LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, et al [II]

2021 TSPR 33

Poder Judicial de Puerto Rico

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McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, et al [II]

CC-2018-502

Derecho Procesal Civil- Los borradores del informe pericial de un perito testigo así como las comunicaciones habidas entre éste y el abogado de la parte que lo contrata con relación a tales informes, no están protegidas por la doctrina del work product. Esos documentos y comunicaciones están sujetas al descubrimiento de prueba amplio y liberal que rige en nuestro ordenamiento jurídico.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

McNeil Healthcare, LLC

Recurrida

v.

Certiorari

2021 TSPR 33

206 DPR ____

Municipio de Las Piedras, et al. [II]

Número del Caso:

CC-2018-502

Fecha: 15 de marzo de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Humacao

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Eduardo H. Martínez Echevarría

Lcda. Lourdes C. Morera Ledón

Lcdo. Miguel Eliza Rivera

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Juan A. Marqués Díaz

Lcdo. Rubén Muñiz Bonilla

Lcda. Yahaira De la Rosa Algarín

Materia: Derecho Procesal Civil- Los borradores del informe pericial

de un perito testigo así como las comunicaciones habidas entre éste y

el abogado de la parte que lo contrata con relación a tales informes,

no están protegidas por la doctrina del work product.

Esos

documentos y comunicaciones están sujetas al descubrimiento de prueba

amplio y liberal que rige en nuestro ordenamiento jurídico.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

McNeil Healthcare, LLC

Recurrida

v.

CC-2018-502

Municipio

Piedras,

et al. [II]

de

Certiorari

Las

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR

FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2021.

El

presente

caso

nos

provee

la

oportunidad

para

determinar si los borradores de un perito testigo así como

las comunicaciones entre éste y el abogado de la parte que

lo contrata están protegidas bajo la doctrina del producto

del trabajo del abogado (work product).

Adelantamos que,

ante la ausencia de una protección estatutaria expresa a

este

tipo

de

materiales

y

comunicaciones,

ambas

están

sujetas al descubrimiento de prueba amplio y liberal que

impera en nuestro ordenamiento jurídico.

I.

Veamos.

Tracto fáctico y procesal

El 28 de julio de 2016, McNeil Healthcare, LLC (McNeil

o recurrida) presentó una demanda contra el Municipio de

Las Piedras (Municipio), su Alcalde, el Hon. Miguel A.

López Rivera (Alcalde), y la Sra. Cathy Negrón Hernández

(señora Negrón Hernández)1 (en conjunto, peticionarios),

1

Tanto el Alcalde, el Hon. Miguel A. López Rivera, como

Sra. Cathy Negrón Hernández, comparecen en su carácter oficial.

la

CC-2018-502

2

por medio de la cual impugnó el cobro de unas deficiencias

de pago de patentes municipales que le fueron notificadas

el 29 de junio de 2016.2

Luego

de

ciertos

trámites

procesales,

el

Municipio

cursó a McNeil un Primer interrogatorio y requerimiento

para

la

producción

documentos.3

de

Como

parte

de

su

contestación al mismo, McNeil identificó como perito al

CPA Kenneth Rivera Robles (CPA Rivera Robles), e indicó

que

éste

le

asistió

en

la

contestaciones del interrogatorio.

preparación

de

las

Indicó también que se

le contrató para emitir “su opinión sobre el tratamiento

económico,

contable

reembolsables

que

y

fueron

tributario

objeto

de

de

las

los

gastos

notificaciones

finales de deficiencias que se impugnan en este caso”.4

Así las cosas, McNeil le remitió al Municipio copia

del

informe

pericial

del

posteriormente depusieron.6

CPA

Rivera

Robles,5

a

quien

Como parte de esta deposición

surgieron los siguientes intercambios:

.

2

.

.

.

.

.

.

.

Véase Demanda, Apéndice del certiorari, págs. 60-150.

3

Véase Primer interrogatorio y requerimiento para la producción de

documentos, Apéndice del certiorari, págs. 162-178.

4

Véase Contestaciones y/u objeciones

requerimiento

para

la

producción de

certiorari, págs. 185-186.

a primer interrogatorio y

documentos,

Apéndice

del

5

Véase Informe pericial sobre tratamiento económico, contable, y

tributario de los gastos reembolsables, Apéndice del certiorari, págs.

579-600.

6

Véase

Deposición

de

certiorari, págs. 308-578.

Kenneth

Rivera

Robles,

Apéndice

del

CC-2018-502

3

P. Okey. Mire, Kenneth, le pregunto en relación

a la encomienda que se le ha dado en este caso.

¿Cuál fue la encomienda que se le dio a usted

en este caso?

R. A nosotros lo que nos piden es que opinemos

en cuanto al tratamiento contributivo de un

pago que está recibiendo una empresa en el

contexto

de

contribución

sobre

patente

municipa1 y si el pago iba a estar sujeto a ese

pago o no iba a estar sujeto a ese pago en

nuestra opinión.

P. ¿En su opinión?

R. Um-jum.

P. ¿Si ese pago iba a estar sujeto al pago de

patente municipal conforme a la [L]ey de

[P]atentes [M]unicipales?

R. Sí.

P. O sea, ¿su opinión

análisis jurídico?

y

su

análisis

es

un

R. No necesariamente jurídico porque ya la

cuestión

jurídica,

pues,

los

compañeros

abogados están radicando la demanda y ya la

tenían cubierta. Así, pues, es una cuestión ya

más de enfoque de la contribución, de la

política de la contribución, qué se pretende y

qué se quiere hacer con esa.

P. No entendí, si me explica.

R. Básicamente -P. ¿Usted determinó si ese pago debía estar

sujeto a contribución patente?

R. Sí. O sea, que si eso fue parte del análisis

es lo que me está preguntando.

P. Sí.

R. Sí, eso fue parte de mi análisis.

P. ¿Y su conclusión está basada en eso?

R. Ajá.

P. ¿Usted hizo ese análisis en función de la

[L]ey de [P]atentes [M]unicipales?

CC-2018-502

R.

Miramos

[M]unicipales.

4

la

[L]ey

de

[P]atentes

P. Usted dice que le pidieron. ¿Quién le pidió

a usted que llevara a cabo ese análisis?

R. El licenciado Rubén Muñiz es el primero que

nos contacta. Después nos reunimos con el

[Lcdo.] Juan Marqués también.

P.

¿Cuándo

contactaron?

fue

la

primera

vez

que

lo

R. La primera vez que ellos me contactan, y le

estoy diciendo de memoria porque me acuerdo que

estaba fuera de Puerto Rico, fue en julio

de 2017. Me reúno con ellos un poco más tarde,

me imagino a finales de julio o a principios de

agosto de 2017.

P. ¿En aquella

discutieron?

ocasión

qué

fue

lo

que

LCDO. MARQUÉS: Objeción. Le vamos a instruir al

testigo que no conteste esa pregunta. El

contenido de las discusiones entre el abogado y

el perito está protegido, el "work-product" y

materiales de preparación de juicio. Así que

estamos instruyendo al testigo que no conteste

esa pregunta.

LCDO. MARTÍNEZ: Don Kenneth, si nos excusa un

rato porque vamos a tener una conversación con

la Honorable Juez sobre ese asunto.

EL DEPONENTE: Okey.

POR LA [sic] LCDO. MARTÍNEZ:

P. Pues, a usted se lo vamos a agradecer.

Déjeme hacerle una pregunta antes de que se

vaya, don Kenneth. ¿En la preparación de su

opinión usted tomó en consideración todas

aquellas cosas que discutió con sus abogados?

R. ¿Cómo que todas aquellas cosas que discutí

con los abogados?

P. ¿Las cosas que usted pudo haber discutido

con

sus

abogados

usted

las

tomó

en

consideración a la hora de hacer su análisis y

expedir su opinión?

CC-2018-502

5

R. No entiendo la pregunta. O sea, yo discuto

las cosas con ellos y ellos me dan los

documentos. Esas fueron las cosas que yo tomé

en consideración.

P. Okey. Muchas gracias.

.

.

.

.

.

.

.

.

P. […] ¿Y en ese proceso de preparar esta

opinión discutió usted sus hallazgos con los

abogados antes de llevar a cabo la firma de la

opinión?

R. No.

P. No se compartió con nadie. ¿Y en ese proceso

de preparar esta opinión discutió usted sus

hallazgos con los abogados antes de llevar a

cabo la redacción de la opinión?

R: Nosotros hicimos preliminarmente como

bosquejo que tendemos a trabajar. Esto

discute con ellos. Se hace la opinión y

discute con ellos cuando se prepara.

un

se

se

P. O sea que -R. Ya una vez preparada.

P. ¿Una vez preparada?

R. O sea, no fue que estuvimos comunicándonos

constantemente durante la redacción de la

misma.

P. ¿Y se les envía en borrador se les envía en

final?

R. Sí. Ellos tienen una versión en borrador.

P. ¿En borrador?

R. Se les envía en borrador, sí. Es la primera

vez que ellos ven el documento.

P. ¿En este caso recibió comentarios de ese

borrador?

R. Sí.

P. ¿Recibió comentarios del borrador?

CC-2018-502

6

R. Um-jum.

P. ¿Hizo algunos cambios a su opinión [a] base

a esos comentarios de los abogados?

R. Sí. Además del análisis que habíamos hecho

basándonos en la ley y los parámetros que se

usaron, también hicimos unos análisis en cuanto

a los casos. Pues, ahí nos comentaron, "[m]ira,

cámbiate"

LCDO. MARQUÉS: Objeción. No entres al detalle

de la conversación y la comunicación entre

abogados y ustedes por los mismos fundamentos

que señalamos anteriormente.

LCDO. MARTÍNEZ: Vamos a dejar eso sobre la

mesa.

Don Kenneth, ¿hay alguna razón - bueno, no sé

si le pregunté. No sea condescendiente conmigo,

verdad, porque le estoy repitiendo la pregunta.

¿Pero hay alguna razón por la cual descartó el

análisis de jurisprudencia en su decisión, en

su opinión?

LCDO. MARQUÉS: Objeción a la forma de la

pregunta. En la medida en que la contestación

no involucre conversaciones con abogados, puede

contestar.

EL DEPONENTE: Pues, no puedo contestarla.

LCDO. MARTÍNEZ: No me tiene que contestar. Ya

sé la contestación.

(Negrillas y subrayado

7

añadido).

Así las cosas, el 15 de diciembre de 2017 el Municipio

presentó

una

Solicitud

de

interrogatorios

objetados

so

orden

pena

para

de

compeler

exclusión

de

testimonio pericial, donde alegó tener pleno derecho a que

se

le

entregara

considerada

7

para

toda

la

la

información

preparación

del

y

documentación

informe

pericial.

Íd., pág. 348 (líneas 17-25); pág. 349 (líneas 1-25); pág. 350

(líneas 1-25); pág. 351 (líneas 1-25); pág. 358 (líneas 22-25); pág.

359 (líneas 1-25); pág. 360 (líneas 1-11); pág. 569 (líneas 10-24).

CC-2018-502

Esto

debía

7

incluir

el

work

product

compartido

por

los

abogados de McNeil con el perito testigo, ya fuera a modo

de comentarios a borradores, opiniones, instrucciones o

cualquier

otra

comunicación.

El

Municipio

cimentó

su

solicitud en el texto de la Regla 23.1 de Procedimiento

Civil de 2009, infra, y lo expresado en S.L.G. Font Bardón

v. Mini-Warehouse, infra.

entregarse

dicha

informe como

Solicitó también que, de no

información,

se

excluyera

del testimonio pericial.

tanto

Indicó,

del

además,

haber agotado los remedios provistos por la Regla 34.2 de

Procedimiento

Civil

de

2009,

infra,

las

Reglas

de

Evidencia de 2009, infra, y por este Tribunal en S.L.G.

Font Bardón v. Mini-Warehouse, infra.8

El 3 de enero de 2018 McNeil presentó una Oposición a

‘Solicitud

de

orden

para

compeler

interrogatorios objetados …’.9

contestaciones

a

En ésta, ripostó que el

Municipio pretendía ganar acceso a través del perito al

work

product

de

los

información

preparada

anticipación

al

abogados

y

juicio,

de

obtenida

los

McNeil

por

borradores

el

en

cuanto

a

perito

con

redactados

por

éste, y las comunicaciones entre el perito y los abogados

de la recurrida.

Expresó que la doctrina del work product

8

Véase Solicitud de orden para compeler interrogatorios objetados

so pena de exclusión de testimonio pericial, Apéndice del certiorari,

págs. 271-279.

9

Véase

Oposición

a

‘Solicitud

de

orden

para

compeler

contestaciones

a

interrogatorios

objetados

…’,

Apéndice

del

certiorari, págs. 280-287.

CC-2018-502

8

o lo resuelto por este Tribunal en S.L.G. Font Bardón v.

Mini-Warehouse, infra, no avalaban dicho proceder.

El 11 de enero de 2018, el Municipio

presentó una

Réplica a oposición a solicitud de orden para compeler

contestaciones

a

interrogatorios

objetados

exclusión del testimonio pericial.

so

pena

de

En ésta reiteró que la

Regla 23.1(c) de Procedimiento Civil de 2009, infra, no se

enmendó para asemejarse a la Regla 26 de Procedimiento

Civil

Federal,

descubrimiento

periciales.

infra,

de

a

los

fines

de

prueba

los

borradores

excluir

de

del

informes

De igual modo, indicó que los abogados de

McNeil decidieron compartir con el perito el work product

correspondiente para que éste lo considerase como parte de

su informe y rindiese una opinión al Tribunal.

De esta

forma, señaló que dicha información era esencial para que

el

Municipio

preparara

su

defensa

adecuadamente,

en

particular, el contrainterrogatorio a efectuarse al perito

y la impugnación de éste y su informe.

Así las cosas, tras examinar la deposición tomada al

CPA Rivera Robles, el 26 de enero de 2018 el Tribunal de

Primera Instancia emitió una Orden en la que declaró “No

ha lugar” lo solicitado por el Municipio.10

En desacuerdo, el 20 de febrero de 2018 el Municipio

presentó

10

un

recurso

de

certiorari

ante

el

Tribunal

Véase Orden emitida el 26 de enero de 2018,

HSCI201600701, Apéndice del certiorari, págs. 604-605.

Caso

de

Núm.

CC-2018-502

9

Apelaciones.

En

esencia,

solicitó

al

foro

apelativo

intermedio que interviniese y revocase la determinación

del foro primario, por considerar que este último había

abusado de su discreción “al no compeler a McNeil y/o su

perito-testigo a divulgar y producir toda la información e

instrucciones

cursadas

entre

el

perito-testigo

y

los

abogados de McNeil, incluyendo las notas y borradores del

informe que existan y/o los cambios que hizo el perito al

mismo”.11

Indicó, además, que la intervención del foro

apelativo intermedio procedía por varias razones, entre

las que destacó que se estaba

[…] ante un caso en el que el perito-testigo

reconoce que su único contacto y fuente de

información han sido los abogados de McNeil;

que con los abogados ha mantenido amplias

comunicaciones; que hizo cambios a su informe a

instancias de los abogados de McNeil; y que son

los abogados de McNeil los que se niegan a

permitir que el perito-testigo discuta y/o

divulgue sus comunicaciones y los cambios que

hizo a su informe reclamando privilegio de

"work product" […].12

El 5 de marzo de 2018 McNeil presentó su Memorando en

oposición a que se expida el auto de certiorari.13

Entre

otras cosas, indicó que el Municipio había tenido amplia

oportunidad para interrogar al perito y obtener la prueba

11

Véase

Certiorari,

certiorari, pág. 17.

12

13

Caso

Núm.

KLCE201800240,

Apéndice

del

Íd., pág. 10.

Véase Memorando en oposición a que se expida el auto de

certiorari, Caso Núm. KLCE201800240, Apéndice del certiorari, págs.

736-756.

CC-2018-502

pertinente;

10

que

los

borradores

y

las

comunicaciones

solicitadas estaban fuera del alcance del descubrimiento

de prueba; y que el foro primario actuó dentro de la

discreción que le confería el ordenamiento jurídico.

El

peticionario replicó el 13 de marzo de 2018, en esencia,

reiterando sus argumentos anteriores.14

El 20 de abril de 2018 el Tribunal de Apelaciones

emitió Sentencia.15

En la ponencia mayoritaria, el foro

apelativo intermedio confirmó el proceder del Tribunal de

Primera

Instancia.

Sintetiza

su

razonamiento

en

la

siguiente expresión:

.

.

.

.

.

.

.

.

Bajo nuestro ordenamiento procesal, en lo

referente a los peritos que testificarán en el

juicio,

la

Regla

23.1(c),

la

cual

es

equivalente, en parte, a la 26(b)(1) de las

Reglas de Procedimiento Civil Federal, exige

que la parte que propone al experto expresará

la materia sobre la cual la persona perita

declarará, así como un resumen de sus opiniones

y una breve expresión de las teorías, los

hechos o los argumentos que sostienen las

opiniones

del

perito.

Es

claro

que

la

información requerida bajo la Regla 23.1(c), es

descubrible y no está cobijada bajo la doctrina

del producto del trabajo.

Nuestras reglas no atienden directamente la

controversia en torno a si los borradores de

los informes periciales y las comunicaciones

entre abogado-perito son materia privilegiada y

por tanto, no sujeta a descubrimiento de

14

Véase Réplica a memorando en oposición a expedición del auto,

Apéndice del certiorari, págs. 757-765.

15

Véase Sentencia, Caso Núm. KLCE20180240, Apéndice del certiorari,

págs. 915-942.

CC-2018-502

11

prueba. Empero, las Reglas de Procedimiento

Civil Federal categóricamente establecen que la

información

solicitada

por

el

Municipio

constituye

“work

product”

y

que,

en

consecuencia, dicha parte no puede utilizar los

mecanismos de descubrimiento de prueba para

conseguir los borradores del informe pericial,

ni los intercambios entre los abogados de

McNeil y el perito Rivera Robles. Las Reglas

26(b)(4)(B) y 26(b)(4)(C) llenan un vacío en

nuestro ordenamiento y muy persuasivamente nos

arrojan luz para llegar a la determinación más

justa. Las mencionadas reglas crean un balance,

toda vez que le permiten a la parte adversa

tener

suficiente

información

para

contrainterrogar al perito y, a su vez,

protegen la zona de privacidad del abogado que

propone

al

perito,

de

manera

que

pueda

prepararse adecuadamente para el juicio sin

tener que incurrir en el excesivo gasto de

contratar a múltiples expertos.

Así pues, a la luz de la Regla 40 de

nuestro Reglamento, supra, concluimos que el

foro primario no erró al denegar la solicitud

del Municipio, toda vez que el proceso mental

del experto, el cual fue alimentado por la

experiencia

en

litigio

del abogado,

está

protegido y es producto del trabajo. Durante

ese proceso de colaboración entre abogado y

perito el representante legal compartió sus

impresiones mentales, conclusiones y teorías

legales

y,

por ende,

las

comunicaciones,

instrucciones y borradores de los informes no

son materia de descubrimiento de prueba.

.

.

.

.

(Escolios

omitidos,

16

añadidos).

.

.

negrillas

.

.

y

subrayado

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones contó también

con un Voto disidente, el cual entendió que nuestra Regla

16

Íd., págs. 929-930.

CC-2018-502

12

23.1(c) de Procedimiento Civil de 2009, infra, no había

incorporado

década

las

atrás-

enmiendas

realizadas

la

26

a

Regla

de

-hacía

casi

Procedimiento

una

Civil

Federal, infra, por lo que el derecho vigente en Puerto

Rico no prohibía el descubrimiento de los borradores de

los

peritos

o

las

comunicaciones

relacionadas

habidas

entre el perito testigo y los abogados de McNeil.17

A su

vez, razonó que la protección de la doctrina del work

product

no

se

comunicaciones.

la

extendía

que

dichos

documentos

o

Por tanto, manifestó que hubiese revocado

determinación

Añadió

a

del

Tribunal

de

Primera

el

Tribunal

de

Apelaciones

siendo

Instancia.

un

foro

revisor intermedio le estaba vedado inmiscuirse “en la

gestión

legislativa,

facultad

que

le

ha

sido

delegada

constitucionalmente a nuestra Asamblea Legislativa”.18

Inconforme,

presentó

ante

el

23

de

mayo

de

2018

el

nos

el

recurso

de

certiorari

Municipio

que

hoy

atendemos.

Alegó como único error que el Tribunal de

Apelaciones

incidió

“al

resolver

que

bajo

nuestro

ordenamiento la información e instrucciones provistas a un

perito-testigo por los abogados, así como las notas del

perito-testigo

constituyen

y

los

materia

borradores

del

privilegiada

que

informe

no

está

pericial

sujeta

17

Íd., págs. 932-942. (Lebrón Nieves, J., Voto disidente).

18

Íd., pág. 942.

a

CC-2018-502

13

descubrimiento”.19

El 29 de junio de 2018 emitimos una

Resolución

que

en

solicitado.20

la

expedimos

el

auto

de

certiorari

Contando con la comparecencia de las partes,

estamos en posición de resolver.

II.

A.

Derecho aplicable

El proceso de descubrimiento de prueba

El descubrimiento de prueba es el mecanismo utilizado

por las partes para “obtener hechos, título, documentos u

otras cosas que están en poder del demandado o que son de

su exclusivo conocimiento y que son necesarias […] para

hacer valer sus derechos”. I. Rivera García, Diccionario

de Términos Jurídicos, 3ra ed. rev., San Juan, LexisNexis,

2000,

pág.

70.

Los

foros

primarios

gozan

de

amplia

discreción para regular el descubrimiento de prueba, por

lo que los foros apelativos no deben intervenir con dicha

discreción, salvo que medie prejuicio, parcialidad o error

manifiesto

en

sustantiva.

254-155

la

aplicación

de

una

norma

procesal

o

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140,

(2000).

intervención

determinaciones

Este

criterio

los

foros

de

interlocutorias

primera instancia.

también

concierne

apelativos

de

los

a

con

tribunales

la

las

de

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151

DPR 649, 664 (2000).

19

20

Véase Certiorari, recurso Núm. CC-2018-0502, pág. 8.

Véase Resolución del 29 de junio de 2018, recurso Núm. CC-20180502.

CC-2018-502

14

Ya desde Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 560

(1959) reconocimos lo valioso y necesario que resulta un

descubrimiento de prueba amplio y liberal.

Esto debido a

que, haciéndose buen uso de este mecanismo, se aceleran

los procedimientos, se propician las transacciones y se

evitan

también

las

sorpresas

celebración del juicio.

DPR 729, 743 (1956).

UBS

Financial

et

indeseables

durante

la

Lluch v. España Service Sta., 117

Véanse, además: Casasnovas et al. v.

al.,

198

DPR

1040,

1054-1055

(2017);

Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009).

De igual modo, el descubrimiento de prueba propende a “una

mayor

flexibilidad

y

cooperación

entre

las

partes”.

Vincenti v. Saldaña, 157 DPR 37, 54 (2002) (citado en

Casasnovas et al. v. UBS Financial et al., supra, pág.

1054).

Tal espíritu se mantuvo en la redacción de la

Reglas

de

Procedimiento

Civil

de

2009,

producto

del

Proyecto de las Reglas de Procedimiento Civil preparado

por

el

Comité

Procedimiento

Asesor

Civil,

Permanente

según

aprobado

posteriormente

enmendado

Véase

Aprobación Rs.

In

re

de

por

la

las

por

Asamblea

Proc.

Reglas

esta

Curia

de

y

Legislativa.

Civil, 176

DPR 673

(2009); Ley Núm. 220-2009, según enmendada, conocida como

Reglas

de

Procedimiento

Civil

de

2009,

infra.

Lo

anterior, según el trámite dispuesto en el Artículo V,

Sección 6, de la Constitución de Puerto Rico. Art. V, Sec.

6, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

Así, pues, el reconocimiento

de un descubrimiento de prueba amplio y liberal resulta

CC-2018-502

15

cónsono con el texto de nuestra actual Regla 23.1(a) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la cual dispone:

Las partes podrán hacer descubrimiento de

prueba

sobre

cualquier

materia,

no

privilegiada, que sea pertinente al asunto en

controversia en el pleito pendiente, ya se

refiera a la reclamación o defensa de cualquier

otra parte, incluso la existencia, descripción,

naturaleza, custodia, condición y localización

de cualesquiera libros, información almacenada

electrónicamente, documento u otros objetos

tangibles y la identidad y dirección de

personas que conozcan hechos pertinentes.

No

constituirá objeción el que la información

solicitada no sea admisible en el juicio,

siempre que exista una probabilidad razonable

de

que

dicha

información

conduzca

al

descubrimiento de evidencia admisible. Íd.

Vemos

en

la

regla

anteriormente

transcrita

que

al

descubrimiento de prueba le son oponibles sólo dos (2)

limitaciones:

(1)

pertinencia

y

(2)

privilegio.

Ponce

Adv. Med. v. Santiago González et al., 197 DPR 891, 898899 (2017); Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 DPR

921, 925 (2014).21

Al referirnos a la pertinencia, debemos

interpretarla de manera amplia.

E.L.A. v. Casta, 162 DPR

1, 12 (2004); General Electric v. Concessionaires, Inc.,

118 DPR 32, 40 (1986).

Por tanto, hemos expresado que la

prueba

aquella

pertinente

es

que

produzca

o

pueda

producir, entre otras:

(a) prueba que sea admisible en el juicio; (b)

hechos

que

puedan

servir

para

descubrir

21

Véase también: Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158,

167-168 (2001); Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 104 DPR 895,

899

(1976);

J.A.

Echevarría

Vargas,

Procedimiento

Civil

Puertorriqueño, 1ra ed. rev., Colombia, [Ed. del autor], 2012, pág.

162.

CC-2018-502

16

evidencia admisible; (c) datos que puedan

facilitar el desarrollo del proceso; (d)

admisiones que puedan limitar las cuestiones

realmente litigiosas entre las partes; (e)

datos que puedan servir para impugnar la

credibilidad de los testigos; (f) hechos que

puedan usarse para contrainterrogar a los

testigos de la otra parte; (g) nombres de los

testigos que la parte interrogada espera

utilizar en el juicio. Sierra v. Tribunal, 81

DPR 554, 573 esc. 10 (1959). Véanse también:

E.L.A. v. Casta, supra, pág. 13; Alvarado v.

Alemañy, 157 DPR 672, 683 (2002) (citando a

García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323,

334 (2001)); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de

Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan,

Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, pág. 839.

De otra parte, en cuanto a la materia privilegiada se

refiere

-interpretando

la

antigua

Regla

23.1

de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III- precisamos que es

aquella que se encuentra dentro del alcance de alguno de

los privilegios reconocidos en las Reglas de Evidencia.

Ponce Adv. Med. v. Santiago González, supra, pág. 899.

Véanse también: E.L.A. v. Casta, supra, pág. 10; Rivera

Alejandro v. Algarín, 112 DPR 830, 833 (1982); Sierra v.

Tribunal Superior, supra, pág. 572.

El

caso

prestemos

ante

nuestra

particular

consideración

atención

a

la

requiere

materia

de

que

los

privilegios, específicamente, a aquel relacionado con la

doctrina del work product.

B. El work product y su relación con las Reglas de

Procedimiento Civil

1.

Puerto Rico

CC-2018-502

17

El work product “consiste de esa información que [el

abogado] ha reunido y las impresiones mentales, teorías

legales

y

estrategia

derivadas

de

que

él

entrevistas,

persigue

o

ha

declaraciones,

adoptado,

memorándums,

correspondencia, resúmenes, investigaciones de hechos o de

derecho, creencias personales y otros medios tangibles e

intangibles”.

Casasnovas et al. v. UBS Financial et al.,

supra, pág. 1056 (citando a Ades v. Zalman, 115 DPR 514,

525 esc. 3 (1984)).22

Para apreciar el alcance del work

product en nuestro ordenamiento civil, resulta necesario

referirnos a la Regla 23.1(b) de dicho cuerpo de reglas,

la cual dicta, en lo pertinente, lo siguiente:

.

.

.

.

.

.

.

.

(b) Documentos, objetos y otra prueba obtenida

en preparación para el juicio.- Sujeto a las

disposiciones del inciso (c) de esta regla, una

parte podrá hacer descubrimiento de documentos

y objetos que, con anterioridad al pleito o

para el juicio, hayan sido preparados por o

para

otra

parte,

o

por

o

para

el(la)

representante de dicha parte, incluyendo a su

abogado o abogada, consultor(a), fiador(a),

asegurador(a) o agente. Estarán fuera del

alcance del descubrimiento las impresiones

mentales, conclusiones, opiniones o teorías

legales sobre el caso, del abogado o abogada o

de cualquier otro(a) representante de una

parte. Una parte podrá requerir de la otra una

lista de las personas testigos que la parte

solicitada intenta utilizar en el juicio, así

como un resumen breve de lo que se propone

declarar cada uno. Igualmente, cualquier parte

podrá requerir a cualquier otra que produzca

22

Nuestra Regla 505(A)(2) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, protege la

“información que es el producto del trabajo de una parte o de la

persona que es abogada, consultora, fiadora, aseguradora o agente de

dicha parte, preparada u obtenida en anticipación, o como parte, de

una investigación o procedimiento civil, administrativo o penal”.

Íd.

CC-2018-502

18

copia de todas las declaraciones de testigos en

poder de dicha parte. Asimismo, tanto las

partes como las personas testigos pueden

obtener copia de cualquier declaración prestada

por ellos anteriormente. Para los propósitos de

esta regla, una declaración prestada con

anterioridad

al

juicio

incluye

cualquier

declaración escrita, firmada o aprobada por la

persona que la prestó, o cualquier tipo de

grabación de una declaración o la transcripción

de la misma.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Énfasis

añadido).

Regla

23.1(b)

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Al

nuestras

igual

que

en

Reglas

de

identificarse

dos

nuestro

esquema

probatorio,

Procedimiento

categorías

protegidas de manera distinta.

dentro

de

del

en

Civil

pueden

work

product,

Véase Pueblo v. Aguayo,

167 DPR 59, 75 (2006) (J. Fiol Matta, Op. concurrente).

La

primera

incluye

aquella

prueba

preparada

o

recolectada por el abogado o su agente en preparación o

anticipación de un litigio.

Íd., pág. 75.

estos

considerarán

documentos

“se

En

cuanto

preparados

a

en

anticipación del litigio si, a la luz de su naturaleza y

de los hechos particulares, puede decirse que el documento

ha sido redactado u obtenido en anticipación al pleito”.

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 854 (haciendo referencia a

la Regla 505(A)(2) de las Reglas de Evidencia de 2009, 32

LPRA Ap. VI, y a Banks Mfg. Co. v. Presto Industries,

Inc., 709 F.2d 1109, 1118-1119 (1983)).

Para descubrir

esta prueba, se requiere que “se demuestre [una] necesidad

sustancial y un impedimento extraordinario que no permita

CC-2018-502

a

la

parte

19

contraria

descubrimiento

previo

conseguirl[a]

sin

juicio”.

Pueblo

al

recurrir

v.

al

Aguayo,

supra, pág. 75 (J. Fiol Matta, Op. concurrente).

La segunda, por su parte “recoge los procesos mentales

del

abogado

vertidos

estructuración

en

objetos

tangibles

de

prueba

estratégica

su

presentación durante el juicio”. Íd.

o

a

la

para

su

Véase también Ades

v. Zalman, 115 DPR 514, 525 esc. 3 (1984); S.L.G. FontBardón v. Mini-Warehouse, infra, pág. 340.

Éstos por lo

general son excluidos del descubrimiento de prueba siempre

que

no

se

demuestre

una

situación

de

carácter

extraordinario, que requiera una divulgación delimitada.

Pueblo v. Aguayo, supra, págs. 75-76 (J. Fiol Matta, Op.

concurrente). Véase también Ades v. Zalman, supra, pág.

524.

Por otra parte, indicamos que se considerará perito a

aquella

“persona

que,

a

través

de

la

educación

o

experiencia, ha desarrollado un conocimiento o destreza

sobre una materia de manera que puede formar una opinión

que sirva de ayuda al juzgador”.

S.L.G. Font-Bardón v.

Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 (2010) (citando a Black's

Law

Dictionary,

8va

2004, pág. 619).23

ed.,

Minnesota,

Ed.

Thomson

West,

Igualmente expresamos que aunque su

imparcialidad es considerada para sopesar la credibilidad

23

Véase San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 709

(1983) (citando a E. Font, La prueba de peritos en el proceso civil

español, Barcelona, Ed. Hispano Europea, 1974, págs. 1–2).

CC-2018-502

que

tiene

20

ante

calificarle

como

el

tribunal,

perito

el

no

es

una

condición

que

sea

imparcial.

para

S.L.G.

Font-Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 344 (haciendo

referencia a U.S. v. Williams, 81 F.3d 1434, 1441 (7mo

Cir. 1996)).

En

el

caso

particular

del

descubrimiento

de

prueba

relacionado con peritos, la Regla 23.1(c) de Procedimiento

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V,

hace una diferenciación

entre la información descubrible con respecto a un perito

consultor y un perito testigo. A continuación, el texto de

la regla:

(c) Persona perita.prueba pericial podrá

sigue:

El descubrimiento de

llevarse a cabo como

(1)

Una

parte

podrá,

a

través

de

interrogatorios, requerir a cualquier otra

parte que suministre el nombre y la

dirección de las personas peritas que haya

consultado y de las que intente presentar

en el juicio. Respecto a estos últimos,

podrá requerirse a la parte que exprese la

materia sobre la cual la persona perita se

propone declarar, así como un resumen de

sus opiniones y una breve expresión de las

teorías, los hechos o los argumentos que

sostienen las opiniones. A solicitud de

parte,

el

tribunal

podrá

ordenar

el

descubrimiento

de

prueba

pericial

por

cualquier otro medio, sujeto a aquellas

condiciones

o

limitaciones

que

estime

razonables.

(2) Una parte podrá hacer uso de los

métodos de descubrimiento en relación a

hechos conocidos u opiniones de una persona

perita que ha sido contratada por otra

parte con anterioridad al pleito o en

preparación para el juicio y la cual no

habrá de ser llamada a testificar solamente

si

se

demuestra

circunstancias

excepcionales que hagan impráctico para la

CC-2018-502

21

parte

que

interese

el

descubrimiento

obtener hechos u opiniones sobre la misma

materia, por otros medios o en el caso que

dispone la Regla 32.2 de este apéndice.

.

.

.

.

.

.

.

(Énfasis

suplido).

Regla

Procedimiento Civil, supra.

.

23.1(c)

de

Del lenguaje anterior, vemos que la Regla 23.1(c) no

dispone

categóricamente

ninguna

protección

a

los

borradores de los peritos, ni de las comunicaciones que

tenga

éste

con

el

abogado

con

relación

al

informe

pericial.

Con relación al perito consultor, lo hemos definido

como aquel consultado por una parte, pero que no se espera

que sea llamado a testificar en el juicio.

Bardón

v.

Mini-Warehouse,

supra,

pág.

338

S.L.G. Font(citando

Black's Law Dictionary, supra, pág. 619).24

a

Acorde con

nuestra Regla 23.1(c)(2) de Procedimiento Civil, supra, a

este

perito

relación

a

podrá

solicitársele

hechos

conocidos

el

descubrimiento

u

opiniones

con

emitidas

“solamente si se demuestra[n] circunstancias excepcionales

que

hagan

impráctico

para

la

parte

que

interese

el

descubrimiento obtener hechos u opiniones sobre la misma

materia, por otros medios o en el caso que dispone la

Regla 32.2 de [Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap.

V.]”.

Íd.

Véase S.L.G. Font-Bardón v. Mini-Warehouse,

supra, págs. 339-340.

24

Nótese que el lenguaje de nuestra

Véase W.O. Alomar Jiménez & A. Vizcarrondo, Análisis de Término

Tribunal Supremo 2009-2010: Derecho Procesal Civil, 80 Rev. Jur. UPR

755, 774 (2011).

CC-2018-502

Regla

22

23.1(c)(2)

similar

a

lo

de

Procedimiento

dispuesto

en

la

Civil

Regla

resulta

ser

26(b)(4)(C)

de

Procedimiento Civil Federal, infra, la cual discutiremos

próximamente.

El perito testigo, por su parte, es aquel identificado

como

un

testigo

Warehouse,

potencial.

supra,

pág.

S.L.G.

338

Font-Bardón

(citando

Dictionary, supra, pág. 619).25

a

v.

Mini-

Black's

Law

A este perito, distinto

al contratado como consultor, se le puede requerir, entre

otras cosas, divulgar “la materia sobre la cual la persona

perita se propone declarar, así como un resumen de sus

opiniones y una breve expresión de las teorías, los hechos

o

los

argumentos

que

sostienen

las

opiniones”.

Regla

23.1(c)(1) de Procedimiento Civil, supra.

La

anterior

consultores

product.

pág. 340.

cuando

el

testigo.

University

distinción

ilustra

que

los

peritos

están

protegidos

por

la

doctrina

S.L.G.

Font-Bardón

v.

Mini-Warehouse,

del

work

supra,

Sin embargo, pierden la referida protección

perito

consultor

es

sentado

a

declarar

como

Íd., pág. 342 (haciendo referencia a Douglas v.

Hosp.,

150

FRD

165,

168

(ED

Mo.

1993)).

Conforme a lo anterior, podemos apreciar que los peritos

consultores gozan de ciertas protecciones no disponibles

para los peritos testigos. Íd., pág. 342. Véanse, además:

Cuevas

Segarra,

op.

cit.,

pág.

852;

C.E.

Díaz

Litigación Civil, Colombia, 2016, pág. 153.

25

Véase Alomar Jiménez & Vizcarrondo, supra, pág. 774.

Olivo,

Por tanto,

CC-2018-502

“la

23

información

[que

el

perito

testigo]

haya

ofrecido

estaría sujeta a ser revelada mediante los mecanismos del

descubrimiento de prueba”.

S.L.G. Font-Bardón v. Mini-

Warehouse, supra, pág. 342.

Véase también, Díaz Olivo,

op. cit., pág. 153.

Vemos entonces que en nuestro ordenamiento jurídico,

generalmente,

testigos

los

peritos

reciben

un

trato

descubrimiento de prueba.

Civil

de

2009,

consultores

supra,

y

los

distinto

peritos

durante

el

La Regla 23.1 de Procedimiento

reconoce

que

solicitarle

a

otra

que

provea

relacionada

a

sus

peritos

o

una

parte

cierta

puede

información

producida

por

éstos,

dependiendo de si se trata de un perito consultor o un

perito

testigo.

supra,

pág.

S.L.G.

339.

reconocimiento

Como

existe

en

Font-Bardón

v.

veremos

continuación,

la

a

Regla

26

Mini-Warehouse,

de

igual

Procedimiento

Civil Federal, infra.

Evaluado el texto y alcance de nuestra Regla 23 de

Procedimiento

Civil,

supra,

procedemos

a

examinar

el

desarrollo histórico y normativo de su homóloga, la Regla

26 de Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P. 26.

2. Jurisdicción Federal

El

work

product

es

dentro

del

common

law.

una

criatura

E.J.

de

la

Imwinkelried,

casuística

The

New

Wigmore: Evidentiary Privileges, sec. 1.3.11c, pág. 117

(3ra ed. 2016).

Incluso, en el 1946, según confiere el

procedimiento dispuesto en el Rules Enabling Act, 28 USCA

CC-2018-502

2071

et

propuso

24

seq.,

al

el

Comité

Tribunal

Asesor

Supremo

(Advisory

federal

una

Committee)

enmienda

para

incorporar el work product a la entonces vigente Regla 30

de

Procedimiento

Civil

Federal,

Fed.

R.

Civ.

P.

30

(enmendada

en

1970),

sin

éxito.26

Committee

for

Rules

of

Civil

Proposed

Amendments to Rules of Civil Procedure for the

Véase

Procedure,

Advisory

Report

of

District Courts of the United States, Washington, United States

Government

Printing

Office,

1946,

págs.

39-40,

en

https://www.uscourts.gov/sites/default/files/fr_import/CV0

6-1946.pdf (última visita 6 de noviembre de 2020).27

Sin

Comité

embargo,

al

año

Asesor

el

1946,

el

del

work

reconoció

la

en

doctrina

siguiente

Taylor, 329 US 495 (1947).28

de

la

Tribunal

product

propuesta

Supremo

en

del

federal

Hickman

v.

Allí resolvió que resultaba

26

El Rules Enabling Act, 28 USCA 2071 et seq., faculta, entre otros

asuntos, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a promulgar y

someter al Congreso de los Estados Unidos enmiendas a diversos cuerpos

de reglas de los tribunales federales.

Estas propuestas entrarán en

vigor a menos que el Congreso disponga otra cosa a tenor con lo

dispuesto en dicha ley. Íd.

Véanse Class v. US, 138 S.Ct. 798, 808

esc. 2 (2018); J.L. Rensberger, Of hats and robes: Judicial review of

nonadjudicative Article III functions, 53 U. Rich. L. Rev. 623, 645646 (2019).

27

Véase también: R.W. Kirst, Third option: Regulating discovery of

transaction work product without distorting the attorney-client

privilege, 31 Seton Hall L. Rev. 229, 237 (2000) (citado en E.J.

Imwinkelried, The New Wigmore: Evidentiary Privileges, sec 1.3.11c,

pág. 117 esc. 361).

28

Cabe destacar que dentro del ordenamiento federal el work product

se concibe como una doctrina más que como un privilegio. Véase Noble

v. US, 422 US 225, 238 esc. 11 (1975); S.S. Gensler & L.N. Mulligan, 1

Federal Rules of Civil Procedure, Rules and Commentary Rule 26, en

https://www.westlaw.com/Document/I8682be5bc15111ddb9c7909664ff7808/Vie

w/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0

&RS=cblt1.0;

E.J. Imwinkelried, The validity of the 2010 Rule of

Civil Procedure 26 amendment governing the waiver of work product

protection: Is the work product doctrine an evidentiary privilege, 37

U. Dayton L. Rev. 279 (2012). Véase también: E.J. Imwinkelried, The

CC-2018-502

25

indispensable proteger el producto de la investigación de

un abogado como preparación a un litigio, así como sus

impresiones

parte

de

mentales,

los

de

abogados

indagaciones

y

partes

innecesarias

adversas.

por

Hickman

v.

Taylor, supra, pág. 510.29

Las

Reglas

de

Procedimiento

Civil

Federal

fueron

enmendadas en el 1970 para -entre otros asuntos- aclarar

el

alcance

del

descubrimiento

de

los

materiales

preparación para un litigio en el ámbito federal.

de

F.T.C.

v. Grolier Inc., 462 US 19, 25 (1983); Rule 26, Advisory

Committee

Notes

(1970).

De

igual

manera,

según

se

desprende de las notas del Comité Asesor de entonces, la

enmienda

Civil

de

1970

Federal,

a

la

Regla

24(b)(4)

Fed.

R.

Civ.

P.

de

Procedimiento

24(b)(4),

buscaba:

(1)

rechazar la visión de algunos tribunales de conferir trato

privilegiado

hecho

a

la

información

de

ser

perito,

y

tribunales

de

incluir

esa

doctrina del work product.

Notes

(1970).

Cabe

(2)

del

la

experto

por

tendencia

información

el

de

dentro

solo

otros

de

la

Rule 26, Advisory Committee

destacar

que

lo

anterior

no

hace

alusión al work product del abogado, sino a la información

relacionada al perito, así como producida o utilizada por

éste.

____________________________________________________________

New Wigmore: Evidentiary Privileges, sec. 1.3.11, pág. 112 (3ra ed.

2016).

29

El texto original al que hacemos referencia lee: “[…] In

performing his various duties, however, it is essential that a lawyer

work with a certain degree of privacy, free from unnecessary intrusion

by opposing parties and their counsel”.

Hickman v. Taylor, 329 US

495, 510 (1947).

CC-2018-502

26

Posteriormente, el Tribunal Supremo federal resolvió

el caso US v. Nobles, 422 US 225 (1975) en el contexto de

un litigio criminal, donde reconoció que los materiales de

una investigación, realizados en preparación a un juicio,

podían estar cobijados bajo la doctrina del work product.

Sin embargo negó extender la protección de esa doctrina a

un investigador anunciado como testigo.

Esto, tras el

Tribunal Supremo federal entender que el acusado renunció

a la protección de la doctrina del work product sobre los

asuntos cubiertos por el testimonio del investigador, al

anunciarle

como

testigo.

Así

quedó

plasmado

en

la

Opinión:

The privilege derived from the work-product

doctrine is not absolute. Like other qualified

privileges, it may be waived. Here respondent

sought

to

adduce

the

testimony

of

the

investigator and contrast his recollection of

the contested statements with that of the

prosecution's

witnesses.

Respondent,

by

electing to present the investigator as a

witness, waived the privilege with respect to

matters covered in his testimony.

Respondent

can no more advance the work-product doctrine

to sustain a unilateral testimonial use of

work-product materials than he could elect to

testify in his own behalf and thereafter assert

his Fifth Amendment privilege to resist crossexamination on matters reasonably related to

those brought out in direct examination.

[…](Escolios y citas omitidas).

Íd., págs.

239-240.

Luego, y cónsono con lo resuelto en

US v.

Nobles,

supra, se reiteró la norma en F.T.C. v. Grolier Inc.,

supra. En este último caso, el Tribunal Supremo federal

CC-2018-502

27

determinó que ciertos memorandos y cartas intra e inter

agenciales estaban excluidos del descubrimiento de prueba,

por

vía

de

la

excepción

reconocida

por

el

Freedom

of

Information Act, 5 USCA sec. 552(b)(5), en un pleito en

donde una corporación solicitaba el descubrimiento de unos

documentos de una investigación realizada en su contra por

el Federal Trade Commission.

la

redacción

del

Procedimiento

Civil

1970

Asimismo, hizo referencia a

de

Federal,

la

Fed.

Regla

26(b)(3)

R.

P.

Civ.

de

26(b)(3)

(enmendada en 1993), y recalcó que una lectura literal del

lenguaje del referido estatuto protegía a las partes de

tener

que

revelar

materiales

preparados

para

cualquier

litigación o juicio en tanto fuesen confeccionados para

ser

utilizados

en

un

litigio

Grolier, supra, pág. 25.30

descubrimiento

del

work

subsiguiente.

F.T.C.

v.

De igual modo, indicó que el

product

requería

demostrar

la

existencia de una necesidad real, así como la inexistencia

de otros medios menos onerosos para obtener la información

buscada.

Íd.

Subsiguientemente, en Upjohn Co. v. US, 449 US 383

(1984), el Tribunal Supremo federal declinó resolver de

manera definitiva si el work product del abogado gozaba de

una

protección

absoluta.

Íd.,

pág.

402.

Sin

embargo,

resaltó que la Regla 26 de Procedimiento Civil Federal,

30

El texto original al que hacemos referencia lee: “But the literal

language of the Rule protects materials prepared for any litigation or

trial as long as they were prepared by or for a party to the

subsequent litigation.” (Subrayado añadido y bastardillas omitidas).

F.T.C. v. Grolier Inc., supra, pág. 25.

CC-2018-502

28

Fed. R. Civ. P. 26 (enmendada en 1993) vigente entonces es decir, previo a las enmiendas de 1993- reconocía una

protección especial a los procesos mentales del abogado.

Upjohn Co. v. US, supra, pág. 400.

Asimismo, reiteró la

norma de Hickman v. Taylor, supra, con respecto a los

requisitos para descubrir el work product. Íd., págs. 400401.

Posteriormente,

Procedimiento

en

Civil

modificada

para

específico

al

el

Federal

proveer

1993,

la

vigente

desde

un

de

1970,31

fue

regulatorio

más

sus

borradores y el work product relacionado al mismo.

De

igual

de

se

buscaba

información

esencial.

Amendments

to

the

del

26

pericial,

modo

descubrimiento

marco

Regla

informe

facilitar

L.M.

Federal

el

descubrimiento

Keller,

Rules

of

The

December

Civil

1993

Procedure--A

Critical Analysis, 12 Touro L. Rev. 7, 76 (1995).

Véase

Rule

Comité

26,

Advisory

Committee

Notes

(1993).

El

Asesor expresó preocupación con la redacción vigente desde

el 1970 debido a, entre otros factores, la vaguedad y

superficialidad con la que algunos peritos contestaban los

interrogatorios,

lo

cual

incidía

sobre

una

adecuada

preparación para contrainterrogarlos o deponerlos. Véase

Rule 26, Advisory Committee Notes (1993).

De igual modo,

reconoció que la entonces propuesta Regla 26(a)(2)(B) de

Procedimiento

31

Civil

Federal

Regla 26 de Procedimiento

(enmendada en 1993).

de

1993,

Fed.

R.

Civil

Federal,

Fed.

R.

Civ.

Civ.

P.

P.

26

CC-2018-502

29

26(a)(2)(B) (enmendada en 2010) no impedía que el abogado

asistiese

a

algunos

expertos

en

la

preparación

del

informe, siempre que el escrito reflejase el testimonio

del

testigo

que

lo

suscribía.

Committee Notes (1993).32

exigencia

de

un

informe

Véase

Sin

era

Rule

26,

Advisory

embargo, explicó que la

para

revelar,

entre

otras

cosas, la información considerada por el testigo, así como

la base de la misma. Íd.

Razonó el Comité Asesor de

entonces que:

[…] [g]iven this obligation of disclosure,

litigants should no longer be able to argue

that materials furnished to their experts to be

32

El texto al que hacemos referencia lee como sigue:

.

.

.

.

.

.

.

.

Paragraph (2)(B) requires that persons retained or

specially employed to provide expert testimony, or

whose duties as an employee of the party regularly

involve the giving of expert testimony, must

prepare a detailed and complete written report,

stating the testimony the witness is expected to

present during direct examination, together with

the reasons therefor. The information disclosed

under the former rule in answering interrogatories

about the “substance” of expert testimony was

frequently so sketchy and vague that it rarely

dispensed with the need to depose the expert and

often was even of little help in preparing for a

deposition of the witness. Revised Rule 37(c)(1)

provides an incentive for full disclosure; namely,

that a party will not ordinarily be permitted to

use on direct examination any expert testimony not

so disclosed. Rule 26(a)(2)(B) does not preclude

counsel from providing assistance to experts in

preparing the reports, and indeed, with experts

such as automobile mechanics, this assistance may

be needed. Nevertheless, the report, which is

intended to set forth the substance of the direct

examination, should be written in a manner that

reflects the testimony to be given by the witness

and it must be signed by the witness.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rule 26, Advisory Committee Notes (1993).

Véanse

además: Regional Port Authority of Louisville v. LFG,

LLC, 460 F.3d 697 (6to Cir. 2006).

CC-2018-502

30

used in forming their opinions —whether or not

ultimately relied upon by the expert— are

privileged

or

otherwise

protected

from

disclosure when such persons are testifying or

being deposed.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Énfasis añadido). Rule 26, Advisory Committee

Notes (1993).

Véase, además: Regional Port

Authority of Louisville v. LFG, LLC, 460 F.3d

697 (6to Cir. 2006).

De

la

misma

forma,

la

Regla

26(b)(5)(A)

y

(B)

de

Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P. 26(b)(5)(A) y

(B) (enmendada en 2010), establecía una metodología para

solicitar que alguna información sujeta a descubrimiento

de prueba fuera puesta ante la consideración del Tribunal

para

determinar

si

ésta

estaba

protegida

por

algún

privilegio o doctrina. Véase Rule 26, Advisory Committee

Notes (1993).33

33

El texto leía:

.

.

.

.

(5)

Claiming

Privilege

Preparation Materials.

.

or

.

.

Protecting

.

Trial-

(A) Information Withheld. When a party withholds

information otherwise discoverable by claiming

that the information is privileged or subject to

protection as trial-preparation material, the

party must:

(i) expressly make the claim; and

(ii) describe the nature of the documents,

communications,

or

tangible

things

not

produced or disclosed— and do so in a manner

that, without revealing information itself

privileged or protected, will enable other

parties to assess the claim.

(B) Information Produced. If information produced

in discovery is subject to a claim of privilege

or of protection as trial-preparation material,

the party making the claim may notify any party

that received the information of the claim and

the basis for it. After being notified, a party

must promptly return, sequester, or destroy the

specified information and any copies it has; must

CC-2018-502

Tras

31

las

enmiendas

de

1993,

los

foros

apelativos

federales desarrollaron varias teorías para el manejo de

la Regla 26 de Procedimiento Civil Federal, supra, vigente

entonces.

Así pues, nos resulta de particular interés lo

resuelto por el Sexto Circuito del Tribunal de Apelaciones

Federal

en

Port

Authority

of

Louisville

v.

LFG,

LLC,

supra.

En ese caso, dicho foro evaluó una controversia donde

se

buscaba

pericial,

descubrir

Regional

solicitar

que

de

se

entre

informe

Esto,

(Autoridad)

comunicaciones

un

testigo y los abogados de la parte que lo contrató.

Autoridad

las

de

perito

la

como

borradores

un

tras

así

los

Puertos

dejara

de

sin

Louisville

efecto

cierta

orden para descubrir documentos que le fueron entregados a

sus peritos testigos.

Ello, bajo el fundamento de que

contenían

trabajo

producto

de

de

los

abogados

de

la

Tribunal

de

Autoridad. Íd., pág. 713.

En

su

Apelaciones

análisis,

Federal

el

Sexto

Circuito

identificó

vertientes de la norma.

la

del

existencia

de

dos

La primera, conocida como Haworth

Line cases, sostenía que el work product del abogado no

era

descubrible

sólo

por

el

hecho

de

que

haya

____________________________________________________________

not use or disclose the information until the

claim is resolved; must take reasonable steps to

retrieve the information if the party disclosed

it before being notified; and may promptly

present the information to the court under seal

for a determination of the claim. The producing

party must preserve the information until the

claim is resolved. Regla 26(b)(5)(A) y (B) de

Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P.

26(b)(5)(A) y (B) (enmendada en 2010).

sido

CC-2018-502

32

Íd., pág. 714.34

compartido con un perito testigo.

vertiente

planteaba,

reconocer

la

según

Esta

algunos

foros,

que

para

de

doctrina

del

work

inaplicabilidad

la

product debía existir un lenguaje claro y no ambiguo. Íd.

(citando a Haworth, Inc. v. Herman Miller, Inc., 162 FRD

289, 292-296 (W.D. Mich. 1995)).

La

segunda

vertiente,

adoptada

por,

entre

otros

tribunales, el Sexto Circuito del Tribunal de Apelaciones

Federal, sostenía que toda la información provista a los

peritos

testigos,

incluyendo

la

opinión

producto

del

trabajo del abogado, no estaba protegida. Regional Port

Authority of Louisville v. LFG, LLC, supra, pág. 714.35

Esta última se fundamentaba principalmente en las notas

del Comité Asesor. Íd.

El Sexto Circuito del Tribunal de

Apelaciones Federal razonó que ni el texto de la regla

entonces vigente, ni las notas del Comité Asesor creaban

distinciones

con

respecto

al

alcance

de

la

palabra

34

Para ilustrar esta postura, el Sexto Circuito del Tribunal de

Apelaciones Federal cita a:

Toledo Edison Co. v. G A Techs., Inc.,

847 F.2d 335, 339–341 (6to Cir. 1988); Bogosian v. Gulf Oil Corp., 738

F.2d 587, 595 (3d Cir. 1984); Haworth, Inc. v. Herman Miller, Inc.,

162 FRD 289, 292-296 (W.D. Mich. 1995); Smith v. Transducer Tech.,

Inc., 197 FRD 260, 261-262 (D.Vi. 2000); Krisa v. Equitable Life

Assurance Soc’y, 196 FRD 254, 259-261 (M.D.Pa. 2000); Estate of Moore

v. R.J. Reynolds Tobacco Co., 194 FRD 659, 663-664 (S.D. Iowa 2000).

Véase también In re Cendant Corp. Securities Litigation, 343 F.3d 658,

663-665 (3er Cir. 2003)(Garth, J., Op. concurrente); Gensler &

Mulligan, supra; E.S. Epstein & M.M. Martin, The attorney-client

privilege and the work-product doctrine, 2da ed., Estados Unidos,

American Bar Association, 1989, págs. 162-164.

35

Para ilustrar esta postura, el Sexto Circuito del Tribunal de

Apelaciones Federal cita a:

In re Pioneer Hi–Bred Int'l, Inc., 238

F.3d 1370, 1375 (Cir. Fed. 2001); Karn v. Ingersoll-Rand, 168 FRD 633,

637–641 (N.D. Ind. 1996); Gall v. Jamison (In re Gall), 44 P.3d 233,

238–239 (Colo. 2002); Fid. Nat'l Title Ins. Co. of N.Y. v. Intercounty

Nat'l Title Ins. Co., 412 F.3d 745, 751 (7th Cir. 2005). Véase además

Douglas v. University Hosp., 150 FRD 165, 167-168 (E.D. Miss., Eastern

Div. 1993).

CC-2018-502

33

“materiales” en este contexto, por lo que debía entender

que

esa

distinción

no

se

pretendía.

En

particular,

expresó que:

.

.

.

.

.

.

.

.

It is unclear from the text alone the extent of

the

required

disclosure.

The

Advisory

Committee Notes are equally ambiguous: “Given

this obligation of disclosure, litigants should

no longer be able to argue that materials

furnished to their experts ... are privileged

or otherwise protected from disclosure when

such persons are testifying or being deposed.”

Since neither the text of the Rule nor the

Advisory Committee Notes places any qualifier

as

to

the

extent

of

the

“information,”

Fed.R.Civ.P.

26(a)(2)(B),

or

“materials,”

Fed.R.Civ.P. 26, advisory committee note, 1993

amendments, given to testifying experts, we

must conclude that none was intended. Thus, we

read Rule 26(a)(2) as requiring disclosure of

all information provided to testifying experts.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Bastardillas en el original).

Íd., pág. 716.

Tras este análisis, el Sexto Circuito del Tribunal de

Apelaciones

brindada

al

Federal

decidió

que

perito

testigo

debía

entregada a las demás partes.

Posteriormente,

la

Regla

toda

la

ser

información

descubierta

y

Íd., págs. 716-717.

26

de

Procedimiento

Civil

Federal vigente desde 1993,36 fue nuevamente enmendada en

el 2010.

El cambio más relevante a nuestra controversia

corresponde a la Regla 26(b)(4)(B) y (C), la cual en la

actualidad lee:

.

.

.

Regla 26 de Procedimiento

(enmendada en 2010).

Civil

36

.

.

.

.

Federal,

.

Fed.

R.

Civ.

P.

26

CC-2018-502

34

(B) Trial-Preparation Protection for Draft

Reports or Disclosures.

Rules 26(b)(3)(A) and

(B) protect drafts of any report or disclosure

required under Rule 26(a)(2), regardless of the

form in which the draft is recorded.

(C) Trial-Preparation

Protection

for

Communications Between a Party’s Attorney and

Expert Witnesses. Rules 26(b)(3)(A) and (B)

protect communications between the party’s

attorney and any witness required to provide a

report under Rule 26(a)(2)(B), regardless of

the form of the communications, except to the

extent that the communications:

(i)

relate

to

compensation

expert’s study or testimony;

for

the

(ii) identify facts or data that the

party’s attorney provided and that the

expert considered in forming the opinions

to be expressed; or

(iii)

identify

assumptions

that

the

party’s attorney provided and that the

expert relied on in forming the opinions

to be expressed.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Negrillas añadidas).

Regla 26(b)(4)(B) y (C)

de Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P.

26(b)(4)(B) y (C).

En los comentarios a la precitada regla, el Comité

Asesor indicó, en síntesis, que la enmienda buscaba evitar

el descubrimiento de los borradores del informe pericial,

así como las teorías e impresiones mentales del abogado.

Más en detalle, el Comité Asesor expresó:

Rule 26. Rules 26(a)(2) and (b)(4) are

amended to address concerns about expert

discovery. The amendments to Rule 26(a)(2)

require disclosure regarding expected expert

testimony of those expert witnesses not

required to provide expert reports and limit

the expert report to facts or data (rather

than “data or other information,” as in the

current rule) considered by the witness.

Rule 26(b)(4) is amended to provide workproduct

protection

against

discovery

regarding

draft

expert

disclosures

or

CC-2018-502

reports and — with three specific exceptions

— communications between expert witnesses

and counsel.

In 1993, Rule 26(b)(4)(A) was revised to

authorize

expert

depositions

and

Rule

26(a)(2) was added to provide disclosure,

including — for many experts — an extensive

report. Many courts read the disclosure

provision to authorize discovery of all

communications between counsel and expert

witnesses

and

all

draft

reports.

The

Committee has been told repeatedly that

routine

discovery

into

attorney-expert

communications and draft reports has had

undesirable

effects.

Costs

have

risen.

Attorneys may employ two sets of experts —

one for purposes of consultation and another

to testify at trial — because disclosure of

their collaborative interactions with expert

consultants

would

reveal

their

most

sensitive and confidential case analyses. At

the

same

time,

attorneys

often

feel

compelled to adopt a guarded attitude toward

their interaction with testifying experts

that impedes effective communication, and

experts

adopt

strategies

that

protect

against discovery but also interfere with

their work.

Subdivision (a)(2)(B). Rule 26(a)(2)(B)(ii)

is

amended

to

provide

that

disclosure

include all “facts or data considered by the

witness in forming” the opinions to be

offered, rather than the “data or other

information” disclosure prescribed in 1993.

This amendment is intended to alter the

outcome in cases that have relied on the

1993 formulation in requiring disclosure of

all attorney-expert communications and draft

reports. The amendments to Rule 26(b)(4)

make this change explicit by providing workproduct

protection

against

discovery

regarding draft reports and disclosures or

attorney-expert communications.

The refocus of disclosure on “facts or data”

is meant to limit disclosure to material of

a factual nature by excluding theories or

mental impressions of counsel. At the same

time, the intention is that “facts or data”

be interpreted broadly to require disclosure

of any material considered by the expert,

35

CC-2018-502

36

from whatever source, that contains factual

ingredients.

The

disclosure

obligation

extends to any facts or data “considered” by

the expert in forming the opinions to be

expressed, not only those relied upon by the

expert.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Subrayado y negrillas añadidas).

Advisory Committee Notes (2010).

Rule 26,

Como vemos, ahora la regla contiene una disposición

expresa prohibiendo el descubrimiento de los borradores

preparados

por

los

peritos

testigos

y

el

work

product

derivado de las comunicaciones de éstos con los abogados

de la parte que los contrató.

Reglas 26(c)(4)(B) y (C) de

Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P. 26(c)(4)(B) y

(C).

Dicha

enmienda,

incorporada

en

el

2010,

buscaba

evitar que las partes obtuvieran acceso a comunicaciones

entre el perito testigo y el abogado, así como borradores

anteriores

de

los

informes,

ante

la

ausencia

de

una

expresión categórica prohibiéndolo bajo el lenguaje de la

regla

previamente

en

vigor.

Republic

of

Ecuador

v.

Hinchee, 741 F.3d 1185, 1194 (11vo Cir. 2013) (haciendo

referencia a Rule 26, Advisory Committee Notes (2010)).

De

este

modo

se

buscó

expresamente

proteger

las

comunicaciones entre los peritos testigos y abogados, así

como

reducir

los

costos

del

litigio,

evitando

que

las

partes tuviesen que incurrir en la contratación de dos

grupos de peritos.

37

Íd.37

Cabe mencionar la comparación que hace el tratadista Cuevas

Segarra entre la Regla 26 de Procedimiento Civil Federal, luego de las

CC-2018-502

37

Esbozado el marco normativo puertorriqueño pertinente

y, tras ilustrarnos con el tracto legislativo ocurrido a

nivel federal, resolvemos.

III.

Análisis y disposición del caso

La presente controversia surge

una

deposición

tomada

por

el

como consecuencia

Municipio

al

CPA

de

Rivera

____________________________________________________________

enmiendas de 2010, y nuestra Regla 23 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

En la jurisdicción federal, las enmiendas a la Regla

26 de 2010, extendieron la protección del producto de

trabajo del abogado a los borradores de los informes

de los peritos retenidos para testificar, y a

borradores

de

informes

de

aquellos

peritos

no

retenidos para testificar. Regla 26 (a) (2) (C). Con

tres específicas excepciones, las comunicaciones con

los peritos contratados al amparo de la Regla 26 (a)

(2) (B), están protegidas independientemente de su

forma, así como las preparadas para suplementar un

informe previo. Por vía de excepción, y a tenor con

la Regla 26 (b) (3) (A) (ii), los borradores del

informe pericial pueden ser descubiertos si la parte

establece: (1) que tiene una necesidad substancial de

los materiales para preparar su caso; (2) y ésta no

puede obtener sin opresión indebida, unos materiales

equivalentes

de

cualquier

otra

manera;

(3)

la

protección no se extiende al descubrimiento de

opiniones a ser ofrecidas por el experto o al

descubrimiento del desarrollo y las bases de sus

opiniones.

O’Connor’s, Federal Rules: Civil Trials,

2011, págs. 481-482. Tampoco a las comunicaciones

relacionadas con su compensación; así como aquellos

hechos o data provistos por el abogado que el perito

consideró al formar su opinión y las asunciones o

presupuestos provistos al abogado sin prueba que el

experto descansara al formular su opinión. (Énfasis

añadido).

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho

Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Ediciones JTS, T.

III, pág. 881

Asimismo, no observamos sugerencias para enmendar nuestra Regla

23 de Procedimiento Civil en esa dirección. Véase Comité Asesor

Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, Informe de Reglas de

Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y

Notarial, Tribunal Supremo de Puerto Rico, diciembre de 2007, págs.

262-276; Comité Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento

Civil, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la

Conferencia Judicial y Notarial, Tribunal Supremo de Puerto Rico,

febrero de 1996, págs. 92-101. (En ninguno de los informes se planteó

la necesidad de, ni se sugirió, proteger los borradores de los peritos

testigos, así como las comunicaciones habidas entre éstos y los

abogados de las partes en las enmiendas propuestas a la Regla 23).

CC-2018-502

Robles

38

quien,

testigo.

según

Tanto

quedó

los

establecido,

hechos

antes

es

un

esbozados

perito

como

los

documentos presentados por las partes así lo atestiguan.

Durante la deposición del CPA Rivera Robles, McNeil objetó

las preguntas efectuadas por el Municipio con relación a

la redacción y contenido del informe pericial, así como

los borradores de éste y las comunicaciones habidas entre

el perito y los abogados de McNeil respecto al informe

pericial

y

su

contenido.

Dicha

objeción

se

levantó

oportunamente luego de que el CPA Rivera Robles admitiera

que la representación legal de McNeil había comentado el

borrador

del

informe

realizaran cambios.

e,

incluso,

solicitado

que

se

le

Acto seguido, McNeil alegó que tanto

los borradores como las comunicaciones del perito testigo

con los abogados de la recurrida estaban cobijados por la

doctrina del work product.

El Tribunal de Primera Instancia avaló esa posición al

declarar

“No

Municipio.

ha

lugar”

Igual

su

descubrimiento

proceder

tuvo

el

y

entrega

al

Tribunal

de

Apelaciones, quien primeramente estableció que el informe

pericial

del

CPA

Rivera

Robles

se

alimentó

de

la

experiencia de litigio del abogado de McNeil, quien le

compartió sus impresiones mentales, conclusiones y teorías

legales.

Asimismo, el foro apelativo intermedio reconoció

que resultaba claro que la información requerida bajo la

Regla 23.1(c) de Procedimiento Civil de 2009, supra, era

descubrible y no estaba cobijada bajo la doctrina del work

CC-2018-502

product.

39

Sin embargo, en lugar de adherirse al texto de

nuestra Regla 23 de Procedimiento Civil de 2009, supra,

decidió incorporar por la vía judicial -por entenderlas

persuasivas y conducentes a un resultado más justo- las

disposiciones

contenidas

en

las

Reglas

26(b)(4)(B)

26(b)(4)(C) de Procedimiento Civil Federal, supra.

y

Como

ya establecimos, estas últimas contienen una prohibición

expresa

al

descubrimiento

informes

periciales

comunicaciones

e

del

de

los

perito

impresiones

borradores

testigo,

que

hayan

de

los

como

las

compartido

el

así

perito testigo y el abogado con relación a éstos.

Como

es

sabido,

en

nuestro

ordenamiento

jurídico

impera la política de que el descubrimiento de prueba se

efectuará

de

manera

amplia

y

impertinente o privilegiada.

liberal,

salvo

materia

En el caso de autos, no

albergamos duda de que los documentos solicitados por el

Municipio a McNeil son pertinentes a la controversia, dado

que

los

borradores

y

las

comunicaciones

del

perito

testigo, una vez confrontados con su testimonio, pudieran

llevar a la producción de prueba admisible o a evidencia

inadmisible que lleve a la obtención de prueba admisible.

Por otra parte, en cuanto a la protección del work

product a los borradores y comunicaciones de los peritos,

observamos

que

la

redacción

de

la

Regla

26

de

Procedimiento Civil Federal, supra, contrasta con nuestra

Regla 23 de Procedimiento Civil de 2009, supra, pues la

primera contiene una prohibición expresa al descubrimiento

CC-2018-502

de

los

40

borradores

del

informe

pericial

y

de

las

comunicaciones entre el perito testigo y el abogado con

relación a dichos informes.

derecho

federal

antes

Como pudimos observar del

citado, el

reconocimiento

de

esa

prohibición en esa jurisdicción

ocurrió hace poco más de

diez

legislativa

años,

mediante

una

acción

afirmativa,

clara y expresa, luego de debates y enmiendas, y siguiendo

el proceso dispuesto en el Rules Enabling Act, supra.

Un

procedimiento similar sería necesario para incorporar esa

protección

en

nuestra

jurisdicción,

si

este

Tribunal

hubiese adoptado alguna disposición a esos efectos y la

hubiera remitido a nuestra Asamblea Legislativa para su

aprobación, conforme al trámite dispuesto en el Artículo

V, Sección 6 de la Constitución de Puerto Rico.

Sec. 6, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

Art. V,

Tampoco la Asamblea

Legislativa ha aprobado enmiendas a la regla a tal fin.

Hasta

el

apelativo

momento,

la

intermedio

incorporada

a

aplicación

del

nuestras

que

estatuto

Reglas

de

propone

federal

no

el

foro

ha

sido

Procedimiento

Civil

vigentes y, por lo tanto, no puede regir la disposición de

esta controversia.

De

nuestra

Regla

23.1(c)

de

Procedimiento

Civil

sí

podemos interpretar que, para utilizar los mecanismos de

descubrimiento de prueba contra un perito consultor, se

requiere que se demuestren circunstancias excepcionales.

Esto contrasta con el descubrimiento amplio y liberal que

se permite con relación a los peritos testigos, quienes,

CC-2018-502

41

además de tener que proveer los resúmenes, opiniones y

teorías de lo que declararán, el tribunal podrá ordenarles

que descubran “prueba pericial por cualquier otro medio,

sujeto a aquellas condiciones o limitaciones que estime

razonables”. 32 LPRA Ap. V, R. 23.1(c)(1).

El informe pericial del perito testigo de McNeil no

fue un documento preparado en anticipación de un pleito,

sino uno realizado por un tercero experto en la materia,

presumiblemente imparcial, con el propósito de ilustrar al

tribunal sobre determinado asunto.

resultado

El mismo debía ser el

del

análisis,

conocimiento,

experiencia,

y

conclusión

pericial

experto

razonamiento

del

en

cuestión, amparándose en la información que tuviera ante

su consideración, sin la intervención o aprobación de la

parte o abogado que le contrate.

Como custodios de la

búsqueda de la verdad en los procedimientos judiciales, y

en

ausencia

de disposición

estatuaria

al

respecto,

los

tribunales no podemos avalar ni fomentar la práctica de

que los peritos sometan informes periciales preparados al

gusto de los abogados que los contratan.

Tampoco podemos

imprimirle la protección de la doctrina del work product a

esos borradores de peritos testigos sólo porque hubo una

intervención de los abogados en éstos.

Por tanto, en vista de la política pública que busca

un descubrimiento de prueba amplio y liberal, así como en

ausencia

de

una

regla

que

claramente

lo

impida,

determinamos que tanto los borradores del informe pericial

CC-2018-502

42

de un perito testigo, como las comunicaciones entre el

perito testigo y el abogado con relación a tales informes,

son

descubribles

bajo

nuestra

Procedimiento Civil, supra.

regla

no

excepcional

permite

con

una

relación

actual

Regla

23

de

El lenguaje utilizado en la

interpretación

al

restrictiva

descubrimiento

de

y

tales

borradores y/o comunicaciones.

IV.

Conclusión

A base de lo anterior, se revoca tanto la Sentencia

del Tribunal de Apelaciones de 20 de abril de 2018 como la

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 26

de enero de 2018.

Se devuelve el caso al foro primario

para la continuación de los procedimientos de acuerdo con

lo aquí dispuesto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

McNeil Healthcare, LLC

Recurrida

v.

CC-2018-502

Certiorari

Municipio de Las Piedras,

et al. [II]

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de

la presente Sentencia, se revoca tanto la Sentencia

del Tribunal de Apelaciones de 20 de abril de 2018

como la Orden emitida por el Tribunal de Primera

Instancia el 26 de enero de 2018. Se devuelve el

caso al foro primario para que proceda de

conformidad con lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón

Pérez no intervino. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez no interviene.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo