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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo v. Resto Laureano

2021 TSPR 60

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo v. Resto Laureano

CC-2019-121

Sentencia del Tribunal con Opiniones de Conformidad y Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Certiorari

2021 TSPR 60

Ángel M. Resto Laureano

Peticionario

206 DPR ____

José Resto Laureano

Recurrido

Número del Caso:

CC-2019-121

Fecha: 3 de mayo de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Arecibo y Aguadilla, Panel X

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Marangely González Correa

Sociedad para Asistencia Legal

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Isaías Sánchez Báez

Procurador General

Lcda. Lisa Mónica Durán Ortiz

Procuradora General Auxiliar

Materia:

Sentencia del Triubnal con Opiniones de Conformidad y

Opinión Disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2019-0121

Ángel M. Resto Laureano

Peticionario

José Resto Laureano

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 3 de mayo de 2021.

Por estar igualmente dividido este Tribunal, se

confirma el dictamen emitido por el Tribunal de

Apelaciones.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez

Torres emitió una Opinión de conformidad a la cual se

unen los Jueces Asociados señores Rivera García y

Feliberti Cintrón. La Jueza Asociada señora Pabón

Charneco emitió una Opinión de conformidad. El Juez

Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión

disidente a la cual se unen la Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez y los Jueces Asociados señores Kolthoff

Caraballo y Colón Pérez.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2019-0121

Ángel M. Resto Laureano

Peticionario

José Resto Laureano

Recurrido

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES, a la cual se unieron los Jueces Asociados señor RIVERA GARCÍA

y señor FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2021.

Estoy

conforme

con

la

Sentencia

que

hoy

se

certifica debido a que el Ministerio Público probó

más

allá

de

duda

razonable

la

culpabilidad

del

peticionario en todos los delitos imputados. El fallo

condenatorio

que

emitió

el

Tribunal

de

Primera

Instancia y confirmó el Tribunal de Apelaciones es

correcto y está sustentado con prueba suficiente.

I

Por hechos ocurridos el 3 de octubre de 2014,

el

Ministerio Público presentó una denuncia contra

CC-2020-0121

el

Sr.

Ángel

2

Resto

Laureano,

por

los

delitos

de:

(1)

asesinato en primer grado, Art. 93(a) del Código Penal de

2012, 33 LPRA sec. 5142; (2) portación y uso de armas de

fuego sin licencia, Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto

Rico, 25 LPRA sec.458c, y (3) portación y uso de armas

blancas y disparar o apuntar armas, Art. 5.15 de la Ley de

Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458n. Al señor Resto

Laureano se le imputó que causó la muerte del Sr. Xavier

García Batista mediante disparos con un arma de fuego y un

taco de billar, al actuar en concierto y común acuerdo con

su hermano, el Sr. José Resto Laureano.

El juicio conjunto por tribunal de derecho en contra de

los hermanos Resto Laureano, donde se presentó evidencia

testimonial, ilustrativa y documental, culminó con un fallo

de culpabilidad en todos los cargos imputados. El 28 de

septiembre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia condenó

al Sr. Ángel Resto Laureano a cumplir una pena total de

reclusión

consecutiva

de

ciento

treinta

(130)

años

en

peticionario

presentó

una

moción

de

prisión.

Inconforme,

el

reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia, en la

que impugnó la condena, excepto la del delito de portación

y uso de armas blancas. El señor Resto Laureano alegó que el

Ministerio

Público

no

había

probado

más

allá

de

duda

razonable, la intención de matar, la portación y uso del

arma de fuego, ni que hubiera un plan acordado para causar

CC-2020-0121

3

la muerte de la víctima. El foro primario declaró no ha lugar

la moción presentada.

Entonces, el señor Resto Laureano apeló al Tribunal de

Apelaciones. En síntesis, planteó -al igual que ante el foro

primario- que el Ministerio Público no satisfizo el cuántum

de prueba requerido en lo relacionado a los delitos de

asesinato en primer grado y portación y uso del arma. Afirmó

que se le impuso responsabilidad por su mera presencia en el

lugar de los hechos. Añadió que el señor García Batista

portaba un arma, por lo que había actuado en defensa propia

al golpearlo con un taco de billar y que dicha agresión no

fue con la intención de asesinarlo.

El

Tribunal

de

Apelaciones

confirmó

la

sentencia

apelada. Determinó que la prueba desfilada demostró de forma

fehaciente que el señor Resto Laureano actuó en mutuo acuerdo

con su hermano y que tuvo una participación intencional y

esencial en el asesinato del señor García Batista. Además,

consideró probado que, si bien el apelante no ostentaba la

portación física del arma de fuego utilizada, esta estuvo

bajo

su

control

y

manejo.

El

foro

apelativo

basó

sus

conclusiones en que, según declarado en el juicio, como parte

de las confrontaciones momentos antes de los disparos, el

señor Resto Laureano le dijo a la víctima: “te vas a joder”.

Por otra parte, el tribunal infirió que, según los

videos, los movimientos del apelante con el taco de billar

en sus manos reflejaron que le dio cobertura a su hermano y

CC-2020-0121

4

facilitó que este le disparara a la víctima. A su vez, el

Tribunal

de

Apelaciones

determinó

que

contrario

a

la

alegación del apelante, el señor García Batista no podía

portar

un

arma

al

momento

de

pantalones

eran

de

algodón.

los

hechos,

ya

que

sus

Insatisfecho,

el

apelante

presentó una moción de reconsideración ante el Tribunal de

Apelaciones. Esta se declaró no ha lugar.

Posteriormente, el señor Resto Laureano acudió ante nos

mediante recurso de certiorari. En síntesis, reiteró que no

se probó más allá de duda razonable que él conspiró o

contribuyó

a

los

delitos

imputados.

Específicamente,

enfatizó que la autopsia realizada reveló que no le causó

daño corporal a la víctima. A su vez, insistió en que los

videos demostraban que sus alegadas expresiones a la víctima

fueron espontáneas y en reacción a los hechos, incluyendo

que el señor García Batista portaba un arma. Impugnó las

convicciones

alegando

que

estas

fueron

basadas

en

especulaciones y que no tenían base en la prueba presentada.

En

consecuencia,

la

Oficina

del Procurador

General

compareció ante nos y reiteró que la prueba demostró que el

peticionario

Resto

Laureano

actuó

en

concierto

y

común

acuerdo con su hermano para asesinar al señor García Batista.

Sostuvo que debemos darle deferencia a la apreciación de la

prueba

que

hizo

el

foro

de

primera

instancia.

Además,

enfatizó que las expresiones del peticionario a la víctima

y las acciones de este una vez el señor García Batista yacía

CC-2020-0121

5

en el suelo herido, tomadas en conjunto, evidenciaban su

participación como coautor de los delitos imputados.

II

A. A toda persona acusada de delito le cobija una

presunción de inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA

Tomo

I.

Esto

significa

culpabilidad,

probatoria.

el

En

que,

para

Ministerio

los

casos

emitir

Público

penales

un

tiene

permea

el

fallo

la

de

carga

principio

fundamental de que se deben probar más allá de duda razonable

todos los elementos del delito, su conexión con la persona

acusada y la intención o negligencia criminal de esta. Pueblo

v.

Toro

Martínez,

200

DPR

834

(2018);

Pueblo

v.

Cruz

Granados, 116 DPR 3 (1984); Pueblo v. Túa, 84 DPR 39 (1961).

No se requiere que se establezca la culpabilidad del

acusado

con

certeza

matemática.

Rodríguez,

129

DPR

49,

determinar

que

la

prueba

71

Pueblo

(1991).

controvierte

No

v.

Maisonave

obstante,

la

para

presunción

de

inocencia, esta debe ser suficiente y satisfactoria, es

decir,

que

produzca

certeza

o

convicción

moral

en

el

juzgador. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545,

552 (1974).

Se trata de una norma de suficiencia de prueba que según

la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,

conlleva que se absuelva al acusado si existe duda razonable

luego de un estudio de la totalidad de la evidencia. Hay

duda razonable cuando el juzgador siente insatisfacción con

CC-2020-0121

6

la prueba una vez sopesados todos los elementos involucrados

en el caso. Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398 (2014);

Pueblo v. Toro Rosas, 89 DPR 169 (1963); Pueblo v. Cruz

Granados, 116 DPR 3 (1984).

La presunción de inocencia asiste al acusado hasta el

fallo de culpabilidad. En los remedios postsentencia, como

lo son los recursos de apelación, la carga de persuadir al

tribunal

recae

Procedimiento

en

el

criminal

acusado.

E.L.

Chiesa

Aponte,

y

Constitución:

etapa

la

adjudicativa, P.R., Ed. Situm, 2018, Sec. 4.3, pág. 154.

Esto

es

así

porque

los

procedimientos

adjudicativos

se

presumen correctos. Pueblo v. Arlequín Vélez, 2020 TSPR 27,

204 DPR __ (2020).

La apreciación imparcial de la prueba que hagan los

juzgadores de hechos merece respeto y confiabilidad. Pueblo

v. Rosario Cintrón, 102 DPR 82 (1974); Pueblo v. Nevárez

Virella, 101 DPR 11 (1973). Además, las determinaciones de

hechos probados que hizo el juzgador primario no se deben

descartar arbitrariamente, a menos que de la prueba admitida

surja que no hay base suficiente para apoyarlas. Pueblo v.

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). En los casos de

naturaleza criminal, no tendremos esa deferencia si: (1)

hubo prejuicio, parcialidad o pasión, o (2) la prueba no

concuerda con la realidad fáctica, es increíble o imposible.

Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 481 (2013), citando

a Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 147-148(2009);

CC-2020-0121

Pueblo

7

v.

García

Colón

I,

182

DPR

129

(2011).

Consecuentemente, un tribunal revisor solo podrá intervenir

con las conclusiones de hecho del foro primario cuando la

apreciación total de la prueba no represente su balance más

racional, justiciero y jurídico. Miranda Cruz y otros v.

S.L.G. Ritch, 176 DPR 951 (2009); Cárdenas Maxán v. Rodríguez

Rodríguez, 125 DPR 702, 714 (1990).

A estos fines, queda claro que la determinación de si

se probó la culpabilidad del acusado más allá de duda

razonable es un asunto de hecho y derecho, revisable en

apelación. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002)

(citando a Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454

(1988)).

Nuestro

esquema

probatorio

está

revestido

de

deferencia a las determinaciones que hacen los juzgadores de

primera instancia en cuanto a la prueba testifical, ya que

dicho foro está en mejor posición para aquilatarla. Pueblo

v. De Jesús Mercado, supra; Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182

DPR 239 (2011).

Cuando convergen asuntos de suficiencia de la prueba y

deferencia

en

cuanto

a

la

apreciación

de

la

prueba

testifical, examinaremos si la determinación de credibilidad

del

foro

de

instancia

rebasó

los

límites

de

la

sana

discreción judicial. Íd. Estas cuestiones deben analizarse

cuidadosamente de forma tal que no se vulnere el derecho

constitucional del acusado de que su culpabilidad se pruebe

más allá de duda razonable. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.

CC-2020-0121

Al

entrelazar

8

estos

principios,

hemos

establecido

que,

aunque las determinaciones de hecho queden sostenidas por la

prueba desfilada, podríamos revocar un fallo condenatorio si

de un análisis integral de la prueba no quedamos convencidos.

Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551.

B. El Art. 93(a) del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec.

5142, vigente al momento de los hechos, tipificaba el delito

de asesinato en primer grado como “[t]oda muerte perpetrada

por medio de veneno, acecho o tortura, o con premeditación”.

Como es conocido, en el actual Código Penal se sustituyó el

elemento mental de premeditación por

“a propósito” o “con

conocimiento”.

El asesinato en primer grado requiere tanto malicia

premeditada como premeditación. Pueblo v. Negrón Ayala, 171

DPR 406 (2007). Se trata de la intención de realizar un acto

que con toda probabilidad causará la muerte a una persona.

Íd. La malicia premeditada consiste en ausencia de justa

causa o excusa y consciencia al ocasionar la muerte de

alguien. Pueblo v. Carmona Rivera, 143 DPR 907,914 (1997).

Mientras, la deliberación equivale a llegar a la intención

de matar, luego de alguna consideración. No importa lo rápido

que el acto de matar suceda a la formación de la intención.

Pueblo v. Concepción Guerra, 194 DPR 291, 305 (2015). Ambos

elementos subjetivos pueden razonablemente inferirse de los

hechos particulares del caso y concebirse en el momento mismo

CC-2020-0121

9

del ataque. Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 420; Pueblo

v. López Rodríguez, 101 DPR 897,899 (1974).

Por otra parte, en lo correspondiente a los cargos por

violaciones de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, hemos

reiterado que la posesión de un arma puede ser constructiva.

Este tipo de posesión se da cuando sin tener físicamente el

objeto se tiene poder y la intención de ejercer control o

dominio sobre él. Pueblo en interés menor F.S.C., 128 DPR

931, 940 (1991). Otra instancia en que se puede dar la

posesión

constructiva

es

cuando

varias

personas

con

conocimiento comparten control sobre el objeto delictivo.

Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 283, 294 (1986).

C.-i. A manera de facilitar distinciones conceptuales,

se define como autor de la acción criminal a aquel que

principalmente causa el hecho delictivo, por lo que tiene

dominio de este. L. E. Chiesa, Autores y cooperadores, 79

Rev. Jur. UPR 1163, 1165 (2010). Dentro de las formas de

autoría se encuentra la autoría directa, la autoría mediata

y la coautoría. Específicamente, cuando concurren diferentes

sujetos en el quehacer delictivo, la coautoría supone que

cada

interventor

tiene

dominio

del

hecho,

ya

que

las

contribuciones de cada uno resultan esenciales para lograr

la consumación del delito. F. Muñoz Conde & M. García Arán,

Derecho Penal, Parte General, 7ma ed., Valencia, Tirant lo

Blanch, 2007, pág. 435.

CC-2020-0121

10

Para que se trate de coautoría, es necesario un acuerdo

o plan común previo para cometer el delito, que se participe

en este y que la contribución de cada individuo haya sido un

eslabón importante en la producción de la ofensa. L. E.

Chiesa Aponte, Derecho Penal sustantivo, 2da ed., EE.UU.,

Pubs. JTS, 2013, págs. 192-193. No es necesario que el

coautor

ejecute

tipificados.

Es

personalmente

suficiente

su

alguno

de

presencia

los

pasiva

actos

si

su

responsabilidad puede establecerse por actos anteriores o

como el resultado de un designio común. Pueblo v. Meléndez

Rodríguez,

136

DPR

587,

621

(1994);

Pueblo

v.

Aponte

González, 83 DPR 511, 519–520 (1961). “[L]a contribución

material de cada coautor, sin importar cómo fue o en qué

consistió, se consideran como un todo y el resultado lesivo

total se le imputa a cada coautor por igual”. Pueblo v.

Torres Feliciano, 201 DPR 63, 85 (2018).

Hemos

expresado

que

la

mera

presencia

incidental

durante la comisión de un delito no es suficiente para

sostener una convicción a título de coautor. Pueblo v.

Santiago, 176 DPR 133, 147 (2009). Es necesario que las

circunstancias revelen que se trató de una participación

voluntaria y consciente en la ejecución del delito. Íd. De

este

modo,

establecerse

hemos

reconocido

mediante

prueba

que

la

directa

coautoría

o

puede

circunstancial.

Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 DPR 139 (1985).

CC-2020-0121

11

Por otro lado, es considerado como “partícipe” el que

colabora intencionalmente en la realización de un hecho

delictivo ajeno, sin tener control de este. Chiesa Aponte,

Derecho Penal Sustantivo, op. cit., pág. 191. Dentro de las

formas de participación se encuentra la inducción y la

cooperación. La cooperación a su vez se divide en dos tipos:

cooperación

necesaria

y

cooperación

no

necesaria.

La

responsabilidad de los partícipes, por ser accesoria, es

derivativa de la responsabilidad del autor. L.E. Chiesa,

Autores

y

Puntualizamos

cooperadores,

la

supra,

accesoriedad

del

págs.

partícipe

1171-1172.

ya

que,

independientemente de que se le imponga la misma pena que al

autor,

solo

se

le

castigará

cuando

exista

un

hecho

antijurídico ajeno. L.E. Chiesa, Autores y cooperadores,

supra, pág. 1170.

Debido a las diversas modificaciones que ha sufrido

nuestro ordenamiento jurídico penal y la posible confusión

entre las figuras de coautoría, cooperación necesaria y

cooperación, pasamos a discutir estas figuras teniendo en

cuenta sus definiciones conceptuales y su interrelación con

la pena que se le ha atribuido. Cabe destacar que, a pesar

de las diferentes transformaciones en nuestro Código Penal,

queda claro que la mera presencia en el lugar de los hechos

no convierte a la persona en autor ni cooperador, aunque la

presencia puede tomarse en cuenta bajo un análisis de la

totalidad de las circunstancias. Pueblo v. Agosto Castro,

CC-2020-0121

12

102 DPR 441 (1974); Pueblo v. Aponte González, 83 DPR 511

(1961). Además, debe probarse, fuera de duda razonable, la

intervención

intencional

o

que

se

realizaron

actos

encaminados a facilitar la consumación del delito. (Énfasis

suplido) Pueblo v. Lebrón Morales, 115 DPR 113 (1984).

ii. Mediante el Código Penal de 2004, Ley Núm. 1492009, 33 LPRA se. 4629 et seq., se adoptó por primera vez en

nuestro ordenamiento la teoría de la diferenciación. Pueblo

v. Sustache Sustache, 176 DPR 250, 299 (2009). Esta teoría

distingue entre los sujetos activos de un hecho punible,

clasificándolos

en

autores

o

partícipes.

Bajo

esta

concepción se tiende a penalizar más severamente al autor

del delito que al cooperador. Pueblo v. Sustache Sustache,

supra, pág. 297

El Art. 43 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec.

4671(d),

clasificaba

quiénes

eran

considerados

autores.

Entre ellos se encuentran los que “(d) [c]ooperan con actos

anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del

delito, sin cuya participación no hubiera podido realizarse

el hecho delictivo”. A tales efectos, este inciso incluía a

los coautores y a los cooperadores necesarios. Pueblo v.

Sustache

parten

de

Sustache,

la

supra,

premisa

de

págs.

303-304.

Ambas

que

aportan

contribuciones

se

figuras

medulares a la consecución del hecho delictivo. Pueblo v.

Sustache Sustache, supra, pág. 303.

CC-2020-0121

13

La coautoría presupone: (1) un acuerdo de distribución

de funciones entre las personas implicadas y (2) la ejecución

común del hecho. Pueblo v. Sustache Sustache, supra, pág.

302 (citando a L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal sustantivo,

op. cit., págs. 178–179). La distinción entre el cooperador

necesario y el coautor estriba en que la contribución del

coautor se da durante la ejecución del delito, mientras que

la del cooperador necesario se da en los actos preparatorios.

Pueblo v. Sustache Sustache Sustache, supra, pág. 303.

Asimismo, debemos señalar que el Art. 44 del Código

Penal

de

2004,

33

LPRA

sec.

4672,

clasificaba

como

cooperadores a “[l]os que sin ser autores, con conocimiento,

cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito”.

La participación del cooperador no es imprescindible ni

indispensable. Basta un favorecimiento eficaz del hecho.

Pueblo v. Sustache Sustache, supra, pág. 305. De ordinario,

la conducta punible en calidad de cooperador es aquella que

acelera, asegura, incrementa o facilita la ejecución del

hecho o intensifica su resultado. Íd., pág. 306. La conducta

del cooperador es secundaria al delito ajeno y de poco valor,

por lo que no es indispensable para la ejecución del delito.

D.

Nevares-Muñiz,

Derecho

Penal

puertorriqueño

parte

general, 7ma ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo

del Derecho, 2015, pág. 366.

Siendo

así,

el

cooperador

es

aquel

que

no

tiene

conocimiento pleno del delito. Pueblo v. Sustache Sustache,

CC-2020-0121

14

supra, pág. 313. “Lo único que se requiere para configurar

la intención delictiva en la modalidad de cooperación, es

que el cooperador conozca las circunstancias del hecho, de

tal manera que el resultado criminal pueda serle imputado

como una consecuencia natural de su conducta”. Íd., pág.

321.

iii. Por otra parte, el Código Penal de 2012, Ley Núm.

146-2012, 33 LPRA sec. 5001 et seq., previo a ser enmendado,

atendía la concurrencia de distintas personas en la acción

criminal, estableciendo una sola categoría de autores, todos

con igual tipo de responsabilidad. D. Nevares-Muñiz, op.

cit.,

pág.

353.

equivalencia,

es

Esta

agrupación

decir,

se

refleja

la

teoría

de

penalizaba

a

todos

los

interventores con igual tipo de responsabilidad penal sin

diferenciar la calidad en que se participó. Íd. De esta

manera, la figura del cooperador se integró a la del autor.

El Art. 44 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5067

consideraba como autores, entre otros, a: “(a) Los que toman

parte directa en la comisión del delito… (d) [l]os que

cooperan con actos anteriores, simultáneos o posteriores a

la comisión del delito, sin cuya participación no hubiera

podido realizarse el hecho delictivo… [y] (h) [l]os que

cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito”.

Íd. Nótese que el conocimiento que se requería era aquel en

el que la persona es consciente de la existencia de la

CC-2020-0121

circunstancia

15

o

de

que

la

producción

del

resultado

es

prácticamente segura. D. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 367.

No

obstante,

la

Ley

Núm.

246-2014

restituyó

la

participación a título de cooperador y con ello se regresó

a la teoría de diferenciación. D. Nevares-Muñiz, op. cit.,

pág. 353. Con este cambio, se vislumbra al cooperador como

aquel

que

colabora

con

conocimiento,

pero

no

participa

directamente en la planificación o ejecución del delito. Íd.

De esta manera, al igual que el Código Penal de 2004, al

cooperador se le exige un grado de responsabilidad menor ya

que su participación es poco significativa. Íd.

A pesar de las enmiendas aprobadas en 2014, se continuó

denominando

“autores”

a

los

coautores

y

cooperadores

necesarios, pero se modificó el lenguaje para definir a estos

últimos como “[l]os que a propósito o con conocimiento

cooperan con actos anteriores, simultáneos o posteriores a

la comisión del delito, que contribuyen significativamente

a la consumación del hecho delictivo”. Art. 44 del Código

Penal de 2012, según enmendado por la Ley Núm. 246-2014, 33

LPRA sec. 5067.

Nuestra decisión más importante acerca de las figuras

del cooperador y coautor se dio en

Pueblo v. Sustache

Sustache, supra. Allí expresamos que no era necesario que

diferenciáramos

entre

la

coautoría

y

la

cooperación

necesaria ya que el Art. 43(d), supra, incluía a quien

realizara una contribución medular tanto en la ejecución del

CC-2020-0121

delito

como

16

en

actos

preparatorios.

Pueblo

v.

Sustache

Sustache, supra, pág. 304. Sin embargo, discutimos entonces

la teoría de los grados de necesidad. Esta distingue entre

la cooperación necesaria y la innecesaria, según el valor

que tienen los actos con relación al resultado. Esta doctrina

postula que los actos son necesarios cuando ningún otro

interventor los hubiera podido sustituir. Por el contrario,

la cooperación será innecesaria si el autor podía ejecutar

el hecho sin la participación del cooperador. Íd., pág. 307.

En aquella ocasión, teniendo en cuenta las diversas

teorías valorativas, diferenciamos las figuras del coautor

y el cooperador necesario, por un lado, y la del mero

cooperador, por otro lado, porque: (1) la colaboración del

coautor/cooperador

necesario

es

indispensable

para

la

comisión del delito, mientras que la del mero cooperador no

lo es y (2) el coautor tiene mayor conocimiento sobre el

hecho delictivo que el mero cooperador. Pueblo v. Sustache

Sustache, supra, págs. 3010-3011.

Como vemos, aun cuando nuestra decisión en Pueblo v.

Sustache Sustache, supra, tenía como referente el antiguo

Código Penal de 2004, esta es armonizable con las enmiendas

realizadas en 2014. Aunque las enmiendas establecen que el

tipo de coautoría/cooperación necesaria dispuesta en el Art.

44(d) requiere que la contribución al delito haya sido

significativa, en lugar de imprescindible, ambos lenguajes

contemplan

una

intervención

de

magnitud

o

valor

CC-2020-0121

17

considerable. “En el caso del autor descrito en el Art.44(d)

su participación es necesaria y significativa (o de magnitud

o valor considerable) para la ejecución del delito”. D.

Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 356. Por consiguiente, la

ayuda

necesaria

significativamente

y

esencial

es

la

probabilidad

aquella

que

de

el

que

aumentó

delito

se

consumara. E.L. Chiesa, Autores y cooperadores, supra, pág.

1177.

El cambio en lenguaje coincide con la recomendación del

profesor y tratadista Ernesto Chiesa, quien acertadamente

destacó

que

coherente

necesarias,

“Sustache

que

ayude

punibles

no

a

logra

articular

distinguir

como

entre

autoría

y

un

criterio

cooperaciones

complicidades

innecesarias, punibles como cooperación.” Íd., pág. 1164.

Chiesa destaca que corresponde hablar de coautoría solo

cuando hay un acuerdo previo. Si la intervención no es en

virtud de un acuerdo previo se trata de una cooperación

necesaria. Íd., pág. 1169. A su vez, el cooperador necesario

es aquel que aporta un acto esencial para la consumación del

delito. Íd., pág. 1172.

El enfoque en la probabilidad de consumación exitosa

del delito como distintivo entre cooperación necesaria y la

innecesaria es cónsono con las enmiendas de 2014. Este

análisis postula que si

[l]a contribución del cooperador aumentó

significativamente la probabilidad de que el

delito

fuera

consumado

exitosamente,

debe

concluirse que la ayuda proporcionada por el

CC-2020-0121

18

cooperador era necesaria. Si no, si se concluye

que la contribución del cooperador no aumentó

significativamente las probabilidades que se

consumara el delito, debe concluirse que la ayuda

proporcionada no fue necesaria. Íd., pág. 1177.

Además, Chiesa propone que el análisis en casos de

acciones debe girar en torno a si la ayuda del cooperador

puede considerarse de especial importancia a la luz del plan

del autor y no de que hubiese ocurrido sin su ayuda. Íd.,

pág. 1188.

La aportación del cooperador necesario puede consistir

tanto en hechos como en consejos. Por lo tanto, no siempre

se tratará de una reacción materialmente causal entre la

aportación

y

la

consumación

del

delito.

E.

Bacigalupo,

Derecho Penal, parte general, 2da ed., Buenos Aires, Ed.

Hammurabi SRL, 1999, pág. 529. Cada coautor responde por el

resultado

lesivo

total

sin

importar

cuál

haya

sido

su

contribución material. Pueblo v. Torres Feliciano, supra,

pág. 101. Siendo así, al analizar la cooperación necesaria,

debe determinarse si en efecto la aportación facilitó la

comisión del hecho. E. Bacigalupo, op. cit., pág. 530.

En consideración a lo anterior, al sopesar si se trata

de una cooperación necesaria debe evaluarse si los actos

facilitaron significativamente la comisión del delito, así

como si eso representó un eslabón importante en el quehacer

delictivo y, por ende, si se trató de una ayuda esencial.

III

CC-2020-0121

19

Este caso nos lleva a evaluar si se probó más allá de

duda razonable la culpabilidad del peticionario, Sr. Ángel

Resto Laureano, por su participación en el asesinato del

señor García Batista. Queda claro que los actos del señor

Resto Laureano quedaron cabalmente establecidos. Solo resta

determinar si su participación fue en calidad de coautor,

cooperador necesario o cooperador.

Luego de examinar los actos, las circunstancias que

rodearon la muerte, las manifestaciones, la conducta del

acusado y los hechos del crimen, entiendo que el fallo

condenatorio que emitió el Tribunal de Primera Instancia y

confirmó el Tribunal de Apelaciones es correcto y está

sustentado con prueba suficiente.

De los videos y los testimonios se desprende que el

peticionario Resto Laureano no fue parte de la primera

interacción donde su hermano golpeó en la cara a la víctima.

Sin embargo, luego el peticionario Resto Laureano le dijo al

señor García Batista: “te vas a joder”. Surge también que

una vez los involucrados salieron del área de la barra, el

peticionario Resto Laureano tomó un taco de billar y se

dirigió a la acera, a pocos pasos de la víctima y su pareja.

Los videos mostraron que el peticionario Resto Laureano

señaló hacia la víctima, mirando a su hermano, segundos antes

de que este último disparara. Cuando la víctima cayó al

suelo, el peticionario se dirigió a golpearla en repetidas

ocasiones con un taco de billar. Tal fue su agitación y

CC-2020-0121

20

desenfreno que, para poder continuar con sus golpes, empujo

al suelo a la pareja de la víctima cuando ella intento

detenerlo.

Siendo

así,

quedo

plasmada

su

intención

de

culminar lo que su hermano inició.

Debemos recordar que el acuerdo mutuo que supone la

coautoría puede producirse en el acto y en solo instantes.

Considero, por eso, que el Ministerio Público probó más allá

de duda razonable que el peticionario fue coautor del delito.

Es decir, hubo prueba fehaciente del acuerdo mutuo entre los

hermanos Resto Laureano y que el peticionario Ángel Resto

Laureano realizó una contribución esencial a la muerte del

señor

García

Batista.

Antes

de

que

se

produjeran

los

disparos, el peticionario Resto Laureano hizo amague de

lanzar un golpe a la víctima, pero se detuvo, miró a su

hermano y este último disparó. El peticionario le brindó

cobertura a su hermano y distrajo a la víctima, facilitando

que se le disparara.

Es evidente que la intervención del peticionario Resto

Laureano fue intencional y que contribuyó de manera esencial

a que su hermano disparara en el momento que lo hizo. Por

eso, lo mínimo que podemos concluir es que el peticionario

fue un cooperador necesario. El peticionario Resto Laureano

vio que su hermano portaba un arma de fuego y que se proponía

disparar. En ningún momento trató de evitar el incidente,

sino que, por el contrario, tuvo un rol activo durante la

ocurrencia del crimen. Por ende, es forzoso concluir que la

CC-2020-0121

participación

especial

21

del

peticionario

importancia

en

el

Resto

acontecer

Laureano

fue

de

delictivo

de

su

hermano, debido a que fue esencial para consumar el delito.

Por ello, procede imponer pena a título de autor, según el

Art. 44(d) del Código Penal de 2012, supra.

Como

hemos

discutido,

no

es

determinante

que

el

peticionario no le causó daño corporal a la víctima al

atacarlo con el taco de billar. La aportación del cooperador

necesario puede consistir tanto en hechos como en consejos.

No

se

requiere

delictivo

y

no

que

cause

siempre

por

su

propia

se

tratará

de

mano

el

hecho

una

reacción

materialmente causal. Pueblo v. Torres Feliciano, supra,

pág. 101.

Luego de considerar todas las circunstancias, el

juzgador concluyó que el peticionario Resto Laureano realizó

contribuciones medulares que contribuyeron al asesinato del

señor García Batista.

Un análisis sereno e integral llevó al juzgador de los

hechos a concluir que los actos del peticionario Resto

Laureano facilitaron y promovieron el asesinato del señor

García Batista. Esa determinación merece deferencia.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2019-0121

Ángel M. Resto Laureano

Peticionario

José Resto Laureano

Recurrido

Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada señora

PABÓN CHARNECO.

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2021.

Por entender que el dictamen del foro de instancia que

declara

culpable

al

peticionario

de

todos

los

delitos

imputados está fundamentado en prueba suficiente en Derecho,

estoy conforme con la Sentencia que hoy se dicta.

Luego de examinar serena y justamente la totalidad de la

prueba de este caso, concluyo que se probó más allá de duda

razonable

la

(peticionario)

intervención

en

el

del

Sr.

asesinato

Ángel

Resto

imputado.

Laureano

Para

esta

determinación, el foro de instancia consideró el testimonio

de una testigo presencial (quien testificó sobre una amenaza

que hiciera el peticionario a la víctima), imágenes de video

que documentan la sucesión de eventos y el comportamiento del

peticionario antes y durante el ataque, así como el informe y

testimonio pericial que confirman que la víctima estaba de

CC-2020-0121

2

espaldas al ser atacado. Por lo tanto, soy de la opinión de

que no hay razones por las que debemos intervenir con la

evaluación de la prueba realizada por la juzgadora de hechos.

I

Por

hechos

ocurridos

el

3

de

octubre

de

2014,

al

peticionario se le acusó por los delitos de asesinato en primer

grado, Art. 93(a) de la Ley Núm. 146-2012, 33 LPRA sec. 5142,

conocida

como

Código

Penal

de

Puerto

Rico

de

2012,

e

infracciones a los Arts. 5.04, 5.05 y 5.15 de la Ley Núm. 4042000, 25 LPRA secs. 458c, 458d y 458n, conocida como Ley de

Armas de Puerto Rico. Se le imputó haber actuado en concierto

y mutuo acuerdo con su hermano, el Sr. José Resto Laureano

(señor Resto Laureano), para asesinar al Sr. José Xavier

Antonio García Batista (la víctima) mediante varios disparos

con un arma de fuego y varios golpes con un taco de billar.

El

Ministerio

Público

presentó

Primera

Instancia

evidencia

ante

documental,

el

Tribunal

de

testimonial

e

ilustrativa. Resaltamos que entre la prueba presentada se

encuentra el testimonio de una testigo presencial, grabaciones

de video que capturan los eventos imputados desde siete (7)

ángulos diferentes, un informe médico forense y el testimonio

pericial.1

En lo pertinente, el Ministerio Público también presentó el testimonio

de los agentes de la Policía de Puerto Rico siguientes: el Agente Pedro

Rolón Ortiz (primer policía que llegó a la escena), el Agente Radamés

Miranda Pérez (policía que diligenció la orden de arresto del

peticionario), el Agente Carlos Cruz Román (agente investigador del caso),

el Agente Melvin Soberal Morales (agente que recuperó las imágenes de la

grabadora de video ante la solicitud del agente Cruz Román), el Agente

Alex Cintrón Castellano (agente que analizó el vehículo de la víctima) y

1

CC-2020-0121

3

De la evidencia presentada se desprende que la Sra. Tania

Rodríguez, testigo presencial de los hechos, tuvo una relación

de pareja hasta el 2014 con el Sr. José Resto Laureano, con

quien procreó dos (2) hijos. Después de su separación comenzó

una relación de convivencia con la víctima. Esto provocó

tensión con el señor Resto Laureano.2 El peticionario, quien

es el hermano del señor Resto Laureano, lo acompañaba al

momento de los hechos.

Los eventos que culminaron con la muerte de la víctima

ocurrieron dentro y fuera del negocio Beer Stop en Manatí. De

la evidencia presentada se desprende que el negocio Beer Stop

tenía en la parte frontal una rampa ancha (a mano izquierda)

y una terraza abierta (a mano derecha).

Tanto la rampa como

la terraza daban acceso a la puerta de la barra desde la acera

y la calle. En el centro de la terraza se encontraba una mesa

de billar.

A su vez, de las imágenes de video se puede

observar a extrema derecha un segundo acceso a la terraza que

daba hacia la acera y la carretera. Este segundo acceso a la

terraza estaba adyacente a un negocio de telefonía Claro.

Frente a este negocio de telefonía, ubicado justo después de

la terraza, estaba estacionado el vehículo de la víctima (un

vehículo tipo pick up marca Nissan, modelo Frontier color

blanco). Cabe señalar, que desde la terraza y la rampa se

el Agente Orlando de Jesús Rodríguez. Además, presentó el testimonio de

la Examinadora de Armas del Instituto de Ciencias Forenses, Angélica Resto

Rivera, el Sr. Eliud Rubio Negrón (comerciante de ventas de celulares que

dio acceso a las grabaciones del negocio de telefonía Claro) y el Dr.

Javier Gustavo Serrano.

2 Transcripción de la prueba oral, pág. 157.

CC-2020-0121

4

puede apreciar el flujo vehicular frente a Beer Stop y desde

la calle se pueden observar las actividades y las personas en

la terraza.

A eso de las 10:00 p.m. del 3 de octubre de 2014, la

señora Rodríguez estaba jugando billar en la terraza abierta

del negocio, mientras que la víctima estaba dentro del negocio

en el área de la barra cerca de la puerta.

Un vehículo marca

Toyota, modelo Tacoma, color gris transitó frente a Beer Stop

y retrocedió hacia el negocio. En este vehículo se encontraban

los

hermanos

Resto

Laureano

y

sus

respectivas

parejas.

Posteriormente, los hermanos Resto Laureano se bajaron del

vehículo mientras que sus parejas permanecieron en este.

El señor Resto Laureano se dirigió hacia la puerta del

negocio.

Por su parte, el peticionario se detuvo a hablar con

personas en la acera frente a la rampa. Tras entrar el señor

Resto Laureano por la puerta, se observa en el video un

intercambio de palabras con la víctima.

El señor Resto

Laureano le propinó un golpe en la cara. En cambio, la víctima

se mantuvo quieta y no respondió a la agresión. Segundos más

tarde,

la

señora

Rodríguez,

e

inmediatamente

después

el

peticionario, entraron por la puerta. La señora Rodríguez se

dirigió hacia el señor Resto Laureano y comenzó a discutir con

este. La víctima sostuvo a la señora Rodríguez por el brazo y

le insistió que se fueran del lugar. Se puede observar que el

peticionario hace algunos comentarios a la pareja mientras se

retiraba. La señora Rodríguez declaró que la víctima “me

CC-2020-0121

insistió

que

5

nos

fuéramos

varias

veces,

escuché

que

[el

peticionario] le decía ‘te vas a joder’” al señor García

Batista.

La víctima y la señora Rodríguez se dirigieron por la

rampa y giraron hacia la derecha por la acera en dirección a

la Nissan Frontier de la víctima estacionada frente al negocio

de telefonía. El señor Resto Laureano los siguió por la misma

ruta. Sin embargo, la señora Rodríguez logró soltarse de los

brazos de la víctima y fue en dirección a la Tacoma que justo

en esos momentos estaba dando reversa para entrar a la vía de

rodaje cerca del vehículo de la víctima. La señora Rodríguez

procedió a golpear con sus manos y piernas las puertas y

cristales de la Tacoma. Aunque la víctima la siguió brevemente

y le dijo “ma vente vámonos”,3 la víctima desistió de disuadir

a la señora Rodríguez y se dirigió hacia su vehículo. La

conductora de la Tacoma “salió chillando goma”.4

Cabe señalar que simultáneamente con la salida de los

demás involucrados del área de la barra, el peticionario

también fue tras la pareja y cortó camino por la terraza, tomó

un taco de billar, y salió corriendo a la acera pocos pasos

detrás de la víctima y la señora Rodríguez.

Se puede observar

en el video que el peticionario se adelantó a su hermano y se

ubicó (taco en mano) detrás del vehículo de la víctima incluso

antes de que la víctima se dirigiera a abrir la puerta de su

3

4

Transcripción de la prueba oral, pág. 164.

Íd.

CC-2020-0121

vehículo.

6

También

peticionario

se

señaló

puede

apreciar

hacia

la

claramente

víctima

con

el

que

el

brazo

completamente extendido poco antes de que su hermano llegara.

Asimismo, al ver el video tomado desde el ángulo del negocio

de telefonía observamos que cuando el peticionario señala a

la víctima, esta se encontraba de espaldas al peticionario

abriendo la puerta del vehículo. Acto seguido, el señor Resto

Laureano se ubicó detrás de la Nissan Frontier y extendió los

brazos.

Entonces

se

puede

observar

el

resplandor

de

los

disparos en dirección a la víctima.

Surge del informe médico forense, así como del testimonio

del Dr. Javier Gustavo Serrano, que la víctima recibió tres

(3) impactos de bala, dos de ellos en la espalda y una tercera

bala que atravesó sus muslos. Por lo tanto, quien agredió

estaba detrás de la víctima, ligeramente al lado derecho.5

Inmediatamente

luego

de

la

detonación,

el

peticionario

procedió a golpear a la víctima malherida en el suelo con el

taco de billar. Tras un forcejeo entre el peticionario y la

señora Rodríguez, los hermanos Resto Laureano se retiraron de

la

escena.

La

víctima

falleció

en

la

ambulancia

que

lo

transportaba al hospital.

Por estos hechos, el peticionario fue declarado culpable

de todos los delitos acusados. Posteriormente, el Tribunal de

5Transcripción

de la prueba oral, pág. 324 (“[I]ndependientemente de cuál

sea la posición, el agresor tiene que estar a la espalda de, de, del

agredido y, y, ligeramente a la derecha”.). Informe médico forense,

Apéndice del Certiorari, pág. 26.

CC-2020-0121

7

Apelaciones confirmó las Sentencias apeladas y concluyó que

la participación del peticionario no se limitó a una simple

agresión con el taco de billar.6

Específicamente expresó que:

La prueba desfilada demostró de forma

fehaciente que la realidad fue distinta a la que

nos plantea Ángel. Según ya hemos reseñado, éste

lleg[ó] junto a José al Beer Stop. Es cierto que

mientras José entró al negocio y tuvo la

confrontación verbal inicial y le dio la bofetada

a Aby,7 Ángel no estuvo presente. Sin embargo,

momentos después entró y se paró cerca de la

puerta. Conforme se declaró en el Juicio, antes

de irse Aby del negocio Ángel le dijo “te vas a

joder”. Una vez Aby y Tania salieron del negocio

Ángel y su hermano, les siguieron. Mientras su

hermano bajó la rampa del negocio y dobló por la

acera hacia la guagua Frontier de Aby, Ángel salió

del negocio, pasó por la terraza, tomó un taco de

billar de camino al área cercana a dicho vehículo.

Con el taco de billar en sus manos, Ángel se

mantuvo cercano a Aby, lo que inferimos le dio

cobertura a José y posibilitó que le disparase a

Aby. Aun si aceptáramos la teoría que nos plantea

Ángel, tendríamos que creer que fue una mera

coincidencia que, solo con un taco de billar en

mano, se acercó a Aby y señaló hacia él unos

instantes antes de que su hermano le disparó.

Sabido es que los tribunales no debemos creer lo

que nadie más creería. Pueblo v. Luciano Arroyo,

83 DPR 573, 582 (1961). Nótese que, de haber sido

cierto que Aby tenía un arma, y que Ángel no sabía

que José estaba armado, lo más lógico hubiese sido

que Ángel hubiese intentado distanciarse, no

acercarse a Aby. Consideramos probado que si bien

Ángel no ostentaba la posesión física del arma que

portó y disparó José, ésta también estuvo bajo su

control y manejo.

Todo apunta a que Ángel sabía que José estaba

armado. Como declaró el agente Cruz y surge del

video, Ángel hizo un amague de lanzar un golpe a

Aby pero se detuvo, momentos antes de los

disparos. Luego de que Aby estaba en el suelo, a

raíz de los disparos, Ángel no se distanció del

La Juez Gómez Córdova emitió un Voto de conformidad y disenso en parte.

Apéndice del Certiorari, pág. 249.

7 El Sr. José Xavier Antonio García Batista (la víctima) era conocido

como “Aby”.

6

CC-2020-0121

8

área, sino que se acercó a donde éste yacía y lo

golpeó con el taco de billar. Tal fue su interés

de acercarse a Aby que empujó al piso a Tania

cuando ésta trat[ó] de intervenir para detenerlo.

En resumidas cuentas, entendemos que quedó

establecido que Ángel no estuvo meramente presente

la noche de los hechos, sino que tuvo una

participación intencional y esencial en el

asesinato de Aby”.8

Declarada

no

ha

lugar

la

moción

de

reconsideración

presentada ante el Tribunal de Apelaciones, el peticionario

acudió oportunamente ante nos y señaló como error que el foro

apelativo

intermedio

confirmara

las

determinaciones

de

culpabilidad por los delitos de asesinato en primer grado,

portación y uso de armas de fuego sin licencia, y disparar o

apuntar armas de fuego cuando la prueba de cargo no los

estableció

más

allá

de

duda

razonable.9

Así

las

cosas,

expedimos el recurso en reconsideración el 31 de mayo de 2019.

II

A.

La Constitución de Puerto Rico garantiza a todo acusado

de delito el derecho fundamental a la presunción de inocencia

en un proceso criminal. Art. II, sec. 11, Const. ELA, LPRA,

Tomo 1. Asimismo, por imperativo constitucional el Estado debe

probar más allá de duda razonable cada uno de los elementos

del delito, su conexión con el acusado y la intención o

negligencia criminal de este. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR

Sentencia de 17 de diciembre de 2018, Apéndice del Certiorari, págs. 246247.

9 El peticionario aceptó la comisión del delito de portación y uso de

armas blancas.

8

CC-2020-0121

9

834 (2018), Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133 (2009),

Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002), Pueblo v. Acevedo

Estrada, 150 DPR 84 (2000). Es decir, el Estado debe presentar

prueba satisfactoria y suficiente en derecho que produzca

certeza

o

convicción

moral

en

una

conciencia

exenta

de

preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. Toro

Martínez, 200 DPR 834 (2018); Pueblo v. Irizarry, supra. Esto,

pues “duda razonable” no es una duda especulativa o imaginaria

ni cualquier duda posible, sino que es aquella duda fundada

que surge como producto del raciocinio de todos los elementos

de juicio involucrados en el caso y por la que el juzgador de

los

hechos

siente

en

su

conciencia

insatisfacción

o

intranquilidad. Pueblo v. Santiago et al., supra; Pueblo v.

Irizarry, supra, pág. 788; Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR

398 (2014).

Aunque la determinación de si se probó la culpabilidad

del

acusado

más

allá

de

duda

razonable

es

revisable

en

apelación como cuestión de derecho, la apreciación de la

prueba corresponde en primera instancia al foro sentenciador

y

esa

determinación

merece

gran

deferencia

de

los

foros

apelativos. Esto, dado que los jurados y los jueces de primera

instancia están en mejor posición de apreciar y aquilatar la

prueba. Pueblo v. Casillas, Torres, supra; Pueblo v. Rodríguez

Pagán, 182 DPR 239 (2011). Por lo tanto, los foros apelativos

solo intervendrán con la apreciación de la prueba del Tribunal

de Primera Instancia ante la presencia de los elementos de

CC-2020-0121

10

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando

un análisis integral de la prueba así lo justifique.10 Pueblo

v. Irizarry, supra. Pueblo v. Casillas, Torres, supra. Pueblo

v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467 (2013).

B.

Al momento de los hechos, el Art. 92 del Código Penal de

2012, 33 LPRA sec. 5141, definía asesinato como “dar muerte a

un ser humano con intención de causársela”.

Asimismo, y en

lo pertinente, el Art. 93 del Código Penal de 2012, 33 LPRA

sec. 5142, indicaba que constituía asesinato en primer grado:

“(a) Toda muerte perpetrada por medio de veneno, acecho o

tortura, o con premeditación”.

Por otro lado, el Art. 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA

sec. 458c, disponía en lo pertinente que: “Toda persona que

transporte cualquier arma de fuego o parte de ésta, sin tener

una licencia de armas, o porte cualquier arma de fuego sin

tener su correspondiente permiso para portar armas, incurrirá

en delito grave…”. Por su parte, el Art. 5.15 de la Ley de

Armas, 25 LPRA sec. 458n, disponía que: “(a) [i]ncurrirá en

delito grave toda persona que, salvo en casos de defensa propia

o de terceros o de actuaciones en el desempeño de funciones

oficiales o de actividades legítimas de deportes, incluida la

caza, o del ejercicio de la práctica de tiro en un club de

Véase Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018), para una

exposición detallada de los elementos de “pasión, prejuicio, parcialidad

o error manifiesto”.

10

CC-2020-0121

11

tiro autorizado:(1) voluntariamente dispare cualquier arma en

un sitio público o en cualquier otro sitio, aunque no le cause

daño a persona alguna, o (2) intencionalmente, aunque sin

malicia, apunte hacia alguna persona con un arma, aunque no

le cause daño a persona alguna”.

Es de particular importancia indicar que al momento de

los hechos, estaba vigente el Art. 44 de la Ley Núm. 146-2012,

conocida como Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA

sec. 5067, por el que se consideraban autores:

(a) Los que toman

comisión del delito.

parte

directa

en

la

(b) Los que solicitan, fuerzan, provocan,

instigan o inducen a otra persona a cometer el

delito.

(c) Los que se valen de una

inimputable para cometer el delito.

persona

(d) Los que cooperan con actos anteriores,

simultáneos o posteriores a la comisión del

delito, sin cuya participación no hubiera podido

realizarse el hecho delictivo.

(e) Los que se valen de

jurídica para cometer el delito.

una

persona

(f) Los que actúen en representación de

otro o como miembro, director, agente o

propietario de una persona jurídica, siempre que

haya una ley que tipifique el delito y realicen

la conducta delictiva, aunque los elementos

especiales

que

fundamentan

el

delito

no

concurran en él pero sí en el representado o en

la persona jurídica.

(g) Los que teniendo el deber de garante

sobre un bien jurídico protegido, conociendo el

riesgo de la producción de un resultado

delictivo por ellos no provocado que lo pone en

peligro, no actúen para evitarlo.

(h) Los que cooperan de cualquier otro modo

en la comisión del delito.

CC-2020-0121

12

Por lo tanto, el Código Penal de Puerto Rico de 2012, al

momento de los hechos y previo a las enmiendas de la Ley Núm.

246-2014, mantenía un tratamiento indiferenciado entre los que

intervenían en la comisión de un delito, y por lo tanto, los

castigaba como autores.11

III

A la luz de los criterios de autoría vigentes al momento

de los hechos, sostengo que se probó más allá de duda razonable

que el peticionario fue autor de los delitos de asesinato en

primer grado, portación y uso de armas de fuego sin licencia,

y disparar o apuntar armas.

Luego de un análisis de la totalidad de la prueba, el

Tribunal de Primera Instancia determinó que el Ministerio

Público probó todos los elementos de los delitos y su conexión

con el peticionario. Así, el Tribunal de Primera Instancia

dirimió la credibilidad de los testimonios presentados y dio

el peso correspondiente al testimonio de la señora Rodríguez,

quien también testificó sobre la amenaza que el peticionario

le hiciera a la víctima antes del ataque.

Aunque la apreciación de la prueba corresponde en primera

instancia al juzgador de los hechos y la presencia o ausencia

de premeditación es una cuestión de hechos a ser resuelta por

Véase Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR 250 (2009), para una

exposición detallada de la teoría de la equivalencia aplicable en Puerto

Rico hasta la adopción del Código Penal de Puerto Rico de 2004.

11

CC-2020-0121

este,

de

13

nuestro

examen

de

la

prueba

no

surge

pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto por parte del foro

sentenciador.

Pueblo

v.

Concepción

Guerra,

194

DPR

291

(2015).12

Tampoco surge que la prueba no concuerde con la

realidad

fáctica

ni

que

sea

inherentemente

imposible

o

increíble. Todo lo contrario, de un análisis desapasionado de

la totalidad de la prueba presentada, en particular de las

manifestaciones

del

acusado

y

su

conducta

anterior,

concomitante y posterior al crimen, se sostiene la convicción

del peticionario. Id.

Ciertamente los eventos de la noche del 3 de octubre de

2014 ocurrieron en minutos.

Sin embargo, “la deliberación

como

existir

la

premeditación

pueden

y

concebirse

en

el

momento mismo del ataque”. Pueblo v. López Rodríguez, 101 DPR

897, 899 (1974). Así, de los videos se puede observar cuando

el vehículo de los hermanos Resto Laureano circula frente al

negocio y retrocede para estacionarse. También se observa la

interacción entre los involucrados, particularmente la actitud

pasiva de la víctima evitando toda confrontación ante las

agresiones físicas y verbales recibidas.

Además, se observa

cuando el peticionario gesticula algunas palabras en el bar y

que,

según

el

testimonio

de

la

señora

Rodríguez,

el

peticionario le dijo a la víctima “te vas a joder”.

Para una exposición detallada sobre deliberación y premeditación, véase,

Pueblo v. Concepción Guerra, 194 DPR 291 (2015).

12

CC-2020-0121

14

Por otro lado, aunque se alega que la víctima portaba un

arma en sus pantalones y que al ser herido la sostenía, nunca

se observa un arma en las manos o la ropa de este.

Tampoco

esta fue hallada en la escena del crimen. Asimismo, se suma

la conclusión del informe forense de que la víctima fue herida

de bala por la espalda mientras intentaba abordar su vehículo.

Tras los disparos, el peticionario continuó agrediendo a la

víctima con un taco de billar.13

De las imágenes de los videos se pueden apreciar las

expresiones y comportamiento del peticionario señalando a la

víctima antes de que su hermano le disparara.

Las imágenes

hablan por sí solas y son de suficiente calidad como para

identificar al peticionario y apreciar sus movimientos. De

estas imágenes se puede observar con suficiente certeza como

el peticionario adelantó a su hermano velozmente a través de

la terraza hasta llegar a la víctima.

Además, se aprecia como

este sostuvo el taco en mano en posición de ataque y con el

brazo señala a la víctima antes de que su hermano llegara y

le

disparara,

hermano.

facilitando

así

el

posicionamiento

de

su

Acto seguido, el peticionario lo ataca con el taco

en el piso mientras este yacía mal herido.

Pueblo v. Rosario, 160 DPR 592(2003); Pueblo v. Dingui Ayala, 103 DPR

528, 530-531 (1975) (“La prueba de cargo clara y convincente establece la

culpabilidad del acusado del delito de asesinato en primer grado. [E]l

acusado… le ataca por la espalda tirándolo al suelo donde le cortó la vida

mediante numerosas heridas inciso-punzantes y penetrantes”); Pueblo v.

Ramos Padilla, 88 DPR 384 (1963) (“Constituye asesinato en primer grado

el dar muerte a una persona desarmada acercándosele sigilosamente y

clavándole un cuchillo por la espalda”.).

13

CC-2020-0121

15

Examinados

todos

estos

elementos,

existe

prueba

suficiente que apoya la determinación del foro primario por

lo que debemos mantener la deferencia a la apreciación del

juzgador.

Mi

conciencia

está

tranquila

tras

un

minucioso

examen de la prueba por lo que no hay razones para intervenir

en la evaluación de la prueba realizada por la juzgadora.

IV

Por las razones expresadas, procede que se confirme el

dictamen

del

Tribunal

de

Apelaciones.

El

dictamen

del

Tribunal de Primera Instancia está fundamentado en prueba

suficiente en Derecho y no hay razones por las que debemos

intervenir con la evaluación de la prueba realizada por la

juzgadora.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2019-0121

Certiorari

Ángel M. Resto Laureano

Peticionario

José Resto Laureano

Recurrido

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor

ESTRELLA MARTÍNEZ, a la cual se le unen la Jueza Presidenta

ORONOZ RODRÍGUEZ y los Jueces Asociados señores KOLTHOFF

CARABALLO y COLÓN PÉREZ

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2021.

En

esta

ocasión,

me

corresponde

disentir

ante

un

dictamen que, además de ser erróneo en derecho, resulta

injusto. Los criterios que exige nuestro ordenamiento para

que una persona se considere coautora de un delito no están

presentes

en

el

caso

de

autos.

Particularmente,

los

referentes a los cooperadores necesarios y los cooperadores

no necesarios.

Así, tras un estudio minucioso del derecho aplicable y

de la prueba presentada en el juicio, no me queda otra

alternativa que concluir que la culpabilidad del Sr. Ángel

Resto Laureano no se probó más allá de duda razonable. Por

ello, disiento.

CC-2020-0121

2

I

A.

Por hechos ocurridos el 13 de octubre de 2014, el

Ministerio

Público

acusó

al

Sr.

Ángel

Resto

Laureano

(peticionario) por los siguientes delitos: (1) asesinato en

primer grado, Artículo 93(a) del Código Penal de Puerto Rico

de 2012, Ley Núm. 246-2012, 33 LPRA sec. 5142; (2) portación

y uso de arma de fuego sin licencia, Artículo 5.04 de la Ley

de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec.

458c;14 (3) portación y uso de arma blanca, Artículo 5.05 de

la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, 25 LPRA sec. 458d, y

(4) disparar o apuntar arma, Artículo 5.15 de la Ley de

Armas de Puerto Rico, supra, 25 LPRA sec. 458n. En esencia,

se le imputó que, actuando en concierto y mutuo acuerdo con

su

hermano,

el

Sr.

Laureano), asesinó al

José

Resto

Laureano

(señor

Resto

Sr. Xavier García Batista (señor

García Batista) mediante el uso de un arma de fuego y un

taco de billar.

Ante tales acusaciones, se celebró un juicio conjunto en

contra

de

los

hermanos

celebración

del

juicio

Ministerio

Público

testimonial

e

14La

Resto

por

tribunal

presentó

ilustrativa.

Laureano.

En

de

Durante

la

derecho,

el

evidencia

torno

a

documental,

la

evidencia

Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25

LPRA sec. 455 et seq. fue derogada por la Ley de Armas de

Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 168-2019. En virtud de que los

hechos ante nuestra consideración ocurrieron el 13 de

octubre de 2014, no es de aplicación el nuevo estatuto.

CC-2020-0121

3

documental, se presentó un informe médico-forense con los

resultados de la autopsia realizada al señor García Batista,

así como una certificación del estudio realizado al arma de

fuego en controversia. En torno a la evidencia ilustrativa,

el Ministerio Público presentó dos (2) videos que capturaron

algunos de los eventos en controversia.15

Por

último,

el

Ministerio

Público

presentó

varios

testimonios: la Sra. Tania Rodríguez (señora Rodríguez),

pareja del occiso y única testigo presencial de los hechos,

los agentes investigadores y, los peritos que realizaron el

informe médico-forense y el análisis del arma.

A continuación, un desglose de la evidencia presentada

en el juicio. La mayoría de la prueba pertinente en torno a

lo que ocurrió propiamente el 13 de octubre de 2014, proviene

del testimonio de la señora Rodríguez y de los videos.

15En

primer lugar, se presentó una grabación obtenida

de las cámaras de seguridad del negocio Beer Stop. Este

video contiene distintas tomas de varios ángulos de las

cámaras de seguridad del local. En segundo lugar, se

presentó una grabación obtenida de la cámara de seguridad

de un local de la empresa Claro, el cual estaba adyacente

al negocio Beer Stop. Sin embargo, este segundo video

consiste en una grabación tomada desde el celular de un

Agente de la Policía de Puerto Rico, de la pantalla de la

cámara de seguridad de Claro. Por tal razón, el video es de

pobre calidad y no permite una apreciación certera de todos

los eventos transcurridos. En el Tribunal de Primera

Instancia, los abogados y las abogadas de los hermanos Resto

Laureano impugnaron la falta de esfuerzos de parte del

Ministerio Público para obtener la grabación emitida

propiamente por la cámara de seguridad de Claro. Sin

embargo, el peticionario no impugna la admisión de tal video

en su recurso ante este Tribunal. Al contrario, el

peticionario presentó tal video ante nos. A su vez, es

menester destacar que ninguno de los dos (2) videos cuenta

con el beneficio de audio.

CC-2020-0121

4

B.

La señora Rodríguez, única testigo que estuvo presente

en la noche de los hechos, tuvo una relación de pareja con

el señor Resto Laureano, con quien procreó dos (2) hijos.

Luego de culminar tal relación, la señora Rodríguez comenzó

una relación sentimental con el occiso, el señor García

Batista.16

En torno a la noche en controversia, el 13 de octubre

de 2014, la señora Rodríguez y el señor García Batista

visitaron un negocio llamado Beer Stop

en el Municipio de

Manatí entre las 8:00pm a 9:00pm.17 La pareja llegó en un

vehículo marca Nissan, modelo Frontier, color blanco.18 El

negocio Beer Stop tenía en la parte frontal una terraza al

aire libre, en la cual se encontraba una mesa de billar.19

Posterior a la terraza, había una puerta que daba paso al

área de una barra.20

Posteriormente, los hermanos Resto Laureano, junto a

sus respectivas parejas, llegaron a Beer Stop en un vehículo

marca Toyota, modelo Tacoma, color gris.21 Éstos procedieron

a bajarse del vehículo y a caminar en dirección hacia el

negocio, mientras que sus respectivas parejas permanecieron

16Transcripción

17Íd.,

de prueba oral, págs. 157-159.

pág. 152.

pág. 151.

19Véase, en general, Cámaras de seguridad #5, #9, #10,

#12 y #16 de Beer Stop.

20Íd.

21Transcripción de prueba oral, pág. 153; Cámara de

seguridad #9 de Beer Stop, 10:07:55pm-10:09:00pm.

18Íd.,

CC-2020-0121

5

en el automóvil. El señor Resto Laureano entró al área de

la

barra

propiamente.22

Por

otro

lado,

el

peticionario

permaneció afuera del negocio dialogando con otras personas

que estaban en un vehículo.23

Al entrar al área de la barra, el señor Resto Laureano

se encontró directamente con el señor García Batista, quien

estaba parado justo al frente de la puerta.24 Inmediatamente,

el señor Resto Laureano comenzó a dirigirse agresivamente

hacia el señor García Batista y se generó una discusión

entre ellos. Durante este breve intercambio, el señor Resto

Laureano golpeó al señor García Batista en el rostro.25

Ante tal evento, el peticionario, quien se encontraba

en las afueras del negocio, caminó hacia el área de la

barra.26

La

peticionario

señora

caminar

Rodríguez

hacia

expresó

adentro

que,

del

al

ver

negocio,

al

ella

procedió a entrar igualmente.27 Así, la señora Rodríguez se

dirigió hacia el señor Resto Laureano y comenzó a discutir

con él.28 Mientras esto ocurría, la señora Rodríguez indicó

22Cámara

de seguridad #9 de Beer Stop, 10:09:01pm10:09:16pm.

23Íd.

24Cámara de seguridad #5 de Beer Stop, 10:09:07pm10:09:23pm; Cámara de seguridad #10 de Beer Stop,

10:09:09pm-10:09:23pm.

25Íd.

26Cámara de seguridad #9 de Beer Stop, 10:09:24pm10:09:28pm.

27Transcripción de prueba oral, págs. 152-153; Cámara

de seguridad #16 de Beer Stop, 10:08:15pm.

28Cámara de seguridad #5 de Beer Stop, 10:09:27pm10:09:30pm; Cámara de seguridad #10 de Beer Stop,

10:09:30pm-10:09:40pm.

CC-2020-0121

6

que escuchó al peticionario expresarle al señor García

Batista lo siguiente: “te vas a joder”.29

Al intervenir la señora Rodríguez, el señor García

Batista la agarró por el brazo e insistió que se fueran del

lugar.30 En el contrainterrogatorio, la señora Rodríguez

admitió que, previo a salir, ella le indicó a su expareja,

al señor Resto Laureano, lo siguiente: “tu mama bicho le

diste al mío, yo le voy a dar a la tuya”.31 Acto seguido,

todos salieron del área de la barra.32

El señor García Batista y la señora Rodríguez salieron

juntos en dirección a un negocio adyacente al Beer Stop, un

local de la empresa Claro, donde se encontraban estacionados

los vehículos de todas las partes.33 El señor Resto Laureano

caminaba detrás de la señora Rodríguez y del señor García

Batista.34 El peticionario salió, más no siguió a los demás,

sino que se dirigió al área de la terraza.35

La señora Rodríguez testificó que, mientras caminaban,

el señor García Batista la sujetaba firmemente, por lo que

29Transcripción

de prueba oral, pág. 164.

de prueba oral, pág. 164; Cámara de

seguridad #5 de Beer Stop, 10:09:37pm-10:09:45pm; Cámara de

seguridad #10 de Beer Stop, 10:09:38pm-10:09:44pm.

31Transcripción de prueba oral, pág. 187.

32Cámara de seguridad #5 de Beer Stop, 10:09:37pm10:09:54pm.

33Cámara de seguridad #9 de Beer Stop, 10:09:49pm10:10:03pm.

34Íd.

35Cámara de seguridad #5 de Beer Stop, 10:09:44pm10:09:54pm. Cámara de seguridad #16 de Beer Stop,

10:09:53pm-10:09:56pm.

30Transcripción

CC-2020-0121

7

pudo sentir que éste portaba un arma de fuego.36 Rápidamente,

la señora Rodríguez logró soltarse del señor García Batista

y relató que corrió hacia el vehículo modelo Tacoma, donde

estaban las parejas de los hermanos Resto Laureano.37 Acto

seguido, ésta procedió a dar puños y patadas a las puertas

y

cristales

de

ese

automóvil.38

En

ese

momento,

el

peticionario agarró un taco de billar de la terraza y se

dirigió

hacia

los

vehículos

donde

estaban

los

demás

involucrados.39

Es menester destacar que los próximos eventos, que son

los medulares para la controversia ante nos, ocurrieron en

un lapso aproximado de veinte (20) segundos. Como agravante,

la calidad del video que se presentó en evidencia para tales

eventos es de pobre calidad visual.

El señor García

Batista persiguió brevemente

a la

señora Rodríguez mientras ésta golpeaba el otro vehículo,

más éste desistió, se volteó y se dirigió rápidamente hacia

su

automóvil,

el

vehículo

modelo

Frontier.40

Específicamente, se dirigió hacia la puerta delantera del

36Transcripción de prueba oral, págs. 178, 191-192, 251.

Inicialmente, la testigo omitió esta información ante

agentes investigadores. Sin embargo, en la vista preliminar

y en el juicio, la Sra. Tania Rodríguez sostuvo

consistentemente que el señor García Batista portaba un arma

de fuego la noche en controversia.

37Cámara de seguridad #9 de Beer Stop, 10:09:52pm10:09:56pm

38Transcripción de prueba oral, pág. 164.

39Cámara de seguridad #16 de Beer Stop, 10:09:56pm10:10:01pm.

40Grabación de cámara de seguridad de Claro, 0:00:200:00:25.

CC-2020-0121

8

lado del conductor. En ese momento, el señor Resto Laureano

se encontraba en la parte trasera del vehículo, mientras que

el peticionario se encontraba más cerca del señor García

Batista, agarrando un taco de billar.41

Mientras

el

señor

García

Batista

abría

la

puerta

delantera del lado del conductor de su vehículo, el señor

Resto Laureano le disparó.42 Al escuchar las detonaciones,

la señora Rodríguez se volteó en dirección al señor García

Batista.43 Al así hacerlo, testificó que vio al señor García

Batista caer al piso con un arma de fuego en la mano.44 No

obstante, indicó que desconocía que ocurrió con esa arma

luego del incidente. Las autoridades nunca recuperaron esa

arma de fuego.

Inmediatamente luego de los disparos, el peticionario

le dio dos (2) veces con el taco de billar al señor García

Batista, quien aún continuaba con vida.45 A raíz de tales

acciones, el taco de billar se rompió en dos (2) pedazos.46

Ante ello, la señora Rodríguez intervino y trató de defender

al señor García Batista, pero el peticionario la empujó al

piso.47 La señora Rodríguez explicó que, ante un “forcejeo”

41Íd.

42Grabación

de cámara de seguridad de Claro, 0:00:25-

0:00:28.

43Transcripción de prueba oral, pág. 189; Grabación de

cámara de seguridad de Claro, 0:00:25-0:00:31.

44Transcripción de prueba oral, pág. 189.

45Grabación de cámara de seguridad de Claro, 0:00:290:00:34.

46Transcripción de prueba oral, pág. 189.

47Transcripción de prueba oral, pág. 166; Grabación de

cámara de seguridad de Claro, 0:00:39-0:00:56.

CC-2020-0121

9

entre el señor García Batista y el peticionario, ella cogió

la parte más ancha del taco de billar y procedió a golpear

al peticionario.48 Lo anterior, mientras que alegadamente el

peticionario continuaba golpeando al señor García Batista

con la parte más estrecha del taco de billar.49 Luego de

alrededor de veinte (20) segundos, los videos presentados

muestran a los hermanos Resto Laureano retirándose del

lugar.50

El Agente Pedro Rolón Ortiz (agente Rolón Ortiz) de la

Policía de Puerto Rico, fue el primero en llegar a la

escena.51 Allí se encontró con el señor García Batista,

localizado en el pavimento de la acera, herido por impactos

de bala.52 En ese momento, indicó que éste estaba vivo y que

se quejaba por el dolor.53 De igual modo, testificó que se

encontró con la señora Rodríguez llorando y gritando.54

Inmediatamente, el agente Rolón Ortiz contactó al retén para

que se enviara una ambulancia.55 El señor García Batista

falleció en el trayecto hacia el hospital.56

Según el Dr. Javier Serrano, quien realizó el informe

médico-forense, el señor García Batista murió a causa de las

48Transcripción

de prueba oral, págs. 166-167, 189;

Grabación de cámara de seguridad de Claro, 0:00:34-0:00:56.

49Transcripción de prueba oral, pág. 189.

50Grabación de cámara de seguridad de Claro, 0:00:340:00:56.

51Transcripción de prueba oral, págs. 10-11.

52Íd., pág. 11.

53Íd.

54Íd.

55Íd.

56Íd., pág. 324.

CC-2020-0121

10

heridas de bala.57 De igual modo, especificó que, aparte de

las heridas causadas por las municiones, el señor García

Batista no tenía ningún otro tipo de impacto o evidencia de

daño corporal.58

A raíz de estos hechos, se emitieron órdenes de arresto

en contra de los hermanos Resto Laureano. El Agente Radamés

Miranda Pérez (agente Miranda Pérez) de la Policía de Puerto

Rico, encargado de arrestar al peticionario, testificó en

torno

a

varios

intercambios

que

tuvo

con

éste.

Particularmente, el agente Miranda Pérez relató que el

peticionario no resistió su arresto y que, al confrontarlo

con la alegada arma de fuego utilizada por su hermano, el

peticionario espontáneamente le expresó que sólo se defendió

porque la víctima tenía un arma.59

Por otro lado, el Agente Carlos Cruz Román (agente Cruz

Román), oficial de la Policía de Puerto Rico adscrito a la

División de Homicidios de Arecibo, estuvo encargado de

investigar el caso ante nuestra consideración.60 Para ello,

el agente Cruz Román entrevistó a diversos testigos en la

escena y a los agentes de la Policía de Puerto Rico que

intervinieron con los acusados. Además, examinó los estudios

57Transcripción

de prueba oral, pág. 325; Informe

médico-forense, PAT-4490-14, Apéndice de certiorari, pág.

26.

58Transcripción

de prueba oral, pág. 329; Informe

médico-forense, PAT-4490-14, Apéndice de certiorari, pág.

22.

59Transcripción de prueba oral, págs. 55-57.

60Íd., págs. 205-206.

CC-2020-0121

periciales

11

y

estudió

los

videos

de

las

cámaras

de

seguridad.61

A esos efectos, el agente Cruz Román testificó que al

observar los videos, percibió que, en efecto, el señor

García Batista tenía un arma la noche en controversia.62

Ello, pues el señor García Batista caminaba con su brazo y

mano derecha pegada a la cintura de su pantalón.63 De igual

modo, el agente Cruz Román testificó que de su investigación

no

surgió

evidencia

que

probara

que

el

peticionario:

participó intencionalmente de una planificación premeditada

para causarle la muerte al señor García Batista; que tuviera

conocimiento de que su hermano estaba portando un arma;

que

le facilitara el arma al señor Resto Laureano; ni tuviera

control o posesión alguna sobre el arma que portaba éste.64

C.

Eventualmente, el Tribunal de Primera Instancia declaró

culpable al peticionario de todos los delitos imputados,

entiéndase,

por:

(1)

asesinato

en

primer

grado;

(2)

portación y uso de arma de fuego sin licencia; (3) portación

y uso de arma blanca, y (4) disparar o apuntar armas. Debido

a lo anterior, le condenó a cumplir consecutivamente una

pena de ciento treinta (130) años en prisión.

61Íd.,

págs. 284-286.

pág. 251.

63Grabación de cámara de seguridad de Claro, 0:00:200:00:25.

64Transcripción de prueba oral, pág. 286.

62Íd.,

CC-2020-0121

12

Insatisfecho, el peticionario presentó una moción de

reconsideración ante el foro primario. En síntesis, impugnó

la convicción por los delitos de asesinato en primer grado,

de portación de armas y de disparo de armas. Así, arguyó que

el Ministerio Público no probó, más allá de duda razonable,

que actuó con intención de asesinar al señor García Batista,

ni que participara en la portación y uso del arma de fuego

que utilizó su hermano. De igual modo, alegó que no se probó

que hubiese un plan acordado para quitarle la vida al señor

García Batista. No obstante, no impugnó la imputación del

delito de portación y uso de arma blanca al reconocer que,

en efecto, agredió al señor García Batista con el taco de

billar. El foro primario declaró no ha lugar a la moción de

reconsideración.

Inconforme,

el

peticionario

acudió

al

Tribunal

de

Apelaciones mediante un recurso de apelación. En el mismo,

impugnó nuevamente los delitos de asesinato en primer grado,

de portación de arma y de disparo de arma. Así, expresó que

el mero hecho de que estuvo presente en el momento de los

hechos no significaba que tenía conocimiento de que su

hermano tenía la intención de quitarle la vida al señor

García

Batista.

Al

contrario,

alegó

que

la

evidencia

presentada demostró que, al llegar al negocio, no participó

de la discusión entre su hermano y la víctima. Además,

destacó que al salir del negocio tomó una ruta distinta a

los demás. Asimismo, arguyó que los eventos ocurrieron en

CC-2020-0121

un

lapso

de

13

segundos

por

lo

que

no

hubo

tiempo

para

planificar crimen alguno junto a su hermano.

Por otro lado, el peticionario añadió que el señor

García Batista portaba un arma, por lo que actuó en defensa

propia al golpearle con el taco de billar. A esos efectos,

enfatizó

que

no

agredió

al

señor

García

Batista

con

intención de asesinarle y que así quedó evidenciado en los

resultados de la autopsia.

Por último, resaltó que el agente Cruz Román, encargado

de la investigación del caso, testificó que no se encontró

evidencia alguna que probara que él planificó cometer el

delito de asesinato ni que tuvo conocimiento, control o

posesión del arma de fuego. A la luz de lo anterior, sostuvo

que el Ministerio Público no satisfizo el quantum de prueba

exigible constitucionalmente para rebatir su presunción de

inocencia.

Por su parte, la Oficina del Procurador General presentó

un alegato en el cual adujo que el foro primario actuó

correctamente. Así, alegó que de la prueba presentada surgía

que el peticionario actuó en mutuo acuerdo con su hermano

para asesinar al señor García Batista. Particularmente,

resaltó que la intención del peticionario se podía apreciar

en los videos, en los cuales alegadamente surgía que éste

esperó hasta que el señor Resto Laureano disparara para él

proceder a golpear a la víctima.

CC-2020-0121

14

Además, argumentó que el señor García Batista no podía

portar un arma debido a que esa noche tenía unos pantalones

de algodón, los cuales presuntamente se le hubiesen caído

de tener un objeto en la cintura. Asimismo, alegó que el

peticionario poseyó constructivamente el arma de fuego,

entiéndase, que tuvo conocimiento, control y manejo del bien

delictivo.

El señor Resto Laureano, hermano del aquí peticionario,

también presentó un recurso de apelación, por lo que el

Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos. Ante este

cuadro, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del

Tribunal de Primera Instancia. En torno al peticionario, el

foro apelativo determinó que la prueba demostró que éste

actuó en mutuo acuerdo con su hermano para asesinar al señor

García Batista con un arma de fuego.

Para apoyar tal conclusión, el Tribunal de Apelaciones

se basó en los siguientes hechos particulares: (1) que la

señora Rodríguez testificó que, previo a salir del negocio

Beer Stop, escuchó al peticionario comunicarle al señor

García Batista “te vas a joder”; y (2) que, alegadamente,

los videos muestran que el peticionario señaló hacia el

señor García Batista, previo a que el señor Resto Laureano

le disparara. Según el foro apelativo, éste último hecho

reflejó que el peticionario “le dio cobertura” a su hermano

para que éste disparara. Asimismo, concluyó que el señor

García Batista no podía portar un arma en la noche de los

CC-2020-0121

hechos

15

debido

a

que

su

pantalón

era

de

algodón.

El

peticionario presentó una moción de reconsideración, a la

cual el Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar.

Insatisfecho,

el

peticionario

comparece

ante

nos

mediante un recurso de certiorari. En el mismo, reitera que

no puede considerársele autor de los delitos imputados, pues

no se probó que éste conspiró ni que contribuyó a los mismos.

Para apoyar tal contención, enfatiza que, tal como dispone

la autopsia, no le generó daño corporal alguno al señor

García Batista.

Asimismo, impugna que el Tribunal de Apelaciones haya

fundamentado su convicción en las palabras que alegadamente

le expresó al señor García Batista previo a salir del

negocio. Así, arguye que los videos demuestran que actuó

espontáneamente y en reacción a los eventos que estaban

ocurriendo. Particularmente, insiste que actuó en respuesta

al hecho de que el señor García Batista portaba un arma.

En virtud de lo anterior, el peticionario alega que los

foros judiciales basaron su convicción en especulaciones que

no tienen base en la prueba presentada por el Ministerio

Público.

En

consecuencia,

solicita

que

revoquemos

los

dictámenes de los foros recurridos.

Por su parte, la Oficina del Procurador General presentó

un alegato en el cual arguye que el peticionario actuó en

acuerdo común con su hermano para quitarle la vida al señor

García Batista. Particularmente, reitera que sus expresiones

CC-2020-0121

16

hacia la víctima y el hecho de que lo golpeara una vez fue

herido de bala, evidencian su participación como coautor de

los delitos imputados. A raíz de ello, aduce que este

Tribunal debe dar deferencia a la apreciación de la prueba

que ejerció el foro primario.

El 15 de marzo de 2019, este Tribunal proveyó no ha

lugar al recurso ante nuestra consideración. El peticionario

presentó oportunamente una moción de reconsideración en la

que reiteró los argumentos antes explicados. Así, el 31 de

mayo de 2019, el Pleno de este Tribunal acordó expedir el

recurso en reconsideración. No obstante, no se logró un

consenso mayoritario, por lo que se procedió a confirmar el

dictamen del Tribunal de Apelaciones. Este último resultado

es el que provoca mi disenso, pues la sentencia del Tribunal

de Apelaciones, bajo mi criterio, es errónea.

A continuación, el derecho y los fundamentos en los que

se basa la disidencia.

II

A.

La Constitución de Puerto Rico provee una serie de

garantías para toda persona acusada de delito. Entre éstas,

se encuentran los principios de la presunción de inocencia

y el debido proceso de ley. Art. II, Secs. 7 y 11, Const.

PR, LPRA, Tomo 1. En virtud de estas protecciones, nuestro

ordenamiento

exige

que

la

culpabilidad

de

una

persona

acusada se pruebe más allá de duda razonable. Pueblo v.

CC-2020-0121

17

Robles González, 125 DPR 750, 756 (1990). Así, la Regla 110

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone que “[e]n

todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado

mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir

duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá”.

A raíz de ello, el Ministerio Público tiene el peso de

la prueba durante todas las etapas del juicio a nivel de

instancia. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 787 (2002). En

tal encomienda, el Estado debe probar, más allá de duda

razonable, lo siguiente: (1) cada uno de los elementos del

delito, y (2) su conexión con la persona acusada. Pueblo v.

Acevedo

Estrada,

150

DPR

84,

99

(2000).

Este

segundo

criterio es fundamental, pues “[p]uede haber prueba más allá

de duda razonable sobre que se cometió un asesinato u

homicidio ... sin embargo, quedar duda razonable en torno a

si el acusado fue autor o coautor del delito, lo que acarrea

su absolución”. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal

de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991,

T. I, Sec. 5.1, pág. 217. Por consiguiente, sólo si se

prueban ambos elementos más allá de duda razonable, se podrá

dictar un fallo de culpabilidad que derrote la presunción

de inocencia que cobija a toda persona acusada de delito.

Al aquilatar y sopesar la prueba presentada, el foro

judicial debe cerciorarse de que la misma sea “suficiente y

satisfactoria; es decir,

prueba que produzca certeza o

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o

CC-2020-0121

18

en un ánimo no prevenido”. Pueblo v. Maisonave Rodríguez,

129 DPR 49, 65 (1991). En ese ejercicio valorativo, los

tribunales podrán encontrarse con evidencia conflictiva, más

es la función del juzgador dirimir la credibilidad de los

testimonios que observó y escuchó. Pueblo v. Bonilla Ortiz,

123 DPR 434, 442 (1989). Es por ello, que hemos afirmado que

no procede rechazar toda la declaración de un testigo porque

se haya contradicho o faltado a la verdad respecto a uno o

más particulares. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 1516 (1995). En ese sentido, “es imprescindible armonizar toda

la prueba y analizarla en conjunto a los fines de arribar

al peso que ha de concedérsele a la prueba en su totalidad”.

Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 129 (1991).

Una vez presentada la totalidad de la prueba, el foro

primario deberá determinar si se probó, más allá de duda

razonable, la culpabilidad de la persona acusada de delito.

Por tanto, si la prueba presentada genera duda razonable,

entiéndase,

“duda

fundada

que

surge

como

producto

del

raciocinio de todos los elementos de juicio involucrados en

el caso”, se debe absolver a la persona acusada. Pueblo v.

Irizarry,

supra,

establecer

la

pág.

788.

culpabilidad

Claro

de

una

está,

no

se

requiere

persona

con

certeza

matemática. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, pág. 71.

Sin embargo, si un estudio justo e imparcial de la totalidad

de la evidencia causa insatisfacción en la conciencia del

CC-2020-0121

19

juzgador, existe duda razonable. Pueblo v. Irizarry, supra;

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, pág. 100.

Ahora bien, la apreciación de la prueba presentada en

juicio es un asunto combinado de hecho y de derecho.65 Por

tal razón, la determinación de culpabilidad a nivel de foro

de

primera

instancia

es

revisable

por

los

tribunales

apelativos. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 653 (1986).

No obstante, en ese ejercicio, concedemos deferencia a la

apreciación y al valor que le otorgó el juzgador de primera

instancia a la prueba desfilada. Íd., pág. 654. Lo anterior,

pues es el foro primario el que tiene la oportunidad de

observar directamente la prueba y de escuchar a los y las

testigos. En consecuencia, “las determinaciones que hace el

juzgador

de

los

hechos

no

deben

ser

descartadas

arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el criterio

del foro apelativo, a menos que de la prueba administrada

surja

que

no

determinación”.

existe

base

(Énfasis

suficiente

suplido).

que

Pueblo

apoye

v.

tal

Acevedo

Estrada, supra, pág. 99.

Por tanto, tal deferencia a los foros primarios no es

absoluta. Al contrario, los tribunales apelativos deben

estudiar sopesada y cuidadosamente la totalidad de la prueba

presentada, en aras de garantizar que no se vulnere el

65Así

lo hemos reconocido, pues “[l]as pruebas son

hechos pero su análisis pone en movimiento, además de la

experiencia del juzgador, su conocimiento del Derecho para

así llegar a una solución justa de la controversia”. Pueblo

v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 (1974).

CC-2020-0121

20

derecho constitucional de toda persona acusada de delito de

que

su

culpabilidad

se

establezca

más

allá

de

duda

razonable. Íd., pág. 98. Es nuestra responsabilidad darnos

a la tarea, pues “[h]asta tanto se disponga de un método

infalible para averiguar sin lugar a dudas dónde está la

verdad, su determinación tendrá que ser una cuestión de

conciencia. Ese deber de conciencia no para en el fallo del

tribunal sentenciador. Nosotros también tenemos derecho a

tenerla tranquila”. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102

DPR 545, 551-552 (1974).

A la luz de lo anterior, “hemos revocado sentencias en

las cuales las determinaciones de hecho, aunque sostenidas

por la prueba desfilada, no establecen la culpabilidad del

acusado más allá de duda razonable.” Pueblo v. Acevedo

Estrada, supra, págs. 100-101. Es por ello que “[n]o hemos

vacilado en dejar sin efecto un fallo inculpatorio cuando

el

resultado

de

ese

análisis

‘nos

deja

serias

dudas,

razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado’”.

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 789 (citando a Pueblo v.

Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551).

B.

Como es conocido, el Código Penal de Puerto Rico ha

sido enmendado y alterado frecuentemente en las últimas

décadas.

A

raíz

de

ello,

la

conceptualización

y

la

aplicación de múltiples figuras del andamiaje penal han

variado

significativamente

en

nuestro

ordenamiento.

Por

CC-2020-0121

21

tanto, para una comprensión cabal de la normativa vigente

en torno a la autoría y a la participación criminal, es

necesario recapitular como se han desarrollado tales figuras

en Puerto Rico.

Inicialmente, desde el Código Penal de Puerto Rico de

1902, Ley de 1 de marzo de 1902, 33 LPRA sec. 81 et seq.,

en

Puerto

Rico

imperó

la

teoría

proveniente

del

derecho

anglosajón.

de

la

D.

equivalencia

Nevares-Muñiz,

Derecho Penal puertorriqueño: Parte general, 7ma ed., San

Juan, Ed. Inst. para el Desarrollo del Derecho, 2015, págs.

351-352. En esencia, ello significaba que toda persona que

intervenía en la comisión de un delito, independientemente

de la gravedad de su contribución, se le responsabilizaba

penalmente de la misma manera que al autor o autora del acto

delictivo.

Según esta teoría, también conocida como el concepto

unitario de autor o autora, no se distingue entre autoría y

otras modalidades de participación, “sino que todo sujeto

que interviene en un hecho debe ser considerado autor del

mismo”. S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte general, 8va ed.,

Barcelona, Ed. Reppertor, 2008, pág. 370. La teoría de

equivalencia ha sido definida como “uno de los mayores

desaciertos

de

la

vieja

legislación

punitiva”.

(Citas

omitidas). Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR 250, 298299 (2009). Ello, pues el andamiaje criminal castigaba

igualmente tanto el comportamiento de los autores y las

CC-2020-0121

22

autoras del delito, como el de las personas que participaban

en calidad de cooperadoras o inductoras. L.E. Chiesa Aponte,

Derecho Penal Sustantivo, Estados Unidos, Pubs. JTS, 2007,

pág. 184.

Esta doctrina fue reiterada en el Código Penal de

Puerto Rico de 1974, Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974,

33 LPRA sec. 3001 et seq. Allí se consideraba autor o autora

de delito a toda persona que participaba directamente en la

comisión de un delito, que ayudara a otra persona a ejecutar

el delito, e incluso, a “los que cooperaren de cualquier

otro modo en la comisión del delito”. 33 LPRA sec. 3172.

Sin embargo, posteriormente, el Código Penal de Puerto

Rico de 2004, Ley Núm. 149-2004, 33 LPRA sec. 4629 et seq.,

introdujo a nuestro ordenamiento la teoría de diferenciación

proveniente del derecho civil. Esta tendencia teórica tiene

como propósito distinguir entre las distintas personas que

aportan activamente a la comisión de un delito. Pueblo v.

Sustache

Sustache,

clasifican

a

las

supra,

personas

pág.

296.

como

De

autores

este

o

modo,

se

partícipes

dependiendo de la gravedad y la magnitud de su contribución

al delito. Íd. Así, las personas responden criminalmente

según

su

grado

de

participación

en

el

hecho

punible.

Nevares-Muñiz, Derecho Penal puertorriqueño: Parte general,

op. cit., pág. 352.

No obstante, en el año 2012, la Asamblea Legislativa

aprobó un nuevo código, el Código Penal de Puerto Rico de

CC-2020-0121

23

2012, Ley Núm. 146-2012, 33 LPRA sec. 5001 et seq. (enmendado

2014), el cual nuevamente acudió e implantó la teoría de la

equivalencia. Nevares-Muñiz, Derecho Penal puertorriqueño:

Parte general, op. cit., pág. 353. Mediante el mismo, se

estableció una sola categoría de participación criminal en

la cual se castigaba como autor o autora a toda persona que

participara en la comisión de un delito, incluyendo al

cooperador o cooperadora. 33 LPRA sec.

5067

(enmendado

2014).

Finalmente, mediante la Ley Núm. 246-2014, la Asamblea

Legislativa enmendó nuevamente el Código Penal de 2012 para,

entre

otros

asuntos,

diferenciación

adoptada

reestablecer

en

el

año

la

2004.

teoría

de

Nevares-Muñiz,

Derecho Penal puertorriqueño: Parte general, op. cit., pág.

353. Por tanto, actualmente, nuestro ordenamiento contempla

una distinción entre la responsabilidad penal de un autor o

autora y la de otros tipos de partícipes.

A la luz de estos cambios en nuestro ordenamiento

jurídico penal, procedo a exponer la normativa aplicable a

las figuras de autoría y cooperación. Resulta pertinente

destacar que los hechos por los cuales se le acusó al

peticionario ocurrieron el 13 de octubre de 2014. Por tanto,

al momento de los hechos, estaba vigente el Código Penal de

2012, previo a las enmiendas del año 2014 en adelante.

i.

CC-2020-0121

24

El Art. 44 del Código Penal de 2012 proveía que se

considerarían autores y autoras las siguientes personas:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Los que toman parte directa en la comisión

del delito.

Los que solicitan, fuerzan, provocan,

instigan o inducen a otra persona a cometer

el delito.

Los que se valen de una persona inimputable

para cometer el delito.

Los que cooperan con actos anteriores,

simultáneos o posteriores a la comisión del

delito, sin cuya participación no hubiera

podido realizarse el hecho delictivo.

Los que se valen de una persona jurídica

para cometer el delito.

Los que actúen en representación de otro o

como

miembro,

director,

agente

o

propietario

de

una

persona

jurídica,

siempre que haya una ley que tipifique el

delito y realicen la conducta delictiva,

aunque

los

elementos

especiales

que

fundamentan el delito no concurran en él

pero sí en el representado o en la persona

jurídica.

Los que teniendo el deber de garante sobre

un bien jurídico protegido, conociendo el

riesgo de la producción de un resultado

delictivo por ellos no provocado que lo pone

en peligro, no actúen para evitarlo.

Los que cooperan de cualquier otro modo en

la comisión del delito. (Énfasis suplido).

33 LPRA sec. 5067 (enmendado 2014).66

En términos generales, este Tribunal ha determinado

que, para que una persona sea responsabilizada criminalmente

66Los

incisos (a) al (f) del Art. 44 aún tienen vigencia

en nuestro ordenamiento jurídico. En torno al inciso (d),

que es uno de los más discutidos en esta Opinión disidente,

actualmente provee que se considerarán autores: “[l]os que

a propósito o con conocimiento cooperan con actos

anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del

delito, que contribuyen significativamente a la consumación

del hecho delictivo”. 33 LPRA sec. 5067. Por otro lado, el

inciso (h) fue posteriormente eliminado y se penalizó tal

conducta como cooperación. 33 LPRA sec. 5068. Abundaremos

igualmente sobre el inciso (h) más adelante.

CC-2020-0121

25

en calidad de autor o autora, ésta debió tener el dominio

del hecho delictivo. Pueblo v. Sustache Sustache, supra,

págs. 301-302. Conforme a tratadistas del Derecho Penal, el

dominio del hecho significa que se considerará un autor o

autora a “quien domina finalmente la realización del delito,

es decir, quien decide en líneas generales el sí y el cómo

de su realización”. (Énfasis suplido). F. Muñoz Conde y M.

García Arán, Derecho Penal: Parte general, 8va ed. rev.,

Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch, 2010, pág. 434. En ese

sentido, el autor o la autora “tiene el dominio final del

suceso”, cuando éste decide cuándo y cómo se realiza el

hecho delictivo. E. Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, 3ra

ed., Bogotá, Ed. Temis S.A., 1996, pág. 182. “Para esta

imputación lo decisivo es que pueda afirmarse que el delito

pertenece al sujeto como suyo”. (Énfasis en el original).

Mir Puig, op. cit., pág. 376. Los autores y las autoras,

independientemente de que se trate de autoría directa,

mediata o coautoría, tienen el dominio del hecho. L.E.

Chiesa Aponte, Autores y cooperadores, 79 Rev. Jur. UPR

1163, 1165 (2010).

Como puede apreciarse, el Art. 44 preceptúa distintas

modalidades de autoría. En primer lugar, se encuentra la

autoría directa, la cual se materializa en una persona que

interviene

personal

y

directamente

en

la

comisión

del

delito. El Art. 44 en su inciso (a) codifica la conducta de

un autor o una autora directa. En segundo lugar, la modalidad

CC-2020-0121

26

de autoría mediata ocurre cuando una persona utiliza a otra

persona “como instrumento” para que se ejecute el delito.

Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op. cit., pág. 178.

Los incisos (b) y (c) del Art. 44 recogen instancias de

autoría mediata.

En tercer lugar, existe la modalidad de coautoría. La

coautoría se puede manifestar de distintas maneras. Por

ejemplo, en virtud del Art. 44(a), dos o más personas que

contribuyan directa y personalmente a la comisión de un

delito se considerarán coautores. Chiesa Aponte, Autores y

cooperadores,

coautoría

supra,

supone

pág.

que

1166.

cada

uno

Sin

embargo,

de

los

“no

toda

interventores

contribuya directamente a la comisión del delito mediante

la realización de uno de los actos descritos en el tipo

delictivo”. (Énfasis en el original). Íd. Es decir, una

persona puede contribuir de manera tan significativa a un

hecho

punible

que,

aunque

no

aporte

directamente,

su

conducta amerita que se le responsabilice como coautor o

coautora. Un ejemplo de lo anterior está codificado en el

Art. 44(d), el cual disponía que se considerará coautor o

coautora

a

los

que

“cooperan

con

actos

anteriores,

simultáneos o posteriores a la comisión del delito, sin cuya

participación

no

hubiera

podido

realizarse

el

hecho

delictivo”. (Énfasis suplido). 33 LPRA sec. 5067 (enmendado

2014).

CC-2020-0121

27

En torno a lo anterior, hemos resuelto que, para que

la persona se considere coautor o coautora de un delito

según

el

Art.

esenciales:

(1)

44(d),

un

se

deben

acuerdo

cumplir

mutuo

entre

dos

requisitos

las

distintas

personas involucradas para cometer el delito, y (2) una

contribución esencial o significativa a la consumación del

hecho delictivo. Pueblo v. Sustache Sustache, supra, pág.

302; Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op. cit.,

págs. 178-179. El primer requisito es conocido como el

elemento subjetivo de la coautoría, mientras que el segundo

se trata del elemento objetivo. Chiesa Aponte, Derecho Penal

Sustantivo, op. cit., pág. 179.

En relación con el requisito de un acuerdo previo y

mutuo, se ha dispuesto lo siguiente:

Es importante señalar que la coautoría

solamente concurre cuando existe un acuerdo previo

mediante el cual los interventores se “inscriben

conscientemente en [un] plan conjunto” cuya meta

es la consumación de un hecho delictivo. Se trata

de un requisito esencial de la coautoría que surge

implícitamente de la doctrina. El acuerdo previo

es esencial, puesto que se entiende que solamente

puede imputarse a cada uno de los interventores

los actos del resto de los interventores cuando

éstos han acordado previamente cometer el delito.

De ahí que sólo cabe afirmar una coautoría punible

bajo el Art. 43(d) cuando existe un acuerdo previo

de distribución de funciones que hace posible

imputar los actos de uno de los interventores a

los demás y viceversa. (Citas omitidas). (Énfasis

suplido). Chiesa Aponte, Autores y cooperadores,

supra, pág. 1168.

En ese sentido, la persona que actúa como coautor o

coautora de un delito tiene que participar intencionalmente

de la comisión del delito. Es decir, “se necesita establecer

CC-2020-0121

28

algún grado de consejo, incitación o participación directa

o

indirecta

en

el

hecho

punible”.

Pueblo

v.

Sustache

Sustache, supra, pág. 301. Es por ello que “[a] los fines

de imputar responsabilidad a título de autor no basta una

mera

cooperación

sino

que

es

necesario

establecer

una

planificación previa o participación intencional de parte

de cada uno de los copartícipes en la actividad delictiva”.

(Énfasis

suplido).

Nevares-Muñiz,

Derecho

Penal

puertorriqueño: Parte general, op. cit., pág. 360. De lo

contrario, “[l] a ausencia de acuerdo común, tanto para

nuestra legislación como también para la mayoría de la

doctrina universal, no permite el tratamiento como coautores

de los distintos individuos que intervienen”. A. Hernández

Esquivel, La coautoría, 25 Derecho Penal y Criminología 97,

101 (2004).

Por otro lado, la coautoría exige actos esenciales que

contribuyan a la producción de la ofensa. Chiesa Aponte,

Derecho

Penal

Sustantivo,

op.

cit.,

pág.

179.

En

ese

sentido, una persona se considera coautor o coautora cuando

“su retirada impediría la ejecución del delito”; es decir

“[s]u participación es necesaria e imprescindible para la

ejecución del delito”. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de

Puerto Rico, Ed. 2012, San Juan, Ed. Inst. para el Desarrollo

del Derecho, pág. 86. Por tanto, se considerará coautor o

coautora aquella persona que “contribuya de algún modo en

la realización del delito (no necesariamente con actos

CC-2020-0121

ejecutivos),

29

de

tal

modo

que

dicha

contribución

pueda

estimarse como un eslabón importante de todo el acontecer

delictivo”. Muñoz Conde y García Arán, op. cit., pág. 437.

Es menester tener presente que la determinación de lo

que constituye una aportación esencial a fines de coautoría

conlleva un análisis particularizado de cada caso. Íd. Es

decir,

requiere

un

ejercicio

de

consideraciones

e

interpretaciones valorativas de las circunstancias de cada

controversia. M. Díaz y García Conlledo, La autoría en

Derecho Penal: Caracterización general y especial atención

al Código Penal Colombiano, 25 Derecho Penal y Criminología

33, 58 (2004).

En

consecuencia,

si

se

cumplen

estos

dos

(2)

requisitos, se castigaría a la persona en calidad de coautor

o

coautora

por

contribuir

significativamente,

más

no

directamente, a la comisión de un delito. Chiesa Aponte,

Autores y cooperadores, supra, pág. 1171. De modo que, la

mera presencia de una persona durante la comisión de un

delito no basta para imponer responsabilidad penal. Pueblo

v. Agosto Castro, 102 DPR 441, 444-445 (1974).

En Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133 (2009), por

ejemplo, este Tribunal le impuso responsabilidad penal a un

individuo en calidad de coautor que, aunque no intervino

directa y personalmente en la comisión de los delitos, sí

participó de una planificación previa y aportó elementos

esenciales e indispensables en pro de la ejecución de los

CC-2020-0121

mismos. Veamos brevemente la

30

controversia que en aquel

momento ocupó a este Tribunal.

En esa ocasión, se generó una discusión entre varios

individuos en un complejo de vivienda, incluyendo al Sr.

Christopher Santiago Rivera (señor Santiago Rivera), el Sr.

Luis Santiago Collazo (señor Santiago Collazo) y su hermano,

el Sr. Ángel L. Santiago Collazo (acusado). Íd., págs. 136137. A raíz de ese evento, el señor Santiago Collazo se

retiró del lugar junto a otro individuo, más unos minutos

después el acusado se dirigió en la misma dirección que sus

compañeros. Íd., pág. 137. Todos entraron a uno de los

edificios del complejo.

En ese momento, el acusado fue a buscar un arma que le

pertenecía que la había dejado bajo el cuidado de un vecino.

Íd., pág. 139. Al salir los tres (3) individuos del edificio,

el acusado le entregó el arma de fuego al señor Santiago

Collazo. Íd., pág. 137. Con el beneficio de tal arma, los

hermanos regresaron al lugar donde se generó la discusión

y, el señor Santiago Collazo disparó y le quitó la vida al

señor Santiago Rivera. Íd., pág. 137. Mientras ello ocurría,

se probó que el acusado se colocó en la salida del lugar

para obstruir el paso. Íd.

Como puede apreciarse, en ese

caso, el Ministerio

Público probó, más allá de duda razonable, que el acusado

planificó previamente la comisión del delito de asesinato

junto a su hermano y que estaba en pleno conocimiento de que

CC-2020-0121

31

su hermano estaba portando un arma con esos propósitos. A

esos efectos, los hermanos se retiraron de una discusión con

el único propósito de buscar un arma de fuego, la cual

precisamente le pertenecía al acusado. De este modo, se

probó

que

el

indispensable

acusado

para

la

hizo

una

comisión

contribución

del

delito,

esencial

sin

e

cuya

participación el mismo no se hubiese podido ejecutar.

Aclarada

la

normativa

aplicable

a

la

figura

de

coautoría contenida en el inciso (d) del Art. 44 del Código

Penal de 2012, corresponde explicar otro tipo de conducta

codificado

igualmente

en

tal

inciso:

la

cooperación

necesaria. Por otro lado, nos adentraremos en el inciso (h)

del Art. 44, el cual codifica la cooperación no necesaria.

Para abundar en lo anterior, se deben exponer las distintas

modalidades de participación criminal que contempla nuestro

ordenamiento jurídico.

ii.

Una persona se considerará partícipe en la comisión de

un delito cuando “contribuye intencionalmente a un hecho

antijurídico ajeno”. Chiesa Aponte, Autores y cooperadores,

supra, pág. 1169. En virtud de la teoría de diferenciación,

el o la partícipe tiene una responsabilidad accesoria y

subordinada al hecho delictivo cometido por el autor o la

autora. Muñoz Conde y García Arán, op. cit., pág. 439. A

diferencia de la persona que actúa como autora del delito,

CC-2020-0121

32

el partícipe no tiene dominio del hecho. Bacigalupo, op.

cit.

Existen dos (2) formas en las que una persona puede ser

partícipe

de

un

delito,

a

saber:

mediante

inducción

o

cooperación. Chiesa Aponte, Autores y cooperadores, supra.

A su vez, la cooperación que puede brindar una persona en

un contexto criminal puede ser catalogada de las siguientes

maneras: (1) cooperación necesaria o (2) cooperación no

necesaria.

Íd.

jurisdicciones,

En

Puerto

los

Rico,

al

inductores

igual

y

los

que

en

otras

cooperadores

necesarios, a pesar de que no son conceptualmente autores

de delito, sí se les castiga como si fuesen autores. Es

decir, se les impone la misma pena que les corresponde a los

autores y las autoras de delito a pesar de que su conducta

no cumple con los requisitos teóricos de autoría. Íd., págs.

1169-1170; Mir Puig, op. cit., pág. 401; J. L. RodríguezVillasante y Prieto, Los principios generales del Derecho

Penal y la responsabilidad penal individual en el estatuto

de Roma de la Corte Penal Internacional, 21 Derecho Penal y

Criminología 13, 30 (1999). Lo anterior, pues se entiende

que su aportación y participación en el crimen es de tal

magnitud que se justifica que sea penalizado o castigado en

calidad de autor o autora. Así, “[e]l que presta una ‘ayuda

necesaria’

debe

tratarse

como

un

autor

principal”.

H.

Silving, Elementos constitutivos del delito, 1ra ed., San

Juan, Editorial Universitaria, 1976, pág. 163. A raíz de la

CC-2020-0121

33

magnitud de la contribución que realiza un cooperador o una

cooperadora necesaria, la Asamblea Legislativa estima que

se le debe castigar como un coautor o coautora.

A esos fines, el Art. 44(d), explicado anteriormente,

no sólo codifica la conducta de la autoría, sino que además

castiga la conducta de cooperación necesaria. Es decir, una

persona que aporta “con actos anteriores, simultaneaos o

posteriores a la comisión del delito, sin cuya participación

no hubiera podido realizarse el hecho delictivo la persona”

puede ser coautor o coautora de un delito o, cooperador o

cooperadora necesaria. 33 LPRA sec. 5067 (enmendado 2014).

La cooperación necesaria siempre ha sido penalizada como

coautoría en todos los códigos penales puertorriqueños, por

lo que no se vio alterada mediante la incorporación de la

teoría de diferenciación a nuestro ordenamiento.

En términos generales, “es cooperador necesario quien

contribuye

a

la

comisión

del

delito

mediante

un

acto

esencial para su consumación”. (Énfasis en el original).

Chiesa Aponte, Autores y Cooperadores, supra, pág. 1172.

Distinto

al

caso

de

coautoría,

el

cooperador

o

la

cooperadora necesaria carece de un dominio del hecho, es

decir, no tiene control sobre el sí y el cómo del acontecer

delictivo Íd., págs. 1173-1174.

Sin embargo, el cooperador o la cooperadora necesaria

sí realiza una contribución esencial al hecho punible a

través de actos anteriores, simultáneos o posteriores a la

CC-2020-0121

34

comisión del delito. Íd., pág. 1172. “[S]e trata de una

contribución de especial importancia para la consecución de

un fin delictivo”. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo,

op. cit., pág. 183. A esos efectos, se considerará una

cooperación necesaria cuando los actos sean tan esenciales

y

significativos

que,

sin

ellos,

“no

hubiera

podido

realizarse el hecho delictivo”. 33 LPRA sec. 5067 (enmendado

2014). Por tanto, “[s]e está ante un caso de cooperación

necesaria cuando la ofensa no se hubiera podido llevar a

cabo sin la contribución del cooperador”. Chiesa Aponte,

Derecho Penal Sustantivo, op. cit.

Por otro lado, una persona puede participar en la

comisión de un delito mediante una cooperación no necesaria.

En Puerto Rico, la figura de la cooperación no necesaria ha

sufrido varios cambios. Inicialmente, el Código Penal de

1974 disponía que todas las personas que “cooperaren de

cualquier

otro

modo

en

la

comisión

del

delito”

se

consideraban autores o autoras del mismo. 33 LPRA sec. 3172.

Lo anterior significaba que la persona que participara como

cooperador o cooperadora no necesaria, por más mínima que

fuese su aportación, se le imponía una pena de autor o

autora.

Posteriormente, el Código Penal de 2004 incorporó por

primera vez la figura del cooperador o cooperadora a nuestro

ordenamiento. De ese modo, dispuso que “[s]e consideran

cooperadores los que sin ser autores, con conocimiento,

CC-2020-0121

35

cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito”.

33 LPRA sec. 4671. Así, la persona que aportara a una

conducta delictiva en calidad de cooperador o cooperadora

no necesaria, se le impondría “una pena igual a la mitad de

la pena señalada para el delito o su tentativa, según

corresponda, hasta un máximo de diez (10) años”. 33 LPRA

sec. 4673.

Luego, el Código Penal de 2012 –vigente a la fecha de

los hechos en controversia– eliminó la figura del cooperador

y volvió a penalizar la conducta del cooperador no necesario

mediante una pena de autoría. Así, dispuso en el inciso (h)

del Art. 44 que se considerará autor o autora los que

“cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito”.

33 LPRA sec. 5067 (enmendado 2014).67 Por tanto, debemos

auscultar en qué consiste la conducta del cooperador o

cooperadora no necesaria. Entiéndase, precisar qué significa

“cooperar de cualquier otro modo en la comisión del delito”.

Veamos.

Los cooperadores o cooperadoras no necesarios, llamados

cómplices en el ordenamiento español, son los que “de forma

67Sin

embargo, en el año 2014, la Asamblea Legislativa

eliminó nuevamente el inciso (h) del Art. 44 y decidió volver

a penalizar tal conducta de modo más benigno mediante la

figura de la cooperación. Actualmente, el Art. 45 del Código

Penal de 2012 enmendado provee que son cooperadores no

necesarios “los que, con conocimiento, cooperan mediante

actos u omisiones que no contribuyen significativamente a

la consumación del delito. Al cooperador se le impondrá una

pena equivalente a la mitad de la pena del autor, hasta un

máximo de diez (10) años”. 33 LPRA sec. 5068.

CC-2020-0121

36

eficaz pero no decisiva, auxilian o facilitan la comisión

de un crimen”. (Énfasis suplido). Rodríguez-Villasante y

Prieto, supra, pág. 32. “Lo que la distingue de las demás

formas de participación es su menor entidad material, de tal

forma

que

la

calificación

de

complicidad

hace

que

la

cooperación se castigue automáticamente con la pena inferior

en un grado a la prevista para los autores del delito”.

Muñoz Conde y García Arán, op. cit., págs. 445-446. En

esencia, la persona que actúa como cooperador o cooperadora

no necesaria aporta mediante una intervención de carácter

secundario, sin la cual la acción delictiva podría haberse

realizado igualmente.

A esos fines, la doctrina española ha resuelto que, en

el caso de la cooperación no necesaria, “no es precisa una

propia causalidad condicionante del resultado, sino que

basta para la cooperación un

favorecimiento eficaz

del

hecho”. (Énfasis suplido). Mir Puig, op. cit., pág. 416. En

ese

sentido,

los

cooperadores

y

las

cooperadoras

no

necesarias deben: (1) tener la intención o el conocimiento

de que están aportando a una conducta delictiva, y (2)

fomentar

el

hecho

principal

mediante

su

aportación

o

contribución. H. Welzel, Derecho Penal: Parte general (C.

Fontán Balestra, trad.), Buenos Aires, Ed. Roque Depalma,

1956, pág. 124.

No obstante, lo anterior “no significa que cualquier

acto de favorecimiento o facilitación de la comisión de un

CC-2020-0121

37

delito sea merecedor de la pena prevista para la complicidad

[o la cooperación no necesaria]: la conducta habrá de tener

alguna

eficacia

comportamiento

causal,

del

autor

aunque

y

sea

reunir,

mínima,

además,

una

en

el

cierta

peligrosidad”. (Énfasis suplido). Muñoz Conde y García Arán,

op.

cit.,

pág.

446.

En

ese

sentido,

el

cooperador

no

necesario presta alguna “contribución causal a la comisión

del hecho principal; por tanto, en los delitos de resultado,

también una contribución al resultado”. Welzel, op. cit.

Dicho de otro modo:

[L]a mera peligrosidad de la acción no basta para

apreciar complicidad, pues será preciso, además,

que el riesgo de favorecer la comisión del delito

por el autor se traduzca en una efectiva

cooperación (no necesaria) a la realización del

mismo. Así, una conducta, para ser considerada

complicidad [o cooperación no necesaria], debe ser

de tal manera causal, que realmente haya

acelerado, asegurado o facilitado la ejecución del

hecho o intensificado el resultado del delito en

la forma en que era previsible. (Énfasis suplido).

Muñoz Conde García Arán, op. cit.

Por tanto, como puede apreciarse, la doctrina no exige que

los actos del cooperador no necesario sean condicionantes a

la ejecución del delito. Sin embargo, lo que sí requiere es

que sus actos contribuyan realmente, aunque sea mínimamente,

a la conducta delictiva.

Por último, es menester abundar en lo que distingue la

cooperación necesaria de la cooperación no necesaria. Ello,

es uno de los retos más discutidos en materia penal. Mir

Puig, op. cit., pág. 413. Por ello, los tratadistas y

expertos de la materia han elaborado una variedad de teorías

CC-2020-0121

38

con el propósito de determinar qué constituye una aportación

esencial e indispensable que justifica que la cooperación

se catalogue como necesaria.

Uno de los acercamientos más comunes es la teoría de

los

bienes

o

servicios

escasos.68

Pueblo

v.

Sustache

Sustache, supra, pág. 308. Según la misma, “la aportación

del cooperador debe considerarse necesaria dependiendo de

la escasez de la cosa o servicio que se facilitó”. Chiesa

Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op. cit. Por un lado, si

el bien o el servicio aportado es escaso y de difícil

obtención, el partícipe se considerará un cooperador o

cooperadora necesaria. Mir Puig, op. cit., págs. 413-414.

Por otro lado, mientras más abundante sea el bien o servicio

suplido,

se

tratará

de

un

cooperador

o

cooperadora

no

necesaria. Íd.

68En

Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR 250 (2009),

este Tribunal acudió, a su vez, a la teoría del dominio del

hecho para distinguir entre la cooperación necesaria y la

cooperación no necesaria. Íd., págs. 309-311. Sin embargo,

tal como expone el profesor y tratadista Luis Ernesto Chiesa

Aponte, la teoría del dominio del hecho no esclarece la

controversia, pues los cooperadores, independientemente de

que sean necesarios o no necesarios, precisamente carecen

de dominio sobre el hecho delictivo. L.E. Chiesa Aponte,

Autores y cooperadores, 79 Rev. Jur. UPR 1163, 1174 (2010).

Es decir, “el dominio del hecho es una teoría cuyo propósito

es distinguir entre autores y partícipes y no entre los

partícipes que han de ser castigados como si fueran autores

(i.e. inductores y cooperadores necesarios) y los que debe

castigarse menos severamente (cooperadores no necesarios)”.

Íd., pág. 1173. Debido a lo anterior, el Profesor hace un

llamado a este Tribunal para ofrecer un punto de partida más

concreto y claro que permita distinguir efectivamente entre

la cooperación necesaria y la cooperación no necesaria. Íd.,

pág. 1175.

CC-2020-0121

39

De igual modo, otra teoría se enfoca en la necesidad

de los actos realizados en pro de la consumación del delito.

Pueblo v. Sustache Sustache, supra, pág. 307. Según ésta,

la persona se considerará cooperadora necesaria cuando su

aportación sea insustituible.

M.

C. López Peregrín,

La

complicidad en el delito, Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch,

1997, pág. 412. Es decir, cuando ningún otro partícipe

pudiese realizar su contribución en su lugar. De igual

manera, se entenderá que la cooperación es necesaria cuando

el autor o la autora del delito no podría ejecutar el delito

sin su aportación. Íd., pág. 414. Por el contrario, en la

medida en que la aportación sea fácilmente sustituible o

cuando

el

autor

o

autora

pueda

realizar

la

conducta

delictiva independientemente de la contribución, se tratará

de un cooperador o cooperadora no necesario.

Otra

teoría

contribución

propuesta

psicológica

o

es

aquella

apoyo

moral

que

evalúa

la

que

provee

un

partícipe al autor o autora. Pueblo v. Sustache Sustache,

supra,

pág.

309.

No

obstante,

esta

teoría

tiene

más

relevancia a fines de diferenciar entre un inductor y un

cooperador o cooperadora no necesaria. Por un lado, se

considerará un inductor o inductora quien, mediante apoyo

moral, provoca intencionalmente que otra persona cometa un

delito. Chiesa Aponte, Autores y cooperadores, supra, pág.

1182.

De

lo

contrario,

se

tratará

de

un

cooperador

o

cooperadora no necesaria cuando tal apoyo psicológico o

CC-2020-0121

40

moral no fue determinante para la comisión de delito. Íd.

Entiéndase, en ese caso, el autor o la autora hubiese

cometido el delito, independientemente de la contribución

moral que recibió del cooperador o cooperadora.

Asimismo, el profesor y tratadista Luis Ernesto Chiesa

Aponte propone otros acercamientos teóricos, tal como la

probabilidad de que se consumara exitosamente el delito.

Chiesa Aponte, Autores y cooperadores, supra, pág. 1176.

Mediante este análisis, se considerará que una persona es

cooperadora

necesaria

si

su

contribución

“aumentó

significativamente la probabilidad de que el delito fuera

consumado exitosamente”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 1177.

Si la conducta o la aportación de una persona no aumentó

significativamente la comisión del delito, se tratará de un

cooperador o cooperadora no necesaria. Íd.

Además, se considerará que la cooperación es necesaria

cuando se aporta o se contribuye un medio para cometer un

delito que es distinto al que el autor o la autora se

proponía utilizar inicialmente o, cuando se ayuda a cometer

el delito de una manera más privada. Íd., págs. 1180-1182.

En ambos supuestos tal cooperación tiene que cumplir con el

criterio anterior, entiéndase, que la aportación aumente

significativamente la probabilidad de que se consuma el

delito exitosamente.

En fin, esta diversidad de criterios sirve para guiar

la

discreción

de

los

tribunales

al

catalogar

la

CC-2020-0121

41

participación de una persona en la comisión de delitos. Sin

embargo, ninguno de estos acercamientos es determinante y

su aplicación dependerá de las circunstancias de cada caso.

En ese análisis, el principio rector debe ser auscultar “si

la ayuda del cooperador puede considerarse de

importancia

especial

a la luz del plan del autor, en casos de

acciones, o en torno al grado de control que tenía el

cooperador

sobre

la

conducta

del

autor,

en

casos

de

entre

autoría

y

omisiones”. Íd., pág. 1188.

Una

vez

explicada

la

distinción

participación en el contexto penal, veamos los delitos en

controversia.

C.

El Código Penal de 2012 disponía en su Art. 93(a) que

constituía

asesinato

en

primer

grado

“[t]oda

muerte

perpetrada por medio de veneno, acecho o tortura, o con

premeditación”.69

33

LPRA

sec.

5142.

A

esos

fines,

premeditación se ha definido como “la deliberación previa a

la resolución de llevar a cabo el hecho luego de darle alguna

consideración por un período de tiempo”. Nevares-Muñiz,

Código

Penal

premeditación

de

Puerto

puede

Rico,

op.

cit.,

pág.

140.

La

deducirse

de

las

circunstancias

particulares de cada caso, analizado la relación entre las

69Actualmente,

el Art. 93(a) del Código Penal de 2012

provee que constituye asesinato en primer grado “[t]odo

asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, tortura,

o a propósito o con conocimiento”. 33 LPRA sec. 5142.

CC-2020-0121

partes,

sus

42

actos

y

sus

conductas.

Pueblo

v.

López

Rodríguez, 101 DPR 897, 899 (1974).

Por tanto, el asesinato en primer grado exige que la

persona tenga la intención específica de matar y quitarle

la vida a otra persona. Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 406,

419 (2007). A la luz de lo anterior, hemos dictaminado que

“un asesinato podrá ser catalogado de primer grado si a la

intención de matar se ha llegado después de darle alguna

consideración, sin importar lo rápido que el acto de matar

suceda a la formación definitiva de tal intención”. Pueblo

v. Concepción Guerra, 194 DPR 291, 305 (2015).

Por otro lado, la Ley de Armas de Puerto Rico, supra,

proveía en su Art. 5.04 que toda persona que transportara o

portara cualquier arma de fuego sin el correspondiente

permiso para portar armas incurriría en un delito grave. 25

LPRA sec. 458c. De igual modo, el Art. 5.15 disponía que

incurrirá en delito grave toda persona que voluntariamente

disparara un arma de fuego en un sitio público. 25 LPRA sec.

458n.

Sin embargo, la posesión de un arma de fuego puede ser

tanto física como constructiva. La posesión constructiva de

un bien delictivo se materializa cuando, “a pesar de que una

persona no tiene la posesión inmediata o tenencia física del

objeto, tiene el poder e intención de ejercer el control o

dominio

sobre

el

mismo”.

interés

menor

F.S.C.,

(Énfasis

128

DPR

suplido).

931,

940

Pueblo

en

(1991).

En

CC-2020-0121

43

consecuencia,

no

constituye

posesión

constructiva

la

presencia ni la cercanía a un objeto delictivo. Íd. Al

contrario,

para

imputarle

posesión

constructiva

a

una

persona que no tuvo control directo de un bien, hay que

probar que tuvo conocimiento del mismo y control sobre éste.

Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 283, 294 (1986).

Examinado el derecho aplicable, procedemos a resolver

la controversia ante nuestra consideración.

III

Según expuesto, corresponde evaluar si de la prueba

desfilada en el Tribunal de Primera Instancia se desprende,

más allá de duda razonable, que el peticionario es culpable

de los siguientes delitos: (1) asesinato en primer grado,

Artículo 93(a) del Código Penal de 2012; (2) portación y uso

de armas de fuego sin licencia, Artículo 5.04 de la Ley de

Armas de Puerto Rico, supra; y (3) disparar o apuntar armas,

Artículo 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.

No está en controversia que el Ministerio Público sí

probó, más allá de duda razonable, que el peticionario

incurrió en el delito de portación y uso de armas blancas,

Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.

Según el propio peticionario, éste agredió al occiso con un

taco de billar. Debido a lo anterior, no se requiere pasar

juicio sobre la imputación de este delito.

En

torno

a

los

demás

delitos,

tampoco

está

en

controversia el hecho de que el peticionario no es un autor

CC-2020-0121

directo

de

44

los

delitos

imputados.

Ello,

pues

quedó

evidenciado que quien directamente portó un arma de fuego,

disparó la misma y asesinó al señor García Batista fue su

hermano, el señor Resto Laureano. Debido a lo anterior, el

señor Resto Laureano fue convicto por los delitos reseñados.

En consecuencia, resta analizar si el peticionario participó

en la comisión de estos delitos en calidad de coautor,

cooperador necesario o cooperador no necesario.

Para que el peticionario se considere coautor de los

delitos reseñados, el Ministerio Público debió probar, más

allá de duda razonable, lo siguiente: (1) que los hermanos

Resto Laureano acordaron mutua y previamente cometer los

delitos imputados, y (2) que el peticionario realizó una

contribución tan esencial a la consumación del delito, que

sin ella no se hubiese podido ejecutar el mismo. Recordemos,

pues, que para que el peticionario sea un coautor, su

retirada impediría la ejecución del delito.

Por otro lado, para que el peticionario se considere

un cooperador necesario de los delitos reseñados, se debió

probar

que

éste

realizó

una

aportación

esencial

e

indispensable a los mismos. Aunque no es requisito que haya

tenido el dominio del hecho delictivo, se debió evidenciar

que, sin la aportación del peticionario, su hermano no

hubiese podido ejecutar los delitos en controversia. Es

decir, que la contribución del peticionario fue de especial

importancia a la luz del plan delictivo de su hermano.

CC-2020-0121

45

Para precisar la necesidad y la esencialidad de la

aportación del peticionario, se deben tomar en consideración

las circunstancias particulares del caso ante nos, entre

éstas: la necesidad de la aportación del peticionario, su

importancia a la luz del plan delictivo de su hermano, la

escasez del bien o del servicio aportado y si su aportación

aumentó

significativamente

la

probabilidad

de

que

los

delitos se hubiesen consumado exitosamente.

De no aplicar las figuras anteriores, se debe evaluar

si el peticionario actuó como un cooperador no necesario.

Entiéndase, si éste aportó eficazmente a la producción de

un delito de manera subsidiaria y secundaria. Veamos.

Los

testimonios

Ministerio

Público

y

los

videos

evidenciaron

presentados

que,

en

la

por

el

noche

en

controversia, el señor Resto Laureano tuvo una discusión con

el

señor

García

Batista

en

un

negocio.

Aunque

el

peticionario llegó al lugar de los hechos junto a su hermano,

se desprende de la prueba presentada que éste no participó

inicialmente de la discusión. Una vez culminó la discusión,

todas las partes involucradas salieron del negocio. Por un

lado, el señor Resto Laureano persiguió a la víctima y a su

pareja. En contraste, el peticionario no tomó la misma

dirección que los demás y optó por irse hacia el área de la

terraza.

Al salir, la señora Rodríguez, pareja del señor García

Batista, procedió a golpear el vehículo donde se encontraban

CC-2020-0121

46

las parejas de los hermanos Resto Laureano. En consecuencia,

el peticionario agarró un taco de billar y se acercó hacia

donde estaban todas las partes involucradas. En cuestión de

segundos, el señor Resto Laureano le disparó al señor García

Batista.

La

señora

Rodríguez

relató

que,

al

escuchar

los

disparos, se volteó y vio al señor García Batista caer al

piso con un arma en la mano. El agente Cruz Román, oficial

policiaco con diecinueve (19) años de experiencia en la

Policía de Puerto Rico y con diez (10) años adscrito a la

División de Homicidios, testificó que al observar los videos

percibió que, en efecto, el señor García Batista portaba un

arma la noche en controversia.

Inmediatamente, el peticionario procedió a darle dos

(2) golpes con un taco de billar al señor García Batista.

Luego de ello, los videos muestran un “forcejeo” entre el

señor García Batista, el peticionario y la señora Rodríguez

por un tramo aproximado de veinte (20) segundos.

Desafortunadamente, el señor García Batista falleció

en la ambulancia de camino al hospital. El informe médicoforense mostró que la causa de la muerte del señor García

Batista se debió exclusivamente a las heridas causadas por

las

balas

del

arma

de

fuego.

Del

mismo

se

desprende

inequívocamente que el señor García Batista no tenía ningún

otro tipo de impacto o evidencia de daño corporal.

CC-2020-0121

47

Al evaluar la totalidad de esta evidencia, a la luz de

los criterios de autoría vigentes, es forzoso concluir que

no se probó, más allá de duda razonable, que el peticionario

fue coautor de los delitos de asesinato, de portación de

armas y de disparo de armas. La prueba presentada está

huérfana de evidencia alguna que muestre que los hermanos

Resto Laureano planificaron la comisión de estos delitos y

que hubo una distribución de funciones entre ellos con ese

propósito.

Para concluir que sí hubo tal planificación, pesó en

el criterio del Tribunal de Apelaciones que los videos

presentados alegadamente muestran que el peticionario señaló

en dirección hacia el señor García Batista unos instantes

antes de los disparos. Sin embargo, tras un estudio riguroso

de los videos, no se puede aseverar con certeza que ese

señalamiento

ocurrió.

Por

tanto,

tal

evidencia

es

insuficiente para inferir razonablemente que el peticionario

tenía la intención y el conocimiento pleno de un acuerdo en

pro de quitarle la vida al señor García Batista. Ello, no

produce certeza ni convicción moral de que los hermanos

Resto

Laureano

entre

ellos

planificaron

distintas

previamente

funciones

en

aras

y

distribuyeron

de

cometer

un

asesinato mediante un arma de fuego.

Así lo reconoció el agente Cruz Román, encargado de

realizar la investigación del caso, quien testificó que de

su investigación no surgió que el peticionario planificó o

CC-2020-0121

48

acordó con el señor Resto Laureano quitarle la vida al señor

García

Batista.

De

igual

modo,

afirmó

que

de

su

investigación no se desprendió que el peticionario tenía

conocimiento alguno sobre el arma que portaba el señor Resto

Laureano.

Como agravante, la conducta del peticionario en la noche

en controversia no muestra que éste tuvo dominio alguno

sobre los hechos delictivos, ni que realizó una contribución

esencial

a

la

comisión

del

delito.

Tampoco

que

tuvo

conocimiento previo de que el peticionario portaba un arma

de fuego ni, mucho menos, tuvo control o dominio alguno

sobre el arma.

Ciertamente, la evidencia muestra que el peticionario

actuó deplorable y delictivamente al golpear a otra persona

con un taco de billar. Es por ello que el peticionario fue

convicto correctamente por el delito de portación y uso de

armas blancas. No obstante, ello no constituyó, de modo

alguno, una aportación esencial a los delitos de asesinato

y de portación de armas. Así quedó evidenciado claramente

en el informe médico-forense, que dispone expresamente que

el señor García Batista no tuvo daño corporal alguno más

allá de las heridas de bala.

Como puede apreciarse, el señor Resto Laureano no

necesitó contribución alguna de parte del peticionario para

quitarle

la

vida

al

señor

García

Batista.

De

haberse

retirado el peticionario, los delitos se hubiesen ejecutado

CC-2020-0121

49

igualmente. Es decir, no se demostró que el peticionario

tuvo dominio alguno sobre los hechos delictivos. La agresión

ejercida por el peticionario tampoco fue una aportación

necesaria, no adelantó los propósitos de su hermano, no

constituyó una contribución de difícil obtención, no aumentó

de manera alguna las probabilidades de que los delitos se

consumaran exitosamente, ni constituyó una aportación de

especial importancia a la luz de todas las circunstancias.

Distínganse los hechos ante nuestra consideración con la

controversia que ocupó a este Tribunal en Pueblo v. Santiago

et al., supra. Según adelantado, en aquella ocasión, el

Tribunal responsabilizó al acusado en calidad de coautor

porque éste, luego de presenciar una discusión entre varios

individuos, ayudó a su hermano a buscar un arma, le suplió

un arma de fuego que le pertenecía y lo acompañó al lugar

de los hechos para que éste ejecutara el delito de asesinato.

Mientras ello ocurría, el acusado obstruyó la salida del

lugar donde se cometía el delito para evitar su paso. En

este caso, se demostró más allá de duda razonable una

planificación previa, una distribución de funciones y una

contribución esencial a la comisión de los hechos.

En contraste, en esta ocasión, no se presentó evidencia

que

produjera

certeza

o

convicción

moral

de

que

el

peticionario acordó previamente quitarle la vida al señor

García Batista. Más importante aún, no se demostró que el

CC-2020-0121

50

peticionario haya realizado alguna aportación esencial o

indispensable como coautor de los delitos.

En fin, es firme principio de la doctrina penal que,

para que una persona se considere coautor o coautora de un

delito, deben concurrir necesariamente ambos requisitos: (1)

un plan previo, y (2) una aportación esencial a la comisión

del delito. Al no probarse estos elementos más allá de duda

razonable,

los

tribunales

estamos

impedidos

de

responsabilizar al peticionario como coautor de los delitos

imputados. De igual modo, ante la evidente realidad de que

el peticionario no realizó actos necesarios, indispensables

ni esenciales a los delitos imputados, tampoco procedía

imponerle una pena en calidad de cooperador necesario.

Debido

a

lo

anterior,

sólo

resta

auscultar

si

el

peticionario actuó como un cooperador no necesario de los

delitos de asesinato, portación de arma de fuego y disparo

de arma de fuego. Como se expuso anteriormente, una persona

se considerará cooperador o cooperadora no necesaria cuando

su aportación a la conducta delictiva no sea decisiva ni

determinante. Al contrario, una cooperación no necesaria es

aquella de carácter secundario, sin especial importancia a

la luz del delito cometido.

En

el

caso

de

epígrafe,

la

participación

del

peticionario en la actividad delictiva se reduce a que,

luego de que el señor Resto Laureano le disparara a la

víctima, éste lo golpeó con un taco de billar. Sin embargo,

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como hemos reiterado, el informe médico forense revela que

tales golpes no causaron la muerte del señor García Batista.

De hecho, del mismo se desprende que tales golpes ni siquiera

causaron algún daño corporal. Es decir, no existe un nexo

causal alguno entre los actos del peticionario y los delitos

imputados.

Ciertamente,

cooperación

no

para

imputarle

necesaria

no

se

a

una

exige

un

persona

una

estándar

de

causalidad condicionante a la comisión del delito. Sin

embargo, la doctrina sí exige que los actos del cooperador

no necesario auxilien o favorezcan de alguna manera, aunque

sea mínimamente, los delitos cometidos. En vista de que, en

el caso ante nos, se presentó evidencia fehaciente de que

los actos del peticionario no tuvieron efecto alguno en el

asesinato del señor García Batista, no procedía tampoco

responsabilizarlo penalmente en calidad de cooperador no

necesario.

En fin, lo único que el Ministerio Público probó, más

allá

de

duda

razonable,

es

que

el

peticionario

actuó

delictivamente al golpear al señor García Batista con un

taco de billar. Es por ello que éste es indudablemente

culpable del delito de portación y uso de armas blancas,

Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.

Debido a lo anterior, el peticionario continuará cumpliendo

la sentencia de seis (6) años impuesta por el Tribunal de

Primera Instancia a esos fines.

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En ese sentido, estoy convencido de que el Sr. Ángel

M. Resto Laureano incurrió en la comisión de un delito,

incluso hasta él mismo lo reconoce y no lo cuestiona.

Sin

embargo, estoy convencido también de que su responsabilidad

penal no puede extenderse al punto de resultar culpable por

otros

delitos

cometidos

por

su

hermano.

Ello,

tras

un

estudio minucioso del derecho aplicable, especialmente de

los criterios que exige nuestro ordenamiento para que una

persona se considere coautora de un delito. Como hemos

constatado,

al

aplicar

el

derecho

vigente

a

la

prueba

presentada en el juicio, no me queda otra alternativa que

concluir que la culpabilidad del Sr. Ángel M. Resto Laureano

no se probó más allá de duda razonable respecto a los

restantes delitos. Por tanto, respetuosamente disiento.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado