LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Salvá Rivera v. Administración de Corrección, Alcalde Las Cucharas 676

2021 TSPR 44

Poder Judicial de Puerto Rico

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Salvá Rivera v. Administración de Corrección, Alcalde Las Cucharas 676

CC-2021-201

Resolución del Tribunal con Voto Particular de Conformidad y Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Anthony Salvá Rivera

Peticionario

v.

Administración de Corrección,

Alcaide Las Cucharas 676

Certiorari

2021 TSPR 44

206 DPR ____

Recurrido

Número del Caso:

CC-2021-201

Fecha: 30 de marzo de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel IV

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Luis A. González Soto

Sociedad para Asistencia Legal

Materia:

Resolución con Voto Particular de Conformidad y Voto

Particular Disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Anthony Salvá Rivera

Peticionario

v.

CC-2021-201

Administración

Corrección, Alcaide

Cucharas 676

de

Las

Recurrido

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2021.

Evaluada la Moción urgente en auxilio de

jurisdicción y la Petición de certiorari, presentadas

por el Sr. Anthony Salvá Rivera, se provee no ha

lugar a ambas.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez

Torres emitió un Voto Particular de Conformidad al

cual se unieron la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco y los Jueces Asociados señor Kolthoff

Caraballo, señor Rivera García y señor Feliberti

Cintrón.

La

Jueza

Presidenta

Oronoz

Rodríguez

disiente y hubiese expedido la Petición de certiorari

y declarado con lugar la Moción urgente en auxilio de

jurisdicción.

El

Juez

Asociado

señor

Estrella

Martínez emitió un Voto Particular Disidente.

El Juez Asociado señor Colón Pérez “disiente del

curso de acción seguido por una mayoría de este

Tribunal en el presente caso y, en consecuencia,

hubiese provisto ha lugar a la moción en auxilio de

jurisdicción así como a la petición de certiorari

CC-2021-201

2

presentadas

en

la

causa

de

epígrafe.

Lo

anterior, pues, los hechos tan particulares que

originaron

la

controversia

ante

nuestra

consideración revelan un accidentado manejo del

caso de marras, lo cual ha ocasionado que el

señor

Anthony

Salvá

Rivera

esté

detenido

preventivamente en una institución carcelaria

por un término que excede el dispuesto en el Art

II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1".

Notifíquese inmediatamente.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Anthony Salvá Rivera

Peticionario

v.

Administración

Corrección, Alcaide

Cucharas 676

de

Las

CC-2021-201

Recurrido

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES al cual se unieron la Jueza Asociada señora PABÓN

CHARNECO y los Jueces Asociados señor KOLTHOFF CARABALLO, señor

RIVERA GARCÍA y señor FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2021.

Estoy

conforme

con

la

Resolución

que

hoy

se

certifica debido a que la decisión del Tribunal de

Apelaciones

aplicó

correctamente

nuestros

precedentes.

I

El 21 de junio de 2019, se interpuso denuncias

contra el Sr. Anthony Salvá Rivera por infracciones a

los Arts. 130 (Agresión sexual), 177 (Amenazas), 195

(Escalamiento

Agravado)

y

198

(Daños)

del

Código

Penal, 33 LPRA secs. 5191, 5243, 5265, 5268. Se alegó

que este entró a una residencia forzando una ventana

para cometer el delito de agresión sexual contra una

menor de edad. Al

día siguiente, se determinó causa

CC-2021-0201

2

para arresto por los delitos imputados y el señor Salvá

Rivera ingresó a una institución carcelaria en vista de

que no pudo prestar los $200,000 de fianza impuesta. Tras

varios

trámites

peticionario

procesales,

comenzó

desinsaculación

el

del

28

el

de

juicio

enero

jurado

de

(dentro

contra

el

2020

con

la

del

término

constitucional), el cual quedo finalmente constituido el 5

de febrero de 2020. Luego de iniciado el desfile de prueba

durante varios días de juicio, la continuación del juicio

quedó señalada para el 19 de marzo de 2020. Sin embargo,

el

15

de

marzo

de

2020

la

Rama

Judicial

anunció

la

suspensión de los procedimientos judiciales a causa de la

crisis

de

salud

pública

que

aún

hoy

continuamos

enfrentando.

Así las cosas, el señor Salvá Rivera presentó una

Petición

de

habeas

corpus

al

Tribunal

de

Primera

Instancia, en la cual alegó que había estado detenido por

más de catorce meses sin que se demostrara su culpabilidad

más allá de duda razonable. Razonó que lo que llamó una

“detención

preventiva”

violentó

su

derecho

a

un

juicio

rápido. Oportunamente el Ministerio Público presentó su

oposición. Sostuvo que el mecanismo de hábeas corpus no es

aplicable a casos donde el juicio ya comenzó y que nuestro

ordenamiento jurídico no establece un término mínimo para

concluir un juicio, sino para iniciarlo. Además, resaltó

que

se

celebraron

varias

vistas

para

auscultar

la

situación de los miembros del jurado y que, durante el

CC-2021-0201

3

periodo en detención, el señor Salvá Rivera se encontraba

cumpliendo

una

pena

por

otros

delitos

previamente

juzgados. Aun así, el 1 de septiembre de 2020, el foro

primario

declaró

ha

lugar

la

petición

y

ordenó

la

reiteró

lo

excarcelación del señor Salvá Rivera.

Oportunamente,

el

Pueblo

apeló

de

anteriormente

planteado.

El

Tribunal

Apelaciones

revocó

de

1

y

marzo

la

de

2021,

determinación

el

del

Tribunal de Primera Instancia y ordenó el reingreso del

señor Salvá Rivera a una institución carcelaria. Sustentó

su

determinación

en

que

la

jurisprudencia

es

clara

al

establecer que una vez iniciado el juicio no procede el

auto de hábeas corpus bajo el fundamento de violación de

los términos de detención preventiva. Además, razonó que

el

auto

de

sustitución

hábeas

de

los

corpus

remedios

no

podía

ordinarios

utilizarse

provistos

en

en

la

ley, como lo es el mandamus o una moción de desestimación

por violación de los términos de juicio rápido en el mismo

caso, en lugar de iniciar un proceso separado como este.

Finalmente, el 24 de marzo de 2021 el señor Salvá

Rivera presentó ante este foro una Petición de certiorari.

Nos solicitó que revisemos la sentencia del Tribunal de

Apelaciones.

Asimismo,

presentó

una

Moción

urgente

en

auxilio de jurisdicción para que atendiéramos con premura

su caso y ordenáramos su excarcelación inmediata.

II

CC-2021-0201

4

El peticionario alega que su excarcelación procede

porque transcurrió el término de seis meses prescrito en

nuestra

Constitución

desde

que

el

juicio

quedó

interrumpido sin saberse cuándo se reanudaría. En primer

lugar, es menester indicar que el juicio fue calendarizado

para continuar el 8 de abril de 2021, de modo que no cabe

hablar

de

que

enjuiciado.

En

el

peticionario

este

caso

no

desconoce

cuándo

hay

postergación

una

será

indefinida del juicio. En Pueblo v. Díaz Alicea, 2020 TSPR

56, 204 DPR __ (2020), aclaramos que el derecho a no ser

detenido preventivamente por más de seis meses concierne

específicamente al periodo antes del juicio. La cláusula

de

detención

preventiva,

Art.

II,

Sec.

11

de

la

Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA, protege a la persona

de que no se le detenga por más de seis meses sin que haya

comenzado el juicio en su contra.

Del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente

surge

que

con

el

límite

constitucional

al

plazo

de

detención preventiva “lo que se ha querido subsanar es

esta

situación

particular

donde

no

ha

mediado

Juicio

alguno. Esto lo que quiere decir es que en los casos donde

no ha mediado Juicio, una persona no puede estar detenida

en la cárcel por más de seis meses”. 3 Diario de Sesiones

de la Convención Constituyente 1597 (ed. 1961).

El peticionario así lo reconoce, pero alega que esto

solo debe aplicarse a “situaciones normales”, cuando el

juicio continúa ininterrumpidamente y no a su caso. No le

CC-2021-0201

asiste

la

5

razón.

Si

bien

la

suspensión

de

labores

judiciales fue un evento excepcional, una vez comienza el

juicio

la

detención

preventiva

culmina.

Eso

hace

improcedente el recurso extraordinario de hábeas corpus.

Pueblo

v.

Díaz

Alicea,

supra.

Véase,

Arnaldo

Ortiz

v.

Alcaide, 203 DPR 1033 (2020) (Voto particular del Juez

Asociado

señor

Rivera

García).

El

juicio

en

este

caso

comenzó el 28 de enero de 2020. Eso basta para resolver

que se cumplió con la cláusula de detención preventiva.

Por

otra

parte,

el

peticionario

arguyó

que

la

paralización de los procesos afecta su derecho a un juicio

rápido y que existe riesgo de la contaminación de los

miembros

del

jurado.

Como

conocemos,

el

derecho

a

un

juicio rápido consagrado tanto en el Art. II, Sec. 11 de

la Constitución de Puerto Rico como en la primera cláusula

de la Sexta Enmienda de la Constitución federal, se activa

tan

pronto

responder.

(2017).

el

acusado

Pueblo

Aunque

es

detenido

o

v.

Catalá

Morales,

197

no

hay

regulación

queda

sujeto

a

214,

223

estatutaria

que

DPR

establezca un término determinado para la duración de un

juicio,

el

derecho

a

juicio

rápido

aplica

a

todo

su

desenvolvimiento. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419,

431 (1986). No obstante, este derecho no es una protección

absoluta para el acusado ni opera en un vacío. Pueblo v.

Custodio Colón, 192 DPR 567, 581 (2015).

Ante un reclamo de violación del derecho a juicio

rápido debemos considerar las circunstancias específicas

CC-2021-0201

que

rodean

6

el

reclamo,

puesto

que

este

precepto

constitucional puede ser compatible con alguna tardanza o

demora.

Pueblo

(2009).

Por

juicio,

hemos

siguientes:

v.

eso,

Rivera

al

evaluar

hecho

(1)

la

Santiago,

un

una

de

DPR

dilación

balance

duración

176

la

de

559,

570

durante

el

los

intereses

tardanza;

(2)

las

razones para la dilación; (3) si el acusado ha invocado

oportunamente su derecho, y (4) el perjuicio resultante

para el acusado. Íd. A su vez, el perjuicio alegado por el

acusado no puede ser abstracto, sino que debe ser real y

sustancial. Íd.

Como hemos reconocido, la situación de salud pública

vigente

presenta

retos

operacionales

a

esta

Rama

de

Gobierno. Véase, Pueblo v. Santiago Cruz, 2020 TSPR 99,

205

DPR

Rivera

__

ha

(2020).

estado

Si

bien

paralizado

el

juicio

por

algún

del

señor

tiempo,

Salvá

se

han

celebrado varias vistas sobre el estatus del caso y hay

una fecha cierta y cercana para su reanudación. No hay

evidencia de que el jurado no pueda continuar. Si eso

pasara, el peticionario podría tener derecho a un remedio

por violación del debido proceso de ley, pero sin indicios

de eso tendríamos que especular para darle la razón en

esta etapa. En otras palabras, el peticionario no nos ha

puesto en condiciones para concluir que sufre un perjuicio

real y sustancial por la demora en reanudar su juicio.

Tomando en consideración que no hay término alguno para la

conclusión del juicio, así como las razones de la dilación

CC-2021-0201

7

y la falta de evidencia del perjuicio alegado, debemos

concluir que el Tribunal de Apelaciones no erró al revocar

la

sentencia

del

Tribunal

de

Primera

Instancia.

No

procedía la excarcelación del señor Salvá Rivera.

III

En fin, estoy convencido de que la prudencia y la

sana administración de la justicia aconsejan denegar tanto

la expedición de la moción en auxilio de jurisdicción como

la petición de certiorari.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Anthony Salvá Rivera

Peticionario

v.

CC-2021-0201

Certiorari

Administración de

Corrección, Alcaide

Las Cucharas 676

Recurrido

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado señor

ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2021.

“El uso no excepcional de la prisión

preventiva es uno de los problemas más

graves y extendidos que enfrentan los

Estados miembros de la OEA en cuanto al

respeto y garantía de los derechos de las

personas

privadas

de

libertad,

que

constituye uno de los signos más evidentes

del fracaso del sistema de administración

de justicia, y resulta una situación

inadmisible en una sociedad democrática que

respeta el derecho de toda persona a la

presunción de inocencia”.

- Guía Práctica para Reducir la Prisión

Preventiva, Comisión Interamericana de

Derechos Humanos – OEA

Hoy,

debimos

pautar

y

reconocer

que

la

protección

contra la detención preventiva excesiva y sus corolarios se

activan,

no

sólo

ante

la

dilación

en

el

inicio

de

un

juicio, sino también ante interrupciones prolongadas que

tienen el mismo efecto de provocar que un ser humano, que

se presume no culpable, esté siendo privado de su libertad

CC-2021-0201

2

ilegalmente por más de seis (6) meses. Lamentablemente, no

fue

así.

Tribunal

Por

el

diluye

contrario,

nuevamente

la

la

determinación

garantía

de

este

constitucional

autóctona contra la detención preventiva excesiva.

Como férreo defensor de tal protección constitucional

y consciente de las implicaciones que tiene para un ser

humano perder su libertad a manos del Estado sin contar con

la certeza de cuándo el proceso llegará a su fin, expediría

el recurso de autos y revocaría el dictamen del Tribunal de

Apelaciones.

Ello,

enfrentara

la

comunidad,

con

con

el

fin

de

que

continuación

de

su

juicio

las

correspondientes

el

peticionario

en

la

libre

restricciones

y

condiciones, tal cual lo haría una persona que contó con

los recursos económicos para pagar su fianza. Me explico.

El Sr. Anthony Salvá Rivera (señor Salvá Rivera) fue

ingresado a prisión el 22 de junio de 2019, al no poder

prestar la fianza impuesta de $200,000. Por solicitud de

la defensa, éste fue evaluado por el psiquiatra del Estado

y declarado no procesable el 5 de agosto de 2019. No

obstante,

el

7

de

octubre

de

2019

que

señor

fue

declarado

procesable.1

Ante

el

hecho

de

el

Salvá

Rivera

hizo

efectivo su derecho a juicio por jurado, el 28 de enero de

2020, se tomó el juramento preliminar a los candidatos a

1El

26 de noviembre de 2019, el señor Salvá Rivera fue

sentenciado por dos (2) delitos menos graves. Tal

sentencia la cumplió el 19 de junio de 2020. Véase,

apéndice de certiorari, pág. 68.

CC-2021-0201

jurados

y

mediados

3

comenzó

del

mes

el

proceso

de

la

de

febrero

comenzó

desinsaculación. A

el

desfile

de

la

prueba, lo cual se extendió hasta mediados del mes de

marzo.

Sin

embargo,

a

consecuencia

de

las

órdenes

ejecutivas y las medidas cautelares de la Rama Judicial

ante la pandemia del COVID-19, la continuación del juicio

fue paralizada.

Al cabo de varios meses, la defensa del señor Salvá

Rivera solicitó la continuación del juicio. A pesar de que

el tribunal ordenó la continuación de éste y que intentó

materializar

tribunal

su

celebración,

reconoció

los

no

se

esfuerzos

pudo.

para

El

propio

trasladar

la

celebración del juicio a otras facilidades más amplias y

favorables en cuanto a la ventilación natural, pero ello

no

fue

posible

ante

la

negativa

de

la

Oficina

de

Administración de los Tribunales.

De este modo, el señor Salvá Rivera se encontró en un

limbo

jurídico,

indefinidamente

pues

sin

su

solución

juicio

quedó

aparente,

paralizado

y,

lo

más

agravante, privado de su libertad. Ante este escenario, la

defensa solicitó un habeas corpus e invocó los siguientes

derechos constitucionales: a la vida, a la libertad, a la

dignidad del ser humano, a la presunción de inocencia, a

la igual protección de las leyes, a juicio por jurado y a

juicio rápido. A su vez, hizo alusión a la protección en

contra de la detención preventiva excesiva, pues su juicio

llevaba paralizado indefinidamente más de seis (6) meses y

CC-2021-0201

4

el señor Salvá Rivera llevaba un (1) año con setenta y

nueve (79) días privado de su libertad, sin determinársele

la comisión de un delito.

De una certificación del Departamento de Corrección y

Rehabilitación se desprende que, a la fecha del 21 de

agosto de 2020, el peticionario llevaba encarcelado un

total de 426 días por los delitos que estaban pendientes

por ser juzgados.2

De manera sensata y con los principios de equidad y

justicia por delante, el Tribunal de Primera Instancia

ordenó la excarcelación del señor Salvá Rivera. El foro

primario destacó que habían transcurrido ciento setenta y

un

(171)

días

desde

la

última

vista

celebrada

en

el

juicio. Ello, sumado al tiempo cumplido antes del juicio,

tenía un total de doscientos noventa y cuatro (294) días

de encarcelación sin la celebración del juicio.3 A su vez,

resaltó que, a la fecha en que se redactaba tal sentencia,

“los encargados de la administración judicial no [habían]

logrado poner en ejecución un mecanismo para iniciar o

reanudar

los

pandemia”.4

juicios

Basado

en

por

jurado

esta

en

estos

situación

tiempos

de

particular,

el

tribunal entendió que la justicia debía prevalecer sobre

2Íd.,

pág. 68.

3El

Tribunal de Primera Instancia descontó los días

que el peticionario no se encontraba procesable.

4Apéndice

de certiorari, pág. 75.

CC-2021-0201

5

posibles ficciones jurídicas. Por parecerme muy acertado

el análisis de tal foro lo cito ad verbatim:

[R]esolvemos que lo jurídicamente correcto y

justo en este caso es tratar los días

anteriores al comienzo del juicio y los

posteriores a su suspensión como componentes

del mismo término de detención preventiva

consagrado en la Constitución. Después de todo,

más allá de cualquier planteamiento enjundioso

y bien articulado los días que el acusado ha

pasado en cárcel desde la suspensión del juicio

no pueden ser otra cosa que una detención

preventiva. No podemos considerarlos de otra

forma porque no lo hay. Justificar más días de

cárcel porque no son días anteriores al juicio

implicaría rendirnos a la ilegalidad que

representa

un

encarcelamiento

de

duración

indefinida, con todas las sensaciones de

estarse cumpliendo una pena, para la que no ha

mediado veredicto ni fallo de culpabilidad; y

se ha prescindido de un dictamen de sentencia.

Además, si bien ni siquiera por ficción

jurídica podemos tratar dichos días como si no

hubieran transcurrido, tampoco podemos permitir

que semejante periodo llegue a durar tanto o

más que el término de detención preventiva

prescrito en nuestra Constitución. Del mismo

modo, tampoco podemos descartar la existencia

de los días de encarcelamiento anteriores al

juicio por el mero hecho de que este en algún

momento comenzó. Por lo tanto, al necesario

tiempo que se necesite para atender con

salubridad este asunto contraponemos la espera

de ello por el acusado, pero en libertad por

haber excedido su detención preventiva los seis

meses prescritos en nuestra constitución (294

días).5

No

obstante,

el

Estado

acudió

al

Tribunal

de

Apelaciones y este foro revocó la orden de excarcelación.

Es

por

ello

que

el

peticionario

acude

en

búsqueda

de

nuestro auxilio.

Consecuente con mi postura en el reconocimiento pleno

de

la

garantía

5Íd.,

en

contra

págs. 77-78.

de

la

detención

preventiva

CC-2021-0201

6

excesiva, su razón de ser, su envergadura e implicaciones,

me resulta obvio que procedía el habeas corpus concedido

por el Tribunal de Primera Instancia a favor del aquí

peticionario y revocado por el Tribunal de Apelaciones.

La Constitución de Puerto Rico prohíbe expresamente la

detención

preventiva

más

allá

del

término

de

seis

(6)

meses. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Tal

protección tiene como norte evitar los abusos de autoridad

y que se castigue excesivamente por un delito por el cual

no se ha juzgado. Sánchez v. González, 78 DPR 849 (1995).

Esto,

particularmente,

derechos

porque

constitucionales

como

se

entremezclan

lo

son

el

otros

derecho

a

la

vida, a la libertad, al debido proceso de ley y, sobre

todo, el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

De

la

discusión

del

Diario

de

Sesiones

de

la

Convención Constituyente de Puerto Rico se desprende que

“[d]entro de los seis meses hay que celebrar el juicio. Si

no se celebra el juicio dentro de los seis meses, el

hombre

va

Convención

para

la

calle”.

Constituyente

de

Diario

de

Sesiones

Puerto

Rico,

1595

de

la

(1961).

Asimismo, surge que “[l]o que se quiere evitar con esta

disposición

detenido

por

es

que

tiempo

un

individuo

esté

preventivamente

[i]limitado,

como

acontece

muchas

veces en los tribunales”. Íd., pág. 1950.

La y los artífices de nuestra Constitución dispusieron

el término de seis (6) meses como fecha límite para que

una persona imputada de delito espere el inicio de su

CC-2021-0201

7

juicio privado de su libertad. Si tal plazo no se cumple,

procede un habeas corpus y con ello la excarcelación del

acusado o de la acusada. ¿Por qué pensar que ello no

aplicaría cuando el juicio ha sido suspendido sin miras de

poder reanudarlo? Su efecto es el mismo: la persona está

privada de su libertad recibiendo un castigo excesivo por

un acto delictivo no probado. Peor aún, está en un limbo

jurídico, sin remedio alguno, viendo como pasan los días,

semanas

y

meses

privado

de

su

libertad.

Según

he

reiterado, “prisión es prisión”. Pueblo v. Andújar, 2020

TSPR

46

(Estrella

Martínez,

voto

particular);

Arnaldo

Ortiz v. Alcaide, 203 DPR 1033 (2020) (Estrella Martínez,

expresión disidente). A su vez, advertí en mi disenso en

Pueblo v. Díaz Alicea, 2020 TSPR 56 (Estrella Martínez,

opinión disidente), que el inicio del juicio no desactiva

la protección constitucional a la detención preventiva.

La fijación del término de seis (6) meses para el

inicio

del

juicio

tiene

previsto

que

éste

tendrá

una

continuidad cierta y final, no así que tal inicio sea

paralizado indefinidamente y que la persona se quede en un

limbo jurídico privado de su libertad irrazonablemente. En

esta circunstancia, al momento del Tribunal de Primera

Instancia conceder el habeas corpus aquí en controversia,

existía

un

ambiente

de

incertidumbre

tanto

para

el

individuo privado de su libertad como para el Estado y el

propio sistema judicial.

CC-2021-0201

8

No debemos crear ficciones jurídicas para negar la

realidad

del

encarcelamiento

personas

que

no

han

sido

y

perpetuar

declaradas

el

mismo

culpables

de

en

los

delitos que se le imputan. Pueblo v. Díaz Alicea, supra;

Pueblo v. Andújar, supra. Como muy bien señaló el foro

primario, no podemos borrar los días que el peticionario

estuvo privado de su libertad en una cárcel por el sólo

hecho de que en algún momento comenzó el juicio en su

contra, pero el mismo quedó subsumido en una paralización

indefinida.

A su vez, es menester mencionar que el hecho de que

la continuación del juicio esté programada no convierte la

presente

controversia

momento

de

en

concederse

académica.

Para

el

corpus

habeas

empezar,

aquí

al

en

controversia, el foro primario no tenía expectativa alguna

de cuándo podría reanudarse este juicio. En aquel momento,

la

continuación

del

juicio

era

un

asunto

indefinido.

Aunque posteriormente se fijó la continuación del juicio,

no cambia el escenario de todos los días que el señor

Salvá Rivera ha estado privado de su libertad de manera

injusta e injustificada, lo que amerita su excarcelación.

En segundo término, los esfuerzos de buena fe del

foro

primario

para

continuar

el

juicio

resultaron

infructuosos anteriormente. Ante ese cuadro, no tenemos

garantías

de

materialice.

que

En

la

continuación

tercer

término,

aun

del

si

proceso

el

se

juicio

continuara en la fecha programada, opino que la protección

CC-2021-0201

9

constitucional contra la detención preventiva excesiva se

activó

a

favor

del

señor

Salvá

Rivera

al

haber

transcurrido más de un (1) año desde que fue privado de su

libertad. Ante esta realidad, el habeas corpus aquí en

pugna

permitiría

que

el

peticionario

enfrente

la

continuación de su juicio desde la libre comunidad, con

las correspondientes condiciones, tal como lo enfrentan

los

que

cuentan

con

medios

económicos

para

pagar

como

la

una

fianza.

Desde

el

disenso

respetuoso,

veo

línea

jurisprudencial moderna sigue debilitando una protección

constitucional

autóctona

de

vanguardia

que

persigue

erradicar el mal de detenciones preventivas prolongadas e

irrazonables que se convierten en privaciones de libertad

violatorias

de

los

derechos

humanos.

Desde

el

disenso,

recuerdo que “la Constitución de Puerto Rico le dicta la

agenda al Estado sobre sus prioridades administrativas,

tecnológicas y de política pública. No es a la inversa. Si

así fuera, las garantías esenciales quedarían al capricho

de

los

Pueblo

gobernantes

v.

Andújar,

y

de

los

supra,

que

ejercemos

(Estrella

el

poder”.

Martínez,

voto

particular). Por los fundamentos que anteceden, disiento

respetuosamente.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado