Tribunal Supremo de Puerto Rico
McNeil Healthcare, Inc. v. Municipio de Las Piedras et al. [I]
2021 TSPR 24
Poder Judicial de Puerto Rico
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McNeil Healthcare, Inc. v. Municipio de Las Piedras et al. [I]
CC-2019-533
Derecho Probatorio: El privilegio contador público autorizado – cliente dispuesto en la Regla 504 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, aplica a personas jurídicas y les otorga el privilegio de rehusar revelar o impedir que otra persona revele, las comunicaciones confidenciales habidas entre sus oficiales y los contadores públicos autorizados de los cuales obtuvo servicios profesionales. Lo determinante para la aplicación de este privilegio no es la calidad en la que el contador público autorizado lleva a cabo las gestiones profesionales a favor de la persona jurídica, sino que esa comunicación interna contenga evaluaciones profesionales de índole confidencial a favor del cliente y que sean realizadas dentro de un marco de confidencialidad que muy difícilmente pudiera presumirse que tenía el fin de ser divulgada a terceras personas. De otro lado, debido a que la Regla 504 no excluye de protección las comunicaciones realizadas entre contadores públicos autorizados que brindan servicios a las empresas que los emplean, y ante la similitud entre este privilegio y el de abogado-cliente, dichas comunicaciones deben estar protegidas al igual que lo estarían si se tratara de un abogado corporativo (“in-house counsel”).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
McNeil Healthcare, LLC
Peticionario
v.
Certiorari
2021 TSPR 24
206 DPR ____
Municipio de Las Piedras et al. [I]
Recurridos
Número del Caso:
CC-2019-533
Fecha: 26 de febrero de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel IV
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Juan A. Marqués Díaz
Lcdo. Rubén Muñiz Bonilla
Lcdo. Britt E. Arrieta Rivera
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Eduardo H. Martínez Echevarría
Materia: Derecho Probatorio - El privilegio CPA-cliente dispuesto en
la Regla 504 de Evidencia aplica a personas jurídicas y les otorga
el privilegio de rehusar revelar o impedir que otra persona revele,
las comunicaciones confidenciales habidas entre sus oficiales y los
contadores públicos autorizados de los cuales obtuvo servicios
profesionales.
Lo determinante para la aplicación de este
privilegio no es la calidad en la que el CPA lleva a cabo las
gestiones profesionales a favor de la persona jurídica, sino que esa
comunicación interna contenga evaluaciones profesionales de índole
confidencial a favor del cliente y que sean realizadas dentro de un
marco de confidencialidad que muy difícilmente pudiera presumirse
que tenía el fin de ser divulgada a terceras personas. De otro
lado, debido a que la Regla 504 no excluye de protección las
comunicaciones realizadas entre contadores públicos autorizados que
brindan servicios a las empresas que los emplean, y ante la
similitud entre este privilegio y el de abogado-cliente, dichas
comunicaciones deben estar protegidas al igual que lo estarían si se
tratara de un abogado corporativo (“in-house counsel”).
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
McNeil Healthcare, LLC
Peticionario
v.
CC-2019-533
Certiorari
Municipio de Las Piedras et al. [I]
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FELIBERTI
CINTRÓN.
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2021.
El presente recurso nos brinda la oportunidad de
expresarnos
en
por
nuestra
público
primera
vez
jurisdicción
autorizado-cliente
sobre
del
la
aplicabilidad
privilegio
(privilegio
contador
CPA-cliente),
estatuido en la Regla 504 de las Reglas de Evidencia de
Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. VI.
corresponde
evaluar
comunicaciones
caso
una
su
efectuadas
persona
naturaleza
entre
jurídica,
y
el
Específicamente,
y
alcance
cliente,
contadores
en
sobre
este
públicos
autorizados contratados por ésta.
Adelantamos que, tanto el desarrollo histórico del
referido privilegio en nuestro ordenamiento jurídico,
el derecho vigente, y, particularmente,
el ámbito de
CC-2019-533
2
confidencialidad en que ocurrieron los eventos en el caso
de
autos,
justifican
comunicación
proteger
amplia,
libre
profesionales y sus clientes.
la
y
confianza
franca
entre
y
la
estos
Veamos.
I
En
julio
presentó
de
una
2016,
demanda
McNeil
en
Healthcare,
contra
del
(McNeil)1
LLC
Municipio
de
Las
Piedras (Municipio), en virtud de la cual impugnó unas
notificaciones de este último relacionadas con presuntas
deficiencias en el pago de patentes municipales durante
los años fiscales 2014-2015 y 2015-2016.2
Contestada
continuó
su
la
curso
demanda
por
ordinario
el
y,
Municipio,
posteriormente,
inicio al descubrimiento de prueba.
incidentes
procesales,3
el
el
pleito
se
dio
Luego de múltiples
Municipio
presentó
varios
pliegos de interrogatorios y requerimientos de producción
de documentos.
En lo pertinente, el Municipio le requirió
a McNeil que produjera toda documentación intercambiada
por el CPA José Luis Rivera Matos (CPA Rivera Matos) —
quien ocupaba las posiciones de Tax Manager para todas las
subsidiarias de Johnson & Johnson en Puerto Rico y de
Asistente
del
Secretario
de
McNeil—;
y
la
CPA
Brenda
Ramírez (CPA Ramírez) —quien, por su parte, fungía como
1
McNeil Healthcare, LLC (McNeil) es una subsidiaria en Puerto Rico
de la corporación multinacional Johnson & Johnson.
2
3
Demanda, Apéndice, págs. 50-62.
Entre los incidentes ocurridos, cabe resaltar las modificaciones
al calendario debido al paso de los Huracanes Irma y María y otra
controversia de índole probatorio suscitada entre las partes, expedida
para revisión por este Tribunal con el alfanumérico CC-2018-502.
CC-2019-533
Tax
3
Compliance
Manager
para
todas
las
subsidiarias
de
Johnson & Johnson en Puerto Rico, incluyendo a McNeil—;
con otros empleados de McNeil que hubiesen intervenido con
las transacciones contables impugnadas.4
En detalle, el
Municipio requirió la siguiente información:
.
.
.
.
.
.
.
.
13.
Produzca e identifique copia de todo
documento, escrito o grabación cursado entre
el Sr. José L. Rivera y cualquier otra(o)
oficial, agente, empleado, o contratista de
McNeil relacionada a la determinación de
ingreso bruto de McNeil y/o el contenido o
alcance de la información […] de sus
declaraciones de volumen de negocios para
los años fiscales 2014-15 y 2015-16.
.
.
.
.
.
.
.
.
14. Produzca e identifique copia de todo
documento, escrito o grabación cursado entre
el Sr. José L. Rivera y cualquier otra(o)
oficial, agente, empleado, o contratista de
McNeil relacionada a la determinación de
ingreso bruto de McNeil y/o el contenido o
alcance de la información de los Estados
Financieros de McNeil para los años de
contabilidad terminados el 29 de diciembre
de 2013 y el 28 de diciembre de 2014.
.
.
.
.
.
.
.
.
15. Produzca e identifique copia de todo
documento, escrito o grabación cursado entre
la Sra. Brenda Ramírez y cualquier otra(o)
oficial, agente, empleado, o contratista de
McNeil relacionada a la determinación de
ingreso bruto de McNeil y/o el contenido o
alcance
de
la
información
de
sus
declaraciones de volumen de negocios para
lo[s] […] años fiscales 2014-15 y 2015-16.
.
.
.
.
.
(Subrayado en el original).5
4
.
.
.
Contestación
y/u
objeciones
a
segundo
interrogatorio
y
requerimiento para la producción de documentos, Apéndice, págs. 305321.
5
Íd., págs. 313-314.
CC-2019-533
4
El 12 de febrero de 2018, McNeil —por conducto del CPA
Rivera Matos en su carácter de Asistente del Secretario de
McNeil— informó en sus contestaciones y objeciones a los
interrogatorios y requerimientos de prueba cursados por el
Municipio que sólo halló un correo electrónico entre el
CPA Rivera Matos y la CPA Ramírez, pero declinó producirlo
por entender que estaba cobijado por el privilegio CPAcliente consignado en la Regla 504.
Así argumentó sus
objeciones al descubrimiento de dicha comunicación:
Contestación al Interrogatorio #13:
Se objeta al Interrogatorio Núm. 13 por
ser confuso y por ser amplio y oneroso. No
obstante, se informa que he revisado mis
récords y no he encontrado ningún documento
o comunicación cursado entre este servidor
[CPA Rivera Matos] y algún oficial, agente,
empleado,
o
contratista
de
McNeil
relacionada a la determinación de ingreso
bruto de McNeil para los años 2014-15 y
2015-16. Tampoco encontré algún documento o
comunicación de McNeil relacionada a la
determinación del ingreso bruto de McNeil
sobre
el
contenido
o
alcance
de
la
información de los Estados Financieros de
McNeil para los años 2014-15 y 2015-16.
.
.
.
.
.
.
.
.
Contestación al Interrogatorio #14:
Se objeta al Interrogatorio Núm. 14 por
ser confuso y por ser amplio y oneroso. No
obstante, se informa que sólo pude encontrar
un correo electrónico entre la Sra. Brenda
Ramírez y yo [CPA Rivera Matos] que toca el
tema objeto de este Interrogatorio, en
relación a mi evaluación de la declaración
de volumen de negocios, pero que está
protegido por el privilegio contador público
autorizado-cliente bajo la Regla 504 de las
[Reglas] de Evidencia.
CC-2019-533
5
.
.
.
.
.
.
.
.
Contestación al Interrogatorio #15:
Se objeta al Interrogatorio Núm. 15 por
ser amplio y oneroso y por solicitar
información
impertinente
a
la
presente
reclamación.
No
obstante,
véase
la
respuesta aquí al Interrogatorio Núm. 14.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Subrayado
en
el
original
y
negrillas
suplidas).6
Al día siguiente, el Municipio le envió una carta a
McNeil
solicitándole
que
proveyera
contestaciones
considerar
que
las
explicaciones
ofrecidas eran “evasivas e incompletas”.7
El Municipio
suplementarias
por
adujo, en esencia, que el correo electrónico en cuestión
no estaba cubierto por el privilegio CPA-cliente, pues
“[a] tenor con las alegaciones del [CPA] Rivera [Matos],
la relación entre éste, la [CPA] Ramírez y McNeil no es
una de cliente-contador público autorizado y no existe la
[…]
‘comunicación
confidencial’
objeto
de
privilegio
a
la
protegido por la Regla 504 de [E]videncia”.8
Subsiguientemente,
McNeil
respondió
carta
sosteniéndose en su reclamo de que el correo electrónico
solicitado era privilegiado.9
Insatisfecho
con
la
respuesta
de
McNeil,
el
27
de
febrero de 2018, el Municipio presentó ante el Tribunal de
Primera Instancia
una Solicitud
de
orden para
compeler
6
Íd.
7
Carta de 13 de febrero de 2018, Apéndice, págs. 322, 325-327.
8
Íd., pág. 327.
9
Carta de 13 de febrero de 2018, Apéndice, págs. 329, 332-335.
CC-2019-533
6
contestaciones a interrogatorios objetados (solicitud para
compeler),
con
el
fin
producir
el
correo
de
que
se
obligara
a
electrónico
cursado
entre
contadores públicos autorizados.10
McNeil
a
los
Adujo en primer término
que la invocación del privilegio CPA-cliente por parte de
McNeil era frívola y temeraria.11
Reconoció que en la
deposición tomada al CPA Rivera Matos, éste identificó a
la CPA Ramírez como su subalterna.12
Añadió, además, que:
10. En las declaraciones para los años
fiscales 2014-2015 y 2015-2016, el Sr.
Rivera Matos, en representación de McNeil,
certificó bajo juramento que el volumen de
negocios declarado fue calculado siguiendo
las disposiciones de la Ley de Patentes
Municipales y “que los anejos financieros
que se acompañan están de acuerdo a los
libros de contabilidad de este negocio al 29
de diciembre de 2013 y la copia de las
páginas
o
anejos
de
la
planilla
de
contribución
sobre
ingresos
donde
se
detallan los ingresos brutos y gastos de
operación son copia fiel y exacta de los
radicados en el Departamento de Hacienda”.
11.
Al igual que el Sr. Rivera Matos, la
Sra. Ramírez suscribe declaración ante el
Municipio
de
Las
Piedras
como
oficial
13
autorizado de McNeil. […].
Más
adelante,
el
Municipio
comunicación
confidencial
privilegio
aquella
es
especificó
que
“la
refiere
este
a
la
que
se
entre
un
CPA,
incluyendo
a
sus
asociados, ayudantes y empleados y su cliente con alguna
10
Solicitud de orden para compeler contestaciones a interrogatorios
objetados, Apéndice, págs. 289-304.
11
Íd., págs. 290, 293.
12
Íd., pág. 290.
Véase extracto Deposición, Apéndice, págs. 378-
380.
13
Solicitud de orden para compeler contestaciones a interrogatorios
objetados, Apéndice, pág. 291.
CC-2019-533
7
gestión relacionada dentro de una relación profesional del
ejercicio
de
la
contabilidad”
y
cuya
“comunicación
confidencial es la que la parte comparte con un CPA en la
confianza de que no será divulgada a terceras personas,
salvo
las
necesarias
para
producir
el
propósito
de
la
comunicación”.14 Al respecto, argumentó lo siguiente:
De la exigua información que provee
[McNeil], lo único que se puede colegir es
que aquí se trata de información cursada
entre empleados que actúan dentro de un
proceso
deliberativo
interno,
ambos
representando a la empresa.
Estos son los
empleados que generan y/[u] originan la
información misma y no son terceros que
actúan dentro de la relación profesional de
CPA-cliente que requiere la regla.
Puesto
de
manera
sencilla,
no
hay
relación
profesional alguna puesto que estos dos
empleados no están expuestos a que la
empresa le reclame por impericia profesional
pues actúan a nombre y representación de la
empresa misma. (Énfasis suplido).15
A su vez, señaló que la comunicación en controversia
no está cobijada por el privilegio CPA-cliente, debido a
que son de aplicación las excepciones dispuestas en los
apartados (c)(1) y (c)(6) de la Regla 504, por considerar
que es información que debe ser divulgada por mandato de
ley y “por potencialmente tratarse
de una comunicación
conducente
de
a
respectivamente.
“existe
un
la
perpetración
un
fraude”,16
Conforme a ello, el Municipio alegó que
interés
público
apremiante
de
fiscalizar,
auditar e investigar el pago de contribuciones, no sólo
14
Íd., pág. 299.
15
Íd., pág. 300.
16
Íd., pág. 301.
CC-2019-533
para
el
8
cobro
encausar
a
pretendan
de
éstas,
sino
para
aquellos
contribuyentes
derrotar
las
ley”.17
Además,
arguyó
cliente,
sino
el
que
detectar
que
no
caso
existía
versaba
y
intencionalmente
contribuciones
que
fraude
más
dispuestas
por
privilegio
CPA-
bien
sobre
la
determinación y “motivaciones del [CPA Rivera Matos] para
omitir […] ciertas declaraciones de volumen de negocio”.18
Argumentó que
las “motivaciones y sus discusiones con su
subalterna son ‘constancias’ extremadamente
importantes y pertinentes al presente pleito
toda vez que podrían develar si la omisión
de dicho ingreso es una inocente en la que
realmente existe una diferencia de criterio
o, por el contrario, si se trata del
producto de maquinaciones para la comisión
de fraude”.
(Énfasis suplido).19
Finalmente,
recalcó
poseer
un
interés
público
apremiante de fiscalizar y cobrar las contribuciones.20
El
20
de
noviembre
de
2018,
McNeil
solicitud para compeler del Municipio.21
se
opuso
a
la
En su oposición
McNeil alegó, en resumen, que la relación para la cual se
invocó la protección de una comunicación confidencial está
comprendida dentro de la definición de la Regla 504.22
Asimismo,
esbozó
que,
debido
a
que
el
privilegio
CPA-
cliente guarda cierta similitud con el de abogado-cliente,
17
Íd., pág. 302.
18
Íd.
19
Íd., págs. 302-303.
20
Íd., pág. 303.
21
Oposición a “Solicitud de orden para compeler contestaciones a
interrogatorios objetados”, Apéndice, págs. 421-437.
22
Íd., pág. 432.
CC-2019-533
9
deben salvaguardarse las comunicaciones para los primeros
profesionales, así como se ha hecho con toda fuerza y
vigor para los últimos.23
También, mencionó McNeil que ha
sido precisa y consistente en la invocación del privilegio
y en la aseveración de los fundamentos que justifican su
aplicación.24
Afirmó que, “los asuntos en este caso no
tienen que ver con alegaciones de fraude”.25
la
controversia
notificación
de
de
epígrafe
deficiencias
detrimento de [ésta]”.26
“se
Añadió que en
impugna
por
el
la
errónea
Municipio
en
Sobre ese particular, fundamentó
su posición en que la notificación final del Municipio,
“no incluyó expresión alguna sobre fraude”.27
El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar
la
oposición
presentó
una
McNeil.28
de
moción
Subsiguientemente,
de
reconsideración
McNeil
de
esa
solicitud
de
determinación,29 la cual el foro primario denegó.30
Inconforme,
McNeil
presentó
una
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.31
Señaló, en
síntesis, que erró el foro primario al no reconocerle el
privilegio CPA-cliente a una comunicación realizada en el
23
Íd., págs. 430-432.
24
Íd., pág. 432.
25
Íd., pág. 435.
26
Íd.
27
Íd.
28
Notificación, Apéndice, pág. 486.
29
Moción de reconsideración, Apéndice, pág. 488.
30
Notificación, Apéndice, pág. 495.
31
Solicitud
pág. 21.
de
certiorari
al
Tribunal
de
Apelaciones,
Apéndice,
CC-2019-533
10
ejercicio de la profesión de la contabilidad entre dos (2)
contadores
públicos
autorizados
que
rendían
servicios
profesionales a su cliente.32
Posteriormente, el Municipio compareció ante el foro
apelativo
intermedio
presentada
por
en
oposición
McNeil.33
Éste,
a
además
la
de
solicitud
repetir
los
argumentos esbozados en su solicitud para compeler ante el
foro primario, añadió que la comunicación en cuestión no
estaba cobijada por el privilegio CPA-cliente debido a que
era de aplicación la excepción dispuesta en la Regla 504
(c)(4), respecto a la no disponibilidad del privilegio en
procedimientos civiles.34
A través de una Resolución emitida el 14 de mayo de
2019, el foro apelativo intermedio denegó considerar el
recurso
en
sus
méritos,
reunía
los
criterios
por
de
entender
expedición
que
de
el
mismo
no
los
autos
de
certiorari, esbozados en la Regla 40 del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones, infra.35
En
desacuerdo,
McNeil
sometió
una
moción
de
reconsideración,36 la cual fue declarada no ha lugar por el
foro apelativo intermedio.37
32
Íd., pág. 31.
33
en
Memorando
pág. 512.
oposición
a
expedición
de
certiorari,
Apéndice,
34
Íd., pág. 537.
35
Resolución del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 3.
36
Moción de reconsideración, Apéndice, pág. 7.
37
Resolución del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 20.
CC-2019-533
11
Insatisfecha
con
dicho
dictamen,
McNeil
acude
ante
este Tribunal mediante el presente recurso de certiorari y
plantea que:
Erró el [Tribunal de Apelaciones] al no
expedir el auto solicitado, dejando en vigor
una determinación del [Tribunal de Primera
Instancia] que niega el derecho de McNeil
(una
entidad
jurídica)
a
reclamar
el
privilegio CPA-cliente en cuanto a una
comunicación
confidencial
intercambiada
entre dos contadores públicos autorizados
relacionada a los servicios profesionales
que estos realizan para su cliente McNeil.
Planteada
así
la
controversia,
expedimos
el
auto
solicitado, y con el beneficio de la comparecencia de las
partes, procedemos a disponer del presente recurso.
II
A. Criterios para la expedición del auto de certiorari
El auto de certiorari constituye un vehículo procesal
discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía
revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG
Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
Con esos fines, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil
de 2009, 32 LPRA Ap. V, establece los preceptos que regulan
la expedición del recurso discrecional de certiorari, por
parte del Tribunal de Apelaciones, para la revisión de
determinaciones
Instancia.
En
interlocutorias
lo
del
pertinente,
la
Tribunal
regla
de
Primera
dispone
siguiente:
El
recurso
de
certiorari
para
revisar
resoluciones
u
órdenes
interlocutorias
dictadas
por
el
Tribunal
de
Primera
Instancia, solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de
lo
CC-2019-533
12
una resolución u orden bajo las Reglas 56 y
57 o de la denegatoria de una moción de
carácter dispositivo.
No obstante, y por
excepción a lo dispuesto anteriormente, el
Tribunal
de
Apelaciones
podrá
revisar
órdenes
o
resoluciones
interlocutorias
dictadas
por
el
Tribunal
de
Primera
Instancia cuando se recurra de decisiones
sobre la admisibilidad de testigos de hechos
o peritos esenciales, asuntos relativos a
privilegios evidenciarios, anotaciones de
rebeldía, en casos de relaciones de familia,
en casos que revistan interés público o en
cualquier otra situación en la cual esperar
a la apelación constituiría un fracaso
irremediable de la justicia.
Al denegar la
expedición de un recurso de certiorari en
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
tiene que fundamentar su decisión. (Énfasis
suplido). Íd.
Las
disposiciones
pormenorizada
apelativo
de
la
regla
ciertas
instancias
intermedio
puede
interlocutorios
del
foro
establecen
en
las
que
revisar
primario.
de
manera
el
foro
dictámenes
Asimismo,
enumera
otras instancias mediante las cuales, a modo de excepción,
el
foro
apelativo
resoluciones
por
el
intermedio
interlocutorias
foro
primario,
probatorios.
Íd.
202
486-487
DPR
478,
de
podrá
revisar
varios
entre
órdenes
asuntos
éstos,
o
dictadas
privilegios
Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al.,
(2019);
Job
Connection
Center
v.
Sups. Econo, 185 DPR 585, 594 (2012); IG Builders et al.
v. BBVAPR, supra, págs. 336-338.
De igual manera, y con el propósito de que el foro
apelativo intermedio pueda ejercer de forma juiciosa y
comedida
su
facultad
discrecional,
la
Regla
40
del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, 4
LPRA
Ap.
XXII-B,
enmarca
los
criterios
que
debe
tomar
CC-2019-533
13
dicho foro al atender una solicitud de expedición de un
auto de certiorari.
Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al.,
supra, pág. 486 esc. 12; IG Builders et al. v. BBVAPR,
supra, págs. 338-339.
En detalle, la regla dispone lo
siguiente:
El
tribunal
tomará
en
consideración
los
siguientes
criterios
al
determinar
la
expedición de un auto de certiorari o de una
orden de mostrar causa:
(A) Si el remedio y la disposición de la
decisión recurrida, a diferencia de sus
fundamentos, son contrarios a derecho.
(B) Si la situación de hechos planteada es
la más indicada para el análisis del
problema.
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o
error craso y manifiesto en la apreciación
de la prueba por el Tribunal de Primera
Instancia.
(D)
Si
el
asunto
planteado
exige
consideración más detenida a la luz de los
autos originales, los cuales deberán ser
elevados, o de alegatos más elaborados.
(E) Si la etapa del procedimiento en que se
presenta el caso es la más propicia para su
consideración.
(F) Si la expedición del auto o de la orden
de
mostrar
causa
no
causan
un
fraccionamiento indebido del pleito y una
dilación indeseable en la solución final del
litigio.
(G) Si la expedición del auto o de la orden
de mostrar causa evita un fracaso de la
justicia.
(Énfasis nuestro).
4 LPRA Ap.
XXII–B, R. 40.
Luego
de
expedición
Tribunal
de
detallar
del
las
cuestiones
relativas
de
certiorari
por
recurso
Apelaciones,
corresponde
ahora
a
la
parte
del
examinar
el
CC-2019-533
14
marco jurídico aplicable a los méritos de la controversia
ante nuestra consideración.
B.
Es
El descubrimiento de prueba y los privilegios
una
cuestión
de
gran
arraigo
en
nuestro
ordenamiento jurídico que el descubrimiento de prueba es
amplio y liberal y se extiende a cualquier materia que no
esté protegida por algún privilegio y que sea pertinente
al
asunto
en
controversia.
Casasnovas
et
al.
v.
UBS
Financial et al., 198 DPR 1040, 1054 (2017); Ponce Adv.
Med. v. Santiago González et al., 197 DPR 891, 898 (2017);
Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 DPR 921, 925
(2014).
Al respecto, la Regla 23.1 de Procedimiento Civil de
2009, 32 LPRA Ap. V, dispone lo siguiente:
El
alcance
del
descubrimiento
de
prueba, a menos que sea limitado de algún
modo por el tribunal, en conformidad con las
disposiciones de estas reglas, será como
sigue:
(a) En general.- Las partes
podrán hacer descubrimiento sobre
cualquier
materia,
no
privilegiada, que sea pertinente
al asunto en controversia en el
pleito pendiente, ya se refiera a
la
reclamación
o
defensa
de
cualquier otra parte, incluso la
existencia,
descripción,
naturaleza, custodia, condición y
localización
de
cualesquiera
libros,
información
almacenada
electrónicamente,
documentos
u
otros
objetos
tangibles
y
la
identidad y dirección de personas
que conozcan hechos pertinentes.
[…]. (Énfasis suplido). Íd.
CC-2019-533
15
En ese sentido, surgen dos limitaciones fundamentales
para el proceso de descubrimiento de prueba de la Regla
23.1. “En primer lugar, es imperioso que el asunto que se
pretende descubrir sea pertinente a la controversia que se
dirime. Segundo, la materia que
se pretende descubrir,
aunque sea pertinente, no puede ser privilegiada o quedará
excluida
del
alcance
(Énfasis suplido).
del
descubrimiento
de
prueba”.
Ponce Adv. Med. v. Santiago González
et al., supra, págs. 898-899.
De otro lado, la Regla 23.3 de Procedimiento Civil de
2009,
32
LPRA
Ap.
V,
establece
acerca
del
reclamo
de
privilegios, en su parte pertinente, lo siguiente:
(a)
Información retenida. Cuando una
parte
retiene
información
requerida,
reclamando que es materia privilegiada o
protegida en contemplación de la preparación
para el juicio, deberá hacer su reclamo de
manera expresa y fundamentada especificando
la naturaleza de los documentos, de las
comunicaciones
o
de
los
objetos
no
producidos o revelados, de forma que, sin
revelar información privilegiada, las demás
partes puedan evaluar la aplicabilidad del
privilegio o protección, y expresarse sobre
éstos.
Ahora
bien,
requerimiento
de
una
parte
descubrimiento
no
podrá
objetar
un
de
prueba
a
que
menos
invoque oportunamente un privilegio específico reconocido
en
nuestras
Santiago
García
González
Rivera
(2001)).
los
Reglas
et
de
Evidencia.
Ponce
et
al.,
supra,
pág.
al.
v.
Enríquez,
Adv.
899
153
DPR
Med.
v.
(citando
a
323,
333
Esto es así porque, por su naturaleza y función,
privilegios
probatorios
“rompen
con
el
propósito
principal de las Reglas de Evidencia: ‘el descubrimiento
CC-2019-533
de
la
16
verdad
en todos
los
procedimientos
judiciales’”.
Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra, pág.
899.
Véanse, también: Regla 102 de Evidencia de 2009, 32
LPRA Ap. VI; Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509,
518-519 (2013).
En otras palabras, “‘por consideraciones
de política pública’, el privilegio excluye prueba que de
otro modo sería pertinente y descubrible”.
Ponce Adv.
Med. v. Santiago González et al., supra, pág. 899 (citando
a
E.L.
Chiesa
Aponte,
Tratado
de
Derecho
Probatorio:
Reglas de Evidencia de Puerto Rico y federales, San Juan,
Pubs. JTS, 1998, T. I, pág. 185).
De esa manera, se
adelantan
sociales
“valores
e
intereses
que
por
consideraciones de política pública se estiman superiores
a
la
búsqueda
de
la
verdad”.
(Énfasis
suplido).
Casasnovas et al. v. UBS Financial et al., supra, pág.
1055. Véase, también, Ponce Adv. Med. v. Santiago González
et al., supra, pág. 899.
Con relación al alcance de la protección otorgada a
materia
privilegiada
por
consideraciones
de
interés
público, y sus excepciones, hemos citado con aprobación
las siguientes expresiones del profesor Chiesa Aponte:
Se estima que el sacrificio de evidencia con
claro valor probatorio se justifica para
adelantar
un
alto
interés
público[…].
Mientras más alto sea el interés público que
se quiere adelantar con el privilegio, mayor
será su alcance y menor las excepciones al
privilegio.
Mientras menor sea el interés
público que se quiere adelantar, de menor
alcance será el privilegio y más las
excepciones […].
Pagán v. First Hospital,
supra, pág. 518 (citando a E.L. Chiesa
Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico
2009, San Juan, Pubs. JTS, 2009, pág. 149).
CC-2019-533
17
Dado a que los privilegios impiden el descubrimiento
de ciertos actos, hechos o comunicaciones, los tribunales
interpretarán
restrictivamente
la
existencia
de
éstos.
Véanse: Regla 518 de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI;
Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra, pág.
899.
De igual modo, su concesión no será automática, sino
que deberán invocarse de manera certera y oportuna.
Íd.,
pág. 900.
Por cuanto, la parte que se considere poseedora
de
materia
cierta
privilegiada
cuyo
descubrimiento
se
procura, tan pronto le sea solicitada dicha información,
deberá:
(1) objetar la producción de los documentos,
las comunicaciones o los objetos requeridos;
(2)
indicar
expresamente
el
privilegio
específico que pretende invocar; (3) exponer
con particularidad los hechos concretos en
los que se basa la aplicabilidad del
privilegio; (4) fundar con claridad la
existencia de los elementos legales del
privilegio en cuestión, y (5) describir la
naturaleza de la evidencia no producida de
forma tal que, sin revelar la información
privilegiada, permita a otras partes evaluar
su reclamación.
Íd.
Véase, además, Regla
23.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA
Ap. V.
Ante
discrepancias
entre
las
partes
en
torno
a
la
existencia y alcance del privilegio “el tribunal tendrá
que
resolver
si
el
poseedor
del
privilegio
estableció,
mediante preponderancia de la prueba, los elementos del
privilegio que invoca”.
Med.
v.
Santiago
González
Consiguientemente,
privilegio
(Énfasis suplido).
invocado
et
al.,
demostrados
los
mediante
el
supra,
Ponce Adv.
pág.
900.
elementos
del
referido
estándar
CC-2019-533
18
probatorio, su aplicación dependerá de su clasificación
como
uno
absoluto
o
absolutos
son
aquellos
requisitos
que
lo
judicial
para
condicional.
Los
privilegios
que,
se
cumplan
una
constituyen,
obligar
la
vez
eliminan
divulgación
la
de
protegida. Íd., págs. 900-901 (citando a
Tratado
de
Derecho
Probatorio:
Reglas
de
los
privilegios
condicionales
son
discreción
la
materia
Chiesa Aponte,
Evidencia
Puerto Rico y federales, op. cit., pág. 193).
lado,
los
de
“Por otro
aquellos
cuya
aplicación puede ceder ante intereses sociales, aunque se
cumpla con los requisitos que lo constituyen”.
Ponce Adv.
Med. v. Santiago González et al., supra, pág. 901.
Consecuentemente,
le
corresponderá
a
la
parte
que
alega o reclama el privilegio “establecer prima facie que
concurren los elementos necesarios para su aplicación”.
Casasnovas et al. v. UBS Financial et al., supra, pág.
1056.
Es
decir,
para
que
pueda
reconocerse
una
comunicación como privilegiada deberá demostrar que están
presentes estas cuatro condiciones fundamentales, a saber:
1)
la
comunicación
tiene
que
haberse
originado en la confianza de que no será
divulgada;
2)
este
elemento
de
confidencialidad tiene que ser esencial para
mantener
plena
y
satisfactoriamente
la
relación entre las partes; 3) la relación
debe ser una que la comunidad considere que
debe ser diligentemente promovida y 4) que
el perjuicio que causaría la divulgación de
la comunicación sea mayor que el beneficio
obtenido por la correcta disposición del
pleito.
(Énfasis suplido).
Ortiz v.
Meléndez, 164 DPR 16, 28 (2005); García
Negrón v. Tribunal Superior, 104 DPR 727,
734 (1976) (citando a J.H. Wigmore, Wigmore
on Evidence, Toronto, Little, Brow and
CC-2019-533
19
Company, Vol. VIII, Sec. 2285, pág.
(revisado por J.T. McNaughton, 1961)).
527
Luego de esbozar los principios generales aplicables a
todo
privilegio
probatorio,
pasemos
a
examinar
la
evolución que ha tenido el privilegio CPA-cliente tanto en
Puerto Rico como en Estados Unidos.
C. El privilegio CPA-cliente
i. Puerto Rico
La Ley de Contabilidad Pública de 1945, Ley Núm. 293
de 15 de mayo de 1945 (Ley Núm. 293), según enmendada, 20
LPRA sec. 771 et seq., es la legislación que regula la
profesión de contador público autorizado en Puerto Rico.
Fue
en
ese
estatuto,
y
no
en
un
cuerpo
de
normas
probatorias, donde se incorporó por primera vez en nuestro
ordenamiento
la
protección
a
las
confidenciales
de
contadores
públicos
comunicaciones
autorizados.
En
específico, el privilegio CPA-cliente fue estatuido en la
Sección
19
de
la
Ley
Núm.
293
y
dicha
disposición
establecía que: “Ninguna corte exigirá a ningún contador
público
autorizado
o
contador
público
que
divulgue
información o evidencia obtenida por él en su carácter
confidencial como tal”.
20 LPRA ant. sec. 790.
Posteriormente, en Ramírez Mas v. Tribunal Superior,
95 DPR 415 (1967), un auto expedido, anulado y devuelto al
Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los
procedimientos, fue donde por primera vez este Tribunal
reconoció
en
un
escolio
la
existencia
en
nuestra
jurisdicción del privilegio CPA-cliente, según consagrado
CC-2019-533
20
en la Sección 19 de la Ley Núm. 293.
Ramírez Mas v.
Tribunal Superior, supra, pág. 419 esc. 3.
Luego, en Rodríguez v. Scotiabank de Puerto Rico, 113
DPR
210
(1982),
ante
una
controversia
para
descubrir
información contenida en planillas de contribución sobre
ingresos,
en
lo
pertinente
a
la
controversia
ante
nosotros, este Foro destacó que las Reglas de Evidencia de
1979
no
le
reconocían
a
las
planillas
de
contribución
sobre ingresos como un privilegio en su lista y, otra vez
en un escolio,
recalcó que en
la revisión de
1979 se
omitió la inclusión del privilegio otorgado por la Ley
Núm. 293 a los contadores públicos.
Íd., pág. 214 esc. 1.
Ante la insuficiencia de detalles en la reglamentación
imperante
entonces
sobre
el
privilegio
CPA-cliente,
el
profesor Díaz Olivo abogó por su inclusión en las Reglas
de Evidencia, entre otras razones, “por la importancia que
tiene para el desarrollo efectivo de la relación contadorcliente”.
C.E.
Díaz
Olivo,
El
privilegio
contador-
cliente, ¿un super privilegio?, 58 Rev. Jur. UPR 77, 133
(1989).
Esbozó que la adopción en términos absolutos de
un privilegio —en este caso, el establecido por la Ley
Núm.
293—
lo
cual
constituye
una
excepción a
la
regla
general de que toda persona viene obligada a testificar,
“representa
ciertamente
la
expresión
de
una
fuerte
política pública en favor de la confidencialidad de la
comunicación entre el cliente y su contador”.
supra, pág. 112.
Díaz Olivo,
Sin embargo, promovió que se adoptara
una interpretación restrictiva del privilegio, dado que,
CC-2019-533
“[d]e
lo
21
contrario,
estaríamos
hablando
de
un s[ú]per-
privilegio que coloca[ría] la relación contador-cliente en
un
sitial
que
se
le
ha
negado
a
otras
relaciones
confidenciales de igual importancia”. Íd., pág. 113.
Varios
años
después,
en
el
contexto
de
una
controversia acerca de la validez de las cláusulas de no
competencia
autorizado,
entre
un
expatrono
enfatizamos
que
y
un
“nuestro
contador
público
ordenamiento
ha
reconocido la importancia de fomentar [la relación CPAcliente] al conceder un privilegio mediante la Ley [Núm.
293]”.
Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 181
(1994).
Al
describir
la
naturaleza
de
los
servicios
profesionales que ofrece un contador público autorizado,
resaltamos lo siguiente:
El contador público autorizado realiza
tres (3) funciones principales: auditoría o
intervención
de
cuentas,
asesoría
contributiva
y
asesoría
gerencial
o
38
financiera.[ ]
Como auditor,
este
profesional
debe
determinar, previo análisis de los libros y
registros de la empresa, si los estados
financieros
de
la
entidad
reflejan
razonablemente su situación financiera y sus
resultados
operacionales.
C.E.
Díaz
Olivo, El privilegio contador-cliente, ¿un
s[ú]per privilegio?, 58 Rev. Jur. U.P.R. 77,
83 (1989).
El
contador
que
actúa
como asesor contributivo de su cliente le
orienta sobre el impacto contributivo de sus
38
Entre otras funciones, tales como: “planificación financiera de
individuos, asesoría a instituciones gubernamentales y a asociaciones
sin fines de lucro, educación, y orientación a la comunidad”. Arthur
Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 181 esc. 21 (1994) (citando El
CPA: asesor para los pequeños negocios; The CPA as Personal Financial
Planner; The CPA as Management Consultant; American Institute of
Certified Public Accountants, What Does a CPA Do?, 1986).
CC-2019-533
22
transacciones.
También
le
ayuda
en
la
preparación de las planillas contributivas y
lo
representa
en
los
procedimientos
administrativos
en
el
Departamento
de
Hacienda, en el Servicio de Rentas Internas
federal, o en procedimientos judiciales en
el Tribunal Federal de Contribuciones. Díaz
Olivo, supra, págs. 83 y 88.
Como consultor gerencial o financiero,
el
contador
evalúa
la
política
sobre
inventarios
de
la
empresa,
diseña
e
implementa sistemas de contabilidad y de
procesamiento
de
información,
prepara
presupuestos, y orienta sobre el manejo de
personal y planificación financiera, entre
otras labores.
Dentro de esta relación profesional, el
contador
tiene
acceso
ilimitado
a
los
libros, a los registros, a las facturas y a
los
demás
documentos
del
cliente.
Así
adquiere conocimiento de detalles sensitivos
del negocio de su cliente.
De lo anterior
se desprende que la relación entre el
contador
público
autorizado
(sea
éste
empleado de una firma o dueño de su propio
negocio) y su cliente requiere contacto
personal
frecuente
y
una
estrecha
confianza. Se trata, pues, de una relación
profesional
de
naturaleza
fiduciaria. (Escolios omitidos y negrillas
suplidas).
Arthur Young & Co. v. Vega III,
supra, págs. 177-179.
Citando
al
profesor
Díaz
Olivo
en
un
escolio,
resaltamos el grado de confidencialidad que muchas veces
impera
en
las
comunicaciones
profesionales y sus clientes.
compartidas
entre
estos
Al respecto, consignamos
que
[n]o es extraño que un contador se
entere
de
fórmulas
comerciales
confidenciales,
planes,
estrategias
y
diseños
futuros,
costos
de
producción,
listados de clientes, tensiones y conflictos
internos,
administración
ineficiente,
violaciones de ley, fusiones o compras de
negocios contempladas, entre otras cosas.
Mucha de esta información no tiene relación
ni es pertinente en ocasiones a la labor
CC-2019-533
23
específica que en esos momentos realiza el
contador. Sin embargo, puede ser vital a la
propia existencia de la empresa.
Íd., pág.
178 esc. 23 (citando a Díaz Olivo, supra,
pág. 87).
Al mismo tiempo, expresamos que en aras de proteger el
interés público que rodea la relación CPA-cliente “—tan
similar a la existente entre el abogado y su cliente—” era
aconsejable
proteger
la
libertad
del
público
de
seleccionar al profesional de su confianza, lo que a su
vez “facilita el libre flujo de información entre ellos”.
Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, pág. 180.
Sobre lo
anterior, el Tribunal puntualizó que
[e]sto no sólo beneficia a las partes
involucradas,
sino
también
al
interés
público que permea la función social de esa
profesión. La necesidad de un libre y amplio
flujo de información entre el contador y su
cliente
es
indispensable
en
todas
sus
facetas. Como auditor, si el cliente oculta
información, existe el peligro de que el
profesional no lo detecte, pues en su
intervención examina solamente una muestra
de las transacciones de la empresa auditada.
De esta forma, el descubrimiento de errores
e irregularidades muchas veces depende de la
candidez del cliente hacia su contador
público
autorizado.[…]
La
necesidad
de
confianza plena en la relación es patente
también
en
sus
facetas
de
asesoría
contributiva, gerencial y financiera. En
éstas el contador es representante de su
cliente y la eficiencia y efectividad de su
trabajo depende del adecuado conocimiento de
los hechos y de las transacciones del
cliente.
(Énfasis nuestro).
Íd., pág. 180
esc. 26. (citando a Díaz Olivo, supra, pág.
86).
Meses después, mediante la Ley Núm. 124-1994 (Ley Núm.
124-1994), se eliminó el privilegio CPA-cliente de la Ley
Núm. 293, y se incorporó en la Regla 25-A de Evidencia de
CC-2019-533
1979.39
24
32
LPRA
ant.
sec.
Ap.
IV,
R.
25-A.
A
continuación, citamos la Exposición de Motivos que develan
las razones legislativas que motivaron este cambio:
39
Regla 25-A. Relación contador público autorizado y cliente.
(A) Según usadas en esta regla, las siguientes
expresiones
tendrán
el
significado
que
a
continuación se indica:
(1) Cliente — persona natural o
jurídica
que
consulta
a
un
contador público autorizado con
el propósito de contratarle o de
obtener servicios en su capacidad
profesional.
(2) Comunicación confidencial —
aquella comunicación habida entre
un contador público autorizado y
su cliente, incluyendo a sus
asociados, asistentes y empleados
de oficina en relación a alguna
gestión profesional, realizada en
el ejercicio de la profesión de
contabilidad
basada
en
la
confianza
de
que
no
será
divulgada a terceras personas,
salvo
a
aquellas
que
sea
necesario para llevar a efecto
los
propósitos
de
la
comunicación.
(3) Contador público autorizado —
todo ciudadano que posea una
licencia para dedicarse a la
práctica
de
la
contabilidad
pública en Puerto Rico expedida
por la Junta de Contabilidad,
según se define en la Ley de
Contabilidad Pública, secs. 771
et seq. del Título 20.
(B) Sujeto a lo dispuesto en esta regla, el
cliente, sea o no parte en el pleito o acción,
tiene el privilegio de rehusar[] revelar, y de
impedir que otro revele, una comunicación
confidencial entre él y su contador público
autorizado. El privilegio puede ser invocado
sólo por el poseedor del privilegio, que es el
cliente.
(C) No existe privilegio bajo esta regla si:
(1) Los servicios al contador
público
autorizado
fueron
solicitados
y
obtenidos
para
permitir o ayudar a cualquier
persona a cometer o planear la
comisión de un delito, un acto
torticero o un fraude.
(2) La comunicación es pertinente
a una controversia relativa a una
CC-2019-533
25
En
el
derecho
puertorriqueño,
los
privilegios reconocidos están codificados en
las Reglas de Evidencia para el Tribunal
General de Justicia, en vigor desde el 1ro
de octubre de 1979.
En ellas se omitió el
privilegio
reconocido
a
los
contadores
públicos autorizados, por lo que permaneció
vigente la Sección 19 de la Ley Núm. 293 de
15 de mayo de 1945.
La necesidad de una adecuada y lógica
codificación de nuestras reglas requiere que
violación por el contador público
autorizado de un deber que surja
de la relación contador público
autorizado y cliente.
(3) La comunicación es pertinente
a una materia de común interés
para dos o más clientes del
contador público autorizado, en
cuyo caso un cliente no puede
invocar el privilegio contra los
otros dos.
(4)
El
contenido
de
la
comunicación se le requiere en el
curso de un procedimiento civil o
penal bajo la “Ley de Armas”, Ley
Núm. 17 de 19 de enero de 1951,
según
enmendada;
“Ley
de
Sustancias Controladas”, Ley Núm.
4 de 23 de junio de 1971, según
enmendada; “Ley de Explosivos”,
Ley Núm. 134 de 28 de junio de
1969,
según
enmendada;
“Ley
Contra el Crimen Organizado”, Ley
Núm. 33 de 13 de julio de 1978,
según
enmendada;
y
las
disposiciones del Código Penal,
Ley Núm. 115 de 22 de julio de
1974, según enmendada; y las
leyes
especiales
sobre
estas
materias.
(5) La comunicación entre el
contador público autorizado y su
cliente está sujeta a las normas
que
regulan
la
profesión
de
contabilidad
requieren
que
se
divulguen [sic].
(6) La comunicación entre el
contador público autorizado y su
cliente puede ser divulgada por
mandato de ley o por razón de
interés público apremiante.
(D) Cuando dos o más personas se unen como
clientes
de
un
mismo
contador
público
autorizado en cuanto a un asunto de interés
común entre ellas, ninguna podrá renunciar al
privilegio sin el consentimiento de las otras.
32 LPRA ant. sec. Ap. IV, R. 25-A.
CC-2019-533
26
el mencionado privilegio sea insertado en el
Capítulo V sobre privilegios reconocidos en
nuestro derecho procesal.
A la misma vez,
es conveniente incorporar el privilegio del
contador público autorizado y su cliente en
el contexto normativo de otros privilegios
similares reconocidos en nuestro esquema
jurídico.
La enmienda propuesta define
claramente el alcance del privilegio y
elimina
de
un
estatuto
de
carácter
sustantivo como lo es la Ley de Contabilidad
Pública, lo que por adecuada codificación
debe estar incorporado en las Reglas de
Evidencia aplicables a los Tribunales de
Justicia de Puerto Rico.
El fin principal de nuestro derecho
procesal, que es en última instancia el
descubrimiento de la verdad en los procesos
judiciales
queda
salvaguardado
con
la
legislación propuesta.
Esta legislación
precisa el alcance del privilegio y se le
reconoce al contador público que presta sus
servicios como al cliente que los necesita.
Exposición de Motivos, Ley Núm. 124-1994
(1994 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 12291230).
Según
Asamblea
se
puede
apreciar
Legislativa,
su
de
lo
propósito
manifestado
al
por
aprobar
la
este
estatuto era lograr cohesión en la codificación de las
reglas
procesales
probatorias,
específicamente
las
de
añadida
25-A
de
privilegios.
Sobre
la
entonces
recién
Regla
Evidencia, el profesor Chiesa Aponte comentó:
Esta […] sigue muy de cerca —tal vez
demasiado cerca—
las disposiciones de la
Regla
25
sobre
el
privilegio
de
las
comunicaciones al abogado[…].
Hay dos
aspectos centrales en esta regla. En primer
término, el poseedor del privilegio es el
cliente —como debe ser— y no el contador,
como se establecía en el privilegio creado
en la Ley de Contabilidad.
En segundo
lugar,
se
dispone
que
la
comunicación
confidencial —según definida en el apartado
(A)(2) de la Regla— puede ser divulgada “por
razón de interés público apremiante”.
Esto
CC-2019-533
27
convierte al privilegio en uno cualificado,
sujeto al balance de intereses […].
Chiesa
Aponte, Tratado de
Derecho Probatorio: Reglas de Evidencia de
Puerto Rico y federales, op. cit., pág. 317.
Esta
disposición
CPA-cliente
se
reglamentaria
mantuvo
vigente
sobre
hasta
el
que,
privilegio
en
2009
se
aprobaron las Reglas de Evidencia actuales mediante In re
Aprobación de las Reglas de Evidencia, 175 DPR 478 (2009)
(Resolución).
Así,
Legislativa
Proyecto
un
esta
Curia
de
remitió
Reglas
de
a
la
Asamblea
Evidencia
—
preparado por el Comité Asesor Permanente de Reglas de
Evidencia—, y fue aprobado mediante la Ley Núm. 46-2009,
de conformidad con el trámite dispuesto en el Artículo V,
Sección 6 de la Constitución de Puerto Rico.
Art. V, Sec.
6, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
Cabe notar que sirvieron de
modelo
probatorias
al
cuerpo
de
normas
vigentes,
las
Reglas Federales de Evidencia, aunque la Regla 504, que
contempla el privilegio CPA-cliente, no tiene equivalente
en las referidas reglas federales.
La Regla 504 estatuye el privilegio CPA-cliente de la
siguiente forma:
Regla 504. Relación contadora o contador
público autorizado y cliente.
(a) Según usadas en esta regla, las
siguientes
expresiones
tendrán
el
significado que a continuación se indica:
(1)
Contadora
o
contador
público autorizado —Toda persona
que
posea
una
licencia
para
dedicarse a la práctica de la
contabilidad en Puerto Rico o en
los Estados Unidos de América.
CC-2019-533
28
(2) Cliente — Persona natural o
jurídica
que
consulta
a
una
contadora
o
contador
público
autorizado, o a quien creyó con
autorización
para
ejercer
la
profesión de la contabilidad, con
el propósito de contratarle o de
obtener servicios en su capacidad
profesional.
(3) Comunicación confidencial —
Aquélla habida entre una contadora
o contador público autorizado —
incluyendo a las personas que son
sus
asociadas,
ayudantes
y
empleadas de oficina— y su cliente
en relación con alguna gestión
profesional,
realizada
en
el
ejercicio
de
la
profesión
de
contabilidad,
basada
en
la
confianza de que no será divulgada
a
terceras
personas,
salvo
a
aquéllas que sea necesario para
llevar a efecto los propósitos de
la comunicación.
(b) Sujeto a lo dispuesto en esta regla,
la persona cliente —sea o no parte en el
pleito o acción— tiene el privilegio de
rehusar revelar, y de impedir que otra
persona
revele,
una
comunicación
confidencial entre ella y su contadora o
contador público autorizado.
El privilegio
puede ser invocado sólo por quien posee el
privilegio, que es la persona cliente.
(c) No existe privilegio bajo esta regla
si:
(1)
Los
servicios
a
la
contadora
o
contador
público
autorizado fueron solicitados y
obtenidos para permitir o ayudar a
cualquier persona a cometer o
planear la comisión de un delito o
un fraude.
(2)
La
comunicación
es
pertinente
a
una
controversia
relativa a una violación de los
deberes mutuos que surjan de la
relación
contadora
o
contador
público autorizado y cliente.
CC-2019-533
29
(3)
La
comunicación
es
pertinente a una materia de común
interés para dos o más clientes de
la contadora o contador público
autorizado, en cuyo caso una de
las personas clientes no puede
invocar el privilegio contra las
otras.
(4)
El
contenido
de
la
comunicación
se
le
requiere
durante un procedimiento civil o
penal bajo la Ley de Armas, Ley de
Sustancias
Controladas,
Ley
de
Explosivos, Ley contra el Crimen
Organizado, las disposiciones del
Código
Penal
y
las
leyes
especiales sobre estas materias.
(5) Las normas que regulan la
profesión
de
la
contabilidad
requieren
que
se
divulgue
la
comunicación.
(6) La comunicación entre la
contadora
o
contador
público
autorizado y su cliente puede ser
divulgada por mandato de ley o por
razón
de
interés
público
apremiante.
(d) Cuando dos o más personas se unen
como clientes de la misma contadora o el
mismo contador público autorizado en cuanto
a un asunto de interés común entre ellas,
ninguna podrá renunciar al privilegio sin el
consentimiento de las otras.
32 LPRA Ap.
VI, R. 504.
Adoptada
esta
nueva
disposición
reglamentaria,
profesor Chiesa Aponte resaltó que
[esta]
regla
[…]
no
altera
de
modo
significativo la regulación del privilegio
bajo la regla 25 (A) de 1979. Se sigue muy
de cerca la regulación del privilegio de las
comunicaciones entre abogado y cliente, con
las diferencias de rigor.
Aquí el interés
es fomentar la más franca comunicación entre
contador y cliente.
La imbricación entre
asesoramiento legal y asesoramiento contable
es de fino trazado. Si puede decirse que se
trata de asesoramiento legal, el poseedor
del privilegio —el cliente— debe optar por
el
CC-2019-533
30
el privilegio de abogado-cliente, que es
incondicionado.
Adviértase que en la regla
504 ([c]) (6) se establece que el tribunal
tiene
discreción
para
no
reconocer
el
privilegio por razón de interés público
apremiante.
[…] La presencia de terceras personas
necesarias para el asesoramiento no es
impedimento
para
que
se
reconozca
el
privilegio;
esto
incluye
los
asesores,
ayudantes y empleados del contador.
Se
requiere expectativa de confidencialidad, lo
que se desvanece con la presencia de
terceros que nada tienen que ver con el
asesoramiento.
(Énfasis nuestro).
E.L. Chiesa Aponte,
Reglas de Evidencia Comentadas, San Juan,
Ed. Situm, 2016, págs. 133-134.
Acerca de las excepciones al privilegio CPA-cliente del
apartado (c), en lo pertinente, destacó lo siguiente:
En el apartado ([c]) se establecen las
excepciones al privilegio, muy parecidas a
las del privilegio abogado-cliente.
Estas
excepciones son:
(1) Cuando el asesoramiento es solicitado
para cometer delito o fraude.
Esto es
también de muy fino trazado, pues el cliente
solicita asesoramiento para salir lo menos
maltrecho
ante
sus
obligaciones
contributivas.
Una cosa es solicitar cómo
pagar lo menos posible en la planilla o si
tengo derecho a determinada exención o
deducción,
lo
cual
es
perfectamente
legítimo.
Otra
cosa
es
solicitar
asesoramiento para defraudar a Hacienda o
cómo “fabricar” un dependiente, etc.
.
.
.
.
.
.
.
.
(4) La comunicación es requerida en acción
civil o penal bajo las leyes especiales a
las que se alude en el apartado ([c])(4) o
bajo el
Código Penal.
Esto obedece a un juicio de
política pública de que el interés público
en que aflore la verdad en acciones bajo
esas leyes supera sustancialmente al interés
en
mantener
confidenciales
las
comunicaciones entre contador y cliente.
CC-2019-533
31
.
.
.
.
.
.
.
.
(6) Cláusula residual: la comunicación debe
ser revelada para evitar un fracaso de la
justicia o, para usar el texto del apartado
([c])(6), “por razón de interés público
apremiante”.
Esto tal vez es la nota
distintiva
de
este
privilegio:
la
discreción del tribunal para no reconocerlo
y exigir que se divulgue la comunicación.
[…].
(Énfasis suplido).
Íd., págs. 134135.
Por
su
parte,
el
comentarista
Emmanuelli
Jiménez
indica sobre el apartado (c)(4) que:
[…] La número (4) es una excepción que no
tiene equivalente en el privilegio abogado o
abogada-cliente al limitar el privilegio por
razón de materia jurídica y espec[í]fica
pues no aplica a procedimientos civiles o
penales de las leyes de armas, sustancias
controladas, explosivos, crimen organizado,
todas las disposiciones del código penal y
las leyes especiales que aborden las mismas
materias. Esta excepción prácticamente sólo
deja el privilegio para los casos civiles no
relacionados a leyes penales.
(Énfasis
suplido). R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario
de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta
ed., San Juan, Ed. Situm, 2015, pág. 277.
Examinado
cliente,
a
el
trasfondo
continuación
local
del
repasamos
privilegio
el
CPA-
tratamiento
brindado a éste en el ámbito federal y estatal.
ii. Estados Unidos
a. Jurisdicción federal
A
nivel
federal,
el
privilegio
CPA-cliente
no
se
encuentra reconocido en las Reglas Federales de Evidencia.
Véase Fed. R. Evid. 501, 502.
Cónsono con lo anterior, en
Couch v. United States, 409 US 322 (1973), el Tribunal
Supremo de Estados Unidos sentenció que “no confidential
accountant-client privilege exists under federal law, and
CC-2019-533
32
no state created privilege has been recognized in federal
cases.”
Íd., pág. 335.
Véase, además, United States v.
Arthur Young & Co., 465 US 805, 817 (1984).40
A su vez, se ha señalado que en asuntos que involucran
la
jurisdicción
adhieren
al
federal,
common
law
los
tribunales
federales
no
reconocen
los
y
se
estatutos
estatales que crean un privilegio de CPA-cliente.
Véanse:
Couch v. United States, supra; R.J. Tepper, New Mexico's
Accountant-Client Privilege, 37 N.M. L. Rev. 387, 400-401
(2007); Díaz Olivo, supra, págs. 101-102.
No
obstante,
en
acciones
y
procedimientos
civiles,
respecto a los cuales la ley estatal proporciona la norma
aplicable
a
un
elemento
de
la
causa
de
acción
o
una
defensa, los privilegios se determinarán de conformidad
con
la
ley
estatal.
Véanse:
Colorado
State
Bd.
of
Accountancy v. Raisch, 960 P.2d 102, 106 esc. 3 (1998);
Fed. R. Evid. 501.
Por ejemplo, en casos de jurisdicción
por
ciudadanía,
los
del
donde
diversidad
aplican
la
ley
procedimientos,
cliente.
de
si
estado
ésta
reconoce
tribunales
un
se
federales
ventilan
los
privilegio
CPA-
Véanse, además: Tepper, supra, págs. 400-401;
Díaz Olivo, supra, pág. 102.
Por su parte, cabe resaltar que tanto en el Servicio
de Rentas Internas como en los tribunales federales se
40
Véase, también, Anotación, Privileged Communications Between
Accountant
and
Client
—
General
Principles,
Evidentiary
Considerations, and Attorney - Client Privilege Implications, 26
ALR7th Art. 3 (2017) (“It is well-established that no accountantclient privilege existed at common law. Many jurisdictions have
enacted statutes creating an accountant-client privilege.”).
CC-2019-533
33
reconocen las mismas protecciones de confidencialidad del
common
law
aplicables
a
las
comunicaciones
entre
contribuyentes y un abogado, así como a las comunicaciones
entre
contribuyentes
y
cualquier
otro
profesional
de
impuestos autorizado por el gobierno federal. Ahora bien,
la protección no aplicará a asuntos de naturaleza criminal
ni a comunicaciones escritas concernientes a paraísos o
refugios fiscales, cuyo propósito principal sea la elusión
o evasión de contribuciones sobre ingresos federales.41 A
41
Al respecto, el Internal Revenue Code dispone como sigue:
§ 7525. Confidentiality privileges relating to taxpayer
communications
(a) Uniform application to taxpayer communications
with federally authorized practitioners.-(1) General rule.--With respect to tax advice,
the
same
common
law
protections
of
confidentiality which apply to a communication
between a taxpayer and an attorney shall also
apply to a communication between a taxpayer and
any federally authorized tax practitioner to
the
extent
the
communication
would
be
considered a privileged communication if it
were between a taxpayer and an attorney.
(2) Limitations.--Paragraph (1) may only be
asserted in-(A)
any
noncriminal
tax
matter
before
the
Internal
Revenue
Service; and
(B) any noncriminal tax proceeding
in Federal court brought by or
against the United States.
(3)
Definitions.--For
purposes
of
this
subsection-(A)
Federally
authorized
tax
practitioner.--The term “federally
authorized tax practitioner” means
any individual who is authorized
under
Federal
law
to
practice
before the Internal Revenue Service
if such practice is subject to
Federal regulation under section
330 of title 31, United States
Code.
(B)
Tax
advice.--The
term
“tax
advice” means advice given by an
individual with respect to a matter
which is within the scope of the
individual's authority to practice
described in subparagraph (A).
CC-2019-533
34
pesar de que el Congreso ha promulgado este privilegio, es
de
aplicabilidad
asesoramiento
legal
contributivo.
Imwinkelried,
limitada
prestado
Véanse:
The
New
y
26
Wigmore:
se
refiere
por
el
USC
sec.
Evidentiary
sólo
al
profesional
7525;
E.J.
Privileges,
Sec. 6.2.5 (3ra ed. 2020), Thomson Reuters; Tepper, supra,
pág. 400.
b.
Jurisdicciones estatales
Es importante destacar que el privilegio CPA-cliente
es una criatura puramente estatal.
Imwinkelried, op. cit.
Dado a que este privilegio no existe en el common law
moderno, la mayoría de las jurisdicciones han rehusado
reconocerlo.
Íd.
Aun así, éste goza de apoyo sustancial,
dado que las comunicaciones realizadas a los contadores
públicos autorizados son privilegiadas en aproximadamente
más
de
un
tercio
de
los
estados
que
legislación codificando el privilegio.
han
promulgado
Íd.; 1 McCormick
on Evid. sec. 76.2 (8va ed. 2020), Thomson Reuters.
La
manera en que las jurisdicciones regulan este privilegio
no es uniforme.
Ello, debido a que “[t]he pattern varies
(b) Section not to apply to communications regarding tax
shelters.--The privilege under subsection (a) shall not
apply to any written communication which is-(1)
between
a
federally
authorized
tax
practitioner and-(A) any person,
(B)
any
director,
officer,
employee, agent, or representative
of the person, or
(C) any other person holding a
capital or profits interest in the
person, and
(2) in connection with the promotion of the
direct or indirect participation of the person
in any tax shelter (as defined in section
6662(d)(2)(C)(ii)). 26 USC sec. 7525.
CC-2019-533
35
radically from state to state: ‘[t]he statutes range from
a
one-sentence
statement
of
the
privilege
to
detailed
legislative schemes replete with specific definitions and
exceptions.’”
Imwinkelried, op. cit.
Ahora bien, dado a
la ambigüedad en la redacción de algunos de los estatutos,
existen diferencias entre los comentaristas en cuanto al
número
exacto
de
estatutos
que,
en
efecto,
pudiesen
interpretarse como que crean un privilegio. Íd. esc. 290
(“Given
the
ambiguity
of
the
wording
of
some
of
the
statutes, the commentators differ over the precise number
of statutes that should be interpreted as creating true
privileges.”).
Algunos de los estados que, en efecto, reconocen el
privilegio
CPA-cliente
lo
hacen:
1)
al
consignarlo
expresamente como un privilegio evidenciario en un cuerpo
codificado
de
normas
probatorias
—como
ocurre
en
Puerto Rico, según discutido—;42 2) al estatuirlo en la
42
Véanse, por ejemplo: Idaho Rules of Evidence, Rule 515, I.R.E.
515 (ID R REV Rule 515); La. Code Evid. Ann. Art. 515, LSA-C.E. Art.
515; Nev. Rev. Stat. Ann. Secs. 49.125-49.205, N.R.S. 49.125-49.205;
Okla. Stat. Ann. tit. 12, Sec. 2502.1 (12 Okl.St.Ann. § 2502.1).
Las disposiciones estatutarias pertinentes de Idaho, Luisiana,
Nevada y Oklahoma conceden al cliente el privilegio de rechazar la
divulgación o descubrimiento de comunicaciones confidenciales entre
éste y un contador público autorizado, efectuadas con el propósito de
facilitar la prestación de servicios o asesoría profesionales de
contabilidad.
Los
estados
mencionados,
incluso
protegen
categóricamente
las
comunicaciones
entre
un
contador
público
autorizado y sus representantes, ayudantes o empleados; excepto
Oklahoma que, aunque no concede esta protección expresamente, sí
considera confidenciales las comunicaciones dirigidas a aquellos a
quienes se divulga para promover la prestación de los servicios de
contabilidad al cliente y a los que fueran razonablemente necesarios
para la transmisión de la comunicación. Véanse: Idaho Rules of
Evidence, Reglas 515(a) y (b), I.R.E. 515(a) y (b); La. Code Evid.
Ann. Arts. 515A(4) y B(2), LSA-C.E. Art. 515A(4) y B(2); Nev. Rev.
Stat. Ann. Secs. 49.165-49.185, N.R.S. 49.165-49.185; Okla. Stat. Ann.
tit. 12, Sec. 2502.1A(3) y B. Particularmente pertinente al caso de
autos, los estados de Idaho y Luisiana hacen extensiva esta protección
CC-2019-533
sección
de
36
testigos
(“witnesses”)
de
sus
reglas
procedimentales para los tribunales;43 y 3) al establecerlo
en
estatutos
contabilidad
que,
pública,
confidencialidad
probatorio.44
deber
ético
además
y
el
de
también
regular
la
disponen
reconocimiento
de
profesión
de
un
deber
de
un
privilegio
Otras jurisdicciones únicamente estatuyen un
de
los
contadores
de
mantener
la
confidencialidad.45
a las comunicaciones entre dos o más contadores públicos autorizados
relacionadas al servicio profesional que le rinden al cliente.
En
concreto, ambos estatutos establecen de manera idéntica que el
privilegio CPA-cliente existirá cuando la comunicación se dé “among
accountants and their representatives representing the same client.”
Idaho Rules of Evidence, R. 515 (b) (5); La. Code Evid. Ann. Art. 515
(B)(5).
43
Véanse, por ejemplo: Colo. Rev. Stat. Ann. Sec. 13-90-107(f)(I);
Md. Code Ann., Cts. & Jud. Proc. Sec. 9-110; N.M. Stat. Ann. Sec. 386-6.
44
Véanse, por ejemplo: Ariz. Rev. Stat. Ann. Sec. 32-749; Fla.
Stat. Ann. Sec. 473.316; Ga. Code Ann. Sec. 43-3-29; 225 Ill. Comp.
Stat. Ann. 450/27; Ind. Code Ann. Sec. 25-2.1-14-2; Kan. Stat. Ann.
Sec. 1-401; Mich. Comp. Laws Ann. Sec. 339.732; Mo. Ann. Stat. Sec.
326.322; 63 Pa. Cons. Stat. Ann. Sec. 9.11a.
45
Por esa razón, no forman parte del presente análisis sobre el
privilegio CPA-cliente, dado a que éste es separado y distinto del
deber ético de confidencialidad que regula a estos profesionales.
M.R. Bartel, Pennsylvania's Accountant-Client Privilege: An Asset with
Liabilities, 30 Duq. L. Rev. 613, 615 (1992) (“[P]rivileged
communications
are
confidential,
but
not
all
confidential
communications are privileged.”).
El deber ético de los contadores públicos autorizados de
preservar las confidencias de sus clientes está establecido en la
Regla
1.700.001
del
American
Institute
of
Certified
Public
Accountants, Inc. (AICPA).
En detalle, la referida regla dispone lo
siguiente:
.01 A member in public practice shall not
disclose any confidential client information
without the specific consent of the client.
.02 This rule shall not be construed (1) to
relieve a member of his or her professional
obligations of the “Compliance With Standards
Rule” [1.310.001] or the “Accounting Principles
Rule” [1.320.001], (2) to affect in any way the
member’s obligation to comply with a validly
issued and enforceable subpoena or summons, or
to
prohibit
a
member’s
compliance
with
applicable laws and government regulations, (3)
to prohibit review of a member’s professional
practice under AICPA or state CPA society or
CC-2019-533
37
A la luz del derecho aplicable, pasemos entonces a
resolver la controversia de autos.
III
Como
vimos,
el
presente
demanda de naturaleza civil
caso
se
originó
—desvinculada de
como
una
asuntos o
leyes penales— incoada por McNeil para impugnar presuntas
deficiencias
en
el
pago
de
notificadas
por
el
Municipio.
patentes
Sin
municipales
embargo,
la
controversia que hoy abordamos no atiende los méritos o
deméritos de la acción entablada, sino que se circunscribe
a
revisar
específicamente,
una
la
determinación
orden
validada
interlocutoria,
por
los
foros
inferiores para que McNeil produzca un correo electrónico
con información que estima privilegiada.
Veamos.
Board of Accountancy authorization, or (4) to
preclude a member from initiating a complaint
with, or responding to any inquiry made by, the
professional ethics division or trial board of
the
Institute
or
a
duly
constituted
investigative or disciplinary body of a state
CPA society or Board of Accountancy. Members of
any of the bodies identified in (4) above and
members involved with professional practice
reviews identified in (3) above shall not use
to their own advantage or disclose any member’s
confidential client information that comes to
their
attention
in
carrying
out
those
activities. This prohibition shall not restrict
members’ exchange of information in connection
with
the
investigative
or
disciplinary
proceedings described in (4) above or the
professional practice reviews described in (3)
above. [Prior reference: paragraph .01 of ET
section 301]
American
Institute
of
Certified
Public
Accountants,
Inc.
(AICPA), AICPA
Code
of
Professional
Conduct,
Regla
1.700.001
(Confidential Client Information Rule) (según enmendada hasta el
31
de
agosto
de
2016),
págs.
124-125,
https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/research/standards/codeofcondu
ct/downloadabledocuments/2014december15contentasof2016august31codeofco
nduct.pdf (última visita, 30 de septiembre de 2020).
CC-2019-533
38
De los hechos previamente reseñados surge que durante
los procedimientos que suscitaron la controversia, McNeil,
como
entidad
jurídica,
estaba
representada
por
el
CPA
Rivera Matos en carácter de Asistente del Secretario de la
empresa.
Ante varios interrogatorios y requerimientos de
producción de documentos emitidos por el Municipio, McNeil
expresó que había hallado un correo electrónico entre el
CPA Rivera Matos y la CPA Ramírez, el cual contenía la
evaluación que el primero hiciera sobre “la declaración de
volumen de negocio”, y declinó descubrirlo por entender
que estaba cobijado por el privilegio CPA-cliente.
Como
es
quedarán
prueba
sabido,
excluidas
las
en
nuestro
ordenamiento
del
alcance
del
materias
que
sean
jurídico
descubrimiento
impertinentes;
las
de
que,
aunque no lo sean, estén protegidas por alguno de los
privilegios específicos reconocidos en nuestras Reglas de
Evidencia;
litigio.
y
las
preparadas
en
contemplación
de
un
32 LPRA Ap. V, R. 23.1 y R. 23.3; Ponce Adv.
Med. v. Santiago González et al., supra, págs. 898-899.
No obstante, en el presente caso, tan pronto McNeil
identificó la existencia del correo electrónico entre el
CPA Rivera Matos y la CPA Ramírez, y le fue requerida la
producción de éste, no sólo la objetó oportunamente al
amparo del privilegio CPA-cliente contemplado en la Regla
504,
sino
que,
además,
evaluación
de
la
realizada
por
el
información
sobre
describió
declaración
CPA
el
de
Rivera
ingreso
que
y
versaba
volumen
de
sobre
la
negocios
Matos
concerniente
a
estados
financieros
de
CC-2019-533
McNeil
39
durante
los
años
en
disputa.
La
descripción
anterior fue suficiente para cumplir con los requisitos
para el reclamo de un privilegio, según establecidos en la
Regla 23.3 de Procedimiento Civil de 2009.
32 LPRA Ap. V,
R. 23.3.
Acto seguido, el Municipio insistió extrajudicialmente
con su requerimiento, pero
McNeil reiteró su
objeción.
Esto dio lugar a la solicitud para compeler presentada por
el Municipio ante el Tribunal de Primera Instancia.
El
foro primario denegó la oposición presentada por McNeil,
lo cual tuvo el efecto de ordenar el descubrimiento, sin
más,
del
correo
electrónico.
Por
su
parte,
luego
de
algunas incidencias, el Tribunal de Apelaciones declinó
expedir el recurso de certiorari presentado por McNeil, a
pesar
de
que
versaba
sobre
un
asunto
relativo
a
un
privilegio evidenciario.
Bajo el presente escenario, al tomar en consideración
el acervo citado de experiencias federales y estatales que
confirma el origen puramente estatal del privilegio CPAcliente en conjunto con la trayectoria del privilegio en
la historia jurídica puertorriqueña hasta cristalizarse en
nuestro ordenamiento probatorio, más el arraigado interés
público de proteger la relación entre estos profesionales
y
sus
clientes,
es
forzoso
concluir
jurisdicción
existe
estatutariamente
cliente,
hemos
reconocido
lo
y
aquellas situaciones meritorias.
Arthur
Young
&
Co.
v.
Vega
el
debe
que
en
nuestra
privilegio
ser
CPA-
aplicado
en
32 LPRA Ap. VI, R. 504;
III,
supra;
Rodríguez
v.
CC-2019-533
40
Scotiabank de Puerto Rico, supra; Ramírez Mas v. Tribunal
Superior, supra.
Por consiguiente, determinamos que las
actuaciones de los foros inferiores fueron erradas y no
tomaron en consideración el derecho vigente ni la política
pública que lo sustenta.
En
primer
lugar,
ante
las
discrepancias
suscitadas
entre las partes con relación a la existencia o alcance
del
privilegio
primario
CPA-cliente,
examinar
oportunamente—
si
le
McNeil
estableció
correspondía
—además
prima
al
foro
de
reclamarlo
facie,
mediante
preponderancia de la prueba, los elementos necesarios para
su aplicación, acorde con la Regla 504.
establecidos
podemos
constatar
que
De los hechos
McNeil
consultó
y
contrató los servicios profesionales del CPA Rivera Matos
y
de
la
CPA
contributivos
Municipio.
Ramírez
para
ante
Departamento
La
el
definición
que
de
atendieran
de
cliente
sus
asuntos
Hacienda
y
el
Regla
504
de
la
incluye a personas jurídicas como McNeil y les otorga el
privilegio de rehusar revelar, o impedir que otra persona
revele,
las
comunicaciones
confidenciales
habidas
entre
sus oficiales y los contadores públicos autorizados de los
cuales obtuvo servicios profesionales.
dicha
regla
aquélla habida
cataloga
como
De igual modo,
comunicación
entre un contador
confidencial
público autorizado
“—
incluyendo a las personas que son sus asociadas, ayudantes
y empleadas de oficina—” y su cliente, relacionadas con
“alguna gestión profesional, realizada en el ejercicio de
la profesión de contabilidad, basada en la confianza de
CC-2019-533
que
41
no
será
divulgada
aquéllas
que
sea
a
terceras
necesario
para
personas,
llevar
a
salvo
efecto
a
los
propósitos de la comunicación”.
32 LPRA Ap. VI, R. 504.
Por
se
cuanto,
independientemente
interprete
que
las
gestiones profesionales efectuadas por el CPA Rivera Matos
a favor de McNeil se realizaron como oficial de la empresa
y, por ende, en capacidad de cliente, o en calidad de
profesional de la contabilidad, lo importante es que fue
establecido
que
esa
comunicación
evaluaciones
profesionales
de
interna
índole
contiene
confidencial
entre
éste y otra contadora pública autorizada (i.e., la CPA
Ramírez —sea ésta o no una subalterna, asociada, ayudante
o empleada), a favor de un cliente (es decir, McNeil).
Lo
anterior ocurrió dentro de un marco de confidencialidad
que muy difícilmente pudiera presumirse que tenía el fin
de ser divulgada a terceras personas.
De otra parte,
vemos
protección
que
la
Regla
comunicaciones
504
no
realizadas
excluye
entre
de
contadores
las
públicos
autorizados que brindan servicios a las empresas que los
emplean.
32 LPRA Ap. VI, R. 504.
No obstante, por la
similitud entre este privilegio y el de abogado-cliente,
de
manera
análoga,
deben
estar
protegidas
dichas
comunicaciones al igual que lo estaría si se tratara de un
abogado corporativo (“in-house counsel”).
Co.
46
v.
United
States,
449
US
383,
Véase Upjohn
395
(1981).46
Véase, además, Anotación, What corporate communications are
entitled to attorney-client privilege—modern cases, 27 ALR5th 76
(1995) (“It is universally accepted that in-house counsel are
attorneys for purposes of the privilege, but because in-house counsel
CC-2019-533
42
Consecuentemente,
concluimos
que
McNeil
cumplió
con
el
referido estándar probatorio.
En
segundo
primario
lugar,
debió
condicional,
dado
ante
catalogar
que,
dicho
el
escenario,
privilegio
distinto
al
el
foro
como
uno
privilegio
abogado-
cliente que es absoluto, el propio lenguaje de la Regla
504
le
reconoce
varias
excepciones
para
su
aplicación.
Por lo tanto, el juzgador tenía que ejercer su discreción
para
efectuar
un
balance
de
intereses
y
determinar
si
concedía o no la protección, aunque se cumplieran con los
elementos que constituyen el privilegio.
v.
Santiago
González
et
al.,
supra,
Ponce Adv. Med.
pág.
901;
Chiesa
Aponte, Tratado de Derecho Probatorio: Reglas de Evidencia
de Puerto Rico y federales, op. cit., pág. 317.
En este
caso particular, el balance de intereses para determinar
la
aplicabilidad
del
privilegio
CPA-cliente,
además
de
cerciorarse de que la objeción cumplió con la Regla 23.3
de
Procedimiento
Civil
de
2009,
con
los
principios
generales aplicables a todo privilegio probatorio y que no
es de aplicación alguna de las excepciones enumeradas en
el estatuto, debía sopesar si el interés promovido por el
privilegio
CPA-cliente,
ameritaba
sacrificar
el
de
descubrir evidencia pertinente.
A
nuestro
juicio,
convincentemente
la
el
Municipio
existencia
no
de
logró
alguna
argumentar
de
las
are often intimately involved in the corporation's business affairs,
application of the privilege to their communications poses particular
concerns”).
CC-2019-533
43
excepciones
contempladas
en
denegatoria del privilegio.
la
Regla
504
para
la
Máxime cuando en su solicitud
para compeler el descubrimiento del correo electrónico en
cuestión,
entre
genéricamente
otras
la
razones
existencia
ofrecidas,
de
“un
destacó
interés
público
apremiante de fiscalizar, auditar e investigar”, el pago
de
contribuciones
y
de
aquellos
contribuyentes
derrotar
las
“detectar
que
contribuciones
fraude
y
encausar
intencionalmente
dispuestas
por
a
pretendan
ley”.
Sin
embargo, en vez de hacer referencia a hechos concretos,
expresó
que
debía
tener
acceso
al
referido
correo
electrónico para indagar las motivaciones y discusiones de
los
contadores
públicos
pertinentes
para
“inocente
o
[…]
autorizados
“develar”
[…]
si
producto
la
de
porque
éstas
eran
alegada
omisión
fue
maquinaciones
para
la
comisión de fraude”.47
Como ha sido reiterado por este Tribunal en el pasado,
el fraude no se presume y debe probarse mediante prueba
clara,
robusta
y
convincente,
deducciones o meras conjeturas.
y
no
por
inferencias,
Véase Pierluisi-Urrutia
et al. v. CEE et al., 2020 TSPR 82, pág. 25 esc. 16.
Además,
el
interés
fiscalizador
del
Municipio
se
circunscribe a aquellas comunicaciones o documentos sin
expectativas razonables de confidencialidad ante terceros.
Es decir, existen ocasiones en que —como ocurre en el caso
de autos—
47
ese interés fiscalizador cede ante el interés
Solicitud de orden para compeler contestaciones a interrogatorios
objetados, supra, págs. 302-303.
CC-2019-533
de
44
mayor
envergadura
de
preservar
la
“naturaleza
fiduciaria” en cualquier faceta de la gestión contable que
implique
la
necesidad
fomentar
la
más
de
franca
preservar
confidencias,
comunicación
público autorizado y su cliente.
entre
el
para
contador
Arthur Young & Co. v.
Vega III, supra, págs. 177-179; Chiesa Aponte, Reglas de
Evidencia
Comentadas,
op.
cit.,
págs.
133-134.
De
lo
contrario, se estaría minando la importante función social
de
los
contadores
asesores
públicos
contributivos
autorizados
y
asesores
como
auditores,
gerenciales
o
financieros en representación de los intereses económicos
de sus clientes. En conclusión, determinamos que el correo
electrónico en cuestión está protegido por el privilegio
CPA-cliente y, por ende, no debe ser descubierto.
Finalmente,
sólo
resta
destacar
que,
en
adelante,
luego de la norma previamente señalada, el foro apelativo
intermedio deberá brindar mayor ponderación a los recursos
interlocutorios que lleguen ante sí relacionados a asuntos
relativos a privilegios evidenciarios, incluyendo pero sin
limitarse
al
privilegio
livianamente.
CPA-cliente,
y
no
despacharlos
Esto, pues no hay momento más propicio para
atender una controversia de esta índole que previo a que
se
obligue
privilegiada
a
descubrir
información
presuntamente
y que, como consecuencia de la desatención,
inevitablemente pierda tal condición.
IV
Establecida
la
aplicación
del
privilegio
contador
público autorizado-cliente al presente caso, se revocan la
CC-2019-533
45
Resolución del 14 de mayo de 2019 emitida por el Tribunal
de Apelaciones y la Orden del 22 de enero de 2019 del
Tribunal de Primera Instancia, y se devuelve el caso al
foro primario para la continuación de los procedimientos
acorde con lo resuelto en esta Opinión.
Se dictará Sentencia de conformidad.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
McNeil Healthcare, LLC
Peticionario
v.
CC-2019-533
Certiorari
Municipio de Las Piedras et al. [I]
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de
2021.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de
la presente Sentencia, se revocan la Resolución del
14 de mayo de 2019 emitida por el Tribunal de
Apelaciones y la Orden del 22 de enero de 2019 del
Tribunal de Primera Instancia. Se devuelve el caso
al foro primario para la continuación de los
procedimientos de conformidad con lo resuelto en la
Opinión.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor
Estrella Martínez concurre y emite la expresión
siguiente:
De entrada, reconozco la importancia y
la aportación que tiene esta Opinión en el
desarrollo
del
derecho
probatorio
puertorriqueño. De igual forma, coincido
con el dictamen de este Tribunal, puesto
que, en este caso particular, y bajo las
circunstancias específicas en las que se ha
desplegado el descubrimiento de prueba,
procede reconocer el reclamo del privilegio
invocado.
Ahora
principal
que
bien, albergo una preocupación
en torno a la carga probatoria
CC-2019-533
2
se le impone, en este caso al Municipio de
Las Piedras, para poder prevalecer en la
aplicación de la excepción contenida en el
inciso (1) de la Regla 504 de Evidencia, 32
LPRA Ap. VI. Ante esa preocupación, me veo
privado de no poder impartir mi conformidad
a
la
totalidad
de
la
ponencia. Aunque
reconozco que, en este caso particular, el
Municipio de Las Piedras no logró demostrar
la inaplicabilidad del privilegio contadora
o contador público autorizado y cliente, aun
bajo un estándar de prueba menor al aquí
exigido.
Además, no podemos perder de perspectiva
que,
en
este
tipo
de
controversias
judiciales,
tanto
el
Estado
como
los
municipios están en una posición ventajosa
en
términos
de
su
capacidad
de
administración, auditoría y fiscalización en
la imposición de contribuciones. En ese
sentido, en la controversia que nos ocupa
es una realidad de que el Municipio cuenta
con amplia documentación para poder litigar
efectivamente
sin
la
necesidad
de
las
comunicaciones
electrónicas
privilegiadas
que interesaba obtener. Lo anterior, basado
en los amplios poderes de recopilación de
información
contributiva
y
financiera
conferidos en virtud de la Ley de Patentes
Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de julio de
1974, 21 LPRA sec. 651 et seq.
De
esta
manera,
reconozco
que
las
entidades públicas tienen a su haber otras
vías
para
poder
perseguir
el
fraude
contributivo e imponer las consecuencias
jurídicas apropiadas si surgiera alguna
situación que así lo amerite.
Por
los
fundamentos
anteriormente
expuestos, concurro respetuosamente con la
determinación emitida por una Mayoría de
este Tribunal.
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no interviene.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo