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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico

2021 TSPR 45

Poder Judicial de Puerto Rico

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Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico

CC-2019-130

Derecho Administrativo: Evaluación sobre la Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña y su efecto en los procesos de subastas gubernamentales. Específicamente, la aplicación sobre el parámetro de preferencia a los productores puertorriqueños al momento de adjudicar la subasta cuando el presupuesto disponible para el proyecto es menor que la propuesta recibida.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Super Asphalt Pavement, Corp.

Peticionario

v.

Certiorari

Autoridad para el Financiamiento de la

Infraestructura de Puerto Rico

2021 TSPR 45

Recurrido

206 DPR ____

A&M Group, Inc.

Recurrido

Número del Caso:

CC-2019-130

Fecha: 30 de marzo de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Sonia S. Sierra Sepúlveda

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Luis R. Ortiz Segura

Materia:

Derecho Administrativo: Evaluación sobre la Ley para la

Inversión de la Industria Puertorriqueña y su efecto en los

procesos

de

subastas

gubernamentales.

Específicamente,

la

aplicación sobre el parámetro de preferencia a los productores

puertorriqueños al momento de adjudicar la subasta cuando el

presupuesto disponible para el proyecto es menor que la propuesta

recibida.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Super Asphalt Pavement,

Corp.

Peticionario

v.

Autoridad para el

Financiamiento de la

Infraestructura de Puerto

Rico

CC-2019-0130

Certiorari

Recurrido

A&M Group, Inc.

Recurrido

El Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA emitió la Opinión del

Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2021.

En

esta

ocasión

nos

corresponde

evaluar

las

disposiciones de la Ley para la Inversión de la Industria

Puertorriqueña, infra, y su efecto en los procesos de

subastas gubernamentales. Específicamente, la controversia

ante

nuestra

consideración

trata

sobre

cómo

aplica

el

parámetro de preferencia a los productores puertorriqueños

al momento de adjudicar la subasta cuando el presupuesto

disponible para el proyecto es menor que la propuesta

recibida.

A continuación, esbozamos los antecedentes fácticos

pertinentes al caso de autos.

I

El

29

de

junio

de

2018

la

Autoridad

para

el

Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI)

CC-2019-0130

2

publicó un aviso de subasta pública para el proyecto AFIBP-18-18 sobre “Repaving of the State Road PR-335 and its

Branch

PR-3334

at

the

Municipality

of

Yauco”.

A

esos

fines, AFI notificó a los licitadores sobre su obligación

de cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos

de

subasta.

Para

ello,

les

entregó

las

instrucciones

(Instruction to Proponents), las cuales establecían, entre

otras

cosas,

que

para

poder

reclamar

el

beneficio

dispuesto en la Ley Núm. 14-2004, conocida como Ley para

la Inversión en la Industria Puertorriqueña, el licitador

tenía

que

incluir

en

la

propuesta

una

copia

de

la

resolución emitida por la Junta de Preferencia. A su vez,

el licitador debía establecer el por ciento de preferencia

otorgado al producto que se ofrece en la propuesta. El 31

de

julio

de

2018,

fecha

límite

para

la

entrega

de

propuestas, AFI recibió cuatro propuestas de licitadores,

las cuales quedaron de la forma siguiente:1

#

Licitador

es

Super

Asphalt

Pavement,

Corp.

A&M

Group,

Inc.

Nieves &

Nieves

Engineers

&

Contracto

rs, Inc.

Transport

e

Rodríguez

Asfalto,

Inc.

1

2

3

4

1

Hora

Entre

ga

Propuest

a

Porciento de

Preferencia

Propuesta

Ajustada

9:15

am

$929,703

10%=>($56,795.

20)

$872,907.8

0

9:30

am

$889,700

0%

$889,700

9:35

am

$1,104,5

98

0%

$1,104,598

9:40

am

$1,483,9

37

15%=>($149,087

.40)

$1,334,849

.60

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 158.

CC-2019-0130

3

Así las cosas, el Departamento de Subastas llevó a

cabo

el

análisis

del

cumplimiento

de

las

propuestas

recibidas conforme a los criterios mínimos establecidos en

las instrucciones al licitador y su respectiva Adenda. De

este análisis resultó que todos los participantes con las

propuestas más bajas excedían el presupuesto disponible.2

Por tal razón, conforme establece el Artículo 8.2 del

Reglamento de Compras y Subastas de AFI, el 10 de agosto

de 2018 se notificó la cancelación del proceso de subasta

del referido proyecto. Cabe resaltar que del aviso de

cancelación surge que a dos de los licitadores se les

aplicó el por ciento de preferencia a tenor con la Ley

Núm. 14-2004, entre ellos, Super Asphalt Pavement, Corp.

(Super Asphalt o peticionario).3

Así las cosas, la Junta de Subastas autorizó negociar

con los dos licitadores que sometieron las propuestas más

bajas, en pro de los mejores intereses de AFI, para lograr

la

ejecución

de

la

obra

dentro

de

los

parámetros

del

presupuesto asignado. Los licitadores con las propuestas

más bajas fueron A&M Group, Inc. (A&M o recurrido) y Super

Asphalt. El 17 de agosto de 2018 se llevó a cabo una

reunión de negociación con ambos licitadores, a quienes se

les solicitó entregar, en los próximos diez días, una

oferta revisada. Así las cosas, el 27 de agosto de 2018 se

realizó la apertura de las ofertas revisadas. La siguiente

Véase Notificación de cancelación, apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 159.

2

3

Íd., págs. 158-159.

CC-2019-0130

4

tabla detalla las propuestas en el orden en que fueron

recibidas:4

No.

Propuesta

Hora

Recibida

1

2

10:01 am

10:01 am

Nombre de la

Compañía

A&M Group, Inc.

Super Asphalt

Pavement, Corp.

“Best and

Final

Offer”

$849,285.00

$901,305.40

Posteriormente, el Departamento de Ingeniería ajustó

la partida de “ALLOWANCE” estableciendo una reducción de

$70,000 a los dos licitadores. La siguiente tabla detalla

el ajuste realizado en las propuestas recibidas:5

No.

Propues

ta

1

2

Nombre

de la

Compañí

a

A&M

Group,

Inc.

Super

Asphalt

Pavemen

t,

Corp.

“Best and

Final

Offer”

Ajuste

“Allowance

”

Final

Offer

$849,285.

00

($70,000.0

0)

$779,285.

00

$901,305.

40

($70,000.0

0)

$831,305.

40

A base de ello, el 13 de septiembre de 2018 AFI

emitió una Notificación de Adjudicación de Subasta en la

cual le otorgó la buena pro a la recurrida. La Junta de

Subastas sostuvo que la compañía A&M presentó la propuesta

del “Best and Final Offer” menor y estaba dentro de los

parámetros del presupuesto asignado por $779,285.

Inconforme, el 2 de octubre de 2018 Super Asphalt

presentó una Moción de Reconsideración en la cual alegó

4

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 164.

5

Íd.

CC-2019-0130

5

que la Junta de Subastas no tomó en consideración el diez

por

ciento

de

preferencia

otorgado

por

la

Junta

de

Inversión en la Industria Puertorriqueña (JIIP). Arguyó

que, de habérsele aplicado el por ciento de preferencia

que

le

propuesta

correspondía,

más

baja.

este

A

hubiese

raíz

de

resultado

ello,

ser

la

solicitó

la

reconsideración de la adjudicación de la subasta y que se

determinara que era el licitador agraciado, por ser el

postor con el precio final ofertado más bajo.

El 10 de octubre de 2018 AFI emitió una Resolución en

la cual declaró no ha lugar la moción de reconsideración

presentada por Super Asphalt. En lo pertinente, la Junta

de Subastas indicó en su Resolución lo siguiente:

4. La propuesta de SAPC en la cantidad de

$831,305.40, de aplicársele el por ciento de

preferencia

al

cotizado

a

la

hora

de

determinar el postor más bajo, no hubiese

resultado

en

una

propuesta

dentro

del

presupuesto disponible establecido previo al

iniciar el proceso establecido por la AFI,

para

la

adjudicación

de

la

obra

de

construcción.

El por ciento de preferencia reconocido por

el Reglamento 6825 de la Ley 14 del 2004

opera como un incentivo al licitador que

reúne unos requisitos para dicho por ciento,

pero de igual forma, no le puede perjudicar

ni penalizar a éste luego de ser el licitador

agraciado y que esté obligado a deducir la

cantidad a contratar en la misma proporción

del porciento de preferencia.

CONCLUSIÓN:

El expediente de subasta respalda, que de las

dos propuestas recibidas por parte de A&M

Group, Inc. y SAPC, respectivamente, solo la

A&M Group, Inc. queda dentro del presupuesto

de construcción previamente autorizado por la

División

de

Finanzas

de

la

AFI.

La

CC-2019-0130

6

aplicabilidad del descuento de un 10% de

preferencia autorizado por la Junta para la

Inversión de la Industria Puertorriqueña a la

propuesta

de

Super

Asphalt

Pavement

Corporation, no menoscaba la determinación de

la Junta de Subasta en reconciliación con el

expediente, que, a pesar de la aplicabilidad

del porciento de preferencia, su precio

contractual y el cual la AFI estaría obligado

a desembolsar, resulta mayor al presupuesto

asignado y disponible.

Los señalamientos traídos a nuestra atención

en el recurso de reconsideración por parte de

SACP, no quedan respaldados por el expediente

de subastas y no los hace acreedor a un

remedio conforme a lo solicitado y ante el

ordenamiento aplicable. El expediente solo

respalda que la única propuesta recibida

conforme

a

los

parámetros

y

requisitos

establecidos del presupuesto asignado, lo es

la de A&M Group, Inc. (Énfasis en el

original).6

Inconforme,

Super

Asphalt

acudió

al

Tribunal

de

Apelaciones. Sostuvo que la Junta de Subastas erró al

determinar no aplicar el porciento de preferencia que le

fue otorgado por la JIIP, al momento de la adjudicación de

la subasta.

Consecuentemente,

mediante

sentencia

de

13

de

diciembre de 2018 el foro apelativo intermedio confirmó la

adjudicación

de

la

subasta

impugnada.

Concluyó

que

la

propuesta presentada por Super Asphalt de $831,305.40, de

aplicársele el por ciento de preferencia al cotizado a la

hora

de

resultado

determinar

en

una

el

postor

propuesta

más

bajo,

dentro

del

no

hubiese

presupuesto

disponible. Igualmente, determinó que no hay nada en la

Ley Núm. 14-2004 ni en el Reglamento Núm. 8488 que obligue

6

Íd., págs. 77 y 78.

CC-2019-0130

7

a la agencia o corporación pública a adjudicar un contrato

por una subasta en una cantidad que no esté disponible o

no esté presupuestada como en este caso.

Oportunamente, Super Asphalt presentó una Petición de

certiorari ante este Tribunal, en la cual imputó el error

siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

avalar la actuación de AFI de no tomar en

consideración el parámetro de preferencia

otorgado a Super Asphalt por virtud de la Ley

Núm. 14-2004 al momento de adjudicar la

subasta objeto de impugnación.7

El peticionario alegó, en síntesis, que no se cumple

con la Ley Núm. 14-2004 y el Reglamento 6825 al aplicar el

por ciento de preferencia solo para considerar aquellos

licitadores

que

pueden

presentar

un

“Best

and

Final

Offer”. Arguyó que tanto la ley como el reglamento antes

citado le exigen a la agencia el aplicar dicho por ciento

al momento de la adjudicación y que esto no ocurrió en

este caso. Además, alegó que ni la Ley Núm. 14-2004 ni el

Reglamento 6825 reconocen una excepción a su aplicación

basada

en

que

el

monto

a

pagar

excede

el

presupuesto

asignado. Añadió que el presupuesto nunca fue un criterio

de evaluación establecido en los pliegos de subasta.

Por su parte, el recurrido adujo que ni la Ley Núm.

14-2004 ni el Reglamento 6825 en sus disposiciones obligan

a

una

agencia

contrato

por

7

o

una

corporación

subasta

en

Petición de certiorari, pág. 6.

pública

una

a

cantidad

adjudicar

que

no

un

esté

CC-2019-0130

8

presupuestada. Alegó que proveerle a los licitadores el

precio

presupuestado

derrotaría

el

propósito

de

las

subastas porque estos licitarían por esa cantidad. Además,

arguyó que en la primera notificación de adjudicación se

notificó que ninguno de los proponentes iniciales había

cumplido con el presupuesto aprobado. Por último, levantó

una alegación de academicidad, ya que al 31 de marzo de

2019

se

habían

pagado

$689,285.00,

que

corresponde

al

noventa por ciento de la obra, la cual fue reportada como

completada, solamente quedando pendiente unos trabajos de

repavimentación.

Habiendo expedido el recurso de certiorari solicitado

y

tras

examinar

el

expediente

de

autos,

procedemos

a

resolver.

II

A. La doctrina de academicidad

Conforme

tribunales

controversias

al

principio

limitan

su

reales

y

de

justiciabilidad,

intervención

definidas

a

que

los

resolver

afectan

las

relaciones jurídicas de partes antagónicas u opuestas.8

Por lo tanto, una controversia no se considera justiciable

cuando: “(1) se procura resolver una cuestión política;

(2) una de las partes carece de legitimación activa; (3)

hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado la

controversia en académica; (4) las partes están tratando

de

obtener

una

opinión

consultiva,

o

(5)

se

intenta

8 UPR v. Laborde Torres, 180 DPR 253, 279-280 (2010); E.L.A. v.

Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958).

CC-2019-0130

promover

9

un

pleito

que

no

está

maduro”.

(Énfasis

suplido).9 Estos son requisitos de origen constitucional

que los tribunales deben evaluar antes de considerar y

pronunciarse sobre los méritos de una controversia.10 Ello

deriva del hecho de que los tribunales solamente pueden

evaluar aquellos casos que sean justiciables.11

La doctrina de la academicidad constituye una de las

manifestaciones de la justiciabilidad.12 El propósito de

este precepto es evitar el inadecuado uso de los recursos

judiciales

y

evitar

precedentes

innecesarios.13

Este

Tribunal ha resuelto que un caso es académico cuando “se

trata

de

obtener

un

fallo

sobre

una

controversia

disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación

de un derecho antes de que éste haya sido reclamado o una

sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna

razón

no

podrá

tener

efectos

prácticos

sobre

una

controversia existente”.14 Asimismo, una controversia que

en sus inicios era justiciable se convierte en académica

9

Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68-69 (2017),

citando a Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932

(2011) y a Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 421-422 (1994).

10

PNP en Humacao v. Carrasquillo, 166 DPR 70, 74 (2005).

Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 972 (2010); Lozada

Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893 (2010); E.L.A. v.

Aguayo, 80 DPR 552 (1958).

11

CEE v. Dpto. de Estado, 134 DPR 927, 934 (1993). Véase,

además: E.L.A. v. Aguayo, supra; Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR

638 (1991); Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704 (1991);

Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864 (1991); El Vocero v. Junta de

Planificación, 121 DPR 115 (1988); Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650

(1988); Com. Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715

(1980).

12

Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo,

Independiente, 150 DPR 924, 936 (2000).

13

Inc.

v.

Hermandad

14

Amador Roberts v. ELA, 191 DPR 268, 282-283 (2014);

Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 DPR 640, 652 (2008).

San

CC-2019-0130

cuando

10

“los

cambios

fácticos

o

judiciales

acaecidos

durante el trámite judicial de una controversia, tornan en

académica o ficticia su solución”.15 Así, se debe evaluar

los eventos anteriores, próximos y futuros, a fines de

determinar si la controversia entre las partes sigue viva

y subsiste con el tiempo.16 Cuando un tribunal determine

que

un

caso

es

académico,

su

deber

es

abstenerse

de

considerar los méritos de ese caso.17

Ahora bien, en el caso de los procesos de subastas

gubernamentales, este Tribunal ha tenido la oportunidad de

expresarse

en

torno

a

la

doctrina

de

la

academicidad

cuando la adjudicación de una subasta fue impugnada, pero

la

obra

ya

fue

completada.

Construction,

S.E.

v.

Transportación,

149

DPR

Particularmente,

Autoridad

836

(1999),

de

en

Carreteras

resolvimos

que

RBR

y

la

adjudicación del proyecto no es el único remedio al cual

se podría tener derecho en estos casos. En síntesis, RBR

Construction (RBR) compareció junto a otros licitadores a

una subasta convocada por la Junta de la Autoridad de

Carreteras y Transportación de Puerto Rico (Junta). La

Junta rechazó la licitación de RBR debido a un problema

con

su

seguro

de

fianza.

Inconforme,

RBR

solicitó

la

reconsideración de la determinación. Posteriormente, la

Junta anuló la subasta sin expresar las razones, celebró

una nueva subasta y la adjudicó a un nuevo licitador. Ante

15

Amador Roberts v. ELA, supra, pág. 283.

16

Pres. del Senado, 148 DPR 737, 769 (1999).

17

CEE v. Dpto. de Estado, supra, pág. 936.

CC-2019-0130

11

ello, resolvimos que el recurso de revisión judicial no se

tornaba académico por el hecho de que se hubiera culminado

la

construcción,

ya

que

este

era

uno

susceptible

de

repetición y que, además, tenía importantes consecuencias

colaterales para el interés público en proteger los fondos

del pueblo de Puerto Rico.18

Posteriormente,

Cardiovascular,

licitador

a

en

172

quien

DPR

no

Perfect

Cleaning

139

(2007),

resolvimos

le

adjudicó

una

se

v.

que

subasta

un

cuyo

resultado es posteriormente revocado no tiene a su favor

una

causa

entidad

de

acción

en

daños

gubernamental

de

que

y

se

perjuicios

contra

trate.

este

En

la

caso,

varios licitadores participaron de una subasta para la

contratación de servicios de limpieza realizada por el

Centro

subasta

Cardiovascular

fue

de

adjudicada

Puerto

a

Rico

y

de

NBM

favor

el

Caribe.

La

Enterprises.

Inconforme con la decisión, Perfect Cleaning presentó un

recurso

de

revisión

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

alegando que NBM Enterprises no había cumplido con el

pliego

de

especificaciones

por

lo

que

no

se le

debió

conceder la buena pro. El Tribunal de Apelaciones revocó

la

adjudicación

y

ordenó

la

celebración

de

una

nueva

subasta. Amparándose en que el foro intermedio revocó la

adjudicación de la subasta, Perfect Cleaning demandó al

Centro Cardiovascular y a su Junta de subastas reclamando

daños y perjuicios. Alegó que la subasta fue adjudicada

18

RBR

Construction,

S.E.

v.

Transportación, 149 DPR 836, 847 (1999).

Autoridad

de

Carreteras

y

CC-2019-0130

12

ilegalmente a favor de NBM Enterprises y que la actuación

le provocó daños, ya que entendía que fue el postor más

bajo y cumplió con todas las exigencias. Perfect Cleaning

fundamentó su causa de acción en el precedente establecido

en RBR Const., S.E. v. A.C., supra. Tras varios incidentes

procesales expedimos el recurso de certiorari. Al analizar

la

normativa

aplicable

al

caso,

resuelto

en

RBR

Const.,

S.E.

aplicable

a

esa

controversia.

v.

determinamos

que

lo

A.C.,

no

era

Ello,

supra,

pues

en

Perfect

Cleaning “no hubo una anulación abusiva o arbitraria de la

subasta realizada por el Centro Cardiovascular. Más bien,

lo

que

ocurrió

fue

una

adjudicación

errónea

que

ni

siquiera presenta indicios de arbitrariedad o abuso de

derecho”.19 Asimismo, distinguimos ambos casos de la forma

siguiente:

El análisis anterior demuestra que, en

efecto,

el

foro

apelativo

hizo

una

interpretación equivocada de la opinión emitida

en RBR Const., S.E. v. A.C., supra. Por un lado,

obvió que la norma allí establecida surgió en el

contexto de la anulación abusiva y arbitraria de

una subasta válidamente celebrada y no de una

mera adjudicación errónea. Por otro lado,

desatendió las razones que nos movieron a

reconocer una posible causa de acción en aquel

escenario; a saber: la necesidad de evitar la

competencia

desleal

que

puede

ocurrir

al

anularse una subasta después que se han abierto

las licitaciones.

Más aún, consideramos que el dictamen

recurrido sentaría un peligroso precedente en

cuanto apoya la disponibilidad automática de una

causa de acción en daños y perjuicios a favor de

todo licitador perdidoso en una subasta cuya

adjudicación fuera posteriormente revocada. No

19

Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 DPR 139, 147 (2007).

CC-2019-0130

13

podemos

perder

de

vista

que

con

cierta

frecuencia los resultados de las subastas son

revisados y alterados tanto por el Tribunal de

Apelaciones como por este Foro, sin que eso haya

generado nunca una causa de acción a favor de

los licitadores que inicialmente no fueron

favorecidos.

.

.

.

.

.

.

.

.

Evidentemente, un resultado que conlleve la

imposición de responsabilidad a una agencia por

una mera adjudicación de subasta errónea, en

ausencia de circunstancias extraordinarias como

las que dieron lugar a la norma adoptada en RBR

Const., S.E. v. A.C., supra, sería contrario al

interés público, al mejor manejo de los fondos

del erario y a las pautas que regulan las

subastas gubernamentales.20

B. Revisión Judicial

Los tribunales apelativos están llamados a otorgar

amplia

deferencia

administrativas

a

por

las

la

decisiones

experiencia

de

y

las

agencias

pericia

que

se

presume tienen esos organismos para atender y resolver los

asuntos

que

le

han

sido

delegados.21

No

obstante,

esa

norma no es absoluta, por lo cual este Tribunal ha sido

enfático

en

que

no

corrección,

so

pretexto

determinaciones

o

podemos

imprimirle

de

un

deferencia,

interpretaciones

sello

de

a

las

administrativas

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.22

20

Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra, págs. 147-149.

21 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126

(2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 (2018); Mun. de

San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010); Misión Ind. P.R. v. J.P.,

146 DPR 64, 130 (1998).

22 Graciani Rodriguez v. Garage Isla Verde, LLC, supra, pág. 127;

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 746 (2012); Empresas

Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007).

CC-2019-0130

14

En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR

606, 628 (2016), resumimos las normas básicas en torno al

alcance de la revisión judicial de la forma siguiente:

[L]os tribunales deben deferencia a las

decisiones de una agencia administrativa, pero

tal

deferencia

cederá

cuando:

(1)

la

determinación administrativa no está basada en

evidencia

sustancial;

(2)

el

ente

administrativo

erró

en

la

aplicación

o

interpretación de las leyes o reglamentos que

se le ha encomendado administrar; (3) el

organismo

administrativo

actuó

arbitraria,

irrazonable

o

ilegalmente,

realizando

determinaciones carentes de una base racional,

o (4) la actuación administrativa lesionó

derechos

constitucionales

fundamentales.

Es

importante destacar que si el tribunal no se

encuentra frente a alguna de esas situaciones,

aunque

exista

más

de

una

interpretación

razonable de los hechos procede que se valide

la

interpretación

que

realizó

la

agencia

administrativa recurrida. (Énfasis suplido).

Así, el criterio de razonabilidad es el que impera al

revisar

las

determinaciones

agencia

administrativa.23 Es

e

interpretaciones

decir,

el

de

tribunal

una

debe

dirimir si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en

forma tan irrazonable que su actuación constituya un abuso

de discreción.24

Por otro lado, la sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017,

según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento

Administrativo

Uniforme

del

Gobierno

de

Puerto

Rico

(LPAU), establece que las determinaciones de hechos de las

Graciani Rodriguez v. Garage Isla Verde, LLC, supra, pág. 127;

Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016); Empresas

Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1042-1043 (2012); Calderón

Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 396 (2011); Rebollo v. Yiyi Motors,

161 DPR 69, 77-78 (2004).

23

24 Graciani Rodriguez v. Garage Isla Verde, LLC, supra, pág. 127;

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35; Rebollo v. Yiyi

Motors, supra.

CC-2019-0130

15

decisiones

de

las

agencias

serán

sostenidas

por

el

tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en

el

expediente

conclusiones

administrativo.25

de

derecho

serán

aspectos por el tribunal.26

En

revisadas

cambio,

las

en

sus

todos

A su vez, el foro judicial

examinará en toda su extensión aquellas cuestiones mixtas

de hechos y de derecho cuando en el texto de la decisión

final de la agencia se expone el derecho y se aplica a los

hechos probados.27

C. La subasta pública formal

El

proceso

de

contratación

de

servicios

por

las

agencias del gobierno está revestido del más alto interés

público,

pues

busca

promover

la

inversión

adecuada,

responsable y eficiente de los recursos del Estado.28 Por

otro

lado,

la

subasta

formal

es

el

vehículo

procesal

ordinariamente utilizado por el Estado en la adquisición

de

bienes

y

servicios.29

Su

objetivo

principal

es

brindarle protección al erario mediante el acceso a la

construcción

de

obras

públicas

y

la

adquisición

de

servicios de calidad para el Gobierno al mejor precio

posible.30

Por

tanto,

la

subasta

gubernamental

procura

25

3 LPRA sec. 9675.

26

Íd.

27

Rivera v. A&C Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997).

ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, 200 DPR 665, 672

(2018). Véase, además, Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR

398, 404 (2009).

28

ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, supra, pág. 672.

Véase, además, R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606, 620 (2007).

29

30 ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, supra, pág. 672.

Véase, además, RBR Const., S.E. v. A.C., supra, págs. 848-849.

CC-2019-0130

16

establecer

un

esquema

que

asegure

la

competencia

equitativa entre los licitadores, evite la corrupción y

minimice los riesgos de incumplimiento.31

Actualmente,

contiene

nuestro

ordenamiento

un

estatuto

uniforme

gubernamental

dirigida

a

la

que

jurídico

regule

adquisición

la

de

no

subasta

bienes

y

servicios.32 Por consiguiente, corresponde a cada agencia

ejercer su poder de reglamentación para establecer las

normas

que

habrán

de

regir

sus

procedimientos

de

subasta.33

D. Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña

La Ley Núm. 14-2004 se creó, en lo pertinente, para

establecer

la

política

pública

en

lo

relativo

a

las

compras gubernamentales de bienes y servicios. La Asamblea

Legislativa entendió necesario aprobar esta legislación,

como

un

avance

crecimiento

locales,

y

en

el

mediante

la

dirección

fortalecimiento

una

nueva

de

de

política

catapultar

los

el

productores

pública

y

nuevas

estructuras.34 Antes de la creación de esta ley, en el

1989 se creó la Ley Núm. 42, conocida como Ley de Política

Preferencial

en

las

Compras

Gubernamentales,

como

un

31 ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, supra, págs. 672673, citando a Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, pág. 404.

Véase Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864 (1990);

Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334 (1971).

ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, supra, pág. 673.

Véase RBR Constr., S.E. v. A.C., supra, pág. 850.

32

33 ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, supra, pág. 673.

Véase Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, pág. 404.

34

Exposición de motivos, de la Ley para la Inversión de la

Industria Puertorriqueña, Ley Núm. 14-2004 (2004 Leyes de Puerto Rico

14).

CC-2019-0130

17

mecanismo para que los productores locales pudiesen tener

una participación efectiva en el mercado de compras del

gobierno y estimular la creación de empleos y la inversión

local.35 No obstante, la Asamblea Legislativa aseguró que

“después de trece años de vigencia de esta Ley, […] [era]

muy poco lo que la misma ha[bía] logrado en términos de

sus objetivos originales”.36 Añadieron, además, que

“la

poca

el

participación

de

los

productores

locales

en

mercado de compras gubernamentales, […] [era] un indicador

de la ineficacia de la […] [entonces] ‘Ley de Política

Preferencial’”.37

Sobre

este

particular,

la

Asamblea

Legislativa expresó

[…]que la industria local no est[aba]

teniendo una participación óptima en este

importante mercado, por diversas razones,

entre las que se destaca[ba]: la falta de

voluntad por parte de los oficiales públicos

al momento de comprar bienes y servicios; el

alto grado de burocracia en los procesos de

subastas; la falta de poder y recursos de la

actual Junta de Preferencia, adscrita a la

Administración de Servicios Generales; y la

poca fiscalización de la Compañía de Fomento

Industrial, entidad que viene obligada a

ayudar al productor puertorriqueño.38

En

el

primer

informe

que

redactó

la

Comisión

de

Gobierno sobre el Proyecto de la Cámara 3238, entiéndase

la Ley Núm. 14-2004, supra, se expresó que ese proyecto

tenía

el

propósito

de

proteger

a

las

industrias

establecidas en Puerto Rico, particularmente las medianas

35

Íd.

36

Íd.

37

Íd.

38

Íd.

CC-2019-0130

y

18

pequeñas,

obstaculiza

de

su

la

competencia

capacidad

para

externa

desleal

desarrollarse.39

que

Además,

aseguraron que “el gobierno entiende que estas industrias

necesitan

lograr

un

mayor

volumen

de

ventas

para

ser

competitivas”.40 Sobre este particular, la Comisión señaló

lo siguiente:

A las pequeñas y medianas empresas se

les hace difícil lograr escalas eficientes de

producción, debido a sus limitadas tasas de

participación en los mercados. Esta condición

desigual de competencias impide que estas

empresas

logren

expandirse,

generar

más

empleos

y

alcanzar

mayores

niveles

de

actividad

económica.

Es

aquí

donde

los

gobiernos intervienen tomando medidas para

protegerlas.41

El

Artículo

3

de

la

Ley

Núm.

14-2004

dispone

lo

siguiente:

Será política pública del Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

respaldar

el

crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de

la industria puertorriqueña, mediante todos

los mecanismos disponibles y viables dentro

de

los

parámetros

constitucionales,

gubernamentales y económicos disponibles, en

aras de lograr la máxima creación de empleos

para el país.

Serán objetivos de esta Ley,

entre otros, los siguientes:

(a) Garantizar la mayor participación posible

de los productores puertorriqueños de bienes

y servicios en las compras gubernamentales de

bienes y servicios, para apoyar la formación

y expansión de empresas de capital local y

empresas cooperativas, inducir la creación de

Informe positivo sobre el P. de la C. 3238, Com. de Gobierno,

Cámara de Representantes, 9 de abril de 2003, 5ta Ses. Ord., 14ma Asam.

Leg., en la pág. 1.

39

40

Íd.

41 Informe positivo sobre el P. de la C. 3238, Com. de Gobierno,

Cámara de Representantes, 9 de abril de 2003, 5ta Ses. Ord., 14ma Asam.

Leg., supra, en la pág. 2.

CC-2019-0130

19

más y mejores empleos, y lograr el desarrollo

económico de Puerto Rico.

(b) Proveer las estructuras y los mecanismos

necesarios para que una mayor cantidad de

productores locales puedan accesar el mercado

de compras del Gobierno, ya sea mediante

subasta formal, informal, mercado abierto,

contrato o procedimiento especial.

(c) Provocar niveles de eficiencia aceptables

en

los

procedimientos

de

compras

identificando aquellos productos, producidos

localmente, cuyo rendimiento en términos de

calidad y generación de empleos para el país

sea

mayor,

logrando

el

desarrollo

de

industrias estratégicas, para el beneficio a

corto, mediano y largo plazo de la economía

puertorriqueña.

(Énfasis

y

subrayado

suplido).42

Por

regula

otro

la

lado,

política

el

Artículo

preferencial

7

de

la

referida

ley

para

las

compras

del

Gobierno de Puerto Rico. En lo pertinente, el artículo

estatuye lo siguiente:

En toda compra de artículos o servicios

que efectúe el Gobierno de Puerto Rico, se

adquirirán

los

referidos

servicios

o

artículos

extraídos,

producidos

o

manufacturados, ensamblados o envasados en

Puerto Rico, o distribuidos por agentes

establecidos en Puerto Rico, o de servicios

rendidos en Puerto Rico, siempre que dichos

artículos

y

servicios

cumplan

con

las

especificaciones,

términos

y

condiciones

establecidas en el pliego de subasta u orden

de compra, y que su precio, luego de aplicado

el parámetro de inversión correspondiente,

sea el más bajo o brinde las condiciones de

calidad, entrega y disponibilidad de los

bienes o servicios. (Énfasis suplido).43

E. Reglamento General para Promover

Preferencia en las Compras del Gobierno

42

3 LPRA sec. 930(nota).

43

3 LPRA sec. 930c.

la

Política

de

CC-2019-0130

20

El Reglamento general para promover la política de

preferencia

en

las

compras

de

gobierno

MO-DNE-013,

Reglamento Núm. 8488 de 17 de junio de 2014 (Reglamento

Núm. 8488), “recoge las estipulaciones contenidas en la

Ley [Núm. 14-2004], y sus subsiguientes enmiendas y adopta

mecanismos ágiles que permiten dar un servicio a la par

con la tecnología disponible”.44

En cuanto a la política preferencial, el Artículo IX

del Reglamento Núm. 8488 dispone lo siguiente:

En toda compra que efectúen las Agencias

tendrá

un

trato

preferencial

para

los

servicios o artículos extraídos, producidos o

manufacturados, ensamblados o envasados en

Puerto Rico, o distribuidos por agentes

establecidos en Puerto Rico, cuyas empresas

tengan operaciones sustanciales en Puerto

Rico, siempre y cuando estos servicios o

artículos cumplan con las especificaciones,

términos y condiciones del proceso de compra

establecido por la Agencia y que, luego de

aplicado el parámetro de inversión, la oferta

sea la más baja y ofrezca las condiciones de

calidad, entrega y disponibilidad de los

artículos o servicios requeridos. Las compras

del Gobierno deberán ser planificadas. Los

funcionarios

gubernamentales

no

deberán

favorecer una marca de su gusto particular.

Las compras del Gobierno deben atender en

primer orden los aspectos contenidos en la

Ley, seguido por el valor que refleje menor

costo para la Agencia, parámetros de calidad

que

estén

claramente

justificados

y

finalmente

experiencias

con

el

suplidor

cuando medien mecanismos para medir los

mismos evitando la arbitrariedad y el trato

discriminatorio.

(Énfasis

y

subrayado

suplido).

44

Exposición de motivos, Reglamento General para Promover la

Política de Preferencia en las Compras de Gobierno MO-DNE-013,

Reglamento Núm. 8488 de 17 de junio de 2014.

CC-2019-0130

21

Por otro lado, en lo relativo al uso del por ciento

de

preferencia,

el

inciso

(G)

del

Artículo

IX

del

Reglamento Núm. 8488 dispone que:

1. La persona natural o jurídica que obtenga un

porciento de preferencia para un producto,

presentará la Resolución aprobada por la

Junta

o

Certificación

del

Secretario(a)

Ejecutivo(a) (a) acompañada de los pliegos de

licitación o documentos relacionados a su

participación en el proceso de compra de la

agencia. Esta última deberá reconocerle el

porciento de preferencia asignado […].

2. Las

empresas

s[o]lo

pueden

obtener

el

porciento de preferencia otorgado por la

Junta para un mismo producto en una sola de

las categorías por tipo de operación para las

que

[e]ste

es

concedido,

entiéndase

manufactura,

ensamblaje,

envasado

o

distribución

así

como

servicio

no

profesional.

Si

una

empresa

tiene

un

porciento concedido por manufactura para

algunos

productos

y

otro

porciento

de

preferencia

por

distribución

para

otros

productos, no podrá sumar los porcientos al

momento de reclamar su preferencia en su

participación en el proceso de compra de la

Agencia.

Por otro lado, en cuanto a la aplicación del por

ciento de preferencia el inciso (I) del Artículo IX del

Reglamento Núm. 8488 dispone como sigue:

En toda compra de una Agencia se

adquirirán

preferiblemente,

los

artículos

producidos,

manufacturados,

ensamblados

o

envasados en Puerto Rico, así como los

distribuidos por agentes establecidos en

Puerto Rico. Se dará igual trato a los

servicios no profesionales ofrecidos por

empresas con operaciones sustanciales en

Puerto Rico. Estos deberán cumplir con las

especificaciones,

términos

y

condiciones

establecidos en el proceso de compra.

Para la adjudicación de las compras, la

Agencia y sus representantes autorizados

aplicarán el porciento de preferencia para el

artículo, según la Resolución otorgada por la

CC-2019-0130

22

Junta y restará a lo cotizado la cantidad que

resulte al calcular tal porciento del precio

cotizado, previo a determinar el postor más

bajo. Si una vez realizado este ejercicio, la

empresa que posea la Resolución resulta con

el precio o valor más bajo, se le adjudicará

a [e]sta la compra o subasta. El precio a

pagar será el licitado antes de aplicar la

preferencia.

Fórmula

P Cotizado – ((P Cotizado) (% de Preferencia)) =

Precio a Considerar para la Adjudicación

Lo anterior no alterará los criterios de

cumplimiento que exijan las Agencias y Juntas

de Subastas en cuanto a los requisitos,

especificaciones, términos y condiciones. Sin

embargo[,]

la

Junta

velará

porque

los

organismos públicos no eludan o circunvalen

el mandato de la Ley y este Reglamento,

mediante tecnicismos o especificaciones que

no

representan

elementos

esenciales

del

producto o el servicio que es objeto de

compra por el Gobierno. (Énfasis y subrayado

suplido).

F.

Reglamento de Compras y Subastas de la Autoridad

para el Financiamiento de la Infraestructura

El Reglamento de compras y subastas, Reglamento Núm.

5853 de 9 de septiembre de 1998 (Reglamento Núm. 5853),

regula los procedimientos de subasta llevados a cabo por

la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

(AFI).

En

su

Artículo

I

expresa

la

intención

Reglamento de la forma siguiente:

1.4 Intención. Puesto que los propósitos de

la Autoridad incluyen proveer ayuda a un

sinnúmero

de

corporaciones

públicas

e

instrumentalidades del Gobierno de Puerto

Rico, incluyendo ayuda en la implantación de

muchos tipos de proyectos diferentes; y

reconociendo

que

es

necesario

que

la

Autoridad cuente con métodos eficaces para

implantar proyectos de infraestructura que

sirvan intereses públicos críticos, es la

del

CC-2019-0130

23

intención

de

este

reglamento

proveer

procedimientos flexibles que permitan a la

Autoridad hacer uso del alcance total de sus

poderes legales con respecto a la obtención o

compra de trabajo, servicios no personales,

propiedad mueble y otros artículos, según se

dispone

en

el

presente

documento.

Por

consiguiente,

siendo

este

reglamento

necesario para proteger y preservar la salud

y el bienestar del pueblo de Puerto Rico, el

mismo deberá interpretarse libremente de

manera que se respeten tales propósitos e

intenciones. (Énfasis suplido).

Por

otro

lado,

en

cuanto

a

la

adjudicación

al

licitador más bajo, el Artículo 4 del Reglamento 5853

dispone que:

4.4 Adjudicación al Licitador Más Bajo. Salvo

(a)

los

procedimientos

de

selección

realizados de conformidad con el Artículo 6 ó

el Artículo 7, y (b) las compras descritas en

la Sección 4.2 precedente, los contratos

otorgados por la Autoridad para realizar

cualquier obra pública como instalaciones de

infraestructura o para la compra de propiedad

mueble o servicios no personales, así como el

arrendamiento

de

cualquier

propiedad

se

adjudicarán

al

licitador

más

bajo

que

satisfaga los requisitos y las condiciones

establecidos en los Documentos de Subasta y

en este reglamento.(Énfasis suplido).

En cuanto a los criterios de evaluación que AFI debe

tomar

en

consideración,

el

Artículo

2

del

referido

reglamento aclara que:

Criterios de Evaluación – significa los

criterios

indicados

en

la

Solicitud

de

Propuestas o Solicitud de Documentos de

Calificación que la Junta o el Comité de

Evaluación utilizan para evaluar, clasificar

y recomendar el rechazo o la adjudicación de

los

Documentos

de

Calificaciones

o

propuestas, y que la Autoridad utiliza para

evaluar las propuestas para determinar si

rechazarlas o adjudicarlas.

CC-2019-0130

24

Ahora bien, en cuanto al proceso de evaluación de

propuestas establece, en lo pertinente, que:

[6.6.1](d) Las propuestas se evaluarán a

la luz de los Criterios de Evaluación. La

Junta, con la Ayuda del Comité de Evaluación,

podrá seleccionar una o más de las propuestas

que

considere

que

mejor

sirve(n)

los

intereses de la Autoridad. Cuando se reciba o

seleccione una sola propuesta, la Junta, con

la ayuda del Comité de Evaluación, seguirá

los procedimientos descritos en la Subsección

6.6.6, a continuación. En todo caso, la Junta

y el Comité de Evaluación evaluarán las

propuestas a base de los Criterios de

Evaluación para determinar cuáles propuestas

están dentro del margen competitivo. Una vez

hecha esta determinación, y a discreción del

Director, la Junta y el Comité de Evaluación

completarán sus evaluaciones y harán sus

recomendaciones a base de las propuestas

sometidas, conforme se indica en el párrafo

6.6.2(g), a continuación, o la Junta o el

Comité de Evaluación sostendrán discusiones y

negociarán

con

los

licitadores

cuyas

propuestas

estén

dentro

del

margen

competitivo,

conforme

se

indica

en

la

Subsección 6.6.2, a continuación, antes de

dar por concluida su evaluación.

[…]

[6.6.].4 Sujeto al derecho de la Autoridad de

rechazar cualquier propuesta, se seleccionará

la propuesta que se considere más ventajosa

para la Autoridad, considerando el precio y

otros Criterios de Evaluación; disponiéndose

que la Autoridad podrá optar por seleccionar

la propuesta que ofrezca el precio más bajo,

siempre y cuando la Solicitud de Propuestas

notifique a todos los proponentes que la

selección final entre los proponentes que

estén dentro del margen competitivo se basará

solamente en el precio.

[6.6.].5 Una vez la Autoridad reciba las

propuestas revisadas, podrán llevarse a cabo

discusiones

o

negociaciones

adicionales,

siempre y cuando el Director determine que

dichas discusiones o negociaciones adicionales

sirven los mejores intereses de la Autoridad.

En tal caso, la Autoridad podrá solicitar que

CC-2019-0130

25

se vuelvan a someter propuestas. (Énfasis y

subrayado suplido).

III

En

primer

lugar,

es

menester

atender

el

asunto

traído por la parte recurrida sobre la academicidad de la

controversia ante nuestra consideración. Específicamente,

AFI sostuvo que la obra ya había sido completada, por lo

cual, a su entender, el remedio solicitado por la parte

peticionaria, entiéndase, que se le adjudique la subasta,

sería

contrario

a

la

política

pública

del

Gobierno

e

imposible de hacer cumplir. A esos efectos, Super Asphalt

apoyó su causa de acción en lo resuelto por este Tribunal

en RBR Const., S.E. v. A.C., supra.

Al considerar, la controversia medular en este caso,

es

decir,

si

AFI

abusó

de

arbitrariamente

al

adjudicar

su

la

discreción

subasta

a

o

actuó

A&M

Group,

entendemos que esta no se ha tornado académica por el

hecho de que se haya finalizado la obra objeto de la

impugnación. La cuestión planteada en este caso es una

susceptible de repetición, pues trata de un asunto, el

parámetro

de

preferencia,

que

continuamente

va

a

ser

invocado en los procesos de subasta. A su vez, como ya

hemos

resuelto

subasta

no

peticionaria

es

en

estos

casos,

la

adjudicación

de

parte

el

único

remedio

al

cual

podría

tener

derecho.

Ello,

la

pues

se

la

ha

reconocido otro remedio, una acción en daños, de probarse

que la agencia abusó de su discreción o actuó de forma

CC-2019-0130

26

arbitraria

en

el

proceso

de

la

adjudicación

de

la

subasta.45 Así, superado el planteamiento de academicidad,

pasemos entonces a evaluar los méritos de la controversia.

Cuando se realizó el proceso inicial de licitación y

análisis

de

las

propuestas

para

la

adjudicación

del

proyecto AFI-BP-18-18, la parte recurrida recibió cuatro

propuestas

de

licitadores,

de

las

cuales

dos

se

beneficiaron del parámetro de preferencia dispuesto en la

Ley Núm. 14-2004. A su vez, uno de esos licitadores fue

Super

Asphalt.

aplicado

el

No

obstante,

parámetro

de

aun

después

de

haberse

preferencia,

los

cuatro

licitadores se excedieron del presupuesto disponible para

el referido proyecto, por lo cual se canceló la subasta.

Sin

embargo,

negociación

con

la

los

Junta

dos

de

Subastas

licitadores

autorizó

cuyas

una

propuestas

resultaron ser las más bajas, tomándose en consideración

el parámetro de preferencia.46 Estos licitadores fueron

A&M Group y Super Asphalt. Como mencionamos, esta segunda

etapa

se

realizó

bajo

el

concepto

de

“Best

and

Final

Offer” e incluso se hizo una rebaja a ambos licitadores de

$70,000

para

“facilitar

la

viabilidad

del

proyecto

a

licitarse”.47

Ahora bien, Super Asphalt sostiene que además había

que

aplicarle

el

diez

por

ciento

de

preferencia

a

su

oferta, según dispone el Reglamento Núm. 8488. Al hacer

45

Véase RBR Const., S.E. v. A.C., supra.

46

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 77.

47

Íd.

CC-2019-0130

este

27

ejercicio,

ciertamente

Super

Asphalt

hubiese

resultado ser el licitador con la propuesta más baja por

$748,174.86 versus la propuesta de A&M Group de $779,285.

No obstante, el propio Reglamento Núm. 8488 especifica que

al realizar este ejercicio, si el licitador que posea el

parámetro de preferencia resulta con la propuesta más baja

“[e]l precio a pagar será el licitado antes de aplicar la

preferencia”.

habérsele

(Énfasis

adjudicado

suplido).

la

subasta

Por

a

lo

Super

tanto,

de

Asphalt,

AFI

hubiese tenido que pagar los $831,305.40, es decir, la

cantidad

ofertada

antes

de

aplicar

el

por

ciento

de

preferencia. De la Solicitud de Subasta o Relevo que forma

parte del expediente del Tribunal de Apelaciones surge que

el presupuesto para el proyecto era de $787,367.62.48 Por

lo tanto, la cantidad que se le hubiese tenido que pagar a

la parte peticionaria se excedía de la suma presupuestada

por la agencia. En particular, esta última hubiera tenido

que pagar $39,192.76 en exceso de la cuantía presupuestada

para el proyecto. Es por eso que AFI determinó adjudicar

la subasta a A&M Group, único licitador dentro de los

parámetros presupuestados.

Si bien es cierto que el propósito de la Ley Núm. 142004 es promover el desarrollo y fortalecimiento de la

industria

puertorriqueña

y

que

los

productores

locales

puedan tener una participación efectiva en el mercado de

compras

del

Gobierno

sus

efectos

no

pueden

ser

en

48 Apéndice del Alegato presentado por la parte recurrida ante el

Tribunal de Apelaciones, pág. 3.

CC-2019-0130

28

detrimento al erario ni contrarios al interés público. Ese

razonamiento está apoyado en el Art. 3 de la Ley Núm. 142004

que

especifica

que

para

adelantar

esa

política

pública se utilizarán “todos los mecanismos dentro de los

parámetros constitucionales, gubernamentales y económicos

disponibles”. (Énfasis suplido). Además, coincidimos con

la apreciación del foro apelativo intermedio en cuanto a

que ni la Ley Núm. 14-2004 ni el Reglamento Núm. 8488

contienen una disposición que obligue a las agencias a

adjudicar

subastas

presupuestadas

por

para

cantidades

cumplir

con

mayores

el

a

las

parámetro

de

preferencia. De lo contrario, AFI hubiese estado obligado

a adjudicarle la subasta a Super Asphalt desde el primer

proceso que se realizó, ya que en aquella también resultó

ser

el

licitador

aplicársele

el

con

parámetro

la

propuesta

más

de

preferencia.

baja

No

tras

obstante,

debido a que tanto los dos licitadores que se beneficiaron

del

porciento

de

preferencia

como

los

otros

dos

se

excedieron del presupuesto asignado para el proyecto, la

subasta fue cancelada. Es por eso que entendemos que la

determinación de AFI en cuanto a adjudicar la segunda

subasta a A&M Group, dado a que el precio a pagar por los

servicios se encontraba dentro del presupuesto, no fue

arbitraria o irrazonable.

Así

buena

pues,

pro

a

resolvemos

un

licitador

que

no

que

procede

excede

el

adjudicar

la

presupuesto

asignado de un proyecto, aun cuando luego de aplicar el

CC-2019-0130

29

parámetro de preferencia la subasta lo ubica dentro de la

propuesta

presuntamente

más

baja.

En

ese

caso

lo

que

corresponde es adjudicar la buena pro al licitador con el

precio más bajo y, que a su vez, cumpla con una propuesta

dentro de los parámetros presupuestarios disponibles. Por

lo tanto, es forzoso validar la determinación a favor de

la parte recurrida.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma el

dictamen del Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Super Asphalt Pavement, Corp.

Peticionario

v.

Autoridad para el

Financiamiento de la

Infraestructura de Puerto Rico

CC-2019-0130

Recurrido

A&M Group, Inc.

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2021.

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que no

procede adjudicar la buena pro a un licitador que excede el

presupuesto asignado de un proyecto, aun cuando luego de

aplicar el parámetro de preferencia la subasta lo ubica

dentro de la propuesta presuntamente más baja. En ese caso

lo que corresponde es adjudicar la buena pro al licitador

con el precio más bajo y, que a su vez, cumpla con una

propuesta

dentro

de

los

parámetros

presupuestarios

disponibles.

Por

lo

tanto,

es

forzoso

validar

la

determinación

a

favor

de

la

parte

recurrida.

En

consecuencia, se confirma el dictamen del Tribunal de

Apelaciones

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres

emite una Opinión disidente a la cual se une la Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez. Los Jueces Asociados señores

Kolthoff Caraballo y Colón Pérez no intervinieron.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario

del

Tribunal

Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Super

Corp.

Asphalt

Pavement,

Peticionaria

v.

Autoridad

para

el

Financiamiento

de

la

Infraestructura de Puerto

Rico

CC-2019-0130

Recurrida

A & M Group, Inc.

Recurrido

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES a la cual se une la Jueza Presidenta ORONOZ

RODRÍGUEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2021.

Disiento

respetuosamente

controversia

Asphalt

se

por

tornó

académica.

Corp.

(Super

Pavement,

entender

En

este

Asphalt)

que

caso,

sostiene

la

Super

que

la

Junta de Subastas de la Autoridad para el Financiamiento de

la

Infraestructura

de

Puerto

Rico

(AFI)

erró

al

no

aplicarle el porciento de preferencia que dispone la Ley

Núm. 14-2004, infra y el Reglamento Núm. 8448, infra. Así,

a pesar de que el proyecto ya se completó, Super Asphalt

solicita

que

Apelaciones

y

revoquemos

la

sentencia

del

devolvamos

el

caso

la

a

Tribunal

AFI

para

de

que

determine si adjudicará al mejor postor, si continuará con

las negociaciones, si determinará que se cancele la subasta

o cualquier otra cosa que en derecho proceda. Entiendo que,

independientemente

de

controversia,

Asphalt

Super

los

méritos

no

o

tendrá

deméritos

de

derecho

remedio

a

la

CC-2019-0130

alguno

y,

2

por

lo

tanto,

nuestra

sentencia

no

tendrá

consecuencia práctica alguna.

I

El

trasfondo

fáctico

y

procesal

de

la

controversia

está adecuadamente reseñado en la Opinión del Tribunal. En

resumen, en junio de 2018 la AFI convocó una subasta para

la repavimentación de las carreteras PR-35 y PR-3334 del

Municipio de Yauco. La Junta de Subastas de la AFI evaluó

las ofertas, pero resultó que todos los participantes se

excedieron del presupuesto disponible de $787,367.62. Por

tanto, el 10 de agosto de 2018, se notificó la cancelación

del proceso de subasta.

Sin embargo, la Junta de Subastas autorizó negociar

con los dos licitadores que sometieron las propuestas más

bajas. Estos fueron A&M Group, Inc. (A&M Group) y Super

Asphalt. La Junta adjudicó la subasta a A&M Group. Expresó

que la oferta de A&M Group fue la menor y estaba dentro de

los parámetros del presupuesto asignado.

Inconforme,

reconsideración.

Super

Asphalt

Expresó

que

presentó

la

Junta

una

moción

de

no

tomó

en

consideración el 10% de preferencia que otorga la Junta de

Inversión en la Industria Puertorriqueña (JIIP). Planteó

que, de habérsele otorgado ese por ciento de preferencia,

Super Asphalt hubiese resultado con el precio más bajo. La

AFI declaró “no ha lugar” la solicitud de reconsideración

ya que, según

explicó,

a pesar de la aplicabilidad del

porciento de preferencia, su precio contractual y el cual

CC-2019-0130

3

la AFI estaría obligado a desembolsar resultaba mayor al

presupuesto asignado y disponible. Véase, Ap. Sol. Cert.,

págs.

77-78.

Añadió

que

según

el

Reglamento

Núm.

8448,

infra, la agencia está obligada a pagar el precio licitado

antes de aplicar la preferencia.

Insatisfecho, la peticionaria Super Asphalt presentó

un

recurso

de

Apelaciones.

revisión

Ese

foro

judicial

confirmó

ante

la

el

Tribunal

determinación

de

de

la

agencia. El tribunal concluyó que la propuesta presentada

por

Super

Asphalt

de

$831,305.40,

aun

aplicado

el

por

ciento de preferencia al determinar el postor más bajo, no

habría resultado en una propuesta dentro del presupuesto

disponible. Además, determinó que no hay nada en la Ley

para la inversión de la industria puertorriqueña, Ley Núm.

14-2004, 3 LPRA 930 et seq. (Ley Núm. 14-2004) ni en el

Reglamento general para promover la política de preferencia

en las compras del Gobierno, Reglamento Núm. 8488 de 17 de

junio

de

2014

(Reglamento

Núm.

8488)

que

obligue

a

la

agencia o corporación pública a adjudicar un contrato por

una

cantidad

que

no

esté

disponible

o

no

esté

presupuestada.

Inconforme,

Super

certiorari.

Sostiene

consideración

el

Asphalt

que

la

parámetro

de

presentó

este

recurso

de

AFI

debió

tomar

en

otorgado

por

preferencia

virtud de la Ley Núm. 14-2004. Por su parte, A&M alegó que

la controversia es académica, ya que al 31 de marzo de 2019

se habían pagado $689,285.00, que corresponden al noventa

CC-2019-0130

por

ciento

4

de

la

obra,

la

cual

fue

reportada

como

completada, y solamente quedan pendientes unos trabajos de

repavimentación.

II

Un pleito inicialmente justiciable deja de serlo cuando

“los

cambios

fácticos

o

judiciales

acaecidos

durante

el

trámite judicial de una controversia, tornan en académica o

ficticia

su

solución”.

Com.

de

la

Mujer

v.

Srio.

de

Justicia, 109 DPR 715, 724-725 (1980). Al considerar la

academicidad

es

esencial

evaluar

la

relación

entre

los

eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad

presente. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR

920, 933 (2011).

Un caso se convierte en académico cuando “la cuestión

en controversia pierde eficacia ante el paso del tiempo, ya

sea

porque

ocurrieron

cambios

en

los

hechos

o

en

el

derecho, y la misma se vuelve inexistente”. Pueblo v. Diaz

Alicea,

2020

TSPR

56,

204

DPR

___

(2020).

Una

vez

se

determina que el caso es académico, los tribunales deben

abstenerse de considerarlo.

Sin embargo, se han elaborado una serie de excepciones

que permiten al tribunal considerar un caso académico. Esto

es

cuando:

(1)

se

plantea

ante

el

foro

judicial

una

cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir y que

tienda a evadir la revisión judicial; (2) la situación de

hechos ha sido modificada por el demandado, pero el cambio

no

aparenta

ser

permanente,

y

(3)

se

tornan

académicos

CC-2019-0130

5

aspectos de la controversia, pero subsisten consecuencias

colaterales vigentes. Pueblo v. Diaz Alicea, supra, pág. 5;

Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 73-74 (2017).

Para

determinar

si

se

configura

la

excepción

de

recurrencia deben considerarse los factores siguientes: (1)

la probabilidad de recurrencia de la controversia; (2) la

identidad de las partes involucradas en el procedimiento y

(3)

la

probabilidad

de

que

el

asunto

eluda

revisión

judicial. PNP v. Carrasquillo, 166 DPR 70, 76 (2005). En

cuanto

al

primer

factor

se

requiere

una

”probabilidad

razonable” de que la controversia pueda repetirse. Íd. En

cuanto

al

tercer

factor,

lo

determinante

es

que

sea

“inherentemente de tan corta duración que sea probable que

la controversia siempre se torne académica antes de que la

litigación se complete”. (cita omitida) Íd. Es decir, el

asunto

debe

ser

de

tan

corta

duración

que

evada

su

adjudicación o revisión. Asoc. de Periodistas v. González,

127 DPR 704, 721 (1991). Esta excepción intenta delimitar

aquellas situaciones en que la controversia “se ha tornado

académica

debido

a

circunstancias

de

tiempo

íntimamente

relacionadas con su naturaleza, por lo que es razonable

pensar que, de surgir la misma controversia en el futuro,

nuevamente se tornará académica antes de que el tribunal la

adjudique”. J.J. Álvarez González, Derecho constitucional

de

Puerto

Rico

y

relaciones

constitucionales

con

los

Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 186. El caso

que tenemos ante nuestra consideración no es uno de los que

CC-2019-0130

sea

capaz

6

de

evadir

revisión

judicial

si

vuelve

a

repetirse.

La Opinión del Tribunal plantea que la controversia no

se

ha

tornado

finalizado

cuestión

la

obra

planteada

repetición.

factores

académica

Sin

para

recurrencia.

por

objeto

de

hecho

la

caso

embargo,

en

ningún

que

cumpla

se

caso

de

que

se

impugnación,

este

Este

en

el

es

haya

pues

la

susceptible

de

momento

discute

los

la

excepción

de

con

presenta

una

situación

extraordinaria en la que, a pesar de la aplicabilidad del

porciento de preferencia, el precio contratado y que la

agencia estaría obligada a desembolsar, resulta mayor al

presupuesto asignado y disponible. Además, como expliqué,

no basta con que la controversia sea capaz de repetirse

sino que, además, debe evadir la revisión judicial.

Otro asunto que la Opinión del Tribunal invoca para

descartar

la

academicidad

de

la

controversia

es

que

la

adjudicación de la subasta no es el único remedio al cual

la parte peticionaria podría tener derecho. Como mencioné,

otra de las excepciones que reconoce la doctrina es

persisten

consecuencias

colaterales

a

la

si

controversia

principal, que todavía tienen vigencia y actualidad. C.E.E.

v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 937 (1993). Estos casos

no se convierten en académicos porque existen consecuencias

ulteriores que dependen de la adjudicación en los méritos.

Gobernador v. Alcalde de Coamo, 131 DPR 614 (1992).

CC-2019-0130

7

Al respecto en RBR Cons., S.E. v. A.C., 149 DPR 836

(1999), resolvimos que la adjudicación del proyecto no era

el único remedio al cual el licitador perdidoso en ese caso

podría tener derecho. En ese caso, RBR Construction S.E.

(RBR) compareció junto a otros licitadores a una subasta

convocada por la Junta de la Autoridad de Carreteras y

Transportación de Puerto Rico (Junta de la ACT). La Junta

de ACT rechazó la licitación de RBR debido a un supuesto

problema con su seguro de fianza. Inconforme, RBR solicitó

la reconsideración de la determinación. Posteriormente, la

Junta de la ACT anuló la subasta sin expresar sus razones,

celebró

una

nueva

subasta

licitador.

Íd.

págs.

procesales,

RBR

acudió

y

la

843-845.

al

adjudicó

Tras

Tribunal

a

un

varios

de

nuevo

trámites

Circuito

de

Apelaciones. Este denegó el recurso ante sí por académico.

Fundamentó su conclusión en que la segunda subasta se había

celebrado y los trabajos del proyecto estaban avanzados.

Íd. pág. 845.

Sin

apelativo

embargo,

en

intermedio

esa

y

ocasión

resolvimos

revocamos

que

el

al

foro

recurso

de

revisión judicial no se tornaba académico ya que RBR no

quedaría

huérfano

compensación

por

de

daños

remedio,

si

la

pues

podía

recibir

agencia

abusó

de

su

discreción. Íd. pág. 847. En ese caso, dijimos que avalar

la postura de que toda subasta anulada ilegalmente quedaría

inmune a la revisión judicial con la mera celebración de

una segunda subasta “podría equivaler a darle un cheque en

CC-2019-0130

blanco

al

8

funcionario

de

gobierno

para

que

continúe

celebrando subastas hasta que el postor de su predilección

obtenga la buena pro”. Íd. pág. 848.

Sin embargo, casi una década después, Perfect Cleaning

v.

Cardiovascular,

oportunidad

de

172

DPR

139

y

aclarar

delimitar

(2007),

esa

nos

dio

norma.

la

Allí

resolvimos que un licitador a quien no se le adjudicó una

subasta,

cuyo

resultado

es

posteriormente

revocado,

no

tiene a su favor una causa de acción en daños y perjuicios

contra la entidad gubernamental de que se trate.

En ese caso, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y

el Caribe celebró una subasta a la que comparecieron varias

entidades,

entre

ellas,

(Perfect

Cleaning)

y

Perfect

NBM

Cleaning

Enterprises.

Service,

La

Inc.

subasta

se

presentó

un

adjudicó a favor de esta última. Íd. pág. 142.

Tras

recurso

aduciendo

varios

de

trámites,

revisión

que

NBM

ante

Perfect

el

Enterprises

Cleaning

Tribunal

de

no

cumplido

había

Apelaciones,

con

el

pliego de especificaciones y que, por lo tanto, no se le

debió conceder la buena pro. El foro apelativo revocó la

adjudicación de la subasta por entender que, en efecto, NBM

Enterprises no cumplió con los requisitos aplicables. Íd.

En

vista

de

ello,

se

celebró

una

nueva

subasta

cuyo

resultado también fue revocado en la etapa de revisión. En

esa

segunda

expresamente

ocasión,

la

el

Tribunal

celebración

de

de

Apelaciones

una

nueva

ordenó

subasta.

Amparándose en el dictamen del foro apelativo que revocó la

CC-2019-0130

9

adjudicación

Cleaning

hecha

a

favor

de

NBM

Enterprises,

presentó

una

demanda

sobre

daños

y

Perfect

perjuicios

contra el Centro Cardiovascular y su Junta de Subastas.

Sostuvo que la subasta fue ilegalmente adjudicada a favor

de NBM Enterprises y que esa actuación le ocasionó daños,

ya que, a su entender, fue el postor más bajo que cumplió

con todas las exigencias. Íd.

En respuesta a la demanda, el Centro Cardiovascular

presentó una moción de desestimación. Adujo que la demanda

incoada

por

reclamación

Perfect

que

Cleaning

ameritara

la

dejaba

de

exponer

concesión

de

un

una

remedio.

Perfect Cleaning se opuso a la solicitud de desestimación,

utilizando

Const.,

como

S.E.

fundamento

v.

A.C.,

la

supra.

opinión

emitida

Argumentó

que

en

RBR

allí

se

reconoció una causa de acción en daños y perjuicios a favor

de los licitadores perjudicados por la adjudicación ilegal

de una subasta. Íd. págs. 142-43. Tras varios incidentes

procesales, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la

demanda. Íd. pág. 143.

En esa ocasión, aunque todavía existía la probabilidad

de

que

estimamos

Perfect

Cleaning

necesario

pudiera

explicar

resultar

que

la

favorecido,

imposición

de

responsabilidad a una agencia por “una mera adjudicación de

subasta

errónea,

extraordinarias

adoptada

en

como

RBR

en

ausencia

de

las

que

lugar

Const.,

S.E.

dieron

v.

A.C.,

circunstancias

a

la

norma

supra,

sería

contrario al interés público, al mejor manejo de los fondos

CC-2019-0130

del

erario

10

y

a

las

gubernamentales”.

pautas

Perfect

que

regulan

Cleaning

v.

las

subastas

Cardiovascular,

supra, pág. 148–49 (énfasis suplido). Sostuvimos que lo que

ocurrió

fue

una

adjudicación

errónea,

como

cuestión

de

derecho, pero esta no presentó “indicios de arbitrariedad o

abuso de derecho”. Íd. pág. 147. Explicamos que el foro

apelativo hizo una interpretación equivocada de la opinión

emitida en RBR Const., S.E. v. A.C., supra, al obviar que

la

norma

contexto

que

de

se

la

estableció

anulación

en

ese

abusiva

caso

y

“surgió

arbitraria

en

de

el

una

subasta válidamente celebrada y no de una mera adjudicación

errónea”. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra, pág.

147.

Añadimos

precedente

que

resolver

peligroso,

en

lo

contrario

presentaría

cuanto

apoya

disponibilidad

la

un

automática de una causa de acción en daños y perjuicios a

favor

de

todo

licitador

perdidoso

en

una

subasta

cuya

adjudicación fuera posteriormente revocada. Íd. pág. 148.

Es

decir

“[n]o

podemos

perder

de

vista

que

con

cierta

frecuencia los resultados de las subastas son revisados y

alterados por [los tribunales], sin que eso haya generado

nunca una causa de acción a favor de los licitadores que

inicialmente no fueron favorecidos”. Íd.

Como

vemos,

el

efecto

que

tuvo

esta

decisión

fue

descartar que existan consecuencias colaterales en estos

casos,

a

no

ser

que

se

trate

de

una

circunstancia

extraordinaria como la que ocurrió en RBR Cons., S.E. v.

A.C., supra. No cabe duda de que el caso que tenemos ante

CC-2019-0130

nuestra

11

consideración

extraordinaria.

no

Según

presenta

nuestro

esa

circunstancia

precedente

en

Perfect

Cleaning v. Cardiovascular, supra, la adjudicación errónea

de una subasta no ofrece remedio al licitador perdidoso.

Siendo

así,

en

estos

casos

no

existen

consecuencias

ulteriores que dependen de la adjudicación del caso en sus

méritos.

En este caso, AFI sostiene que la obra se completó por

lo que el remedio solicitado por la parte peticionaria, es

decir, que se le adjudique la subasta, es contrario a la

política pública del Gobierno e imposible de hacer cumplir.

Por otra parte, Super Asphalt apoyó su causa de acción en

lo resuelto por este Tribunal en R.B.R. Const., S.E. y.

A.C., supra, pues considera que la controversia medular en

este

caso

es

si

AFI

abusó

de

su

discreción

o

actuó

arbitrariamente al adjudicar la subasta a A&M Group. Como

expliqué,

la

situación

del

caso

de

autos

es

totalmente

distinguible a la que se presentó en R.B.R. Const., S.E. y.

A.C, supra, y por lo tanto no aplica a los hechos de este

caso. En R.B.R. Const., S.E. y. A.C., supra, la entidad

gubernamental anuló una subasta sin exponer justificación

alguna, de forma arbitraria e insuficiente. Esa anulación

representó

plagado

un

de

abuso

del

derecho

irregularidades.

y

un

Perfect

acto

arbitrario

Cleaning

v.

Cardiovascular, supra, pág. 145. Esos no son los hechos en

este caso.

CC-2019-0130

12

A simple vista, sin necesidad de entrar a los aspectos

sustantivos de la controversia, vemos que la actuación de

AFI

no

presenta

indicios

de

arbitrariedad

o

abuso

de

derecho. Si algo, se trataría de una adjudicación errónea

como cuestión de derecho, asunto por el cual no se reconoce

una causa de acción en nuestro ordenamiento legal.

Por lo tanto, independientemente de los méritos de la

controversia,

alguno,

y

Super

por

Asphalt

no

consiguiente

tendrá

nuestra

derecho

a

remedio

Sentencia

no

tendrá

consecuencia práctica alguna. En conclusión, el asunto no

es uno que de repetirse sea de una naturaleza tal que evada

su revisión ni subsisten consecuencias colaterales. Por lo

tanto, es académico.

III

Por

estas

razones,

disiento

respetuosamente

decisión del Tribunal.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

de

la