Tribunal Supremo de Puerto Rico
McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, et al [II]
2021 TSPR 33
Poder Judicial de Puerto Rico
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McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, et al [II]
CC-2018-502
Derecho Procesal Civil- Los borradores del informe pericial de un perito testigo así como las comunicaciones habidas entre éste y el abogado de la parte que lo contrata con relación a tales informes, no están protegidas por la doctrina del work product. Esos documentos y comunicaciones están sujetas al descubrimiento de prueba amplio y liberal que rige en nuestro ordenamiento jurídico.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
McNeil Healthcare, LLC
Recurrida
v.
Certiorari
2021 TSPR 33
206 DPR ____
Municipio de Las Piedras, et al. [II]
Número del Caso:
CC-2018-502
Fecha: 15 de marzo de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Humacao
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Eduardo H. Martínez Echevarría
Lcda. Lourdes C. Morera Ledón
Lcdo. Miguel Eliza Rivera
Abogados de la parte recurrida:
Lcdo. Juan A. Marqués Díaz
Lcdo. Rubén Muñiz Bonilla
Lcda. Yahaira De la Rosa Algarín
Materia: Derecho Procesal Civil- Los borradores del informe pericial
de un perito testigo así como las comunicaciones habidas entre éste y
el abogado de la parte que lo contrata con relación a tales informes,
no están protegidas por la doctrina del work product.
Esos
documentos y comunicaciones están sujetas al descubrimiento de prueba
amplio y liberal que rige en nuestro ordenamiento jurídico.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
McNeil Healthcare, LLC
Recurrida
v.
CC-2018-502
Municipio
Piedras,
et al. [II]
de
Certiorari
Las
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR
FELIBERTI CINTRÓN.
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2021.
El
presente
caso
nos
provee
la
oportunidad
para
determinar si los borradores de un perito testigo así como
las comunicaciones entre éste y el abogado de la parte que
lo contrata están protegidas bajo la doctrina del producto
del trabajo del abogado (work product).
Adelantamos que,
ante la ausencia de una protección estatutaria expresa a
este
tipo
de
materiales
y
comunicaciones,
ambas
están
sujetas al descubrimiento de prueba amplio y liberal que
impera en nuestro ordenamiento jurídico.
I.
Veamos.
Tracto fáctico y procesal
El 28 de julio de 2016, McNeil Healthcare, LLC (McNeil
o recurrida) presentó una demanda contra el Municipio de
Las Piedras (Municipio), su Alcalde, el Hon. Miguel A.
López Rivera (Alcalde), y la Sra. Cathy Negrón Hernández
(señora Negrón Hernández)1 (en conjunto, peticionarios),
1
Tanto el Alcalde, el Hon. Miguel A. López Rivera, como
Sra. Cathy Negrón Hernández, comparecen en su carácter oficial.
la
CC-2018-502
2
por medio de la cual impugnó el cobro de unas deficiencias
de pago de patentes municipales que le fueron notificadas
el 29 de junio de 2016.2
Luego
de
ciertos
trámites
procesales,
el
Municipio
cursó a McNeil un Primer interrogatorio y requerimiento
para
la
producción
documentos.3
de
Como
parte
de
su
contestación al mismo, McNeil identificó como perito al
CPA Kenneth Rivera Robles (CPA Rivera Robles), e indicó
que
éste
le
asistió
en
la
contestaciones del interrogatorio.
preparación
de
las
Indicó también que se
le contrató para emitir “su opinión sobre el tratamiento
económico,
contable
reembolsables
que
y
fueron
tributario
objeto
de
de
las
los
gastos
notificaciones
finales de deficiencias que se impugnan en este caso”.4
Así las cosas, McNeil le remitió al Municipio copia
del
informe
pericial
del
posteriormente depusieron.6
CPA
Rivera
Robles,5
a
quien
Como parte de esta deposición
surgieron los siguientes intercambios:
.
2
.
.
.
.
.
.
.
Véase Demanda, Apéndice del certiorari, págs. 60-150.
3
Véase Primer interrogatorio y requerimiento para la producción de
documentos, Apéndice del certiorari, págs. 162-178.
4
Véase Contestaciones y/u objeciones
requerimiento
para
la
producción de
certiorari, págs. 185-186.
a primer interrogatorio y
documentos,
Apéndice
del
5
Véase Informe pericial sobre tratamiento económico, contable, y
tributario de los gastos reembolsables, Apéndice del certiorari, págs.
579-600.
6
Véase
Deposición
de
certiorari, págs. 308-578.
Kenneth
Rivera
Robles,
Apéndice
del
CC-2018-502
3
P. Okey. Mire, Kenneth, le pregunto en relación
a la encomienda que se le ha dado en este caso.
¿Cuál fue la encomienda que se le dio a usted
en este caso?
R. A nosotros lo que nos piden es que opinemos
en cuanto al tratamiento contributivo de un
pago que está recibiendo una empresa en el
contexto
de
contribución
sobre
patente
municipa1 y si el pago iba a estar sujeto a ese
pago o no iba a estar sujeto a ese pago en
nuestra opinión.
P. ¿En su opinión?
R. Um-jum.
P. ¿Si ese pago iba a estar sujeto al pago de
patente municipal conforme a la [L]ey de
[P]atentes [M]unicipales?
R. Sí.
P. O sea, ¿su opinión
análisis jurídico?
y
su
análisis
es
un
R. No necesariamente jurídico porque ya la
cuestión
jurídica,
pues,
los
compañeros
abogados están radicando la demanda y ya la
tenían cubierta. Así, pues, es una cuestión ya
más de enfoque de la contribución, de la
política de la contribución, qué se pretende y
qué se quiere hacer con esa.
P. No entendí, si me explica.
R. Básicamente -P. ¿Usted determinó si ese pago debía estar
sujeto a contribución patente?
R. Sí. O sea, que si eso fue parte del análisis
es lo que me está preguntando.
P. Sí.
R. Sí, eso fue parte de mi análisis.
P. ¿Y su conclusión está basada en eso?
R. Ajá.
P. ¿Usted hizo ese análisis en función de la
[L]ey de [P]atentes [M]unicipales?
CC-2018-502
R.
Miramos
[M]unicipales.
4
la
[L]ey
de
[P]atentes
P. Usted dice que le pidieron. ¿Quién le pidió
a usted que llevara a cabo ese análisis?
R. El licenciado Rubén Muñiz es el primero que
nos contacta. Después nos reunimos con el
[Lcdo.] Juan Marqués también.
P.
¿Cuándo
contactaron?
fue
la
primera
vez
que
lo
R. La primera vez que ellos me contactan, y le
estoy diciendo de memoria porque me acuerdo que
estaba fuera de Puerto Rico, fue en julio
de 2017. Me reúno con ellos un poco más tarde,
me imagino a finales de julio o a principios de
agosto de 2017.
P. ¿En aquella
discutieron?
ocasión
qué
fue
lo
que
LCDO. MARQUÉS: Objeción. Le vamos a instruir al
testigo que no conteste esa pregunta. El
contenido de las discusiones entre el abogado y
el perito está protegido, el "work-product" y
materiales de preparación de juicio. Así que
estamos instruyendo al testigo que no conteste
esa pregunta.
LCDO. MARTÍNEZ: Don Kenneth, si nos excusa un
rato porque vamos a tener una conversación con
la Honorable Juez sobre ese asunto.
EL DEPONENTE: Okey.
POR LA [sic] LCDO. MARTÍNEZ:
P. Pues, a usted se lo vamos a agradecer.
Déjeme hacerle una pregunta antes de que se
vaya, don Kenneth. ¿En la preparación de su
opinión usted tomó en consideración todas
aquellas cosas que discutió con sus abogados?
R. ¿Cómo que todas aquellas cosas que discutí
con los abogados?
P. ¿Las cosas que usted pudo haber discutido
con
sus
abogados
usted
las
tomó
en
consideración a la hora de hacer su análisis y
expedir su opinión?
CC-2018-502
5
R. No entiendo la pregunta. O sea, yo discuto
las cosas con ellos y ellos me dan los
documentos. Esas fueron las cosas que yo tomé
en consideración.
P. Okey. Muchas gracias.
.
.
.
.
.
.
.
.
P. […] ¿Y en ese proceso de preparar esta
opinión discutió usted sus hallazgos con los
abogados antes de llevar a cabo la firma de la
opinión?
R. No.
P. No se compartió con nadie. ¿Y en ese proceso
de preparar esta opinión discutió usted sus
hallazgos con los abogados antes de llevar a
cabo la redacción de la opinión?
R: Nosotros hicimos preliminarmente como
bosquejo que tendemos a trabajar. Esto
discute con ellos. Se hace la opinión y
discute con ellos cuando se prepara.
un
se
se
P. O sea que -R. Ya una vez preparada.
P. ¿Una vez preparada?
R. O sea, no fue que estuvimos comunicándonos
constantemente durante la redacción de la
misma.
P. ¿Y se les envía en borrador se les envía en
final?
R. Sí. Ellos tienen una versión en borrador.
P. ¿En borrador?
R. Se les envía en borrador, sí. Es la primera
vez que ellos ven el documento.
P. ¿En este caso recibió comentarios de ese
borrador?
R. Sí.
P. ¿Recibió comentarios del borrador?
CC-2018-502
6
R. Um-jum.
P. ¿Hizo algunos cambios a su opinión [a] base
a esos comentarios de los abogados?
R. Sí. Además del análisis que habíamos hecho
basándonos en la ley y los parámetros que se
usaron, también hicimos unos análisis en cuanto
a los casos. Pues, ahí nos comentaron, "[m]ira,
cámbiate"
LCDO. MARQUÉS: Objeción. No entres al detalle
de la conversación y la comunicación entre
abogados y ustedes por los mismos fundamentos
que señalamos anteriormente.
LCDO. MARTÍNEZ: Vamos a dejar eso sobre la
mesa.
Don Kenneth, ¿hay alguna razón - bueno, no sé
si le pregunté. No sea condescendiente conmigo,
verdad, porque le estoy repitiendo la pregunta.
¿Pero hay alguna razón por la cual descartó el
análisis de jurisprudencia en su decisión, en
su opinión?
LCDO. MARQUÉS: Objeción a la forma de la
pregunta. En la medida en que la contestación
no involucre conversaciones con abogados, puede
contestar.
EL DEPONENTE: Pues, no puedo contestarla.
LCDO. MARTÍNEZ: No me tiene que contestar. Ya
sé la contestación.
(Negrillas y subrayado
7
añadido).
Así las cosas, el 15 de diciembre de 2017 el Municipio
presentó
una
Solicitud
de
interrogatorios
objetados
so
orden
pena
para
de
compeler
exclusión
de
testimonio pericial, donde alegó tener pleno derecho a que
se
le
entregara
considerada
7
para
toda
la
la
información
preparación
del
y
documentación
informe
pericial.
Íd., pág. 348 (líneas 17-25); pág. 349 (líneas 1-25); pág. 350
(líneas 1-25); pág. 351 (líneas 1-25); pág. 358 (líneas 22-25); pág.
359 (líneas 1-25); pág. 360 (líneas 1-11); pág. 569 (líneas 10-24).
CC-2018-502
Esto
debía
7
incluir
el
work
product
compartido
por
los
abogados de McNeil con el perito testigo, ya fuera a modo
de comentarios a borradores, opiniones, instrucciones o
cualquier
otra
comunicación.
El
Municipio
cimentó
su
solicitud en el texto de la Regla 23.1 de Procedimiento
Civil de 2009, infra, y lo expresado en S.L.G. Font Bardón
v. Mini-Warehouse, infra.
entregarse
dicha
informe como
Solicitó también que, de no
información,
se
excluyera
del testimonio pericial.
tanto
Indicó,
del
además,
haber agotado los remedios provistos por la Regla 34.2 de
Procedimiento
Civil
de
2009,
infra,
las
Reglas
de
Evidencia de 2009, infra, y por este Tribunal en S.L.G.
Font Bardón v. Mini-Warehouse, infra.8
El 3 de enero de 2018 McNeil presentó una Oposición a
‘Solicitud
de
orden
para
compeler
interrogatorios objetados …’.9
contestaciones
a
En ésta, ripostó que el
Municipio pretendía ganar acceso a través del perito al
work
product
de
los
información
preparada
anticipación
al
abogados
y
juicio,
de
obtenida
los
McNeil
por
borradores
el
en
cuanto
a
perito
con
redactados
por
éste, y las comunicaciones entre el perito y los abogados
de la recurrida.
Expresó que la doctrina del work product
8
Véase Solicitud de orden para compeler interrogatorios objetados
so pena de exclusión de testimonio pericial, Apéndice del certiorari,
págs. 271-279.
9
Véase
Oposición
a
‘Solicitud
de
orden
para
compeler
contestaciones
a
interrogatorios
objetados
…’,
Apéndice
del
certiorari, págs. 280-287.
CC-2018-502
8
o lo resuelto por este Tribunal en S.L.G. Font Bardón v.
Mini-Warehouse, infra, no avalaban dicho proceder.
El 11 de enero de 2018, el Municipio
presentó una
Réplica a oposición a solicitud de orden para compeler
contestaciones
a
interrogatorios
objetados
exclusión del testimonio pericial.
so
pena
de
En ésta reiteró que la
Regla 23.1(c) de Procedimiento Civil de 2009, infra, no se
enmendó para asemejarse a la Regla 26 de Procedimiento
Civil
Federal,
descubrimiento
periciales.
infra,
de
a
los
fines
de
prueba
los
borradores
excluir
de
del
informes
De igual modo, indicó que los abogados de
McNeil decidieron compartir con el perito el work product
correspondiente para que éste lo considerase como parte de
su informe y rindiese una opinión al Tribunal.
De esta
forma, señaló que dicha información era esencial para que
el
Municipio
preparara
su
defensa
adecuadamente,
en
particular, el contrainterrogatorio a efectuarse al perito
y la impugnación de éste y su informe.
Así las cosas, tras examinar la deposición tomada al
CPA Rivera Robles, el 26 de enero de 2018 el Tribunal de
Primera Instancia emitió una Orden en la que declaró “No
ha lugar” lo solicitado por el Municipio.10
En desacuerdo, el 20 de febrero de 2018 el Municipio
presentó
10
un
recurso
de
certiorari
ante
el
Tribunal
Véase Orden emitida el 26 de enero de 2018,
HSCI201600701, Apéndice del certiorari, págs. 604-605.
Caso
de
Núm.
CC-2018-502
9
Apelaciones.
En
esencia,
solicitó
al
foro
apelativo
intermedio que interviniese y revocase la determinación
del foro primario, por considerar que este último había
abusado de su discreción “al no compeler a McNeil y/o su
perito-testigo a divulgar y producir toda la información e
instrucciones
cursadas
entre
el
perito-testigo
y
los
abogados de McNeil, incluyendo las notas y borradores del
informe que existan y/o los cambios que hizo el perito al
mismo”.11
Indicó, además, que la intervención del foro
apelativo intermedio procedía por varias razones, entre
las que destacó que se estaba
[…] ante un caso en el que el perito-testigo
reconoce que su único contacto y fuente de
información han sido los abogados de McNeil;
que con los abogados ha mantenido amplias
comunicaciones; que hizo cambios a su informe a
instancias de los abogados de McNeil; y que son
los abogados de McNeil los que se niegan a
permitir que el perito-testigo discuta y/o
divulgue sus comunicaciones y los cambios que
hizo a su informe reclamando privilegio de
"work product" […].12
El 5 de marzo de 2018 McNeil presentó su Memorando en
oposición a que se expida el auto de certiorari.13
Entre
otras cosas, indicó que el Municipio había tenido amplia
oportunidad para interrogar al perito y obtener la prueba
11
Véase
Certiorari,
certiorari, pág. 17.
12
13
Caso
Núm.
KLCE201800240,
Apéndice
del
Íd., pág. 10.
Véase Memorando en oposición a que se expida el auto de
certiorari, Caso Núm. KLCE201800240, Apéndice del certiorari, págs.
736-756.
CC-2018-502
pertinente;
10
que
los
borradores
y
las
comunicaciones
solicitadas estaban fuera del alcance del descubrimiento
de prueba; y que el foro primario actuó dentro de la
discreción que le confería el ordenamiento jurídico.
El
peticionario replicó el 13 de marzo de 2018, en esencia,
reiterando sus argumentos anteriores.14
El 20 de abril de 2018 el Tribunal de Apelaciones
emitió Sentencia.15
En la ponencia mayoritaria, el foro
apelativo intermedio confirmó el proceder del Tribunal de
Primera
Instancia.
Sintetiza
su
razonamiento
en
la
siguiente expresión:
.
.
.
.
.
.
.
.
Bajo nuestro ordenamiento procesal, en lo
referente a los peritos que testificarán en el
juicio,
la
Regla
23.1(c),
la
cual
es
equivalente, en parte, a la 26(b)(1) de las
Reglas de Procedimiento Civil Federal, exige
que la parte que propone al experto expresará
la materia sobre la cual la persona perita
declarará, así como un resumen de sus opiniones
y una breve expresión de las teorías, los
hechos o los argumentos que sostienen las
opiniones
del
perito.
Es
claro
que
la
información requerida bajo la Regla 23.1(c), es
descubrible y no está cobijada bajo la doctrina
del producto del trabajo.
Nuestras reglas no atienden directamente la
controversia en torno a si los borradores de
los informes periciales y las comunicaciones
entre abogado-perito son materia privilegiada y
por tanto, no sujeta a descubrimiento de
14
Véase Réplica a memorando en oposición a expedición del auto,
Apéndice del certiorari, págs. 757-765.
15
Véase Sentencia, Caso Núm. KLCE20180240, Apéndice del certiorari,
págs. 915-942.
CC-2018-502
11
prueba. Empero, las Reglas de Procedimiento
Civil Federal categóricamente establecen que la
información
solicitada
por
el
Municipio
constituye
“work
product”
y
que,
en
consecuencia, dicha parte no puede utilizar los
mecanismos de descubrimiento de prueba para
conseguir los borradores del informe pericial,
ni los intercambios entre los abogados de
McNeil y el perito Rivera Robles. Las Reglas
26(b)(4)(B) y 26(b)(4)(C) llenan un vacío en
nuestro ordenamiento y muy persuasivamente nos
arrojan luz para llegar a la determinación más
justa. Las mencionadas reglas crean un balance,
toda vez que le permiten a la parte adversa
tener
suficiente
información
para
contrainterrogar al perito y, a su vez,
protegen la zona de privacidad del abogado que
propone
al
perito,
de
manera
que
pueda
prepararse adecuadamente para el juicio sin
tener que incurrir en el excesivo gasto de
contratar a múltiples expertos.
Así pues, a la luz de la Regla 40 de
nuestro Reglamento, supra, concluimos que el
foro primario no erró al denegar la solicitud
del Municipio, toda vez que el proceso mental
del experto, el cual fue alimentado por la
experiencia
en
litigio
del abogado,
está
protegido y es producto del trabajo. Durante
ese proceso de colaboración entre abogado y
perito el representante legal compartió sus
impresiones mentales, conclusiones y teorías
legales
y,
por ende,
las
comunicaciones,
instrucciones y borradores de los informes no
son materia de descubrimiento de prueba.
.
.
.
.
(Escolios
omitidos,
16
añadidos).
.
.
negrillas
.
.
y
subrayado
La Sentencia del Tribunal de Apelaciones contó también
con un Voto disidente, el cual entendió que nuestra Regla
16
Íd., págs. 929-930.
CC-2018-502
12
23.1(c) de Procedimiento Civil de 2009, infra, no había
incorporado
década
las
atrás-
enmiendas
realizadas
la
26
a
Regla
de
-hacía
casi
Procedimiento
una
Civil
Federal, infra, por lo que el derecho vigente en Puerto
Rico no prohibía el descubrimiento de los borradores de
los
peritos
o
las
comunicaciones
relacionadas
habidas
entre el perito testigo y los abogados de McNeil.17
A su
vez, razonó que la protección de la doctrina del work
product
no
se
comunicaciones.
la
extendía
que
dichos
documentos
o
Por tanto, manifestó que hubiese revocado
determinación
Añadió
a
del
Tribunal
de
Primera
el
Tribunal
de
Apelaciones
siendo
Instancia.
un
foro
revisor intermedio le estaba vedado inmiscuirse “en la
gestión
legislativa,
facultad
que
le
ha
sido
delegada
constitucionalmente a nuestra Asamblea Legislativa”.18
Inconforme,
presentó
ante
el
23
de
mayo
de
2018
el
nos
el
recurso
de
certiorari
Municipio
que
hoy
atendemos.
Alegó como único error que el Tribunal de
Apelaciones
incidió
“al
resolver
que
bajo
nuestro
ordenamiento la información e instrucciones provistas a un
perito-testigo por los abogados, así como las notas del
perito-testigo
constituyen
y
los
materia
borradores
del
privilegiada
que
informe
no
está
pericial
sujeta
17
Íd., págs. 932-942. (Lebrón Nieves, J., Voto disidente).
18
Íd., pág. 942.
a
CC-2018-502
13
descubrimiento”.19
El 29 de junio de 2018 emitimos una
Resolución
que
en
solicitado.20
la
expedimos
el
auto
de
certiorari
Contando con la comparecencia de las partes,
estamos en posición de resolver.
II.
A.
Derecho aplicable
El proceso de descubrimiento de prueba
El descubrimiento de prueba es el mecanismo utilizado
por las partes para “obtener hechos, título, documentos u
otras cosas que están en poder del demandado o que son de
su exclusivo conocimiento y que son necesarias […] para
hacer valer sus derechos”. I. Rivera García, Diccionario
de Términos Jurídicos, 3ra ed. rev., San Juan, LexisNexis,
2000,
pág.
70.
Los
foros
primarios
gozan
de
amplia
discreción para regular el descubrimiento de prueba, por
lo que los foros apelativos no deben intervenir con dicha
discreción, salvo que medie prejuicio, parcialidad o error
manifiesto
en
sustantiva.
254-155
la
aplicación
de
una
norma
procesal
o
Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140,
(2000).
intervención
determinaciones
Este
criterio
los
foros
de
interlocutorias
primera instancia.
también
concierne
apelativos
de
los
a
con
tribunales
la
las
de
Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151
DPR 649, 664 (2000).
19
20
Véase Certiorari, recurso Núm. CC-2018-0502, pág. 8.
Véase Resolución del 29 de junio de 2018, recurso Núm. CC-20180502.
CC-2018-502
14
Ya desde Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 560
(1959) reconocimos lo valioso y necesario que resulta un
descubrimiento de prueba amplio y liberal.
Esto debido a
que, haciéndose buen uso de este mecanismo, se aceleran
los procedimientos, se propician las transacciones y se
evitan
también
las
sorpresas
celebración del juicio.
DPR 729, 743 (1956).
UBS
Financial
et
indeseables
durante
la
Lluch v. España Service Sta., 117
Véanse, además: Casasnovas et al. v.
al.,
198
DPR
1040,
1054-1055
(2017);
Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009).
De igual modo, el descubrimiento de prueba propende a “una
mayor
flexibilidad
y
cooperación
entre
las
partes”.
Vincenti v. Saldaña, 157 DPR 37, 54 (2002) (citado en
Casasnovas et al. v. UBS Financial et al., supra, pág.
1054).
Tal espíritu se mantuvo en la redacción de la
Reglas
de
Procedimiento
Civil
de
2009,
producto
del
Proyecto de las Reglas de Procedimiento Civil preparado
por
el
Comité
Procedimiento
Asesor
Civil,
Permanente
según
aprobado
posteriormente
enmendado
Véase
Aprobación Rs.
In
re
de
por
la
las
por
Asamblea
Proc.
Reglas
esta
Curia
de
y
Legislativa.
Civil, 176
DPR 673
(2009); Ley Núm. 220-2009, según enmendada, conocida como
Reglas
de
Procedimiento
Civil
de
2009,
infra.
Lo
anterior, según el trámite dispuesto en el Artículo V,
Sección 6, de la Constitución de Puerto Rico. Art. V, Sec.
6, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
Así, pues, el reconocimiento
de un descubrimiento de prueba amplio y liberal resulta
CC-2018-502
15
cónsono con el texto de nuestra actual Regla 23.1(a) de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la cual dispone:
Las partes podrán hacer descubrimiento de
prueba
sobre
cualquier
materia,
no
privilegiada, que sea pertinente al asunto en
controversia en el pleito pendiente, ya se
refiera a la reclamación o defensa de cualquier
otra parte, incluso la existencia, descripción,
naturaleza, custodia, condición y localización
de cualesquiera libros, información almacenada
electrónicamente, documento u otros objetos
tangibles y la identidad y dirección de
personas que conozcan hechos pertinentes.
No
constituirá objeción el que la información
solicitada no sea admisible en el juicio,
siempre que exista una probabilidad razonable
de
que
dicha
información
conduzca
al
descubrimiento de evidencia admisible. Íd.
Vemos
en
la
regla
anteriormente
transcrita
que
al
descubrimiento de prueba le son oponibles sólo dos (2)
limitaciones:
(1)
pertinencia
y
(2)
privilegio.
Ponce
Adv. Med. v. Santiago González et al., 197 DPR 891, 898899 (2017); Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 DPR
921, 925 (2014).21
Al referirnos a la pertinencia, debemos
interpretarla de manera amplia.
E.L.A. v. Casta, 162 DPR
1, 12 (2004); General Electric v. Concessionaires, Inc.,
118 DPR 32, 40 (1986).
Por tanto, hemos expresado que la
prueba
aquella
pertinente
es
que
produzca
o
pueda
producir, entre otras:
(a) prueba que sea admisible en el juicio; (b)
hechos
que
puedan
servir
para
descubrir
21
Véase también: Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158,
167-168 (2001); Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 104 DPR 895,
899
(1976);
J.A.
Echevarría
Vargas,
Procedimiento
Civil
Puertorriqueño, 1ra ed. rev., Colombia, [Ed. del autor], 2012, pág.
162.
CC-2018-502
16
evidencia admisible; (c) datos que puedan
facilitar el desarrollo del proceso; (d)
admisiones que puedan limitar las cuestiones
realmente litigiosas entre las partes; (e)
datos que puedan servir para impugnar la
credibilidad de los testigos; (f) hechos que
puedan usarse para contrainterrogar a los
testigos de la otra parte; (g) nombres de los
testigos que la parte interrogada espera
utilizar en el juicio. Sierra v. Tribunal, 81
DPR 554, 573 esc. 10 (1959). Véanse también:
E.L.A. v. Casta, supra, pág. 13; Alvarado v.
Alemañy, 157 DPR 672, 683 (2002) (citando a
García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323,
334 (2001)); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de
Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan,
Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, pág. 839.
De otra parte, en cuanto a la materia privilegiada se
refiere
-interpretando
la
antigua
Regla
23.1
de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III- precisamos que es
aquella que se encuentra dentro del alcance de alguno de
los privilegios reconocidos en las Reglas de Evidencia.
Ponce Adv. Med. v. Santiago González, supra, pág. 899.
Véanse también: E.L.A. v. Casta, supra, pág. 10; Rivera
Alejandro v. Algarín, 112 DPR 830, 833 (1982); Sierra v.
Tribunal Superior, supra, pág. 572.
El
caso
prestemos
ante
nuestra
particular
consideración
atención
a
la
requiere
materia
de
que
los
privilegios, específicamente, a aquel relacionado con la
doctrina del work product.
B. El work product y su relación con las Reglas de
Procedimiento Civil
1.
Puerto Rico
CC-2018-502
17
El work product “consiste de esa información que [el
abogado] ha reunido y las impresiones mentales, teorías
legales
y
estrategia
derivadas
de
que
él
entrevistas,
persigue
o
ha
declaraciones,
adoptado,
memorándums,
correspondencia, resúmenes, investigaciones de hechos o de
derecho, creencias personales y otros medios tangibles e
intangibles”.
Casasnovas et al. v. UBS Financial et al.,
supra, pág. 1056 (citando a Ades v. Zalman, 115 DPR 514,
525 esc. 3 (1984)).22
Para apreciar el alcance del work
product en nuestro ordenamiento civil, resulta necesario
referirnos a la Regla 23.1(b) de dicho cuerpo de reglas,
la cual dicta, en lo pertinente, lo siguiente:
.
.
.
.
.
.
.
.
(b) Documentos, objetos y otra prueba obtenida
en preparación para el juicio.- Sujeto a las
disposiciones del inciso (c) de esta regla, una
parte podrá hacer descubrimiento de documentos
y objetos que, con anterioridad al pleito o
para el juicio, hayan sido preparados por o
para
otra
parte,
o
por
o
para
el(la)
representante de dicha parte, incluyendo a su
abogado o abogada, consultor(a), fiador(a),
asegurador(a) o agente. Estarán fuera del
alcance del descubrimiento las impresiones
mentales, conclusiones, opiniones o teorías
legales sobre el caso, del abogado o abogada o
de cualquier otro(a) representante de una
parte. Una parte podrá requerir de la otra una
lista de las personas testigos que la parte
solicitada intenta utilizar en el juicio, así
como un resumen breve de lo que se propone
declarar cada uno. Igualmente, cualquier parte
podrá requerir a cualquier otra que produzca
22
Nuestra Regla 505(A)(2) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, protege la
“información que es el producto del trabajo de una parte o de la
persona que es abogada, consultora, fiadora, aseguradora o agente de
dicha parte, preparada u obtenida en anticipación, o como parte, de
una investigación o procedimiento civil, administrativo o penal”.
Íd.
CC-2018-502
18
copia de todas las declaraciones de testigos en
poder de dicha parte. Asimismo, tanto las
partes como las personas testigos pueden
obtener copia de cualquier declaración prestada
por ellos anteriormente. Para los propósitos de
esta regla, una declaración prestada con
anterioridad
al
juicio
incluye
cualquier
declaración escrita, firmada o aprobada por la
persona que la prestó, o cualquier tipo de
grabación de una declaración o la transcripción
de la misma.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Énfasis
añadido).
Regla
23.1(b)
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
Al
nuestras
igual
que
en
Reglas
de
identificarse
dos
nuestro
esquema
probatorio,
Procedimiento
categorías
protegidas de manera distinta.
dentro
de
del
en
Civil
pueden
work
product,
Véase Pueblo v. Aguayo,
167 DPR 59, 75 (2006) (J. Fiol Matta, Op. concurrente).
La
primera
incluye
aquella
prueba
preparada
o
recolectada por el abogado o su agente en preparación o
anticipación de un litigio.
Íd., pág. 75.
estos
considerarán
documentos
“se
En
cuanto
preparados
a
en
anticipación del litigio si, a la luz de su naturaleza y
de los hechos particulares, puede decirse que el documento
ha sido redactado u obtenido en anticipación al pleito”.
Cuevas Segarra, op. cit., pág. 854 (haciendo referencia a
la Regla 505(A)(2) de las Reglas de Evidencia de 2009, 32
LPRA Ap. VI, y a Banks Mfg. Co. v. Presto Industries,
Inc., 709 F.2d 1109, 1118-1119 (1983)).
Para descubrir
esta prueba, se requiere que “se demuestre [una] necesidad
sustancial y un impedimento extraordinario que no permita
CC-2018-502
a
la
parte
19
contraria
descubrimiento
previo
conseguirl[a]
sin
juicio”.
Pueblo
al
recurrir
v.
al
Aguayo,
supra, pág. 75 (J. Fiol Matta, Op. concurrente).
La segunda, por su parte “recoge los procesos mentales
del
abogado
vertidos
estructuración
en
objetos
tangibles
de
prueba
estratégica
su
presentación durante el juicio”. Íd.
o
a
la
para
su
Véase también Ades
v. Zalman, 115 DPR 514, 525 esc. 3 (1984); S.L.G. FontBardón v. Mini-Warehouse, infra, pág. 340.
Éstos por lo
general son excluidos del descubrimiento de prueba siempre
que
no
se
demuestre
una
situación
de
carácter
extraordinario, que requiera una divulgación delimitada.
Pueblo v. Aguayo, supra, págs. 75-76 (J. Fiol Matta, Op.
concurrente). Véase también Ades v. Zalman, supra, pág.
524.
Por otra parte, indicamos que se considerará perito a
aquella
“persona
que,
a
través
de
la
educación
o
experiencia, ha desarrollado un conocimiento o destreza
sobre una materia de manera que puede formar una opinión
que sirva de ayuda al juzgador”.
S.L.G. Font-Bardón v.
Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 (2010) (citando a Black's
Law
Dictionary,
8va
2004, pág. 619).23
ed.,
Minnesota,
Ed.
Thomson
West,
Igualmente expresamos que aunque su
imparcialidad es considerada para sopesar la credibilidad
23
Véase San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 709
(1983) (citando a E. Font, La prueba de peritos en el proceso civil
español, Barcelona, Ed. Hispano Europea, 1974, págs. 1–2).
CC-2018-502
que
tiene
20
ante
calificarle
como
el
tribunal,
perito
el
no
es
una
condición
que
sea
imparcial.
para
S.L.G.
Font-Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 344 (haciendo
referencia a U.S. v. Williams, 81 F.3d 1434, 1441 (7mo
Cir. 1996)).
En
el
caso
particular
del
descubrimiento
de
prueba
relacionado con peritos, la Regla 23.1(c) de Procedimiento
Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V,
hace una diferenciación
entre la información descubrible con respecto a un perito
consultor y un perito testigo. A continuación, el texto de
la regla:
(c) Persona perita.prueba pericial podrá
sigue:
El descubrimiento de
llevarse a cabo como
(1)
Una
parte
podrá,
a
través
de
interrogatorios, requerir a cualquier otra
parte que suministre el nombre y la
dirección de las personas peritas que haya
consultado y de las que intente presentar
en el juicio. Respecto a estos últimos,
podrá requerirse a la parte que exprese la
materia sobre la cual la persona perita se
propone declarar, así como un resumen de
sus opiniones y una breve expresión de las
teorías, los hechos o los argumentos que
sostienen las opiniones. A solicitud de
parte,
el
tribunal
podrá
ordenar
el
descubrimiento
de
prueba
pericial
por
cualquier otro medio, sujeto a aquellas
condiciones
o
limitaciones
que
estime
razonables.
(2) Una parte podrá hacer uso de los
métodos de descubrimiento en relación a
hechos conocidos u opiniones de una persona
perita que ha sido contratada por otra
parte con anterioridad al pleito o en
preparación para el juicio y la cual no
habrá de ser llamada a testificar solamente
si
se
demuestra
circunstancias
excepcionales que hagan impráctico para la
CC-2018-502
21
parte
que
interese
el
descubrimiento
obtener hechos u opiniones sobre la misma
materia, por otros medios o en el caso que
dispone la Regla 32.2 de este apéndice.
.
.
.
.
.
.
.
(Énfasis
suplido).
Regla
Procedimiento Civil, supra.
.
23.1(c)
de
Del lenguaje anterior, vemos que la Regla 23.1(c) no
dispone
categóricamente
ninguna
protección
a
los
borradores de los peritos, ni de las comunicaciones que
tenga
éste
con
el
abogado
con
relación
al
informe
pericial.
Con relación al perito consultor, lo hemos definido
como aquel consultado por una parte, pero que no se espera
que sea llamado a testificar en el juicio.
Bardón
v.
Mini-Warehouse,
supra,
pág.
338
S.L.G. Font(citando
Black's Law Dictionary, supra, pág. 619).24
a
Acorde con
nuestra Regla 23.1(c)(2) de Procedimiento Civil, supra, a
este
perito
relación
a
podrá
solicitársele
hechos
conocidos
el
descubrimiento
u
opiniones
con
emitidas
“solamente si se demuestra[n] circunstancias excepcionales
que
hagan
impráctico
para
la
parte
que
interese
el
descubrimiento obtener hechos u opiniones sobre la misma
materia, por otros medios o en el caso que dispone la
Regla 32.2 de [Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap.
V.]”.
Íd.
Véase S.L.G. Font-Bardón v. Mini-Warehouse,
supra, págs. 339-340.
24
Nótese que el lenguaje de nuestra
Véase W.O. Alomar Jiménez & A. Vizcarrondo, Análisis de Término
Tribunal Supremo 2009-2010: Derecho Procesal Civil, 80 Rev. Jur. UPR
755, 774 (2011).
CC-2018-502
Regla
22
23.1(c)(2)
similar
a
lo
de
Procedimiento
dispuesto
en
la
Civil
Regla
resulta
ser
26(b)(4)(C)
de
Procedimiento Civil Federal, infra, la cual discutiremos
próximamente.
El perito testigo, por su parte, es aquel identificado
como
un
testigo
Warehouse,
potencial.
supra,
pág.
S.L.G.
338
Font-Bardón
(citando
Dictionary, supra, pág. 619).25
a
v.
Mini-
Black's
Law
A este perito, distinto
al contratado como consultor, se le puede requerir, entre
otras cosas, divulgar “la materia sobre la cual la persona
perita se propone declarar, así como un resumen de sus
opiniones y una breve expresión de las teorías, los hechos
o
los
argumentos
que
sostienen
las
opiniones”.
Regla
23.1(c)(1) de Procedimiento Civil, supra.
La
anterior
consultores
product.
pág. 340.
cuando
el
testigo.
University
distinción
ilustra
que
los
peritos
están
protegidos
por
la
doctrina
S.L.G.
Font-Bardón
v.
Mini-Warehouse,
del
work
supra,
Sin embargo, pierden la referida protección
perito
consultor
es
sentado
a
declarar
como
Íd., pág. 342 (haciendo referencia a Douglas v.
Hosp.,
150
FRD
165,
168
(ED
Mo.
1993)).
Conforme a lo anterior, podemos apreciar que los peritos
consultores gozan de ciertas protecciones no disponibles
para los peritos testigos. Íd., pág. 342. Véanse, además:
Cuevas
Segarra,
op.
cit.,
pág.
852;
C.E.
Díaz
Litigación Civil, Colombia, 2016, pág. 153.
25
Véase Alomar Jiménez & Vizcarrondo, supra, pág. 774.
Olivo,
Por tanto,
CC-2018-502
“la
23
información
[que
el
perito
testigo]
haya
ofrecido
estaría sujeta a ser revelada mediante los mecanismos del
descubrimiento de prueba”.
S.L.G. Font-Bardón v. Mini-
Warehouse, supra, pág. 342.
Véase también, Díaz Olivo,
op. cit., pág. 153.
Vemos entonces que en nuestro ordenamiento jurídico,
generalmente,
testigos
los
peritos
reciben
un
trato
descubrimiento de prueba.
Civil
de
2009,
consultores
supra,
y
los
distinto
peritos
durante
el
La Regla 23.1 de Procedimiento
reconoce
que
solicitarle
a
otra
que
provea
relacionada
a
sus
peritos
o
una
parte
cierta
puede
información
producida
por
éstos,
dependiendo de si se trata de un perito consultor o un
perito
testigo.
supra,
pág.
S.L.G.
339.
reconocimiento
Como
existe
en
Font-Bardón
v.
veremos
continuación,
la
a
Regla
26
Mini-Warehouse,
de
igual
Procedimiento
Civil Federal, infra.
Evaluado el texto y alcance de nuestra Regla 23 de
Procedimiento
Civil,
supra,
procedemos
a
examinar
el
desarrollo histórico y normativo de su homóloga, la Regla
26 de Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P. 26.
2. Jurisdicción Federal
El
work
product
es
dentro
del
common
law.
una
criatura
E.J.
de
la
Imwinkelried,
casuística
The
New
Wigmore: Evidentiary Privileges, sec. 1.3.11c, pág. 117
(3ra ed. 2016).
Incluso, en el 1946, según confiere el
procedimiento dispuesto en el Rules Enabling Act, 28 USCA
CC-2018-502
2071
et
propuso
24
seq.,
al
el
Comité
Tribunal
Asesor
Supremo
(Advisory
federal
una
Committee)
enmienda
para
incorporar el work product a la entonces vigente Regla 30
de
Procedimiento
Civil
Federal,
Fed.
R.
Civ.
P.
30
(enmendada
en
1970),
sin
éxito.26
Committee
for
Rules
of
Civil
Proposed
Amendments to Rules of Civil Procedure for the
Véase
Procedure,
Advisory
Report
of
District Courts of the United States, Washington, United States
Government
Printing
Office,
1946,
págs.
39-40,
en
https://www.uscourts.gov/sites/default/files/fr_import/CV0
6-1946.pdf (última visita 6 de noviembre de 2020).27
Sin
Comité
embargo,
al
año
Asesor
el
1946,
el
del
work
reconoció
la
en
doctrina
siguiente
Taylor, 329 US 495 (1947).28
de
la
Tribunal
product
propuesta
Supremo
en
del
federal
Hickman
v.
Allí resolvió que resultaba
26
El Rules Enabling Act, 28 USCA 2071 et seq., faculta, entre otros
asuntos, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a promulgar y
someter al Congreso de los Estados Unidos enmiendas a diversos cuerpos
de reglas de los tribunales federales.
Estas propuestas entrarán en
vigor a menos que el Congreso disponga otra cosa a tenor con lo
dispuesto en dicha ley. Íd.
Véanse Class v. US, 138 S.Ct. 798, 808
esc. 2 (2018); J.L. Rensberger, Of hats and robes: Judicial review of
nonadjudicative Article III functions, 53 U. Rich. L. Rev. 623, 645646 (2019).
27
Véase también: R.W. Kirst, Third option: Regulating discovery of
transaction work product without distorting the attorney-client
privilege, 31 Seton Hall L. Rev. 229, 237 (2000) (citado en E.J.
Imwinkelried, The New Wigmore: Evidentiary Privileges, sec 1.3.11c,
pág. 117 esc. 361).
28
Cabe destacar que dentro del ordenamiento federal el work product
se concibe como una doctrina más que como un privilegio. Véase Noble
v. US, 422 US 225, 238 esc. 11 (1975); S.S. Gensler & L.N. Mulligan, 1
Federal Rules of Civil Procedure, Rules and Commentary Rule 26, en
https://www.westlaw.com/Document/I8682be5bc15111ddb9c7909664ff7808/Vie
w/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0
&RS=cblt1.0;
E.J. Imwinkelried, The validity of the 2010 Rule of
Civil Procedure 26 amendment governing the waiver of work product
protection: Is the work product doctrine an evidentiary privilege, 37
U. Dayton L. Rev. 279 (2012). Véase también: E.J. Imwinkelried, The
CC-2018-502
25
indispensable proteger el producto de la investigación de
un abogado como preparación a un litigio, así como sus
impresiones
parte
de
mentales,
los
de
abogados
indagaciones
y
partes
innecesarias
adversas.
por
Hickman
v.
Taylor, supra, pág. 510.29
Las
Reglas
de
Procedimiento
Civil
Federal
fueron
enmendadas en el 1970 para -entre otros asuntos- aclarar
el
alcance
del
descubrimiento
de
los
materiales
preparación para un litigio en el ámbito federal.
de
F.T.C.
v. Grolier Inc., 462 US 19, 25 (1983); Rule 26, Advisory
Committee
Notes
(1970).
De
igual
manera,
según
se
desprende de las notas del Comité Asesor de entonces, la
enmienda
Civil
de
1970
Federal,
a
la
Regla
24(b)(4)
Fed.
R.
Civ.
P.
de
Procedimiento
24(b)(4),
buscaba:
(1)
rechazar la visión de algunos tribunales de conferir trato
privilegiado
hecho
a
la
información
de
ser
perito,
y
tribunales
de
incluir
esa
doctrina del work product.
Notes
(1970).
Cabe
(2)
del
la
experto
por
tendencia
información
el
de
dentro
solo
otros
de
la
Rule 26, Advisory Committee
destacar
que
lo
anterior
no
hace
alusión al work product del abogado, sino a la información
relacionada al perito, así como producida o utilizada por
éste.
____________________________________________________________
New Wigmore: Evidentiary Privileges, sec. 1.3.11, pág. 112 (3ra ed.
2016).
29
El texto original al que hacemos referencia lee: “[…] In
performing his various duties, however, it is essential that a lawyer
work with a certain degree of privacy, free from unnecessary intrusion
by opposing parties and their counsel”.
Hickman v. Taylor, 329 US
495, 510 (1947).
CC-2018-502
26
Posteriormente, el Tribunal Supremo federal resolvió
el caso US v. Nobles, 422 US 225 (1975) en el contexto de
un litigio criminal, donde reconoció que los materiales de
una investigación, realizados en preparación a un juicio,
podían estar cobijados bajo la doctrina del work product.
Sin embargo negó extender la protección de esa doctrina a
un investigador anunciado como testigo.
Esto, tras el
Tribunal Supremo federal entender que el acusado renunció
a la protección de la doctrina del work product sobre los
asuntos cubiertos por el testimonio del investigador, al
anunciarle
como
testigo.
Así
quedó
plasmado
en
la
Opinión:
The privilege derived from the work-product
doctrine is not absolute. Like other qualified
privileges, it may be waived. Here respondent
sought
to
adduce
the
testimony
of
the
investigator and contrast his recollection of
the contested statements with that of the
prosecution's
witnesses.
Respondent,
by
electing to present the investigator as a
witness, waived the privilege with respect to
matters covered in his testimony.
Respondent
can no more advance the work-product doctrine
to sustain a unilateral testimonial use of
work-product materials than he could elect to
testify in his own behalf and thereafter assert
his Fifth Amendment privilege to resist crossexamination on matters reasonably related to
those brought out in direct examination.
[…](Escolios y citas omitidas).
Íd., págs.
239-240.
Luego, y cónsono con lo resuelto en
US v.
Nobles,
supra, se reiteró la norma en F.T.C. v. Grolier Inc.,
supra. En este último caso, el Tribunal Supremo federal
CC-2018-502
27
determinó que ciertos memorandos y cartas intra e inter
agenciales estaban excluidos del descubrimiento de prueba,
por
vía
de
la
excepción
reconocida
por
el
Freedom
of
Information Act, 5 USCA sec. 552(b)(5), en un pleito en
donde una corporación solicitaba el descubrimiento de unos
documentos de una investigación realizada en su contra por
el Federal Trade Commission.
la
redacción
del
Procedimiento
Civil
1970
Asimismo, hizo referencia a
de
Federal,
la
Fed.
Regla
26(b)(3)
R.
P.
Civ.
de
26(b)(3)
(enmendada en 1993), y recalcó que una lectura literal del
lenguaje del referido estatuto protegía a las partes de
tener
que
revelar
materiales
preparados
para
cualquier
litigación o juicio en tanto fuesen confeccionados para
ser
utilizados
en
un
litigio
Grolier, supra, pág. 25.30
descubrimiento
del
work
subsiguiente.
F.T.C.
v.
De igual modo, indicó que el
product
requería
demostrar
la
existencia de una necesidad real, así como la inexistencia
de otros medios menos onerosos para obtener la información
buscada.
Íd.
Subsiguientemente, en Upjohn Co. v. US, 449 US 383
(1984), el Tribunal Supremo federal declinó resolver de
manera definitiva si el work product del abogado gozaba de
una
protección
absoluta.
Íd.,
pág.
402.
Sin
embargo,
resaltó que la Regla 26 de Procedimiento Civil Federal,
30
El texto original al que hacemos referencia lee: “But the literal
language of the Rule protects materials prepared for any litigation or
trial as long as they were prepared by or for a party to the
subsequent litigation.” (Subrayado añadido y bastardillas omitidas).
F.T.C. v. Grolier Inc., supra, pág. 25.
CC-2018-502
28
Fed. R. Civ. P. 26 (enmendada en 1993) vigente entonces es decir, previo a las enmiendas de 1993- reconocía una
protección especial a los procesos mentales del abogado.
Upjohn Co. v. US, supra, pág. 400.
Asimismo, reiteró la
norma de Hickman v. Taylor, supra, con respecto a los
requisitos para descubrir el work product. Íd., págs. 400401.
Posteriormente,
Procedimiento
en
Civil
modificada
para
específico
al
el
Federal
proveer
1993,
la
vigente
desde
un
de
1970,31
fue
regulatorio
más
sus
borradores y el work product relacionado al mismo.
De
igual
de
se
buscaba
información
esencial.
Amendments
to
the
del
26
pericial,
modo
descubrimiento
marco
Regla
informe
facilitar
L.M.
Federal
el
descubrimiento
Keller,
Rules
of
The
December
Civil
1993
Procedure--A
Critical Analysis, 12 Touro L. Rev. 7, 76 (1995).
Véase
Rule
Comité
26,
Advisory
Committee
Notes
(1993).
El
Asesor expresó preocupación con la redacción vigente desde
el 1970 debido a, entre otros factores, la vaguedad y
superficialidad con la que algunos peritos contestaban los
interrogatorios,
lo
cual
incidía
sobre
una
adecuada
preparación para contrainterrogarlos o deponerlos. Véase
Rule 26, Advisory Committee Notes (1993).
De igual modo,
reconoció que la entonces propuesta Regla 26(a)(2)(B) de
Procedimiento
31
Civil
Federal
Regla 26 de Procedimiento
(enmendada en 1993).
de
1993,
Fed.
R.
Civil
Federal,
Fed.
R.
Civ.
Civ.
P.
P.
26
CC-2018-502
29
26(a)(2)(B) (enmendada en 2010) no impedía que el abogado
asistiese
a
algunos
expertos
en
la
preparación
del
informe, siempre que el escrito reflejase el testimonio
del
testigo
que
lo
suscribía.
Committee Notes (1993).32
exigencia
de
un
informe
Véase
Sin
era
Rule
26,
Advisory
embargo, explicó que la
para
revelar,
entre
otras
cosas, la información considerada por el testigo, así como
la base de la misma. Íd.
Razonó el Comité Asesor de
entonces que:
[…] [g]iven this obligation of disclosure,
litigants should no longer be able to argue
that materials furnished to their experts to be
32
El texto al que hacemos referencia lee como sigue:
.
.
.
.
.
.
.
.
Paragraph (2)(B) requires that persons retained or
specially employed to provide expert testimony, or
whose duties as an employee of the party regularly
involve the giving of expert testimony, must
prepare a detailed and complete written report,
stating the testimony the witness is expected to
present during direct examination, together with
the reasons therefor. The information disclosed
under the former rule in answering interrogatories
about the “substance” of expert testimony was
frequently so sketchy and vague that it rarely
dispensed with the need to depose the expert and
often was even of little help in preparing for a
deposition of the witness. Revised Rule 37(c)(1)
provides an incentive for full disclosure; namely,
that a party will not ordinarily be permitted to
use on direct examination any expert testimony not
so disclosed. Rule 26(a)(2)(B) does not preclude
counsel from providing assistance to experts in
preparing the reports, and indeed, with experts
such as automobile mechanics, this assistance may
be needed. Nevertheless, the report, which is
intended to set forth the substance of the direct
examination, should be written in a manner that
reflects the testimony to be given by the witness
and it must be signed by the witness.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rule 26, Advisory Committee Notes (1993).
Véanse
además: Regional Port Authority of Louisville v. LFG,
LLC, 460 F.3d 697 (6to Cir. 2006).
CC-2018-502
30
used in forming their opinions —whether or not
ultimately relied upon by the expert— are
privileged
or
otherwise
protected
from
disclosure when such persons are testifying or
being deposed.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Énfasis añadido). Rule 26, Advisory Committee
Notes (1993).
Véase, además: Regional Port
Authority of Louisville v. LFG, LLC, 460 F.3d
697 (6to Cir. 2006).
De
la
misma
forma,
la
Regla
26(b)(5)(A)
y
(B)
de
Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P. 26(b)(5)(A) y
(B) (enmendada en 2010), establecía una metodología para
solicitar que alguna información sujeta a descubrimiento
de prueba fuera puesta ante la consideración del Tribunal
para
determinar
si
ésta
estaba
protegida
por
algún
privilegio o doctrina. Véase Rule 26, Advisory Committee
Notes (1993).33
33
El texto leía:
.
.
.
.
(5)
Claiming
Privilege
Preparation Materials.
.
or
.
.
Protecting
.
Trial-
(A) Information Withheld. When a party withholds
information otherwise discoverable by claiming
that the information is privileged or subject to
protection as trial-preparation material, the
party must:
(i) expressly make the claim; and
(ii) describe the nature of the documents,
communications,
or
tangible
things
not
produced or disclosed— and do so in a manner
that, without revealing information itself
privileged or protected, will enable other
parties to assess the claim.
(B) Information Produced. If information produced
in discovery is subject to a claim of privilege
or of protection as trial-preparation material,
the party making the claim may notify any party
that received the information of the claim and
the basis for it. After being notified, a party
must promptly return, sequester, or destroy the
specified information and any copies it has; must
CC-2018-502
Tras
31
las
enmiendas
de
1993,
los
foros
apelativos
federales desarrollaron varias teorías para el manejo de
la Regla 26 de Procedimiento Civil Federal, supra, vigente
entonces.
Así pues, nos resulta de particular interés lo
resuelto por el Sexto Circuito del Tribunal de Apelaciones
Federal
en
Port
Authority
of
Louisville
v.
LFG,
LLC,
supra.
En ese caso, dicho foro evaluó una controversia donde
se
buscaba
pericial,
descubrir
Regional
solicitar
que
de
se
entre
informe
Esto,
(Autoridad)
comunicaciones
un
testigo y los abogados de la parte que lo contrató.
Autoridad
las
de
perito
la
como
borradores
un
tras
así
los
Puertos
dejara
de
sin
Louisville
efecto
cierta
orden para descubrir documentos que le fueron entregados a
sus peritos testigos.
Ello, bajo el fundamento de que
contenían
trabajo
producto
de
de
los
abogados
de
la
Tribunal
de
Autoridad. Íd., pág. 713.
En
su
Apelaciones
análisis,
Federal
el
Sexto
Circuito
identificó
vertientes de la norma.
la
del
existencia
de
dos
La primera, conocida como Haworth
Line cases, sostenía que el work product del abogado no
era
descubrible
sólo
por
el
hecho
de
que
haya
____________________________________________________________
not use or disclose the information until the
claim is resolved; must take reasonable steps to
retrieve the information if the party disclosed
it before being notified; and may promptly
present the information to the court under seal
for a determination of the claim. The producing
party must preserve the information until the
claim is resolved. Regla 26(b)(5)(A) y (B) de
Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P.
26(b)(5)(A) y (B) (enmendada en 2010).
sido
CC-2018-502
32
Íd., pág. 714.34
compartido con un perito testigo.
vertiente
planteaba,
reconocer
la
según
Esta
algunos
foros,
que
para
de
doctrina
del
work
inaplicabilidad
la
product debía existir un lenguaje claro y no ambiguo. Íd.
(citando a Haworth, Inc. v. Herman Miller, Inc., 162 FRD
289, 292-296 (W.D. Mich. 1995)).
La
segunda
vertiente,
adoptada
por,
entre
otros
tribunales, el Sexto Circuito del Tribunal de Apelaciones
Federal, sostenía que toda la información provista a los
peritos
testigos,
incluyendo
la
opinión
producto
del
trabajo del abogado, no estaba protegida. Regional Port
Authority of Louisville v. LFG, LLC, supra, pág. 714.35
Esta última se fundamentaba principalmente en las notas
del Comité Asesor. Íd.
El Sexto Circuito del Tribunal de
Apelaciones Federal razonó que ni el texto de la regla
entonces vigente, ni las notas del Comité Asesor creaban
distinciones
con
respecto
al
alcance
de
la
palabra
34
Para ilustrar esta postura, el Sexto Circuito del Tribunal de
Apelaciones Federal cita a:
Toledo Edison Co. v. G A Techs., Inc.,
847 F.2d 335, 339–341 (6to Cir. 1988); Bogosian v. Gulf Oil Corp., 738
F.2d 587, 595 (3d Cir. 1984); Haworth, Inc. v. Herman Miller, Inc.,
162 FRD 289, 292-296 (W.D. Mich. 1995); Smith v. Transducer Tech.,
Inc., 197 FRD 260, 261-262 (D.Vi. 2000); Krisa v. Equitable Life
Assurance Soc’y, 196 FRD 254, 259-261 (M.D.Pa. 2000); Estate of Moore
v. R.J. Reynolds Tobacco Co., 194 FRD 659, 663-664 (S.D. Iowa 2000).
Véase también In re Cendant Corp. Securities Litigation, 343 F.3d 658,
663-665 (3er Cir. 2003)(Garth, J., Op. concurrente); Gensler &
Mulligan, supra; E.S. Epstein & M.M. Martin, The attorney-client
privilege and the work-product doctrine, 2da ed., Estados Unidos,
American Bar Association, 1989, págs. 162-164.
35
Para ilustrar esta postura, el Sexto Circuito del Tribunal de
Apelaciones Federal cita a:
In re Pioneer Hi–Bred Int'l, Inc., 238
F.3d 1370, 1375 (Cir. Fed. 2001); Karn v. Ingersoll-Rand, 168 FRD 633,
637–641 (N.D. Ind. 1996); Gall v. Jamison (In re Gall), 44 P.3d 233,
238–239 (Colo. 2002); Fid. Nat'l Title Ins. Co. of N.Y. v. Intercounty
Nat'l Title Ins. Co., 412 F.3d 745, 751 (7th Cir. 2005). Véase además
Douglas v. University Hosp., 150 FRD 165, 167-168 (E.D. Miss., Eastern
Div. 1993).
CC-2018-502
33
“materiales” en este contexto, por lo que debía entender
que
esa
distinción
no
se
pretendía.
En
particular,
expresó que:
.
.
.
.
.
.
.
.
It is unclear from the text alone the extent of
the
required
disclosure.
The
Advisory
Committee Notes are equally ambiguous: “Given
this obligation of disclosure, litigants should
no longer be able to argue that materials
furnished to their experts ... are privileged
or otherwise protected from disclosure when
such persons are testifying or being deposed.”
Since neither the text of the Rule nor the
Advisory Committee Notes places any qualifier
as
to
the
extent
of
the
“information,”
Fed.R.Civ.P.
26(a)(2)(B),
or
“materials,”
Fed.R.Civ.P. 26, advisory committee note, 1993
amendments, given to testifying experts, we
must conclude that none was intended. Thus, we
read Rule 26(a)(2) as requiring disclosure of
all information provided to testifying experts.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Bastardillas en el original).
Íd., pág. 716.
Tras este análisis, el Sexto Circuito del Tribunal de
Apelaciones
brindada
al
Federal
decidió
que
perito
testigo
debía
entregada a las demás partes.
Posteriormente,
la
Regla
toda
la
ser
información
descubierta
y
Íd., págs. 716-717.
26
de
Procedimiento
Civil
Federal vigente desde 1993,36 fue nuevamente enmendada en
el 2010.
El cambio más relevante a nuestra controversia
corresponde a la Regla 26(b)(4)(B) y (C), la cual en la
actualidad lee:
.
.
.
Regla 26 de Procedimiento
(enmendada en 2010).
Civil
36
.
.
.
.
Federal,
.
Fed.
R.
Civ.
P.
26
CC-2018-502
34
(B) Trial-Preparation Protection for Draft
Reports or Disclosures.
Rules 26(b)(3)(A) and
(B) protect drafts of any report or disclosure
required under Rule 26(a)(2), regardless of the
form in which the draft is recorded.
(C) Trial-Preparation
Protection
for
Communications Between a Party’s Attorney and
Expert Witnesses. Rules 26(b)(3)(A) and (B)
protect communications between the party’s
attorney and any witness required to provide a
report under Rule 26(a)(2)(B), regardless of
the form of the communications, except to the
extent that the communications:
(i)
relate
to
compensation
expert’s study or testimony;
for
the
(ii) identify facts or data that the
party’s attorney provided and that the
expert considered in forming the opinions
to be expressed; or
(iii)
identify
assumptions
that
the
party’s attorney provided and that the
expert relied on in forming the opinions
to be expressed.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Negrillas añadidas).
Regla 26(b)(4)(B) y (C)
de Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P.
26(b)(4)(B) y (C).
En los comentarios a la precitada regla, el Comité
Asesor indicó, en síntesis, que la enmienda buscaba evitar
el descubrimiento de los borradores del informe pericial,
así como las teorías e impresiones mentales del abogado.
Más en detalle, el Comité Asesor expresó:
Rule 26. Rules 26(a)(2) and (b)(4) are
amended to address concerns about expert
discovery. The amendments to Rule 26(a)(2)
require disclosure regarding expected expert
testimony of those expert witnesses not
required to provide expert reports and limit
the expert report to facts or data (rather
than “data or other information,” as in the
current rule) considered by the witness.
Rule 26(b)(4) is amended to provide workproduct
protection
against
discovery
regarding
draft
expert
disclosures
or
CC-2018-502
reports and — with three specific exceptions
— communications between expert witnesses
and counsel.
In 1993, Rule 26(b)(4)(A) was revised to
authorize
expert
depositions
and
Rule
26(a)(2) was added to provide disclosure,
including — for many experts — an extensive
report. Many courts read the disclosure
provision to authorize discovery of all
communications between counsel and expert
witnesses
and
all
draft
reports.
The
Committee has been told repeatedly that
routine
discovery
into
attorney-expert
communications and draft reports has had
undesirable
effects.
Costs
have
risen.
Attorneys may employ two sets of experts —
one for purposes of consultation and another
to testify at trial — because disclosure of
their collaborative interactions with expert
consultants
would
reveal
their
most
sensitive and confidential case analyses. At
the
same
time,
attorneys
often
feel
compelled to adopt a guarded attitude toward
their interaction with testifying experts
that impedes effective communication, and
experts
adopt
strategies
that
protect
against discovery but also interfere with
their work.
Subdivision (a)(2)(B). Rule 26(a)(2)(B)(ii)
is
amended
to
provide
that
disclosure
include all “facts or data considered by the
witness in forming” the opinions to be
offered, rather than the “data or other
information” disclosure prescribed in 1993.
This amendment is intended to alter the
outcome in cases that have relied on the
1993 formulation in requiring disclosure of
all attorney-expert communications and draft
reports. The amendments to Rule 26(b)(4)
make this change explicit by providing workproduct
protection
against
discovery
regarding draft reports and disclosures or
attorney-expert communications.
The refocus of disclosure on “facts or data”
is meant to limit disclosure to material of
a factual nature by excluding theories or
mental impressions of counsel. At the same
time, the intention is that “facts or data”
be interpreted broadly to require disclosure
of any material considered by the expert,
35
CC-2018-502
36
from whatever source, that contains factual
ingredients.
The
disclosure
obligation
extends to any facts or data “considered” by
the expert in forming the opinions to be
expressed, not only those relied upon by the
expert.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Subrayado y negrillas añadidas).
Advisory Committee Notes (2010).
Rule 26,
Como vemos, ahora la regla contiene una disposición
expresa prohibiendo el descubrimiento de los borradores
preparados
por
los
peritos
testigos
y
el
work
product
derivado de las comunicaciones de éstos con los abogados
de la parte que los contrató.
Reglas 26(c)(4)(B) y (C) de
Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P. 26(c)(4)(B) y
(C).
Dicha
enmienda,
incorporada
en
el
2010,
buscaba
evitar que las partes obtuvieran acceso a comunicaciones
entre el perito testigo y el abogado, así como borradores
anteriores
de
los
informes,
ante
la
ausencia
de
una
expresión categórica prohibiéndolo bajo el lenguaje de la
regla
previamente
en
vigor.
Republic
of
Ecuador
v.
Hinchee, 741 F.3d 1185, 1194 (11vo Cir. 2013) (haciendo
referencia a Rule 26, Advisory Committee Notes (2010)).
De
este
modo
se
buscó
expresamente
proteger
las
comunicaciones entre los peritos testigos y abogados, así
como
reducir
los
costos
del
litigio,
evitando
que
las
partes tuviesen que incurrir en la contratación de dos
grupos de peritos.
37
Íd.37
Cabe mencionar la comparación que hace el tratadista Cuevas
Segarra entre la Regla 26 de Procedimiento Civil Federal, luego de las
CC-2018-502
37
Esbozado el marco normativo puertorriqueño pertinente
y, tras ilustrarnos con el tracto legislativo ocurrido a
nivel federal, resolvemos.
III.
Análisis y disposición del caso
La presente controversia surge
una
deposición
tomada
por
el
como consecuencia
Municipio
al
CPA
de
Rivera
____________________________________________________________
enmiendas de 2010, y nuestra Regla 23 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
En la jurisdicción federal, las enmiendas a la Regla
26 de 2010, extendieron la protección del producto de
trabajo del abogado a los borradores de los informes
de los peritos retenidos para testificar, y a
borradores
de
informes
de
aquellos
peritos
no
retenidos para testificar. Regla 26 (a) (2) (C). Con
tres específicas excepciones, las comunicaciones con
los peritos contratados al amparo de la Regla 26 (a)
(2) (B), están protegidas independientemente de su
forma, así como las preparadas para suplementar un
informe previo. Por vía de excepción, y a tenor con
la Regla 26 (b) (3) (A) (ii), los borradores del
informe pericial pueden ser descubiertos si la parte
establece: (1) que tiene una necesidad substancial de
los materiales para preparar su caso; (2) y ésta no
puede obtener sin opresión indebida, unos materiales
equivalentes
de
cualquier
otra
manera;
(3)
la
protección no se extiende al descubrimiento de
opiniones a ser ofrecidas por el experto o al
descubrimiento del desarrollo y las bases de sus
opiniones.
O’Connor’s, Federal Rules: Civil Trials,
2011, págs. 481-482. Tampoco a las comunicaciones
relacionadas con su compensación; así como aquellos
hechos o data provistos por el abogado que el perito
consideró al formar su opinión y las asunciones o
presupuestos provistos al abogado sin prueba que el
experto descansara al formular su opinión. (Énfasis
añadido).
J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho
Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Ediciones JTS, T.
III, pág. 881
Asimismo, no observamos sugerencias para enmendar nuestra Regla
23 de Procedimiento Civil en esa dirección. Véase Comité Asesor
Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, Informe de Reglas de
Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y
Notarial, Tribunal Supremo de Puerto Rico, diciembre de 2007, págs.
262-276; Comité Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento
Civil, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la
Conferencia Judicial y Notarial, Tribunal Supremo de Puerto Rico,
febrero de 1996, págs. 92-101. (En ninguno de los informes se planteó
la necesidad de, ni se sugirió, proteger los borradores de los peritos
testigos, así como las comunicaciones habidas entre éstos y los
abogados de las partes en las enmiendas propuestas a la Regla 23).
CC-2018-502
Robles
38
quien,
testigo.
según
Tanto
quedó
los
establecido,
hechos
antes
es
un
esbozados
perito
como
los
documentos presentados por las partes así lo atestiguan.
Durante la deposición del CPA Rivera Robles, McNeil objetó
las preguntas efectuadas por el Municipio con relación a
la redacción y contenido del informe pericial, así como
los borradores de éste y las comunicaciones habidas entre
el perito y los abogados de McNeil respecto al informe
pericial
y
su
contenido.
Dicha
objeción
se
levantó
oportunamente luego de que el CPA Rivera Robles admitiera
que la representación legal de McNeil había comentado el
borrador
del
informe
realizaran cambios.
e,
incluso,
solicitado
que
se
le
Acto seguido, McNeil alegó que tanto
los borradores como las comunicaciones del perito testigo
con los abogados de la recurrida estaban cobijados por la
doctrina del work product.
El Tribunal de Primera Instancia avaló esa posición al
declarar
“No
Municipio.
ha
lugar”
Igual
su
descubrimiento
proceder
tuvo
el
y
entrega
al
Tribunal
de
Apelaciones, quien primeramente estableció que el informe
pericial
del
CPA
Rivera
Robles
se
alimentó
de
la
experiencia de litigio del abogado de McNeil, quien le
compartió sus impresiones mentales, conclusiones y teorías
legales.
Asimismo, el foro apelativo intermedio reconoció
que resultaba claro que la información requerida bajo la
Regla 23.1(c) de Procedimiento Civil de 2009, supra, era
descubrible y no estaba cobijada bajo la doctrina del work
CC-2018-502
product.
39
Sin embargo, en lugar de adherirse al texto de
nuestra Regla 23 de Procedimiento Civil de 2009, supra,
decidió incorporar por la vía judicial -por entenderlas
persuasivas y conducentes a un resultado más justo- las
disposiciones
contenidas
en
las
Reglas
26(b)(4)(B)
26(b)(4)(C) de Procedimiento Civil Federal, supra.
y
Como
ya establecimos, estas últimas contienen una prohibición
expresa
al
descubrimiento
informes
periciales
comunicaciones
e
del
de
los
perito
impresiones
borradores
testigo,
que
hayan
de
los
como
las
compartido
el
así
perito testigo y el abogado con relación a éstos.
Como
es
sabido,
en
nuestro
ordenamiento
jurídico
impera la política de que el descubrimiento de prueba se
efectuará
de
manera
amplia
y
impertinente o privilegiada.
liberal,
salvo
materia
En el caso de autos, no
albergamos duda de que los documentos solicitados por el
Municipio a McNeil son pertinentes a la controversia, dado
que
los
borradores
y
las
comunicaciones
del
perito
testigo, una vez confrontados con su testimonio, pudieran
llevar a la producción de prueba admisible o a evidencia
inadmisible que lleve a la obtención de prueba admisible.
Por otra parte, en cuanto a la protección del work
product a los borradores y comunicaciones de los peritos,
observamos
que
la
redacción
de
la
Regla
26
de
Procedimiento Civil Federal, supra, contrasta con nuestra
Regla 23 de Procedimiento Civil de 2009, supra, pues la
primera contiene una prohibición expresa al descubrimiento
CC-2018-502
de
los
40
borradores
del
informe
pericial
y
de
las
comunicaciones entre el perito testigo y el abogado con
relación a dichos informes.
derecho
federal
antes
Como pudimos observar del
citado, el
reconocimiento
de
esa
prohibición en esa jurisdicción
ocurrió hace poco más de
diez
legislativa
años,
mediante
una
acción
afirmativa,
clara y expresa, luego de debates y enmiendas, y siguiendo
el proceso dispuesto en el Rules Enabling Act, supra.
Un
procedimiento similar sería necesario para incorporar esa
protección
en
nuestra
jurisdicción,
si
este
Tribunal
hubiese adoptado alguna disposición a esos efectos y la
hubiera remitido a nuestra Asamblea Legislativa para su
aprobación, conforme al trámite dispuesto en el Artículo
V, Sección 6 de la Constitución de Puerto Rico.
Sec. 6, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
Art. V,
Tampoco la Asamblea
Legislativa ha aprobado enmiendas a la regla a tal fin.
Hasta
el
apelativo
momento,
la
intermedio
incorporada
a
aplicación
del
nuestras
que
estatuto
Reglas
de
propone
federal
no
el
foro
ha
sido
Procedimiento
Civil
vigentes y, por lo tanto, no puede regir la disposición de
esta controversia.
De
nuestra
Regla
23.1(c)
de
Procedimiento
Civil
sí
podemos interpretar que, para utilizar los mecanismos de
descubrimiento de prueba contra un perito consultor, se
requiere que se demuestren circunstancias excepcionales.
Esto contrasta con el descubrimiento amplio y liberal que
se permite con relación a los peritos testigos, quienes,
CC-2018-502
41
además de tener que proveer los resúmenes, opiniones y
teorías de lo que declararán, el tribunal podrá ordenarles
que descubran “prueba pericial por cualquier otro medio,
sujeto a aquellas condiciones o limitaciones que estime
razonables”. 32 LPRA Ap. V, R. 23.1(c)(1).
El informe pericial del perito testigo de McNeil no
fue un documento preparado en anticipación de un pleito,
sino uno realizado por un tercero experto en la materia,
presumiblemente imparcial, con el propósito de ilustrar al
tribunal sobre determinado asunto.
resultado
El mismo debía ser el
del
análisis,
conocimiento,
experiencia,
y
conclusión
pericial
experto
razonamiento
del
en
cuestión, amparándose en la información que tuviera ante
su consideración, sin la intervención o aprobación de la
parte o abogado que le contrate.
Como custodios de la
búsqueda de la verdad en los procedimientos judiciales, y
en
ausencia
de disposición
estatuaria
al
respecto,
los
tribunales no podemos avalar ni fomentar la práctica de
que los peritos sometan informes periciales preparados al
gusto de los abogados que los contratan.
Tampoco podemos
imprimirle la protección de la doctrina del work product a
esos borradores de peritos testigos sólo porque hubo una
intervención de los abogados en éstos.
Por tanto, en vista de la política pública que busca
un descubrimiento de prueba amplio y liberal, así como en
ausencia
de
una
regla
que
claramente
lo
impida,
determinamos que tanto los borradores del informe pericial
CC-2018-502
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de un perito testigo, como las comunicaciones entre el
perito testigo y el abogado con relación a tales informes,
son
descubribles
bajo
nuestra
Procedimiento Civil, supra.
regla
no
excepcional
permite
con
una
relación
actual
Regla
23
de
El lenguaje utilizado en la
interpretación
al
restrictiva
descubrimiento
de
y
tales
borradores y/o comunicaciones.
IV.
Conclusión
A base de lo anterior, se revoca tanto la Sentencia
del Tribunal de Apelaciones de 20 de abril de 2018 como la
Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 26
de enero de 2018.
Se devuelve el caso al foro primario
para la continuación de los procedimientos de acuerdo con
lo aquí dispuesto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
McNeil Healthcare, LLC
Recurrida
v.
CC-2018-502
Certiorari
Municipio de Las Piedras,
et al. [II]
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2021.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de
la presente Sentencia, se revoca tanto la Sentencia
del Tribunal de Apelaciones de 20 de abril de 2018
como la Orden emitida por el Tribunal de Primera
Instancia el 26 de enero de 2018. Se devuelve el
caso al foro primario para que proceda de
conformidad con lo aquí resuelto.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón
Pérez no intervino. La Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez no interviene.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo