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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Julio M. Santiago Rodríguez

2021 TSPR 47

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Julio M. Santiago Rodríguez

TS-6,773

Conducta profesional: Suspensión del ejercicio de la notaría por el término de 3 meses por quebrantar los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2021 TSPR 47

Julio M. Santiago Rodríguez

Número del Caso:

Fecha:

206 DPR _____

TS-6773

8 de abril de 2021

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús

Director

Abogada del Sr. Julio M. Santiago Rodríguez:

Lcda. Daisy Calcaño López

Materia: La suspensión de la notaría será efectiva el 9 de abril

de 2021, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Julio M. Santiago Rodríguez

TS-6,773

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2021.

I

El

Lcdo.

Julio

M.

Santiago

Rodríguez

(licenciado

Santiago Rodríguez) fue admitido al ejercicio de la abogacía

el 13 de mayo de 1980 y juramentó a la práctica de la

notaría el día 29 de ese mes y año.

Durante el 2014, la obra protocolar del licenciado

Santiago Rodríguez realizada entre 2003 al 2013 resultó

objeto

de

examen

por

parte

de

la

Lcda.

Magda

Girod

Clavell, Inspectora de Protocolos y Notarías de la Oficina

de Inspección de Notarías (ODIN). Luego de culminada la

inspección, la inspectora rindió un informe preliminar de

deficiencias.

En

específico,

significativo

era respecto

a la

el

señalamiento

Escritura

más

Núm. 132 de

TS-6,773

Poder

2

Especial

autorizada

el

22

de

septiembre

de

2003

(Escritura Núm. 132 de 2003). El instrumento público reflejó

que uno de los poderdantes, el Sr. Juan Antonio Frau Saldaña

(señor Frau Saldaña) era “un fallecido”. Una vez notificado del

hallazgo,

el

notario

le

manifestó

a

la

ODIN

que

procuró

conseguir los documentos relacionados a la autorización del

instrumento público, intentó sin éxito localizar a la Sra.

Elena Gandía Becerra (señora Gandía Becerra o apoderada) y,

según investigó, supo que ésta vivía en España. Finalmente,

expuso que realizaría las gestiones para localizar a la viuda

del señor Frau Saldaña.

Luego de varios trámites preliminares sin que el notario

realizara gestión alguna, el 10 de septiembre de 2020 la ODIN

le notificó al notario el Informe final de inspección mediante

el

cual

le concedió un

plazo

para

expresarse

respecto al

señalamiento y le requirió la presentación de prueba sobre la

notificación del otorgamiento de la escritura en el Registro de

Poderes. En esa misma fecha, y con información provista por el

Registro

Demográfico,

la

ODIN

corroboró

que

el

poderdante

falleció en el 1983 y que el número de seguro social plasmado

en

el

instrumento

público

no

correspondía

al

señor

Frau

Saldaña. Asimismo, el Registro de Poderes certificó que la

Escritura

Núm. 132 de 2003 no constaba inscrita en esa

dependencia.

El

25

de

septiembre

de

2020

el

licenciado

Santiago

Rodríguez respondió al Informe final de inspección. Allí, entre

los

asuntos

expuestos,

el

notario

aceptó

los

hallazgos

esbozados por la ODIN; afirmó que no pensó que el descuido en

la identidad de un otorgante afectaría su práctica notarial y

que nunca había sido señalado sobre este particular. Además,

recordó que la apoderada no entendió que para el instrumento

TS-6,773

3

público autorizado tuviera eficacia debía estar inscrito en el

Registro de Poderes; supo que la apoderada se mudó a España

desde 2007 y los familiares no le brindaron la ayuda solicitada

para localizarla. Asimismo,

debido a que la señora Gandía

Becerra prosiguió con la encomienda de apoderada sin éxito,

reconoció que lo correcto hubiese sido cancelar la escritura de

manera inmediata. Por último, admitió que visitó la ODIN de

manera

casual,

sin

procurar

trámite

ulterior

alguno

para

subsanar la deficiencia.

A raíz de lo anterior, el Lcdo. Manuel E. Ávila De

Jesús, Director de la ODIN, a través de un Informe especial

sobre

incumplimiento

(Informe

especial)

de

la

ley

notarial

nos

refirió

protocolar

encontradas

en

la

obra

Rodríguez.

En

éste

expuso

y

las

su

reglamento

deficiencias

notariales

del

concluyó

y

licenciado

que

la

Santiago

conducta

del

notario de consignar en un instrumento público que el señor

Frau

Saldaña,

fallecido

en

1983,

compareció

ante

él

para

otorgar un Poder Especial el 22 de septiembre de 2003, el no

haber presentado prueba de que inscribió el mandato en el

Registro

de

Poderes

y el

no haber

justificado

su

omisión

violentó los cánones 18, 35 y 38 de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX. Según adujo, en la falta cometida por el letrado no hay

espacio para excusarlo como un descuido. Así, en consideración

a que en los 40 años de práctica del notario, éste no había

sido

objeto

de

señalamientos

anteriores

en

su

desempeño

notarial y que se encontraba en la mejor de disposición de

subsanar la deficiencia en la medida que fuera posible, nos

recomendó una suspensión de tres meses, no sin antes que el

notario contestara el Informe especial.

A esos efectos, emitimos una Resolución para que el

notario se expresara en torno al Informe especial. El 24 de

TS-6,773

4

marzo de 2021 y en cumplimiento con nuestra orden el licenciado

Santiago Rodríguez compareció para, en esencia, notificar que

se disculpó con la viuda del señor Frau Saldaña, reconocer la

falta

cometida

allanarse

a

conforme

la

a

las

recomendación

explicaciones

de

la

ODIN

sometidas

respecto

a

y

la

suspensión del ejercicio de la notaría por un término de tres

meses.

II

Es un principio básico del derecho notarial que todo

notario está rigurosamente atado al estricto cumplimiento de la

Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, 4 LPRA sec. 2001 et seq.,

conocida

como

Ley

Notarial

de

Puerto

Rico,

al

Reglamento

Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, Código de Ética

Profesional,

4 LPRA Ap. IX y a cualquier otro cuerpo de

normas o reglamentario concernientes a los deberes de los

profesionales

del

Derecho.1

Éstas

son

las

fuentes

de

obligaciones para los abogados y notarios y su incumplimiento

los expone a las sanciones disciplinarias que este Tribunal

estime procedentes.2

La fe pública notarial emana precisamente del concepto

del

notario.

Sobre

este

particular

el

Art.

2

de

la

Ley

Notarial, supra, dispone lo siguiente:

El notario es el profesional del Derecho que

ejerce una función pública, autorizado para dar fe y

autenticidad conforme a las leyes de los negocios

jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que

ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en

las leyes especiales. Es su función recibir e

interpretar la voluntad de las partes, dándole forma

legal, redactar las escrituras y documentos notariales

a tal fin y conferirle[s] autoridad a los mismos. La fe

__________________________

In re Vázquez Margenat, 2020 TSPR 94, 204 DPR ____ (2020). Véanse Ley

Núm. 62 de 8 de mayo de 1937, según enmendada, conocida como la Ley de

Registro de Poderes; Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA

XXI-B.

1

2

In re Toro González II, 193 DPR 877, 889 (2015).

TS-6,773

5

pública al notario es plena respecto a los hechos que,

en el ejercicio de su función personalmente ejecute o

compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y

hora del otorgamiento.3

Una vez un abogado juramente como notario sabe que en el

cumplimiento de la función notarial representa la fe pública y

la

ley

para

todas

las

partes

y

como

tal

tendrá

que

ser

cuidadoso y desempeñar su ministerio con esmero, diligencia y

estricto celo profesional.4

La fe pública deja de ser plena

respecto a los hechos que no sean comprobados por el notario o

no los ejecute según los requisitos de forma que exige el

ordenamiento notarial.

Los deberes impuestos a los notarios procuran proteger

las

garantías

propósito

es

que

el

ofrece

otorgamiento

eficaces y legales.5

y

otorgar

requisitos

fiel

de

la

de

ministerio,

cuyo

instrumentos

verdadero

jurídicamente

El trámite o “[e]l proceso de autenticar

instrumentos

cumplimiento

este

y

públicos

cabal

ley

comparecencia,

exposición,

autorización’

para

cada

de

válidos

los

notarial

producto

del

notarios

con

‘los

referentes

a

[la]

estipulaciones,

negocio

es

otorgamiento

jurídico

en

y

que

intervienen”.6

Para que los instrumentos públicos cobren eficacia uno

de los requisitos que tiene el notario es asegurarse de la

identidad de la persona otorgante por los medios que admite el

ordenamiento notarial.7 La identidad de compareciente no es un

__________________________

3

4 LPRA sec. 2002.

4

In re Vázquez Margenat, supra.

5

In re Salas Davis, 145 DPR 539, 544-545 (1998).

In re García Cabrera, 201 DPR 902, 920–921 (2019) citando Sucn. Santos v.

Registrador, 108 DPR 831, 834 (1979).

7 Véase Art. 17 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2035, Reglas 25 y 29 de

Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV.

6

TS-6,773

6

mero requisito, pues es el mecanismo que permite lograr la

correspondencia real y legítima entre la persona otorgante y la

firma en el instrumento público.8

Por otro lado, un notario tiene la obligación de remitir

la notificación sobre el otorgamiento de un Poder Especial en

el Registro de Poderes de la ODIN a partir de los tres días

laborables de haber autorizado un mandato.9 La inobservancia de

un notario de cumplir rigurosamente con este requisito puede

ocasionar perjuicios a los derechos de las personas y sobre las

obligaciones

contractuales

que

nacen

de

un

instrumento

público.10 Además, crea un estado de incertidumbre en la medida

que impacta la confiabilidad del sistema de registro de la

ODIN, puesto que la información que emana del Registro de

Poderes depende de lo que allí esté inscrito.11

En

consecuencia,

y

como

es

sabido,

quebranta

la

fe

pública el notario que autoriza un instrumento público sin la

presencia de uno los otorgantes.12 A su vez, esto constituye la

certificación de un hecho falso que no solo contraviene la Ley

Notarial, supra, y el Reglamento Notarial, supra, sino además

quebranta

los

Cánones

18,

35

y

38

del

Código

de

Ética

Profesional, supra.

Según el Canon 18, los profesionales del Derecho deben

ejercer

sus

funciones

de

manera

competente,

cuidadosa

y

In re Ramos Vélez, 151 DPR 186, 189–190 (2000) citando a In re Cruz Cruz,

126 DPR 48, 451 (1990), además: In re Olmo Olmo, 113 DPR 441, 451-452 (1982);

Sucn. Santos v. Registrador, 108 DPR 831, 837 (1979).

8

Art. 3 de la Ley de Registro de Poderes, 4 LPRA sec. 922. Véase Reglas 59 a

la 61 del Reglamento Notarial, supra; Regla 13(c) del Reglamento del Tribunal

Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA XXI-B.

9

10

In re Santiago Ortiz, 191 DPR 950, 961 (2014).

11

Íd.

12

In re Vázquez Margenat, supra.

TS-6,773

7

diligente.13 Del Canon 35 se deriva que los notarios conduzcan

su profesión con honestidad, por lo que una de las conductas

más graves en la que puede incurrir un notario es faltar a la

verdad, aunque no medie intención.14 En línea con lo señalado,

la falta de diligencia en el desempeño de la función notarial

al

consignar

un

hecho

falso

en

un

poder

que

tampoco

se

inscribió en el Registro de Poderes, a la vez, es una violación

al Canon 38, pues con tal conducta no se honra a la profesión

legal. Ciertamente, “no exalta la profesión legal el notario

que no desempeñe con cautela y el celo que demanda la función

pública del notariado”.15

Luego

señalar

del

que

marco

cuando

legal

este

discutido

Tribunal

se

ve

resulta

pertinente

en

inexorable

la

obligación de disciplinar a un miembro de la abogacía y la

notaría, porque incurrió en conducta reñida con los postulados

éticos

que

guían

el

desempeño

en

la

profesión

legal,

se

consideran los factores siguientes:

(1) la reputación del abogado en la comunidad;(2) su

historial previo; (3) si constituye su primera falta y

si no ha causado perjuicio a alguna parte; (4) la

aceptación y el arrepentimiento sincero por las

imputaciones; (5) la defensa frívola de su conducta;

(6) si se trata de una conducta aislada; (7) el ánimo

de

lucro,

y

(8)

cualquier

otra

consideración atenuante o agravante aplicable a los

hechos.16

III

En la situación que nos ocupa, el licenciado Santiago

Rodríguez lleva más de 40 años ejerciendo la notaría.

Salta a

nuestra vista que, previo al asunto ante nuestra consideración,

__________________________

13

4 LPRA Ap. IX.

14

In re Vázquez Margenat, supra.

15

Íd.

In re Bonhomme Meléndez, 202 DPR 610, 626 (2019) citando In re Rivera

Nazario, 193 DPR 573, 587 (2015).

16

TS-6,773

el

licenciado

8

Santiago

Rodríguez no

ha sido objeto de

un

procedimiento disciplinario relacionado a su función notarial.

Además de ello, el notario reconoció que actuó en contravención

al ordenamiento jurídico notarial y ético, confrontó su error

al allanarse a los señalamientos y a la recomendación de la

ODIN respecto a la conducta desplegada y la sanción sugerida.

Además, reflexionó en lo concerniente a la correcta práctica de

la notaría en cuanto a la atención y verificación de toda

documentación, mostrando así el arrepentimiento de su acción.

A pesar de que este Tribunal no tiene la obligación de

adoptar la recomendación de nuestros brazos auxiliares,17 en

esta

ocasión

coincidimos

con

que

la

consignación

de

la

comparecencia de un otorgante que falleció 20 años antes de la

autorización de una Escritura de Poder es una falta grave que

no puede ser excusada como un descuido aunque la apoderada no

haya tenido éxito en el intento de su desempeño.

IV

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, se ordena la suspensión inmediata del Lcdo. Julio

M. Santiago Rodríguez de la práctica de la notaría por el

término de tres meses.

__________________________

La Regla 14(e) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B,

establece lo siguiente:

17

(e) Una vez el tribunal reciba la recomendación del Procurador o

Procuradora General o del Director o Directora de la Oficina de

Inspección

de

Notarías,

podrá

ordenar

el

archivo

y

sobreseimiento de la queja, ordenar que se amplíe la

investigación de la queja o someter el asunto a uno de sus

jueces o juezas para la determinación de causa, quien informará

su criterio y recomendaciones al pleno. El tribunal podrá

imponer las sanciones que correspondan sin necesidad de trámites

ulteriores cuando surjan de la propia contestación hechos que lo

justifiquen. Luego de completado el trámite anterior, el

tribunal podrá ordenar al Procurador o Procuradora General que

presente la querella correspondiente.

TS-6,773

9

La Oficina del Alguacil de este Tribunal inmediatamente

incautará la obra protocolar y el sello notarial del licenciado

Santiago Rodríguez y los entregará a la Oficina de Inspección

de Notarías para la investigación e informe correspondientes.

Consecuentemente, la fianza notarial queda automáticamente

cancelada. La fianza se considerará buena y válida por tres

años

después

de

su

terminación

en

cuanto

a

los

actos

realizados por el licenciado Santiago Rodríguez durante el

periodo en que la fianza estuvo vigente.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia mediante

correo electrónico y por teléfono.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Julio M. Santiago Rodríguez

TS-6,773

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, se ordena la suspensión

inmediata del Lcdo. Julio M. Santiago Rodríguez de la

práctica de la notaría por el término de tres meses.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal

inmediatamente incautará la obra protocolar y el sello

notarial del licenciado Santiago Rodríguez y los

entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para

la

investigación

e

informe

correspondientes.

Consecuentemente,

la

fianza

notarial

queda

automáticamente cancelada. La fianza se considerará

buena y válida por tres años después de su

terminación en cuanto a los actos realizados por el

licenciado Santiago Rodríguez durante el periodo en

que la fianza estuvo vigente.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia

mediante correo electrónico y por teléfono.

Así lo pronunció, manda el Tribunal

certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

y