Tribunal Supremo de Puerto Rico
Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico
2021 TSPR 45
Poder Judicial de Puerto Rico
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Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico
CC-2019-130
Derecho Administrativo: Evaluación sobre la Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña y su efecto en los procesos de subastas gubernamentales. Específicamente, la aplicación sobre el parámetro de preferencia a los productores puertorriqueños al momento de adjudicar la subasta cuando el presupuesto disponible para el proyecto es menor que la propuesta recibida.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Super Asphalt Pavement, Corp.
Peticionario
v.
Certiorari
Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura de Puerto Rico
2021 TSPR 45
Recurrido
206 DPR ____
A&M Group, Inc.
Recurrido
Número del Caso:
CC-2019-130
Fecha: 30 de marzo de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Abogada de la parte peticionaria:
Lcda. Sonia S. Sierra Sepúlveda
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Luis R. Ortiz Segura
Materia:
Derecho Administrativo: Evaluación sobre la Ley para la
Inversión de la Industria Puertorriqueña y su efecto en los
procesos
de
subastas
gubernamentales.
Específicamente,
la
aplicación sobre el parámetro de preferencia a los productores
puertorriqueños al momento de adjudicar la subasta cuando el
presupuesto disponible para el proyecto es menor que la propuesta
recibida.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Super Asphalt Pavement,
Corp.
Peticionario
v.
Autoridad para el
Financiamiento de la
Infraestructura de Puerto
Rico
CC-2019-0130
Certiorari
Recurrido
A&M Group, Inc.
Recurrido
El Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA emitió la Opinión del
Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2021.
En
esta
ocasión
nos
corresponde
evaluar
las
disposiciones de la Ley para la Inversión de la Industria
Puertorriqueña, infra, y su efecto en los procesos de
subastas gubernamentales. Específicamente, la controversia
ante
nuestra
consideración
trata
sobre
cómo
aplica
el
parámetro de preferencia a los productores puertorriqueños
al momento de adjudicar la subasta cuando el presupuesto
disponible para el proyecto es menor que la propuesta
recibida.
A continuación, esbozamos los antecedentes fácticos
pertinentes al caso de autos.
I
El
29
de
junio
de
2018
la
Autoridad
para
el
Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI)
CC-2019-0130
2
publicó un aviso de subasta pública para el proyecto AFIBP-18-18 sobre “Repaving of the State Road PR-335 and its
Branch
PR-3334
at
the
Municipality
of
Yauco”.
A
esos
fines, AFI notificó a los licitadores sobre su obligación
de cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos
de
subasta.
Para
ello,
les
entregó
las
instrucciones
(Instruction to Proponents), las cuales establecían, entre
otras
cosas,
que
para
poder
reclamar
el
beneficio
dispuesto en la Ley Núm. 14-2004, conocida como Ley para
la Inversión en la Industria Puertorriqueña, el licitador
tenía
que
incluir
en
la
propuesta
una
copia
de
la
resolución emitida por la Junta de Preferencia. A su vez,
el licitador debía establecer el por ciento de preferencia
otorgado al producto que se ofrece en la propuesta. El 31
de
julio
de
2018,
fecha
límite
para
la
entrega
de
propuestas, AFI recibió cuatro propuestas de licitadores,
las cuales quedaron de la forma siguiente:1
#
Licitador
es
Super
Asphalt
Pavement,
Corp.
A&M
Group,
Inc.
Nieves &
Nieves
Engineers
&
Contracto
rs, Inc.
Transport
e
Rodríguez
Asfalto,
Inc.
1
2
3
4
1
Hora
Entre
ga
Propuest
a
Porciento de
Preferencia
Propuesta
Ajustada
9:15
am
$929,703
10%=>($56,795.
20)
$872,907.8
0
9:30
am
$889,700
0%
$889,700
9:35
am
$1,104,5
98
0%
$1,104,598
9:40
am
$1,483,9
37
15%=>($149,087
.40)
$1,334,849
.60
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 158.
CC-2019-0130
3
Así las cosas, el Departamento de Subastas llevó a
cabo
el
análisis
del
cumplimiento
de
las
propuestas
recibidas conforme a los criterios mínimos establecidos en
las instrucciones al licitador y su respectiva Adenda. De
este análisis resultó que todos los participantes con las
propuestas más bajas excedían el presupuesto disponible.2
Por tal razón, conforme establece el Artículo 8.2 del
Reglamento de Compras y Subastas de AFI, el 10 de agosto
de 2018 se notificó la cancelación del proceso de subasta
del referido proyecto. Cabe resaltar que del aviso de
cancelación surge que a dos de los licitadores se les
aplicó el por ciento de preferencia a tenor con la Ley
Núm. 14-2004, entre ellos, Super Asphalt Pavement, Corp.
(Super Asphalt o peticionario).3
Así las cosas, la Junta de Subastas autorizó negociar
con los dos licitadores que sometieron las propuestas más
bajas, en pro de los mejores intereses de AFI, para lograr
la
ejecución
de
la
obra
dentro
de
los
parámetros
del
presupuesto asignado. Los licitadores con las propuestas
más bajas fueron A&M Group, Inc. (A&M o recurrido) y Super
Asphalt. El 17 de agosto de 2018 se llevó a cabo una
reunión de negociación con ambos licitadores, a quienes se
les solicitó entregar, en los próximos diez días, una
oferta revisada. Así las cosas, el 27 de agosto de 2018 se
realizó la apertura de las ofertas revisadas. La siguiente
Véase Notificación de cancelación, apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 159.
2
3
Íd., págs. 158-159.
CC-2019-0130
4
tabla detalla las propuestas en el orden en que fueron
recibidas:4
No.
Propuesta
Hora
Recibida
1
2
10:01 am
10:01 am
Nombre de la
Compañía
A&M Group, Inc.
Super Asphalt
Pavement, Corp.
“Best and
Final
Offer”
$849,285.00
$901,305.40
Posteriormente, el Departamento de Ingeniería ajustó
la partida de “ALLOWANCE” estableciendo una reducción de
$70,000 a los dos licitadores. La siguiente tabla detalla
el ajuste realizado en las propuestas recibidas:5
No.
Propues
ta
1
2
Nombre
de la
Compañí
a
A&M
Group,
Inc.
Super
Asphalt
Pavemen
t,
Corp.
“Best and
Final
Offer”
Ajuste
“Allowance
”
Final
Offer
$849,285.
00
($70,000.0
0)
$779,285.
00
$901,305.
40
($70,000.0
0)
$831,305.
40
A base de ello, el 13 de septiembre de 2018 AFI
emitió una Notificación de Adjudicación de Subasta en la
cual le otorgó la buena pro a la recurrida. La Junta de
Subastas sostuvo que la compañía A&M presentó la propuesta
del “Best and Final Offer” menor y estaba dentro de los
parámetros del presupuesto asignado por $779,285.
Inconforme, el 2 de octubre de 2018 Super Asphalt
presentó una Moción de Reconsideración en la cual alegó
4
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 164.
5
Íd.
CC-2019-0130
5
que la Junta de Subastas no tomó en consideración el diez
por
ciento
de
preferencia
otorgado
por
la
Junta
de
Inversión en la Industria Puertorriqueña (JIIP). Arguyó
que, de habérsele aplicado el por ciento de preferencia
que
le
propuesta
correspondía,
más
baja.
este
A
hubiese
raíz
de
resultado
ello,
ser
la
solicitó
la
reconsideración de la adjudicación de la subasta y que se
determinara que era el licitador agraciado, por ser el
postor con el precio final ofertado más bajo.
El 10 de octubre de 2018 AFI emitió una Resolución en
la cual declaró no ha lugar la moción de reconsideración
presentada por Super Asphalt. En lo pertinente, la Junta
de Subastas indicó en su Resolución lo siguiente:
4. La propuesta de SAPC en la cantidad de
$831,305.40, de aplicársele el por ciento de
preferencia
al
cotizado
a
la
hora
de
determinar el postor más bajo, no hubiese
resultado
en
una
propuesta
dentro
del
presupuesto disponible establecido previo al
iniciar el proceso establecido por la AFI,
para
la
adjudicación
de
la
obra
de
construcción.
El por ciento de preferencia reconocido por
el Reglamento 6825 de la Ley 14 del 2004
opera como un incentivo al licitador que
reúne unos requisitos para dicho por ciento,
pero de igual forma, no le puede perjudicar
ni penalizar a éste luego de ser el licitador
agraciado y que esté obligado a deducir la
cantidad a contratar en la misma proporción
del porciento de preferencia.
CONCLUSIÓN:
El expediente de subasta respalda, que de las
dos propuestas recibidas por parte de A&M
Group, Inc. y SAPC, respectivamente, solo la
A&M Group, Inc. queda dentro del presupuesto
de construcción previamente autorizado por la
División
de
Finanzas
de
la
AFI.
La
CC-2019-0130
6
aplicabilidad del descuento de un 10% de
preferencia autorizado por la Junta para la
Inversión de la Industria Puertorriqueña a la
propuesta
de
Super
Asphalt
Pavement
Corporation, no menoscaba la determinación de
la Junta de Subasta en reconciliación con el
expediente, que, a pesar de la aplicabilidad
del porciento de preferencia, su precio
contractual y el cual la AFI estaría obligado
a desembolsar, resulta mayor al presupuesto
asignado y disponible.
Los señalamientos traídos a nuestra atención
en el recurso de reconsideración por parte de
SACP, no quedan respaldados por el expediente
de subastas y no los hace acreedor a un
remedio conforme a lo solicitado y ante el
ordenamiento aplicable. El expediente solo
respalda que la única propuesta recibida
conforme
a
los
parámetros
y
requisitos
establecidos del presupuesto asignado, lo es
la de A&M Group, Inc. (Énfasis en el
original).6
Inconforme,
Super
Asphalt
acudió
al
Tribunal
de
Apelaciones. Sostuvo que la Junta de Subastas erró al
determinar no aplicar el porciento de preferencia que le
fue otorgado por la JIIP, al momento de la adjudicación de
la subasta.
Consecuentemente,
mediante
sentencia
de
13
de
diciembre de 2018 el foro apelativo intermedio confirmó la
adjudicación
de
la
subasta
impugnada.
Concluyó
que
la
propuesta presentada por Super Asphalt de $831,305.40, de
aplicársele el por ciento de preferencia al cotizado a la
hora
de
resultado
determinar
en
una
el
postor
propuesta
más
bajo,
dentro
del
no
hubiese
presupuesto
disponible. Igualmente, determinó que no hay nada en la
Ley Núm. 14-2004 ni en el Reglamento Núm. 8488 que obligue
6
Íd., págs. 77 y 78.
CC-2019-0130
7
a la agencia o corporación pública a adjudicar un contrato
por una subasta en una cantidad que no esté disponible o
no esté presupuestada como en este caso.
Oportunamente, Super Asphalt presentó una Petición de
certiorari ante este Tribunal, en la cual imputó el error
siguiente:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
avalar la actuación de AFI de no tomar en
consideración el parámetro de preferencia
otorgado a Super Asphalt por virtud de la Ley
Núm. 14-2004 al momento de adjudicar la
subasta objeto de impugnación.7
El peticionario alegó, en síntesis, que no se cumple
con la Ley Núm. 14-2004 y el Reglamento 6825 al aplicar el
por ciento de preferencia solo para considerar aquellos
licitadores
que
pueden
presentar
un
“Best
and
Final
Offer”. Arguyó que tanto la ley como el reglamento antes
citado le exigen a la agencia el aplicar dicho por ciento
al momento de la adjudicación y que esto no ocurrió en
este caso. Además, alegó que ni la Ley Núm. 14-2004 ni el
Reglamento 6825 reconocen una excepción a su aplicación
basada
en
que
el
monto
a
pagar
excede
el
presupuesto
asignado. Añadió que el presupuesto nunca fue un criterio
de evaluación establecido en los pliegos de subasta.
Por su parte, el recurrido adujo que ni la Ley Núm.
14-2004 ni el Reglamento 6825 en sus disposiciones obligan
a
una
agencia
contrato
por
7
o
una
corporación
subasta
en
Petición de certiorari, pág. 6.
pública
una
a
cantidad
adjudicar
que
no
un
esté
CC-2019-0130
8
presupuestada. Alegó que proveerle a los licitadores el
precio
presupuestado
derrotaría
el
propósito
de
las
subastas porque estos licitarían por esa cantidad. Además,
arguyó que en la primera notificación de adjudicación se
notificó que ninguno de los proponentes iniciales había
cumplido con el presupuesto aprobado. Por último, levantó
una alegación de academicidad, ya que al 31 de marzo de
2019
se
habían
pagado
$689,285.00,
que
corresponde
al
noventa por ciento de la obra, la cual fue reportada como
completada, solamente quedando pendiente unos trabajos de
repavimentación.
Habiendo expedido el recurso de certiorari solicitado
y
tras
examinar
el
expediente
de
autos,
procedemos
a
resolver.
II
A. La doctrina de academicidad
Conforme
tribunales
controversias
al
principio
limitan
su
reales
y
de
justiciabilidad,
intervención
definidas
a
que
los
resolver
afectan
las
relaciones jurídicas de partes antagónicas u opuestas.8
Por lo tanto, una controversia no se considera justiciable
cuando: “(1) se procura resolver una cuestión política;
(2) una de las partes carece de legitimación activa; (3)
hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado la
controversia en académica; (4) las partes están tratando
de
obtener
una
opinión
consultiva,
o
(5)
se
intenta
8 UPR v. Laborde Torres, 180 DPR 253, 279-280 (2010); E.L.A. v.
Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958).
CC-2019-0130
promover
9
un
pleito
que
no
está
maduro”.
(Énfasis
suplido).9 Estos son requisitos de origen constitucional
que los tribunales deben evaluar antes de considerar y
pronunciarse sobre los méritos de una controversia.10 Ello
deriva del hecho de que los tribunales solamente pueden
evaluar aquellos casos que sean justiciables.11
La doctrina de la academicidad constituye una de las
manifestaciones de la justiciabilidad.12 El propósito de
este precepto es evitar el inadecuado uso de los recursos
judiciales
y
evitar
precedentes
innecesarios.13
Este
Tribunal ha resuelto que un caso es académico cuando “se
trata
de
obtener
un
fallo
sobre
una
controversia
disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación
de un derecho antes de que éste haya sido reclamado o una
sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna
razón
no
podrá
tener
efectos
prácticos
sobre
una
controversia existente”.14 Asimismo, una controversia que
en sus inicios era justiciable se convierte en académica
9
Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68-69 (2017),
citando a Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932
(2011) y a Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 421-422 (1994).
10
PNP en Humacao v. Carrasquillo, 166 DPR 70, 74 (2005).
Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 972 (2010); Lozada
Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893 (2010); E.L.A. v.
Aguayo, 80 DPR 552 (1958).
11
CEE v. Dpto. de Estado, 134 DPR 927, 934 (1993). Véase,
además: E.L.A. v. Aguayo, supra; Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR
638 (1991); Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704 (1991);
Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864 (1991); El Vocero v. Junta de
Planificación, 121 DPR 115 (1988); Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650
(1988); Com. Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715
(1980).
12
Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo,
Independiente, 150 DPR 924, 936 (2000).
13
Inc.
v.
Hermandad
14
Amador Roberts v. ELA, 191 DPR 268, 282-283 (2014);
Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 DPR 640, 652 (2008).
San
CC-2019-0130
cuando
10
“los
cambios
fácticos
o
judiciales
acaecidos
durante el trámite judicial de una controversia, tornan en
académica o ficticia su solución”.15 Así, se debe evaluar
los eventos anteriores, próximos y futuros, a fines de
determinar si la controversia entre las partes sigue viva
y subsiste con el tiempo.16 Cuando un tribunal determine
que
un
caso
es
académico,
su
deber
es
abstenerse
de
considerar los méritos de ese caso.17
Ahora bien, en el caso de los procesos de subastas
gubernamentales, este Tribunal ha tenido la oportunidad de
expresarse
en
torno
a
la
doctrina
de
la
academicidad
cuando la adjudicación de una subasta fue impugnada, pero
la
obra
ya
fue
completada.
Construction,
S.E.
v.
Transportación,
149
DPR
Particularmente,
Autoridad
836
(1999),
de
en
Carreteras
resolvimos
que
RBR
y
la
adjudicación del proyecto no es el único remedio al cual
se podría tener derecho en estos casos. En síntesis, RBR
Construction (RBR) compareció junto a otros licitadores a
una subasta convocada por la Junta de la Autoridad de
Carreteras y Transportación de Puerto Rico (Junta). La
Junta rechazó la licitación de RBR debido a un problema
con
su
seguro
de
fianza.
Inconforme,
RBR
solicitó
la
reconsideración de la determinación. Posteriormente, la
Junta anuló la subasta sin expresar las razones, celebró
una nueva subasta y la adjudicó a un nuevo licitador. Ante
15
Amador Roberts v. ELA, supra, pág. 283.
16
Pres. del Senado, 148 DPR 737, 769 (1999).
17
CEE v. Dpto. de Estado, supra, pág. 936.
CC-2019-0130
11
ello, resolvimos que el recurso de revisión judicial no se
tornaba académico por el hecho de que se hubiera culminado
la
construcción,
ya
que
este
era
uno
susceptible
de
repetición y que, además, tenía importantes consecuencias
colaterales para el interés público en proteger los fondos
del pueblo de Puerto Rico.18
Posteriormente,
Cardiovascular,
licitador
a
en
172
quien
DPR
no
Perfect
Cleaning
139
(2007),
resolvimos
le
adjudicó
una
se
v.
que
subasta
un
cuyo
resultado es posteriormente revocado no tiene a su favor
una
causa
entidad
de
acción
en
daños
gubernamental
de
que
y
se
perjuicios
contra
trate.
este
En
la
caso,
varios licitadores participaron de una subasta para la
contratación de servicios de limpieza realizada por el
Centro
subasta
Cardiovascular
fue
de
adjudicada
Puerto
a
Rico
y
de
NBM
favor
el
Caribe.
La
Enterprises.
Inconforme con la decisión, Perfect Cleaning presentó un
recurso
de
revisión
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones
alegando que NBM Enterprises no había cumplido con el
pliego
de
especificaciones
por
lo
que
no
se le
debió
conceder la buena pro. El Tribunal de Apelaciones revocó
la
adjudicación
y
ordenó
la
celebración
de
una
nueva
subasta. Amparándose en que el foro intermedio revocó la
adjudicación de la subasta, Perfect Cleaning demandó al
Centro Cardiovascular y a su Junta de subastas reclamando
daños y perjuicios. Alegó que la subasta fue adjudicada
18
RBR
Construction,
S.E.
v.
Transportación, 149 DPR 836, 847 (1999).
Autoridad
de
Carreteras
y
CC-2019-0130
12
ilegalmente a favor de NBM Enterprises y que la actuación
le provocó daños, ya que entendía que fue el postor más
bajo y cumplió con todas las exigencias. Perfect Cleaning
fundamentó su causa de acción en el precedente establecido
en RBR Const., S.E. v. A.C., supra. Tras varios incidentes
procesales expedimos el recurso de certiorari. Al analizar
la
normativa
aplicable
al
caso,
resuelto
en
RBR
Const.,
S.E.
aplicable
a
esa
controversia.
v.
determinamos
que
lo
A.C.,
no
era
Ello,
supra,
pues
en
Perfect
Cleaning “no hubo una anulación abusiva o arbitraria de la
subasta realizada por el Centro Cardiovascular. Más bien,
lo
que
ocurrió
fue
una
adjudicación
errónea
que
ni
siquiera presenta indicios de arbitrariedad o abuso de
derecho”.19 Asimismo, distinguimos ambos casos de la forma
siguiente:
El análisis anterior demuestra que, en
efecto,
el
foro
apelativo
hizo
una
interpretación equivocada de la opinión emitida
en RBR Const., S.E. v. A.C., supra. Por un lado,
obvió que la norma allí establecida surgió en el
contexto de la anulación abusiva y arbitraria de
una subasta válidamente celebrada y no de una
mera adjudicación errónea. Por otro lado,
desatendió las razones que nos movieron a
reconocer una posible causa de acción en aquel
escenario; a saber: la necesidad de evitar la
competencia
desleal
que
puede
ocurrir
al
anularse una subasta después que se han abierto
las licitaciones.
Más aún, consideramos que el dictamen
recurrido sentaría un peligroso precedente en
cuanto apoya la disponibilidad automática de una
causa de acción en daños y perjuicios a favor de
todo licitador perdidoso en una subasta cuya
adjudicación fuera posteriormente revocada. No
19
Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 DPR 139, 147 (2007).
CC-2019-0130
13
podemos
perder
de
vista
que
con
cierta
frecuencia los resultados de las subastas son
revisados y alterados tanto por el Tribunal de
Apelaciones como por este Foro, sin que eso haya
generado nunca una causa de acción a favor de
los licitadores que inicialmente no fueron
favorecidos.
.
.
.
.
.
.
.
.
Evidentemente, un resultado que conlleve la
imposición de responsabilidad a una agencia por
una mera adjudicación de subasta errónea, en
ausencia de circunstancias extraordinarias como
las que dieron lugar a la norma adoptada en RBR
Const., S.E. v. A.C., supra, sería contrario al
interés público, al mejor manejo de los fondos
del erario y a las pautas que regulan las
subastas gubernamentales.20
B. Revisión Judicial
Los tribunales apelativos están llamados a otorgar
amplia
deferencia
administrativas
a
por
las
la
decisiones
experiencia
de
y
las
agencias
pericia
que
se
presume tienen esos organismos para atender y resolver los
asuntos
que
le
han
sido
delegados.21
No
obstante,
esa
norma no es absoluta, por lo cual este Tribunal ha sido
enfático
en
que
no
corrección,
so
pretexto
determinaciones
o
podemos
imprimirle
de
un
deferencia,
interpretaciones
sello
de
a
las
administrativas
irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.22
20
Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra, págs. 147-149.
21 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126
(2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 (2018); Mun. de
San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010); Misión Ind. P.R. v. J.P.,
146 DPR 64, 130 (1998).
22 Graciani Rodriguez v. Garage Isla Verde, LLC, supra, pág. 127;
IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 746 (2012); Empresas
Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007).
CC-2019-0130
14
En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR
606, 628 (2016), resumimos las normas básicas en torno al
alcance de la revisión judicial de la forma siguiente:
[L]os tribunales deben deferencia a las
decisiones de una agencia administrativa, pero
tal
deferencia
cederá
cuando:
(1)
la
determinación administrativa no está basada en
evidencia
sustancial;
(2)
el
ente
administrativo
erró
en
la
aplicación
o
interpretación de las leyes o reglamentos que
se le ha encomendado administrar; (3) el
organismo
administrativo
actuó
arbitraria,
irrazonable
o
ilegalmente,
realizando
determinaciones carentes de una base racional,
o (4) la actuación administrativa lesionó
derechos
constitucionales
fundamentales.
Es
importante destacar que si el tribunal no se
encuentra frente a alguna de esas situaciones,
aunque
exista
más
de
una
interpretación
razonable de los hechos procede que se valide
la
interpretación
que
realizó
la
agencia
administrativa recurrida. (Énfasis suplido).
Así, el criterio de razonabilidad es el que impera al
revisar
las
determinaciones
agencia
administrativa.23 Es
e
interpretaciones
decir,
el
de
tribunal
una
debe
dirimir si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en
forma tan irrazonable que su actuación constituya un abuso
de discreción.24
Por otro lado, la sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017,
según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento
Administrativo
Uniforme
del
Gobierno
de
Puerto
Rico
(LPAU), establece que las determinaciones de hechos de las
Graciani Rodriguez v. Garage Isla Verde, LLC, supra, pág. 127;
Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016); Empresas
Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1042-1043 (2012); Calderón
Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 396 (2011); Rebollo v. Yiyi Motors,
161 DPR 69, 77-78 (2004).
23
24 Graciani Rodriguez v. Garage Isla Verde, LLC, supra, pág. 127;
Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35; Rebollo v. Yiyi
Motors, supra.
CC-2019-0130
15
decisiones
de
las
agencias
serán
sostenidas
por
el
tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en
el
expediente
conclusiones
administrativo.25
de
derecho
serán
aspectos por el tribunal.26
En
revisadas
cambio,
las
en
sus
todos
A su vez, el foro judicial
examinará en toda su extensión aquellas cuestiones mixtas
de hechos y de derecho cuando en el texto de la decisión
final de la agencia se expone el derecho y se aplica a los
hechos probados.27
C. La subasta pública formal
El
proceso
de
contratación
de
servicios
por
las
agencias del gobierno está revestido del más alto interés
público,
pues
busca
promover
la
inversión
adecuada,
responsable y eficiente de los recursos del Estado.28 Por
otro
lado,
la
subasta
formal
es
el
vehículo
procesal
ordinariamente utilizado por el Estado en la adquisición
de
bienes
y
servicios.29
Su
objetivo
principal
es
brindarle protección al erario mediante el acceso a la
construcción
de
obras
públicas
y
la
adquisición
de
servicios de calidad para el Gobierno al mejor precio
posible.30
Por
tanto,
la
subasta
gubernamental
procura
25
3 LPRA sec. 9675.
26
Íd.
27
Rivera v. A&C Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997).
ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, 200 DPR 665, 672
(2018). Véase, además, Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR
398, 404 (2009).
28
ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, supra, pág. 672.
Véase, además, R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606, 620 (2007).
29
30 ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, supra, pág. 672.
Véase, además, RBR Const., S.E. v. A.C., supra, págs. 848-849.
CC-2019-0130
16
establecer
un
esquema
que
asegure
la
competencia
equitativa entre los licitadores, evite la corrupción y
minimice los riesgos de incumplimiento.31
Actualmente,
contiene
nuestro
ordenamiento
un
estatuto
uniforme
gubernamental
dirigida
a
la
que
jurídico
regule
adquisición
la
de
no
subasta
bienes
y
servicios.32 Por consiguiente, corresponde a cada agencia
ejercer su poder de reglamentación para establecer las
normas
que
habrán
de
regir
sus
procedimientos
de
subasta.33
D. Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña
La Ley Núm. 14-2004 se creó, en lo pertinente, para
establecer
la
política
pública
en
lo
relativo
a
las
compras gubernamentales de bienes y servicios. La Asamblea
Legislativa entendió necesario aprobar esta legislación,
como
un
avance
crecimiento
locales,
y
en
el
mediante
la
dirección
fortalecimiento
una
nueva
de
de
política
catapultar
los
el
productores
pública
y
nuevas
estructuras.34 Antes de la creación de esta ley, en el
1989 se creó la Ley Núm. 42, conocida como Ley de Política
Preferencial
en
las
Compras
Gubernamentales,
como
un
31 ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, supra, págs. 672673, citando a Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, pág. 404.
Véase Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864 (1990);
Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334 (1971).
ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, supra, pág. 673.
Véase RBR Constr., S.E. v. A.C., supra, pág. 850.
32
33 ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, supra, pág. 673.
Véase Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, pág. 404.
34
Exposición de motivos, de la Ley para la Inversión de la
Industria Puertorriqueña, Ley Núm. 14-2004 (2004 Leyes de Puerto Rico
14).
CC-2019-0130
17
mecanismo para que los productores locales pudiesen tener
una participación efectiva en el mercado de compras del
gobierno y estimular la creación de empleos y la inversión
local.35 No obstante, la Asamblea Legislativa aseguró que
“después de trece años de vigencia de esta Ley, […] [era]
muy poco lo que la misma ha[bía] logrado en términos de
sus objetivos originales”.36 Añadieron, además, que
“la
poca
el
participación
de
los
productores
locales
en
mercado de compras gubernamentales, […] [era] un indicador
de la ineficacia de la […] [entonces] ‘Ley de Política
Preferencial’”.37
Sobre
este
particular,
la
Asamblea
Legislativa expresó
[…]que la industria local no est[aba]
teniendo una participación óptima en este
importante mercado, por diversas razones,
entre las que se destaca[ba]: la falta de
voluntad por parte de los oficiales públicos
al momento de comprar bienes y servicios; el
alto grado de burocracia en los procesos de
subastas; la falta de poder y recursos de la
actual Junta de Preferencia, adscrita a la
Administración de Servicios Generales; y la
poca fiscalización de la Compañía de Fomento
Industrial, entidad que viene obligada a
ayudar al productor puertorriqueño.38
En
el
primer
informe
que
redactó
la
Comisión
de
Gobierno sobre el Proyecto de la Cámara 3238, entiéndase
la Ley Núm. 14-2004, supra, se expresó que ese proyecto
tenía
el
propósito
de
proteger
a
las
industrias
establecidas en Puerto Rico, particularmente las medianas
35
Íd.
36
Íd.
37
Íd.
38
Íd.
CC-2019-0130
y
18
pequeñas,
obstaculiza
de
su
la
competencia
capacidad
para
externa
desleal
desarrollarse.39
que
Además,
aseguraron que “el gobierno entiende que estas industrias
necesitan
lograr
un
mayor
volumen
de
ventas
para
ser
competitivas”.40 Sobre este particular, la Comisión señaló
lo siguiente:
A las pequeñas y medianas empresas se
les hace difícil lograr escalas eficientes de
producción, debido a sus limitadas tasas de
participación en los mercados. Esta condición
desigual de competencias impide que estas
empresas
logren
expandirse,
generar
más
empleos
y
alcanzar
mayores
niveles
de
actividad
económica.
Es
aquí
donde
los
gobiernos intervienen tomando medidas para
protegerlas.41
El
Artículo
3
de
la
Ley
Núm.
14-2004
dispone
lo
siguiente:
Será política pública del Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
respaldar
el
crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de
la industria puertorriqueña, mediante todos
los mecanismos disponibles y viables dentro
de
los
parámetros
constitucionales,
gubernamentales y económicos disponibles, en
aras de lograr la máxima creación de empleos
para el país.
Serán objetivos de esta Ley,
entre otros, los siguientes:
(a) Garantizar la mayor participación posible
de los productores puertorriqueños de bienes
y servicios en las compras gubernamentales de
bienes y servicios, para apoyar la formación
y expansión de empresas de capital local y
empresas cooperativas, inducir la creación de
Informe positivo sobre el P. de la C. 3238, Com. de Gobierno,
Cámara de Representantes, 9 de abril de 2003, 5ta Ses. Ord., 14ma Asam.
Leg., en la pág. 1.
39
40
Íd.
41 Informe positivo sobre el P. de la C. 3238, Com. de Gobierno,
Cámara de Representantes, 9 de abril de 2003, 5ta Ses. Ord., 14ma Asam.
Leg., supra, en la pág. 2.
CC-2019-0130
19
más y mejores empleos, y lograr el desarrollo
económico de Puerto Rico.
(b) Proveer las estructuras y los mecanismos
necesarios para que una mayor cantidad de
productores locales puedan accesar el mercado
de compras del Gobierno, ya sea mediante
subasta formal, informal, mercado abierto,
contrato o procedimiento especial.
(c) Provocar niveles de eficiencia aceptables
en
los
procedimientos
de
compras
identificando aquellos productos, producidos
localmente, cuyo rendimiento en términos de
calidad y generación de empleos para el país
sea
mayor,
logrando
el
desarrollo
de
industrias estratégicas, para el beneficio a
corto, mediano y largo plazo de la economía
puertorriqueña.
(Énfasis
y
subrayado
suplido).42
Por
regula
otro
la
lado,
política
el
Artículo
preferencial
7
de
la
referida
ley
para
las
compras
del
Gobierno de Puerto Rico. En lo pertinente, el artículo
estatuye lo siguiente:
En toda compra de artículos o servicios
que efectúe el Gobierno de Puerto Rico, se
adquirirán
los
referidos
servicios
o
artículos
extraídos,
producidos
o
manufacturados, ensamblados o envasados en
Puerto Rico, o distribuidos por agentes
establecidos en Puerto Rico, o de servicios
rendidos en Puerto Rico, siempre que dichos
artículos
y
servicios
cumplan
con
las
especificaciones,
términos
y
condiciones
establecidas en el pliego de subasta u orden
de compra, y que su precio, luego de aplicado
el parámetro de inversión correspondiente,
sea el más bajo o brinde las condiciones de
calidad, entrega y disponibilidad de los
bienes o servicios. (Énfasis suplido).43
E. Reglamento General para Promover
Preferencia en las Compras del Gobierno
42
3 LPRA sec. 930(nota).
43
3 LPRA sec. 930c.
la
Política
de
CC-2019-0130
20
El Reglamento general para promover la política de
preferencia
en
las
compras
de
gobierno
MO-DNE-013,
Reglamento Núm. 8488 de 17 de junio de 2014 (Reglamento
Núm. 8488), “recoge las estipulaciones contenidas en la
Ley [Núm. 14-2004], y sus subsiguientes enmiendas y adopta
mecanismos ágiles que permiten dar un servicio a la par
con la tecnología disponible”.44
En cuanto a la política preferencial, el Artículo IX
del Reglamento Núm. 8488 dispone lo siguiente:
En toda compra que efectúen las Agencias
tendrá
un
trato
preferencial
para
los
servicios o artículos extraídos, producidos o
manufacturados, ensamblados o envasados en
Puerto Rico, o distribuidos por agentes
establecidos en Puerto Rico, cuyas empresas
tengan operaciones sustanciales en Puerto
Rico, siempre y cuando estos servicios o
artículos cumplan con las especificaciones,
términos y condiciones del proceso de compra
establecido por la Agencia y que, luego de
aplicado el parámetro de inversión, la oferta
sea la más baja y ofrezca las condiciones de
calidad, entrega y disponibilidad de los
artículos o servicios requeridos. Las compras
del Gobierno deberán ser planificadas. Los
funcionarios
gubernamentales
no
deberán
favorecer una marca de su gusto particular.
Las compras del Gobierno deben atender en
primer orden los aspectos contenidos en la
Ley, seguido por el valor que refleje menor
costo para la Agencia, parámetros de calidad
que
estén
claramente
justificados
y
finalmente
experiencias
con
el
suplidor
cuando medien mecanismos para medir los
mismos evitando la arbitrariedad y el trato
discriminatorio.
(Énfasis
y
subrayado
suplido).
44
Exposición de motivos, Reglamento General para Promover la
Política de Preferencia en las Compras de Gobierno MO-DNE-013,
Reglamento Núm. 8488 de 17 de junio de 2014.
CC-2019-0130
21
Por otro lado, en lo relativo al uso del por ciento
de
preferencia,
el
inciso
(G)
del
Artículo
IX
del
Reglamento Núm. 8488 dispone que:
1. La persona natural o jurídica que obtenga un
porciento de preferencia para un producto,
presentará la Resolución aprobada por la
Junta
o
Certificación
del
Secretario(a)
Ejecutivo(a) (a) acompañada de los pliegos de
licitación o documentos relacionados a su
participación en el proceso de compra de la
agencia. Esta última deberá reconocerle el
porciento de preferencia asignado […].
2. Las
empresas
s[o]lo
pueden
obtener
el
porciento de preferencia otorgado por la
Junta para un mismo producto en una sola de
las categorías por tipo de operación para las
que
[e]ste
es
concedido,
entiéndase
manufactura,
ensamblaje,
envasado
o
distribución
así
como
servicio
no
profesional.
Si
una
empresa
tiene
un
porciento concedido por manufactura para
algunos
productos
y
otro
porciento
de
preferencia
por
distribución
para
otros
productos, no podrá sumar los porcientos al
momento de reclamar su preferencia en su
participación en el proceso de compra de la
Agencia.
Por otro lado, en cuanto a la aplicación del por
ciento de preferencia el inciso (I) del Artículo IX del
Reglamento Núm. 8488 dispone como sigue:
En toda compra de una Agencia se
adquirirán
preferiblemente,
los
artículos
producidos,
manufacturados,
ensamblados
o
envasados en Puerto Rico, así como los
distribuidos por agentes establecidos en
Puerto Rico. Se dará igual trato a los
servicios no profesionales ofrecidos por
empresas con operaciones sustanciales en
Puerto Rico. Estos deberán cumplir con las
especificaciones,
términos
y
condiciones
establecidos en el proceso de compra.
Para la adjudicación de las compras, la
Agencia y sus representantes autorizados
aplicarán el porciento de preferencia para el
artículo, según la Resolución otorgada por la
CC-2019-0130
22
Junta y restará a lo cotizado la cantidad que
resulte al calcular tal porciento del precio
cotizado, previo a determinar el postor más
bajo. Si una vez realizado este ejercicio, la
empresa que posea la Resolución resulta con
el precio o valor más bajo, se le adjudicará
a [e]sta la compra o subasta. El precio a
pagar será el licitado antes de aplicar la
preferencia.
Fórmula
P Cotizado – ((P Cotizado) (% de Preferencia)) =
Precio a Considerar para la Adjudicación
Lo anterior no alterará los criterios de
cumplimiento que exijan las Agencias y Juntas
de Subastas en cuanto a los requisitos,
especificaciones, términos y condiciones. Sin
embargo[,]
la
Junta
velará
porque
los
organismos públicos no eludan o circunvalen
el mandato de la Ley y este Reglamento,
mediante tecnicismos o especificaciones que
no
representan
elementos
esenciales
del
producto o el servicio que es objeto de
compra por el Gobierno. (Énfasis y subrayado
suplido).
F.
Reglamento de Compras y Subastas de la Autoridad
para el Financiamiento de la Infraestructura
El Reglamento de compras y subastas, Reglamento Núm.
5853 de 9 de septiembre de 1998 (Reglamento Núm. 5853),
regula los procedimientos de subasta llevados a cabo por
la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
(AFI).
En
su
Artículo
I
expresa
la
intención
Reglamento de la forma siguiente:
1.4 Intención. Puesto que los propósitos de
la Autoridad incluyen proveer ayuda a un
sinnúmero
de
corporaciones
públicas
e
instrumentalidades del Gobierno de Puerto
Rico, incluyendo ayuda en la implantación de
muchos tipos de proyectos diferentes; y
reconociendo
que
es
necesario
que
la
Autoridad cuente con métodos eficaces para
implantar proyectos de infraestructura que
sirvan intereses públicos críticos, es la
del
CC-2019-0130
23
intención
de
este
reglamento
proveer
procedimientos flexibles que permitan a la
Autoridad hacer uso del alcance total de sus
poderes legales con respecto a la obtención o
compra de trabajo, servicios no personales,
propiedad mueble y otros artículos, según se
dispone
en
el
presente
documento.
Por
consiguiente,
siendo
este
reglamento
necesario para proteger y preservar la salud
y el bienestar del pueblo de Puerto Rico, el
mismo deberá interpretarse libremente de
manera que se respeten tales propósitos e
intenciones. (Énfasis suplido).
Por
otro
lado,
en
cuanto
a
la
adjudicación
al
licitador más bajo, el Artículo 4 del Reglamento 5853
dispone que:
4.4 Adjudicación al Licitador Más Bajo. Salvo
(a)
los
procedimientos
de
selección
realizados de conformidad con el Artículo 6 ó
el Artículo 7, y (b) las compras descritas en
la Sección 4.2 precedente, los contratos
otorgados por la Autoridad para realizar
cualquier obra pública como instalaciones de
infraestructura o para la compra de propiedad
mueble o servicios no personales, así como el
arrendamiento
de
cualquier
propiedad
se
adjudicarán
al
licitador
más
bajo
que
satisfaga los requisitos y las condiciones
establecidos en los Documentos de Subasta y
en este reglamento.(Énfasis suplido).
En cuanto a los criterios de evaluación que AFI debe
tomar
en
consideración,
el
Artículo
2
del
referido
reglamento aclara que:
Criterios de Evaluación – significa los
criterios
indicados
en
la
Solicitud
de
Propuestas o Solicitud de Documentos de
Calificación que la Junta o el Comité de
Evaluación utilizan para evaluar, clasificar
y recomendar el rechazo o la adjudicación de
los
Documentos
de
Calificaciones
o
propuestas, y que la Autoridad utiliza para
evaluar las propuestas para determinar si
rechazarlas o adjudicarlas.
CC-2019-0130
24
Ahora bien, en cuanto al proceso de evaluación de
propuestas establece, en lo pertinente, que:
[6.6.1](d) Las propuestas se evaluarán a
la luz de los Criterios de Evaluación. La
Junta, con la Ayuda del Comité de Evaluación,
podrá seleccionar una o más de las propuestas
que
considere
que
mejor
sirve(n)
los
intereses de la Autoridad. Cuando se reciba o
seleccione una sola propuesta, la Junta, con
la ayuda del Comité de Evaluación, seguirá
los procedimientos descritos en la Subsección
6.6.6, a continuación. En todo caso, la Junta
y el Comité de Evaluación evaluarán las
propuestas a base de los Criterios de
Evaluación para determinar cuáles propuestas
están dentro del margen competitivo. Una vez
hecha esta determinación, y a discreción del
Director, la Junta y el Comité de Evaluación
completarán sus evaluaciones y harán sus
recomendaciones a base de las propuestas
sometidas, conforme se indica en el párrafo
6.6.2(g), a continuación, o la Junta o el
Comité de Evaluación sostendrán discusiones y
negociarán
con
los
licitadores
cuyas
propuestas
estén
dentro
del
margen
competitivo,
conforme
se
indica
en
la
Subsección 6.6.2, a continuación, antes de
dar por concluida su evaluación.
[…]
[6.6.].4 Sujeto al derecho de la Autoridad de
rechazar cualquier propuesta, se seleccionará
la propuesta que se considere más ventajosa
para la Autoridad, considerando el precio y
otros Criterios de Evaluación; disponiéndose
que la Autoridad podrá optar por seleccionar
la propuesta que ofrezca el precio más bajo,
siempre y cuando la Solicitud de Propuestas
notifique a todos los proponentes que la
selección final entre los proponentes que
estén dentro del margen competitivo se basará
solamente en el precio.
[6.6.].5 Una vez la Autoridad reciba las
propuestas revisadas, podrán llevarse a cabo
discusiones
o
negociaciones
adicionales,
siempre y cuando el Director determine que
dichas discusiones o negociaciones adicionales
sirven los mejores intereses de la Autoridad.
En tal caso, la Autoridad podrá solicitar que
CC-2019-0130
25
se vuelvan a someter propuestas. (Énfasis y
subrayado suplido).
III
En
primer
lugar,
es
menester
atender
el
asunto
traído por la parte recurrida sobre la academicidad de la
controversia ante nuestra consideración. Específicamente,
AFI sostuvo que la obra ya había sido completada, por lo
cual, a su entender, el remedio solicitado por la parte
peticionaria, entiéndase, que se le adjudique la subasta,
sería
contrario
a
la
política
pública
del
Gobierno
e
imposible de hacer cumplir. A esos efectos, Super Asphalt
apoyó su causa de acción en lo resuelto por este Tribunal
en RBR Const., S.E. v. A.C., supra.
Al considerar, la controversia medular en este caso,
es
decir,
si
AFI
abusó
de
arbitrariamente
al
adjudicar
su
la
discreción
subasta
a
o
actuó
A&M
Group,
entendemos que esta no se ha tornado académica por el
hecho de que se haya finalizado la obra objeto de la
impugnación. La cuestión planteada en este caso es una
susceptible de repetición, pues trata de un asunto, el
parámetro
de
preferencia,
que
continuamente
va
a
ser
invocado en los procesos de subasta. A su vez, como ya
hemos
resuelto
subasta
no
peticionaria
es
en
estos
casos,
la
adjudicación
de
parte
el
único
remedio
al
cual
podría
tener
derecho.
Ello,
la
pues
se
la
ha
reconocido otro remedio, una acción en daños, de probarse
que la agencia abusó de su discreción o actuó de forma
CC-2019-0130
26
arbitraria
en
el
proceso
de
la
adjudicación
de
la
subasta.45 Así, superado el planteamiento de academicidad,
pasemos entonces a evaluar los méritos de la controversia.
Cuando se realizó el proceso inicial de licitación y
análisis
de
las
propuestas
para
la
adjudicación
del
proyecto AFI-BP-18-18, la parte recurrida recibió cuatro
propuestas
de
licitadores,
de
las
cuales
dos
se
beneficiaron del parámetro de preferencia dispuesto en la
Ley Núm. 14-2004. A su vez, uno de esos licitadores fue
Super
Asphalt.
aplicado
el
No
obstante,
parámetro
de
aun
después
de
haberse
preferencia,
los
cuatro
licitadores se excedieron del presupuesto disponible para
el referido proyecto, por lo cual se canceló la subasta.
Sin
embargo,
negociación
con
la
los
Junta
dos
de
Subastas
licitadores
autorizó
cuyas
una
propuestas
resultaron ser las más bajas, tomándose en consideración
el parámetro de preferencia.46 Estos licitadores fueron
A&M Group y Super Asphalt. Como mencionamos, esta segunda
etapa
se
realizó
bajo
el
concepto
de
“Best
and
Final
Offer” e incluso se hizo una rebaja a ambos licitadores de
$70,000
para
“facilitar
la
viabilidad
del
proyecto
a
licitarse”.47
Ahora bien, Super Asphalt sostiene que además había
que
aplicarle
el
diez
por
ciento
de
preferencia
a
su
oferta, según dispone el Reglamento Núm. 8488. Al hacer
45
Véase RBR Const., S.E. v. A.C., supra.
46
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 77.
47
Íd.
CC-2019-0130
este
27
ejercicio,
ciertamente
Super
Asphalt
hubiese
resultado ser el licitador con la propuesta más baja por
$748,174.86 versus la propuesta de A&M Group de $779,285.
No obstante, el propio Reglamento Núm. 8488 especifica que
al realizar este ejercicio, si el licitador que posea el
parámetro de preferencia resulta con la propuesta más baja
“[e]l precio a pagar será el licitado antes de aplicar la
preferencia”.
habérsele
(Énfasis
adjudicado
suplido).
la
subasta
Por
a
lo
Super
tanto,
de
Asphalt,
AFI
hubiese tenido que pagar los $831,305.40, es decir, la
cantidad
ofertada
antes
de
aplicar
el
por
ciento
de
preferencia. De la Solicitud de Subasta o Relevo que forma
parte del expediente del Tribunal de Apelaciones surge que
el presupuesto para el proyecto era de $787,367.62.48 Por
lo tanto, la cantidad que se le hubiese tenido que pagar a
la parte peticionaria se excedía de la suma presupuestada
por la agencia. En particular, esta última hubiera tenido
que pagar $39,192.76 en exceso de la cuantía presupuestada
para el proyecto. Es por eso que AFI determinó adjudicar
la subasta a A&M Group, único licitador dentro de los
parámetros presupuestados.
Si bien es cierto que el propósito de la Ley Núm. 142004 es promover el desarrollo y fortalecimiento de la
industria
puertorriqueña
y
que
los
productores
locales
puedan tener una participación efectiva en el mercado de
compras
del
Gobierno
sus
efectos
no
pueden
ser
en
48 Apéndice del Alegato presentado por la parte recurrida ante el
Tribunal de Apelaciones, pág. 3.
CC-2019-0130
28
detrimento al erario ni contrarios al interés público. Ese
razonamiento está apoyado en el Art. 3 de la Ley Núm. 142004
que
especifica
que
para
adelantar
esa
política
pública se utilizarán “todos los mecanismos dentro de los
parámetros constitucionales, gubernamentales y económicos
disponibles”. (Énfasis suplido). Además, coincidimos con
la apreciación del foro apelativo intermedio en cuanto a
que ni la Ley Núm. 14-2004 ni el Reglamento Núm. 8488
contienen una disposición que obligue a las agencias a
adjudicar
subastas
presupuestadas
por
para
cantidades
cumplir
con
mayores
el
a
las
parámetro
de
preferencia. De lo contrario, AFI hubiese estado obligado
a adjudicarle la subasta a Super Asphalt desde el primer
proceso que se realizó, ya que en aquella también resultó
ser
el
licitador
aplicársele
el
con
parámetro
la
propuesta
más
de
preferencia.
baja
No
tras
obstante,
debido a que tanto los dos licitadores que se beneficiaron
del
porciento
de
preferencia
como
los
otros
dos
se
excedieron del presupuesto asignado para el proyecto, la
subasta fue cancelada. Es por eso que entendemos que la
determinación de AFI en cuanto a adjudicar la segunda
subasta a A&M Group, dado a que el precio a pagar por los
servicios se encontraba dentro del presupuesto, no fue
arbitraria o irrazonable.
Así
buena
pues,
pro
a
resolvemos
un
licitador
que
no
que
procede
excede
el
adjudicar
la
presupuesto
asignado de un proyecto, aun cuando luego de aplicar el
CC-2019-0130
29
parámetro de preferencia la subasta lo ubica dentro de la
propuesta
presuntamente
más
baja.
En
ese
caso
lo
que
corresponde es adjudicar la buena pro al licitador con el
precio más bajo y, que a su vez, cumpla con una propuesta
dentro de los parámetros presupuestarios disponibles. Por
lo tanto, es forzoso validar la determinación a favor de
la parte recurrida.
IV
Por los fundamentos que anteceden, se confirma el
dictamen del Tribunal de Apelaciones.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Super Asphalt Pavement, Corp.
Peticionario
v.
Autoridad para el
Financiamiento de la
Infraestructura de Puerto Rico
CC-2019-0130
Recurrido
A&M Group, Inc.
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2021.
Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que no
procede adjudicar la buena pro a un licitador que excede el
presupuesto asignado de un proyecto, aun cuando luego de
aplicar el parámetro de preferencia la subasta lo ubica
dentro de la propuesta presuntamente más baja. En ese caso
lo que corresponde es adjudicar la buena pro al licitador
con el precio más bajo y, que a su vez, cumpla con una
propuesta
dentro
de
los
parámetros
presupuestarios
disponibles.
Por
lo
tanto,
es
forzoso
validar
la
determinación
a
favor
de
la
parte
recurrida.
En
consecuencia, se confirma el dictamen del Tribunal de
Apelaciones
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres
emite una Opinión disidente a la cual se une la Jueza
Presidenta Oronoz Rodríguez. Los Jueces Asociados señores
Kolthoff Caraballo y Colón Pérez no intervinieron.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario
del
Tribunal
Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Super
Corp.
Asphalt
Pavement,
Peticionaria
v.
Autoridad
para
el
Financiamiento
de
la
Infraestructura de Puerto
Rico
CC-2019-0130
Recurrida
A & M Group, Inc.
Recurrido
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor
MARTÍNEZ TORRES a la cual se une la Jueza Presidenta ORONOZ
RODRÍGUEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2021.
Disiento
respetuosamente
controversia
Asphalt
se
por
tornó
académica.
Corp.
(Super
Pavement,
entender
En
este
Asphalt)
que
caso,
sostiene
la
Super
que
la
Junta de Subastas de la Autoridad para el Financiamiento de
la
Infraestructura
de
Puerto
Rico
(AFI)
erró
al
no
aplicarle el porciento de preferencia que dispone la Ley
Núm. 14-2004, infra y el Reglamento Núm. 8448, infra. Así,
a pesar de que el proyecto ya se completó, Super Asphalt
solicita
que
Apelaciones
y
revoquemos
la
sentencia
del
devolvamos
el
caso
la
a
Tribunal
AFI
para
de
que
determine si adjudicará al mejor postor, si continuará con
las negociaciones, si determinará que se cancele la subasta
o cualquier otra cosa que en derecho proceda. Entiendo que,
independientemente
de
controversia,
Asphalt
Super
los
méritos
no
o
tendrá
deméritos
de
derecho
remedio
a
la
CC-2019-0130
alguno
y,
2
por
lo
tanto,
nuestra
sentencia
no
tendrá
consecuencia práctica alguna.
I
El
trasfondo
fáctico
y
procesal
de
la
controversia
está adecuadamente reseñado en la Opinión del Tribunal. En
resumen, en junio de 2018 la AFI convocó una subasta para
la repavimentación de las carreteras PR-35 y PR-3334 del
Municipio de Yauco. La Junta de Subastas de la AFI evaluó
las ofertas, pero resultó que todos los participantes se
excedieron del presupuesto disponible de $787,367.62. Por
tanto, el 10 de agosto de 2018, se notificó la cancelación
del proceso de subasta.
Sin embargo, la Junta de Subastas autorizó negociar
con los dos licitadores que sometieron las propuestas más
bajas. Estos fueron A&M Group, Inc. (A&M Group) y Super
Asphalt. La Junta adjudicó la subasta a A&M Group. Expresó
que la oferta de A&M Group fue la menor y estaba dentro de
los parámetros del presupuesto asignado.
Inconforme,
reconsideración.
Super
Asphalt
Expresó
que
presentó
la
Junta
una
moción
de
no
tomó
en
consideración el 10% de preferencia que otorga la Junta de
Inversión en la Industria Puertorriqueña (JIIP). Planteó
que, de habérsele otorgado ese por ciento de preferencia,
Super Asphalt hubiese resultado con el precio más bajo. La
AFI declaró “no ha lugar” la solicitud de reconsideración
ya que, según
explicó,
a pesar de la aplicabilidad del
porciento de preferencia, su precio contractual y el cual
CC-2019-0130
3
la AFI estaría obligado a desembolsar resultaba mayor al
presupuesto asignado y disponible. Véase, Ap. Sol. Cert.,
págs.
77-78.
Añadió
que
según
el
Reglamento
Núm.
8448,
infra, la agencia está obligada a pagar el precio licitado
antes de aplicar la preferencia.
Insatisfecho, la peticionaria Super Asphalt presentó
un
recurso
de
Apelaciones.
revisión
Ese
foro
judicial
confirmó
ante
la
el
Tribunal
determinación
de
de
la
agencia. El tribunal concluyó que la propuesta presentada
por
Super
Asphalt
de
$831,305.40,
aun
aplicado
el
por
ciento de preferencia al determinar el postor más bajo, no
habría resultado en una propuesta dentro del presupuesto
disponible. Además, determinó que no hay nada en la Ley
para la inversión de la industria puertorriqueña, Ley Núm.
14-2004, 3 LPRA 930 et seq. (Ley Núm. 14-2004) ni en el
Reglamento general para promover la política de preferencia
en las compras del Gobierno, Reglamento Núm. 8488 de 17 de
junio
de
2014
(Reglamento
Núm.
8488)
que
obligue
a
la
agencia o corporación pública a adjudicar un contrato por
una
cantidad
que
no
esté
disponible
o
no
esté
presupuestada.
Inconforme,
Super
certiorari.
Sostiene
consideración
el
Asphalt
que
la
parámetro
de
presentó
este
recurso
de
AFI
debió
tomar
en
otorgado
por
preferencia
virtud de la Ley Núm. 14-2004. Por su parte, A&M alegó que
la controversia es académica, ya que al 31 de marzo de 2019
se habían pagado $689,285.00, que corresponden al noventa
CC-2019-0130
por
ciento
4
de
la
obra,
la
cual
fue
reportada
como
completada, y solamente quedan pendientes unos trabajos de
repavimentación.
II
Un pleito inicialmente justiciable deja de serlo cuando
“los
cambios
fácticos
o
judiciales
acaecidos
durante
el
trámite judicial de una controversia, tornan en académica o
ficticia
su
solución”.
Com.
de
la
Mujer
v.
Srio.
de
Justicia, 109 DPR 715, 724-725 (1980). Al considerar la
academicidad
es
esencial
evaluar
la
relación
entre
los
eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad
presente. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR
920, 933 (2011).
Un caso se convierte en académico cuando “la cuestión
en controversia pierde eficacia ante el paso del tiempo, ya
sea
porque
ocurrieron
cambios
en
los
hechos
o
en
el
derecho, y la misma se vuelve inexistente”. Pueblo v. Diaz
Alicea,
2020
TSPR
56,
204
DPR
___
(2020).
Una
vez
se
determina que el caso es académico, los tribunales deben
abstenerse de considerarlo.
Sin embargo, se han elaborado una serie de excepciones
que permiten al tribunal considerar un caso académico. Esto
es
cuando:
(1)
se
plantea
ante
el
foro
judicial
una
cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir y que
tienda a evadir la revisión judicial; (2) la situación de
hechos ha sido modificada por el demandado, pero el cambio
no
aparenta
ser
permanente,
y
(3)
se
tornan
académicos
CC-2019-0130
5
aspectos de la controversia, pero subsisten consecuencias
colaterales vigentes. Pueblo v. Diaz Alicea, supra, pág. 5;
Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 73-74 (2017).
Para
determinar
si
se
configura
la
excepción
de
recurrencia deben considerarse los factores siguientes: (1)
la probabilidad de recurrencia de la controversia; (2) la
identidad de las partes involucradas en el procedimiento y
(3)
la
probabilidad
de
que
el
asunto
eluda
revisión
judicial. PNP v. Carrasquillo, 166 DPR 70, 76 (2005). En
cuanto
al
primer
factor
se
requiere
una
”probabilidad
razonable” de que la controversia pueda repetirse. Íd. En
cuanto
al
tercer
factor,
lo
determinante
es
que
sea
“inherentemente de tan corta duración que sea probable que
la controversia siempre se torne académica antes de que la
litigación se complete”. (cita omitida) Íd. Es decir, el
asunto
debe
ser
de
tan
corta
duración
que
evada
su
adjudicación o revisión. Asoc. de Periodistas v. González,
127 DPR 704, 721 (1991). Esta excepción intenta delimitar
aquellas situaciones en que la controversia “se ha tornado
académica
debido
a
circunstancias
de
tiempo
íntimamente
relacionadas con su naturaleza, por lo que es razonable
pensar que, de surgir la misma controversia en el futuro,
nuevamente se tornará académica antes de que el tribunal la
adjudique”. J.J. Álvarez González, Derecho constitucional
de
Puerto
Rico
y
relaciones
constitucionales
con
los
Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 186. El caso
que tenemos ante nuestra consideración no es uno de los que
CC-2019-0130
sea
capaz
6
de
evadir
revisión
judicial
si
vuelve
a
repetirse.
La Opinión del Tribunal plantea que la controversia no
se
ha
tornado
finalizado
cuestión
la
obra
planteada
repetición.
factores
académica
Sin
para
recurrencia.
por
objeto
de
hecho
la
caso
embargo,
en
ningún
que
cumpla
se
caso
de
que
se
impugnación,
este
Este
en
el
es
haya
pues
la
susceptible
de
momento
discute
los
la
excepción
de
con
presenta
una
situación
extraordinaria en la que, a pesar de la aplicabilidad del
porciento de preferencia, el precio contratado y que la
agencia estaría obligada a desembolsar, resulta mayor al
presupuesto asignado y disponible. Además, como expliqué,
no basta con que la controversia sea capaz de repetirse
sino que, además, debe evadir la revisión judicial.
Otro asunto que la Opinión del Tribunal invoca para
descartar
la
academicidad
de
la
controversia
es
que
la
adjudicación de la subasta no es el único remedio al cual
la parte peticionaria podría tener derecho. Como mencioné,
otra de las excepciones que reconoce la doctrina es
persisten
consecuencias
colaterales
a
la
si
controversia
principal, que todavía tienen vigencia y actualidad. C.E.E.
v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 937 (1993). Estos casos
no se convierten en académicos porque existen consecuencias
ulteriores que dependen de la adjudicación en los méritos.
Gobernador v. Alcalde de Coamo, 131 DPR 614 (1992).
CC-2019-0130
7
Al respecto en RBR Cons., S.E. v. A.C., 149 DPR 836
(1999), resolvimos que la adjudicación del proyecto no era
el único remedio al cual el licitador perdidoso en ese caso
podría tener derecho. En ese caso, RBR Construction S.E.
(RBR) compareció junto a otros licitadores a una subasta
convocada por la Junta de la Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto Rico (Junta de la ACT). La Junta
de ACT rechazó la licitación de RBR debido a un supuesto
problema con su seguro de fianza. Inconforme, RBR solicitó
la reconsideración de la determinación. Posteriormente, la
Junta de la ACT anuló la subasta sin expresar sus razones,
celebró
una
nueva
subasta
licitador.
Íd.
págs.
procesales,
RBR
acudió
y
la
843-845.
al
adjudicó
Tras
Tribunal
a
un
varios
de
nuevo
trámites
Circuito
de
Apelaciones. Este denegó el recurso ante sí por académico.
Fundamentó su conclusión en que la segunda subasta se había
celebrado y los trabajos del proyecto estaban avanzados.
Íd. pág. 845.
Sin
apelativo
embargo,
en
intermedio
esa
y
ocasión
resolvimos
revocamos
que
el
al
foro
recurso
de
revisión judicial no se tornaba académico ya que RBR no
quedaría
huérfano
compensación
por
de
daños
remedio,
si
la
pues
podía
recibir
agencia
abusó
de
su
discreción. Íd. pág. 847. En ese caso, dijimos que avalar
la postura de que toda subasta anulada ilegalmente quedaría
inmune a la revisión judicial con la mera celebración de
una segunda subasta “podría equivaler a darle un cheque en
CC-2019-0130
blanco
al
8
funcionario
de
gobierno
para
que
continúe
celebrando subastas hasta que el postor de su predilección
obtenga la buena pro”. Íd. pág. 848.
Sin embargo, casi una década después, Perfect Cleaning
v.
Cardiovascular,
oportunidad
de
172
DPR
139
y
aclarar
delimitar
(2007),
esa
nos
dio
norma.
la
Allí
resolvimos que un licitador a quien no se le adjudicó una
subasta,
cuyo
resultado
es
posteriormente
revocado,
no
tiene a su favor una causa de acción en daños y perjuicios
contra la entidad gubernamental de que se trate.
En ese caso, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y
el Caribe celebró una subasta a la que comparecieron varias
entidades,
entre
ellas,
(Perfect
Cleaning)
y
Perfect
NBM
Cleaning
Enterprises.
Service,
La
Inc.
subasta
se
presentó
un
adjudicó a favor de esta última. Íd. pág. 142.
Tras
recurso
aduciendo
varios
de
trámites,
revisión
que
NBM
ante
Perfect
el
Enterprises
Cleaning
Tribunal
de
no
cumplido
había
Apelaciones,
con
el
pliego de especificaciones y que, por lo tanto, no se le
debió conceder la buena pro. El foro apelativo revocó la
adjudicación de la subasta por entender que, en efecto, NBM
Enterprises no cumplió con los requisitos aplicables. Íd.
En
vista
de
ello,
se
celebró
una
nueva
subasta
cuyo
resultado también fue revocado en la etapa de revisión. En
esa
segunda
expresamente
ocasión,
la
el
Tribunal
celebración
de
de
Apelaciones
una
nueva
ordenó
subasta.
Amparándose en el dictamen del foro apelativo que revocó la
CC-2019-0130
9
adjudicación
Cleaning
hecha
a
favor
de
NBM
Enterprises,
presentó
una
demanda
sobre
daños
y
Perfect
perjuicios
contra el Centro Cardiovascular y su Junta de Subastas.
Sostuvo que la subasta fue ilegalmente adjudicada a favor
de NBM Enterprises y que esa actuación le ocasionó daños,
ya que, a su entender, fue el postor más bajo que cumplió
con todas las exigencias. Íd.
En respuesta a la demanda, el Centro Cardiovascular
presentó una moción de desestimación. Adujo que la demanda
incoada
por
reclamación
Perfect
que
Cleaning
ameritara
la
dejaba
de
exponer
concesión
de
un
una
remedio.
Perfect Cleaning se opuso a la solicitud de desestimación,
utilizando
Const.,
como
S.E.
fundamento
v.
A.C.,
la
supra.
opinión
emitida
Argumentó
que
en
RBR
allí
se
reconoció una causa de acción en daños y perjuicios a favor
de los licitadores perjudicados por la adjudicación ilegal
de una subasta. Íd. págs. 142-43. Tras varios incidentes
procesales, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la
demanda. Íd. pág. 143.
En esa ocasión, aunque todavía existía la probabilidad
de
que
estimamos
Perfect
Cleaning
necesario
pudiera
explicar
resultar
que
la
favorecido,
imposición
de
responsabilidad a una agencia por “una mera adjudicación de
subasta
errónea,
extraordinarias
adoptada
en
como
RBR
en
ausencia
de
las
que
lugar
Const.,
S.E.
dieron
v.
A.C.,
circunstancias
a
la
norma
supra,
sería
contrario al interés público, al mejor manejo de los fondos
CC-2019-0130
del
erario
10
y
a
las
gubernamentales”.
pautas
Perfect
que
regulan
Cleaning
v.
las
subastas
Cardiovascular,
supra, pág. 148–49 (énfasis suplido). Sostuvimos que lo que
ocurrió
fue
una
adjudicación
errónea,
como
cuestión
de
derecho, pero esta no presentó “indicios de arbitrariedad o
abuso de derecho”. Íd. pág. 147. Explicamos que el foro
apelativo hizo una interpretación equivocada de la opinión
emitida en RBR Const., S.E. v. A.C., supra, al obviar que
la
norma
contexto
que
de
se
la
estableció
anulación
en
ese
abusiva
caso
y
“surgió
arbitraria
en
de
el
una
subasta válidamente celebrada y no de una mera adjudicación
errónea”. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra, pág.
147.
Añadimos
precedente
que
resolver
peligroso,
en
lo
contrario
presentaría
cuanto
apoya
disponibilidad
la
un
automática de una causa de acción en daños y perjuicios a
favor
de
todo
licitador
perdidoso
en
una
subasta
cuya
adjudicación fuera posteriormente revocada. Íd. pág. 148.
Es
decir
“[n]o
podemos
perder
de
vista
que
con
cierta
frecuencia los resultados de las subastas son revisados y
alterados por [los tribunales], sin que eso haya generado
nunca una causa de acción a favor de los licitadores que
inicialmente no fueron favorecidos”. Íd.
Como
vemos,
el
efecto
que
tuvo
esta
decisión
fue
descartar que existan consecuencias colaterales en estos
casos,
a
no
ser
que
se
trate
de
una
circunstancia
extraordinaria como la que ocurrió en RBR Cons., S.E. v.
A.C., supra. No cabe duda de que el caso que tenemos ante
CC-2019-0130
nuestra
11
consideración
extraordinaria.
no
Según
presenta
nuestro
esa
circunstancia
precedente
en
Perfect
Cleaning v. Cardiovascular, supra, la adjudicación errónea
de una subasta no ofrece remedio al licitador perdidoso.
Siendo
así,
en
estos
casos
no
existen
consecuencias
ulteriores que dependen de la adjudicación del caso en sus
méritos.
En este caso, AFI sostiene que la obra se completó por
lo que el remedio solicitado por la parte peticionaria, es
decir, que se le adjudique la subasta, es contrario a la
política pública del Gobierno e imposible de hacer cumplir.
Por otra parte, Super Asphalt apoyó su causa de acción en
lo resuelto por este Tribunal en R.B.R. Const., S.E. y.
A.C., supra, pues considera que la controversia medular en
este
caso
es
si
AFI
abusó
de
su
discreción
o
actuó
arbitrariamente al adjudicar la subasta a A&M Group. Como
expliqué,
la
situación
del
caso
de
autos
es
totalmente
distinguible a la que se presentó en R.B.R. Const., S.E. y.
A.C, supra, y por lo tanto no aplica a los hechos de este
caso. En R.B.R. Const., S.E. y. A.C., supra, la entidad
gubernamental anuló una subasta sin exponer justificación
alguna, de forma arbitraria e insuficiente. Esa anulación
representó
plagado
un
de
abuso
del
derecho
irregularidades.
y
un
Perfect
acto
arbitrario
Cleaning
v.
Cardiovascular, supra, pág. 145. Esos no son los hechos en
este caso.
CC-2019-0130
12
A simple vista, sin necesidad de entrar a los aspectos
sustantivos de la controversia, vemos que la actuación de
AFI
no
presenta
indicios
de
arbitrariedad
o
abuso
de
derecho. Si algo, se trataría de una adjudicación errónea
como cuestión de derecho, asunto por el cual no se reconoce
una causa de acción en nuestro ordenamiento legal.
Por lo tanto, independientemente de los méritos de la
controversia,
alguno,
y
Super
por
Asphalt
no
consiguiente
tendrá
nuestra
derecho
a
remedio
Sentencia
no
tendrá
consecuencia práctica alguna. En conclusión, el asunto no
es uno que de repetirse sea de una naturaleza tal que evada
su revisión ni subsisten consecuencias colaterales. Por lo
tanto, es académico.
III
Por
estas
razones,
disiento
respetuosamente
decisión del Tribunal.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
de
la