Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Julio M. Santiago Rodríguez
2021 TSPR 47
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Julio M. Santiago Rodríguez
TS-6,773
Conducta profesional: Suspensión del ejercicio de la notaría por el término de 3 meses por quebrantar los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2021 TSPR 47
Julio M. Santiago Rodríguez
Número del Caso:
Fecha:
206 DPR _____
TS-6773
8 de abril de 2021
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús
Director
Abogada del Sr. Julio M. Santiago Rodríguez:
Lcda. Daisy Calcaño López
Materia: La suspensión de la notaría será efectiva el 9 de abril
de 2021, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión
inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Julio M. Santiago Rodríguez
TS-6,773
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2021.
I
El
Lcdo.
Julio
M.
Santiago
Rodríguez
(licenciado
Santiago Rodríguez) fue admitido al ejercicio de la abogacía
el 13 de mayo de 1980 y juramentó a la práctica de la
notaría el día 29 de ese mes y año.
Durante el 2014, la obra protocolar del licenciado
Santiago Rodríguez realizada entre 2003 al 2013 resultó
objeto
de
examen
por
parte
de
la
Lcda.
Magda
Girod
Clavell, Inspectora de Protocolos y Notarías de la Oficina
de Inspección de Notarías (ODIN). Luego de culminada la
inspección, la inspectora rindió un informe preliminar de
deficiencias.
En
específico,
significativo
era respecto
a la
el
señalamiento
Escritura
más
Núm. 132 de
TS-6,773
Poder
2
Especial
autorizada
el
22
de
septiembre
de
2003
(Escritura Núm. 132 de 2003). El instrumento público reflejó
que uno de los poderdantes, el Sr. Juan Antonio Frau Saldaña
(señor Frau Saldaña) era “un fallecido”. Una vez notificado del
hallazgo,
el
notario
le
manifestó
a
la
ODIN
que
procuró
conseguir los documentos relacionados a la autorización del
instrumento público, intentó sin éxito localizar a la Sra.
Elena Gandía Becerra (señora Gandía Becerra o apoderada) y,
según investigó, supo que ésta vivía en España. Finalmente,
expuso que realizaría las gestiones para localizar a la viuda
del señor Frau Saldaña.
Luego de varios trámites preliminares sin que el notario
realizara gestión alguna, el 10 de septiembre de 2020 la ODIN
le notificó al notario el Informe final de inspección mediante
el
cual
le concedió un
plazo
para
expresarse
respecto al
señalamiento y le requirió la presentación de prueba sobre la
notificación del otorgamiento de la escritura en el Registro de
Poderes. En esa misma fecha, y con información provista por el
Registro
Demográfico,
la
ODIN
corroboró
que
el
poderdante
falleció en el 1983 y que el número de seguro social plasmado
en
el
instrumento
público
no
correspondía
al
señor
Frau
Saldaña. Asimismo, el Registro de Poderes certificó que la
Escritura
Núm. 132 de 2003 no constaba inscrita en esa
dependencia.
El
25
de
septiembre
de
2020
el
licenciado
Santiago
Rodríguez respondió al Informe final de inspección. Allí, entre
los
asuntos
expuestos,
el
notario
aceptó
los
hallazgos
esbozados por la ODIN; afirmó que no pensó que el descuido en
la identidad de un otorgante afectaría su práctica notarial y
que nunca había sido señalado sobre este particular. Además,
recordó que la apoderada no entendió que para el instrumento
TS-6,773
3
público autorizado tuviera eficacia debía estar inscrito en el
Registro de Poderes; supo que la apoderada se mudó a España
desde 2007 y los familiares no le brindaron la ayuda solicitada
para localizarla. Asimismo,
debido a que la señora Gandía
Becerra prosiguió con la encomienda de apoderada sin éxito,
reconoció que lo correcto hubiese sido cancelar la escritura de
manera inmediata. Por último, admitió que visitó la ODIN de
manera
casual,
sin
procurar
trámite
ulterior
alguno
para
subsanar la deficiencia.
A raíz de lo anterior, el Lcdo. Manuel E. Ávila De
Jesús, Director de la ODIN, a través de un Informe especial
sobre
incumplimiento
(Informe
especial)
de
la
ley
notarial
nos
refirió
protocolar
encontradas
en
la
obra
Rodríguez.
En
éste
expuso
y
las
su
reglamento
deficiencias
notariales
del
concluyó
y
licenciado
que
la
Santiago
conducta
del
notario de consignar en un instrumento público que el señor
Frau
Saldaña,
fallecido
en
1983,
compareció
ante
él
para
otorgar un Poder Especial el 22 de septiembre de 2003, el no
haber presentado prueba de que inscribió el mandato en el
Registro
de
Poderes
y el
no haber
justificado
su
omisión
violentó los cánones 18, 35 y 38 de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX. Según adujo, en la falta cometida por el letrado no hay
espacio para excusarlo como un descuido. Así, en consideración
a que en los 40 años de práctica del notario, éste no había
sido
objeto
de
señalamientos
anteriores
en
su
desempeño
notarial y que se encontraba en la mejor de disposición de
subsanar la deficiencia en la medida que fuera posible, nos
recomendó una suspensión de tres meses, no sin antes que el
notario contestara el Informe especial.
A esos efectos, emitimos una Resolución para que el
notario se expresara en torno al Informe especial. El 24 de
TS-6,773
4
marzo de 2021 y en cumplimiento con nuestra orden el licenciado
Santiago Rodríguez compareció para, en esencia, notificar que
se disculpó con la viuda del señor Frau Saldaña, reconocer la
falta
cometida
allanarse
a
conforme
la
a
las
recomendación
explicaciones
de
la
ODIN
sometidas
respecto
a
y
la
suspensión del ejercicio de la notaría por un término de tres
meses.
II
Es un principio básico del derecho notarial que todo
notario está rigurosamente atado al estricto cumplimiento de la
Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, 4 LPRA sec. 2001 et seq.,
conocida
como
Ley
Notarial
de
Puerto
Rico,
al
Reglamento
Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, Código de Ética
Profesional,
4 LPRA Ap. IX y a cualquier otro cuerpo de
normas o reglamentario concernientes a los deberes de los
profesionales
del
Derecho.1
Éstas
son
las
fuentes
de
obligaciones para los abogados y notarios y su incumplimiento
los expone a las sanciones disciplinarias que este Tribunal
estime procedentes.2
La fe pública notarial emana precisamente del concepto
del
notario.
Sobre
este
particular
el
Art.
2
de
la
Ley
Notarial, supra, dispone lo siguiente:
El notario es el profesional del Derecho que
ejerce una función pública, autorizado para dar fe y
autenticidad conforme a las leyes de los negocios
jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que
ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en
las leyes especiales. Es su función recibir e
interpretar la voluntad de las partes, dándole forma
legal, redactar las escrituras y documentos notariales
a tal fin y conferirle[s] autoridad a los mismos. La fe
__________________________
In re Vázquez Margenat, 2020 TSPR 94, 204 DPR ____ (2020). Véanse Ley
Núm. 62 de 8 de mayo de 1937, según enmendada, conocida como la Ley de
Registro de Poderes; Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA
XXI-B.
1
2
In re Toro González II, 193 DPR 877, 889 (2015).
TS-6,773
5
pública al notario es plena respecto a los hechos que,
en el ejercicio de su función personalmente ejecute o
compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y
hora del otorgamiento.3
Una vez un abogado juramente como notario sabe que en el
cumplimiento de la función notarial representa la fe pública y
la
ley
para
todas
las
partes
y
como
tal
tendrá
que
ser
cuidadoso y desempeñar su ministerio con esmero, diligencia y
estricto celo profesional.4
La fe pública deja de ser plena
respecto a los hechos que no sean comprobados por el notario o
no los ejecute según los requisitos de forma que exige el
ordenamiento notarial.
Los deberes impuestos a los notarios procuran proteger
las
garantías
propósito
es
que
el
ofrece
otorgamiento
eficaces y legales.5
y
otorgar
requisitos
fiel
de
la
de
ministerio,
cuyo
instrumentos
verdadero
jurídicamente
El trámite o “[e]l proceso de autenticar
instrumentos
cumplimiento
este
y
públicos
cabal
ley
comparecencia,
exposición,
autorización’
para
cada
de
válidos
los
notarial
producto
del
notarios
con
‘los
referentes
a
[la]
estipulaciones,
negocio
es
otorgamiento
jurídico
en
y
que
intervienen”.6
Para que los instrumentos públicos cobren eficacia uno
de los requisitos que tiene el notario es asegurarse de la
identidad de la persona otorgante por los medios que admite el
ordenamiento notarial.7 La identidad de compareciente no es un
__________________________
3
4 LPRA sec. 2002.
4
In re Vázquez Margenat, supra.
5
In re Salas Davis, 145 DPR 539, 544-545 (1998).
In re García Cabrera, 201 DPR 902, 920–921 (2019) citando Sucn. Santos v.
Registrador, 108 DPR 831, 834 (1979).
7 Véase Art. 17 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2035, Reglas 25 y 29 de
Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV.
6
TS-6,773
6
mero requisito, pues es el mecanismo que permite lograr la
correspondencia real y legítima entre la persona otorgante y la
firma en el instrumento público.8
Por otro lado, un notario tiene la obligación de remitir
la notificación sobre el otorgamiento de un Poder Especial en
el Registro de Poderes de la ODIN a partir de los tres días
laborables de haber autorizado un mandato.9 La inobservancia de
un notario de cumplir rigurosamente con este requisito puede
ocasionar perjuicios a los derechos de las personas y sobre las
obligaciones
contractuales
que
nacen
de
un
instrumento
público.10 Además, crea un estado de incertidumbre en la medida
que impacta la confiabilidad del sistema de registro de la
ODIN, puesto que la información que emana del Registro de
Poderes depende de lo que allí esté inscrito.11
En
consecuencia,
y
como
es
sabido,
quebranta
la
fe
pública el notario que autoriza un instrumento público sin la
presencia de uno los otorgantes.12 A su vez, esto constituye la
certificación de un hecho falso que no solo contraviene la Ley
Notarial, supra, y el Reglamento Notarial, supra, sino además
quebranta
los
Cánones
18,
35
y
38
del
Código
de
Ética
Profesional, supra.
Según el Canon 18, los profesionales del Derecho deben
ejercer
sus
funciones
de
manera
competente,
cuidadosa
y
In re Ramos Vélez, 151 DPR 186, 189–190 (2000) citando a In re Cruz Cruz,
126 DPR 48, 451 (1990), además: In re Olmo Olmo, 113 DPR 441, 451-452 (1982);
Sucn. Santos v. Registrador, 108 DPR 831, 837 (1979).
8
Art. 3 de la Ley de Registro de Poderes, 4 LPRA sec. 922. Véase Reglas 59 a
la 61 del Reglamento Notarial, supra; Regla 13(c) del Reglamento del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA XXI-B.
9
10
In re Santiago Ortiz, 191 DPR 950, 961 (2014).
11
Íd.
12
In re Vázquez Margenat, supra.
TS-6,773
7
diligente.13 Del Canon 35 se deriva que los notarios conduzcan
su profesión con honestidad, por lo que una de las conductas
más graves en la que puede incurrir un notario es faltar a la
verdad, aunque no medie intención.14 En línea con lo señalado,
la falta de diligencia en el desempeño de la función notarial
al
consignar
un
hecho
falso
en
un
poder
que
tampoco
se
inscribió en el Registro de Poderes, a la vez, es una violación
al Canon 38, pues con tal conducta no se honra a la profesión
legal. Ciertamente, “no exalta la profesión legal el notario
que no desempeñe con cautela y el celo que demanda la función
pública del notariado”.15
Luego
señalar
del
que
marco
cuando
legal
este
discutido
Tribunal
se
ve
resulta
pertinente
en
inexorable
la
obligación de disciplinar a un miembro de la abogacía y la
notaría, porque incurrió en conducta reñida con los postulados
éticos
que
guían
el
desempeño
en
la
profesión
legal,
se
consideran los factores siguientes:
(1) la reputación del abogado en la comunidad;(2) su
historial previo; (3) si constituye su primera falta y
si no ha causado perjuicio a alguna parte; (4) la
aceptación y el arrepentimiento sincero por las
imputaciones; (5) la defensa frívola de su conducta;
(6) si se trata de una conducta aislada; (7) el ánimo
de
lucro,
y
(8)
cualquier
otra
consideración atenuante o agravante aplicable a los
hechos.16
III
En la situación que nos ocupa, el licenciado Santiago
Rodríguez lleva más de 40 años ejerciendo la notaría.
Salta a
nuestra vista que, previo al asunto ante nuestra consideración,
__________________________
13
4 LPRA Ap. IX.
14
In re Vázquez Margenat, supra.
15
Íd.
In re Bonhomme Meléndez, 202 DPR 610, 626 (2019) citando In re Rivera
Nazario, 193 DPR 573, 587 (2015).
16
TS-6,773
el
licenciado
8
Santiago
Rodríguez no
ha sido objeto de
un
procedimiento disciplinario relacionado a su función notarial.
Además de ello, el notario reconoció que actuó en contravención
al ordenamiento jurídico notarial y ético, confrontó su error
al allanarse a los señalamientos y a la recomendación de la
ODIN respecto a la conducta desplegada y la sanción sugerida.
Además, reflexionó en lo concerniente a la correcta práctica de
la notaría en cuanto a la atención y verificación de toda
documentación, mostrando así el arrepentimiento de su acción.
A pesar de que este Tribunal no tiene la obligación de
adoptar la recomendación de nuestros brazos auxiliares,17 en
esta
ocasión
coincidimos
con
que
la
consignación
de
la
comparecencia de un otorgante que falleció 20 años antes de la
autorización de una Escritura de Poder es una falta grave que
no puede ser excusada como un descuido aunque la apoderada no
haya tenido éxito en el intento de su desempeño.
IV
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, se ordena la suspensión inmediata del Lcdo. Julio
M. Santiago Rodríguez de la práctica de la notaría por el
término de tres meses.
__________________________
La Regla 14(e) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B,
establece lo siguiente:
17
(e) Una vez el tribunal reciba la recomendación del Procurador o
Procuradora General o del Director o Directora de la Oficina de
Inspección
de
Notarías,
podrá
ordenar
el
archivo
y
sobreseimiento de la queja, ordenar que se amplíe la
investigación de la queja o someter el asunto a uno de sus
jueces o juezas para la determinación de causa, quien informará
su criterio y recomendaciones al pleno. El tribunal podrá
imponer las sanciones que correspondan sin necesidad de trámites
ulteriores cuando surjan de la propia contestación hechos que lo
justifiquen. Luego de completado el trámite anterior, el
tribunal podrá ordenar al Procurador o Procuradora General que
presente la querella correspondiente.
TS-6,773
9
La Oficina del Alguacil de este Tribunal inmediatamente
incautará la obra protocolar y el sello notarial del licenciado
Santiago Rodríguez y los entregará a la Oficina de Inspección
de Notarías para la investigación e informe correspondientes.
Consecuentemente, la fianza notarial queda automáticamente
cancelada. La fianza se considerará buena y válida por tres
años
después
de
su
terminación
en
cuanto
a
los
actos
realizados por el licenciado Santiago Rodríguez durante el
periodo en que la fianza estuvo vigente.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia mediante
correo electrónico y por teléfono.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Julio M. Santiago Rodríguez
TS-6,773
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2021.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, se ordena la suspensión
inmediata del Lcdo. Julio M. Santiago Rodríguez de la
práctica de la notaría por el término de tres meses.
La Oficina del Alguacil de este Tribunal
inmediatamente incautará la obra protocolar y el sello
notarial del licenciado Santiago Rodríguez y los
entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para
la
investigación
e
informe
correspondientes.
Consecuentemente,
la
fianza
notarial
queda
automáticamente cancelada. La fianza se considerará
buena y válida por tres años después de su
terminación en cuanto a los actos realizados por el
licenciado Santiago Rodríguez durante el periodo en
que la fianza estuvo vigente.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia
mediante correo electrónico y por teléfono.
Así lo pronunció, manda el Tribunal
certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
y