LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

McNeil Healthcare, Inc. v. Municipio de Las Piedras et al. [I]

2021 TSPR 24

Poder Judicial de Puerto Rico

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McNeil Healthcare, Inc. v. Municipio de Las Piedras et al. [I]

CC-2019-533

Derecho Probatorio: El privilegio contador público autorizado – cliente dispuesto en la Regla 504 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, aplica a personas jurídicas y les otorga el privilegio de rehusar revelar o impedir que otra persona revele, las comunicaciones confidenciales habidas entre sus oficiales y los contadores públicos autorizados de los cuales obtuvo servicios profesionales. Lo determinante para la aplicación de este privilegio no es la calidad en la que el contador público autorizado lleva a cabo las gestiones profesionales a favor de la persona jurídica, sino que esa comunicación interna contenga evaluaciones profesionales de índole confidencial a favor del cliente y que sean realizadas dentro de un marco de confidencialidad que muy difícilmente pudiera presumirse que tenía el fin de ser divulgada a terceras personas. De otro lado, debido a que la Regla 504 no excluye de protección las comunicaciones realizadas entre contadores públicos autorizados que brindan servicios a las empresas que los emplean, y ante la similitud entre este privilegio y el de abogado-cliente, dichas comunicaciones deben estar protegidas al igual que lo estarían si se tratara de un abogado corporativo (“in-house counsel”).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

McNeil Healthcare, LLC

Peticionario

v.

Certiorari

2021 TSPR 24

206 DPR ____

Municipio de Las Piedras et al. [I]

Recurridos

Número del Caso:

CC-2019-533

Fecha: 26 de febrero de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel IV

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Juan A. Marqués Díaz

Lcdo. Rubén Muñiz Bonilla

Lcdo. Britt E. Arrieta Rivera

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Eduardo H. Martínez Echevarría

Materia: Derecho Probatorio - El privilegio CPA-cliente dispuesto en

la Regla 504 de Evidencia aplica a personas jurídicas y les otorga

el privilegio de rehusar revelar o impedir que otra persona revele,

las comunicaciones confidenciales habidas entre sus oficiales y los

contadores públicos autorizados de los cuales obtuvo servicios

profesionales.

Lo determinante para la aplicación de este

privilegio no es la calidad en la que el CPA lleva a cabo las

gestiones profesionales a favor de la persona jurídica, sino que esa

comunicación interna contenga evaluaciones profesionales de índole

confidencial a favor del cliente y que sean realizadas dentro de un

marco de confidencialidad que muy difícilmente pudiera presumirse

que tenía el fin de ser divulgada a terceras personas. De otro

lado, debido a que la Regla 504 no excluye de protección las

comunicaciones realizadas entre contadores públicos autorizados que

brindan servicios a las empresas que los emplean, y ante la

similitud entre este privilegio y el de abogado-cliente, dichas

comunicaciones deben estar protegidas al igual que lo estarían si se

tratara de un abogado corporativo (“in-house counsel”).

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

McNeil Healthcare, LLC

Peticionario

v.

CC-2019-533

Certiorari

Municipio de Las Piedras et al. [I]

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FELIBERTI

CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2021.

El presente recurso nos brinda la oportunidad de

expresarnos

en

por

nuestra

público

primera

vez

jurisdicción

autorizado-cliente

sobre

del

la

aplicabilidad

privilegio

(privilegio

contador

CPA-cliente),

estatuido en la Regla 504 de las Reglas de Evidencia de

Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. VI.

corresponde

evaluar

comunicaciones

caso

una

su

efectuadas

persona

naturaleza

entre

jurídica,

y

el

Específicamente,

y

alcance

cliente,

contadores

en

sobre

este

públicos

autorizados contratados por ésta.

Adelantamos que, tanto el desarrollo histórico del

referido privilegio en nuestro ordenamiento jurídico,

el derecho vigente, y, particularmente,

el ámbito de

CC-2019-533

2

confidencialidad en que ocurrieron los eventos en el caso

de

autos,

justifican

comunicación

proteger

amplia,

libre

profesionales y sus clientes.

la

y

confianza

franca

entre

y

la

estos

Veamos.

I

En

julio

presentó

de

una

2016,

demanda

McNeil

en

Healthcare,

contra

del

(McNeil)1

LLC

Municipio

de

Las

Piedras (Municipio), en virtud de la cual impugnó unas

notificaciones de este último relacionadas con presuntas

deficiencias en el pago de patentes municipales durante

los años fiscales 2014-2015 y 2015-2016.2

Contestada

continuó

su

la

curso

demanda

por

ordinario

el

y,

Municipio,

posteriormente,

inicio al descubrimiento de prueba.

incidentes

procesales,3

el

el

pleito

se

dio

Luego de múltiples

Municipio

presentó

varios

pliegos de interrogatorios y requerimientos de producción

de documentos.

En lo pertinente, el Municipio le requirió

a McNeil que produjera toda documentación intercambiada

por el CPA José Luis Rivera Matos (CPA Rivera Matos) —

quien ocupaba las posiciones de Tax Manager para todas las

subsidiarias de Johnson & Johnson en Puerto Rico y de

Asistente

del

Secretario

de

McNeil—;

y

la

CPA

Brenda

Ramírez (CPA Ramírez) —quien, por su parte, fungía como

1

McNeil Healthcare, LLC (McNeil) es una subsidiaria en Puerto Rico

de la corporación multinacional Johnson & Johnson.

2

3

Demanda, Apéndice, págs. 50-62.

Entre los incidentes ocurridos, cabe resaltar las modificaciones

al calendario debido al paso de los Huracanes Irma y María y otra

controversia de índole probatorio suscitada entre las partes, expedida

para revisión por este Tribunal con el alfanumérico CC-2018-502.

CC-2019-533

Tax

3

Compliance

Manager

para

todas

las

subsidiarias

de

Johnson & Johnson en Puerto Rico, incluyendo a McNeil—;

con otros empleados de McNeil que hubiesen intervenido con

las transacciones contables impugnadas.4

En detalle, el

Municipio requirió la siguiente información:

.

.

.

.

.

.

.

.

13.

Produzca e identifique copia de todo

documento, escrito o grabación cursado entre

el Sr. José L. Rivera y cualquier otra(o)

oficial, agente, empleado, o contratista de

McNeil relacionada a la determinación de

ingreso bruto de McNeil y/o el contenido o

alcance de la información […] de sus

declaraciones de volumen de negocios para

los años fiscales 2014-15 y 2015-16.

.

.

.

.

.

.

.

.

14. Produzca e identifique copia de todo

documento, escrito o grabación cursado entre

el Sr. José L. Rivera y cualquier otra(o)

oficial, agente, empleado, o contratista de

McNeil relacionada a la determinación de

ingreso bruto de McNeil y/o el contenido o

alcance de la información de los Estados

Financieros de McNeil para los años de

contabilidad terminados el 29 de diciembre

de 2013 y el 28 de diciembre de 2014.

.

.

.

.

.

.

.

.

15. Produzca e identifique copia de todo

documento, escrito o grabación cursado entre

la Sra. Brenda Ramírez y cualquier otra(o)

oficial, agente, empleado, o contratista de

McNeil relacionada a la determinación de

ingreso bruto de McNeil y/o el contenido o

alcance

de

la

información

de

sus

declaraciones de volumen de negocios para

lo[s] […] años fiscales 2014-15 y 2015-16.

.

.

.

.

.

(Subrayado en el original).5

4

.

.

.

Contestación

y/u

objeciones

a

segundo

interrogatorio

y

requerimiento para la producción de documentos, Apéndice, págs. 305321.

5

Íd., págs. 313-314.

CC-2019-533

4

El 12 de febrero de 2018, McNeil —por conducto del CPA

Rivera Matos en su carácter de Asistente del Secretario de

McNeil— informó en sus contestaciones y objeciones a los

interrogatorios y requerimientos de prueba cursados por el

Municipio que sólo halló un correo electrónico entre el

CPA Rivera Matos y la CPA Ramírez, pero declinó producirlo

por entender que estaba cobijado por el privilegio CPAcliente consignado en la Regla 504.

Así argumentó sus

objeciones al descubrimiento de dicha comunicación:

Contestación al Interrogatorio #13:

Se objeta al Interrogatorio Núm. 13 por

ser confuso y por ser amplio y oneroso. No

obstante, se informa que he revisado mis

récords y no he encontrado ningún documento

o comunicación cursado entre este servidor

[CPA Rivera Matos] y algún oficial, agente,

empleado,

o

contratista

de

McNeil

relacionada a la determinación de ingreso

bruto de McNeil para los años 2014-15 y

2015-16. Tampoco encontré algún documento o

comunicación de McNeil relacionada a la

determinación del ingreso bruto de McNeil

sobre

el

contenido

o

alcance

de

la

información de los Estados Financieros de

McNeil para los años 2014-15 y 2015-16.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contestación al Interrogatorio #14:

Se objeta al Interrogatorio Núm. 14 por

ser confuso y por ser amplio y oneroso. No

obstante, se informa que sólo pude encontrar

un correo electrónico entre la Sra. Brenda

Ramírez y yo [CPA Rivera Matos] que toca el

tema objeto de este Interrogatorio, en

relación a mi evaluación de la declaración

de volumen de negocios, pero que está

protegido por el privilegio contador público

autorizado-cliente bajo la Regla 504 de las

[Reglas] de Evidencia.

CC-2019-533

5

.

.

.

.

.

.

.

.

Contestación al Interrogatorio #15:

Se objeta al Interrogatorio Núm. 15 por

ser amplio y oneroso y por solicitar

información

impertinente

a

la

presente

reclamación.

No

obstante,

véase

la

respuesta aquí al Interrogatorio Núm. 14.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Subrayado

en

el

original

y

negrillas

suplidas).6

Al día siguiente, el Municipio le envió una carta a

McNeil

solicitándole

que

proveyera

contestaciones

considerar

que

las

explicaciones

ofrecidas eran “evasivas e incompletas”.7

El Municipio

suplementarias

por

adujo, en esencia, que el correo electrónico en cuestión

no estaba cubierto por el privilegio CPA-cliente, pues

“[a] tenor con las alegaciones del [CPA] Rivera [Matos],

la relación entre éste, la [CPA] Ramírez y McNeil no es

una de cliente-contador público autorizado y no existe la

[…]

‘comunicación

confidencial’

objeto

de

privilegio

a

la

protegido por la Regla 504 de [E]videncia”.8

Subsiguientemente,

McNeil

respondió

carta

sosteniéndose en su reclamo de que el correo electrónico

solicitado era privilegiado.9

Insatisfecho

con

la

respuesta

de

McNeil,

el

27

de

febrero de 2018, el Municipio presentó ante el Tribunal de

Primera Instancia

una Solicitud

de

orden para

compeler

6

Íd.

7

Carta de 13 de febrero de 2018, Apéndice, págs. 322, 325-327.

8

Íd., pág. 327.

9

Carta de 13 de febrero de 2018, Apéndice, págs. 329, 332-335.

CC-2019-533

6

contestaciones a interrogatorios objetados (solicitud para

compeler),

con

el

fin

producir

el

correo

de

que

se

obligara

a

electrónico

cursado

entre

contadores públicos autorizados.10

McNeil

a

los

Adujo en primer término

que la invocación del privilegio CPA-cliente por parte de

McNeil era frívola y temeraria.11

Reconoció que en la

deposición tomada al CPA Rivera Matos, éste identificó a

la CPA Ramírez como su subalterna.12

Añadió, además, que:

10. En las declaraciones para los años

fiscales 2014-2015 y 2015-2016, el Sr.

Rivera Matos, en representación de McNeil,

certificó bajo juramento que el volumen de

negocios declarado fue calculado siguiendo

las disposiciones de la Ley de Patentes

Municipales y “que los anejos financieros

que se acompañan están de acuerdo a los

libros de contabilidad de este negocio al 29

de diciembre de 2013 y la copia de las

páginas

o

anejos

de

la

planilla

de

contribución

sobre

ingresos

donde

se

detallan los ingresos brutos y gastos de

operación son copia fiel y exacta de los

radicados en el Departamento de Hacienda”.

11.

Al igual que el Sr. Rivera Matos, la

Sra. Ramírez suscribe declaración ante el

Municipio

de

Las

Piedras

como

oficial

13

autorizado de McNeil. […].

Más

adelante,

el

Municipio

comunicación

confidencial

privilegio

aquella

es

especificó

que

“la

refiere

este

a

la

que

se

entre

un

CPA,

incluyendo

a

sus

asociados, ayudantes y empleados y su cliente con alguna

10

Solicitud de orden para compeler contestaciones a interrogatorios

objetados, Apéndice, págs. 289-304.

11

Íd., págs. 290, 293.

12

Íd., pág. 290.

Véase extracto Deposición, Apéndice, págs. 378-

380.

13

Solicitud de orden para compeler contestaciones a interrogatorios

objetados, Apéndice, pág. 291.

CC-2019-533

7

gestión relacionada dentro de una relación profesional del

ejercicio

de

la

contabilidad”

y

cuya

“comunicación

confidencial es la que la parte comparte con un CPA en la

confianza de que no será divulgada a terceras personas,

salvo

las

necesarias

para

producir

el

propósito

de

la

comunicación”.14 Al respecto, argumentó lo siguiente:

De la exigua información que provee

[McNeil], lo único que se puede colegir es

que aquí se trata de información cursada

entre empleados que actúan dentro de un

proceso

deliberativo

interno,

ambos

representando a la empresa.

Estos son los

empleados que generan y/[u] originan la

información misma y no son terceros que

actúan dentro de la relación profesional de

CPA-cliente que requiere la regla.

Puesto

de

manera

sencilla,

no

hay

relación

profesional alguna puesto que estos dos

empleados no están expuestos a que la

empresa le reclame por impericia profesional

pues actúan a nombre y representación de la

empresa misma. (Énfasis suplido).15

A su vez, señaló que la comunicación en controversia

no está cobijada por el privilegio CPA-cliente, debido a

que son de aplicación las excepciones dispuestas en los

apartados (c)(1) y (c)(6) de la Regla 504, por considerar

que es información que debe ser divulgada por mandato de

ley y “por potencialmente tratarse

de una comunicación

conducente

de

a

respectivamente.

“existe

un

la

perpetración

un

fraude”,16

Conforme a ello, el Municipio alegó que

interés

público

apremiante

de

fiscalizar,

auditar e investigar el pago de contribuciones, no sólo

14

Íd., pág. 299.

15

Íd., pág. 300.

16

Íd., pág. 301.

CC-2019-533

para

el

8

cobro

encausar

a

pretendan

de

éstas,

sino

para

aquellos

contribuyentes

derrotar

las

ley”.17

Además,

arguyó

cliente,

sino

el

que

detectar

que

no

caso

existía

versaba

y

intencionalmente

contribuciones

que

fraude

más

dispuestas

por

privilegio

CPA-

bien

sobre

la

determinación y “motivaciones del [CPA Rivera Matos] para

omitir […] ciertas declaraciones de volumen de negocio”.18

Argumentó que

las “motivaciones y sus discusiones con su

subalterna son ‘constancias’ extremadamente

importantes y pertinentes al presente pleito

toda vez que podrían develar si la omisión

de dicho ingreso es una inocente en la que

realmente existe una diferencia de criterio

o, por el contrario, si se trata del

producto de maquinaciones para la comisión

de fraude”.

(Énfasis suplido).19

Finalmente,

recalcó

poseer

un

interés

público

apremiante de fiscalizar y cobrar las contribuciones.20

El

20

de

noviembre

de

2018,

McNeil

solicitud para compeler del Municipio.21

se

opuso

a

la

En su oposición

McNeil alegó, en resumen, que la relación para la cual se

invocó la protección de una comunicación confidencial está

comprendida dentro de la definición de la Regla 504.22

Asimismo,

esbozó

que,

debido

a

que

el

privilegio

CPA-

cliente guarda cierta similitud con el de abogado-cliente,

17

Íd., pág. 302.

18

Íd.

19

Íd., págs. 302-303.

20

Íd., pág. 303.

21

Oposición a “Solicitud de orden para compeler contestaciones a

interrogatorios objetados”, Apéndice, págs. 421-437.

22

Íd., pág. 432.

CC-2019-533

9

deben salvaguardarse las comunicaciones para los primeros

profesionales, así como se ha hecho con toda fuerza y

vigor para los últimos.23

También, mencionó McNeil que ha

sido precisa y consistente en la invocación del privilegio

y en la aseveración de los fundamentos que justifican su

aplicación.24

Afirmó que, “los asuntos en este caso no

tienen que ver con alegaciones de fraude”.25

la

controversia

notificación

de

de

epígrafe

deficiencias

detrimento de [ésta]”.26

“se

Añadió que en

impugna

por

el

la

errónea

Municipio

en

Sobre ese particular, fundamentó

su posición en que la notificación final del Municipio,

“no incluyó expresión alguna sobre fraude”.27

El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar

la

oposición

presentó

una

McNeil.28

de

moción

Subsiguientemente,

de

reconsideración

McNeil

de

esa

solicitud

de

determinación,29 la cual el foro primario denegó.30

Inconforme,

McNeil

presentó

una

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.31

Señaló, en

síntesis, que erró el foro primario al no reconocerle el

privilegio CPA-cliente a una comunicación realizada en el

23

Íd., págs. 430-432.

24

Íd., pág. 432.

25

Íd., pág. 435.

26

Íd.

27

Íd.

28

Notificación, Apéndice, pág. 486.

29

Moción de reconsideración, Apéndice, pág. 488.

30

Notificación, Apéndice, pág. 495.

31

Solicitud

pág. 21.

de

certiorari

al

Tribunal

de

Apelaciones,

Apéndice,

CC-2019-533

10

ejercicio de la profesión de la contabilidad entre dos (2)

contadores

públicos

autorizados

que

rendían

servicios

profesionales a su cliente.32

Posteriormente, el Municipio compareció ante el foro

apelativo

intermedio

presentada

por

en

oposición

McNeil.33

Éste,

a

además

la

de

solicitud

repetir

los

argumentos esbozados en su solicitud para compeler ante el

foro primario, añadió que la comunicación en cuestión no

estaba cobijada por el privilegio CPA-cliente debido a que

era de aplicación la excepción dispuesta en la Regla 504

(c)(4), respecto a la no disponibilidad del privilegio en

procedimientos civiles.34

A través de una Resolución emitida el 14 de mayo de

2019, el foro apelativo intermedio denegó considerar el

recurso

en

sus

méritos,

reunía

los

criterios

por

de

entender

expedición

que

de

el

mismo

no

los

autos

de

certiorari, esbozados en la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, infra.35

En

desacuerdo,

McNeil

sometió

una

moción

de

reconsideración,36 la cual fue declarada no ha lugar por el

foro apelativo intermedio.37

32

Íd., pág. 31.

33

en

Memorando

pág. 512.

oposición

a

expedición

de

certiorari,

Apéndice,

34

Íd., pág. 537.

35

Resolución del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 3.

36

Moción de reconsideración, Apéndice, pág. 7.

37

Resolución del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 20.

CC-2019-533

11

Insatisfecha

con

dicho

dictamen,

McNeil

acude

ante

este Tribunal mediante el presente recurso de certiorari y

plantea que:

Erró el [Tribunal de Apelaciones] al no

expedir el auto solicitado, dejando en vigor

una determinación del [Tribunal de Primera

Instancia] que niega el derecho de McNeil

(una

entidad

jurídica)

a

reclamar

el

privilegio CPA-cliente en cuanto a una

comunicación

confidencial

intercambiada

entre dos contadores públicos autorizados

relacionada a los servicios profesionales

que estos realizan para su cliente McNeil.

Planteada

así

la

controversia,

expedimos

el

auto

solicitado, y con el beneficio de la comparecencia de las

partes, procedemos a disponer del presente recurso.

II

A. Criterios para la expedición del auto de certiorari

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

Con esos fines, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil

de 2009, 32 LPRA Ap. V, establece los preceptos que regulan

la expedición del recurso discrecional de certiorari, por

parte del Tribunal de Apelaciones, para la revisión de

determinaciones

Instancia.

En

interlocutorias

lo

del

pertinente,

la

Tribunal

regla

de

Primera

dispone

siguiente:

El

recurso

de

certiorari

para

revisar

resoluciones

u

órdenes

interlocutorias

dictadas

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, solamente será expedido por el

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de

lo

CC-2019-533

12

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y

57 o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo.

No obstante, y por

excepción a lo dispuesto anteriormente, el

Tribunal

de

Apelaciones

podrá

revisar

órdenes

o

resoluciones

interlocutorias

dictadas

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia cuando se recurra de decisiones

sobre la admisibilidad de testigos de hechos

o peritos esenciales, asuntos relativos a

privilegios evidenciarios, anotaciones de

rebeldía, en casos de relaciones de familia,

en casos que revistan interés público o en

cualquier otra situación en la cual esperar

a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia.

Al denegar la

expedición de un recurso de certiorari en

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no

tiene que fundamentar su decisión. (Énfasis

suplido). Íd.

Las

disposiciones

pormenorizada

apelativo

de

la

regla

ciertas

instancias

intermedio

puede

interlocutorios

del

foro

establecen

en

las

que

revisar

primario.

de

manera

el

foro

dictámenes

Asimismo,

enumera

otras instancias mediante las cuales, a modo de excepción,

el

foro

apelativo

resoluciones

por

el

intermedio

interlocutorias

foro

primario,

probatorios.

Íd.

202

486-487

DPR

478,

de

podrá

revisar

varios

entre

órdenes

asuntos

éstos,

o

dictadas

privilegios

Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al.,

(2019);

Job

Connection

Center

v.

Sups. Econo, 185 DPR 585, 594 (2012); IG Builders et al.

v. BBVAPR, supra, págs. 336-338.

De igual manera, y con el propósito de que el foro

apelativo intermedio pueda ejercer de forma juiciosa y

comedida

su

facultad

discrecional,

la

Regla

40

del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, 4

LPRA

Ap.

XXII-B,

enmarca

los

criterios

que

debe

tomar

CC-2019-533

13

dicho foro al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari.

Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al.,

supra, pág. 486 esc. 12; IG Builders et al. v. BBVAPR,

supra, págs. 338-339.

En detalle, la regla dispone lo

siguiente:

El

tribunal

tomará

en

consideración

los

siguientes

criterios

al

determinar

la

expedición de un auto de certiorari o de una

orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la

decisión recurrida, a diferencia de sus

fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es

la más indicada para el análisis del

problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o

error craso y manifiesto en la apreciación

de la prueba por el Tribunal de Primera

Instancia.

(D)

Si

el

asunto

planteado

exige

consideración más detenida a la luz de los

autos originales, los cuales deberán ser

elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se

presenta el caso es la más propicia para su

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden

de

mostrar

causa

no

causan

un

fraccionamiento indebido del pleito y una

dilación indeseable en la solución final del

litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden

de mostrar causa evita un fracaso de la

justicia.

(Énfasis nuestro).

4 LPRA Ap.

XXII–B, R. 40.

Luego

de

expedición

Tribunal

de

detallar

del

las

cuestiones

relativas

de

certiorari

por

recurso

Apelaciones,

corresponde

ahora

a

la

parte

del

examinar

el

CC-2019-533

14

marco jurídico aplicable a los méritos de la controversia

ante nuestra consideración.

B.

Es

El descubrimiento de prueba y los privilegios

una

cuestión

de

gran

arraigo

en

nuestro

ordenamiento jurídico que el descubrimiento de prueba es

amplio y liberal y se extiende a cualquier materia que no

esté protegida por algún privilegio y que sea pertinente

al

asunto

en

controversia.

Casasnovas

et

al.

v.

UBS

Financial et al., 198 DPR 1040, 1054 (2017); Ponce Adv.

Med. v. Santiago González et al., 197 DPR 891, 898 (2017);

Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 DPR 921, 925

(2014).

Al respecto, la Regla 23.1 de Procedimiento Civil de

2009, 32 LPRA Ap. V, dispone lo siguiente:

El

alcance

del

descubrimiento

de

prueba, a menos que sea limitado de algún

modo por el tribunal, en conformidad con las

disposiciones de estas reglas, será como

sigue:

(a) En general.- Las partes

podrán hacer descubrimiento sobre

cualquier

materia,

no

privilegiada, que sea pertinente

al asunto en controversia en el

pleito pendiente, ya se refiera a

la

reclamación

o

defensa

de

cualquier otra parte, incluso la

existencia,

descripción,

naturaleza, custodia, condición y

localización

de

cualesquiera

libros,

información

almacenada

electrónicamente,

documentos

u

otros

objetos

tangibles

y

la

identidad y dirección de personas

que conozcan hechos pertinentes.

[…]. (Énfasis suplido). Íd.

CC-2019-533

15

En ese sentido, surgen dos limitaciones fundamentales

para el proceso de descubrimiento de prueba de la Regla

23.1. “En primer lugar, es imperioso que el asunto que se

pretende descubrir sea pertinente a la controversia que se

dirime. Segundo, la materia que

se pretende descubrir,

aunque sea pertinente, no puede ser privilegiada o quedará

excluida

del

alcance

(Énfasis suplido).

del

descubrimiento

de

prueba”.

Ponce Adv. Med. v. Santiago González

et al., supra, págs. 898-899.

De otro lado, la Regla 23.3 de Procedimiento Civil de

2009,

32

LPRA

Ap.

V,

establece

acerca

del

reclamo

de

privilegios, en su parte pertinente, lo siguiente:

(a)

Información retenida. Cuando una

parte

retiene

información

requerida,

reclamando que es materia privilegiada o

protegida en contemplación de la preparación

para el juicio, deberá hacer su reclamo de

manera expresa y fundamentada especificando

la naturaleza de los documentos, de las

comunicaciones

o

de

los

objetos

no

producidos o revelados, de forma que, sin

revelar información privilegiada, las demás

partes puedan evaluar la aplicabilidad del

privilegio o protección, y expresarse sobre

éstos.

Ahora

bien,

requerimiento

de

una

parte

descubrimiento

no

podrá

objetar

un

de

prueba

a

que

menos

invoque oportunamente un privilegio específico reconocido

en

nuestras

Santiago

García

González

Rivera

(2001)).

los

Reglas

et

de

Evidencia.

Ponce

et

al.,

supra,

pág.

al.

v.

Enríquez,

Adv.

899

153

DPR

Med.

v.

(citando

a

323,

333

Esto es así porque, por su naturaleza y función,

privilegios

probatorios

“rompen

con

el

propósito

principal de las Reglas de Evidencia: ‘el descubrimiento

CC-2019-533

de

la

16

verdad

en todos

los

procedimientos

judiciales’”.

Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra, pág.

899.

Véanse, también: Regla 102 de Evidencia de 2009, 32

LPRA Ap. VI; Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509,

518-519 (2013).

En otras palabras, “‘por consideraciones

de política pública’, el privilegio excluye prueba que de

otro modo sería pertinente y descubrible”.

Ponce Adv.

Med. v. Santiago González et al., supra, pág. 899 (citando

a

E.L.

Chiesa

Aponte,

Tratado

de

Derecho

Probatorio:

Reglas de Evidencia de Puerto Rico y federales, San Juan,

Pubs. JTS, 1998, T. I, pág. 185).

De esa manera, se

adelantan

sociales

“valores

e

intereses

que

por

consideraciones de política pública se estiman superiores

a

la

búsqueda

de

la

verdad”.

(Énfasis

suplido).

Casasnovas et al. v. UBS Financial et al., supra, pág.

1055. Véase, también, Ponce Adv. Med. v. Santiago González

et al., supra, pág. 899.

Con relación al alcance de la protección otorgada a

materia

privilegiada

por

consideraciones

de

interés

público, y sus excepciones, hemos citado con aprobación

las siguientes expresiones del profesor Chiesa Aponte:

Se estima que el sacrificio de evidencia con

claro valor probatorio se justifica para

adelantar

un

alto

interés

público[…].

Mientras más alto sea el interés público que

se quiere adelantar con el privilegio, mayor

será su alcance y menor las excepciones al

privilegio.

Mientras menor sea el interés

público que se quiere adelantar, de menor

alcance será el privilegio y más las

excepciones […].

Pagán v. First Hospital,

supra, pág. 518 (citando a E.L. Chiesa

Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico

2009, San Juan, Pubs. JTS, 2009, pág. 149).

CC-2019-533

17

Dado a que los privilegios impiden el descubrimiento

de ciertos actos, hechos o comunicaciones, los tribunales

interpretarán

restrictivamente

la

existencia

de

éstos.

Véanse: Regla 518 de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI;

Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra, pág.

899.

De igual modo, su concesión no será automática, sino

que deberán invocarse de manera certera y oportuna.

Íd.,

pág. 900.

Por cuanto, la parte que se considere poseedora

de

materia

cierta

privilegiada

cuyo

descubrimiento

se

procura, tan pronto le sea solicitada dicha información,

deberá:

(1) objetar la producción de los documentos,

las comunicaciones o los objetos requeridos;

(2)

indicar

expresamente

el

privilegio

específico que pretende invocar; (3) exponer

con particularidad los hechos concretos en

los que se basa la aplicabilidad del

privilegio; (4) fundar con claridad la

existencia de los elementos legales del

privilegio en cuestión, y (5) describir la

naturaleza de la evidencia no producida de

forma tal que, sin revelar la información

privilegiada, permita a otras partes evaluar

su reclamación.

Íd.

Véase, además, Regla

23.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA

Ap. V.

Ante

discrepancias

entre

las

partes

en

torno

a

la

existencia y alcance del privilegio “el tribunal tendrá

que

resolver

si

el

poseedor

del

privilegio

estableció,

mediante preponderancia de la prueba, los elementos del

privilegio que invoca”.

Med.

v.

Santiago

González

Consiguientemente,

privilegio

(Énfasis suplido).

invocado

et

al.,

demostrados

los

mediante

el

supra,

Ponce Adv.

pág.

900.

elementos

del

referido

estándar

CC-2019-533

18

probatorio, su aplicación dependerá de su clasificación

como

uno

absoluto

o

absolutos

son

aquellos

requisitos

que

lo

judicial

para

condicional.

Los

privilegios

que,

se

cumplan

una

constituyen,

obligar

la

vez

eliminan

divulgación

la

de

protegida. Íd., págs. 900-901 (citando a

Tratado

de

Derecho

Probatorio:

Reglas

de

los

privilegios

condicionales

son

discreción

la

materia

Chiesa Aponte,

Evidencia

Puerto Rico y federales, op. cit., pág. 193).

lado,

los

de

“Por otro

aquellos

cuya

aplicación puede ceder ante intereses sociales, aunque se

cumpla con los requisitos que lo constituyen”.

Ponce Adv.

Med. v. Santiago González et al., supra, pág. 901.

Consecuentemente,

le

corresponderá

a

la

parte

que

alega o reclama el privilegio “establecer prima facie que

concurren los elementos necesarios para su aplicación”.

Casasnovas et al. v. UBS Financial et al., supra, pág.

1056.

Es

decir,

para

que

pueda

reconocerse

una

comunicación como privilegiada deberá demostrar que están

presentes estas cuatro condiciones fundamentales, a saber:

1)

la

comunicación

tiene

que

haberse

originado en la confianza de que no será

divulgada;

2)

este

elemento

de

confidencialidad tiene que ser esencial para

mantener

plena

y

satisfactoriamente

la

relación entre las partes; 3) la relación

debe ser una que la comunidad considere que

debe ser diligentemente promovida y 4) que

el perjuicio que causaría la divulgación de

la comunicación sea mayor que el beneficio

obtenido por la correcta disposición del

pleito.

(Énfasis suplido).

Ortiz v.

Meléndez, 164 DPR 16, 28 (2005); García

Negrón v. Tribunal Superior, 104 DPR 727,

734 (1976) (citando a J.H. Wigmore, Wigmore

on Evidence, Toronto, Little, Brow and

CC-2019-533

19

Company, Vol. VIII, Sec. 2285, pág.

(revisado por J.T. McNaughton, 1961)).

527

Luego de esbozar los principios generales aplicables a

todo

privilegio

probatorio,

pasemos

a

examinar

la

evolución que ha tenido el privilegio CPA-cliente tanto en

Puerto Rico como en Estados Unidos.

C. El privilegio CPA-cliente

i. Puerto Rico

La Ley de Contabilidad Pública de 1945, Ley Núm. 293

de 15 de mayo de 1945 (Ley Núm. 293), según enmendada, 20

LPRA sec. 771 et seq., es la legislación que regula la

profesión de contador público autorizado en Puerto Rico.

Fue

en

ese

estatuto,

y

no

en

un

cuerpo

de

normas

probatorias, donde se incorporó por primera vez en nuestro

ordenamiento

la

protección

a

las

confidenciales

de

contadores

públicos

comunicaciones

autorizados.

En

específico, el privilegio CPA-cliente fue estatuido en la

Sección

19

de

la

Ley

Núm.

293

y

dicha

disposición

establecía que: “Ninguna corte exigirá a ningún contador

público

autorizado

o

contador

público

que

divulgue

información o evidencia obtenida por él en su carácter

confidencial como tal”.

20 LPRA ant. sec. 790.

Posteriormente, en Ramírez Mas v. Tribunal Superior,

95 DPR 415 (1967), un auto expedido, anulado y devuelto al

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos, fue donde por primera vez este Tribunal

reconoció

en

un

escolio

la

existencia

en

nuestra

jurisdicción del privilegio CPA-cliente, según consagrado

CC-2019-533

20

en la Sección 19 de la Ley Núm. 293.

Ramírez Mas v.

Tribunal Superior, supra, pág. 419 esc. 3.

Luego, en Rodríguez v. Scotiabank de Puerto Rico, 113

DPR

210

(1982),

ante

una

controversia

para

descubrir

información contenida en planillas de contribución sobre

ingresos,

en

lo

pertinente

a

la

controversia

ante

nosotros, este Foro destacó que las Reglas de Evidencia de

1979

no

le

reconocían

a

las

planillas

de

contribución

sobre ingresos como un privilegio en su lista y, otra vez

en un escolio,

recalcó que en

la revisión de

1979 se

omitió la inclusión del privilegio otorgado por la Ley

Núm. 293 a los contadores públicos.

Íd., pág. 214 esc. 1.

Ante la insuficiencia de detalles en la reglamentación

imperante

entonces

sobre

el

privilegio

CPA-cliente,

el

profesor Díaz Olivo abogó por su inclusión en las Reglas

de Evidencia, entre otras razones, “por la importancia que

tiene para el desarrollo efectivo de la relación contadorcliente”.

C.E.

Díaz

Olivo,

El

privilegio

contador-

cliente, ¿un super privilegio?, 58 Rev. Jur. UPR 77, 133

(1989).

Esbozó que la adopción en términos absolutos de

un privilegio —en este caso, el establecido por la Ley

Núm.

293—

lo

cual

constituye

una

excepción a

la

regla

general de que toda persona viene obligada a testificar,

“representa

ciertamente

la

expresión

de

una

fuerte

política pública en favor de la confidencialidad de la

comunicación entre el cliente y su contador”.

supra, pág. 112.

Díaz Olivo,

Sin embargo, promovió que se adoptara

una interpretación restrictiva del privilegio, dado que,

CC-2019-533

“[d]e

lo

21

contrario,

estaríamos

hablando

de

un s[ú]per-

privilegio que coloca[ría] la relación contador-cliente en

un

sitial

que

se

le

ha

negado

a

otras

relaciones

confidenciales de igual importancia”. Íd., pág. 113.

Varios

años

después,

en

el

contexto

de

una

controversia acerca de la validez de las cláusulas de no

competencia

autorizado,

entre

un

expatrono

enfatizamos

que

y

un

“nuestro

contador

público

ordenamiento

ha

reconocido la importancia de fomentar [la relación CPAcliente] al conceder un privilegio mediante la Ley [Núm.

293]”.

Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 181

(1994).

Al

describir

la

naturaleza

de

los

servicios

profesionales que ofrece un contador público autorizado,

resaltamos lo siguiente:

El contador público autorizado realiza

tres (3) funciones principales: auditoría o

intervención

de

cuentas,

asesoría

contributiva

y

asesoría

gerencial

o

38

financiera.[ ]

Como auditor,

este

profesional

debe

determinar, previo análisis de los libros y

registros de la empresa, si los estados

financieros

de

la

entidad

reflejan

razonablemente su situación financiera y sus

resultados

operacionales.

C.E.

Díaz

Olivo, El privilegio contador-cliente, ¿un

s[ú]per privilegio?, 58 Rev. Jur. U.P.R. 77,

83 (1989).

El

contador

que

actúa

como asesor contributivo de su cliente le

orienta sobre el impacto contributivo de sus

38

Entre otras funciones, tales como: “planificación financiera de

individuos, asesoría a instituciones gubernamentales y a asociaciones

sin fines de lucro, educación, y orientación a la comunidad”. Arthur

Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 181 esc. 21 (1994) (citando El

CPA: asesor para los pequeños negocios; The CPA as Personal Financial

Planner; The CPA as Management Consultant; American Institute of

Certified Public Accountants, What Does a CPA Do?, 1986).

CC-2019-533

22

transacciones.

También

le

ayuda

en

la

preparación de las planillas contributivas y

lo

representa

en

los

procedimientos

administrativos

en

el

Departamento

de

Hacienda, en el Servicio de Rentas Internas

federal, o en procedimientos judiciales en

el Tribunal Federal de Contribuciones. Díaz

Olivo, supra, págs. 83 y 88.

Como consultor gerencial o financiero,

el

contador

evalúa

la

política

sobre

inventarios

de

la

empresa,

diseña

e

implementa sistemas de contabilidad y de

procesamiento

de

información,

prepara

presupuestos, y orienta sobre el manejo de

personal y planificación financiera, entre

otras labores.

Dentro de esta relación profesional, el

contador

tiene

acceso

ilimitado

a

los

libros, a los registros, a las facturas y a

los

demás

documentos

del

cliente.

Así

adquiere conocimiento de detalles sensitivos

del negocio de su cliente.

De lo anterior

se desprende que la relación entre el

contador

público

autorizado

(sea

éste

empleado de una firma o dueño de su propio

negocio) y su cliente requiere contacto

personal

frecuente

y

una

estrecha

confianza. Se trata, pues, de una relación

profesional

de

naturaleza

fiduciaria. (Escolios omitidos y negrillas

suplidas).

Arthur Young & Co. v. Vega III,

supra, págs. 177-179.

Citando

al

profesor

Díaz

Olivo

en

un

escolio,

resaltamos el grado de confidencialidad que muchas veces

impera

en

las

comunicaciones

profesionales y sus clientes.

compartidas

entre

estos

Al respecto, consignamos

que

[n]o es extraño que un contador se

entere

de

fórmulas

comerciales

confidenciales,

planes,

estrategias

y

diseños

futuros,

costos

de

producción,

listados de clientes, tensiones y conflictos

internos,

administración

ineficiente,

violaciones de ley, fusiones o compras de

negocios contempladas, entre otras cosas.

Mucha de esta información no tiene relación

ni es pertinente en ocasiones a la labor

CC-2019-533

23

específica que en esos momentos realiza el

contador. Sin embargo, puede ser vital a la

propia existencia de la empresa.

Íd., pág.

178 esc. 23 (citando a Díaz Olivo, supra,

pág. 87).

Al mismo tiempo, expresamos que en aras de proteger el

interés público que rodea la relación CPA-cliente “—tan

similar a la existente entre el abogado y su cliente—” era

aconsejable

proteger

la

libertad

del

público

de

seleccionar al profesional de su confianza, lo que a su

vez “facilita el libre flujo de información entre ellos”.

Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, pág. 180.

Sobre lo

anterior, el Tribunal puntualizó que

[e]sto no sólo beneficia a las partes

involucradas,

sino

también

al

interés

público que permea la función social de esa

profesión. La necesidad de un libre y amplio

flujo de información entre el contador y su

cliente

es

indispensable

en

todas

sus

facetas. Como auditor, si el cliente oculta

información, existe el peligro de que el

profesional no lo detecte, pues en su

intervención examina solamente una muestra

de las transacciones de la empresa auditada.

De esta forma, el descubrimiento de errores

e irregularidades muchas veces depende de la

candidez del cliente hacia su contador

público

autorizado.[…]

La

necesidad

de

confianza plena en la relación es patente

también

en

sus

facetas

de

asesoría

contributiva, gerencial y financiera. En

éstas el contador es representante de su

cliente y la eficiencia y efectividad de su

trabajo depende del adecuado conocimiento de

los hechos y de las transacciones del

cliente.

(Énfasis nuestro).

Íd., pág. 180

esc. 26. (citando a Díaz Olivo, supra, pág.

86).

Meses después, mediante la Ley Núm. 124-1994 (Ley Núm.

124-1994), se eliminó el privilegio CPA-cliente de la Ley

Núm. 293, y se incorporó en la Regla 25-A de Evidencia de

CC-2019-533

1979.39

24

32

LPRA

ant.

sec.

Ap.

IV,

R.

25-A.

A

continuación, citamos la Exposición de Motivos que develan

las razones legislativas que motivaron este cambio:

39

Regla 25-A. Relación contador público autorizado y cliente.

(A) Según usadas en esta regla, las siguientes

expresiones

tendrán

el

significado

que

a

continuación se indica:

(1) Cliente — persona natural o

jurídica

que

consulta

a

un

contador público autorizado con

el propósito de contratarle o de

obtener servicios en su capacidad

profesional.

(2) Comunicación confidencial —

aquella comunicación habida entre

un contador público autorizado y

su cliente, incluyendo a sus

asociados, asistentes y empleados

de oficina en relación a alguna

gestión profesional, realizada en

el ejercicio de la profesión de

contabilidad

basada

en

la

confianza

de

que

no

será

divulgada a terceras personas,

salvo

a

aquellas

que

sea

necesario para llevar a efecto

los

propósitos

de

la

comunicación.

(3) Contador público autorizado —

todo ciudadano que posea una

licencia para dedicarse a la

práctica

de

la

contabilidad

pública en Puerto Rico expedida

por la Junta de Contabilidad,

según se define en la Ley de

Contabilidad Pública, secs. 771

et seq. del Título 20.

(B) Sujeto a lo dispuesto en esta regla, el

cliente, sea o no parte en el pleito o acción,

tiene el privilegio de rehusar[] revelar, y de

impedir que otro revele, una comunicación

confidencial entre él y su contador público

autorizado. El privilegio puede ser invocado

sólo por el poseedor del privilegio, que es el

cliente.

(C) No existe privilegio bajo esta regla si:

(1) Los servicios al contador

público

autorizado

fueron

solicitados

y

obtenidos

para

permitir o ayudar a cualquier

persona a cometer o planear la

comisión de un delito, un acto

torticero o un fraude.

(2) La comunicación es pertinente

a una controversia relativa a una

CC-2019-533

25

En

el

derecho

puertorriqueño,

los

privilegios reconocidos están codificados en

las Reglas de Evidencia para el Tribunal

General de Justicia, en vigor desde el 1ro

de octubre de 1979.

En ellas se omitió el

privilegio

reconocido

a

los

contadores

públicos autorizados, por lo que permaneció

vigente la Sección 19 de la Ley Núm. 293 de

15 de mayo de 1945.

La necesidad de una adecuada y lógica

codificación de nuestras reglas requiere que

violación por el contador público

autorizado de un deber que surja

de la relación contador público

autorizado y cliente.

(3) La comunicación es pertinente

a una materia de común interés

para dos o más clientes del

contador público autorizado, en

cuyo caso un cliente no puede

invocar el privilegio contra los

otros dos.

(4)

El

contenido

de

la

comunicación se le requiere en el

curso de un procedimiento civil o

penal bajo la “Ley de Armas”, Ley

Núm. 17 de 19 de enero de 1951,

según

enmendada;

“Ley

de

Sustancias Controladas”, Ley Núm.

4 de 23 de junio de 1971, según

enmendada; “Ley de Explosivos”,

Ley Núm. 134 de 28 de junio de

1969,

según

enmendada;

“Ley

Contra el Crimen Organizado”, Ley

Núm. 33 de 13 de julio de 1978,

según

enmendada;

y

las

disposiciones del Código Penal,

Ley Núm. 115 de 22 de julio de

1974, según enmendada; y las

leyes

especiales

sobre

estas

materias.

(5) La comunicación entre el

contador público autorizado y su

cliente está sujeta a las normas

que

regulan

la

profesión

de

contabilidad

requieren

que

se

divulguen [sic].

(6) La comunicación entre el

contador público autorizado y su

cliente puede ser divulgada por

mandato de ley o por razón de

interés público apremiante.

(D) Cuando dos o más personas se unen como

clientes

de

un

mismo

contador

público

autorizado en cuanto a un asunto de interés

común entre ellas, ninguna podrá renunciar al

privilegio sin el consentimiento de las otras.

32 LPRA ant. sec. Ap. IV, R. 25-A.

CC-2019-533

26

el mencionado privilegio sea insertado en el

Capítulo V sobre privilegios reconocidos en

nuestro derecho procesal.

A la misma vez,

es conveniente incorporar el privilegio del

contador público autorizado y su cliente en

el contexto normativo de otros privilegios

similares reconocidos en nuestro esquema

jurídico.

La enmienda propuesta define

claramente el alcance del privilegio y

elimina

de

un

estatuto

de

carácter

sustantivo como lo es la Ley de Contabilidad

Pública, lo que por adecuada codificación

debe estar incorporado en las Reglas de

Evidencia aplicables a los Tribunales de

Justicia de Puerto Rico.

El fin principal de nuestro derecho

procesal, que es en última instancia el

descubrimiento de la verdad en los procesos

judiciales

queda

salvaguardado

con

la

legislación propuesta.

Esta legislación

precisa el alcance del privilegio y se le

reconoce al contador público que presta sus

servicios como al cliente que los necesita.

Exposición de Motivos, Ley Núm. 124-1994

(1994 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 12291230).

Según

Asamblea

se

puede

apreciar

Legislativa,

su

de

lo

propósito

manifestado

al

por

aprobar

la

este

estatuto era lograr cohesión en la codificación de las

reglas

procesales

probatorias,

específicamente

las

de

añadida

25-A

de

privilegios.

Sobre

la

entonces

recién

Regla

Evidencia, el profesor Chiesa Aponte comentó:

Esta […] sigue muy de cerca —tal vez

demasiado cerca—

las disposiciones de la

Regla

25

sobre

el

privilegio

de

las

comunicaciones al abogado[…].

Hay dos

aspectos centrales en esta regla. En primer

término, el poseedor del privilegio es el

cliente —como debe ser— y no el contador,

como se establecía en el privilegio creado

en la Ley de Contabilidad.

En segundo

lugar,

se

dispone

que

la

comunicación

confidencial —según definida en el apartado

(A)(2) de la Regla— puede ser divulgada “por

razón de interés público apremiante”.

Esto

CC-2019-533

27

convierte al privilegio en uno cualificado,

sujeto al balance de intereses […].

Chiesa

Aponte, Tratado de

Derecho Probatorio: Reglas de Evidencia de

Puerto Rico y federales, op. cit., pág. 317.

Esta

disposición

CPA-cliente

se

reglamentaria

mantuvo

vigente

sobre

hasta

el

que,

privilegio

en

2009

se

aprobaron las Reglas de Evidencia actuales mediante In re

Aprobación de las Reglas de Evidencia, 175 DPR 478 (2009)

(Resolución).

Así,

Legislativa

Proyecto

un

esta

Curia

de

remitió

Reglas

de

a

la

Asamblea

Evidencia

—

preparado por el Comité Asesor Permanente de Reglas de

Evidencia—, y fue aprobado mediante la Ley Núm. 46-2009,

de conformidad con el trámite dispuesto en el Artículo V,

Sección 6 de la Constitución de Puerto Rico.

Art. V, Sec.

6, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

Cabe notar que sirvieron de

modelo

probatorias

al

cuerpo

de

normas

vigentes,

las

Reglas Federales de Evidencia, aunque la Regla 504, que

contempla el privilegio CPA-cliente, no tiene equivalente

en las referidas reglas federales.

La Regla 504 estatuye el privilegio CPA-cliente de la

siguiente forma:

Regla 504. Relación contadora o contador

público autorizado y cliente.

(a) Según usadas en esta regla, las

siguientes

expresiones

tendrán

el

significado que a continuación se indica:

(1)

Contadora

o

contador

público autorizado —Toda persona

que

posea

una

licencia

para

dedicarse a la práctica de la

contabilidad en Puerto Rico o en

los Estados Unidos de América.

CC-2019-533

28

(2) Cliente — Persona natural o

jurídica

que

consulta

a

una

contadora

o

contador

público

autorizado, o a quien creyó con

autorización

para

ejercer

la

profesión de la contabilidad, con

el propósito de contratarle o de

obtener servicios en su capacidad

profesional.

(3) Comunicación confidencial —

Aquélla habida entre una contadora

o contador público autorizado —

incluyendo a las personas que son

sus

asociadas,

ayudantes

y

empleadas de oficina— y su cliente

en relación con alguna gestión

profesional,

realizada

en

el

ejercicio

de

la

profesión

de

contabilidad,

basada

en

la

confianza de que no será divulgada

a

terceras

personas,

salvo

a

aquéllas que sea necesario para

llevar a efecto los propósitos de

la comunicación.

(b) Sujeto a lo dispuesto en esta regla,

la persona cliente —sea o no parte en el

pleito o acción— tiene el privilegio de

rehusar revelar, y de impedir que otra

persona

revele,

una

comunicación

confidencial entre ella y su contadora o

contador público autorizado.

El privilegio

puede ser invocado sólo por quien posee el

privilegio, que es la persona cliente.

(c) No existe privilegio bajo esta regla

si:

(1)

Los

servicios

a

la

contadora

o

contador

público

autorizado fueron solicitados y

obtenidos para permitir o ayudar a

cualquier persona a cometer o

planear la comisión de un delito o

un fraude.

(2)

La

comunicación

es

pertinente

a

una

controversia

relativa a una violación de los

deberes mutuos que surjan de la

relación

contadora

o

contador

público autorizado y cliente.

CC-2019-533

29

(3)

La

comunicación

es

pertinente a una materia de común

interés para dos o más clientes de

la contadora o contador público

autorizado, en cuyo caso una de

las personas clientes no puede

invocar el privilegio contra las

otras.

(4)

El

contenido

de

la

comunicación

se

le

requiere

durante un procedimiento civil o

penal bajo la Ley de Armas, Ley de

Sustancias

Controladas,

Ley

de

Explosivos, Ley contra el Crimen

Organizado, las disposiciones del

Código

Penal

y

las

leyes

especiales sobre estas materias.

(5) Las normas que regulan la

profesión

de

la

contabilidad

requieren

que

se

divulgue

la

comunicación.

(6) La comunicación entre la

contadora

o

contador

público

autorizado y su cliente puede ser

divulgada por mandato de ley o por

razón

de

interés

público

apremiante.

(d) Cuando dos o más personas se unen

como clientes de la misma contadora o el

mismo contador público autorizado en cuanto

a un asunto de interés común entre ellas,

ninguna podrá renunciar al privilegio sin el

consentimiento de las otras.

32 LPRA Ap.

VI, R. 504.

Adoptada

esta

nueva

disposición

reglamentaria,

profesor Chiesa Aponte resaltó que

[esta]

regla

[…]

no

altera

de

modo

significativo la regulación del privilegio

bajo la regla 25 (A) de 1979. Se sigue muy

de cerca la regulación del privilegio de las

comunicaciones entre abogado y cliente, con

las diferencias de rigor.

Aquí el interés

es fomentar la más franca comunicación entre

contador y cliente.

La imbricación entre

asesoramiento legal y asesoramiento contable

es de fino trazado. Si puede decirse que se

trata de asesoramiento legal, el poseedor

del privilegio —el cliente— debe optar por

el

CC-2019-533

30

el privilegio de abogado-cliente, que es

incondicionado.

Adviértase que en la regla

504 ([c]) (6) se establece que el tribunal

tiene

discreción

para

no

reconocer

el

privilegio por razón de interés público

apremiante.

[…] La presencia de terceras personas

necesarias para el asesoramiento no es

impedimento

para

que

se

reconozca

el

privilegio;

esto

incluye

los

asesores,

ayudantes y empleados del contador.

Se

requiere expectativa de confidencialidad, lo

que se desvanece con la presencia de

terceros que nada tienen que ver con el

asesoramiento.

(Énfasis nuestro).

E.L. Chiesa Aponte,

Reglas de Evidencia Comentadas, San Juan,

Ed. Situm, 2016, págs. 133-134.

Acerca de las excepciones al privilegio CPA-cliente del

apartado (c), en lo pertinente, destacó lo siguiente:

En el apartado ([c]) se establecen las

excepciones al privilegio, muy parecidas a

las del privilegio abogado-cliente.

Estas

excepciones son:

(1) Cuando el asesoramiento es solicitado

para cometer delito o fraude.

Esto es

también de muy fino trazado, pues el cliente

solicita asesoramiento para salir lo menos

maltrecho

ante

sus

obligaciones

contributivas.

Una cosa es solicitar cómo

pagar lo menos posible en la planilla o si

tengo derecho a determinada exención o

deducción,

lo

cual

es

perfectamente

legítimo.

Otra

cosa

es

solicitar

asesoramiento para defraudar a Hacienda o

cómo “fabricar” un dependiente, etc.

.

.

.

.

.

.

.

.

(4) La comunicación es requerida en acción

civil o penal bajo las leyes especiales a

las que se alude en el apartado ([c])(4) o

bajo el

Código Penal.

Esto obedece a un juicio de

política pública de que el interés público

en que aflore la verdad en acciones bajo

esas leyes supera sustancialmente al interés

en

mantener

confidenciales

las

comunicaciones entre contador y cliente.

CC-2019-533

31

.

.

.

.

.

.

.

.

(6) Cláusula residual: la comunicación debe

ser revelada para evitar un fracaso de la

justicia o, para usar el texto del apartado

([c])(6), “por razón de interés público

apremiante”.

Esto tal vez es la nota

distintiva

de

este

privilegio:

la

discreción del tribunal para no reconocerlo

y exigir que se divulgue la comunicación.

[…].

(Énfasis suplido).

Íd., págs. 134135.

Por

su

parte,

el

comentarista

Emmanuelli

Jiménez

indica sobre el apartado (c)(4) que:

[…] La número (4) es una excepción que no

tiene equivalente en el privilegio abogado o

abogada-cliente al limitar el privilegio por

razón de materia jurídica y espec[í]fica

pues no aplica a procedimientos civiles o

penales de las leyes de armas, sustancias

controladas, explosivos, crimen organizado,

todas las disposiciones del código penal y

las leyes especiales que aborden las mismas

materias. Esta excepción prácticamente sólo

deja el privilegio para los casos civiles no

relacionados a leyes penales.

(Énfasis

suplido). R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario

de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta

ed., San Juan, Ed. Situm, 2015, pág. 277.

Examinado

cliente,

a

el

trasfondo

continuación

local

del

repasamos

privilegio

el

CPA-

tratamiento

brindado a éste en el ámbito federal y estatal.

ii. Estados Unidos

a. Jurisdicción federal

A

nivel

federal,

el

privilegio

CPA-cliente

no

se

encuentra reconocido en las Reglas Federales de Evidencia.

Véase Fed. R. Evid. 501, 502.

Cónsono con lo anterior, en

Couch v. United States, 409 US 322 (1973), el Tribunal

Supremo de Estados Unidos sentenció que “no confidential

accountant-client privilege exists under federal law, and

CC-2019-533

32

no state created privilege has been recognized in federal

cases.”

Íd., pág. 335.

Véase, además, United States v.

Arthur Young & Co., 465 US 805, 817 (1984).40

A su vez, se ha señalado que en asuntos que involucran

la

jurisdicción

adhieren

al

federal,

common

law

los

tribunales

federales

no

reconocen

los

y

se

estatutos

estatales que crean un privilegio de CPA-cliente.

Véanse:

Couch v. United States, supra; R.J. Tepper, New Mexico's

Accountant-Client Privilege, 37 N.M. L. Rev. 387, 400-401

(2007); Díaz Olivo, supra, págs. 101-102.

No

obstante,

en

acciones

y

procedimientos

civiles,

respecto a los cuales la ley estatal proporciona la norma

aplicable

a

un

elemento

de

la

causa

de

acción

o

una

defensa, los privilegios se determinarán de conformidad

con

la

ley

estatal.

Véanse:

Colorado

State

Bd.

of

Accountancy v. Raisch, 960 P.2d 102, 106 esc. 3 (1998);

Fed. R. Evid. 501.

Por ejemplo, en casos de jurisdicción

por

ciudadanía,

los

del

donde

diversidad

aplican

la

ley

procedimientos,

cliente.

de

si

estado

ésta

reconoce

tribunales

un

se

federales

ventilan

los

privilegio

CPA-

Véanse, además: Tepper, supra, págs. 400-401;

Díaz Olivo, supra, pág. 102.

Por su parte, cabe resaltar que tanto en el Servicio

de Rentas Internas como en los tribunales federales se

40

Véase, también, Anotación, Privileged Communications Between

Accountant

and

Client

—

General

Principles,

Evidentiary

Considerations, and Attorney - Client Privilege Implications, 26

ALR7th Art. 3 (2017) (“It is well-established that no accountantclient privilege existed at common law. Many jurisdictions have

enacted statutes creating an accountant-client privilege.”).

CC-2019-533

33

reconocen las mismas protecciones de confidencialidad del

common

law

aplicables

a

las

comunicaciones

entre

contribuyentes y un abogado, así como a las comunicaciones

entre

contribuyentes

y

cualquier

otro

profesional

de

impuestos autorizado por el gobierno federal. Ahora bien,

la protección no aplicará a asuntos de naturaleza criminal

ni a comunicaciones escritas concernientes a paraísos o

refugios fiscales, cuyo propósito principal sea la elusión

o evasión de contribuciones sobre ingresos federales.41 A

41

Al respecto, el Internal Revenue Code dispone como sigue:

§ 7525. Confidentiality privileges relating to taxpayer

communications

(a) Uniform application to taxpayer communications

with federally authorized practitioners.-(1) General rule.--With respect to tax advice,

the

same

common

law

protections

of

confidentiality which apply to a communication

between a taxpayer and an attorney shall also

apply to a communication between a taxpayer and

any federally authorized tax practitioner to

the

extent

the

communication

would

be

considered a privileged communication if it

were between a taxpayer and an attorney.

(2) Limitations.--Paragraph (1) may only be

asserted in-(A)

any

noncriminal

tax

matter

before

the

Internal

Revenue

Service; and

(B) any noncriminal tax proceeding

in Federal court brought by or

against the United States.

(3)

Definitions.--For

purposes

of

this

subsection-(A)

Federally

authorized

tax

practitioner.--The term “federally

authorized tax practitioner” means

any individual who is authorized

under

Federal

law

to

practice

before the Internal Revenue Service

if such practice is subject to

Federal regulation under section

330 of title 31, United States

Code.

(B)

Tax

advice.--The

term

“tax

advice” means advice given by an

individual with respect to a matter

which is within the scope of the

individual's authority to practice

described in subparagraph (A).

CC-2019-533

34

pesar de que el Congreso ha promulgado este privilegio, es

de

aplicabilidad

asesoramiento

legal

contributivo.

Imwinkelried,

limitada

prestado

Véanse:

The

New

y

26

Wigmore:

se

refiere

por

el

USC

sec.

Evidentiary

sólo

al

profesional

7525;

E.J.

Privileges,

Sec. 6.2.5 (3ra ed. 2020), Thomson Reuters; Tepper, supra,

pág. 400.

b.

Jurisdicciones estatales

Es importante destacar que el privilegio CPA-cliente

es una criatura puramente estatal.

Imwinkelried, op. cit.

Dado a que este privilegio no existe en el common law

moderno, la mayoría de las jurisdicciones han rehusado

reconocerlo.

Íd.

Aun así, éste goza de apoyo sustancial,

dado que las comunicaciones realizadas a los contadores

públicos autorizados son privilegiadas en aproximadamente

más

de

un

tercio

de

los

estados

que

legislación codificando el privilegio.

han

promulgado

Íd.; 1 McCormick

on Evid. sec. 76.2 (8va ed. 2020), Thomson Reuters.

La

manera en que las jurisdicciones regulan este privilegio

no es uniforme.

Ello, debido a que “[t]he pattern varies

(b) Section not to apply to communications regarding tax

shelters.--The privilege under subsection (a) shall not

apply to any written communication which is-(1)

between

a

federally

authorized

tax

practitioner and-(A) any person,

(B)

any

director,

officer,

employee, agent, or representative

of the person, or

(C) any other person holding a

capital or profits interest in the

person, and

(2) in connection with the promotion of the

direct or indirect participation of the person

in any tax shelter (as defined in section

6662(d)(2)(C)(ii)). 26 USC sec. 7525.

CC-2019-533

35

radically from state to state: ‘[t]he statutes range from

a

one-sentence

statement

of

the

privilege

to

detailed

legislative schemes replete with specific definitions and

exceptions.’”

Imwinkelried, op. cit.

Ahora bien, dado a

la ambigüedad en la redacción de algunos de los estatutos,

existen diferencias entre los comentaristas en cuanto al

número

exacto

de

estatutos

que,

en

efecto,

pudiesen

interpretarse como que crean un privilegio. Íd. esc. 290

(“Given

the

ambiguity

of

the

wording

of

some

of

the

statutes, the commentators differ over the precise number

of statutes that should be interpreted as creating true

privileges.”).

Algunos de los estados que, en efecto, reconocen el

privilegio

CPA-cliente

lo

hacen:

1)

al

consignarlo

expresamente como un privilegio evidenciario en un cuerpo

codificado

de

normas

probatorias

—como

ocurre

en

Puerto Rico, según discutido—;42 2) al estatuirlo en la

42

Véanse, por ejemplo: Idaho Rules of Evidence, Rule 515, I.R.E.

515 (ID R REV Rule 515); La. Code Evid. Ann. Art. 515, LSA-C.E. Art.

515; Nev. Rev. Stat. Ann. Secs. 49.125-49.205, N.R.S. 49.125-49.205;

Okla. Stat. Ann. tit. 12, Sec. 2502.1 (12 Okl.St.Ann. § 2502.1).

Las disposiciones estatutarias pertinentes de Idaho, Luisiana,

Nevada y Oklahoma conceden al cliente el privilegio de rechazar la

divulgación o descubrimiento de comunicaciones confidenciales entre

éste y un contador público autorizado, efectuadas con el propósito de

facilitar la prestación de servicios o asesoría profesionales de

contabilidad.

Los

estados

mencionados,

incluso

protegen

categóricamente

las

comunicaciones

entre

un

contador

público

autorizado y sus representantes, ayudantes o empleados; excepto

Oklahoma que, aunque no concede esta protección expresamente, sí

considera confidenciales las comunicaciones dirigidas a aquellos a

quienes se divulga para promover la prestación de los servicios de

contabilidad al cliente y a los que fueran razonablemente necesarios

para la transmisión de la comunicación. Véanse: Idaho Rules of

Evidence, Reglas 515(a) y (b), I.R.E. 515(a) y (b); La. Code Evid.

Ann. Arts. 515A(4) y B(2), LSA-C.E. Art. 515A(4) y B(2); Nev. Rev.

Stat. Ann. Secs. 49.165-49.185, N.R.S. 49.165-49.185; Okla. Stat. Ann.

tit. 12, Sec. 2502.1A(3) y B. Particularmente pertinente al caso de

autos, los estados de Idaho y Luisiana hacen extensiva esta protección

CC-2019-533

sección

de

36

testigos

(“witnesses”)

de

sus

reglas

procedimentales para los tribunales;43 y 3) al establecerlo

en

estatutos

contabilidad

que,

pública,

confidencialidad

probatorio.44

deber

ético

además

y

el

de

también

regular

la

disponen

reconocimiento

de

profesión

de

un

deber

de

un

privilegio

Otras jurisdicciones únicamente estatuyen un

de

los

contadores

de

mantener

la

confidencialidad.45

a las comunicaciones entre dos o más contadores públicos autorizados

relacionadas al servicio profesional que le rinden al cliente.

En

concreto, ambos estatutos establecen de manera idéntica que el

privilegio CPA-cliente existirá cuando la comunicación se dé “among

accountants and their representatives representing the same client.”

Idaho Rules of Evidence, R. 515 (b) (5); La. Code Evid. Ann. Art. 515

(B)(5).

43

Véanse, por ejemplo: Colo. Rev. Stat. Ann. Sec. 13-90-107(f)(I);

Md. Code Ann., Cts. & Jud. Proc. Sec. 9-110; N.M. Stat. Ann. Sec. 386-6.

44

Véanse, por ejemplo: Ariz. Rev. Stat. Ann. Sec. 32-749; Fla.

Stat. Ann. Sec. 473.316; Ga. Code Ann. Sec. 43-3-29; 225 Ill. Comp.

Stat. Ann. 450/27; Ind. Code Ann. Sec. 25-2.1-14-2; Kan. Stat. Ann.

Sec. 1-401; Mich. Comp. Laws Ann. Sec. 339.732; Mo. Ann. Stat. Sec.

326.322; 63 Pa. Cons. Stat. Ann. Sec. 9.11a.

45

Por esa razón, no forman parte del presente análisis sobre el

privilegio CPA-cliente, dado a que éste es separado y distinto del

deber ético de confidencialidad que regula a estos profesionales.

M.R. Bartel, Pennsylvania's Accountant-Client Privilege: An Asset with

Liabilities, 30 Duq. L. Rev. 613, 615 (1992) (“[P]rivileged

communications

are

confidential,

but

not

all

confidential

communications are privileged.”).

El deber ético de los contadores públicos autorizados de

preservar las confidencias de sus clientes está establecido en la

Regla

1.700.001

del

American

Institute

of

Certified

Public

Accountants, Inc. (AICPA).

En detalle, la referida regla dispone lo

siguiente:

.01 A member in public practice shall not

disclose any confidential client information

without the specific consent of the client.

.02 This rule shall not be construed (1) to

relieve a member of his or her professional

obligations of the “Compliance With Standards

Rule” [1.310.001] or the “Accounting Principles

Rule” [1.320.001], (2) to affect in any way the

member’s obligation to comply with a validly

issued and enforceable subpoena or summons, or

to

prohibit

a

member’s

compliance

with

applicable laws and government regulations, (3)

to prohibit review of a member’s professional

practice under AICPA or state CPA society or

CC-2019-533

37

A la luz del derecho aplicable, pasemos entonces a

resolver la controversia de autos.

III

Como

vimos,

el

presente

demanda de naturaleza civil

caso

se

originó

—desvinculada de

como

una

asuntos o

leyes penales— incoada por McNeil para impugnar presuntas

deficiencias

en

el

pago

de

notificadas

por

el

Municipio.

patentes

Sin

municipales

embargo,

la

controversia que hoy abordamos no atiende los méritos o

deméritos de la acción entablada, sino que se circunscribe

a

revisar

específicamente,

una

la

determinación

orden

validada

interlocutoria,

por

los

foros

inferiores para que McNeil produzca un correo electrónico

con información que estima privilegiada.

Veamos.

Board of Accountancy authorization, or (4) to

preclude a member from initiating a complaint

with, or responding to any inquiry made by, the

professional ethics division or trial board of

the

Institute

or

a

duly

constituted

investigative or disciplinary body of a state

CPA society or Board of Accountancy. Members of

any of the bodies identified in (4) above and

members involved with professional practice

reviews identified in (3) above shall not use

to their own advantage or disclose any member’s

confidential client information that comes to

their

attention

in

carrying

out

those

activities. This prohibition shall not restrict

members’ exchange of information in connection

with

the

investigative

or

disciplinary

proceedings described in (4) above or the

professional practice reviews described in (3)

above. [Prior reference: paragraph .01 of ET

section 301]

American

Institute

of

Certified

Public

Accountants,

Inc.

(AICPA), AICPA

Code

of

Professional

Conduct,

Regla

1.700.001

(Confidential Client Information Rule) (según enmendada hasta el

31

de

agosto

de

2016),

págs.

124-125,

https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/research/standards/codeofcondu

ct/downloadabledocuments/2014december15contentasof2016august31codeofco

nduct.pdf (última visita, 30 de septiembre de 2020).

CC-2019-533

38

De los hechos previamente reseñados surge que durante

los procedimientos que suscitaron la controversia, McNeil,

como

entidad

jurídica,

estaba

representada

por

el

CPA

Rivera Matos en carácter de Asistente del Secretario de la

empresa.

Ante varios interrogatorios y requerimientos de

producción de documentos emitidos por el Municipio, McNeil

expresó que había hallado un correo electrónico entre el

CPA Rivera Matos y la CPA Ramírez, el cual contenía la

evaluación que el primero hiciera sobre “la declaración de

volumen de negocio”, y declinó descubrirlo por entender

que estaba cobijado por el privilegio CPA-cliente.

Como

es

quedarán

prueba

sabido,

excluidas

las

en

nuestro

ordenamiento

del

alcance

del

materias

que

sean

jurídico

descubrimiento

impertinentes;

las

de

que,

aunque no lo sean, estén protegidas por alguno de los

privilegios específicos reconocidos en nuestras Reglas de

Evidencia;

litigio.

y

las

preparadas

en

contemplación

de

un

32 LPRA Ap. V, R. 23.1 y R. 23.3; Ponce Adv.

Med. v. Santiago González et al., supra, págs. 898-899.

No obstante, en el presente caso, tan pronto McNeil

identificó la existencia del correo electrónico entre el

CPA Rivera Matos y la CPA Ramírez, y le fue requerida la

producción de éste, no sólo la objetó oportunamente al

amparo del privilegio CPA-cliente contemplado en la Regla

504,

sino

que,

además,

evaluación

de

la

realizada

por

el

información

sobre

describió

declaración

CPA

el

de

Rivera

ingreso

que

y

versaba

volumen

de

sobre

la

negocios

Matos

concerniente

a

estados

financieros

de

CC-2019-533

McNeil

39

durante

los

años

en

disputa.

La

descripción

anterior fue suficiente para cumplir con los requisitos

para el reclamo de un privilegio, según establecidos en la

Regla 23.3 de Procedimiento Civil de 2009.

32 LPRA Ap. V,

R. 23.3.

Acto seguido, el Municipio insistió extrajudicialmente

con su requerimiento, pero

McNeil reiteró su

objeción.

Esto dio lugar a la solicitud para compeler presentada por

el Municipio ante el Tribunal de Primera Instancia.

El

foro primario denegó la oposición presentada por McNeil,

lo cual tuvo el efecto de ordenar el descubrimiento, sin

más,

del

correo

electrónico.

Por

su

parte,

luego

de

algunas incidencias, el Tribunal de Apelaciones declinó

expedir el recurso de certiorari presentado por McNeil, a

pesar

de

que

versaba

sobre

un

asunto

relativo

a

un

privilegio evidenciario.

Bajo el presente escenario, al tomar en consideración

el acervo citado de experiencias federales y estatales que

confirma el origen puramente estatal del privilegio CPAcliente en conjunto con la trayectoria del privilegio en

la historia jurídica puertorriqueña hasta cristalizarse en

nuestro ordenamiento probatorio, más el arraigado interés

público de proteger la relación entre estos profesionales

y

sus

clientes,

es

forzoso

concluir

jurisdicción

existe

estatutariamente

cliente,

hemos

reconocido

lo

y

aquellas situaciones meritorias.

Arthur

Young

&

Co.

v.

Vega

el

debe

que

en

nuestra

privilegio

ser

CPA-

aplicado

en

32 LPRA Ap. VI, R. 504;

III,

supra;

Rodríguez

v.

CC-2019-533

40

Scotiabank de Puerto Rico, supra; Ramírez Mas v. Tribunal

Superior, supra.

Por consiguiente, determinamos que las

actuaciones de los foros inferiores fueron erradas y no

tomaron en consideración el derecho vigente ni la política

pública que lo sustenta.

En

primer

lugar,

ante

las

discrepancias

suscitadas

entre las partes con relación a la existencia o alcance

del

privilegio

primario

CPA-cliente,

examinar

oportunamente—

si

le

McNeil

estableció

correspondía

—además

prima

al

foro

de

reclamarlo

facie,

mediante

preponderancia de la prueba, los elementos necesarios para

su aplicación, acorde con la Regla 504.

establecidos

podemos

constatar

que

De los hechos

McNeil

consultó

y

contrató los servicios profesionales del CPA Rivera Matos

y

de

la

CPA

contributivos

Municipio.

Ramírez

para

ante

Departamento

La

el

definición

que

de

atendieran

de

cliente

sus

asuntos

Hacienda

y

el

Regla

504

de

la

incluye a personas jurídicas como McNeil y les otorga el

privilegio de rehusar revelar, o impedir que otra persona

revele,

las

comunicaciones

confidenciales

habidas

entre

sus oficiales y los contadores públicos autorizados de los

cuales obtuvo servicios profesionales.

dicha

regla

aquélla habida

cataloga

como

De igual modo,

comunicación

entre un contador

confidencial

público autorizado

“—

incluyendo a las personas que son sus asociadas, ayudantes

y empleadas de oficina—” y su cliente, relacionadas con

“alguna gestión profesional, realizada en el ejercicio de

la profesión de contabilidad, basada en la confianza de

CC-2019-533

que

41

no

será

divulgada

aquéllas

que

sea

a

terceras

necesario

para

personas,

llevar

a

salvo

efecto

a

los

propósitos de la comunicación”.

32 LPRA Ap. VI, R. 504.

Por

se

cuanto,

independientemente

interprete

que

las

gestiones profesionales efectuadas por el CPA Rivera Matos

a favor de McNeil se realizaron como oficial de la empresa

y, por ende, en capacidad de cliente, o en calidad de

profesional de la contabilidad, lo importante es que fue

establecido

que

esa

comunicación

evaluaciones

profesionales

de

interna

índole

contiene

confidencial

entre

éste y otra contadora pública autorizada (i.e., la CPA

Ramírez —sea ésta o no una subalterna, asociada, ayudante

o empleada), a favor de un cliente (es decir, McNeil).

Lo

anterior ocurrió dentro de un marco de confidencialidad

que muy difícilmente pudiera presumirse que tenía el fin

de ser divulgada a terceras personas.

De otra parte,

vemos

protección

que

la

Regla

comunicaciones

504

no

realizadas

excluye

entre

de

contadores

las

públicos

autorizados que brindan servicios a las empresas que los

emplean.

32 LPRA Ap. VI, R. 504.

No obstante, por la

similitud entre este privilegio y el de abogado-cliente,

de

manera

análoga,

deben

estar

protegidas

dichas

comunicaciones al igual que lo estaría si se tratara de un

abogado corporativo (“in-house counsel”).

Co.

46

v.

United

States,

449

US

383,

Véase Upjohn

395

(1981).46

Véase, además, Anotación, What corporate communications are

entitled to attorney-client privilege—modern cases, 27 ALR5th 76

(1995) (“It is universally accepted that in-house counsel are

attorneys for purposes of the privilege, but because in-house counsel

CC-2019-533

42

Consecuentemente,

concluimos

que

McNeil

cumplió

con

el

referido estándar probatorio.

En

segundo

primario

lugar,

debió

condicional,

dado

ante

catalogar

que,

dicho

el

escenario,

privilegio

distinto

al

el

foro

como

uno

privilegio

abogado-

cliente que es absoluto, el propio lenguaje de la Regla

504

le

reconoce

varias

excepciones

para

su

aplicación.

Por lo tanto, el juzgador tenía que ejercer su discreción

para

efectuar

un

balance

de

intereses

y

determinar

si

concedía o no la protección, aunque se cumplieran con los

elementos que constituyen el privilegio.

v.

Santiago

González

et

al.,

supra,

Ponce Adv. Med.

pág.

901;

Chiesa

Aponte, Tratado de Derecho Probatorio: Reglas de Evidencia

de Puerto Rico y federales, op. cit., pág. 317.

En este

caso particular, el balance de intereses para determinar

la

aplicabilidad

del

privilegio

CPA-cliente,

además

de

cerciorarse de que la objeción cumplió con la Regla 23.3

de

Procedimiento

Civil

de

2009,

con

los

principios

generales aplicables a todo privilegio probatorio y que no

es de aplicación alguna de las excepciones enumeradas en

el estatuto, debía sopesar si el interés promovido por el

privilegio

CPA-cliente,

ameritaba

sacrificar

el

de

descubrir evidencia pertinente.

A

nuestro

juicio,

convincentemente

la

el

Municipio

existencia

no

de

logró

alguna

argumentar

de

las

are often intimately involved in the corporation's business affairs,

application of the privilege to their communications poses particular

concerns”).

CC-2019-533

43

excepciones

contempladas

en

denegatoria del privilegio.

la

Regla

504

para

la

Máxime cuando en su solicitud

para compeler el descubrimiento del correo electrónico en

cuestión,

entre

genéricamente

otras

la

razones

existencia

ofrecidas,

de

“un

destacó

interés

público

apremiante de fiscalizar, auditar e investigar”, el pago

de

contribuciones

y

de

aquellos

contribuyentes

derrotar

las

“detectar

que

contribuciones

fraude

y

encausar

intencionalmente

dispuestas

por

a

pretendan

ley”.

Sin

embargo, en vez de hacer referencia a hechos concretos,

expresó

que

debía

tener

acceso

al

referido

correo

electrónico para indagar las motivaciones y discusiones de

los

contadores

públicos

pertinentes

para

“inocente

o

[…]

autorizados

“develar”

[…]

si

producto

la

de

porque

éstas

eran

alegada

omisión

fue

maquinaciones

para

la

comisión de fraude”.47

Como ha sido reiterado por este Tribunal en el pasado,

el fraude no se presume y debe probarse mediante prueba

clara,

robusta

y

convincente,

deducciones o meras conjeturas.

y

no

por

inferencias,

Véase Pierluisi-Urrutia

et al. v. CEE et al., 2020 TSPR 82, pág. 25 esc. 16.

Además,

el

interés

fiscalizador

del

Municipio

se

circunscribe a aquellas comunicaciones o documentos sin

expectativas razonables de confidencialidad ante terceros.

Es decir, existen ocasiones en que —como ocurre en el caso

de autos—

47

ese interés fiscalizador cede ante el interés

Solicitud de orden para compeler contestaciones a interrogatorios

objetados, supra, págs. 302-303.

CC-2019-533

de

44

mayor

envergadura

de

preservar

la

“naturaleza

fiduciaria” en cualquier faceta de la gestión contable que

implique

la

necesidad

fomentar

la

más

de

franca

preservar

confidencias,

comunicación

público autorizado y su cliente.

entre

el

para

contador

Arthur Young & Co. v.

Vega III, supra, págs. 177-179; Chiesa Aponte, Reglas de

Evidencia

Comentadas,

op.

cit.,

págs.

133-134.

De

lo

contrario, se estaría minando la importante función social

de

los

contadores

asesores

públicos

contributivos

autorizados

y

asesores

como

auditores,

gerenciales

o

financieros en representación de los intereses económicos

de sus clientes. En conclusión, determinamos que el correo

electrónico en cuestión está protegido por el privilegio

CPA-cliente y, por ende, no debe ser descubierto.

Finalmente,

sólo

resta

destacar

que,

en

adelante,

luego de la norma previamente señalada, el foro apelativo

intermedio deberá brindar mayor ponderación a los recursos

interlocutorios que lleguen ante sí relacionados a asuntos

relativos a privilegios evidenciarios, incluyendo pero sin

limitarse

al

privilegio

livianamente.

CPA-cliente,

y

no

despacharlos

Esto, pues no hay momento más propicio para

atender una controversia de esta índole que previo a que

se

obligue

privilegiada

a

descubrir

información

presuntamente

y que, como consecuencia de la desatención,

inevitablemente pierda tal condición.

IV

Establecida

la

aplicación

del

privilegio

contador

público autorizado-cliente al presente caso, se revocan la

CC-2019-533

45

Resolución del 14 de mayo de 2019 emitida por el Tribunal

de Apelaciones y la Orden del 22 de enero de 2019 del

Tribunal de Primera Instancia, y se devuelve el caso al

foro primario para la continuación de los procedimientos

acorde con lo resuelto en esta Opinión.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

McNeil Healthcare, LLC

Peticionario

v.

CC-2019-533

Certiorari

Municipio de Las Piedras et al. [I]

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de

2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de

la presente Sentencia, se revocan la Resolución del

14 de mayo de 2019 emitida por el Tribunal de

Apelaciones y la Orden del 22 de enero de 2019 del

Tribunal de Primera Instancia. Se devuelve el caso

al foro primario para la continuación de los

procedimientos de conformidad con lo resuelto en la

Opinión.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Estrella Martínez concurre y emite la expresión

siguiente:

De entrada, reconozco la importancia y

la aportación que tiene esta Opinión en el

desarrollo

del

derecho

probatorio

puertorriqueño. De igual forma, coincido

con el dictamen de este Tribunal, puesto

que, en este caso particular, y bajo las

circunstancias específicas en las que se ha

desplegado el descubrimiento de prueba,

procede reconocer el reclamo del privilegio

invocado.

Ahora

principal

que

bien, albergo una preocupación

en torno a la carga probatoria

CC-2019-533

2

se le impone, en este caso al Municipio de

Las Piedras, para poder prevalecer en la

aplicación de la excepción contenida en el

inciso (1) de la Regla 504 de Evidencia, 32

LPRA Ap. VI. Ante esa preocupación, me veo

privado de no poder impartir mi conformidad

a

la

totalidad

de

la

ponencia. Aunque

reconozco que, en este caso particular, el

Municipio de Las Piedras no logró demostrar

la inaplicabilidad del privilegio contadora

o contador público autorizado y cliente, aun

bajo un estándar de prueba menor al aquí

exigido.

Además, no podemos perder de perspectiva

que,

en

este

tipo

de

controversias

judiciales,

tanto

el

Estado

como

los

municipios están en una posición ventajosa

en

términos

de

su

capacidad

de

administración, auditoría y fiscalización en

la imposición de contribuciones. En ese

sentido, en la controversia que nos ocupa

es una realidad de que el Municipio cuenta

con amplia documentación para poder litigar

efectivamente

sin

la

necesidad

de

las

comunicaciones

electrónicas

privilegiadas

que interesaba obtener. Lo anterior, basado

en los amplios poderes de recopilación de

información

contributiva

y

financiera

conferidos en virtud de la Ley de Patentes

Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de julio de

1974, 21 LPRA sec. 651 et seq.

De

esta

manera,

reconozco

que

las

entidades públicas tienen a su haber otras

vías

para

poder

perseguir

el

fraude

contributivo e imponer las consecuencias

jurídicas apropiadas si surgiera alguna

situación que así lo amerite.

Por

los

fundamentos

anteriormente

expuestos, concurro respetuosamente con la

determinación emitida por una Mayoría de

este Tribunal.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no interviene.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo