Tribunal Supremo de Puerto Rico
Salvá Rivera v. Administración de Corrección, Alcalde Las Cucharas 676
2021 TSPR 44
Poder Judicial de Puerto Rico
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Salvá Rivera v. Administración de Corrección, Alcalde Las Cucharas 676
CC-2021-201
Resolución del Tribunal con Voto Particular de Conformidad y Voto Particular Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Anthony Salvá Rivera
Peticionario
v.
Administración de Corrección,
Alcaide Las Cucharas 676
Certiorari
2021 TSPR 44
206 DPR ____
Recurrido
Número del Caso:
CC-2021-201
Fecha: 30 de marzo de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel IV
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Luis A. González Soto
Sociedad para Asistencia Legal
Materia:
Resolución con Voto Particular de Conformidad y Voto
Particular Disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Anthony Salvá Rivera
Peticionario
v.
CC-2021-201
Administración
Corrección, Alcaide
Cucharas 676
de
Las
Recurrido
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2021.
Evaluada la Moción urgente en auxilio de
jurisdicción y la Petición de certiorari, presentadas
por el Sr. Anthony Salvá Rivera, se provee no ha
lugar a ambas.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez
Torres emitió un Voto Particular de Conformidad al
cual se unieron la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco y los Jueces Asociados señor Kolthoff
Caraballo, señor Rivera García y señor Feliberti
Cintrón.
La
Jueza
Presidenta
Oronoz
Rodríguez
disiente y hubiese expedido la Petición de certiorari
y declarado con lugar la Moción urgente en auxilio de
jurisdicción.
El
Juez
Asociado
señor
Estrella
Martínez emitió un Voto Particular Disidente.
El Juez Asociado señor Colón Pérez “disiente del
curso de acción seguido por una mayoría de este
Tribunal en el presente caso y, en consecuencia,
hubiese provisto ha lugar a la moción en auxilio de
jurisdicción así como a la petición de certiorari
CC-2021-201
2
presentadas
en
la
causa
de
epígrafe.
Lo
anterior, pues, los hechos tan particulares que
originaron
la
controversia
ante
nuestra
consideración revelan un accidentado manejo del
caso de marras, lo cual ha ocasionado que el
señor
Anthony
Salvá
Rivera
esté
detenido
preventivamente en una institución carcelaria
por un término que excede el dispuesto en el Art
II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1".
Notifíquese inmediatamente.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Anthony Salvá Rivera
Peticionario
v.
Administración
Corrección, Alcaide
Cucharas 676
de
Las
CC-2021-201
Recurrido
Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor
MARTÍNEZ TORRES al cual se unieron la Jueza Asociada señora PABÓN
CHARNECO y los Jueces Asociados señor KOLTHOFF CARABALLO, señor
RIVERA GARCÍA y señor FELIBERTI CINTRÓN.
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2021.
Estoy
conforme
con
la
Resolución
que
hoy
se
certifica debido a que la decisión del Tribunal de
Apelaciones
aplicó
correctamente
nuestros
precedentes.
I
El 21 de junio de 2019, se interpuso denuncias
contra el Sr. Anthony Salvá Rivera por infracciones a
los Arts. 130 (Agresión sexual), 177 (Amenazas), 195
(Escalamiento
Agravado)
y
198
(Daños)
del
Código
Penal, 33 LPRA secs. 5191, 5243, 5265, 5268. Se alegó
que este entró a una residencia forzando una ventana
para cometer el delito de agresión sexual contra una
menor de edad. Al
día siguiente, se determinó causa
CC-2021-0201
2
para arresto por los delitos imputados y el señor Salvá
Rivera ingresó a una institución carcelaria en vista de
que no pudo prestar los $200,000 de fianza impuesta. Tras
varios
trámites
peticionario
procesales,
comenzó
desinsaculación
el
del
28
el
de
juicio
enero
jurado
de
(dentro
contra
el
2020
con
la
del
término
constitucional), el cual quedo finalmente constituido el 5
de febrero de 2020. Luego de iniciado el desfile de prueba
durante varios días de juicio, la continuación del juicio
quedó señalada para el 19 de marzo de 2020. Sin embargo,
el
15
de
marzo
de
2020
la
Rama
Judicial
anunció
la
suspensión de los procedimientos judiciales a causa de la
crisis
de
salud
pública
que
aún
hoy
continuamos
enfrentando.
Así las cosas, el señor Salvá Rivera presentó una
Petición
de
habeas
corpus
al
Tribunal
de
Primera
Instancia, en la cual alegó que había estado detenido por
más de catorce meses sin que se demostrara su culpabilidad
más allá de duda razonable. Razonó que lo que llamó una
“detención
preventiva”
violentó
su
derecho
a
un
juicio
rápido. Oportunamente el Ministerio Público presentó su
oposición. Sostuvo que el mecanismo de hábeas corpus no es
aplicable a casos donde el juicio ya comenzó y que nuestro
ordenamiento jurídico no establece un término mínimo para
concluir un juicio, sino para iniciarlo. Además, resaltó
que
se
celebraron
varias
vistas
para
auscultar
la
situación de los miembros del jurado y que, durante el
CC-2021-0201
3
periodo en detención, el señor Salvá Rivera se encontraba
cumpliendo
una
pena
por
otros
delitos
previamente
juzgados. Aun así, el 1 de septiembre de 2020, el foro
primario
declaró
ha
lugar
la
petición
y
ordenó
la
reiteró
lo
excarcelación del señor Salvá Rivera.
Oportunamente,
el
Pueblo
apeló
de
anteriormente
planteado.
El
Tribunal
Apelaciones
revocó
de
1
y
marzo
la
de
2021,
determinación
el
del
Tribunal de Primera Instancia y ordenó el reingreso del
señor Salvá Rivera a una institución carcelaria. Sustentó
su
determinación
en
que
la
jurisprudencia
es
clara
al
establecer que una vez iniciado el juicio no procede el
auto de hábeas corpus bajo el fundamento de violación de
los términos de detención preventiva. Además, razonó que
el
auto
de
sustitución
hábeas
de
los
corpus
remedios
no
podía
ordinarios
utilizarse
provistos
en
en
la
ley, como lo es el mandamus o una moción de desestimación
por violación de los términos de juicio rápido en el mismo
caso, en lugar de iniciar un proceso separado como este.
Finalmente, el 24 de marzo de 2021 el señor Salvá
Rivera presentó ante este foro una Petición de certiorari.
Nos solicitó que revisemos la sentencia del Tribunal de
Apelaciones.
Asimismo,
presentó
una
Moción
urgente
en
auxilio de jurisdicción para que atendiéramos con premura
su caso y ordenáramos su excarcelación inmediata.
II
CC-2021-0201
4
El peticionario alega que su excarcelación procede
porque transcurrió el término de seis meses prescrito en
nuestra
Constitución
desde
que
el
juicio
quedó
interrumpido sin saberse cuándo se reanudaría. En primer
lugar, es menester indicar que el juicio fue calendarizado
para continuar el 8 de abril de 2021, de modo que no cabe
hablar
de
que
enjuiciado.
En
el
peticionario
este
caso
no
desconoce
cuándo
hay
postergación
una
será
indefinida del juicio. En Pueblo v. Díaz Alicea, 2020 TSPR
56, 204 DPR __ (2020), aclaramos que el derecho a no ser
detenido preventivamente por más de seis meses concierne
específicamente al periodo antes del juicio. La cláusula
de
detención
preventiva,
Art.
II,
Sec.
11
de
la
Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA, protege a la persona
de que no se le detenga por más de seis meses sin que haya
comenzado el juicio en su contra.
Del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente
surge
que
con
el
límite
constitucional
al
plazo
de
detención preventiva “lo que se ha querido subsanar es
esta
situación
particular
donde
no
ha
mediado
Juicio
alguno. Esto lo que quiere decir es que en los casos donde
no ha mediado Juicio, una persona no puede estar detenida
en la cárcel por más de seis meses”. 3 Diario de Sesiones
de la Convención Constituyente 1597 (ed. 1961).
El peticionario así lo reconoce, pero alega que esto
solo debe aplicarse a “situaciones normales”, cuando el
juicio continúa ininterrumpidamente y no a su caso. No le
CC-2021-0201
asiste
la
5
razón.
Si
bien
la
suspensión
de
labores
judiciales fue un evento excepcional, una vez comienza el
juicio
la
detención
preventiva
culmina.
Eso
hace
improcedente el recurso extraordinario de hábeas corpus.
Pueblo
v.
Díaz
Alicea,
supra.
Véase,
Arnaldo
Ortiz
v.
Alcaide, 203 DPR 1033 (2020) (Voto particular del Juez
Asociado
señor
Rivera
García).
El
juicio
en
este
caso
comenzó el 28 de enero de 2020. Eso basta para resolver
que se cumplió con la cláusula de detención preventiva.
Por
otra
parte,
el
peticionario
arguyó
que
la
paralización de los procesos afecta su derecho a un juicio
rápido y que existe riesgo de la contaminación de los
miembros
del
jurado.
Como
conocemos,
el
derecho
a
un
juicio rápido consagrado tanto en el Art. II, Sec. 11 de
la Constitución de Puerto Rico como en la primera cláusula
de la Sexta Enmienda de la Constitución federal, se activa
tan
pronto
responder.
(2017).
el
acusado
Pueblo
Aunque
es
detenido
o
v.
Catalá
Morales,
197
no
hay
regulación
queda
sujeto
a
214,
223
estatutaria
que
DPR
establezca un término determinado para la duración de un
juicio,
el
derecho
a
juicio
rápido
aplica
a
todo
su
desenvolvimiento. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419,
431 (1986). No obstante, este derecho no es una protección
absoluta para el acusado ni opera en un vacío. Pueblo v.
Custodio Colón, 192 DPR 567, 581 (2015).
Ante un reclamo de violación del derecho a juicio
rápido debemos considerar las circunstancias específicas
CC-2021-0201
que
rodean
6
el
reclamo,
puesto
que
este
precepto
constitucional puede ser compatible con alguna tardanza o
demora.
Pueblo
(2009).
Por
juicio,
hemos
siguientes:
v.
eso,
Rivera
al
evaluar
hecho
(1)
la
Santiago,
un
una
de
DPR
dilación
balance
duración
176
la
de
559,
570
durante
el
los
intereses
tardanza;
(2)
las
razones para la dilación; (3) si el acusado ha invocado
oportunamente su derecho, y (4) el perjuicio resultante
para el acusado. Íd. A su vez, el perjuicio alegado por el
acusado no puede ser abstracto, sino que debe ser real y
sustancial. Íd.
Como hemos reconocido, la situación de salud pública
vigente
presenta
retos
operacionales
a
esta
Rama
de
Gobierno. Véase, Pueblo v. Santiago Cruz, 2020 TSPR 99,
205
DPR
Rivera
__
ha
(2020).
estado
Si
bien
paralizado
el
juicio
por
algún
del
señor
tiempo,
Salvá
se
han
celebrado varias vistas sobre el estatus del caso y hay
una fecha cierta y cercana para su reanudación. No hay
evidencia de que el jurado no pueda continuar. Si eso
pasara, el peticionario podría tener derecho a un remedio
por violación del debido proceso de ley, pero sin indicios
de eso tendríamos que especular para darle la razón en
esta etapa. En otras palabras, el peticionario no nos ha
puesto en condiciones para concluir que sufre un perjuicio
real y sustancial por la demora en reanudar su juicio.
Tomando en consideración que no hay término alguno para la
conclusión del juicio, así como las razones de la dilación
CC-2021-0201
7
y la falta de evidencia del perjuicio alegado, debemos
concluir que el Tribunal de Apelaciones no erró al revocar
la
sentencia
del
Tribunal
de
Primera
Instancia.
No
procedía la excarcelación del señor Salvá Rivera.
III
En fin, estoy convencido de que la prudencia y la
sana administración de la justicia aconsejan denegar tanto
la expedición de la moción en auxilio de jurisdicción como
la petición de certiorari.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Anthony Salvá Rivera
Peticionario
v.
CC-2021-0201
Certiorari
Administración de
Corrección, Alcaide
Las Cucharas 676
Recurrido
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado señor
ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2021.
“El uso no excepcional de la prisión
preventiva es uno de los problemas más
graves y extendidos que enfrentan los
Estados miembros de la OEA en cuanto al
respeto y garantía de los derechos de las
personas
privadas
de
libertad,
que
constituye uno de los signos más evidentes
del fracaso del sistema de administración
de justicia, y resulta una situación
inadmisible en una sociedad democrática que
respeta el derecho de toda persona a la
presunción de inocencia”.
- Guía Práctica para Reducir la Prisión
Preventiva, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos – OEA
Hoy,
debimos
pautar
y
reconocer
que
la
protección
contra la detención preventiva excesiva y sus corolarios se
activan,
no
sólo
ante
la
dilación
en
el
inicio
de
un
juicio, sino también ante interrupciones prolongadas que
tienen el mismo efecto de provocar que un ser humano, que
se presume no culpable, esté siendo privado de su libertad
CC-2021-0201
2
ilegalmente por más de seis (6) meses. Lamentablemente, no
fue
así.
Tribunal
Por
el
diluye
contrario,
nuevamente
la
la
determinación
garantía
de
este
constitucional
autóctona contra la detención preventiva excesiva.
Como férreo defensor de tal protección constitucional
y consciente de las implicaciones que tiene para un ser
humano perder su libertad a manos del Estado sin contar con
la certeza de cuándo el proceso llegará a su fin, expediría
el recurso de autos y revocaría el dictamen del Tribunal de
Apelaciones.
Ello,
enfrentara
la
comunidad,
con
con
el
fin
de
que
continuación
de
su
juicio
las
correspondientes
el
peticionario
en
la
libre
restricciones
y
condiciones, tal cual lo haría una persona que contó con
los recursos económicos para pagar su fianza. Me explico.
El Sr. Anthony Salvá Rivera (señor Salvá Rivera) fue
ingresado a prisión el 22 de junio de 2019, al no poder
prestar la fianza impuesta de $200,000. Por solicitud de
la defensa, éste fue evaluado por el psiquiatra del Estado
y declarado no procesable el 5 de agosto de 2019. No
obstante,
el
7
de
octubre
de
2019
que
señor
fue
declarado
procesable.1
Ante
el
hecho
de
el
Salvá
Rivera
hizo
efectivo su derecho a juicio por jurado, el 28 de enero de
2020, se tomó el juramento preliminar a los candidatos a
1El
26 de noviembre de 2019, el señor Salvá Rivera fue
sentenciado por dos (2) delitos menos graves. Tal
sentencia la cumplió el 19 de junio de 2020. Véase,
apéndice de certiorari, pág. 68.
CC-2021-0201
jurados
y
mediados
3
comenzó
del
mes
el
proceso
de
la
de
febrero
comenzó
desinsaculación. A
el
desfile
de
la
prueba, lo cual se extendió hasta mediados del mes de
marzo.
Sin
embargo,
a
consecuencia
de
las
órdenes
ejecutivas y las medidas cautelares de la Rama Judicial
ante la pandemia del COVID-19, la continuación del juicio
fue paralizada.
Al cabo de varios meses, la defensa del señor Salvá
Rivera solicitó la continuación del juicio. A pesar de que
el tribunal ordenó la continuación de éste y que intentó
materializar
tribunal
su
celebración,
reconoció
los
no
se
esfuerzos
pudo.
para
El
propio
trasladar
la
celebración del juicio a otras facilidades más amplias y
favorables en cuanto a la ventilación natural, pero ello
no
fue
posible
ante
la
negativa
de
la
Oficina
de
Administración de los Tribunales.
De este modo, el señor Salvá Rivera se encontró en un
limbo
jurídico,
indefinidamente
pues
sin
su
solución
juicio
quedó
aparente,
paralizado
y,
lo
más
agravante, privado de su libertad. Ante este escenario, la
defensa solicitó un habeas corpus e invocó los siguientes
derechos constitucionales: a la vida, a la libertad, a la
dignidad del ser humano, a la presunción de inocencia, a
la igual protección de las leyes, a juicio por jurado y a
juicio rápido. A su vez, hizo alusión a la protección en
contra de la detención preventiva excesiva, pues su juicio
llevaba paralizado indefinidamente más de seis (6) meses y
CC-2021-0201
4
el señor Salvá Rivera llevaba un (1) año con setenta y
nueve (79) días privado de su libertad, sin determinársele
la comisión de un delito.
De una certificación del Departamento de Corrección y
Rehabilitación se desprende que, a la fecha del 21 de
agosto de 2020, el peticionario llevaba encarcelado un
total de 426 días por los delitos que estaban pendientes
por ser juzgados.2
De manera sensata y con los principios de equidad y
justicia por delante, el Tribunal de Primera Instancia
ordenó la excarcelación del señor Salvá Rivera. El foro
primario destacó que habían transcurrido ciento setenta y
un
(171)
días
desde
la
última
vista
celebrada
en
el
juicio. Ello, sumado al tiempo cumplido antes del juicio,
tenía un total de doscientos noventa y cuatro (294) días
de encarcelación sin la celebración del juicio.3 A su vez,
resaltó que, a la fecha en que se redactaba tal sentencia,
“los encargados de la administración judicial no [habían]
logrado poner en ejecución un mecanismo para iniciar o
reanudar
los
pandemia”.4
juicios
Basado
en
por
jurado
esta
en
estos
situación
tiempos
de
particular,
el
tribunal entendió que la justicia debía prevalecer sobre
2Íd.,
pág. 68.
3El
Tribunal de Primera Instancia descontó los días
que el peticionario no se encontraba procesable.
4Apéndice
de certiorari, pág. 75.
CC-2021-0201
5
posibles ficciones jurídicas. Por parecerme muy acertado
el análisis de tal foro lo cito ad verbatim:
[R]esolvemos que lo jurídicamente correcto y
justo en este caso es tratar los días
anteriores al comienzo del juicio y los
posteriores a su suspensión como componentes
del mismo término de detención preventiva
consagrado en la Constitución. Después de todo,
más allá de cualquier planteamiento enjundioso
y bien articulado los días que el acusado ha
pasado en cárcel desde la suspensión del juicio
no pueden ser otra cosa que una detención
preventiva. No podemos considerarlos de otra
forma porque no lo hay. Justificar más días de
cárcel porque no son días anteriores al juicio
implicaría rendirnos a la ilegalidad que
representa
un
encarcelamiento
de
duración
indefinida, con todas las sensaciones de
estarse cumpliendo una pena, para la que no ha
mediado veredicto ni fallo de culpabilidad; y
se ha prescindido de un dictamen de sentencia.
Además, si bien ni siquiera por ficción
jurídica podemos tratar dichos días como si no
hubieran transcurrido, tampoco podemos permitir
que semejante periodo llegue a durar tanto o
más que el término de detención preventiva
prescrito en nuestra Constitución. Del mismo
modo, tampoco podemos descartar la existencia
de los días de encarcelamiento anteriores al
juicio por el mero hecho de que este en algún
momento comenzó. Por lo tanto, al necesario
tiempo que se necesite para atender con
salubridad este asunto contraponemos la espera
de ello por el acusado, pero en libertad por
haber excedido su detención preventiva los seis
meses prescritos en nuestra constitución (294
días).5
No
obstante,
el
Estado
acudió
al
Tribunal
de
Apelaciones y este foro revocó la orden de excarcelación.
Es
por
ello
que
el
peticionario
acude
en
búsqueda
de
nuestro auxilio.
Consecuente con mi postura en el reconocimiento pleno
de
la
garantía
5Íd.,
en
contra
págs. 77-78.
de
la
detención
preventiva
CC-2021-0201
6
excesiva, su razón de ser, su envergadura e implicaciones,
me resulta obvio que procedía el habeas corpus concedido
por el Tribunal de Primera Instancia a favor del aquí
peticionario y revocado por el Tribunal de Apelaciones.
La Constitución de Puerto Rico prohíbe expresamente la
detención
preventiva
más
allá
del
término
de
seis
(6)
meses. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Tal
protección tiene como norte evitar los abusos de autoridad
y que se castigue excesivamente por un delito por el cual
no se ha juzgado. Sánchez v. González, 78 DPR 849 (1995).
Esto,
particularmente,
derechos
porque
constitucionales
como
se
entremezclan
lo
son
el
otros
derecho
a
la
vida, a la libertad, al debido proceso de ley y, sobre
todo, el derecho fundamental a la presunción de inocencia.
De
la
discusión
del
Diario
de
Sesiones
de
la
Convención Constituyente de Puerto Rico se desprende que
“[d]entro de los seis meses hay que celebrar el juicio. Si
no se celebra el juicio dentro de los seis meses, el
hombre
va
Convención
para
la
calle”.
Constituyente
de
Diario
de
Sesiones
Puerto
Rico,
1595
de
la
(1961).
Asimismo, surge que “[l]o que se quiere evitar con esta
disposición
detenido
por
es
que
tiempo
un
individuo
esté
preventivamente
[i]limitado,
como
acontece
muchas
veces en los tribunales”. Íd., pág. 1950.
La y los artífices de nuestra Constitución dispusieron
el término de seis (6) meses como fecha límite para que
una persona imputada de delito espere el inicio de su
CC-2021-0201
7
juicio privado de su libertad. Si tal plazo no se cumple,
procede un habeas corpus y con ello la excarcelación del
acusado o de la acusada. ¿Por qué pensar que ello no
aplicaría cuando el juicio ha sido suspendido sin miras de
poder reanudarlo? Su efecto es el mismo: la persona está
privada de su libertad recibiendo un castigo excesivo por
un acto delictivo no probado. Peor aún, está en un limbo
jurídico, sin remedio alguno, viendo como pasan los días,
semanas
y
meses
privado
de
su
libertad.
Según
he
reiterado, “prisión es prisión”. Pueblo v. Andújar, 2020
TSPR
46
(Estrella
Martínez,
voto
particular);
Arnaldo
Ortiz v. Alcaide, 203 DPR 1033 (2020) (Estrella Martínez,
expresión disidente). A su vez, advertí en mi disenso en
Pueblo v. Díaz Alicea, 2020 TSPR 56 (Estrella Martínez,
opinión disidente), que el inicio del juicio no desactiva
la protección constitucional a la detención preventiva.
La fijación del término de seis (6) meses para el
inicio
del
juicio
tiene
previsto
que
éste
tendrá
una
continuidad cierta y final, no así que tal inicio sea
paralizado indefinidamente y que la persona se quede en un
limbo jurídico privado de su libertad irrazonablemente. En
esta circunstancia, al momento del Tribunal de Primera
Instancia conceder el habeas corpus aquí en controversia,
existía
un
ambiente
de
incertidumbre
tanto
para
el
individuo privado de su libertad como para el Estado y el
propio sistema judicial.
CC-2021-0201
8
No debemos crear ficciones jurídicas para negar la
realidad
del
encarcelamiento
personas
que
no
han
sido
y
perpetuar
declaradas
el
mismo
culpables
de
en
los
delitos que se le imputan. Pueblo v. Díaz Alicea, supra;
Pueblo v. Andújar, supra. Como muy bien señaló el foro
primario, no podemos borrar los días que el peticionario
estuvo privado de su libertad en una cárcel por el sólo
hecho de que en algún momento comenzó el juicio en su
contra, pero el mismo quedó subsumido en una paralización
indefinida.
A su vez, es menester mencionar que el hecho de que
la continuación del juicio esté programada no convierte la
presente
controversia
momento
de
en
concederse
académica.
Para
el
corpus
habeas
empezar,
aquí
al
en
controversia, el foro primario no tenía expectativa alguna
de cuándo podría reanudarse este juicio. En aquel momento,
la
continuación
del
juicio
era
un
asunto
indefinido.
Aunque posteriormente se fijó la continuación del juicio,
no cambia el escenario de todos los días que el señor
Salvá Rivera ha estado privado de su libertad de manera
injusta e injustificada, lo que amerita su excarcelación.
En segundo término, los esfuerzos de buena fe del
foro
primario
para
continuar
el
juicio
resultaron
infructuosos anteriormente. Ante ese cuadro, no tenemos
garantías
de
materialice.
que
En
la
continuación
tercer
término,
aun
del
si
proceso
el
se
juicio
continuara en la fecha programada, opino que la protección
CC-2021-0201
9
constitucional contra la detención preventiva excesiva se
activó
a
favor
del
señor
Salvá
Rivera
al
haber
transcurrido más de un (1) año desde que fue privado de su
libertad. Ante esta realidad, el habeas corpus aquí en
pugna
permitiría
que
el
peticionario
enfrente
la
continuación de su juicio desde la libre comunidad, con
las correspondientes condiciones, tal como lo enfrentan
los
que
cuentan
con
medios
económicos
para
pagar
como
la
una
fianza.
Desde
el
disenso
respetuoso,
veo
línea
jurisprudencial moderna sigue debilitando una protección
constitucional
autóctona
de
vanguardia
que
persigue
erradicar el mal de detenciones preventivas prolongadas e
irrazonables que se convierten en privaciones de libertad
violatorias
de
los
derechos
humanos.
Desde
el
disenso,
recuerdo que “la Constitución de Puerto Rico le dicta la
agenda al Estado sobre sus prioridades administrativas,
tecnológicas y de política pública. No es a la inversa. Si
así fuera, las garantías esenciales quedarían al capricho
de
los
Pueblo
gobernantes
v.
Andújar,
y
de
los
supra,
que
ejercemos
(Estrella
el
poder”.
Martínez,
voto
particular). Por los fundamentos que anteceden, disiento
respetuosamente.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado