LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Julio C. Villalona Viera

2021 TSPR 27

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Julio C. Villalona Viera

AB-2019-116

Conducta Profesional: Ética y Responsabilidad Profesional; y Derecho Notarial – El Lcdo. Villalona Viera, en el ejercicio de su función notarial, infringió los Arts. 2, 12 y 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico y las Reglas 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial, lo que a su vez constituyó una violación a los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. En consecuencia, ordenamos la suspensión inmediata del letrado del ejercicio de la abogacía por un término de seis meses, y del ejercicio de la notaría indefinidamente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2021 TSPR 27

Julio C. Villalona Viera

(TS-15,278)

Número del Caso:

Fecha:

206 DPR _____

AB-2019-116

26 de febrero de 2021

Oficina del Procurador General:

Lcda. Noemí Rivera De León

Procuradora General Auxiliar

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús

Director

Abogados del promovido:

Lcda. Daisy Calcaño López

Lcdo. Raúl Rodríguez Quiles

Lcdo. Donald Milán Guindín

Materia: La suspensión será efectiva el 3 de marzo de 2021, fecha

en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Julio C. Villalona Viera

(TS-15,278)

AB-2019-0116

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2021.

Una

vez

disciplinario

más

nos

para

corresponde

evaluar

la

ejercer

conducta

nuestro

del

Lcdo.

poder

Julio

Villalona Viera (licenciado Villalona Viera), y determinar

si, en el ejercicio de su función notarial, infringió los

Cánones

18,

35

y

38

del

Código

de

Ética

Profesional,

infra, los Arts. 2, 12 y 56 de la Ley Notarial de Puerto

Rico,

infra, y

las Reglas 65,

66 y 67 del Reglamento

Notarial, infra. Por responder en la afirmativa, ordenamos

la suspensión inmediata del letrado del ejercicio de la

abogacía por un término de seis meses, y del ejercicio de

la notaría indefinidamente.

Procedemos

a

realizar

un

recuento

de

los

hechos

pertinentes al asunto ante nuestra consideración.

I

El

licenciado

Villalona

Viera

fue

admitido

al

ejercicio de la abogacía el 16 de febrero de 2005 y a la

práctica de la notaría el 28 de junio del mismo año.

El 8 de mayo de 2019, la Hon. Berthaida Seijo Ortiz,

Jueza del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

In re; Julio Villalona Viera

2

AB-2019-0116

Carolina,

adjudicó

celebración

de

la

una

evidencia

vista

en

presentada

alzada

de

durante

Regla

6

la

de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6, en el caso

El Pueblo de Puerto Rico v. Wilfredo Gracia Delgado y

otros (Caso Núm. FMI2019-0020).1 En lo pertinente al asunto

ante nosotros, la Jueza Seijo Ortiz emitió una Resolución

en la que determinó que, conforme a la prueba testimonial

y documental presentada, el título del vehículo que fue

objeto

de

apropiación

ilegal

fue

notarizado

por

el

licenciado Villalona Viera. Asimismo, razonó que, a pesar

de ser un hecho falso, el notario certificó bajo juramento

que la Sra. Sonia Cabrera Cancel y el Sr. Julio Soto Díaz

comparecieron

y

firmaron

un

Certificado

de

título

de

vehículo de motor (Certificado de título) para el traspaso

de

este

vehículo.

Ante

la

realidad

señalada

y

en

cumplimiento con los Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap.

IV-B,

la

Jueza

Seijo

Ortiz

refirió

el

caso

ante

este

Tribunal para la evaluación de la conducta del licenciado

Villalona Viera como notario.

Se inició un proceso criminal en contra del Sr. Wilfredo

Gracia Delgado por violar el Art. 18(4) de la Ley para la

Protección de Propiedad Vehicular, 9 LPRA sec. 3224 y los Arts. 212

(Falsedad ideológica) y 217 (Posesión y traspaso de documentos

falsificados) del Código Penal de 2012. Por otra parte, también

iniciaron un proceso criminal en contra del Sr. Raúl A. Ayala

Santana bajo el Art. 202(b) (Fraude); el Art. 212 (Falsedad

ideológica) y el Art. 217 (Posesión y traspaso de documentos

falsificados) del Código Penal de 2012.

Durante la investigación de la división de vehículos

hurtados, según surgió de las declaraciones juradas presentadas y

la entrevista del Lcdo. Julio Villalona Viera ante la Agte. Daisy

Torres Muñiz, quedó establecida la forma y manera del otorgamiento

del referido afidávit.

1

In re; Julio Villalona Viera

3

AB-2019-0116

Según surge

de la evidencia presentada, ante el foro

primario, durante una entrevista realizada por la Agente

Daisy Torres Muñiz de la División de Vehículos Hurtados de

Carolina, el licenciado Villalona Viera admitió que el 4

de mayo de 2018, el Sr. Wilfredo Gracia Delgado, como

gestor de licencias de vehículos de motor, se presentó en

su oficina con un Certificado de título que contenía

dos

firmas y las copias de la licencia de conducir de las

partes

para

llevar

a

cabo

un

traspaso

del

título

del

vehículo. Además, mencionó que el señor Gracia Delgado le

aseguró que no tenía que preocuparse, ya que las partes

pasaron antes por su oficina. Luego, el notario procedió a

autorizar el Testimonio Núm. 26,596 en el que identificó

al señor Soto Díaz y a la señora Cabrera Cancel mediante

las

copias

de

sus

respectivas

licencias

de

conducir

y

formalizó el traspaso del título del vehículo.

Así las cosas, determinamos acoger el referido del

foro primario como una Queja (AB-2019-116) para evaluar la

conducta del licenciado Villalona Viera al autenticar las

firmas de un Certificado de título para el traspaso de un

vehículo de motor mediante un testimonio, sin contar con

la

presencia

de

ninguna

de

las

partes

otorgantes,

limitándose a identificarlas por medio de las copias de

sus licencias de conducir. Así, al amparo de la Regla

14(c) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXIB, este Tribunal le otorgó un término de diez días al

letrado para presentar su contestación a la queja.

In re; Julio Villalona Viera

4

AB-2019-0116

En cumplimiento con lo requerido, el 3 de julio de

2019, el licenciado Villalona Viera compareció y resaltó

que,

durante

ocho

años,

su

práctica

de

la

notaria

ha

estado enfocada en la gestoría de licencias de vehículos

de

motor

Además,

y

los

admitió

concesionarios

que

fue

el

de

vehículos

notario

que

de

motor.

autorizó

el

traspaso del vehículo que fue objeto del caso criminal El

Pueblo de Puerto Rico v. Wilfredo Gracia Delgado y otros

(Caso

Núm.

FMI2019-0020)

que

motivó

la

queja.

A

esos

efectos, explicó que:

Es importante señalar que los documentos fueron

presentados ante el [licenciado Villalona Viera] a

través de un gestor de licencias. La práctica del

[licenciado Villalona Viera] era trabajo notarial

para gestores en su mayoría. Es en el documento de

autorización que firma el comprador y el vendedor

ante el gestor con el cual lo autorizan a acudir

ante el notario para que efectúe el traspaso,

donde ambos firman y cumplimenta el notario cuando

el gestor firma ante él.

Es el uso y costumbre que en sus funciones el

gestor acuda a la oficina del notario para que

efectúe el traspaso a nombre de tercero, y éste

firma ante él. Es la firma del gestor la que

autentica el notario y no la del comprador y el

vendedor. Nos llama la atención como esta práctica

que es el uso y costumbre puede incidir en la

responsabilidad ética del Notario o Notaria y

exponerlo a procedimientos disciplinarios, como el

presente. (Énfasis nuestro).2

Cónsono

con

lo

anterior,

el

licenciado

Villalona

Viera aceptó su responsabilidad profesional y explicó que

actuó conforme al uso y costumbre de los notarios que se

dedican a la práctica de los traspasos de vehículo de

motor por medio de gestores.

2

Contestación a la Queja, pág. 3.

In re; Julio Villalona Viera

5

AB-2019-0116

Finalmente, solicitó que, al momento de evaluar su

conducta,

consideremos

que:

no

había

incurrido

en

infracciones disciplinarias anteriores en la práctica de

la abogacía ni la notaría; no hubo ánimo de lucro; expresó

arrepentimiento

y

pidió

disculpas;

admitió

su

responsabilidad sobre los hechos imputados desde el inicio

y finalmente, resaltó que la situación le ha servido de

experiencia y aprendizaje a pesar de la dificultad que

representaría perder la notaría como fuente de ingreso.

En

vista

de

la

información

sometida

ante

este

Tribunal, el 31 de enero de 2020 referimos el asunto a la

Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y a la Oficina

del

Procurador

Procurador

General

General)

de

para

Puerto

la

Rico

(Oficina

investigación

e

del

informe

correspondiente.

Así las cosas, el 19 de febrero de 2020, el Director

de la ODIN, el Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús, presentó su

Informe. En cuanto a la actuación del notario, señaló que

“es

un

Villalona

hecho

admitido

Viera]

autorizó

y

probado

el

que

Testimonio

el

[licenciado

Núm.

26,596

de

Traspaso de vehículo de motor […] que comprometió su fe

pública notarial al firmar que legitimó las firmas de unas

personas que no comparecieron ante él”. Concluyó que la

referida conducta constituyó una violación al principio de

la fe pública notarial que establece el Art. 2 de la Ley

Notarial de Puerto Rico, supra. A su vez, expresó que el

licenciado Villalona Viera infringió los Artículos 56 y 57

In re; Julio Villalona Viera

6

AB-2019-0116

de la Ley Notarial de Puerto Rico, infra, y las Reglas 65

y 67 del Reglamento Notarial, infra, al dar fe de hechos

falsos,

tales

como

declarar

que

identificó

a

los

otorgantes mediante sus licencias de conducir y que estos

habían firmado el documento ante él.

En cuanto a la contestación del notario a los efectos

de que se limitó a legalizar la firma del gestor, la ODIN

resaltó que surgió una contradicción entre lo ocurrido y

la información que el licenciado Villalona Viera consignó

en el Libro de Registro de Testimonios y el Informe de

Actividad

Notarial

de

mayo

de

2018

al

mencionar

como

declarantes a la señora Cabrera Cancel y el señor Soto

Díaz. En consecuencia, puntualizó que, con su conducta, el

licenciado Villalona Viera incumplió los Cánones 18, 35 y

38 del Código de Ética Profesional, infra, al quebrantar

la fe pública notarial y faltar a su deber de diligencia y

honradez al realizar una afirmación de un hecho falso.3 De

esta forma, la ODIN recomendó la suspensión del ejercicio

de la notaría por un término de tres meses.

Por otra parte, el Informe mencionó que en In re Flores

Martínez, 199 DPR 691 (2018), un letrado incurrió en una conducta

similar al legitimar firmas de traspasos de vehículos de motor por

medio de la gestoría regulada por el Departamento de Transportación

y Obras Públicas (DTOP). Resaltó que, en el referido caso,

ordenamos la suspensión de la abogacía por tres meses y la notaria

inmediata e indefinidamente.

Al evaluar la conducta del licenciado Villalona Viera para la

aplicación

de

la

sanción

disciplinaria,

ODIN

consideró

lo

siguiente: que es el primer procedimiento disciplinario sobre su

desempeño como notario; que no causó dilación indebida durante el

procedimiento disciplinario; que admitió su error y expresó

arrepentimiento. Finalmente, ODIN recomendó la suspensión del

ejercicio de la notaría por un término de tres meses por violar los

Arts. 2, 12, 56 y 57 de la Ley Notarial de Puerto Rico, infra, las

Reglas 65 y 67 del Reglamento Notarial, infra, y, en consecuencia,

infringir los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional,

infra.

3

In re; Julio Villalona Viera

7

AB-2019-0116

Posteriormente,

el

18

de

septiembre

de

2020,

la

Oficina del Procurador General presentó su Informe. Afirmó

que no existe controversia en cuanto a que el licenciado

Villalona Viera fue el notario que autorizó el traspaso

del vehículo de motor en cuestión y certificó falsamente,

bajo juramento, que las partes comparecieron ante él y

firmaron

en

su

presencia

al

dorso

del

Certificado

de

título. En consecuencia, la Oficina del Procurador General

resolvió que el licenciado Villalona Viera incumplió con

los Arts. 2, 12 y 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico,

infra, las Reglas 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial,

infra, y los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética

Profesional,

infra.

Conforme

a

ello,

precisó

en

su

recomendación que:

En este caso, no existen controversias de hechos

y, por ende, solo resta determinar, a base del

expediente, y sin la necesidad del inicio de un

procedimiento disciplinario en todo su rigor, el

tipo de sanción que amerita la conducta del

[licenciado Villalona Viera]. De este ilustre foro

entender que los hechos no controvertidos en este

caso no ameritan la misma sanción impuesta en el

caso de [In re Vázquez Margenat, 2020 TSPR 94, 204

DPR __ (2020)],4 recomendaríamos el inicio de un

procedimiento disciplinario. (Énfasis nuestro).5

En cuanto a la evaluación de la sanción sobre la

conducta incurrida, la Oficina del Procurador General expuso que

recientemente en In re Vázquez Margenat, 2020 TSPR 94, 204 DPR __

(2020), este Tribunal consideró la conducta de un abogado que

legitimó unas firmas en un Certificado de título para el traspaso

de un vehículo de motor sin contar con la presencia de las partes.

Añadió que, por la referida conducta, ordenamos la suspensión

indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría del letrado

por infringir los Arts. 2, 12 y 56 de la Ley Notarial de Puerto

Rico, infra, las Reglas 65 a la 67 del Reglamento Notarial de

Puerto Rico, infra, y los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética

Profesional, infra.

De otra parte, la Oficina del Procurador General consideró

como atenuantes que, el licenciado Villalona Viera se enfrentaba a

su primera falta en los quince años que lleva ejerciendo la

profesión; que no hubo ánimo de lucro; que expresó sus disculpas

4

In re; Julio Villalona Viera

8

AB-2019-0116

El 17 de noviembre de 2020, el licenciado Villalona

Viera presentó su Contestación a Informe de la Oficina del

Director de Inspección de Notarías. Posteriormente, el 23

de noviembre de 2020, remitió la Contestación al Informe

del

Procurador

General.

En

ambos

escritos,

el

notario

reafirmó los planteamientos esbozados en su contestación a

la queja.

Examinados los documentos pertinentes, y en vista de

que en el presente caso no existe una controversia sobre

los hechos esenciales, resolvemos sin trámite ulterior.6

II

Incumplimiento del principio de la fe pública

notarial instituido en el Art. 2 de la Ley Notarial de

Puerto Rico

por la conducta incurrida y, además,

actuar conforme al uso y costumbre.

5

que admitió

su error por

Informe del Procurador General, pág. 13.

Anteriormente, hemos expresado que el debido proceso de ley se

salvaguarda siempre que se le provea al abogado la oportunidad de

responder y defenderse de las teorías que fundamenten los cargos

imputados y notificados adecuadamente. Íd., pág. 825; In re Pérez

Riveiro, supra, pág. 200. Cónsono con lo anterior, la Regla 14 (e) del

Reglamento del Tribunal Supremo, supra, dispone que:

Una vez el Tribunal reciba la recomendación del Procurador

o Procuradora General o del Director o Directora de la

Oficina de Inspección de Notarías, podrá ordenar el

archivo y sobreseimiento de la queja, ordenar que se

amplíe la investigación de la queja o someter el asunto a

uno de sus Jueces o Juezas para la determinación de causa,

quien informará su criterio y recomendaciones al Pleno. El

Tribunal podrá imponer las sanciones que correspondan sin

necesidad de trámites ulteriores cuando surjan de la

propia contestación hechos que lo justifiquen. Luego de

completado el trámite anterior, el Tribunal podrá ordenar

al Procurador o Procuradora General que presente la

querella correspondiente. (Énfasis nuestro).

Advertimos que después de la presentación del Informe de la

Oficina del Procurador General y el Informe de la ODIN, otorgamos un

término para que el licenciado Villalona Viera respondiera. Así,

contando con su comparecencia, estando en poder de resolver,

procedemos a hacerlo sin trámite ulterior. Véase In re Arocho Cruz,

198 DPR 360, 365 (2017); In re Sánchez Ramos, 174 DPR 453, 460

(2008); In re Davison Lampón, 159 DPR 448, 455 (2003).

6

In re; Julio Villalona Viera

9

AB-2019-0116

Como parte de nuestro poder inherente para regular la

profesión de la abogacía, nos compete asegurarnos de que

los miembros admitidos al ejercicio de la profesión legal,

así

como

la

notaría,

ejerzan

sus

funciones

de

manera

responsable, competente y diligente. En cuanto al notario

se

refiere,

este

debe

ejercer

su

función

con

extremo

cuidado, esmero y celo profesional, ya que está obligado a

cumplir estrictamente con la Ley Notarial de Puerto Rico

(Ley Notarial), Ley Núm. 75 del 2 de julio de 1987, 4 LPRA

sec. 2001 et seq., el Reglamento Notarial de Puerto Rico,

4

LPRA

Ap.

XXIV

y

los

Cánones

del

Código

de

Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX.7 El incumplimiento con tales

preceptos normativos lo expone a sanciones disciplinarias.8

El Artículo 2 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2002,

consagra el principio de la fe pública notarial y dispone

lo siguiente:

El notario es el profesional del Derecho que

ejerce una función pública, autorizado para dar fe

y autenticidad conforme a las leyes de los

negocios

jurídicos

y

demás

actos

y

hechos

extrajudiciales que ante él se realicen, sin

perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales.

Es su función recibir e interpretar la voluntad de

las partes, dándole forma legal, redactar las

escrituras y documentos notariales a tal fin y

conferirle[s] autoridad a los mismos. La fe

pública al notario es plena respecto a los hechos

que, en el ejercicio de su función personalmente

In re Sánchez Reyes, 2020 TSPR 102, 204 DPR ___ (2020); In

re García Cabrera, 201 DPR 902, 918 (2019); In re Márquez Colón,

198 DPR 509, 518 (2017); In re Maldonado Maldonado, 197 DPR 802,

809 (2017); In re Palmer Ramos, 195 DPR 245, 254-255 (2016); In re

Toro González II, 193 DPR 877, 889 (2015); In re Vargas Velázquez,

193 DPR 681, 693 (2015); In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572, 580

(2012).

7

In re Ayala Oquendo, supra; In re Montalvo Guzmán, 164 DPR

806, 810 (2005).

8

In re; Julio Villalona Viera

10

AB-2019-0116

ejecute o compruebe y también respecto a la forma,

lugar, día y hora del otorgamiento. Íd.

Hemos expresado que la función que ejerce el notario

va más allá de fungir como un autómata que legaliza las

firmas,

ya

que

posee

el

deber

de

verificar

que

el

instrumento público cumpla con todas las formalidades de

la ley, que es legal y verdadero, y finalmente, que es una

transacción legítima y válida.9 ́

Por otra parte, “[l]a fe pública [del] notario es

plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su

función

personalmente

ejecute

o

compruebe

y

también

respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento”.10

Como

resultado,

un

documento

notarial

avalado

por

la

dación de fe de un notario se presume que cumple con todas

las formalidades de ley y “brinda la confianza de que los

hechos

jurídicos

y

las

circunstancias

que

acredita

el

notario fueron percibidos y comprobados con sus sentidos o

ejecutados por él”.11

Es conocido que como parte de las funciones de un

notario se encuentra la preparación de una declaración de

autenticidad o testimonio. El Art. 56 de la Ley Notarial,

4 LPRA sec. 2091, define la declaración de autenticidad o

testimonio como

In re Peña Osorio, 169 DPR 738, 788-789 (2019); In re

García Cabrera, supra, pág. 919 (citando a In re Torres Alicea, 175

DPR 456, 460 (2009)); In re Maldonado Maldonado, supra.

9

10

Art. 2 de la Ley Notarial, supra.

11

In re Arocho Cruz, supra, págs. 365–366; In re Toro

Imbernón, 194 DPR 499, 305 (2016); In re González Hernández, 190

DPR 164, 176–177 (2014); In re Rivera Aponte, 169 DPR 738, 741–742

(2007).

In re; Julio Villalona Viera

11

AB-2019-0116

[Un]documento mediante el cual un notario a

requerimiento de parte interesada, da testimonio

de fe de un documento no matriz, además de la

fecha del testimonio:

(1) De la legitimación de las firmas que en él

aparezcan, siempre que no se trate de los actos

comprendidos en la sec. 2005 de este título ni en

los incisos (1) a (6) de la sec. 3453 del Título

31;

(2) de haber tomado juramento por escrito;

(3) de que es traducción fiel y exacta de otro,

siempre que conozca ambos idiomas y así lo

certifique el propio testimonio;

(4) de que es copia fiel y exacta de un documento

que no obra en un protocolo notarial, o

(5) en general, de la identidad de cualquier

objeto o cosa […].

Las

declaraciones

juradas

son

testimonios

de

legitimación de firma.12 En consecuencia, “los notarios no

pueden dar fe

notarial en un

persona

pretende

que

personalmente”.13

Así,

conducta

mencionada

afecta

la

la

el

otorgación

notario

quebranta

confianza

documento en el

la

depositada

que

fe

no

en

compareció

incurre

pública

el

cual la

en

la

notarial

y

sistema

de

autenticidad documental.14 Además, incurre en una de las

faltas más graves, a saber, la certificación de un hecho

falso.15

12 In re Vázquez Margenat, supra; In re Llanis Menéndez, 175

DPR 22, 25-26 (2008).

In re Vázquez Margenat, supra; In re Flores Martínez,

supra, pág. 702; In re Arocho Cruz, supra, págs. 366-367; In re

Vargas Velázquez, supra, pág.

690; In re Rivera Aponte, supra,

pág. 744; In re Surillo Ascar, 160 DPR 742, 743 (2004); In re

Vargas Hernández, 135 DPR 603, 608 (1994); In re Medina Lugo, 136

DPR 120, 124 (1994).

13

14 In re Vázquez Margenat, supra; In re Arocho Cruz, supra,

pág. 367; In re Medina Lugo, supra.

15

In re Márquez Colón, supra, pág. 519; In re Vargas

Velázquez, supra; In re Llanis Menéndez, supra, pág. 26; In re

Rivera Aponte, supra; In re Surillo Ascar, supra; In re Vargas

Hernández, supra, pág. 607.

In re; Julio Villalona Viera

12

AB-2019-0116

Valga

señalar

que

la

Regla

67

del

Reglamento

Notarial, supra, dispone que el testimonio de legitimación

de firma acredita el hecho de que, en determinada fecha,

se firmó un documento en presencia del notario y que esa

persona

es

quien

legitimación

juramento.

de

dice

la

Asimismo,

ser.

También,

establece

que

la

comprender

el

firma

podrá

o

no

precisa

que

el

notario

tiene

que

hacer constar, tanto en el testimonio como en el Registro

de Testimonios, que conoce personalmente al firmante o que

lo ha identificado mediante los métodos supletorios que

provee el Art. 17 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2035. Al

hacerlo,

el

notario

garantiza

lo

siguiente:

(1)

la

identidad del firmante, y (2) que se realizó el acto ante

el notario.16

De otro lado, el Art. 12 de la Ley Notarial, 4 LPRA

sec. 2023, impone al notario el deber de rendir un Informe

de

Actividad

Notarial

Mensual,

donde

relacionen,

entre

otros, por número del testimonio autorizado, el nombre de

las

partes,

la

fecha

y

el

objeto

del

testimonio.17

El

incumplimiento con el requisito de presentar los informes

notariales

menoscaba

la

fe

A

fin

pública

notarios

del

País.

de

mensuales

e

informes

anuales

garantizan

la

certeza

de

los

investida

cuentas,

de

“los

actividad

documentos

en

en

los

índices

notarial

[los]

que

Véase In re Vargas Velázquez, supra; In re Llanis Menéndez,

supra, pág. 26.

16

In re Arocho Cruz, supra, págs. 367–368; In re Cabrera

Acosta, 193 DPR 461, 466 (2015).

17

In re; Julio Villalona Viera

13

AB-2019-0116

intervienen

los

notarios

y

evitan

el

riesgo

de

manipulación y fraude”.18 En consecuencia, “un notario que

asegure que una persona figuró como compareciente en una

declaración

jurada

en

el

Índice

de

Actividad

Notarial

presentado sin ser cierto, quebranta los Arts. 2, 12 y 56

de la Ley Notarial, las Reglas 65, 66, 67 del Reglamento

Notarial y el Canon 35”.19

Es

preciso

puntualizar

que

la certificación

de

un

hecho falso no sólo viola las disposiciones de la Ley

Notarial, sino que también viola el deber de sinceridad y

honradez

que

impone

Profesional,

supra,

el

a

Canon

todos

35

los

del

Código

abogados,

de

así

Ética

como

el

deber de practicar la profesión de una forma honrosa y

digna

que

impone

el

Canon

38

del

Código

de

Ética

Profesional, supra. Ciertamente, no enaltece la profesión

legal el notario que no se desempeñe con la cautela y el

celo que requiere la función pública del notariado.20

Finalmente,

reiteramos

que

el

incumplimiento

del

notario con las disposiciones de la Ley Notarial, supra, y

su

Reglamento,

supra,

equivale

a

una

infracción

disciplinaria e incumplimiento de los Cánones del Código

de Ética Profesional, supra. El compromiso de la labor de

In re Cabrera Acosta, supra, págs. 466–467 (citando a In re

Santiago Ortiz, 191 DPR 950, 961 (2014)).

18

19

In re Vázquez Margenat, supra.

20

In re Vázquez Margenat, supra. Véanse, además: In re

Charbonier Laureano, 2020 TSPR 66, 204 DPR __ (2020); In re Vera

Vélez, 148 DPR 1, 8 (1999). Véanse: Art. 56 de la Ley

Notarial, supra; Reglas 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial, supra.

In re; Julio Villalona Viera

14

AB-2019-0116

un notario va atado al deber de diligencia comprendido en

el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra.

A.

Canon 18 (Competencia del abogado y consejo del

cliente)

El Canon 18 del Código de Ética Profesional (Canon

18), supra, requiere que los abogados rindan una labor

idónea de competencia y diligencia.21 Asimismo, el notario

debe

demostrar

necesarios

que

durante

posee

la

los

conocimientos

ejecución

de

sus

jurídicos

funciones.22

Consecuentemente, un notario que viola las disposiciones

de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, y su Reglamento,

supra,

contraviene

lo

dispuesto

en

este

canon

al

no

ejercer la profesión con el cuidado y la prudencia que

esta requiere.23 Por lo tanto, cuando un notario infringe

el deber que impone este Canon no ejerce la profesión con

el cuidado y la prudencia que esta requiere.

B.

Canon 35 (Sinceridad y honradez)

El Canon 35 del Código de Ética Profesional (Canon

35), supra, exige que los miembros de la profesión legal

se conduzcan de forma sincera y honrada y, en particular,

que

se

“ajust[en]

a

la

sinceridad

de

los

hechos

al

In re Peña Osorio, 169 DPR 738, 790 (2019); In re García

Cabrera, supra, págs. 924-925; In re Maldonado Maldonado, supra,

págs. 812-813.

21

In re Sánchez Reyes, supra, pág. 367; In re Torres Rivera,

2020 TSPR 23, 204 DPR ___ (2020).

22

In re Medina Torres, 200 DPR 610,628-629 (2018); In re

Flores Martínez, supra, págs. 701-702; In re Arocho Cruz, supra; In

re Palmer Ramos, supra, págs. 254-255; In re Toro González II,

supra, pág. 890; In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 685 (2012); In re

Maldonado Maldonado, supra, pág. 813 (citando a In re Aponte

Berdecía, 161 DPR 94, 106 (2004)) (“Una vez un notario contraviene

la ley vigente, incurre en una práctica notarial indeseable y

contraviene el canon mencionado”).

23

In re; Julio Villalona Viera

15

AB-2019-0116

examinar

testigos,

al

redactar

afidávits

u

otros

documentos”. Como se puede colegir, el notario que asevere

cualquier hecho en un instrumento público que no concuerde

con la verdad, infringe la fe pública notarial que, a su

vez, constituye una violación al Canon 35 del Código de

Ética Profesional, supra, independientemente de si hubo

intención de faltar a la verdad.24

C.

Canon 38 (Preservación del honor y dignidad de la

profesión)

El Canon 38 del Código de Ética Profesional (Canon

38), supra, puntualiza que los dos valores principales con

los que debe cumplir un abogado son la dignidad y el honor

al ejercer la abogacía y en su vida privada. Para ello,

instituye

el

deber

de

evitar

hasta

la

apariencia

de

conducta profesional impropia.

Un abogado que incurre en incumplimiento del Canon 35 del

Código de Ética Profesional, supra, también infringe el

Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, pues la

referida acción, denota una conducta impropia que tiene un

efecto lesivo en la honra

de

la profesión, ya que

la

conducta que realiza afecta sus condiciones morales y hace

24 In re García Cabrera, supra, pág. 936; In re Pagani Padró,

198 DPR 812, 825 (2017); In re Maldonado Maldonado, supra, pág. 810

esc. 15; In re Ayala Oquendo, supra, pág. 583. (2012); In re Torres

Villanueva, 168 DPR 185, 191 (2006); In re Collazo Sánchez, 159 DPR

769, 773-774 (2003).

In re; Julio Villalona Viera

16

AB-2019-0116

que sea indigno de pertenecer a este foro.25 Claramente,

“[n]o

exalta

la

profesión

legal

el

notario

que

no

desempeñe con cautela y el celo que demanda la función

pública del notariado”.26

Expuesta

antecedentes

la

norma

fácticos

jurídica

reseñados,

que

pasemos

aplica

a

a

los

evaluar

la

conducta exhibida por el licenciado Villalona Viera.

III

Debemos determinar si el licenciado Villalona Viera

infringió los Arts. 2, 12 y 56 de la Ley Notarial, supra,

las Reglas 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial, supra, y

los

Cánones

18,

35

y

38

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, al ejercer sus funciones notariales.

La Queja (AB-2019-116) tuvo su origen con el referido

de la Resolución emitida por la Jueza Seijo Ortiz, en el

caso El Pueblo de Puerto Rico vs. Wilfredo Gracia Delgado

y

otros

(Caso

establecido

que

Núm.

el

FMI2019-0020)

licenciado

en

Villalona

el

que

Viera

quedó

fue

el

notario que autorizó el traspaso de un vehículo que fue

objeto de apropiación ilegal.

Según surge del Certificado de título que emitió el

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en

cuanto al vehículo Toyota Yaris 2009, el 4 de mayo de

2018, el licenciado Villalona Viera autenticó las firmas

del señor Soto Díaz y la señora Cabrera Cancel mediante el

25 In re Vargas Velázquez, supra, pág. 690; In re Arocho Cruz,

supra, pág. 367; In re Surillo Ascar, supra, pág. 743.

26

Íd.

In re; Julio Villalona Viera

17

AB-2019-0116

Testimonio Núm. 26,596 para el traspaso del título del

vehículo de motor a nombre del señor Soto Díaz.

Por otro lado, también surge del Índice de Actividad

Notarial Mensual correspondiente al mes de mayo de 2018 y

el Asiento Núm. 26,596 del Libro de Testimonios, que el

licenciado Villalona Viera informó, bajo juramento, que en

esa misma fecha autenticó las firmas de la señora Cabrera

Cancel y el señor Soto Díaz, para un traspaso de vehículo,

quienes no comparecieron ante él.

Como

resultado

expediente,

pública

el

de

notario

notarial

que

la

evidencia

violentó

recoge

el

el

presentada

principio

Artículo

2

de

de

en

el

la

fe

la

Ley

Notarial, supra. Además, al certificar un hecho falso, el

letrado incurrió en violación de los Artículos 56 y 57 de

la

Ley

Notarial

establecen

que

de

los

Puerto

Rico,

testimonios

supra,

o

los

cuales

declaraciones

de

autenticidad son los documentos en los que los notarios

dan fe de la fecha del documento, de la legitimación de

las firmas que aparecen en él y de haber tomado juramento

por escrito. De igual modo, violentó las Reglas 65 y 67

del

Reglamento

Notarial

de

Puerto

Rico,

supra,

que

corresponden a los Artículos 56 y 57 de la Ley Notarial de

Puerto

Rico,

supra,

referentes

a

los

testimonios

o

declaraciones de autenticidad.

Con

la

conducta

exhibida,

el

licenciado

Villalona

Viera también violentó los Cánones 18, 35 y 38 del Código

de Ética Profesional, supra. El letrado faltó a su deber

In re; Julio Villalona Viera

18

AB-2019-0116

de diligencia, honradez y con ello, no exaltó la profesión

legal

al

dar

fe

pública

notarial

de

que

legitimó

las

firmas en la Certificación de título para un traspaso de

un vehículo de motor sin la comparecencia de las partes.

Asimismo, cedió la custodia de la fe pública notarial a un

tercero cuando confió en la información vertida por un

gestor sobre las firmas. Finalmente, certificó falsamente

en el Índice de Actividad Notarial Mensual correspondiente

al mes de mayo de 2018 y en el Asiento Núm. 26,596 del

Libro

de

Testimonios,

señora

Cabrera

que

Cancel

y

autenticó

del

señor

las

firmas

de

la

Soto

Díaz

sin

su

de

la

comparecencia.

En

cuanto

a

la

determinación

sanción

disciplinaria, debemos considerar los factores siguientes:

(1) la reputación del abogado en la comunidad; (2) su

historial disciplinario; (3) si la conducta es aislada;

(4) si medió ánimo de lucro; (5) si presentó una defensa

frívola de su conducta; (6) si ocasionó perjuicio a alguna

parte;

(7)

si

resarció

al

cliente;

(8)

si

demostró

aceptación o arrepentimiento sincero por la conducta que

le fue imputada, y (9) otros atenuantes o agravantes que

surjan de los hechos.27 En la evaluación de la sanción

sobre

la

conducta

del

letrado,

consideramos

como

atenuantes que el licenciado Villalona Viera se enfrentaba

a su primera falta en los quince años que lleva ejerciendo

27 In re Sánchez Reyes, supra; In re Soto Aguilú, supra, págs.

147-148; In re López Santiago, 199 DPR 797, 818 (2018); In re

Maldonado Maldonado, supra, pág. 818.

In re; Julio Villalona Viera

19

AB-2019-0116

la profesión; que no hubo ánimo de lucro; que admitió su

error y expresó arrepentimiento y, además, que no causó

dilación indebida durante el procedimiento disciplinario.

Consecuentemente,

circunstancias,

considerada

procede

que

la

totalidad

impongamos

como

de

las

sanción

la

suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía por seis

meses y de la notaría indefinidamente.28

Fundamentados

en

la

normativa

expuesta,

concluimos

que el licenciado Villalona Viera infringió los Artículos

2, 12, 56 y 57 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra,

las Reglas 65 y 67 del Reglamento Notarial, supra, y los

Cánones

18,

35

y

38

del

Código

de

Ética

Profesional,

supra. En consecuencia, ordenamos la suspensión inmediata

del

licenciado

Villalona

Viera

del

ejercicio

de

la

abogacía por el término de seis meses, y del ejercicio de

la notaría indefinidamente.

IV

En vista de lo anterior, suspendemos inmediatamente

al licenciado Villalona Viera del ejercicio de la abogacía

por el término de seis meses, y a su vez, lo suspendemos

de la práctica notarial indefinidamente.

En

virtud

de

la

suspensión,

el

Alguacil

de

este

Tribunal deberá incautar inmediatamente la totalidad de la

obra protocolar y sello notarial del señor Villalona Viera

28 In re Soto Aguilú, supra, pág. 148; In re Aponte Duchesne,

supra, págs. 258-259; In re García Cabrera, 188 DPR 186, 214-215

(2013); In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 38-39 (2008); In re Monge

García, supra, pág. 388; In re Chiques Velázquez, 161 DPR 303, 307

(2004); In re Vélez Lugo, 164 DPR 751, 755-756 (2005).

In re; Julio Villalona Viera

20

AB-2019-0116

y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de

Notaría para el correspondiente examen e informe. De otra

parte, la fianza que garantiza las funciones notariales

queda automáticamente cancelada. No obstante, la fianza se

considerará buena y válida por tres (3) años después de su

terminación, en cuanto a los actos realizados durante el

periodo en que estuvo vigente.

Por

último,

notificar

a

le

ordenamos

todos

sus

al

clientes

señor

de

su

Villalona

Viera

inhabilidad

para

continuar con su representación y a devolverles tanto los

expedientes de los casos pendientes como los honorarios

recibidos

por

trabajos

no

rendidos.

Además,

deberá

informar inmediatamente de su suspensión a los distintos

foros judiciales y administrativos en los que tenga algún

asunto

pendiente

y

acreditar

ante

este

Tribunal

el

cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta

(30) días, a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam y Sentencia.

No hacerlo pudiera conllevar que no

se le reinstale al ejercicio de la abogacía de solicitarlo

en el futuro.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Julio C. Villalona Viera

(TS-15,278)

AB-2019-0116

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2021.

En vista de lo anterior, suspendemos inmediatamente

al Lcdo. Julio C. Villalona Viera del ejercicio de la

abogacía por el término de seis meses, y a su vez, lo

suspendemos de la práctica notarial indefinidamente.

En virtud de la suspensión, el Alguacil de este

Tribunal deberá incautar inmediatamente la totalidad de la

obra protocolar y sello notarial del señor Villalona Viera

y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de

Notaría para el correspondiente examen e informe. De otra

parte, la fianza que garantiza las funciones notariales

queda automáticamente cancelada. No obstante, la fianza se

considerará buena y válida por tres (3) años después de su

terminación, en cuanto a los actos realizados durante el

periodo en que estuvo vigente.

Por último, le ordenamos al señor Villalona Viera

notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para

continuar con su representación y a devolverles tanto los

expedientes de los casos pendientes como los honorarios

recibidos por trabajos no rendidos. Además, deberá

informar inmediatamente de su suspensión a los distintos

foros judiciales y administrativos en los que tenga algún

asunto pendiente y acreditar ante este Tribunal el

cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta

(30) días, a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que no

se le reinstale al ejercicio de la abogacía de solicitarlo

en el futuro.

Notifíquese inmediatamente.

In re: Julio C. Villalona Viera

2

AB-2019-0116

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco

emite la siguiente expresión:

“La

Jueza

Asociada

señora

Pabón

Charneco

suspendería al Lcdo. Julio Villalona Viera por un

término de tres (3) meses del ejercicio de la

abogacía y de forma indefinida del ejercicio de la

notaría”.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo