismo, concluyó que el señor
García Batista no podía portar un arma en la noche de los
CC-2020-0121
hechos
15
debido
a
que
su
pantalón
era
de
algodón.
El
peticionario presentó una moción de reconsideración, a la
cual el Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar.
Insatisfecho,
el
peticionario
comparece
ante
nos
mediante un recurso de certiorari. En el mismo, reitera que
no puede considerársele autor de los delitos imputados, pues
no se probó que éste conspiró ni que contribuyó a los mismos.
Para apoyar tal contención, enfatiza que, tal como dispone
la autopsia, no le generó daño corporal alguno al señor
García Batista.
Asimismo, impugna que el Tribunal de Apelaciones haya
fundamentado su convicción en las palabras que alegadamente
le expresó al señor García Batista previo a salir del
negocio. Así, arguye que los videos demuestran que actuó
espontáneamente y en reacción a los eventos que estaban
ocurriendo. Particularmente, insiste que actuó en respuesta
al hecho de que el señor García Batista portaba un arma.
En virtud de lo anterior, el peticionario alega que los
foros judiciales basaron su convicción en especulaciones que
no tienen base en la prueba presentada por el Ministerio
Público.
En
consecuencia,
solicita
que
revoquemos
los
dictámenes de los foros recurridos.
Por su parte, la Oficina del Procurador General presentó
un alegato en el cual arguye que el peticionario actuó en
acuerdo común con su hermano para quitarle la vida al señor
García Batista. Particularmente, reitera que sus expresiones
CC-2020-0121
16
hacia la víctima y el hecho de que lo golpeara una vez fue
herido de bala, evidencian su participación como coautor de
los delitos imputados. A raíz de ello, aduce que este
Tribunal debe dar deferencia a la apreciación de la prueba
que ejerció el foro primario.
El 15 de marzo de 2019, este Tribunal proveyó no ha
lugar al recurso ante nuestra consideración. El peticionario
presentó oportunamente una moción de reconsideración en la
que reiteró los argumentos antes explicados. Así, el 31 de
mayo de 2019, el Pleno de este Tribunal acordó expedir el
recurso en reconsideración. No obstante, no se logró un
consenso mayoritario, por lo que se procedió a confirmar el
dictamen del Tribunal de Apelaciones. Este último resultado
es el que provoca mi disenso, pues la sentencia del Tribunal
de Apelaciones, bajo mi criterio, es errónea.
A continuación, el derecho y los fundamentos en los que
se basa la disidencia.
II
A.
La Constitución de Puerto Rico provee una serie de
garantías para toda persona acusada de delito. Entre éstas,
se encuentran los principios de la presunción de inocencia
y el debido proceso de ley. Art. II, Secs. 7 y 11, Const.
PR, LPRA, Tomo 1. En virtud de estas protecciones, nuestro
ordenamiento
exige
que
la
culpabilidad
de
una
persona
acusada se pruebe más allá de duda razonable. Pueblo v.
CC-2020-0121
17
Robles González, 125 DPR 750, 756 (1990). Así, la Regla 110
de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone que “[e]n
todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado
mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir
duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá”.
A raíz de ello, el Ministerio Público tiene el peso de
la prueba durante todas las etapas del juicio a nivel de
instancia. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 787 (2002). En
tal encomienda, el Estado debe probar, más allá de duda
razonable, lo siguiente: (1) cada uno de los elementos del
delito, y (2) su conexión con la persona acusada. Pueblo v.
Acevedo
Estrada,
150
DPR
84,
99
(2000).
Este
segundo
criterio es fundamental, pues “[p]uede haber prueba más allá
de duda razonable sobre que se cometió un asesinato u
homicidio ... sin embargo, quedar duda razonable en torno a
si el acusado fue autor o coautor del delito, lo que acarrea
su absolución”. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal
de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991,
T. I, Sec. 5.1, pág. 217. Por consiguiente, sólo si se
prueban ambos elementos más allá de duda razonable, se podrá
dictar un fallo de culpabilidad que derrote la presunción
de inocencia que cobija a toda persona acusada de delito.
Al aquilatar y sopesar la prueba presentada, el foro
judicial debe cerciorarse de que la misma sea “suficiente y
satisfactoria; es decir,
prueba que produzca certeza o
convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o
CC-2020-0121
18
en un ánimo no prevenido”. Pueblo v. Maisonave Rodríguez,
129 DPR 49, 65 (1991). En ese ejercicio valorativo, los
tribunales podrán encontrarse con evidencia conflictiva, más
es la función del juzgador dirimir la credibilidad de los
testimonios que observó y escuchó. Pueblo v. Bonilla Ortiz,
123 DPR 434, 442 (1989). Es por ello, que hemos afirmado que
no procede rechazar toda la declaración de un testigo porque
se haya contradicho o faltado a la verdad respecto a uno o
más particulares. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 1516 (1995). En ese sentido, “es imprescindible armonizar toda
la prueba y analizarla en conjunto a los fines de arribar
al peso que ha de concedérsele a la prueba en su totalidad”.
Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 129 (1991).
Una vez presentada la totalidad de la prueba, el foro
primario deberá determinar si se probó, más allá de duda
razonable, la culpabilidad de la persona acusada de delito.
Por tanto, si la prueba presentada genera duda razonable,
entiéndase,
“duda
fundada
que
surge
como
producto
del
raciocinio de todos los elementos de juicio involucrados en
el caso”, se debe absolver a la persona acusada. Pueblo v.
Irizarry,
supra,
establecer
la
pág.
788.
culpabilidad
Claro
de
una
está,
no
se
requiere
persona
con
certeza
matemática. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, pág. 71.
Sin embargo, si un estudio justo e imparcial de la totalidad
de la evidencia causa insatisfacción en la conciencia del
CC-2020-0121
19
juzgador, existe duda razonable. Pueblo v. Irizarry, supra;
Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, pág. 100.
Ahora bien, la apreciación de la prueba presentada en
juicio es un asunto combinado de hecho y de derecho.65 Por
tal razón, la determinación de culpabilidad a nivel de foro
de
primera
instancia
es
revisable
por
los
tribunales
apelativos. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 653 (1986).
No obstante, en ese ejercicio, concedemos deferencia a la
apreciación y al valor que le otorgó el juzgador de primera
instancia a la prueba desfilada. Íd., pág. 654. Lo anterior,
pues es el foro primario el que tiene la oportunidad de
observar directamente la prueba y de escuchar a los y las
testigos. En consecuencia, “las determinaciones que hace el
juzgador
de
los
hechos
no
deben
ser
descartadas
arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el criterio
del foro apelativo, a menos que de la prueba administrada
surja
que
no
determinación”.
existe
base
(Énfasis
suficiente
suplido).
que
Pueblo
apoye
v.
tal
Acevedo
Estrada, supra, pág. 99.
Por tanto, tal deferencia a los foros primarios no es
absoluta. Al contrario, los tribunales apelativos deben
estudiar sopesada y cuidadosamente la totalidad de la prueba
presentada, en aras de garantizar que no se vulnere el
65Así
lo hemos reconocido, pues “[l]as pruebas son
hechos pero su análisis pone en movimiento, además de la
experiencia del juzgador, su conocimiento del Derecho para
así llegar a una solución justa de la controversia”. Pueblo
v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 (1974).
CC-2020-0121
20
derecho constitucional de toda persona acusada de delito de
que
su
culpabilidad
se
establezca
más
allá
de
duda
razonable. Íd., pág. 98. Es nuestra responsabilidad darnos
a la tarea, pues “[h]asta tanto se disponga de un método
infalible para averiguar sin lugar a dudas dónde está la
verdad, su determinación tendrá que ser una cuestión de
conciencia. Ese deber de conciencia no para en el fallo del
tribunal sentenciador. Nosotros también tenemos derecho a
tenerla tranquila”. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102
DPR 545, 551-552 (1974).
A la luz de lo anterior, “hemos revocado sentencias en
las cuales las determinaciones de hecho, aunque sostenidas
por la prueba desfilada, no establecen la culpabilidad del
acusado más allá de duda razonable.” Pueblo v. Acevedo
Estrada, supra, págs. 100-101. Es por ello que “[n]o hemos
vacilado en dejar sin efecto un fallo inculpatorio cuando
el
resultado
de
ese
análisis
‘nos
deja
serias
dudas,
razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado’”.
Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 789 (citando a Pueblo v.
Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551).
B.
Como es conocido, el Código Penal de Puerto Rico ha
sido enmendado y alterado frecuentemente en las últimas
décadas.
A
raíz
de
ello,
la
conceptualización
y
la
aplicación de múltiples figuras del andamiaje penal han
variado
significativamente
en
nuestro
ordenamiento.
Por
CC-2020-0121
21
tanto, para una comprensión cabal de la normativa vigente
en torno a la autoría y a la participación criminal, es
necesario recapitular como se han desarrollado tales figuras
en Puerto Rico.
Inicialmente, desde el Código Penal de Puerto Rico de
1902, Ley de 1 de marzo de 1902, 33 LPRA sec. 81 et seq.,
en
Puerto
Rico
imperó
la
teoría
proveniente
del
derecho
anglosajón.
de
la
D.
equivalencia
Nevares-Muñiz,
Derecho Penal puertorriqueño: Parte general, 7ma ed., San
Juan, Ed. Inst. para el Desarrollo del Derecho, 2015, págs.
351-352. En esencia, ello significaba que toda persona que
intervenía en la comisión de un delito, independientemente
de la gravedad de su contribución, se le responsabilizaba
penalmente de la misma manera que al autor o autora del acto
delictivo.
Según esta teoría, también conocida como el concepto
unitario de autor o autora, no se distingue entre autoría y
otras modalidades de participación, “sino que todo sujeto
que interviene en un hecho debe ser considerado autor del
mismo”. S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte general, 8va ed.,
Barcelona, Ed. Reppertor, 2008, pág. 370. La teoría de
equivalencia ha sido definida como “uno de los mayores
desaciertos
de
la
vieja
legislación
punitiva”.
(Citas
omitidas). Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR 250, 298299 (2009). Ello, pues el andamiaje criminal castigaba
igualmente tanto el comportamiento de los autores y las
CC-2020-0121
22
autoras del delito, como el de las personas que participaban
en calidad de cooperadoras o inductoras. L.E. Chiesa Aponte,
Derecho Penal Sustantivo, Estados Unidos, Pubs. JTS, 2007,
pág. 184.
Esta doctrina fue reiterada en el Código Penal de
Puerto Rico de 1974, Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974,
33 LPRA sec. 3001 et seq. Allí se consideraba autor o autora
de delito a toda persona que participaba directamente en la
comisión de un delito, que ayudara a otra persona a ejecutar
el delito, e incluso, a “los que cooperaren de cualquier
otro modo en la comisión del delito”. 33 LPRA sec. 3172.
Sin embargo, posteriormente, el Código Penal de Puerto
Rico de 2004, Ley Núm. 149-2004, 33 LPRA sec. 4629 et seq.,
introdujo a nuestro ordenamiento la teoría de diferenciación
proveniente del derecho civil. Esta tendencia teórica tiene
como propósito distinguir entre las distintas personas que
aportan activamente a la comisión de un delito. Pueblo v.
Sustache
Sustache,
clasifican
a
las
supra,
personas
pág.
296.
como
De
autores
este
o
modo,
se
partícipes
dependiendo de la gravedad y la magnitud de su contribución
al delito. Íd. Así, las personas responden criminalmente
según
su
grado
de
participación
en
el
hecho
punible.
Nevares-Muñiz, Derecho Penal puertorriqueño: Parte general,
op. cit., pág. 352.
No obstante, en el año 2012, la Asamblea Legislativa
aprobó un nuevo código, el Código Penal de Puerto Rico de
CC-2020-0121
23
2012, Ley Núm. 146-2012, 33 LPRA sec. 5001 et seq. (enmendado
2014), el cual nuevamente acudió e implantó la teoría de la
equivalencia. Nevares-Muñiz, Derecho Penal puertorriqueño:
Parte general, op. cit., pág. 353. Mediante el mismo, se
estableció una sola categoría de participación criminal en
la cual se castigaba como autor o autora a toda persona que
participara en la comisión de un delito, incluyendo al
cooperador o cooperadora. 33 LPRA sec.
5067
(enmendado
2014).
Finalmente, mediante la Ley Núm. 246-2014, la Asamblea
Legislativa enmendó nuevamente el Código Penal de 2012 para,
entre
otros
asuntos,
diferenciación
adoptada
reestablecer
en
el
año
la
2004.
teoría
de
Nevares-Muñiz,
Derecho Penal puertorriqueño: Parte general, op. cit., pág.
353. Por tanto, actualmente, nuestro ordenamiento contempla
una distinción entre la responsabilidad penal de un autor o
autora y la de otros tipos de partícipes.
A la luz de estos cambios en nuestro ordenamiento
jurídico penal, procedo a exponer la normativa aplicable a
las figuras de autoría y cooperación. Resulta pertinente
destacar que los hechos por los cuales se le acusó al
peticionario ocurrieron el 13 de octubre de 2014. Por tanto,
al momento de los hechos, estaba vigente el Código Penal de
2012, previo a las enmiendas del año 2014 en adelante.
i.
CC-2020-0121
24
El Art. 44 del Código Penal de 2012 proveía que se
considerarían autores y autoras las siguientes personas:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
Los que toman parte directa en la comisión
del delito.
Los que solicitan, fuerzan, provocan,
instigan o inducen a otra persona a cometer
el delito.
Los que se valen de una persona inimputable
para cometer el delito.
Los que cooperan con actos anteriores,
simultáneos o posteriores a la comisión del
delito, sin cuya participación no hubiera
podido realizarse el hecho delictivo.
Los que se valen de una persona jurídica
para cometer el delito.
Los que actúen en representación de otro o
como
miembro,
director,
agente
o
propietario
de
una
persona
jurídica,
siempre que haya una ley que tipifique el
delito y realicen la conducta delictiva,
aunque
los
elementos
especiales
que
fundamentan el delito no concurran en él
pero sí en el representado o en la persona
jurídica.
Los que teniendo el deber de garante sobre
un bien jurídico protegido, conociendo el
riesgo de la producción de un resultado
delictivo por ellos no provocado que lo pone
en peligro, no actúen para evitarlo.
Los que cooperan de cualquier otro modo en
la comisión del delito. (Énfasis suplido).
33 LPRA sec. 5067 (enmendado 2014).66
En términos generales, este Tribunal ha determinado
que, para que una persona sea responsabilizada criminalmente
66Los
incisos (a) al (f) del Art. 44 aún tienen vigencia
en nuestro ordenamiento jurídico. En torno al inciso (d),
que es uno de los más discutidos en esta Opinión disidente,
actualmente provee que se considerarán autores: “[l]os que
a propósito o con conocimiento cooperan con actos
anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del
delito, que contribuyen significativamente a la consumación
del hecho delictivo”. 33 LPRA sec. 5067. Por otro lado, el
inciso (h) fue posteriormente eliminado y se penalizó tal
conducta como cooperación. 33 LPRA sec. 5068. Abundaremos
igualmente sobre el inciso (h) más adelante.
CC-2020-0121
25
en calidad de autor o autora, ésta debió tener el dominio
del hecho delictivo. Pueblo v. Sustache Sustache, supra,
págs. 301-302. Conforme a tratadistas del Derecho Penal, el
dominio del hecho significa que se considerará un autor o
autora a “quien domina finalmente la realización del delito,
es decir, quien decide en líneas generales el sí y el cómo
de su realización”. (Énfasis suplido). F. Muñoz Conde y M.
García Arán, Derecho Penal: Parte general, 8va ed. rev.,
Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch, 2010, pág. 434. En ese
sentido, el autor o la autora “tiene el dominio final del
suceso”, cuando éste decide cuándo y cómo se realiza el
hecho delictivo. E. Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, 3ra
ed., Bogotá, Ed. Temis S.A., 1996, pág. 182. “Para esta
imputación lo decisivo es que pueda afirmarse que el delito
pertenece al sujeto como suyo”. (Énfasis en el original).
Mir Puig, op. cit., pág. 376. Los autores y las autoras,
independientemente de que se trate de autoría directa,
mediata o coautoría, tienen el dominio del hecho. L.E.
Chiesa Aponte, Autores y cooperadores, 79 Rev. Jur. UPR
1163, 1165 (2010).
Como puede apreciarse, el Art. 44 preceptúa distintas
modalidades de autoría. En primer lugar, se encuentra la
autoría directa, la cual se materializa en una persona que
interviene
personal
y
directamente
en
la
comisión
del
delito. El Art. 44 en su inciso (a) codifica la conducta de
un autor o una autora directa. En segundo lugar, la modalidad
CC-2020-0121
26
de autoría mediata ocurre cuando una persona utiliza a otra
persona “como instrumento” para que se ejecute el delito.
Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op. cit., pág. 178.
Los incisos (b) y (c) del Art. 44 recogen instancias de
autoría mediata.
En tercer lugar, existe la modalidad de coautoría. La
coautoría se puede manifestar de distintas maneras. Por
ejemplo, en virtud del Art. 44(a), dos o más personas que
contribuyan directa y personalmente a la comisión de un
delito se considerarán coautores. Chiesa Aponte, Autores y
cooperadores,
coautoría
supra,
supone
pág.
que
1166.
cada
uno
Sin
embargo,
de
los
“no
toda
interventores
contribuya directamente a la comisión del delito mediante
la realización de uno de los actos descritos en el tipo
delictivo”. (Énfasis en el original). Íd. Es decir, una
persona puede contribuir de manera tan significativa a un
hecho
punible
que,
aunque
no
aporte
directamente,
su
conducta amerita que se le responsabilice como coautor o
coautora. Un ejemplo de lo anterior está codificado en el
Art. 44(d), el cual disponía que se considerará coautor o
coautora
a
los
que
“cooperan
con
actos
anteriores,
simultáneos o posteriores a la comisión del delito, sin cuya
participación
no
hubiera
podido
realizarse
el
hecho
delictivo”. (Énfasis suplido). 33 LPRA sec. 5067 (enmendado
2014).
CC-2020-0121
27
En torno a lo anterior, hemos resuelto que, para que
la persona se considere coautor o coautora de un delito
según
el
Art.
esenciales:
(1)
44(d),
un
se
deben
acuerdo
cumplir
mutuo
entre
dos
requisitos
las
distintas
personas involucradas para cometer el delito, y (2) una
contribución esencial o significativa a la consumación del
hecho delictivo. Pueblo v. Sustache Sustache, supra, pág.
302; Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op. cit.,
págs. 178-179. El primer requisito es conocido como el
elemento subjetivo de la coautoría, mientras que el segundo
se trata del elemento objetivo. Chiesa Aponte, Derecho Penal
Sustantivo, op. cit., pág. 179.
En relación con el requisito de un acuerdo previo y
mutuo, se ha dispuesto lo siguiente:
Es importante señalar que la coautoría
solamente concurre cuando existe un acuerdo previo
mediante el cual los interventores se “inscriben
conscientemente en [un] plan conjunto” cuya meta
es la consumación de un hecho delictivo. Se trata
de un requisito esencial de la coautoría que surge
implícitamente de la doctrina. El acuerdo previo
es esencial, puesto que se entiende que solamente
puede imputarse a cada uno de los interventores
los actos del resto de los interventores cuando
éstos han acordado previamente cometer el delito.
De ahí que sólo cabe afirmar una coautoría punible
bajo el Art. 43(d) cuando existe un acuerdo previo
de distribución de funciones que hace posible
imputar los actos de uno de los interventores a
los demás y viceversa. (Citas omitidas). (Énfasis
suplido). Chiesa Aponte, Autores y cooperadores,
supra, pág. 1168.
En ese sentido, la persona que actúa como coautor o
coautora de un delito tiene que participar intencionalmente
de la comisión del delito. Es decir, “se necesita establecer
CC-2020-0121
28
algún grado de consejo, incitación o participación directa
o
indirecta
en
el
hecho
punible”.
Pueblo
v.
Sustache
Sustache, supra, pág. 301. Es por ello que “[a] los fines
de imputar responsabilidad a título de autor no basta una
mera
cooperación
sino
que
es
necesario
establecer
una
planificación previa o participación intencional de parte
de cada uno de los copartícipes en la actividad delictiva”.
(Énfasis
suplido).
Nevares-Muñiz,
Derecho
Penal
puertorriqueño: Parte general, op. cit., pág. 360. De lo
contrario, “[l] a ausencia de acuerdo común, tanto para
nuestra legislación como también para la mayoría de la
doctrina universal, no permite el tratamiento como coautores
de los distintos individuos que intervienen”. A. Hernández
Esquivel, La coautoría, 25 Derecho Penal y Criminología 97,
101 (2004).
Por otro lado, la coautoría exige actos esenciales que
contribuyan a la producción de la ofensa. Chiesa Aponte,
Derecho
Penal
Sustantivo,
op.
cit.,
pág.
179.
En
ese
sentido, una persona se considera coautor o coautora cuando
“su retirada impediría la ejecución del delito”; es decir
“[s]u participación es necesaria e imprescindible para la
ejecución del delito”. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de
Puerto Rico, Ed. 2012, San Juan, Ed. Inst. para el Desarrollo
del Derecho, pág. 86. Por tanto, se considerará coautor o
coautora aquella persona que “contribuya de algún modo en
la realización del delito (no necesariamente con actos
CC-2020-0121
ejecutivos),
29
de
tal
modo
que
dicha
contribución
pueda
estimarse como un eslabón importante de todo el acontecer
delictivo”. Muñoz Conde y García Arán, op. cit., pág. 437.
Es menester tener presente que la determinación de lo
que constituye una aportación esencial a fines de coautoría
conlleva un análisis particularizado de cada caso. Íd. Es
decir,
requiere
un
ejercicio
de
consideraciones
e
interpretaciones valorativas de las circunstancias de cada
controversia. M. Díaz y García Conlledo, La autoría en
Derecho Penal: Caracterización general y especial atención
al Código Penal Colombiano, 25 Derecho Penal y Criminología
33, 58 (2004).
En
consecuencia,
si
se
cumplen
estos
dos
(2)
requisitos, se castigaría a la persona en calidad de coautor
o
coautora
por
contribuir
significativamente,
más
no
directamente, a la comisión de un delito. Chiesa Aponte,
Autores y cooperadores, supra, pág. 1171. De modo que, la
mera presencia de una persona durante la comisión de un
delito no basta para imponer responsabilidad penal. Pueblo
v. Agosto Castro, 102 DPR 441, 444-445 (1974).
En Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133 (2009), por
ejemplo, este Tribunal le impuso responsabilidad penal a un
individuo en calidad de coautor que, aunque no intervino
directa y personalmente en la comisión de los delitos, sí
participó de una planificación previa y aportó elementos
esenciales e indispensables en pro de la ejecución de los
CC-2020-0121
mismos. Veamos brevemente la
30
controversia que en aquel
momento ocupó a este Tribunal.
En esa ocasión, se generó una discusión entre varios
individuos en un complejo de vivienda, incluyendo al Sr.
Christopher Santiago Rivera (señor Santiago Rivera), el Sr.
Luis Santiago Collazo (señor Santiago Collazo) y su hermano,
el Sr. Ángel L. Santiago Collazo (acusado). Íd., págs. 136137. A raíz de ese evento, el señor Santiago Collazo se
retiró del lugar junto a otro individuo, más unos minutos
después el acusado se dirigió en la misma dirección que sus
compañeros. Íd., pág. 137. Todos entraron a uno de los
edificios del complejo.
En ese momento, el acusado fue a buscar un arma que le
pertenecía que la había dejado bajo el cuidado de un vecino.
Íd., pág. 139. Al salir los tres (3) individuos del edificio,
el acusado le entregó el arma de fuego al señor Santiago
Collazo. Íd., pág. 137. Con el beneficio de tal arma, los
hermanos regresaron al lugar donde se generó la discusión
y, el señor Santiago Collazo disparó y le quitó la vida al
señor Santiago Rivera. Íd., pág. 137. Mientras ello ocurría,
se probó que el acusado se colocó en la salida del lugar
para obstruir el paso. Íd.
Como puede apreciarse, en ese
caso, el Ministerio
Público probó, más allá de duda razonable, que el acusado
planificó previamente la comisión del delito de asesinato
junto a su hermano y que estaba en pleno conocimiento de que
CC-2020-0121
31
su hermano estaba portando un arma con esos propósitos. A
esos efectos, los hermanos se retiraron de una discusión con
el único propósito de buscar un arma de fuego, la cual
precisamente le pertenecía al acusado. De este modo, se
probó
que
el
indispensable
acusado
para
la
hizo
una
comisión
contribución
del
delito,
esencial
sin
e
cuya
participación el mismo no se hubiese podido ejecutar.
Aclarada
la
normativa
aplicable
a
la
figura
de
coautoría contenida en el inciso (d) del Art. 44 del Código
Penal de 2012, corresponde explicar otro tipo de conducta
codificado
igualmente
en
tal
inciso:
la
cooperación
necesaria. Por otro lado, nos adentraremos en el inciso (h)
del Art. 44, el cual codifica la cooperación no necesaria.
Para abundar en lo anterior, se deben exponer las distintas
modalidades de participación criminal que contempla nuestro
ordenamiento jurídico.
ii.
Una persona se considerará partícipe en la comisión de
un delito cuando “contribuye intencionalmente a un hecho
antijurídico ajeno”. Chiesa Aponte, Autores y cooperadores,
supra, pág. 1169. En virtud de la teoría de diferenciación,
el o la partícipe tiene una responsabilidad accesoria y
subordinada al hecho delictivo cometido por el autor o la
autora. Muñoz Conde y García Arán, op. cit., pág. 439. A
diferencia de la persona que actúa como autora del delito,
CC-2020-0121
32
el partícipe no tiene dominio del hecho. Bacigalupo, op.
cit.
Existen dos (2) formas en las que una persona puede ser
partícipe
de
un
delito,
a
saber:
mediante
inducción
o
cooperación. Chiesa Aponte, Autores y cooperadores, supra.
A su vez, la cooperación que puede brindar una persona en
un contexto criminal puede ser catalogada de las siguientes
maneras: (1) cooperación necesaria o (2) cooperación no
necesaria.
Íd.
jurisdicciones,
En
Puerto
los
Rico,
al
inductores
igual
y
los
que
en
otras
cooperadores
necesarios, a pesar de que no son conceptualmente autores
de delito, sí se les castiga como si fuesen autores. Es
decir, se les impone la misma pena que les corresponde a los
autores y las autoras de delito a pesar de que su conducta
no cumple con los requisitos teóricos de autoría. Íd., págs.
1169-1170; Mir Puig, op. cit., pág. 401; J. L. RodríguezVillasante y Prieto, Los principios generales del Derecho
Penal y la responsabilidad penal individual en el estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional, 21 Derecho Penal y
Criminología 13, 30 (1999). Lo anterior, pues se entiende
que su aportación y participación en el crimen es de tal
magnitud que se justifica que sea penalizado o castigado en
calidad de autor o autora. Así, “[e]l que presta una ‘ayuda
necesaria’
debe
tratarse
como
un
autor
principal”.
H.
Silving, Elementos constitutivos del delito, 1ra ed., San
Juan, Editorial Universitaria, 1976, pág. 163. A raíz de la
CC-2020-0121
33
magnitud de la contribución que realiza un cooperador o una
cooperadora necesaria, la Asamblea Legislativa estima que
se le debe castigar como un coautor o coautora.
A esos fines, el Art. 44(d), explicado anteriormente,
no sólo codifica la conducta de la autoría, sino que además
castiga la conducta de cooperación necesaria. Es decir, una
persona que aporta “con actos anteriores, simultaneaos o
posteriores a la comisión del delito, sin cuya participación
no hubiera podido realizarse el hecho delictivo la persona”
puede ser coautor o coautora de un delito o, cooperador o
cooperadora necesaria. 33 LPRA sec. 5067 (enmendado 2014).
La cooperación necesaria siempre ha sido penalizada como
coautoría en todos los códigos penales puertorriqueños, por
lo que no se vio alterada mediante la incorporación de la
teoría de diferenciación a nuestro ordenamiento.
En términos generales, “es cooperador necesario quien
contribuye
a
la
comisión
del
delito
mediante
un
acto
esencial para su consumación”. (Énfasis en el original).
Chiesa Aponte, Autores y Cooperadores, supra, pág. 1172.
Distinto
al
caso
de
coautoría,
el
cooperador
o
la
cooperadora necesaria carece de un dominio del hecho, es
decir, no tiene control sobre el sí y el cómo del acontecer
delictivo Íd., págs. 1173-1174.
Sin embargo, el cooperador o la cooperadora necesaria
sí realiza una contribución esencial al hecho punible a
través de actos anteriores, simultáneos o posteriores a la
CC-2020-0121
34
comisión del delito. Íd., pág. 1172. “[S]e trata de una
contribución de especial importancia para la consecución de
un fin delictivo”. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo,
op. cit., pág. 183. A esos efectos, se considerará una
cooperación necesaria cuando los actos sean tan esenciales
y
significativos
que,
sin
ellos,
“no
hubiera
podido
realizarse el hecho delictivo”. 33 LPRA sec. 5067 (enmendado
2014). Por tanto, “[s]e está ante un caso de cooperación
necesaria cuando la ofensa no se hubiera podido llevar a
cabo sin la contribución del cooperador”. Chiesa Aponte,
Derecho Penal Sustantivo, op. cit.
Por otro lado, una persona puede participar en la
comisión de un delito mediante una cooperación no necesaria.
En Puerto Rico, la figura de la cooperación no necesaria ha
sufrido varios cambios. Inicialmente, el Código Penal de
1974 disponía que todas las personas que “cooperaren de
cualquier
otro
modo
en
la
comisión
del
delito”
se
consideraban autores o autoras del mismo. 33 LPRA sec. 3172.
Lo anterior significaba que la persona que participara como
cooperador o cooperadora no necesaria, por más mínima que
fuese su aportación, se le imponía una pena de autor o
autora.
Posteriormente, el Código Penal de 2004 incorporó por
primera vez la figura del cooperador o cooperadora a nuestro
ordenamiento. De ese modo, dispuso que “[s]e consideran
cooperadores los que sin ser autores, con conocimiento,
CC-2020-0121
35
cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito”.
33 LPRA sec. 4671. Así, la persona que aportara a una
conducta delictiva en calidad de cooperador o cooperadora
no necesaria, se le impondría “una pena igual a la mitad de
la pena señalada para el delito o su tentativa, según
corresponda, hasta un máximo de diez (10) años”. 33 LPRA
sec. 4673.
Luego, el Código Penal de 2012 –vigente a la fecha de
los hechos en controversia– eliminó la figura del cooperador
y volvió a penalizar la conducta del cooperador no necesario
mediante una pena de autoría. Así, dispuso en el inciso (h)
del Art. 44 que se considerará autor o autora los que
“cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito”.
33 LPRA sec. 5067 (enmendado 2014).67 Por tanto, debemos
auscultar en qué consiste la conducta del cooperador o
cooperadora no necesaria. Entiéndase, precisar qué significa
“cooperar de cualquier otro modo en la comisión del delito”.
Veamos.
Los cooperadores o cooperadoras no necesarios, llamados
cómplices en el ordenamiento español, son los que “de forma
67Sin
embargo, en el año 2014, la Asamblea Legislativa
eliminó nuevamente el inciso (h) del Art. 44 y decidió volver
a penalizar tal conducta de modo más benigno mediante la
figura de la cooperación. Actualmente, el Art. 45 del Código
Penal de 2012 enmendado provee que son cooperadores no
necesarios “los que, con conocimiento, cooperan mediante
actos u omisiones que no contribuyen significativamente a
la consumación del delito. Al cooperador se le impondrá una
pena equivalente a la mitad de la pena del autor, hasta un
máximo de diez (10) años”. 33 LPRA sec. 5068.
CC-2020-0121
36
eficaz pero no decisiva, auxilian o facilitan la comisión
de un crimen”. (Énfasis suplido). Rodríguez-Villasante y
Prieto, supra, pág. 32. “Lo que la distingue de las demás
formas de participación es su menor entidad material, de tal
forma
que
la
calificación
de
complicidad
hace
que
la
cooperación se castigue automáticamente con la pena inferior
en un grado a la prevista para los autores del delito”.
Muñoz Conde y García Arán, op. cit., págs. 445-446. En
esencia, la persona que actúa como cooperador o cooperadora
no necesaria aporta mediante una intervención de carácter
secundario, sin la cual la acción delictiva podría haberse
realizado igualmente.
A esos fines, la doctrina española ha resuelto que, en
el caso de la cooperación no necesaria, “no es precisa una
propia causalidad condicionante del resultado, sino que
basta para la cooperación un
favorecimiento eficaz
del
hecho”. (Énfasis suplido). Mir Puig, op. cit., pág. 416. En
ese
sentido,
los
cooperadores
y
las
cooperadoras
no
necesarias deben: (1) tener la intención o el conocimiento
de que están aportando a una conducta delictiva, y (2)
fomentar
el
hecho
principal
mediante
su
aportación
o
contribución. H. Welzel, Derecho Penal: Parte general (C.
Fontán Balestra, trad.), Buenos Aires, Ed. Roque Depalma,
1956, pág. 124.
No obstante, lo anterior “no significa que cualquier
acto de favorecimiento o facilitación de la comisión de un
CC-2020-0121
37
delito sea merecedor de la pena prevista para la complicidad
[o la cooperación no necesaria]: la conducta habrá de tener
alguna
eficacia
comportamiento
causal,
del
autor
aunque
y
sea
reunir,
mínima,
además,
una
en
el
cierta
peligrosidad”. (Énfasis suplido). Muñoz Conde y García Arán,
op.
cit.,
pág.
446.
En
ese
sentido,
el
cooperador
no
necesario presta alguna “contribución causal a la comisión
del hecho principal; por tanto, en los delitos de resultado,
también una contribución al resultado”. Welzel, op. cit.
Dicho de otro modo:
[L]a mera peligrosidad de la acción no basta para
apreciar complicidad, pues será preciso, además,
que el riesgo de favorecer la comisión del delito
por el autor se traduzca en una efectiva
cooperación (no necesaria) a la realización del
mismo. Así, una conducta, para ser considerada
complicidad [o cooperación no necesaria], debe ser
de tal manera causal, que realmente haya
acelerado, asegurado o facilitado la ejecución del
hecho o intensificado el resultado del delito en
la forma en que era previsible. (Énfasis suplido).
Muñoz Conde García Arán, op. cit.
Por tanto, como puede apreciarse, la doctrina no exige que
los actos del cooperador no necesario sean condicionantes a
la ejecución del delito. Sin embargo, lo que sí requiere es
que sus actos contribuyan realmente, aunque sea mínimamente,
a la conducta delictiva.
Por último, es menester abundar en lo que distingue la
cooperación necesaria de la cooperación no necesaria. Ello,
es uno de los retos más discutidos en materia penal. Mir
Puig, op. cit., pág. 413. Por ello, los tratadistas y
expertos de la materia han elaborado una variedad de teorías
CC-2020-0121
38
con el propósito de determinar qué constituye una aportación
esencial e indispensable que justifica que la cooperación
se catalogue como necesaria.
Uno de los acercamientos más comunes es la teoría de
los
bienes
o
servicios
escasos.68
Pueblo
v.
Sustache
Sustache, supra, pág. 308. Según la misma, “la aportación
del cooperador debe considerarse necesaria dependiendo de
la escasez de la cosa o servicio que se facilitó”. Chiesa
Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op. cit. Por un lado, si
el bien o el servicio aportado es escaso y de difícil
obtención, el partícipe se considerará un cooperador o
cooperadora necesaria. Mir Puig, op. cit., págs. 413-414.
Por otro lado, mientras más abundante sea el bien o servicio
suplido,
se
tratará
de
un
cooperador
o
cooperadora
no
necesaria. Íd.
68En
Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR 250 (2009),
este Tribunal acudió, a su vez, a la teoría del dominio del
hecho para distinguir entre la cooperación necesaria y la
cooperación no necesaria. Íd., págs. 309-311. Sin embargo,
tal como expone el profesor y tratadista Luis Ernesto Chiesa
Aponte, la teoría del dominio del hecho no esclarece la
controversia, pues los cooperadores, independientemente de
que sean necesarios o no necesarios, precisamente carecen
de dominio sobre el hecho delictivo. L.E. Chiesa Aponte,
Autores y cooperadores, 79 Rev. Jur. UPR 1163, 1174 (2010).
Es decir, “el dominio del hecho es una teoría cuyo propósito
es distinguir entre autores y partícipes y no entre los
partícipes que han de ser castigados como si fueran autores
(i.e. inductores y cooperadores necesarios) y los que debe
castigarse menos severamente (cooperadores no necesarios)”.
Íd., pág. 1173. Debido a lo anterior, el Profesor hace un
llamado a este Tribunal para ofrecer un punto de partida más
concreto y claro que permita distinguir efectivamente entre
la cooperación necesaria y la cooperación no necesaria. Íd.,
pág. 1175.
CC-2020-0121
39
De igual modo, otra teoría se enfoca en la necesidad
de los actos realizados en pro de la consumación del delito.
Pueblo v. Sustache Sustache, supra, pág. 307. Según ésta,
la persona se considerará cooperadora necesaria cuando su
aportación sea insustituible.
M.
C. López Peregrín,
La
complicidad en el delito, Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch,
1997, pág. 412. Es decir, cuando ningún otro partícipe
pudiese realizar su contribución en su lugar. De igual
manera, se entenderá que la cooperación es necesaria cuando
el autor o la autora del delito no podría ejecutar el delito
sin su aportación. Íd., pág. 414. Por el contrario, en la
medida en que la aportación sea fácilmente sustituible o
cuando
el
autor
o
autora
pueda
realizar
la
conducta
delictiva independientemente de la contribución, se tratará
de un cooperador o cooperadora no necesario.
Otra
teoría
contribución
propuesta
psicológica
o
es
aquella
apoyo
moral
que
evalúa
la
que
provee
un
partícipe al autor o autora. Pueblo v. Sustache Sustache,
supra,
pág.
309.
No
obstante,
esta
teoría
tiene
más
relevancia a fines de diferenciar entre un inductor y un
cooperador o cooperadora no necesaria. Por un lado, se
considerará un inductor o inductora quien, mediante apoyo
moral, provoca intencionalmente que otra persona cometa un
delito. Chiesa Aponte, Autores y cooperadores, supra, pág.
1182.
De
lo
contrario,
se
tratará
de
un
cooperador
o
cooperadora no necesaria cuando tal apoyo psicológico o
CC-2020-0121
40
moral no fue determinante para la comisión de delito. Íd.
Entiéndase, en ese caso, el autor o la autora hubiese
cometido el delito, independientemente de la contribución
moral que recibió del cooperador o cooperadora.
Asimismo, el profesor y tratadista Luis Ernesto Chiesa
Aponte propone otros acercamientos teóricos, tal como la
probabilidad de que se consumara exitosamente el delito.
Chiesa Aponte, Autores y cooperadores, supra, pág. 1176.
Mediante este análisis, se considerará que una persona es
cooperadora
necesaria
si
su
contribución
“aumentó
significativamente la probabilidad de que el delito fuera
consumado exitosamente”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 1177.
Si la conducta o la aportación de una persona no aumentó
significativamente la comisión del delito, se tratará de un
cooperador o cooperadora no necesaria. Íd.
Además, se considerará que la cooperación es necesaria
cuando se aporta o se contribuye un medio para cometer un
delito que es distinto al que el autor o la autora se
proponía utilizar inicialmente o, cuando se ayuda a cometer
el delito de una manera más privada. Íd., págs. 1180-1182.
En ambos supuestos tal cooperación tiene que cumplir con el
criterio anterior, entiéndase, que la aportación aumente
significativamente la probabilidad de que se consuma el
delito exitosamente.
En fin, esta diversidad de criterios sirve para guiar
la
discreción
de
los
tribunales
al
catalogar
la
CC-2020-0121
41
participación de una persona en la comisión de delitos. Sin
embargo, ninguno de estos acercamientos es determinante y
su aplicación dependerá de las circunstancias de cada caso.
En ese análisis, el principio rector debe ser auscultar “si
la ayuda del cooperador puede considerarse de
importancia
especial
a la luz del plan del autor, en casos de
acciones, o en torno al grado de control que tenía el
cooperador
sobre
la
conducta
del
autor,
en
casos
de
entre
autoría
y
omisiones”. Íd., pág. 1188.
Una
vez
explicada
la
distinción
participación en el contexto penal, veamos los delitos en
controversia.
C.
El Código Penal de 2012 disponía en su Art. 93(a) que
constituía
asesinato
en
primer
grado
“[t]oda
muerte
perpetrada por medio de veneno, acecho o tortura, o con
premeditación”.69
33
LPRA
sec.
5142.
A
esos
fines,
premeditación se ha definido como “la deliberación previa a
la resolución de llevar a cabo el hecho luego de darle alguna
consideración por un período de tiempo”. Nevares-Muñiz,
Código
Penal
premeditación
de
Puerto
puede
Rico,
op.
cit.,
pág.
140.
La
deducirse
de
las
circunstancias
particulares de cada caso, analizado la relación entre las
69Actualmente,
el Art. 93(a) del Código Penal de 2012
provee que constituye asesinato en primer grado “[t]odo
asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, tortura,
o a propósito o con conocimiento”. 33 LPRA sec. 5142.
CC-2020-0121
partes,
sus
42
actos
y
sus
conductas.
Pueblo
v.
López
Rodríguez, 101 DPR 897, 899 (1974).
Por tanto, el asesinato en primer grado exige que la
persona tenga la intención específica de matar y quitarle
la vida a otra persona. Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 406,
419 (2007). A la luz de lo anterior, hemos dictaminado que
“un asesinato podrá ser catalogado de primer grado si a la
intención de matar se ha llegado después de darle alguna
consideración, sin importar lo rápido que el acto de matar
suceda a la formación definitiva de tal intención”. Pueblo
v. Concepción Guerra, 194 DPR 291, 305 (2015).
Por otro lado, la Ley de Armas de Puerto Rico, supra,
proveía en su Art. 5.04 que toda persona que transportara o
portara cualquier arma de fuego sin el correspondiente
permiso para portar armas incurriría en un delito grave. 25
LPRA sec. 458c. De igual modo, el Art. 5.15 disponía que
incurrirá en delito grave toda persona que voluntariamente
disparara un arma de fuego en un sitio público. 25 LPRA sec.
458n.
Sin embargo, la posesión de un arma de fuego puede ser
tanto física como constructiva. La posesión constructiva de
un bien delictivo se materializa cuando, “a pesar de que una
persona no tiene la posesión inmediata o tenencia física del
objeto, tiene el poder e intención de ejercer el control o
dominio
sobre
el
mismo”.
interés
menor
F.S.C.,
(Énfasis
128
DPR
suplido).
931,
940
Pueblo
en
(1991).
En
CC-2020-0121
43
consecuencia,
no
constituye
posesión
constructiva
la
presencia ni la cercanía a un objeto delictivo. Íd. Al
contrario,
para
imputarle
posesión
constructiva
a
una
persona que no tuvo control directo de un bien, hay que
probar que tuvo conocimiento del mismo y control sobre éste.
Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 283, 294 (1986).
Examinado el derecho aplicable, procedemos a resolver
la controversia ante nuestra consideración.
III
Según expuesto, corresponde evaluar si de la prueba
desfilada en el Tribunal de Primera Instancia se desprende,
más allá de duda razonable, que el peticionario es culpable
de los siguientes delitos: (1) asesinato en primer grado,
Artículo 93(a) del Código Penal de 2012; (2) portación y uso
de armas de fuego sin licencia, Artículo 5.04 de la Ley de
Armas de Puerto Rico, supra; y (3) disparar o apuntar armas,
Artículo 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.
No está en controversia que el Ministerio Público sí
probó, más allá de duda razonable, que el peticionario
incurrió en el delito de portación y uso de armas blancas,
Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.
Según el propio peticionario, éste agredió al occiso con un
taco de billar. Debido a lo anterior, no se requiere pasar
juicio sobre la imputación de este delito.
En
torno
a
los
demás
delitos,
tampoco
está
en
controversia el hecho de que el peticionario no es un autor
CC-2020-0121
directo
de
44
los
delitos
imputados.
Ello,
pues
quedó
evidenciado que quien directamente portó un arma de fuego,
disparó la misma y asesinó al señor García Batista fue su
hermano, el señor Resto Laureano. Debido a lo anterior, el
señor Resto Laureano fue convicto por los delitos reseñados.
En consecuencia, resta analizar si el peticionario participó
en la comisión de estos delitos en calidad de coautor,
cooperador necesario o cooperador no necesario.
Para que el peticionario se considere coautor de los
delitos reseñados, el Ministerio Público debió probar, más
allá de duda razonable, lo siguiente: (1) que los hermanos
Resto Laureano acordaron mutua y previamente cometer los
delitos imputados, y (2) que el peticionario realizó una
contribución tan esencial a la consumación del delito, que
sin ella no se hubiese podido ejecutar el mismo. Recordemos,
pues, que para que el peticionario sea un coautor, su
retirada impediría la ejecución del delito.
Por otro lado, para que el peticionario se considere
un cooperador necesario de los delitos reseñados, se debió
probar
que
éste
realizó
una
aportación
esencial
e
indispensable a los mismos. Aunque no es requisito que haya
tenido el dominio del hecho delictivo, se debió evidenciar
que, sin la aportación del peticionario, su hermano no
hubiese podido ejecutar los delitos en controversia. Es
decir, que la contribución del peticionario fue de especial
importancia a la luz del plan delictivo de su hermano.
CC-2020-0121
45
Para precisar la necesidad y la esencialidad de la
aportación del peticionario, se deben tomar en consideración
las circunstancias particulares del caso ante nos, entre
éstas: la necesidad de la aportación del peticionario, su
importancia a la luz del plan delictivo de su hermano, la
escasez del bien o del servicio aportado y si su aportación
aumentó
significativamente
la
probabilidad
de
que
los
delitos se hubiesen consumado exitosamente.
De no aplicar las figuras anteriores, se debe evaluar
si el peticionario actuó como un cooperador no necesario.
Entiéndase, si éste aportó eficazmente a la producción de
un delito de manera subsidiaria y secundaria. Veamos.
Los
testimonios
Ministerio
Público
y
los
videos
evidenciaron
presentados
que,
en
la
por
el
noche
en
controversia, el señor Resto Laureano tuvo una discusión con
el
señor
García
Batista
en
un
negocio.
Aunque
el
peticionario llegó al lugar de los hechos junto a su hermano,
se desprende de la prueba presentada que éste no participó
inicialmente de la discusión. Una vez culminó la discusión,
todas las partes involucradas salieron del negocio. Por un
lado, el señor Resto Laureano persiguió a la víctima y a su
pareja. En contraste, el peticionario no tomó la misma
dirección que los demás y optó por irse hacia el área de la
terraza.
Al salir, la señora Rodríguez, pareja del señor García
Batista, procedió a golpear el vehículo donde se encontraban
CC-2020-0121
46
las parejas de los hermanos Resto Laureano. En consecuencia,
el peticionario agarró un taco de billar y se acercó hacia
donde estaban todas las partes involucradas. En cuestión de
segundos, el señor Resto Laureano le disparó al señor García
Batista.
La
señora
Rodríguez
relató
que,
al
escuchar
los
disparos, se volteó y vio al señor García Batista caer al
piso con un arma en la mano. El agente Cruz Román, oficial
policiaco con diecinueve (19) años de experiencia en la
Policía de Puerto Rico y con diez (10) años adscrito a la
División de Homicidios, testificó que al observar los videos
percibió que, en efecto, el señor García Batista portaba un
arma la noche en controversia.
Inmediatamente, el peticionario procedió a darle dos
(2) golpes con un taco de billar al señor García Batista.
Luego de ello, los videos muestran un “forcejeo” entre el
señor García Batista, el peticionario y la señora Rodríguez
por un tramo aproximado de veinte (20) segundos.
Desafortunadamente, el señor García Batista falleció
en la ambulancia de camino al hospital. El informe médicoforense mostró que la causa de la muerte del señor García
Batista se debió exclusivamente a las heridas causadas por
las
balas
del
arma
de
fuego.
Del
mismo
se
desprende
inequívocamente que el señor García Batista no tenía ningún
otro tipo de impacto o evidencia de daño corporal.
CC-2020-0121
47
Al evaluar la totalidad de esta evidencia, a la luz de
los criterios de autoría vigentes, es forzoso concluir que
no se probó, más allá de duda razonable, que el peticionario
fue coautor de los delitos de asesinato, de portación de
armas y de disparo de armas. La prueba presentada está
huérfana de evidencia alguna que muestre que los hermanos
Resto Laureano planificaron la comisión de estos delitos y
que hubo una distribución de funciones entre ellos con ese
propósito.
Para concluir que sí hubo tal planificación, pesó en
el criterio del Tribunal de Apelaciones que los videos
presentados alegadamente muestran que el peticionario señaló
en dirección hacia el señor García Batista unos instantes
antes de los disparos. Sin embargo, tras un estudio riguroso
de los videos, no se puede aseverar con certeza que ese
señalamiento
ocurrió.
Por
tanto,
tal
evidencia
es
insuficiente para inferir razonablemente que el peticionario
tenía la intención y el conocimiento pleno de un acuerdo en
pro de quitarle la vida al señor García Batista. Ello, no
produce certeza ni convicción moral de que los hermanos
Resto
Laureano
entre
ellos
planificaron
distintas
previamente
funciones
en
aras
y
distribuyeron
de
cometer
un
asesinato mediante un arma de fuego.
Así lo reconoció el agente Cruz Román, encargado de
realizar la investigación del caso, quien testificó que de
su investigación no surgió que el peticionario planificó o
CC-2020-0121
48
acordó con el señor Resto Laureano quitarle la vida al señor
García
Batista.
De
igual
modo,
afirmó
que
de
su
investigación no se desprendió que el peticionario tenía
conocimiento alguno sobre el arma que portaba el señor Resto
Laureano.
Como agravante, la conducta del peticionario en la noche
en controversia no muestra que éste tuvo dominio alguno
sobre los hechos delictivos, ni que realizó una contribución
esencial
a
la
comisión
del
delito.
Tampoco
que
tuvo
conocimiento previo de que el peticionario portaba un arma
de fuego ni, mucho menos, tuvo control o dominio alguno
sobre el arma.
Ciertamente, la evidencia muestra que el peticionario
actuó deplorable y delictivamente al golpear a otra persona
con un taco de billar. Es por ello que el peticionario fue
convicto correctamente por el delito de portación y uso de
armas blancas. No obstante, ello no constituyó, de modo
alguno, una aportación esencial a los delitos de asesinato
y de portación de armas. Así quedó evidenciado claramente
en el informe médico-forense, que dispone expresamente que
el señor García Batista no tuvo daño corporal alguno más
allá de las heridas de bala.
Como puede apreciarse, el señor Resto Laureano no
necesitó contribución alguna de parte del peticionario para
quitarle
la
vida
al
señor
García
Batista.
De
haberse
retirado el peticionario, los delitos se hubiesen ejecutado
CC-2020-0121
49
igualmente. Es decir, no se demostró que el peticionario
tuvo dominio alguno sobre los hechos delictivos. La agresión
ejercida por el peticionario tampoco fue una aportación
necesaria, no adelantó los propósitos de su hermano, no
constituyó una contribución de difícil obtención, no aumentó
de manera alguna las probabilidades de que los delitos se
consumaran exitosamente, ni constituyó una aportación de
especial importancia a la luz de todas las circunstancias.
Distínganse los hechos ante nuestra consideración con la
controversia que ocupó a este Tribunal en Pueblo v. Santiago
et al., supra. Según adelantado, en aquella ocasión, el
Tribunal responsabilizó al acusado en calidad de coautor
porque éste, luego de presenciar una discusión entre varios
individuos, ayudó a su hermano a buscar un arma, le suplió
un arma de fuego que le pertenecía y lo acompañó al lugar
de los hechos para que éste ejecutara el delito de asesinato.
Mientras ello ocurría, el acusado obstruyó la salida del
lugar donde se cometía el delito para evitar su paso. En
este caso, se demostró más allá de duda razonable una
planificación previa, una distribución de funciones y una
contribución esencial a la comisión de los hechos.
En contraste, en esta ocasión, no se presentó evidencia
que
produjera
certeza
o
convicción
moral
de
que
el
peticionario acordó previamente quitarle la vida al señor
García Batista. Más importante aún, no se demostró que el
CC-2020-0121
50
peticionario haya realizado alguna aportación esencial o
indispensable como coautor de los delitos.
En fin, es firme principio de la doctrina penal que,
para que una persona se considere coautor o coautora de un
delito, deben concurrir necesariamente ambos requisitos: (1)
un plan previo, y (2) una aportación esencial a la comisión
del delito. Al no probarse estos elementos más allá de duda
razonable,
los
tribunales
estamos
impedidos
de
responsabilizar al peticionario como coautor de los delitos
imputados. De igual modo, ante la evidente realidad de que
el peticionario no realizó actos necesarios, indispensables
ni esenciales a los delitos imputados, tampoco procedía
imponerle una pena en calidad de cooperador necesario.
Debido
a
lo
anterior,
sólo
resta
auscultar
si
el
peticionario actuó como un cooperador no necesario de los
delitos de asesinato, portación de arma de fuego y disparo
de arma de fuego. Como se expuso anteriormente, una persona
se considerará cooperador o cooperadora no necesaria cuando
su aportación a la conducta delictiva no sea decisiva ni
determinante. Al contrario, una cooperación no necesaria es
aquella de carácter secundario, sin especial importancia a
la luz del delito cometido.
En
el
caso
de
epígrafe,
la
participación
del
peticionario en la actividad delictiva se reduce a que,
luego de que el señor Resto Laureano le disparara a la
víctima, éste lo golpeó con un taco de billar. Sin embargo,
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como hemos reiterado, el informe médico forense revela que
tales golpes no causaron la muerte del señor García Batista.
De hecho, del mismo se desprende que tales golpes ni siquiera
causaron algún daño corporal. Es decir, no existe un nexo
causal alguno entre los actos del peticionario y los delitos
imputados.
Ciertamente,
cooperación
no
para
imputarle
necesaria
no
se
a
una
exige
un
persona
una
estándar
de
causalidad condicionante a la comisión del delito. Sin
embargo, la doctrina sí exige que los actos del cooperador
no necesario auxilien o favorezcan de alguna manera, aunque
sea mínimamente, los delitos cometidos. En vista de que, en
el caso ante nos, se presentó evidencia fehaciente de que
los actos del peticionario no tuvieron efecto alguno en el
asesinato del señor García Batista, no procedía tampoco
responsabilizarlo penalmente en calidad de cooperador no
necesario.
En fin, lo único que el Ministerio Público probó, más
allá
de
duda
razonable,
es
que
el
peticionario
actuó
delictivamente al golpear al señor García Batista con un
taco de billar. Es por ello que éste es indudablemente
culpable del delito de portación y uso de armas blancas,
Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.
Debido a lo anterior, el peticionario continuará cumpliendo
la sentencia de seis (6) años impuesta por el Tribunal de
Primera Instancia a esos fines.
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En ese sentido, estoy convencido de que el Sr. Ángel
M. Resto Laureano incurrió en la comisión de un delito,
incluso hasta él mismo lo reconoce y no lo cuestiona.
Sin
embargo, estoy convencido también de que su responsabilidad
penal no puede extenderse al punto de resultar culpable por
otros
delitos
cometidos
por
su
hermano.
Ello,
tras
un
estudio minucioso del derecho aplicable, especialmente de
los criterios que exige nuestro ordenamiento para que una
persona se considere coautora de un delito. Como hemos
constatado,
al
aplicar
el
derecho
vigente
a
la
prueba
presentada en el juicio, no me queda otra alternativa que
concluir que la culpabilidad del Sr. Ángel M. Resto Laureano
no se probó más allá de duda razonable respecto a los
restantes delitos. Por tanto, respetuosamente disiento.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado