LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Natal Albelo v. Romero Lugo

2021 TSPR 26

Poder Judicial de Puerto Rico

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Natal Albelo v. Romero Lugo

AC-2021-27 Cons. con AC-2021-28

Resolución del Tribunal con Votos Particulares de Conformidad y Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Antonio Natal Albelo, en su

capacidad de candidato a la

Alcaldía de San Juan por el

Movimiento Victoria Ciudadana

Recurrido

Certiorari

2021 TSPR 26

v.

Miguel A. Romero Lugo, en su

capacidad de candidato impugnado y

otros

Peticionarios

Número del Caso: AC-2021-27

Cons. AC-2021-28

Fecha: 3 de marzo de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel VI

Abogados de los peticionarios:

Miguel A. Romero Lugo

Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz

Lcda. Rosa Campos Silva

Lcdo. Simone Cataldi Malpica

Lcda. Sheila Torres Delgado

Lcdo. Carlos Santiago Tavarez

Comisionado Electoral

del Partido Nuevo Progresista

Lcdo. Francisco J. González Magaz

Abogados de los recurridos:

Comisión Estatal de Elecciones

Lcdo. Feliz R. Passalaqua Rivera

Lcdo. Jason Caraballo Oquendo

Manuel A. Natal Albelo

Lcdo. Manuel A. Rodríguez Banchs

Lcda. Tamara Sosa Pascual

Lcdo. Jorge Farinacci Fernós

Comisionado Electoral

del Partido Popular Democrático

Lcdo. Jorge Martínez Luciano

Lcdo. Emil Rodríguez Escudero

206 DPR ____

AC-2021-0027

cons. con AC-2021-0028

2

Comisionado Electoral

del Movimiento Victoria Ciudadana

Lcdo. José A. Rodríguez Jiménez

Materia: Resolución del Tribunal con

Conformidad y Voto Particular Disidente.

Votos

Particulares

de

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Antonio Natal Albelo,

en su capacidad de candidato a

la Alcaldía de San Juan por el

Movimiento Victoria Ciudadana

Recurrido

AC-2021-0027

Cons. con

AC-2021-0028

v.

Miguel A. Romero Lugo, en su

capacidad de candidato

impugnado y otros

Peticionarios

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2021.

El 19 de febrero de 2021, el Hon. Miguel A. Romero

Lugo (peticionario) presentó ante este Tribunal un recurso

de Apelación en el cual nos solicitó la revisión de una

Sentencia dictada el 15 de febrero de 2021, por el

Tribunal de Apelaciones (TA), la cual revocó una Sentencia

emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en el

caso Civil Núm. SJ2021CV00284. Ese mismo día, la

Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista, la

Lcda. Vanessa Santo Domingo-Cruz, presentó la Apelación

Núm. AC-2021-028. Tras examinar los escritos sometidos,

ordenamos la consolidación de ambos recursos.

Por otro lado, se le ordenó a la parte recurrida, el

Lcdo. Manuel Antonio Natal Albelo, para que compareciera

el lunes, 22 de febrero de 2021 en o antes de las 2:00

p.m. y se expresara sobre lo expuesto en los recursos

presentados. Oportunamente, la parte recurrida compareció

y presentó el escrito intitulado Alegato de Parte Apelada.

Asimismo, compareció el Hon. Francisco Rosado Colomer en

su carácter oficial como Presidente de la Comisión Estatal

de Elecciones mediante Escrito Exponiendo Posición de

Comisión Estatal de Elecciones.

Por su parte, también

compareció el Lcdo. Gerardo A. Cruz Maldonado, en su

capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido

Popular Democrático con el Alegato del Comisionado

Electoral del Partido Popular Democrático.

A su vez,

compareció el Lcdo. Olvin Valentín Rivera, en su capacidad

AC-2021-0027

cons. con AC-2021-0028

2

de Comisionado Electoral de Movimiento Victoria Ciudadana

con el Alegato en Oposición a Recursos de Apelación.

Examinados los recursos de Apelación previamente

consolidados, se acogen como Certiorari y se provee no ha

lugar.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

emite un Voto Particular de Conformidad. El Juez Asociado

señor Martínez Torres emite un Voto Particular de

Conformidad al que se une el Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emite

un Voto Particular de Conformidad al que se une la Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo. El Juez Asociado señor Colón Pérez

emite un Voto Particular de Conformidad. El Juez Asociado

señor Rivera García emite un Voto Particular Disidente, al

que se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel

Antonio

Natal

Albelo, en su capacidad

de

candidato

a

la

Alcaldía de San Juan

por

el

Movimiento

Victoria Ciudadana

Recurrido

AC-2021-27

cons. con

AC-2021-28

v.

Miguel A. Romero Lugo,

en

su

capacidad

de

candidato impugnado, y

otros

Peticionario

Voto Particular de Conformidad

Presidenta Oronoz Rodríguez.

emitido

por

la

Jueza

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2021.

Estoy de acuerdo con el curso de acción de este

Tribunal

al

acoger

ambos

recursos

como

certiorari

y

proveer No Ha Lugar. Según adelanté el 19 de febrero de

2021, el Tribunal de Apelaciones resolvió correctamente

esta controversia por lo que procedía que se declararan

No Ha Lugar los recursos presentados y que el trámite

continuara ante el Tribunal de Primera Instancia lo antes

posible.

En este caso, el foro primario adquirió jurisdicción

sobre el candidato impugnado, Hon. Miguel A. Romero Lugo,

mediante

una

notificación

adecuada

que

se

diligenció

conforme al Art. 10.15 del Código Electoral de Puerto

Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020. 16 LPRA sec. 4765. Exigir

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una

segunda

notificación,

diligenciamiento

2

mediante

posterior

de

la

un

expedición

formulario

y

de

emplazamiento conforme a la Regla 4.4 de Procedimiento

Civil, según se pretendía con estos recursos, es un acto

redundante e irrazonable, y contrario al texto específico

de la ley especial, el Código Electoral de Puerto Rico de

2020, supra.

I.

La

jurisdicción

sobre

la

persona

está

inexorablemente atada al debido proceso de ley. Reyes v.

Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 21 (1993). Por eso,

la notificación conforme a derecho o el emplazamiento es

el paso inaugural del debido proceso de ley que permite

el

ejercicio

de

jurisdicción

por

el

tribunal

para

adjudicar derechos de una persona demandada. Íd., pág.

22; Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 366 (2002). En aras de

garantizar el derecho a un debido proceso de ley, hemos

resuelto que “el método para emplazar que se utilice debe

tener una probabilidad razonable de notificar o informar

al demandado sobre la acción entablada en su contra, de

forma tal que éste pueda comparecer a defenderse, si así

lo desea”. Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997).

(Énfasis suplido). Véase Quiñones Román v. CIA ABC, 152

DPR 367, 374 (2000).

En los procesos ordinarios y los extraordinarios, la

aclaración de lo que es una notificación adecuada como

método

de

emplazamiento,

no

es

de

nueva

creación.

De

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

3

hecho, existe legislación especial y normativa variada en

distintos

temas

que

provee

para

un

mecanismo

de

notificación en lugar del emplazamiento clásico, con una

razón de ser específica: promover procesos más expeditos

y

ágiles.

A

modo

ilustrativo,

en

las

acciones

sobre

obligación de prestar alimentos a menores al amparo del

Art. 15 de la Ley Orgánica de la Administración para el

Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 20 de diciembre de

1986, según enmendada, se notifica la acción mediante una

notificación-citación, junto con la copia de la petición,

diligenciada o notificada por la parte promovente. 8 LPRA

sec. 514. De igual manera, se utiliza la notificacióncitación

en

los

cuantías

pequeñas

Procedimiento

procedimientos

Civil

al

amparo

siempre

que

de

cobro

de

dinero

de

de

la

Regla

60

de

no

se

solicite

en

la

demanda tramitar el caso bajo el procedimiento ordinario.

32 LPRA Ap. V, R. 60. Asimismo ocurre con la notificación

de los recursos de injunction al amparo de la Regla 57.2

de Procedimiento Civil. Esa Regla exige la entrega de

copia de la orden junto con copia de la petición de

injunction a la parte adversa con el mismo efecto de la

entrega

y

diligenciamiento

del

emplazamiento

bajo

la

Regla 4.4 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 57.2.

Esas

acciones

tienen

en

común

que,

por

su

origen,

propósitos y naturaleza, se legisló un procedimiento ágil

y simple para lograr la facilitación del acceso a los

tribunales y la celeridad que esos asuntos ameritan.

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

4

Esa es la celeridad que caracteriza el trámite de

asuntos

electorales

como

estos.

En

particular,

la

naturaleza sui generis del proceso eleccionario rige la

forma mediante la cual se garantizará el debido proceso

de ley del candidato impugnado y cómo el foro primario

adquiere jurisdicción sobre su persona. A esos efectos,

el Art. 10.15 del Código Electoral de Puerto Rico de

2020, supra, es inequívoco al establecer lo siguiente:

“[u]na copia fiel y exacta del escrito de impugnación

será notificada al candidato impugnado y se le entregará

personalmente, dentro de los cinco (5) días siguientes a

su presentación”. 16 LPRA sec. 4765. (Énfasis suplido).

II.

En este caso, surge del expediente que el 14 de

enero de 2021, el candidato Manuel Natal Alvelo presentó

el recurso de impugnación ante el Tribunal de Primera

Instancia.1 El próximo día, el 15 de enero de 2021, el

foro primario dictó una Orden de Mostrar Causa (Orden)

junto con el formulario intitulado Diligenciamiento.2 El

17

de

enero

de

2021,

se

diligenció,

mediante

entrega

personal al candidato impugnado, Hon. Miguel A. Romero

Lugo, la Orden y una copia del escrito de impugnación. Lo

anterior,

se puede constatar al examinar

el documento

intitulado Diligenciamiento que suscribió el emplazador

Gilbert

J.

López

Delgado,

bajo

juramento,

y

cuya

presentación en el tribunal se registró el 20 de enero de

1

2

Impugnación de Elección, Apéndice, pág. 34.

Orden de Mostrar Causa y Diligenciamiento, Apéndice, págs. 86-88.

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

2021.3

De

la

específicamente

Orden

surge

dirigidos

a

5

una

serie

proteger

el

de

datos

derecho

a

un

debido proceso de ley del Hon. Miguel A. Romero Lugo.

Primero, la Orden contiene un resumen conciso sobre la

naturaleza de la causa de acción y quién la presentó.

Segundo, expresamente se le concedió al Hon. Miguel A.

Romero Lugo hasta el 21 de enero de 2021 a las 4:00 p.m.,

para comparecer y mostrar causa por la cual no se debían

conceder

los

remedios

solicitados

en

el

recurso

de

impugnación.4 Tercero, se le advirtió que, transcurrido

ese término sin haber actuado o comparecido por escrito a

mostrar

causa,

se

procedería

a

conceder

los

remedios

solicitados sin más citarle, oírle ni leerle.5

Ante esa realidad fáctica, el foro primario adquirió

jurisdicción sobre la persona del Hon. Miguel A. Romero

Lugo

cuando

se

le

entregó

personalmente

el

diligenciamiento de la notificación y Orden de mostrar

causa

junto

con

la

copia

del

escrito

de

impugnación

dentro del término de 5 días que dispone el Art. 10.15

del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, supra. Esa

notificación,

suficiente

y

adecuada,

es

el

método

de

emplazamiento que el legislador estableció, mediante una

ley especial, para el procedimiento de impugnación. En

ese

sentido,

garantizó

su

al

Hon.

debido

Miguel

proceso

de

A.

ley,

Diligenciamiento, Apéndice, pág. 95.

Orden de Mostrar Causa, Apéndice, pág. 86.

5 Íd., pág. 87.

3

4

Romero

pues

Lugo

se

le

conoció

del

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

6

recurso de impugnación que se presentó en su contra, la

naturaleza de la acción, el plazo para comparecer y la

oportunidad de así hacerlo con la consabida consecuencia

de su incomparecencia.

III.

A la luz de todo lo anterior y en la medida en que

se

cumplió

debido

con

la

notificación

proceso

de

ley,

no

adecuada

cabe

que

exigir

exige

una

el

segunda

notificación. Por eso, el Tribunal de Apelaciones actuó

correctamente

al

revocar

la

determinación

del

foro

primario. El procedimiento de impugnación debe continuar,

sin

dilación

adicional,

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Antonio Natal Albelo,

en su capacidad de candidato

a la Alcaldía de San Juan

por el Movimiento Victoria

Ciudadana

AC-2021-0027

Recurrido

cons. con

AC-2021-0028

v.

Miguel A. Romero Lugo, en su

capacidad

de

candidato

impugnado y otros

Peticionarios

Voto Particular de Conformidad emitido por el Juez

Asociado señor MARTÍNEZ TORRES, al cual se unió el Juez

Asociado señor KOLTHOFF CARABALLO.

En San Juan, Puerto Rico a 3 de marzo de 2021.

Estoy conforme con proveer no ha lugar al recurso que

se

presentó.

Entiendo

que

el

jurisdicción

personal

sobre

foro

el

primario

candidato

adquirió

impugnado,

mediante una notificación que se diligenció conforme con

el Art. 10.15 del Código Electoral, infra, y la Regla 4 de

Procedimiento Civil, infra.

I

El 31 de diciembre de 2020, la Comisión Estatal de

Elecciones (CEE) certificó al Hon. Miguel A. Romero Lugo

como el alcalde electo del Municipio de San Juan. Véase,

Certificación

Apelación,

Comisión

Estatal

de

Elecciones,

Ap.

pág. 66. La certificación se notificó el 4 de

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

enero

de

2021.

Véase,

2

Notificación

de

certificación

Comisión Estatal de Elecciones, Ap. Apelación, pág. 67.

Inconforme con la certificación emitida, el 14 de

enero

de

2021

presentó

en

Impugnación

el

el

de

Lcdo.

Manuel

Tribunal

de

elección

al

Antonio

Primera

amparo

del

Natal

Albelo

Instancia

una

Art.

del

10.15

Código Electoral de Puerto Rico de 2020, 16 LPRA sec.

4765 (Código Electoral). Al día siguiente, el 15 de enero

de 2021, el tribunal emitió una Orden de mostrar causa.

Asimismo,

el

tribunal

le

ordenó

al

recurrido

“diligenciar, y además notificar esta orden con copia del

recurso

y

sus

conformidad

a

anejos

lo

a

todos

dispuesto

en

los

la

peticionados,

Regla

4.4

de

de

Procedimiento Civil [32 LPRA, Ap. V]”. Orden de mostrar

causa,

Ap.

Apelación,

págs.

86-87.

Conforme

con

lo

anterior, el 17 de enero de 2021 se entregó personalmente

la orden con su diligenciamiento y copia fiel y exacta

del escrito de Impugnación de elección al Hon. Romero

Lugo.

La orden contenía el nombre de las partes, tribunal,

sala, número del salón, número del caso y materia de la

acción. Además, indicaba:

Don Manuel Natal Albelo … ha presentado ante

este Tribunal el escrito titulado Impugnación

de elección. Expone múltiples irregularidades

acontecidas en la Unidad 77… El peticionario

nos

solicita

que

dejemos

sin

efecto

la

certificación emitida el pasado 31 de diciembre

de 2020, en la que se proclamó al Sr. Miguel

Romero Lugo como candidato electo a la Alcaldía

de San Juan. Además peticiona que ordenemos a

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

3

la [CEE] que proceda a celebrar una elección

especial en la Unidad 77.

Examinado el escrito presentado este Tribunal

dicta la siguiente Orden de Mostrar Causa:

• Tenga[n] los peticionados, hasta el próximo

21 de enero de 2021 a las 4:00p.m. para que

muestre causa por la cual no se deba conceder

los remedios solicitados.

• Los

peticionados

quedan

advertidos

que,

transcurrido dicho termino sin haber actuado,

compareciendo por escrito a mostrar causa,

este Tribunal procederá a conceder los

remedios solicitados sin más citarle, oírle

ni leerle.

…

• Advertimos a la parte peticionada que el caso

deberá tramitarse a través del sistema

electrónico SUMAC. (subrayado en el original;

negrillas nuestras). Orden de mostrar causa,

Ap. Apelación, págs. 93-94.

Por su parte, el diligenciamiento se entregó a la

Secretaría

del

tribunal

declaración

bajo

juramento.

con

El

la

correspondiente

diligenciante

certificó

que diligenció la orden y escrito de impugnación el 17 de

enero de 2021. Hizo constar que se llevó a cabo mediante

entrega

personal

a

la

parte

impugnada

y

la

dirección

física adonde ello se realizó. En especifico, certificó:

"recibí la Orden e impugnación de elección al dorso el 16

de enero de 2021 notificándola personalmente a Miguel A.

Romero Lugo, en su capacidad de candidato impugnado el 17

de enero del 2021 a las 10:00 a.m. en … San Juan, Puerto

Rico”.

Íd.,

pág.

95.

La

parte

donde

se

indica

“e

Impugnación de Elección” se añadió a manuscrito.

Entonces,

el

20

de

enero

de

2021,

el

licenciado

Natal Albelo presentó una Moción en cumplimiento de orden

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

4

en la que sostuvo que incluyó los emplazamientos de todos

los

peticionados

diligenciados,

según

ordenado

por

el

foro de instancia. Sin embargo, ese mismo día el tribunal

le

notificó

que

solo

incluyó

evidencia

del

diligenciamiento de la orden, mas no así evidencia de los

emplazamientos

diligenciados.

Esa

tarde,

el

licenciado

Natal Albelo pidió al foro primario que le proporcionara

los correspondientes emplazamientos. Para esa fecha, la

Secretaría del Tribunal todavía no había expedido los

emplazamientos a pesar de que el tribunal requirió su

entrega antes de la fecha señalada para la vista.

Al

día

licenciado

siguiente,

Natal

Albelo

el

21

de

presentó

enero

de

2021,

el

en

tribunal

los

el

emplazamientos diligenciados. Manifestó que sirvió copia

del emplazamiento al Hon. Romero Lugo a través del Lcdo.

Israel

O.

Alicea

Luciano,

Director

de

la

Oficina

de

Asuntos Legales del Municipio de San Juan. En esa misma

fecha, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, el

Hon. Romero Lugo presentó una moción de desestimación por

falta de jurisdicción sobre la persona. Arguyó que no se

le emplazó conforme con el término específico de cinco

días dispuesto en el Art. 10.15 del Código Electoral,

supra. Además, indicó que el licenciado Alicea Luciano es

un

funcionario

carácter

respuesta,

Tribunal

municipal

personal

el

sino

licenciado

adquirió

que

en

no

su

lo

representa

carácter

en

su

oficial.

En

Natal

Albelo

sostuvo

jurisdicción

sobre

el

que

el

peticionario

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

5

cuando se diligenció personalmente copia de la orden de

mostrar causa junto con el escrito de impugnación o, en

la alternativa, con el emplazamiento dentro del término

de

cinco

días,

según

lo

establece

la

Regla

68.1

de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Luego de varios trámites procesales, incluyendo la

presentación

de

un

recurso

de

certificación

intrajurisdiccional ante este Tribunal, al que proveímos

no ha lugar, el foro de primera instancia desestimó la

impugnación

de

la

elección

porque

no

adquirió

jurisdicción sobre el candidato impugnado. Concluyó que

el

emplazamiento

fue

inoficioso

ya

que

el

candidato

impugnado no fue emplazado dentro del término de cinco

días que establece el Código Electoral de 2020. También,

determinó que el Art. 10.15 del Código Electoral, supra,

requiere la aplicación de la Regla 4.4 de Procedimiento

Civil, supra. Además, resolvió que según el Art. 2.4 del

Código Electoral, 16 LPRA sec. 4504, el término de cinco

días para notificar una impugnación de una elección es

específico y de carácter jurisdiccional, al que no le

aplica la extensión de la Regla 68.1 de Procedimiento

Civil, supra.

Inconforme,

el

licenciado

Natal

Albelo

acudió

al

Tribunal de Apelaciones. Ese foro revocó. En esencia,

concluyó que el foro primario adquirió jurisdicción sobre

el

candidato

entrega

impugnado.

personal

de

la

En

particular,

demanda,

junto

señaló

que

con

orden,

la

la

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

brindó

una

notificación

6

adecuada

al

peticionario,

conforme con las exigencias del Art. 10.15 del Código

Electoral, supra, y las Reglas de Procedimiento Civil. En

desacuerdo con la decisión, el Hon. Romero Lugo acudió

ante este Tribunal el 19 de febrero de 2021, mediante

recurso

titulado

Apelación.

En

la

alternativa,

nos

solicitó que se expida un auto de certiorari. Acogemos el

recurso

como

conflicto

de

una

solicitud

sentencias

de

certiorari,

porque

el

se

invoca

es

de

que

no

uno

sentencias en casos apelados al tribunal de Apelaciones.

Art. 3.002(c) de la Ley Núm. 201-2003, conocida como la

Ley de la Judicatura de 2003, según enmendada. Uno de los

dictámenes

invocados

se

emitió

en

un

certiorari

discrecional a ese foro.

II

El emplazamiento es un mecanismo procesal a través

del

cual

persona

el

tribunal

adquiere

jurisdicción

sobre

del

demandado.

Bernier

González

Rodríguez

v.

la

Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018). Este “representa el

paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el

ejercicio de la jurisdicción judicial”. Acosta v. ABC,

Inc., 142 DPR 927, 931 (1997). Es indispensable que el

emplazamiento se haga conforme a derecho para que una

persona sea considerada como parte de la acción instada.

Rivera Marrero v. Santiago Martinez, 203 DPR 462, 490

(2019);

Sánchez

Rivera

v.

Malavé

Rivera,

(2015).

Esto

basa

en

que

política

se

la

192

DPR

854

pública

de

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

7

nuestro ordenamiento jurídico es evitar el fraude y los

procedimientos judiciales que priven a una persona de su

propiedad sin el debido proceso de ley. Bernier González

v.

Rodríguez

reconocido

Becerra,

que

esa

supra,

política

pág.

644.

Así,

pública

pesa

más

hemos

que

el

principio de economía procesal. Íd., págs. 644-45. Por

ello, se permite al demandado impugnar el emplazamiento

con el fin de asegurar el estricto cumplimiento de las

reglas

que

garantizan

que

se

adquirió

jurisdicción

personal sobre un demandado. Íd., pág. 645.

La Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

regula el proceso de emplazamiento de una acción civil.

La regla dispone que la demanda y el emplazamiento deben

diligenciarse conjuntamente en las acciones civiles. Para

esto es necesario que en la Secretaría del tribunal se

presente

la

demanda

junto

con

un

formulario

de

emplazamiento. Regla 4.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V. Al expedirse, el emplazamiento debe estar firmado

por el Secretario, llevar el nombre y sello del tribunal,

contener el nombre de las partes y dirigirse a la parte

demandada. Regla 4.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V.

También,

deben

incluirse

los

datos

de

la

parte

demandante, es decir: su nombre, dirección postal, número

de teléfono, dirección electrónica y el número de RUA de

su abogado. Íd. Además, el emplazamiento debe indicar el

plazo

en

que

la

parte

demandada

debe

comparecer

al

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

tribunal,

apercibiéndole

de

8

las

consecuencias

de

no

mediante

la

formulario

de

hacerlo. Íd.

El

entrega

diligenciamiento

personal

se

hará

formal

demanda

y

el

de

la

emplazamiento. El diligenciante hará constar al dorso de

la copia del emplazamiento, sobre su firma: la fecha, el

lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a

quien se hizo. Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V. Una vez realizado el diligenciamiento, se dará

constancia al tribunal de que se llevó a cabo dentro del

plazo que

la persona emplazada

Regla

de

4.7

Procedimiento

tiene para comparecer.

Civil,

32

LPRA

Ap.

V.

En

aquellos casos en que una persona particular realizó el

diligenciamiento

personal,

el

diligenciante

presentará

una declaración jurada para hacerlo constar. Íd. En ella

certificará la fecha y manera en que lo hizo. Véase,

además, J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal

Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, T. V, pág. 369.

Hemos reconocido que el propósito fundamental del

emplazamiento

grandes

es

rasgos,

“notificar

que

existe

a

la

parte

una

acción

demandada,

judicial

en

a

su

contra para que, si así lo desea, ejerza su derecho a

comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a su

favor”.

(énfasis

suplido).

Banco

Popular

v.

S.L.G.

Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). Así, hemos dicho que “el

método de notificación que se utilice debe ofrecer una

probabilidad razonable —a la luz de los hechos del caso—

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

9

de informarle al demandado de la acción en su contra”.

(énfasis suplido). Íd. Asimismo, en Álvarez v. Arias, 156

DPR 352, 366 (2002) dijimos que “[e]s el emplazamiento o

una notificación el mecanismo procesal mediante el cual

el tribunal hace efectiva su jurisdicción y le informa al

demandado

que

existe

(énfasis suplido).

una

reclamación

en

En esta misma línea,

su

contra”.

el tratadista

Cuevas Segarra sostiene:

Se cumple con el debido proceso de ley cuando

el método adoptado de notificación es uno

razonablemente utilizado a la luz de los hechos

del caso, para dar notificación al demandado de

la acción presentada en su contra, para que

pueda tomar una decisión informada sobre si

desea o no comparecer a defenderse. (énfasis

suplido). Cuevas Segarra, Op. cit, pág. 299.

III

El Art. 10.15 del Código Electoral, supra, regula el

proceso de impugnación de una elección. Este dispone:

Cualquier

Candidato

que

impugnare

la

elección de otro, deberá presentar ante el Juez

en la Sala de la Región Judicial de San Juan

designada de conformidad con el Capítulo XIII

de esta Ley, y dentro de los diez (10) días

siguientes a la fecha de notificación de la

certificación de elección para cada cargo

público electivo en el escrutinio general, un

escrito, exponiendo bajo juramento las razones

en que fundamenta su impugnación, las que

deberán ser de tal naturaleza que, de probarse,

bastarían para cambiar el resultado de la

elección.

Una copia fiel y exacta del escrito de

impugnación

será

notificada

al

Candidato

impugnado y se le entregará personalmente,

dentro de los cinco (5) días siguientes a su

presentación.

El

Candidato

cuya

elección

fuese

impugnada,

tendrá

que

presentar

ante

el

Tribunal

una

contestación

bajo

juramento,

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

10

dentro de los diez (10) días siguientes a la

fecha en que recibiere la notificación del

escrito de impugnación y certificará haber

notificado y entregado personalmente copia de

su

contestación

al

impugnador

o

a

su

representante

legal.

Se

entenderá

que

la

persona cuya elección fue impugnada acepta la

impugnación como cierta de no contestar en

dicho término.

La notificación, escrito y contestación

prescritos

en

esta

Ley,

podrán

ser

diligenciados por cualquier persona competente

para testificar y se diligenciarán mediante

entrega personal a las respectivas partes, a

sus representantes electorales, conforme a lo

establecido en las Reglas de Procedimiento

Civil o en la residencia u oficina de la

persona a quien fueren dirigidas. A los fines

de este Artículo, el representante electoral de

un candidato por un partido político será el

integrante de la Comisión Local del precinto de

su domicilio que represente a su partido

político. (énfasis suplido). Íd.

Como

vemos,

el

artículo

no

menciona

la

palabra

“emplazamiento” ni hace referencia específica a la Regla

4.4

de

notar

Procedimiento

que

cuando

el

Civil,

Art.

supra.

10.15

del

Asimismo,

Código

podemos

Electoral,

supra, se refiere a las Reglas de Procedimiento Civil se

limita a la forma en las que se pueden diligenciar la

notificación, escrito y contestación. El último párrafo

del

Art.

10.15,

supra,

indica:

"[l]a

notificación,

escrito y contestación prescritos en esta Ley, podrán ser

diligenciados

por

cualquier

persona

competente

para

testificar y se diligenciarán mediante entrega personal a

las respectivas partes, a sus representantes electorales,

conforme a lo establecido en las Reglas de Procedimiento

Civil o en la residencia u oficina de la persona a quien

fueren dirigidas." (énfasis suplido). Íd. Como vemos, ese

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

párrafo

no

se

limita

a

11

mencionar

la

notificación

y

escrito, sino que incluye también la contestación. Aunque

la contestación al escrito de impugnación no requiere,

obviamente, un emplazamiento, el Art. 10.15 del Código

Electoral,

supra,

requiere

que

esta

contestación

—al

igual que la notificación y el escrito— sea diligenciada

personalmente.

Resulta revelador que la Asamblea Legislativa hizo

referencia a las Reglas de Procedimiento Civil para el

asunto del diligenciamiento de la notificación, pero no

así para requerir el emplazamiento propiamente. Aquí, la

legislatura determinó el modo en que se diligenciarán la

entrega de la notificación, el escrito y la contestación.

En

ese

sentido,

diligenciamiento

esta

de

disposición

estos

tres

legal

sujeta

documentos

a

el

los

requisitos constitucionales mínimos que se recogen en las

Reglas de Procedimiento Civil, supra. Es necesario que

esa entrega sea debidamente diligenciada. Vemos, pues,

que

el

proveen

legislador

las

garantizar

un

quiso

Reglas

debido

de

preservar

las

Procedimiento

procedimiento

de

garantías

que

Civil,

para

ley

y

una

notificación expedita.

La referencia a las Reglas de Procedimiento Civil

incorpora la manera para diligenciar la notificación del

pleito de impugnación de una elección. No se refiere a

los métodos para notificar. Por eso no está disponible el

emplazamiento por edictos. Este es claramente inaplicable

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

12

a pleitos como este, por la rapidez del procedimiento

diseñado para impugnar una elección.

De todos modos, aunque aceptáramos lo que propone el

Hon. Romero Lugo —que la notificación a la que se refiere

el

Art.

10.15

emplazamiento—

del

Código

vendríamos

Electoral,

obligados

a

supra,

es

el

concluir

que

la

Orden de mostrar causa que se diligenció personalmente al

Hon. Romero Lugo, tiene el mismo efecto. Al final de

cuentas, la notificación de la orden tuvo el mismo efecto

que un emplazamiento.

IV

El

Hon.

Romero

Lugo

trae

a

nuestra

atención

la

interpretación que realizó el foro apelativo intermedio

en Ramos Hernández v. Comisión Estatal De Elecciones,

KLCE20101679

(TA

2010).

En

ese

caso,

el

Tribunal

de

Apelaciones resolvió:

[L]a persona que interesa impugnar la elección

de

un

candidato

y

por

consiguiente,

su

certificación, tiene que presentar su recurso

en el Tribunal de Primera Instancia de acuerdo

a los términos y el trámite que establece la

ley y las Reglas de Procedimiento Civil, las

cuales regulan los procesos civiles en nuestros

Tribunales. Esto incluye el emplazamiento a las

personas o entidades contra las que se reclama,

conforme a la Regla 4 de Procedimiento Civil, a

fin de que el TPI pueda ejercer su jurisdicción

sobre esas partes. Íd., pág. 3.

En

ese

caso,

el

señor

Ramos

Hernández

entregó

personalmente a una secretaria el escrito de impugnación,

sin

más.

No

hizo

constar

el

diligenciamiento

y

no

advirtió a la otra parte los términos aplicables, a quién

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

y

en

qué

foro

comparecer

13

ni

las

consecuencias

de

no

hacerlo.

Por el contrario, en el presente caso se diligenció

una Orden de mostrar causa mediante entrega personal al

candidato impugnado —Hon. Romero Lugo— junto al escrito

de impugnación, con todos sus anejos, tres días después

de que se presentó el escrito de impugnación. La orden

diligenciada contenía la información que faltó en el caso

que cita el Hon. Romero Lugo.

El Hon. Romero Lugo sostiene que el formulario “OAT

1721

Emplazamiento

(Formulario

OAT

según

normas

las

Administración

1721)

de

(SUMAC),

Revisado

contiene

el

Sistema

Unificado

del

Casos

(SUMAC),

Mayo

lenguaje

para

de

2019”

necesario,

Manejo

advertir

a

y

las

partes que toda presentación de escritos se hace por la

vía

electrónica,

a

través

de

este

portal.

Véase,

Apelación págs. 14-15.

En específico, en el Formulario OAT 1721 se debe

incluir el nombre de las partes, tribunal, sala, número

de salón, número de caso y materia o asunto de la acción.

Además, en este se debe indicar el plazo en que debe

comparecer al tribunal la parte demandada, apercibiéndole

de las consecuencias de no hacerlo. Al final, se debe

incluir

la

demandante.

información

Por

diligenciamiento,

su

el

del

abogado

parte,

en

diligenciante

debe

de

la

parte

hoja

del

especificar

la

la

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

14

forma en la que entregó el emplazamiento y la demanda del

caso.

En Dávila Pollock et al. v. R.F. Mortgage, 182 DPR

86, 97 (2011), establecimos que la notificación de los

dictámenes

judiciales

guarda

relación

con

el

uso

del

formulario administrativo correcto, según diseñado por la

OAT.

Allí,

el

formulario

con

el

que

se

notificó

inicialmente el dictamen a la parte contraria no contenía

ninguna advertencia sobre el término que esta tenía para

acudir

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

a

revisar

el

dictamen emitido.

Sin embargo, el Tribunal de Primera

Instancia

posteriormente

corrigió

la

notificación

para

usar el formulario que sí contenía esa advertencia, y la

parte perjudicada por el dictamen apeló. Por lo tanto, en

esa ocasión explicamos que el Tribunal de Apelaciones

tenía jurisdicción para atender la apelación, debido a la

notificación enmendada.

Basándose en esto, el Hon. Romero Lugo alega que el

Formulario OAT 1721 es el único mecanismo procesal con la

función

de

notificar

a

un

demandado

que

hay

una

reclamación judicial en su contra para que, si así lo

desea, ejerza su derecho a comparecer en el juicio, ser

oído y presentar prueba a su favor. Así, sostiene que

como la Orden de mostrar causa no es el Formulario OAT

1721, no se debe entender que fue emplazado. Según él, el

contenido del diligenciamiento de la referida orden es

distinto

al

del

Formulario

OAT

1721.

Aduce

que

“[e]l

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

15

primero es más simple” y “[e]l segundo contiene datos

adicionales

que

tienen

que

ser

completados

por

el

diligenciante”. Apelación, pág. 20.

Sobre esto último, señala que el diligenciante tiene

que señalar: (1) si se hizo accesible en la inmediata

presencia de la parte demandada; (2) si se dejó copia de

los

documentos

demandada;

o,

a

un

(3)

agente

si

no

autorizado

se

pudo

por

la

parte

diligenciar

el

emplazamiento personalmente, con las razones para ello.

Íd. Además, sostiene que “[n]ada de esto se indica ni se

requiere en el diligenciamiento de la Orden de Mostrar

Causa.” Íd. Concluye que “[e]l diligenciamiento de la

Orden de Mostrar Causa, por sí solo, no tiene ni puede

tener

el

efecto

de

conceder

jurisdicción

sobre

un

demandado si éste no es debidamente emplazado con copia

de la demanda en su contra, conforme lo exige la Regla

4.4 de Procedimiento Civil”. Íd., pág. 21. Básicamente

plantea que el defecto fatal fue que no se le entregó el

formulario de emplazamientos de la OAT.

Visto

esto,

debemos

aclarar

que

no

existen

formularios oficiales de emplazamiento para acciones de

impugnación de elección. El Formulario OAT 1721, al que

el Hon. Romero Lugo hace referencia, es el que se utiliza

en

las

acciones

civiles

ordinarias.

Además,

no

es

correcto

afirmar

que

el

Formulario

OAT

o

el

el

único

mecanismo

procesal

con

la

emplazamiento

es

1721

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

función

de

notificar

a

16

un

demandado

que

hay

una

reclamación judicial en su contra.

El legislador ha contemplado otros mecanismos para

notificar y adquirir jurisdicción sobre la persona en una

acción

judicial.

A

modo

de

ejemplo,

la

Regla

60

de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, establece que

“la

parte

demandante

deberá

notificación-citación

que

presentar

será

un

expedido

proyecto

de

inmediatamente

por el Secretario o Secretaria”. Asimismo, el inciso (b)

del

Art.

3

de

la

Ley

sobre

Controversias

y

Estados

Provisionales de Derecho, 32 LPRA sec. 2873, establece

que

para

que

el

tribunal

jurisdicción

sobre

dispondrá

citación

la

una

y

magistrado

controversia,

de

las

partes

“el

adquieran

magistrado

envueltas,

bajo

apercibimiento de desacato, para una comparecencia ante

el dentro de un término que no excederá de cinco (5)

días”.

Tampoco es correcto afirmar que la Orden de mostrar

causa que se emitió es más simple que el Formulario OAT

1721. Todo lo contrario. De una lectura de la referida

orden vemos que esta es mucho más detallada y completa.

La referida Orden: (1) contenía el sello del tribunal,

nombre de las partes, tribunal, sala, número del salón,

número del caso y materia de la acción, (2) se entregó

personalmente al Hon. Romero Lugo junto al escrito de

impugnación y sus anejos, (2) contenía un resumen de la

causa

de

acción

(cosa

que

no

se

encuentra

en

el

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

17

formulario del emplazamiento) (3) advertía al Hon. Romero

Lugo el plazo para comparecer, (4) le apercibía que de no

comparecer

se

podría

dictar

sentencia

concediendo

los

remedios solicitados, y (5) al dorso de la copia de la

Orden, el diligenciante especificó, sobre su firma y bajo

juramento: la fecha, el lugar, la entrega personal y el

nombre de la persona a quien la entregó.

Lo

único

que

no

aparece

en

la

orden

es

la

información de los abogados del licenciado Natal Albelo.

Sin

embargo,

en

Sociedad

de

Gananciales

v.

Tribunal

Superior, 85 DPR 892 (1962) (Sentencia), nos enfrentamos

a una situación en la que en el emplazamiento expedido no

se hizo constar el nombre y dirección del abogado de la

parte

demandante.

emplazamiento

se

En

le

ese

caso,

entregó

al

diligenciarse

simultáneamente

una

el

copia

fiel de la demanda a la parte demandada. Allí explicamos

que el único propósito que informa la expresión en el

emplazamiento del nombre y la dirección del abogado de la

parte

demandante

notificar

es

cualquier

permitirle

a

la

parte

alegación

o

moción

demandada

que

intente

se

cumplió

radicar. Íd., pág. 894.

Por

eso,

concluimos

entonces

que

sustancialmente con el propósito indicado ya que en la

copia de la demanda que se entregó personalmente aparecía

claramente esa información.

emplazamiento

expedido

Íd.

donde

no

“No puede anularse

consta

el

nombre

un

y

dirección del abogado de la parte demandante cuando éste

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

18

acompaña al mismo copia de la demanda en que constan

dichos

datos”.

Hernández

Colón,

Práctica

jurídica

de

Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan,

Ed. LexisNexis, 2017, pág. 261, esc. 10.

En el caso que tenemos ante nuestra consideración,

se entregó copia del escrito de impugnación junto a la

Orden

de

mostrar

causa.

El

escrito

de

impugnación

contenía la información de los abogados del licenciado

Natal Albelo. Además, la Orden de Mostrar Causa instruía

al Hon. Romero Lugo que el caso debía tramitarse a través

del

sistema

electrónico

SUMAC.

Para

ello

le

hizo

accesible el número del caso de impugnación. Como es de

conocimiento,

notifica

someter

un

escrito

automáticamente

a

las

registradas

en

al

el

pleito.

Por

por

SUMAC,

este

partes

que

están

consiguiente,

el

Hon.

Romero Lugo tenía acceso a la información necesaria sobre

la representación legal del señor Natal Albelo.

En fin, hemos reconocido que aunque las formalidades

son importantes, lo fundamental es que se notifique al

demandado que se instó una acción judicial en su contra

para que pueda defenderse.6

Véase, Bco. Cent. Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760 (1994).

Allí nos tocó resolver si un emplazamiento era ineficaz porque no se

incluyó

junto

con

la

copia

de

la

demanda,

copia

de

sus

correspondientes anejos (exhibits). En esa ocasión dijimos:

6

[D]e ordinario, el no entregar copia de los anejos

correspondientes a una demanda al momento de diligenciar

el emplazamiento no lo hace ineficaz o nulo, ni priva al

tribunal de la jurisdicción que de otra forma tendría

sobre la persona emplazada. Si de la copia de la demanda

sin sus anejos surgen con suficiente claridad los hechos

en que se fundamenta la causa de acción, en particular el

derecho y el remedio reclamados por el demandante, se

cumple con el requisito de entregar copia de la demanda

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

19

El estudio de las Reglas de Procedimiento Civil que

conciernen

al

emplazamiento

interpretativa

nos

obliga

a

materia

del

emplazamiento

general,

un

cumplimiento

y

su

concluir

se

jurisprudencia

que

si

requiere,

estricto

con

bien

como

los

en

norma

requisitos

exigidos, el objetivo principal es que se notifique al

demandado que se instó una acción judicial en su contra,

de manera que se le dé una oportunidad de ser oído y

defenderse.

En la controversia de autos no cabe hablar de que se

menoscabó el derecho al debido proceso de ley del Hon.

Romero Lugo. La entrega personal del escrito, junto a la

Orden de mostrar causa, le brindó al Hon. Romero Lugo una

notificación adecuada de la existencia de una acción en

su contra, de modo que pudiera comparecer y defenderse.

Esta notificación garantizó a los peticionados su debido

proceso de ley, toda vez que les dio notificación precisa

sobre

lo

alegado

y

solicitado

en

el

escrito

de

impugnación y de los requerimientos del tribunal primario

dispuestos en la Orden de mostrar causa. Con ello, se

cumplieron las disposiciones del Art. 10.15 del Código

Electoral, supra, y las Reglas de Procedimiento Civil,

supra.

Para

efectos

prácticos,

al emplazar, exigido por las Reglas

Procedimiento Civil. Íd., pág. 765.

aquí

4.4

se

y

4.5

emplazó

de

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

20

personalmente, pero sin el inaplicable formulario 1721 de

OAT.7

V

En

conclusión,

entiendo

que

no

procedía

la

desestimación de la acción por falta de jurisdicción in

personam,

notificado

ya

de

que

el

la

Hon.

acción

Romero

de

Lugo

fue

impugnación

debidamente

de

elección,

conforme lo dispone el Código Electoral y las Reglas de

Procedimiento Civil. Por consiguiente, no hay razón para

intervenir con el dictamen del Tribunal de Apelaciones.

Por

último,

exclusivamente

consideración.

al

Le

estas

expresiones

se

limitan

procesal

ante

nuestra

aspecto

corresponde

al

Tribunal

de

Primera

Instancia pasar juicio sobre la procedencia de la acción

de impugnación y los méritos, si alguno, de las presuntas

irregularidades que dieron margen a la impugnación de la

elección del Alcalde de San Juan.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

Esto hace innecesario discutir la validez del emplazamiento

diligenciado al Director de la Oficina de Asuntos Legales del

Municipio de San Juan. Sobre la aplicación de la Regla 68 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, me expresé en Díaz Vanga v. CEE

II, 195 DPR 390 (2016) (Voto particular disidente, al cual se unió el

Juez Asociado señor Feliberti Cintrón). Esta regla aplica para

computar los términos que no vencen en una fecha específica y cuando

la ley electoral no indica expresamente cómo se computarán los

términos.

7

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Antonio Natal

Albelo, en su capacidad

de candidato a la

Alcadía de San Juan por

el Movimiento Victoria

Ciudadana

AC-2021-0027

cons. con

AC-2021-0028

Recurrido

v.

Miguel A. Romero Lugo,

en su capacidad de

candidato impugnado y

otros

Peticionarios

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado

señor ESTRELLA MARTÍNEZ al cual se unen la Jueza Presidenta

ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado señor KOLTHOFF

CARABALLO.

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2021.

Consecuentemente la Asamblea Legislativa ha descartado

la

formalidad

del

emplazamiento,

requiriendo

que

un

candidato o una candidata que desee impugnar una elección

diligencie

personalmente

una

notificación

de

su

escrito

dentro del término de cinco (5) días a la parte impugnada.

Por esta razón, hoy estoy conforme de que este Tribunal no

haya añadido indebidamente elementos incompatibles con el

proceso electoral en sí. Máxime cuando en ninguna parte del

anterior

y

del

vigente

Código

Electoral

se

impone

el

riguroso mecanismo del emplazamiento de la Regla 4.4 de

Procedimiento Civil, infra.

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

De

igual

rechazado

forma,

adoptar

2

estoy

una

conforme

de

que

interpretación

incoherente, en la que se

hayamos

errada

e

proponía imponer el requisito

de emplazar en un brevísimo término, pero al mismo tiempo

ignorar la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, infra, lo

cual acarrea una reducción irrazonable al plazo para el

diligenciamiento de dicha notificación y, con ello, una

potencial

violación

al

debido

proceso

sentido,

es

correcto

vigor

el

dictamen

de

ley

del

candidato impugnante.

En

ese

mantenga

en

en

derecho

del

que

se

Tribunal

de

Apelaciones, toda vez que no se aparta del mandato y de

la

intención

legislativa

de

que,

en

determinadas

controversias y debido a la celeridad y agilidad con que

éstas deben tramitarse, se utilice el mecanismo de la

notificación

en

lugar

jurisdicción

sobre

la

del

emplazamiento

persona

del

para

demandado.

adquirir

Ante

ese

cuadro, de conformidad con el Artículo 10.15 del Código

Electoral,

adquirió

infra,

el

Tribunal

jurisdicción

sobre

el

de

Primera

Instancia

candidato

impugnado

mediante el mecanismo procesal de la notificación y, por

lo tanto, no era necesario un emplazamiento.

Con ello en mente, procedemos a exponer brevemente

el

trasfondo

fáctico

y

procesal

Veamos.

I

de

la

controversia.

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

3

El 14 de enero de 2021, el Lcdo. Manuel A. Natal

Albelo (licenciado Natal Albelo), candidato a la Alcaldía

de San Juan por el partido Movimiento Victoria Ciudadana,

presentó

una

impugnación

de

elección

al

amparo

del

Artículo 10.15 del Código Electoral de Puerto Rico de

2020,

infra.

elección

del

El

licenciado

Lcdo.

Miguel

Natal

A.

Albelo

Romero

Lugo

impugnó

la

(licenciado

Romero Lugo) como Alcalde de San Juan debido a alegadas

irregularidades en la Unidad 77, las cuales, según adujo,

son suficientes para cambiar el resultado de la elección.

Por

tal

elección

razón,

para

solicitó

la

que

Alcaldía

se

de

ordenara

San

una

Juan,

nueva

limitada

únicamente a la Unidad 77.

Al siguiente día, el 15 de enero de 2021, el foro de

primera instancia emitió una orden de mostrar causa en la

que le concedió a las partes hasta el 21 de enero de 2021

para exponer las razones por las cuales no debía conceder

el remedio solicitado. Asimismo, ordenó la notificación y

el

diligenciamiento

del

recurso

de

conformidad

con

la

Regla 4.4 de Procedimiento Civil, infra.

El 20 de enero de 2021, el licenciado Natal Albelo

acreditó su cumplimiento con lo ordenado por el foro de

primera

instancia

y

aseguró

haber

incluido

los

emplazamientos diligenciados de todos los peticionarios.

No obstante, el foro primario ordenó al licenciado Natal

Albelo

a

presentar

copia

del

diligenciamiento

de

los

emplazamientos, puesto que el documento que éste proveyó

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

sólo

evidenciaba

el

4

diligenciamiento

de

la

orden

de

mostrar causa.

En cumplimiento con lo ordenado, el licenciado Natal

Albelo presentó una moción informativa en la cual explicó

que,

por

error

e

inadvertencia,

acreditó

haber

diligenciado el emplazamiento “cuando debió indicar en su

moción que el diligenciamiento fue de la Orden de Mostrar

Causa y del recurso de impugnación con todos sus anejos”.

(Énfasis suplido).8 En atención a ello, el 21 de enero de

2021, el licenciado Natal Albelo presentó una moción en

la que acreditó que ese mismo día le sirvió copia del

emplazamiento y, por segunda ocasión, copia del recurso

de

impugnación

a

todas

las

partes,

incluyendo

al

licenciado Romero Lugo.

Posteriormente, el licenciado Romero Lugo presentó

su correspondiente moción de desestimación. En lo que nos

atañe, el licenciado Romero Lugo arguyó que el recurso de

impugnación debía ser desestimado, dado a que el Tribunal

de Primera Instancia carecía de jurisdicción en cuanto a

su persona por éste no haber sido emplazado dentro del

término

de

cinco

10.15

del

Código

(5)

días

establecido

Electoral,

infra.

en

el

Artículo

Particularmente,

planteó que dicho término era uno específico por lo que,

8Apéndice de certiorari, Moción informativa para aclarar el

récord, pág. 143. El licenciado Natal Albelo añadió, además, que

la orden de mostrar causa y el recurso de impugnación fueron

diligenciados al licenciado Romero Lugo por primera vez el 17 de

enero de 2021 y, a las demás partes, el 19 de enero de 2021. A su

vez, destacó que cada uno de los comisionados electorales del

Partido

Popular

Democrático,

Partido

Independentista

Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad,

renunciaron al diligenciamiento por conducto de sus respectivos

representantes legales. Íd., pág. 144.

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

5

de conformidad con el Artículo 2.4 del Código Electoral,

infra, no le aplicaban las Reglas de Procedimiento Civil.

Como consecuencia de lo anterior, señaló que la Regla

68.1 de Procedimiento Civil, infra, no podía tomarse en

consideración al computarse dicho término.

Por su parte, el licenciado Natal Albelo presentó su

oposición a la correspondiente moción de desestimación.

Específicamente, señaló que el escrito de impugnación con

todos sus anejos fue notificado debidamente al licenciado

Romero Lugo, por primera vez, mediante entrega personal

el 17 de enero de 2021, o sea, dentro del término de

cinco (5) días. El licenciado Natal Albelo adujo que tal

diligenciamiento de la orden de mostrar causa junto con

el

escrito

adecuada

de

impugnación

exigida

por

el

constituyó

Artículo

la

notificación

10.15

del

Código

Electoral, infra, por lo que el foro de primera instancia

sí

había

adquirido

jurisdicción

sobre

la

persona

del

licenciado Romero Lugo. Además, alegó que la orden de

mostrar

causa

apercibía

al

licenciado

Romero

Lugo

del

término que éste tenía para responder. Asimismo, expresó

que, a pesar de que la notificación diligenciada el 17 de

enero

de

2021

emplazamiento

fue

conforme

también

fue

a

derecho,

realizado

el

posterior

correctamente

y

dentro del término, por no contarse el sábado, domingo ni

el lunes, este último por ser un día de fiesta legal. Lo

anterior,

de

conformidad

Procedimiento Civil, infra.

con

la

Regla

68.1

de

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

Eventualmente,

el

6

Tribunal

de

Primera

Instancia

dictó sentencia. El foro primario concluyó que el plazo

de cinco (5) días para realizar la notificación era uno

jurisdiccional al que no le aplicaba la Regla 68.1 de

Procedimiento Civil, infra. Siendo ello así, estableció

que el término para diligenciar el emplazamiento venció

el 19 de enero de 2021. Particularmente, determinó que el

emplazamiento

diligenciado

el

21

de

enero

de

2021

al

licenciado Romero Lugo fue realizado fuera del término.

En consecuencia, desestimó el recurso por entender que el

emplazamiento

se

diligenció

siete

(7)

días

después

de

Albelo

acudió

al

presentada la demanda de impugnación.

Inconforme,

Tribunal

de

el

licenciado

Apelaciones

y,

Natal

en

esencia,

señaló

que

el

Tribunal de Primera Instancia erró al: (1) no distinguir

entre el procedimiento especial del Código Electoral para

la

notificación

de

recursos

de

impugnación

y

la

rigurosidad del emplazamiento exigida por las Reglas de

Procedimiento

Civil,

e

(2)

invalidar

el

posterior

emplazamiento por concluir que al cómputo del término del

diligenciamiento

no

le

aplicaban

las

Reglas

de

Procedimiento Civil. Por su parte, el licenciado Romero

Lugo

fundamentó

su

oposición

en

que

la

interpretación

propuesta por el licenciado Natal Albelo atenta contra

las normas del debido proceso de ley que reconocen el

emplazamiento

como

exigencia

procesal

que

permite

al

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

tribunal

adquirir

7

jurisdicción

sobre

la

persona

del

demandado.

Posteriormente,

una

sentencia

en

el

la

Tribunal

que

de

revocó

Apelaciones

al

foro

de

emitió

primera

instancia. En esencia, concluyó que la impugnación de la

elección

al

Electoral,

mecanismo

amparo

infra,

del

del

no

Artículo

requería

emplazamiento

10.15

la

para

del

Código

utilización

adquirir

del

jurisdicción

sobre la persona, sino que bastaba con la notificación

del

escrito

de

impugnación

mediante

entrega

personal.

Adujo que un análisis de lo anterior, en conjunto con la

brevedad de los plazos que surgen del referido precepto

legal, demuestra la intención de la Asamblea Legislativa

de simplificar el proceso de notificación a los fines de

agilizar la tramitación de la causa de acción.

En

desacuerdo,

Comisionada

el

Electoral

licenciado

del

Partido

Romero

Lugo

y

la

Nuevo

Progresista

acuden ante nos y señalan que el Tribunal de Apelaciones

erró al concluir que en una impugnación de elección no es

necesario

bastaba

el

con

emplazamiento

la

y

notificación

que,

en

personal

consecuencia,

del

recurso

presentado. El licenciado Romero Lugo argumenta que el

dictamen del foro apelativo intermedio no puede tener el

efecto de que, por fíat judicial, se deje sin efecto el

formulario preparado por la Oficina de Administración de

Tribunales

cuanto

a

para

lo

la

expedición

anterior,

señala

de

que

emplazamientos.

el

En

diligenciamiento

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

8

dispuesto al dorso de la orden de mostrar causa no es

suficiente

sobre

su

para

que

persona.

un

tribunal

adquiera

Ello,

pues,

a

éste,

jurisdicción

diferencia

del

formulario de emplazamiento, es más simple y carece de

datos

adicionales

que

deben

ser

completados

por

el

diligenciante, tales como el requerimiento que detalla la

forma en que fue entregado el emplazamiento.

Luego de haber concedido tiempo a las partes para

que

presentaran

sus

correspondientes

alegatos,

oportunamente, el licenciado Natal Albelo comparece ante

nos

y

reitera

que

el

foro

apelativo

intermedio

actuó

correctamente al concluir que la notificación realizada

el

17

de

enero

de

2021

al

licenciado

Romero

Lugo,

mediante la cual se le diligenció una orden de mostrar

causa en conjunto con el escrito de impugnación, cumple

con

lo

ordenado

por

el

Artículo

10.15

del

Código

Electoral, infra. Además, insiste en que sería un error

hermenéutico aplicar la rigidez exigida por el mecanismo

del emplazamiento de las Reglas de Procedimiento Civil y,

a su vez, no reconocer la aplicabilidad de la Regla 68.1

de Procedimiento Civil, infra.

Tras ponderar las posturas de los licenciados Romero

Lugo y Natal Albelo, así como la del Presidente de la

Comisión

Estatal

de

Elecciones

y

la

de

las

y

los

comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista,

Partido

Popular

Ciudadana,

este

Democrático

Tribunal

opta

y

Movimiento

Victoria

por

denegar

recurso

el

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

9

acogido como certiorari y, con ello, se mantiene en vigor

el dictamen del Tribunal de Apelaciones, el cual revirtió

la

desestimación

por

falta

de

jurisdicción

sobre

la

persona realizada por el Tribunal de Primera Instancia.

Repasados los hechos esenciales, procedo a exponer

los fundamentos de mi conformidad.

II

A.

Como es conocido, con la aprobación del nuevo Código

Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020, 16

LPRA sec. 4501, et seq. (Código Electoral) se reformuló

gran

parte

obstante,

de

el

nuestro

proceso

ordenamiento

de

electoral.

impugnación

de

No

elección

permaneció inalterado, pues mantuvo un lenguaje similar

al

procedimiento

de

impugnación

de

elección

bajo

el

código electoral predecesor.9

Actualmente, el Artículo 10.15 del Código Electoral

establece que la parte que impugna una elección deberá

presentar “dentro de los diez (10) días siguientes a la

fecha

de

para

cada

general,

9Para

notificación

cargo

un

de

público

escrito,

la

certificación

electivo

exponiendo

en

bajo

el

de

elección

escrutinio

juramento

las

un análisis comparativo del Código Electoral

2020 y su predecesor, véase Código Electoral 2020

comparado con el Código Electoral 2011, Lorena Matos

Cáez,

Puerto

Rico

Constitution

Center,

https://constitutionpr.com/category/leyes-comparadas/ .

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

10

razones en que fundamenta su impugnación. . .”. 16 LPRA

sec. 4765.

Acto seguido, el precitado artículo precisa la forma

en que deberá notificarse la presentación del escrito de

impugnación, al disponer que:

Una copia fiel y exacta del escrito de

impugnación

será

notificada

al

Candidato

impugnado y se le entregará personalmente,

dentro de los cinco (5) días siguientes a su

presentación.

El

Candidato

cuya

elección

fuese

impugnada, tendrá que presentar ante el

Tribunal una contestación bajo juramento,

dentro de los diez (10) días siguientes a la

fecha en que recibiere la notificación del

escrito de impugnación y certificará haber

notificado y entregado personalmente copia de

su

contestación

al

impugnador

o

a

su

representante legal. Se entenderá que la

persona cuya elección fue impugnada acepta la

impugnación como cierta de no contestar en

dicho término. (Énfasis suplido). Íd.

De

lo

anterior,

se

puede

colegir

que

el

Código

Electoral requiere que: (1) la impugnación sea notificada

mediante la entrega personal de copia exacta del escrito

de impugnación juramentado; (2) esta notificación debe

realizarse

dentro

del

término

de

cinco

días;

(3)

la

persona impugnada deberá contestar, notificar y entregar

personalmente copia de su contestación a quien le impugnó

dentro de los diez días siguientes, y, por último, (4) si

la persona impugnada no contesta dentro de este término,

acepta la impugnación como cierta.

El

Artículo

10.15

del

Código

Electoral

precisa,

además, que:

La notificación, escrito y contestación

prescritos

en

esta

Ley,

podrán

ser

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

11

diligenciados por cualquier persona competente

para testificar y se diligenciarán mediante

entrega personal a las respectivas partes, a

sus representantes electorales, conforme a lo

establecido en las Reglas de Procedimiento

Civil o en la residencia u oficina de la

persona a quien fueren dirigidas. . ..

(Énfasis suplido). Íd.

Nótese que, distinto a diversas leyes que establecen

el mecanismo del emplazamiento para adquirir jurisdicción

sobre

la

persona,

referencia

a

el

una

Código

Electoral

notificación.

Ante

solamente

esto,

hace

resultaría

incorrecto cambiar unilateralmente el estado de derecho y

pautar que el mecanismo de notificación, por sí solo, es

insuficiente para adquirir jurisdicción sobre la persona

del

candidato

conducido

a

impugnado

este

en

Tribunal

a

cuestión.

apartarse

Ello

de

las

hubiese

propias

Reglas de Procedimiento Civil, de las disposiciones del

Código Electoral y de los principios de hermenéutica que

imperan en nuestro ordenamiento jurídico. Veamos.

B.

No existe duda de que el emplazamiento es uno de los

actos procesales mediante el cual se comunica a la parte

demandada en cuanto a la existencia de una reclamación

presentada en su contra. Bernier González v. Rodríguez

Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018); Torres Zayas v. Montano

Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017). Como bien precisó el

profesor

Rafael

emplazamiento

Hernández

tiene

los

Colón,

siguientes

el

mecanismo

efectos

del

procesales:

(1) constituye la relación procesal comunicativa de la

acción judicial presentada contra la parte demandada; (2)

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

otorga

jurisdicción

al

12

tribunal

sobre

la

persona

del

demandado, y (3) confiere al actor el derecho de pedir la

anotación de rebeldía, y a obtener sentencia en su día,

si la parte no comparece dentro del término concedido. R.

Hernández

Colón,

Práctica

Jurídica

de

Puerto

Rico:

Derecho Procesal Civil, 6ta ed. San Juan, Ed. Lexisnexis,

2010, sec. 2002, pág. 258.

Una

vez

emplazado

correctamente,

el

tribunal

adquiere jurisdicción sobre la persona, se activan las

garantías del debido proceso de ley y la parte demandada

podrá comparecer al juicio, ejercer su derecho a ser oído

y

presentar

Rodríguez

prueba

Becerra,

a

su

favor.

supra,

pág.

Bernier

644;

González

Torres

Zayas

v.

v.

Montano Gómez, supra, pág. 467.

Ahora

bien,

el

emplazamiento

no

es

el

único

mecanismo procesal reconocido que cumple con la función

de otorgar jurisdicción sobre la persona del demandado.

En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el

mecanismo

de

la

notificación

como

uno

suficiente

y

alterno al emplazamiento en circunstancias particulares.

A

modo

de

ejemplo,

la

Regla

60

de

Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, en el contexto de reclamaciones de

cobro de dinero, establece un mecanismo de notificacióncitación flexible alterno al emplazamiento.10 En lo que

nos

concierne,

10Mediante

la

diferencia

entre

estos

mecanismos

esta notificación-citación, además de notificarle

a la parte demandada que se ha instado una reclamación en su

contra, se le cita para la correspondiente vista judicial. Asoc.

Res. Colinas Metro v. SLG, 156 DPR 88, 98 (2002).

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

13

procesales, según interpretado por el tratadista José A.

Cuevas Segarra, estriba en que, “bajo la Regla 60 se

expide una notificación-citación y no un emplazamiento”.

(Énfasis

suplido).

J.

A.

Cuevas

Segarra,

Tratado

de

Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS,

2011, T. V, pág. 1803 (2017). Sin embargo, la identidad

de propósitos y el efecto es similar: que los tribunales

adquieran jurisdicción sobre la persona del demandado.

En contraste a un procedimiento ordinario en el cual

se

requiere

la

expedición

flexibilidad

del

mecanismo

de

de

un

la

emplazamiento,

notificación,

y

la

del

procedimiento de la Regla 60 en sí mismo, se debe a la

intención

de

la

Asamblea

Legislativa

en

promover

la

agilidad procesal en la tramitación de estas causas, así

como el acceso a los tribunales y una justicia más justa

y económica. Primera Cooperativa de Ahorro v. Hernández

v.

Hernández,

2020

TSPR

127.

Precisamente,

iguales

aspiraciones permean en el Derecho Electoral.

Debido a la existente relación de identidad entre

ambos mecanismos, la Regla 60, supra, de modo similar al

tradicional emplazamiento, requiere que la notificación

cumpla con los siguientes requisitos: (1) se diligencie

mediante entrega personal o por correo certificado junto

con copia de la demanda; (2) se realice dentro del plazo

de diez días; (3) incluya la fecha señalada para la vista

en su fondo, y (4) contenga una advertencia a la parte

demandada de que en la vista deberá exponer su posición

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

14

respecto a la reclamación y, que si no comparece, podrá

dictarse

sentencia

en

rebeldía

en

su

contra.

Primera

Cooperativa de Ahorro v. Hernández v. Hernández, supra.

Lo anterior evidencia que la Asamblea Legislativa ha

contemplado otros escenarios en los cuales, en lugar de

la

utilización

del

tradicional

emplazamiento,

sólo

se

requiere el diligenciamiento de una notificación para que

se adquiera jurisdicción sobre la persona del demandado y

se activen las garantías del debido proceso de ley.

Tal es el caso de la impugnación de elección de

conformidad con el Artículo 10.15 del Código Electoral,

supra.

III

Como

mencionamos,

el

licenciado

Natal

Albelo

presentó un recurso de impugnación de elección en contra

del

licenciado

Romero

Lugo,

de

conformidad

con

el

Artículo 10.15 del Código Electoral, supra. El escrito de

impugnación juramentado, junto con todos sus anejos y con

una copia de la orden de mostrar causa, fue diligenciado

el 17 de enero de 2021, tres (3) días después de haberse

presentado la impugnación y dentro del término de cinco

(5) días exigido por el Código Electoral.

Más adelante, a pesar de no ser requerido por el

Artículo

10.15

del

Código

Electoral,

supra,

específicamente el 21 de enero de 2021, el licenciado

Romero Lugo fue emplazado, según ordenado erróneamente

por el foro de primera instancia. Entretanto, desde el 21

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

15

y hasta el 27 de enero de 2021, el licenciado Romero Lugo

presentó

tres

fundamento

de

derecho

por

y,

(3)

mociones

de

desestimación

que

no

había

sido

emplazado

tanto,

no

había

bajo

el

conforme

a

jurisdicción

sobre

su

persona. Debido a lo anterior, el tribunal de instancia

desestimó la impugnación al resolver que no se emplazó al

candidato impugnado dentro del término de cinco (5) días.

Además,

concluyó

que

la

Regla

68.1

de

Procedimiento

Civil, supra, no aplicaba al cómputo del término de dicho

emplazamiento. En cambio, el foro apelativo intermedio,

acertadamente,

revocó

al

foro

de

primera

instancia

al

determinar que el Artículo 10.15 del Código Electoral,

supra,

solamente

exige

una

notificación

personal

del

escrito de impugnación y no el tradicional emplazamiento.

Ante ese cuadro, a pesar de que el Artículo 10.15

del

Código

Electoral,

supra,

sólo

requiere

una

notificación del escrito de impugnación, se nos invita a

pautar

que

no

basta

con

obligatorio

seguir

las

contemplado

en

Regla

la

dicha

notificación

formalidades

4.4

de

del

y

que

es

emplazamiento

Procedimiento

Civil,

supra.

Tal contención conllevaría ignorar que la Asamblea

Legislativa,

claramente,

omitió

el

requerimiento

del

emplazamiento en el Artículo 10.15 del Código Electoral,

supra,

y,

en

su

lugar,

estableció

que

el

mecanismo

procesal a utilizarse para adquirir jurisdicción sobre la

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

persona

en

una

16

impugnación

de

elección

sería

la

notificación.

El Código Electoral supedita la impugnación de una

elección a una serie de requisitos procesales, los cuales

comienzan

con

la

manera

en

que

se

diligenciará

la

notificación del escrito de impugnación juramentado y su

correspondiente contestación. El mecanismo especial de la

notificación

dispuesto

en

esta

ley

es

cónsono

con

la

flexibilidad y agilidad con la que debe tramitarse este

procedimiento judicial de impugnación de elección bajo el

Código Electoral, supra. Nada en el historial legislativo

de

la

ley

indica

que

es

un

requisito

que

la

parte

impugnante solicite la expedición o el diligenciamiento

de

un

emplazamiento

contrario,

la

al

Asamblea

candidato

impugnado.

Legislativa,

Por

el

teniendo

en

consideración la premura con la que se requiere que se

tramite esta controversia electoral, en lugar de plasmar

en el Código Electoral la norma inflexible de que la

parte impugnante expida y diligencie un emplazamiento,

tan sólo requirió que el escrito de impugnación fuese

notificado.

Por

ello,

concluir

en

este

contexto

que

una

notificación no otorga jurisdicción sobre la persona y

que,

por

tanto,

es

requerido

un

emplazamiento,

es

incorrecto. Máxime cuando, como vimos en el contexto de

la Regla 60, supra, las propias Reglas de Procedimiento

Civil contemplan un mecanismo procesal flexible que se

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

17

aparta de la rigidez característica de un emplazamiento,

a saber: la notificación.

La

notificación

como

mecanismo

alterno

al

emplazamiento es cónsona con el debido proceso de ley

pues, tal y como expresa el profesor Hernández Colón, el

propósito

del

emplazamiento

es

cumplir

con

tres

requisitos básicos, a saber: (1) comunicar a la parte

afectada que se ha entablado una acción judicial en su

contra;

(2)

otorgar

jurisdicción

al

tribunal

sobre

la

parte afectada, y (3) garantizar a la parte actora que

pueda

pedir

la

anotación

de

rebeldía

si

la

parte

demandada no comparece dentro del término concedido y a

obtener sentencia en su día. Hernández Colón, op cit.,

pág. 258.

En

este

caso,

con

la

notificación

y

el

diligenciamiento del escrito de impugnación y de la orden

de

mostrar

Albelo,

causa

el

realizado

Tribunal

de

por

el

Primera

licenciado

Instancia

Natal

adquirió

jurisdicción sobre la persona del licenciado Romero Lugo;

éste

quedó

advertido

de

que

se

había

presentado

una

impugnación de elección en su contra y, a su vez, se le

informó

que,

si

no

foro

primario

concedido,

el

remedios

solicitados

Claramente,

con

esta

comparecía

sin

dentro

procedería

más

del

a

conceder

citarle

notificación

se

término

ni

los

oírle.

activaron

las

garantías del debido proceso de ley del licenciado Romero

Lugo y, con ello, su derecho a comparecer al juicio, a

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

18

ejercer su derecho a ser oído y presentar prueba a su

favor.

A pesar de garantizársele el debido proceso de ley al

licenciado

Romero

notificación

este

del

Tribunal

Lugo

con

escrito

obvia

el diligenciamiento

de

esa

impugnación,

realidad

y

un

con

de

una

sector

de

ello

también

ignora el axioma de fuerte arraigo en nuestro sistema

judicial que garantiza que “el nombre no hace la cosa”.

OCS

v.

CODEPOLA,

omitidas).

Así,

202

aunque

DPR

el

842,

880

Artículo

requiere

el

diligenciamiento

escrito

de

impugnación,

de

las

(2019)

10.15,

una

(citas

supra,

sólo

notificación

del

partes

peticionarias

pretenden ignorarlo como si ésta fuera ajena a nuestro

sistema

de

derecho,

y

proponen

que

este

Tribunal

la

sustituya por el mecanismo del emplazamiento.

Aun si partiéramos de la premisa que el mecanismo

procesal para adquirir jurisdicción sobre la persona del

licenciado Romero Lugo era el emplazamiento de las Reglas

de Procedimiento Civil, lo cual negamos, este Tribunal no

podría

excluir

Procedimiento

cinco

(5)

la

aplicación

Civil,

días

emplazamiento.

En

supra,

para

ese

el

de

la

al computar

Regla

el

68.1

de

término

de

diligenciamiento

sentido,

llegaríamos

de

al

tal

mismo

resultado. Ello pues, no puedo avalar el pretexto de que

dicho término es uno específico y que, de conformidad con

el Artículo 2.4 del Código Electoral, 16 LPRA sec. 4504,

las Reglas de Procedimiento Civil no aplican a aquellos

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

términos

específicos

19

dispuestos

en

dicha

ley.

Me

explico.

El referido artículo de la ley especial establece la

norma

general

de

que

“[e]l

cómputo

de

los

términos

expresados en [el Código Electoral] se aplicará según las

Reglas de Procedimiento Civil. . ..”. (Énfasis suplido).

Íd.

Acto

excepción

seguido,

a

la

el

Artículo

2.4

detalla

que,

norma

general,

las

precitadas

como

reglas

procesales no aplicarán en “aquellos términos específicos

dispuestos en [el Código Electoral]”. (Énfasis suplido).

Íd. Claramente, nuestra interpretación de esa normativa

debe ir dirigida a reconocer la aplicación de las reglas

procesales,

como

norma

expresados”

en

estatuto

reconocer

su

el

general,

inaplicabilidad

y,

a

en

los

“términos

modo

de

excepción,

medien

“términos

cuando

específicos”.

Sin embargo, el Código Electoral no define qué son

“términos

específicos”.

corresponde

armonizar

Ante

de

esa

manera

disyuntiva,

integral

el

nos

Código

Electoral. Esto, de modo que prevalezca la norma general

expresamente codificada en el Código Electoral en cuanto

a la aplicabilidad de las Reglas de Procedimiento Civil

para el cómputo de los términos ordinariamente expresados

-como el que

nos ocupa-

y

que

no sucumbiera

ante la

excepción de la aplicabilidad de dichas reglas procesales

sólo

en

determinadas

instancias.

Máxime

cuando,

inequívocamente, la Asamblea Legislativa dispuso que las

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

20

fechas ciertas con carácter fatal fueran la excepción a

la regla general.

Por

tanto,

resulta

indispensable

no

ignorar

del

principio

fundamental

de

hermenéutica

aplicación

la

legal que nos exige que, en el ánimo de cumplir con el

propósito

perseguido

por

la

Asamblea

Legislativa,

los

tribunales estamos obligados a “armonizar, en la medida

posible, todas las disposiciones de ley involucradas en

aras

de

obtener

razonable”.

un

Romero

resultado

Lugo

v.

más

Cruz

sensato,

Soto,

2020

lógico

y

TSPR

143

(citas omitidas). Resolver lo contrario, ignoraría los

más

básicos

preceptos

hermenéuticos

y

conduciría

a

la

paradoja de requerir el mecanismo procesal riguroso del

emplazamiento

según

dispuesto

en

Procedimiento

Civil,

supra,

mientras

tiempo,

excluiría

la

aplicación

de

la

la

Regla

que,

Regla

4.4

al

de

mismo

68.1

de

Procedimiento Civil, supra, al momento de determinar cómo

debe computarse el plazo de dicho emplazamiento, a pesar

de encontrarnos ante un brevísimo término.11

Si tomamos en cuenta el contexto particular en el

que se desarrolló este caso, avalar el razonamiento del

foro

primario,

11La

hubiese

tenido

consecuencias

Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone que:

[E]n el cómputo de cualquier término concedido por estas

reglas, o por orden del tribunal o por cualquier estatuto

aplicable, no se contará el día en que se realice el acto, evento o

incumplimiento después del cual el término fijado empieza a

transcurrir. [...] Cuando el plazo concedido sea menor de siete (7)

días, los sábados, domingos o días de fiesta legal intermedios se

excluirán del cómputo. . ..

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

21

potencialmente nefastas para la adecuada administración

de la justicia. Veamos.

El escrito de impugnación aquí en controversia se

presentó el jueves, 14 de enero de 2021. Así, el primer

día del término de cinco (5) días dispuesto en el Código

Electoral fue el viernes, 15 de enero de 2021. Ahora

bien, dado que el dictamen del foro de primera instancia

excluyó

la

aplicabilidad

de

la

Regla

68.1

de

Procedimiento Civil, supra, se incluyen en el cómputo el

sábado 16, el domingo 17 y el lunes, 18 de enero de 2021,

a pesar de que este último fue un día de fiesta legal.

Por tanto, el quinto día del referido plazo se cumplió el

martes, 19 de enero de 2021. Como puede verse, el término

original de cinco (5) días para el diligenciamiento de la

notificación

se

agravaría

emplazamiento

y,

por

si

con

fuera

el

poco,

mecanismo

se

del

reduciría

drásticamente a un término irrazonablemente corto de dos

(2) días hábiles o laborables.

Mediante este automatismo, se ignoraría la potencial

violación al debido proceso de ley del licenciado Natal

Albelo al concederle el irrazonable término de tan sólo

dos (2) días para que diligenciara el emplazamiento ahora

exigido. Ello, pues como hemos sostenido antes:

[V]iola el debido proceso de ley un estatuto

que, en su aplicación, convierte en irrisorio

el remedio solicitado al operar en un período

de tiempo tan corto que no le brinda a la

parte perjudicada una oportunidad razonable

para ejercitar la acción. [. . .] Ello es así,

ya que se reconoce que el derecho de ejercitar

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

22

la acción civil es un derecho fundamental cuya

restricción, por parte del Estado, debe estar

fundamentada

en

un

interés

apremiante

promovido por el medio menos oneroso. (Énfasis

suplido). Calo Morales v. Cartagena Calo, 129

DPR 102, 138 (1991) (citas omitidas).

Ciertamente, el dictamen revocado por el Tribunal de

Apelaciones era contrario a la intención de la Asamblea

Legislativa, ya que restringía el mecanismo flexible de

la

notificación

emplazamiento

por

y,

la

por

si

rigurosidad

fuera

que

poco,

caracteriza

prohibía

que

el

el

cómputo del término se realizara de conformidad con la

Regla

68.1

de

Procedimiento

Civil,

supra.

Esto,

como

vimos, tenía el efecto de limitar a tan solo dos (2) días

el plazo para el diligenciamiento del emplazamiento con

las potenciales violaciones al debido proceso de ley que

ello acarrea.

La controversia en este caso era simple debido a la

relación

de

identidad

entre

ambos

mecanismos.

Es

inexistente la distinción si tomamos en consideración el

propósito y los efectos de una notificación vis á vis el

emplazamiento

como

métodos

para

adquirir

jurisdicción

sobre la persona.

Al

considerar

que

el

método

de

notificación

dispuesto en esta ley fue especial, en sintonía con el

propósito del Código Electoral y la premura que urge al

resolver este tipo de casos, el curso de acción tomado es

el correcto. Como cuestión de derecho, correspondía que

validáramos que la primera notificación realizada el 17

de enero de

2021, tan solo

tres (3) días

después de

AC-2021-27 cons. con AC-2021-28

23

haberse presentado el escrito de impugnación y dentro del

plazo de cinco (5) días exigido, fue realizada conforme a

lo

requerido

supra.

Aun

por

el

Art.

10.15

bajo

la

errada

del

Código

aplicación

Electoral,

del

mecanismo

procesal del emplazamiento, los propulsores de esa teoría

deben

reconocer

que

el

emplazamiento

realizado

por

el

licenciado Natal Albelo el 21 de enero de 2021, luego de

computarse el plazo de cinco (5) días de conformidad con

la

Regla

68.1

de

Procedimiento

Civil,

supra,

fue

realizado dentro del término y, por tanto, el Tribunal de

Primera

Instancia

sí

adquirió

jurisdicción

sobre

la

persona del licenciado Romero Lugo.

Sólo así cumplimos con nuestro deber de realizar una

interpretación armoniosa de la ley y salvaguardaríamos el

debido proceso de ley de todas las partes.

IV

Por

entender

que

el

Artículo

10.15

del

Código

Electoral, supra, sólo exige el mecanismo procesal de la

notificación para adquirir jurisdicción sobre la persona

del candidato impugnado, estoy conforme con el dictamen

del Tribunal de Apelaciones.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Antonio Natal Albelo,

en su capacidad de candidato a

la Alcaldía de San Juan por el

Movimiento Victoria Ciudadana

AC-2021-027

Cons. con

AC-2021-028

Recurrido

v.

Miguel A. Romero Lugo, en su

capacidad de candidato impugnado

y otros

Peticionarios

Voto Particular de Conformidad emitido por el Juez Asociado

señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2021.

Estamos conforme con el curso de acción seguido por

una Mayoría de este Tribunal en el presente caso, ello

por entender que -- en lo relacionado a la causa de

epígrafe

--

ha

quedado

claramente

demostrado

lo

siguiente: 1) que la demanda de Impugnación de elección

objeto

del

presente

litigio,

e

incoada

por

el

licenciado Manuel A. Natal Albelo, se notificó al aquí

peticionario, Hon. Miguel A. Romero Lugo, dentro del

término de cinco (5) días dispuesto para ello en el

Art. 10.15 del Código Electoral de 2020, infra; 2) que

habiendo recibido copia de la demanda, el Hon. Miguel

A. Romero Lugo fue informado oportunamente de la acción

judicial presentada en su contra, garantizándole así su

derecho a ser oído y a que presentase prueba a su

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

favor;

y

3)

2

que,

realizado

dicho

procedimiento,

se

salvaguardó el debido proceso de ley que le asiste al

Hon. Miguel A. Romero Lugo. Siendo ello así, este caso se

mantiene vivo y le corresponde al Tribunal de Primera

Instancia atenderlo en los méritos. Veamos.

I.

Allá para el 14 de enero de 2021, el licenciado

Manuel A. Natal Albelo (en adelante, “licenciado Natal

Albelo”) -- como candidato a la Alcaldía de San Juan por

el

partido

Movimiento

Victoria

Ciudadana

--

incoó

una

demanda de Impugnación de elección, al amparo del Art.

10.15 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, infra,

(en adelante, “Código Electoral de 2020”), en la cual

cuestionó la elección del Hon. Miguel A. Romero Lugo como

Alcalde

del

referido

Municipio.

Dicho

recurso

se

fundamentó en la existencia de presuntas irregularidades

relacionadas al manejo, custodia y adjudicación de las

papeletas

municipales

correspondientes

a

la

Unidad

Electoral 77 del Municipio de San Juan. En consecuencia,

el

licenciado

Primera

Natal

Instancia

que

Albelo

solicitó

ordenara

la

al

Tribunal

celebración

de

de

una

nueva elección limitada a la mencionada Unidad Electoral.

Recibida la referida demandada, al día siguiente, -entiéndase, el 15 de enero de 2021, -- el foro primario

emitió una Orden de mostrar causa en la cual expuso que:

[C]onsiderada la naturaleza extraordinaria del

presente

recurso,

el

peticionario

deberá

diligenciar, y además notificar esta orden con

copia del recurso y sus anejos a todos los

peticionados, de conformidad a lo dispuesto en

la Regla 4.4 de Procedimiento Civil [,] en las

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

3

próximas 24 horas de su expedición. (Énfasis y

citas omitidas).

De igual forma, mediante la referida Orden, se le

concedió

al

Hon.

Miguel

A.

Romero

Lugo

y

demás

peticionados hasta el 21 de enero de 2021 para exponer

las

razones

remedio

por

las

solicitado.

cuales

no

se

debía

conceder

Además,

se

les

advirtió

a

el

estos

últimos que, de no contestar dentro del plazo concedido,

el tribunal podría acceder al petitorio del licenciado

Natal Albelo, sin más oírles.

Así las cosas, el 17 de enero de 2021 -- es decir,

tres

(3)

días

Impugnación

de

después

elección

de

–-

haberse

presentado

el licenciado

Natal

la

Albelo

diligenció el escrito de Impugnación de elección y sus

anejos, así como la Orden de mostrar causa emitida por el

foro primario, al Hon. Miguel A. Romero Lugo de forma

personal.

En cuanto a los restantes peticionados, ello

ocurrió cinco (5) días después, a saber, el 19 de enero

de 2021.

Tal

hecho

fue

acreditado

al

Tribunal

de

Primera

Instancia el 20 de enero de 2021, mediante Moción en

cumplimiento de orden. En dicho escrito, el licenciado

Natal

Albelo

expresó

haber

acompañado

copia

de

los

emplazamientos que diligenció, según ordenado por el foro

primario.12

Cabe señalar que, al día siguiente, el licenciado Natal Albelo

presentó una Moción informativa para aclarar el récord. En ella,

explicó que aunque el día antes había presentado una moción a los

efectos de notificar el cumplimiento de orden y acreditar al tribunal

el diligenciamiento de la Orden de Mostrar Causa -- junto con la

petición de Impugnación de elección y todos sus anejos -- por error e

12

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

4

En respuesta a lo anterior, el Tribunal de Primera

Instancia

ordenó

a

este

último

a

presentar

los

emplazamientos diligenciados, debido a que -- a su juicio

-- solo había incluido evidencia del diligenciamiento de

la Orden de mostrar causa. Ante ello, y a solicitud del

licenciado

Natal

Albelo,

el

21

de

enero

de

2021

la

Secretaría del foro primario expidió los emplazamientos

los cuales fueron diligenciados en igual fecha.

Ahora

bien,

ese

mismo

día,

el

Presidente

de

la

Comisión Estatal de Elecciones, Hon. Francisco J. Rosado

Colomer,

el

Comisionado

Electoral

del

Partido

Nuevo

Progresista, señor Héctor J. Sánchez Álvarez, y el Hon.

Miguel

A.

Romero

Lugo

presentaron

desestimación,

por

separado.

sinnúmero

de

razones

procedía

desestimar

por

el

En

las

mociones

de

esbozaron

un

entendían

que

ellas,

cuales

recurso

presentado

ante

el

Tribunal de Primera Instancia. En lo pertinente, adujeron

el incumplimiento con los requisitos para impugnar una

elección y la falta de jurisdicción sobre la persona, por

no emplazarse dentro del término dispuesto en ley para

ello.

Posteriormente,

el

Hon.

Miguel

A.

Romero

Lugo

interpuso una segunda moción de desestimación en la que

arguyó

que

el

Secretaría

del

emplazamiento

foro

--

primario

según

expedido

por

--

se

entregó

no

le

la

personalmente, sino que se diligenció por conducto del

Director de la Oficina de Asuntos Legales del Municipio

inadvertencia denominó el diligenciamiento de la referida Orden y del

recurso de impugnación como emplazamientos.

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

5

de San Juan. Ello, a pesar de que éste no había sido

autorizado

para

recibir

emplazamientos

a

nombre

del

candidato impugnado, en su carácter personal. Asimismo,

el Hon. Miguel A. Romero Lugo argumentó que conforme al

término de cinco (5) días dispuesto en el Art. 10.15 del

Código

Electoral

Albelo

tenía

de

hasta

2020,

infra,

el

el

de

enero

19

licenciado

de

Natal

2021

para

notificarle del recurso incoado ante Tribunal de Primera

Instancia

y,

debido

diligenciaron

a

a

dicha

que

los

fecha,

emplazamientos

el

tribunal

no

se

carecía

de

jurisdicción sobre la persona.

Oportunamente, el licenciado Natal Albelo se opuso a

dichas mociones de desestimación y sostuvo haber cumplido

con

el

término

precitada

de

cinco

disposición

del

(5)

días

Código

que

contempla

Electoral

de

la

2020,

infra, pues, notificó copia fiel y exacta del escrito de

impugnación

dentro

de

dicho

término,

lo

cual

a

su

entender le confirió al foro primario jurisdicción sobre

la

persona

además,

del

Hon.

con

posterioridad

que

Miguel

A.

Romero

Lugo.

ello,

diligenció

a

Señaló,

el

emplazamiento de conformidad a las exigencias contenidas

en las Reglas de Procedimiento Civil, infra.

Evaluados

los

argumentos

de

las

partes

en

el

litigio, el 29 de enero de 2021 el Tribunal de Primera

Instancia

dictó

Sentencia

síntesis,

que

el

emplazamiento

era

en

término

uno

la

para

cual

concluyó,

en

diligenciar

el

jurisdiccional,

y

no

de

cumplimiento estricto, el cual venció el 19 de enero de

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

2021.

En

6

consecuencia,

desestimó

el

recurso

de

Impugnación de elección por entender que el emplazamiento

diligenciado el 21 de enero de 2021 se realizó fuera del

término

dispuesto

para

ello,

privando

así

al

foro

primario de jurisdicción.

En otras palabras, del contenido de dicha Sentencia

se puede colegir que el Tribunal de Primera Instancia

entendió necesario no solo la notificación del escrito de

Impugnación de elección con todos sus anejos -- así como

la

Orden

de

referencia

mostrar

--,

causa

sino

a

la

cual

también

hemos

hecho

diligenciar

los

emplazamientos a través de los respectivos formularios a

esos

fines

y

cumpliendo

también

con

las

Reglas

de

Procedimiento Civil, infra, que contemplan lo anterior.

Debido a que esto último se realizó a siete (7) días de

haberse incoado la demanda de Impugnación de elección, el

foro primario concluyó que se incumplió con el término

dispuesto en el Art. 10.15 del Código Electoral de 2020,

infra, por lo que procedía la desestimación del caso de

marras.

Insatisfecho

licenciado

Natal

con

la

Albelo

anterior

acudió

determinación,

ante

el

Tribunal

el

de

Apelaciones mediante recurso de apelación, en donde adujo

que el Tribunal de Primera Instancia erró tras concluir

que no adquirió jurisdicción sobre la persona a través

del

cumplimiento

notificación

con

el

procedimiento

especial

de

estatuido

en

el

artículo

del

precitado

Código Electoral de 2020, infra, y al no distinguir el

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

7

mismo del emplazamiento contemplado bajo las Reglas de

Procedimiento Civil, infra. Como segundo señalamiento de

error, arguyó que el foro primario erró al aplicar las

Reglas

de

Procedimiento

Civil,

infra,

de

forma

inconsistente y, consecuentemente, invalidar el posterior

emplazamiento del candidato impugnado.

Tras evaluar los alegatos de las partes, el Tribunal

de

Apelaciones

emitió

una

Sentencia

mediante

la

cual

revocó al foro primario.13 En síntesis, el foro apelativo

intermedio

formaba

razonó

parte

que

del

el

texto

concepto

“emplazamiento”

del

10.15

Art.

del

no

Código

Electoral de 2020, infra, y, en cambio, dicho articulado

sí

hacía

referencia

impugnación

a

mediante

la

la

notificación

entrega

del

personal

escrito

de

éste.

Así

de

pues, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que lo anterior,

junto

a

los

disposición

breves

de

ley,

plazos

hacían

que

provee

evidente

la

la

referida

intención

del

legislador de simplificar el proceso de notificación del

recurso a los fines de agilizar la tramitación de este

tipo

de

causa

de

acción.

En

consecuencia,

el

foro

apelativo intermedio concluyó que el Tribunal de Primera

Instancia adquirió jurisdicción sobre la persona del Hon.

Miguel A. Romero Lugo y demás peticionados, ya que, no

solo se satisficieron las exigencias del Código Electoral

de

2020,

infra,

sino

que

se

les

garantizó

el

debido

proceso de ley.

El Panel del Tribunal de Apelaciones estuvo integrado por su

presidenta, la Jueza Birriel Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la

Jueza Cortés González. La Jueza Birriel Cardona disintió sin opinión

escrita.

13

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

8

En desacuerdo con lo dictaminado por el Tribunal de

Apelaciones, el 19 de febrero de 2021 el Hon. Miguel A.

Romero

Lugo

apelación”

comparece

en

el

ante

cual

nos

sostiene

mediante

que

el

“recurso

foro

de

apelativo

intermedio erró al concluir que en una impugnación de

elección bajo el Art. 10.15 del Código Electoral de 2020,

infra, no es necesario emplazar conforme a la Regla 4.4

de Procedimiento Civil, infra, tras razonar que la mera

notificación del recurso presentado es suficiente para

que el tribunal adquiera jurisdicción in personam sobre

el

candidato

escrito

de

notificarse,

los

impugnado.

Así

pues,

Impugnación

de

elección

sino

que

emplazamientos

también

éste

aduce

no

solo

correspondía

expedidos

por

la

que

el

debía

diligenciar

Secretaría

del

Tribunal utilizando el formulario OAT 1721. Documentos

que,

a

su

juicio,

se

debían

diligenciar

de

forma

simultánea dentro del término de cinco (5) días contados

a partir de la presentación del recurso de Impugnación de

elección. Además, el Hon. Miguel A. Romero Lugo arguye

que el diligenciamiento de la Orden de mostrar causa, por

sí

solo,

no

puede

tener

el

efecto

de

conceder

jurisdicción sobre un demandado si éste no es debidamente

emplazado con copia de la demanda en su contra, conforme

lo exige la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, infra, y el

Art. 10.15 del Código Electoral de 2020, infra.

Del

mismo

Comisionada

modo,

Electoral

comparece

del

ante

Partido

este

Nuevo

Tribunal

la

Progresista,

señora Vanessa Santo Domingo, a través de un “recurso de

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

9

apelación” y Moción de consolidación, en el cual señala

argumentos

similares

Miguel

Romero

A.

a

aquellos

Lugo

en

su

esbozados

por el

comparecencia.

Hon.

Asimismo,

sostiene que el tribunal a quo incidió al no expresarse

sobre la forma en que se computan los términos provistos

en el Código Electoral de 2020, infra.

Por su parte, el licenciado Natal Albelo presentó el

correspondiente alegato en el que, en apretada síntesis,

reitera su postura en cuanto a que el Artículo 10.15 del

Código Electoral de 2020, infra, requiere únicamente una

notificación del recurso de impugnación de elección como

mecanismo para adquirir jurisdicción sobre la persona. En

la alternativa, argumenta que incluso si se concluyera

que este tipo de procedimiento sui generis tiene como

requisito adicional el diligenciamiento del emplazamiento

personal

al

amparo

de

la

Regla

4.4

de

Procedimiento

Civil, infra, el término aplicable para ello no sería

cinco (5) días sino ciento (120) días, cónsono con la

Regla 4.3 del referido cuerpo reglamentario.

De igual manera, comparecieron el Presidente de la

Comisión

Estatal

Colomer;

el

de

Elecciones,

Comisionado

Democrático,

señor

Comisionado

Electoral

Ciudadana,

señor

Electoral

Gerardo

del

Olvin

Hon.

A.

del

Cruz

partido

Valentín

Francisco

Rosado

Partido

Popular

Maldonado;

y

Movimiento

Rivera,

el

Victoria

mediante

sus

respectivos alegatos.

Trabada así la controversia, esta Curia proveyó no

ha lugar a los recursos presentados ante nos. Con ese

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

10

curso de acción seguido por una mayoría de este Tribunal,

estamos conforme. Explicamos porque.

II.

Como

es

sabido,

el

Constitución

del

dispone

“[n]inguna

que

Estado

Art.

Libre

II,

Sec.

7

Asociado

de

Puerto

persona

será

privada

de

la

Rico

de

su

libertad o propiedad sin [un] debido proceso de ley...”.

CONST.

ELA

art.

II,

§

7,

LPRA,

Tomo

1.

La

garantía

constitucional del debido proceso de ley opera en dos

dimensiones, a saber: (1) la vertiente sustantiva y (2)

la vertiente procesal. Román Ortiz v. Oficina de Gerencia

de Permisos, 203 DPR 947, 953 (2020); Fuentes Bonilla v.

ELA et al., 200 DPR 364, 394 (2018); Aut. de Puertos v.

HEO, 186 DPR 417, 428 (2012). En lo pertinente al caso

que nos ocupa, la vertiente procesal le impone al Estado

la obligación de garantizar que la interferencia con los

intereses de libertad y propiedad del individuo se haga a

través de un procedimiento justo y equitativo. Picorelli

López v. Dpto. de Hacienda, 179 DPR 720, 735-736 (2010);

U. Ind. Emp. AEP v. AEP, 146 DPR 611, 616 (1998). Véase,

además, Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 45-48 (2010).

Cónsono con lo anterior, el debido proceso de ley se

define

como

el

proceso

justo

y

“derecho

con

de

todas

toda

las

persona

debidas

a

tener

un

garantías

que

ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el

administrativo”. Vendrell López v. AEE, 199 DPR 352, 359

(2017); Aut. de Puerto Rico v. HEO, supra, pág. 428.

Véase, también, Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez,

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

11

138 DPR 215 (1995). Por ello, a los fines de cumplir con

este postulado, se han reconocido una serie de garantías

mínimas,

a

saber:

proceso;

(2)

(1)

proceso

oportunidad

de

una

ante

ser

notificación

un

juez

oído;

(4)

adecuada

imparcial;

el

del

(3)

la

derecho

a

contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia

presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado;

y

(6)

que

presentada

la

decisión

se

fundamente

en

y

admitida

en

el

Román

juicio.

la

evidencia

Ortiz

v.

Oficina de Gerencia de Permisos, supra, pág. 954; Fuentes

Bonilla v. ELA et al., supra, pág. 395; Domínguez Castro

v. ELA, supra, pág. 47.

En

esa

dirección,

conviene

señalar

que,

--

como

regla general --, nuestro ordenamiento jurídico reconoce

el

emplazamiento

notificar

a

un

como

el

demandado

mecanismo

que

existe

procesal

una

para

reclamación

judicial en su contra. Banco Popular v. S.L.G. Negrón,

164 DPR 855, 863 (2005); Global v. Salaam, 164 DPR 474,

480 (2005); Quiñones Román v. CIA ABC, 152 DPR 367, 374

(2000). En cuanto a ello, este Tribunal ha expresado que

toda sentencia o dictamen de un tribunal en contra de un

demandado que no ha sido emplazado o notificado conforme

a derecho es nulo y, por tanto, no puede ejecutarse.

Torres

Zayas

v.

Montano

Gómez,

199

DPR

458,

468-469

(2017); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra, pág. 866;

Medina v. Medina, 161 DPR 806 (2004).

Se trata, pues, del mecanismo que dispone las Reglas

de

Procedimiento

Civil,

32

LPRA

Ap.

V,

para

que

un

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

12

tribunal pueda adquirir jurisdicción in personam sobre la

parte demandada, ya que de esa forma se satisface la

mencionada

cláusula

del

debido

proceso

de

ley

y

el

requisito de una notificación adecuada. Rivera v. Jaume,

157 DPR 562, 575 (2002); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137,

142-143

(1997).

Ello

permite

que

éste

ejerza

adecuadamente su derecho a comparecer en el juicio, a ser

oído y a presentar prueba a su favor. Global v. Salaam,

supra, pág. 480; Dátiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10,

15

(2004);

Rivera

v.

Jaume,

supra. Así,

para

que

un

tribunal pueda hacer efectiva su autoridad a los fines de

considerar

y

decidir

sobre

un

asunto,

“el

método

de

notificación tiene que ofrecer una probabilidad razonable

de

informarle

[al

demandado]

...

sobre

la

acción

entablada en su contra, de forma tal que pueda comparecer

a defenderse si así lo desea”. Banco Popular v. S.L.G.

Negrón, supra; Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 512513 (2003); Quiñones Román v. CIA ABC, supra, pág. 374.

Ahora

bien,

en

de

los

expedición

diligenciamiento,

cuanto

a

los

requisitos

emplazamientos,

precisa

remitirnos

su

a

la

para

la

forma

y

Regla

4

de

Procedimiento Civil, supra. Particularmente, la Regla 4.1

del

referido

requiere

que

cuerpo

el

de

ley,

demandante

32

LPRA

presente

Ap.

el

V,

R.

4.1,

formulario

de

emplazamiento junto con la demanda, para su expedición

inmediata por el Secretario o Secretaria del tribunal.

Véase, Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462,

481 (2019); Torres Zayas v. Montano Gómez, supra, págs.

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

13

467-468.

Mientras, la Regla 4.3, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3,

enumera

las

personas

emplazamiento

y

el

que

término

pueden

que

se

diligenciar

tiene

para

el

ello.

Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 870 (2019).

Sobre este particular, el inciso (c) de la mencionada

regla preceptúa que “[e]l emplazamiento será diligenciado

en el término de ciento veinte (120) días a partir de la

presentación de la demanda o de la fecha de expedición

del emplazamiento por edicto”. 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c).

Véase, Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 989

(2020); Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR

637, 648 (2018). Término de ciento veinte (120) días que,

según

los

pronunciamientos

de

este

Foro,

es

uno

improrrogable y no puede ser acortado por un tribunal.

Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra, pág. 987; Pietri

González v. Tribunal Superior, 117 DPR 638, 640 (1986);

Ortalaza v. F.S.E., 116 DPR 700, 703-704 (1985).

Asimismo, el precitado cuerpo reglamentario, en su

Art. 4.4, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4, dispone el procedimiento

para

el

emplazamiento

personal.

En

lo

pertinente

al

presente caso, dicha regla expresa que cuando se trata

del emplazamiento de una persona mayor de edad, el mismo

se diligenciará entregando copia del emplazamiento y de

la demanda a ella personalmente, o a un agente autorizado

por

ella

o

designado

por

ley

para

recibir

un

emplazamiento. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra,

pág. 871; Torres Zayas v. Montano Gómez, supra, pág. 470.

III.

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

14

Habiendo reconocido que, como regla general, en toda

acción judicial -- de naturaleza civil -- es a través del

emplazamiento que un tribunal adquiere jurisdicción sobre

la

persona,

es

menester

señalar

aquí

que

en

nuestro

ordenamiento jurídico existen ciertas instancias en las

que

la

Asamblea

alternos

para

Legislativa

lograr

tal

ha

adoptado

propósito,

mecanismos

sustituyendo

la

herramienta ordinaria del emplazamiento por otro tipo de

procedimiento más flexible donde también se salvaguarden

las garantías del debido proceso de ley

El

proceso

de

Impugnación

de

elección,

según

contemplado en el Art. 10.15 de la Ley Núm. 58-2020,

conocida como Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4501

et seq, es una de esas instancias.14 En dicho caso, la

Asamblea Legislativa

de

este

estableció

tipo

un

de

-- dada la naturaleza sui generis

procedimiento

mecanismo

alterno

-para

intencionalmente

que

un

tribunal

pudiese adquirir jurisdicción sobre la persona, a saber:

la notificación personal del recurso de Impugnación de

elección al candidato(a) impugnado(a).

Al respecto, y en lo pertinente a las controversias

que nos ocupan, la mencionada disposición legal establece

que cualquier candidato o candidata que desee impugnar la

Entre dichas instancias, podemos resaltar las siguientes: (1) Regla

60 de Procedimiento Civil, supra, relacionada a reclamaciones de

quince mil dólares ($15,000.00) o menos; (2) Ley sobre Controversias y

Estados Provisionales de Derecho, Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974,

32 LPRA sec. 2871; (3) Ley contra el Acecho en Puerto Rico, Ley Núm.

284 de 21 de agosto de 1999, 33 LPRA sec. 4013; y (4) la Ley de

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de

octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118. Véase, Alegato en Oposición a

Recursos de Apelación presentado por el Comisionado Electoral del

Movimiento Victoria Ciudadana.

14

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

15

elección de otro, deberá presentar ante el Juez de la

Sala de la Región Judicial que se haya designado conforme

a la precitada ley -- y dentro de los diez (10) días

siguientes

a

la

fecha

certificación

de

elección

de

la

--

notificación

un

escrito

de

la

juramentado

exponiendo las razones en virtud de las cuales fundamenta

su impugnación. Art. 10.15 del Código Electoral de 2020,

16

LPRA

sec.

naturaleza

4765.

que,

de

Éstas

razones

probarse,

deberán

serán

ser

de

suficientes

tal

para

cambiar el resultado de la elección. Íd.

Más

adelante,

el

discutido

Art.

10.15

del

Código

Electoral de 2020, supra, reza:

...

Una copia fiel y exacta del escrito de

impugnación

será

notificada

al

Candidato

impugnado y se le entregará personalmente,

dentro de los cinco (5) días siguientes a su

presentación.

El candidato cuya elección fuese impugnada

tendrá que presentar ante el Tribunal una

contestación bajo juramento dentro de los diez

(10) días siguientes a la fecha en que recibiere

la notificación del escrito de impugnación y

certificará

haber

notificado

y

entregado

personalmente copia de su contestación al

impugnador o a su representante legal. Se

entenderá que la persona cuya elección fue

impugnada acepta la impugnación como cierta de

no contestar en dicho término.

La

notificación,

escrito

y

contestación

prescritos en esta Ley, podrán ser diligenciados

por cualquier persona competente para testificar

y se diligenciarán mediante entrega personal a

las respectivas partes, a sus representantes

electorales, conforme a lo establecido en las

Reglas de Procedimiento Civil o en la residencia

u oficina de la persona a quien fueren

dirigidas. A los fines de este Artículo, el

representante electoral de un candidato por un

partido político será el integrante de la

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

16

Comisión Local del precinto de su domicilio que

represente a su partido político. Íd.

Como se puede apreciar, en la precitada disposición

estatutaria

no

se

hace

mención

alguna

al

concepto

emplazamiento o referencia específica alguna a la Regla

4.4

de

Procedimiento

Civil,

supra,

según

discutida

anteriormente en el Acápite II de este escrito. Tal como

se señala en el bien elaborado alegato del licenciado

Natal Albelo:

Un

análisis

del

esquema

estatutario

aplicable a una acción de impugnación al amparo

del Artículo 10.15 del Código Electoral revela

que

esta

omisión

no

fue

involuntaria,

intencional.

Como

consecuencia,

totalmente

improcedente

enmendar,

sino

sería

por

fiat

judicial, el texto estatutario para incorporar

un

mecanismo

que

la

Asamblea

Legislativa

descartó. Por el contrario, lo que corresponde

es aplicar lo dispuesto por la Legislatura, sin

añadir

elementos

adicionales

expresamente

descartados por esta.15

Se

trata,

pues,

de

la

máxima

de

hermenéutica

expressio unius est exclusio alterius cuyo propósito es

determinar la intención del legislador. Cónsono con ello,

si la Asamblea Legislativa opta por incluir o mencionar

alguna cosa, palabra o concepto específico, se entienden

15

Véase, Alegato en oposición a recurso de apelación, pág. 8.

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

17

excluidas aquellas que no fueron mencionadas. Véase, R.E.

Bernier

y

J.A.

Cuevas

Segarra,

Aprobación

e

interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San

Juan,

Pubs.

JTS,

1987,

Vol.

1,

pág.

345.

Así

pues,

tratándose de una omisión intencional, lo que procede es

dar fiel cumplimiento a la voluntad legislativa y, en

consecuencia,

no

añadir

lo

omitido.

J.M.

Farinacci

Fernós, Hermenéutica puertorriqueña, San Juan, Editorial

InterJuris, 2019, pág. 156.

En

la

pieza

legislativa

bajo

estudio,

es

indiscutible el hecho de que los miembros de la Asamblea

Legislativa,

estatutario

de

la

forma

palabra

diáfana,

excluyó

“emplazamiento”

y

del

texto

omitió

hacer

referencia a la Regla 4 de Procedimiento Civil, supra.

Más bien, estableció un mecanismo especial -- entiéndase,

el

mecanismo

de

la

notificación

del

escrito

de

Impugnación de elección -- como alternativa al mecanismo

ordinario del emplazamiento. Lo anterior, precisamente,

en virtud de la naturaleza sui generis del breve término

que provee el Art. 10.15 del Código Electoral de 2020,

supra,

para

notificar

el

recurso

de

Impugnación

de

elección.

Por último, precisa hacer mención que el Artículo

2.4 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4504,

expresa que “[el] cómputo de los términos expresados en

esta Ley se aplicará según las Reglas de Procedimiento

Civil de Puerto Rico vigentes, excepto aquellos términos

específicos dispuestos en esta Ley”. Por tanto, cuando la

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

18

referida ley disponga un término específico para alguno

de los procedimientos que contempla, se torna inaplicable

la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, que provee

para excluir los sábados, domingos y días feriados del

cómputo del término, si se tratare de un plazo menor de

siete (7) días.

Es, pues, a la luz de la normativa antes esbozada

que procedemos a disponer de la presente controversia.

IV.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso,

el Hon. Miguel A. Romero Lugo sostiene que el Tribunal de

Primera

Instancia

carecía

de

jurisdicción

sobre

su

persona, pues no solo se le debía notificar el escrito de

Impugnación

de

elección,

sino

también

diligenciar

los

emplazamientos expedidos por la Secretaría del Tribunal

de

Primera

Instancia

utilizando

el

correspondiente

formulario que la OAT ha diseñado para tales fines. A su

juicio, ambos documentos debían diligenciarse de forma

simultánea dentro del término de cinco (5) días contados

a partir de la presentación del recurso de Impugnación de

elección. No le asiste la razón.

Y es que de una simple lectura del Art. 10.15 del

Código

Electoral

de

2020,

supra,

surge

con

meridiana

claridad que -- para casos como el de autos -- lo que se

exige en ley es notificar al candidato electo impugnado

una copia fiel y exacta del escrito de Impugnación de

elección dentro del término de cinco (5) días desde que

se presente ante el foro primario. Evidentemente, no se

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

19

requiere que dentro de igual término se diligencien los

emplazamientos,

civiles

de

conforme

otra

indispensable

se

realiza

naturaleza.

es

que

el

en

procedimientos

Lo

verdaderamente

candidato

impugnado

tenga

conocimiento -- dentro del mencionado término -- de la

acción incoada en su contra, que éste pueda ser escuchado

por el tribunal y que pueda defenderse, de así desearlo.

Ello aquí se logró.

Recordemos

que,

como

principio

cardinal

de

hermenéutica, "cuando la ley es clara y libre de toda

ambigüedad,

su

pretexto

cumplir

Civil

de

de

texto

2020,

31

no

debe

menospreciarse

su

espíritu".

LPRA

sec.

Art.

5341.

19

bajo

del

Véase,

el

Código

Farinacci

Fernós, op. cit., págs. 72-78. Por consiguiente, cuando

el legislador se ha expresado en un lenguaje claro e

inequívoco, dicho texto es la expresión por excelencia de

la intención legislativa. Tal es el caso de autos.16

Ahora

intimar,

la

bien,

contrario

referencia

a

a

las

lo

que

Reglas

algunos

de

pudieran

Procedimiento

Civil, supra, en el tercer párrafo del Art. 10.15 del

Código Electoral de 2020, supra, se limita a informar

quien podrá notificar el escrito y la forma en que ello

se hará, entiéndase a quien se entregará o dónde. Como

cuestión de hecho, así lo reconoció el propio Tribunal de

Primera Instancia, a la página 13 de su Sentencia, al

señalar

que

“…cuando

se

expresa

la

aplicación

de

las

Rosa Molina v. ELA, 195 DPR 581 (2016); Cordero et al. v. ARPe et

al., 187 DPR 445, 456 (2012); Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses,

179 DPR 849, 862 (2010).

16

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

Reglas

de

Procedimiento

procedimiento

mediante

20

del

Civil,

se

diligenciamiento

entrega

personal

o

a

contrario

--

es

está

de

refiriendo

la

un

al

notificación

representante

electoral”.

Resolver

lo

decir,

requerir

el

diligenciamiento del emplazamiento al igual que en otros

procedimientos civiles -- tendría el efecto de proveer

para ello un término de ciento veinte (120) días conforme

la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra, que, como

bien

mencionamos,

Esto,

a

todas

no

puede

luces,

acortarse

desvirtuaría

por

la

un

tribunal.

intención

del

legislador de proveer un término tan breve como cinco (5)

días

para

notificar

la

Impugnación

de

elección,

cuyo

propósito es atender asuntos de tal naturaleza con la

celeridad que ameritan.17

V.

En fin, y a modo de epílogo, no albergamos duda

alguna que la notificación de la demanda de Impugnación

de elección aquí en controversia hizo las veces de un

emplazamiento. A través de la misma, el Alcalde Electo

del Municipio de San Juan, Hon. Miguel A. Romero Lugo,

fue

informado

oportunamente

--

es

decir,

dentro

del

término de cinco (5) días dispuesto en el Art. 10.15 del

Código Electoral de 2020, supra -- de la acción judicial

Aun si partiéramos de la premisa que el Código Electoral de 2020,

supra, exige el diligenciamiento del emplazamiento tal como en otros

procedimientos civiles, -- lo cual no es así --, el licenciado Natal

Albelo cumplió con ello, ya que diligenció el mismo el 21 de enero de

2021; es decir, a siete (7) días de haberse incoado el recurso de

Impugnación de elección y, por tanto, dentro del término de ciento

veinte días (120) días establecido por la Regla 4.3 de Procedimiento

Civil, supra.

17

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

21

incoada en su contra, garantizándole así su derecho a ser

oído y a que pudiese defenderse; principios fundamentales

del debido proceso de ley.

En el ámbito del derecho es norma trillada que “el

nombre no hace la cosa”.18 Aquí, a todas luces, estamos

ante otro ejemplo de ello. No se cometieron los errores

señalados.

VI.

Es, pues, por los fundamentos antes expuestos, que

estamos conformes con el curso de acción seguido por este

Tribunal en el día de hoy.

Al así sentenciarlo, disponemos de otra controversia

más,

de

las

muchas

que

hemos

atendido,

que

tiene

su

génesis en la aprobación a la ligera -- y sin consenso

entre las distintas fuerzas políticas del País -- del

nuevo

código

Electoral

de

2020,

supra.

Cuerpo

reglamentario que rigió el evento electoral al cual hemos

hecho referencia. Urge, pues, que la Asamblea Legislativa

pase

juicio

sobre

el

contenido

de

la

referida

pieza

legislativa.

Angel Colón Pérez

Juez Asociado

Véanse, JMG Investment Inc. v. ELA, 203 DPR 718, 719 (2019); Mun.

Rincón v. Velázquez Muñiz, 199 DPR 989, 1002 (2015); Batista Nobbe

v. Junta de Directores, 185 DPR 206, 223 (2012).

18

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Antonio Natal Albelo,

en su capacidad de candidato

a la Alcadía de San Juan por

el

Movimiento

Victoria

Ciudadana

AC-2021-0027

Recurrido

Cons. con

v.

AC-2021-0028

Miguel A. Romero Lugo, en su

capacidad de candidato

impugnado y otros

Peticionarios

Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado

señor RIVERA GARCÍA al cual se une la Jueza Asociada señora

PABÓN CHARNECO.

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2021.

A

la

luz

de

las

consideraciones

que

expongo

a

continuación, disiento enérgicamente del proceder de una

Mayoría de este Tribunal en denegar los recursos de autos,

y apartarse sin fundamento alguno del estado de derecho

vigente

y

en

constitucionales

Estamos

franca

que

firmemente

violación

rigen

el

convencidos

a

debido

que

los

principios

proceso

la

de

ley.

falta

del

diligenciamiento de un emplazamiento, además de ser una

violación

al

debido

proceso

de

ley,

priva

a

los

foros

judiciales de adquirir jurisdicción sobre una persona e

invalida cualquier dictamen judicial en su contra.

Por lo tanto, somos del criterio que el Tribunal de

Apelaciones erró al revocar una Sentencia del foro primario

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

2

la cual desestimó la Impugnación de Elección por carecer de

jurisdicción

sobre

la

persona,

ya

que

el

candidato

impugnado no fue emplazado dentro del término de cinco (5)

días que establece el Código Electoral del 2020. En ese

sentido, el foro apelativo incurrió en el gravísimo error

de equiparar el diligenciamiento de una orden de mostrar

causa

con

el

Procedimiento

emplazamiento

Civil,

requerido

infra.

A

en

todas

la

Regla

luces,

4

de

llámesele

notificación o emplazamiento, de este ser defectuoso, no

surtiría

efecto

sobre

el

candidato

impugnado.

Pues

una

determinación en contrario conlleva a fatales consecuencias

en el proceso judicial y una clara violación al debido

proceso de ley que alberga el candidato impugnado.

Por otro lado, la controversia objeto de estudio nos

concedía la ocasión para atender un asunto novel en materia

de derecho electoral, que evidentemente está revestido de

un alto interés

público, y, que por consideraciones de

política

requiere

pública

su

inmediata

resolución

para

impartirle certeza y celeridad al proceso de Impugnación de

Elección dispuesto en el Código Electoral de 2020, infra.

Específicamente, este caso nos ofrecía la oportunidad de

determinar si el Art. 10.15 del Código Electoral de 2020,

infra,

requiere

Impugnación

de

Procedimiento

el

emplazamiento

Elección,

Civil,

al

de

la

la

demanda

conforme

con

Regla

candidato

impugnado

de

4.4

de

dentro

del

término de cinco (5) días siguientes a su presentación, de

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

modo

que

el

3

tribunal

adquiera

jurisdicción

sobre

la

persona.19

Por los fundamentos que proceden, hubiéramos resuelto

esta controversia en la afirmativa, y de una vez y por

todas, le impartíamos certeza y celeridad al proceso de

Impugnación de Elección dispuesto en el Código Electoral de

2020, infra. De esta forma, garantizaríamos su correcta

aplicación en los eventos electorales, ya sean elecciones

generales, especiales, o primarias.

I

La génesis de esta controversia se remonta al 31 de

diciembre de 2020, cuando la Comisión Estatal de Elecciones

(CEE) certificó al Hon. Miguel Romero Lugo (peticionario)

como

el

alcalde

del

Municipio

de

San

Juan.20

Esta

certificación le fue notificada al peticionario el 4 de

El pleito instado en el Tribunal de Primera Instancia por el

Lcdo. Manuel A. Natal Albelo fue desestimado por falta de jurisdicción

sobre la persona del demandado. En su dictamen, el foro primario no

consideró fundamento distinto para la desestimación. Igualmente, la

revisión del foro apelativo intermedio se limitó a considerar el

fundamento de falta de jurisdicción sobre la persona. Sin embargo, cabe

destacar que, en el recurso presentado por la Comisionada Electoral del

Partido Nuevo Progresista, la Lcda. Vanessa Santo Domingo-Cruz, esta

planteó la existencia de otras controversias válidas relacionadas a

este asunto. Asimismo, en la comparecencia del Hon. Francisco Rosado

Colomer, Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), se

esbozaron

similares

señalamientos.

Estas

otras

controversias

principalmente envuelven: (1) la falta de partes indispensables; (2) la

insuficiencia del emplazamiento realizado al director del departamento

legal del municipio de San Juan; (3) la falta de revisión judicial de

la resolución administrativa CEE-RS-20-169 sobre la denegatoria de

recuento de votos; y (4) que la demanda no expone una reclamación que

justifique la concesión de un remedio. Por consideraciones de

autolimitación judicial, nos circunscribimos a resolver únicamente la

controversia según enmarcada en el texto de esta Opinión.

20 Certificación Comisión Estatal de Elecciones, Apéndice de la

Petición de certiorari, pág. 66.

19

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

4

enero de 2021 como resultado oficial de las elecciones

habidas el pasado 3 de noviembre de 2020.21

Inconforme

con

la

certificación

emitida,

el

14

de

enero de 2021, el Lcdo. Manuel Natal Albelo (recurrido)

acudió

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

(TPI)

y

presentó una Impugnación de Elección al amparo del Art.

10.15 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (Código

Electoral).22

A

esos

efectos,

el

recurrido

cuestionó

la

certificación del peticionario, como Alcalde de San Juan,

debido a unas presuntas irregularidades en el proceso de

votación en la Unidad 77. En la demanda de Impugnación de

Elección adujo que la cantidad de votos en controversia

eran

suficientes

para

cambiar

el

resultado

de

las

elecciones. Por ello, solicitó que el foro de instancia

permitiera la celebración de una nueva elección en esta

Unidad

y

dejara

sin

efecto

la

certificación

del

peticionario como candidato electo a la alcaldía de San

Juan.

Al día siguiente, el 15 de enero de 2021, el Tribunal

de Primera Instancia emitió una

Orden de Mostrar Causa

(Orden).23 Esta Orden proveyó al peticionario hasta el 21 de

enero de 2021 para que expresara las causas por las cuales

Notificación de Certificación Comisión Estatal de Elecciones,

Apéndice de la Petición de apelación, pág. 67

22

Impugnación

de Elección,

Apéndice

de

la

Petición

de

certiorari, pág. 34.

23 Orden de Mostrar Causa, Apéndice de la Petición de certiorari,

pág. 86.

21

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

5

no se debían conceder los remedios solicitados.24 Asimismo,

el tribunal le ordenó al recurrido a “diligenciar, y además

notificar esta orden con copia del recurso y sus anejos a

todos los peticionados, de conformidad a lo dispuesto en la

Regla 4.4 de Procedimiento Civil”.25 Conforme a lo anterior,

el 17 de enero de 2021, el recurrido solamente entregó al

peticionario la Orden con su diligenciamiento y copia del

escrito de Impugnación de Elección.26

El 20 de enero de 2021, el recurrido presentó una

Moción en Cumplimiento de Orden en la cual sostuvo que

incluyó

los

emplazamientos

de

todos

los

peticionados

diligenciados, según ordenado por el foro de instancia.27 En

esta

misma

notificó

fecha,

al

el

recurrido

Tribunal

que

de

solo

Primera

incluyó

Instancia

evidencia

le

del

diligenciamiento de la Orden, mas no así evidencia de los

emplazamientos diligenciados de la demanda.28 Por lo tanto,

esa tarde el recurrido presentó al foro de instancia una

Solicitud

de

Expedición

de

Emplazamientos

para

que

proporcionaran los correspondientes emplazamientos.29

Según se desprende del expediente,

21

de

enero

de

2021,

el

recurrido

el próximo día,

presentó

una

Moción

Informativa para Aclarar el Récord en la cual expresó que

Íd.

Íd. pág. 87.

26 Diligenciamiento, Apéndice de la Petición de certiorari, pág.

93 y Orden de Mostrar Causa, Apéndice de la Petición de certiorari,

pág. 94.

27 Moción de Cumplimiento de Orden, Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 91.

28 Notificación, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 121.

29

Solicitud de Expedición de Emplazamientos, Apéndice de la

Petición de certiorari, pág. 123.

24

25

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

6

“por error e inadvertencia, [...] denominó el servicio de

la Orden de Mostrar Causa y del recurso de impugnación como

emplazamientos, cuando debió indicar en su moción que el

diligenciamiento

fue

la

Orden

de

Mostrar

Causa

y

del

recurso de impugnación con todos sus anejos”.30 Ese mismo

día, el recurrido sometió al tribunal de instancia una

Moción Presentando Emplazamientos Diligenciados.31 En esta,

manifestó

que

peticionario.32

sirvió

A

su

copia

vez,

del

planteó

emplazamiento

que

los

al

términos

dispuestos en la Regla 68.1 de Procedimiento Civil eran de

aplicación

al

diligenciamiento

del

emplazamiento

de

la

Impugnación de Elección.33

En esta misma fecha, y sin someterse a la jurisdicción

del Tribunal, el peticionario

instancia

una

Moción

de

presentó ante el foro de

desestimación

por

falta

de

jurisdicción sobre la persona.34 En su petición arguyó que

el recurrido no lo emplazó conforme al término específico

de cinco (5) días dispuesto en el Art. 10.15 del Código

Electoral.35

El 25 de enero de 2021, el peticionario nuevamente sin

someterse

a

la

jurisdicción

del

Tribunal,

presentó

una

Segunda moción de desestimación por falta de jurisdicción

30

Moción informativa para aclarar el récord, Apéndice de la

Petición de certiorari, pág. 143.

31 Moción Presentando Emplazamientos Diligenciados, Apéndice de

la Petición de certiorari, pág. 331.

32 Íd.

33 Íd., pág. 332.

34 Moción de Desestimación por falta de jurisdicción sobre la

persona, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 297.

35 Íd., pág. 305.

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

sobre

la

7

persona,

al

haber

transcurrido

el

plazo

jurisdiccional para emplazar al candidato impugnado, sin

que se hubiere hecho conforme a derecho.36 En síntesis, el

peticionario solicitó la desestimación de la demanda por

los argumentos esbozados en su moción anterior.37

Por su parte, ese mismo día, el recurrido presentó un

escrito

en

desestimación

Lugo.38

En

Respuesta

del

su

en

oposición

candidato

impugnado

moción,

destacó

a

mociones

Miguel

que

A.

cumplió

de

Romero

con

el

emplazamiento dentro del término de cinco (5) días, según

lo establece la Regla 68.1 de Procedimiento Civil.39

Cabe

señalar

que

el

25

de

peticionario

acudió

ante

este

jurisdicción

por

del

recurso

vía

enero

2021,

el

auxilio

de

Certificación.40

En

Tribunal

de

de

en

cuanto a esta petición, el Tribunal emitió una Resolución

en la que denegó expedir el recurso y la solicitud de

auxilio.41 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia

continuó con los procedimientos posteriores del caso.

Así las cosas, el 27 de enero de 2021, el peticionario

sometió Réplica a la

desestimación

del

“Respuesta en oposición a mociones de

candidato

impugnado

Miguel

A.

Romero

Segunda moción de desestimación por falta de jurisdicción

sobre la persona, al haber transcurrido el plazo jurisdiccional para

emplazar al candidato impugnado, sin que se hubiere hecho conforme a

derecho, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 368.

37 Íd. pág. 387.

38

Respuesta en oposición a mociones de desestimación del

candidato impugnado Miguel A. Romero Lugo, Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 657.

39 Íd. pág. 664.

40 Certificación,

Apéndice de la Petición de certiorari, pág.

404.

41 Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 675.

36

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

8

Lugo”.42 En su comparecencia reafirmó que el emplazamiento

fue

tardío

y

que

en

la

notificación

incluyeron los debidos emplazamientos.43

inicial

no

se

Además, apuntaló

que cuando se emplazó el 21 de enero de 2021, se hizo a

través del Lcdo. Israel O. Alicea Luciano, Director de la

Oficina

de

Asuntos

Legales

del

Municipio

de

San

Juan,

funcionario municipal que no lo representa en su carácter

personal sino en su carácter oficial.44 En este sentido

indicó que procedía la desestimación de la Impugnación de

la Elección por razón de que no se le emplazó conforme a

derecho

y,

por

lo

tanto,

el

tribunal

no

adquirió

jurisdicción sobre su persona.45 Junto a su Réplica además

presentó

una

Moción

de

desestimación

por

falta

de

jurisdicción sobre la materia y ausencia de una causa de

acción

que

justifique

la

concesión

de

un

remedio,

sin

renunciar al planteamiento de falta de jurisdicción sobre

la persona.46

Asimismo,

presentó

una

el

28

Respuesta

de

en

enero

de

Oposición

2021,

a

las

el

recurrido

mociones

de

desestimación presentadas por el candidato impugnado, por

el Presidente de la CEE y por la comisionada Electoral del

42 Réplica a “Respuesta en oposición a mociones de desestimación

del candidato impugnado Miguel A. Romero Lugo”, Apéndice de la Petición

de certiorari, pág. 680.

43 Íd., pág. 691.

44 Íd., pág. 688.

45 Íd., pág. 691.

46 Moción de desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la

materia y ausencia de una causa de acción que justifique la concesión

de un remedio, sin renunciar al planteamiento de falta de jurisdicción

sobre la materia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 669.

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

9

Partido Nuevo Progresista.47 En su oposición, el recurrido

insistió que el Tribunal adquirió jurisdicción sobre el

peticionario cuando se diligenció personalmente copia de la

Orden

de

Mostrar

Causa

junto

con

el

escrito

de

impugnación.48

En vista de todo lo anterior, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Sentencia el 29 de enero de 2021.49

Primero, concluyó que el emplazamiento del peticionario fue

inoficioso ya que el candidato impugnado no fue emplazado

dentro

del

término

de

cinco

(5)

días

que

establece

el

Código Electoral del 2020.50 También, determinó que el Art.

10.15 del Código Electoral requiere la aplicación de la

Regla 4.4 de Procedimiento Civil.51 Además, resolvió que en

el Art. 2.4 del Código Electoral, el término de cinco (5)

días siguientes a la presentación de una impugnación y su

notificación

es

uno

específico

y

de

carácter

jurisdiccional, al que no le aplica la extensión de la

Regla 68.1 de Procedimiento Civil.52 Como resultado, el foro

de

instancia

desestimó

la

Impugnación

de

Elección

por

carecer de jurisdicción sobre el candidato impugnado.53

Inconforme

mediante

un

con

este

dictamen,

el

recurrido

recurso

de

Apelación

ante

el

acudió

Tribunal

de

47

Respuesta en Oposición a las mociones de desestimación

presentadas por el candidato impugnado, por el Presidente de la CEE y

por el comisionado electoral del PNP, Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 856.

48 Íd., pág. 866.

49 Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 881.

50 Íd., pág. 903.

51 Íd., pág. 900.

52 Íd.

53 Íd., pág. 903.

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

10

Apelaciones.54 Allá, alegó que el foro de primera instancia

erró, primero, al invalidar el emplazamiento del candidato

impugnado

mediante

Reglas

Procedimiento

Civil.55

Y

que

adquirió

jurisdicción

de

determinar

no

la

se

aplicación

inconsistente

de

las

que

erró

al

sobre

la

además,

persona, por no distinguir entre el procedimiento especial

de notificación establecido en el Código Electoral de 2020

para la impugnación de elección y el emplazamiento bajo la

Regla 4.4 de Procedimiento Civil.56

Bajo estos fundamentos,

le solicitó al foro intermedio revocar la Sentencia del

foro inferior.57

Atendido el referido recurso,

el 18 de febrero de

2021, el Tribunal Apelativo revocó la Sentencia emitida por

el Tribunal de Primera Instancia.58 En esencia, concluyó que

el foro primario adquirió jurisdicción sobre la persona del

candidato impugnado.59 En particular, señaló que la entrega

personal de la demanda, junto con la Orden, brindó una

notificación

adecuada

al

peticionario

conforme

a

las

exigencias del Art. 10.15 del Código Electoral y las Reglas

de Procedimiento Civil.60

No conteste con la decisión, el peticionario acudió

ante este Tribunal mediante recurso de Apelación, el 19 de

Apelación, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 9.

Íd., pág. 14.

56 Íd.

57 Íd., pág. 29.

58 Panel Integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona,

el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortes González. La Jueza Birriel

Cardona disintió. Sentencia Tribunal Apelativo. Apéndice de la Petición

de certiorari, pág. 1002.

59 Íd.

60 Íd.

54

55

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

febrero

de

2021.61

11

Manifestó

que

este

Tribunal

tiene

jurisdicción para atender el recurso al amparo del Art.

3.002 de la Ley de la Judicatura y las Reglas 17 y 18(b)

del Reglamento del Tribunal Supremo.62 En la alternativa,

nos solicitó que se expida como recurso de Certiorari.63

A su vez, ese

mismo día compareció

la Comisionada

Electoral del Partido Nuevo Progresista, la Lcda. Vanessa

Santo

Domingo-Cruz,

mediante

un

recurso

de

Apelación,

solicitando

la

revisión

y

revocación

de

la

sentencia

emitida

el

Tribunal

de

Apelaciones.64

En

síntesis,

por

reiteró los mismos señalamientos de errores y argumentos

que el peticionario respecto al emplazamiento del escrito

de

impugnación

y

el

diligenciarlo.65

También,

apelativo

no

al

cómputo

del

término

para

argumentó

que

erró

foro

considerar

otros

el

planteamientos

jurisdiccionales presentados para evaluar la desestimación

en

el

foro

inferior.66

Principalmente,

que

los

demás

candidatos que aparecieron en la papeleta municipal de San

Juan, y sobre todo a legisladores municipales que junto al

peticionario

componían

una

candidatura,

debieron

acumulados como partes indispensables, y que

Petición de Apelación, pág. 1.

Íd.

63 Íd., pág. 2.

64 Petición de Apelación, pág. 24.

65 Íd., pág. 7.

66 Íd., pág. 23.

61

62

ser

al no ser

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

debidamente

12

emplazados

dentro

del

término

de

cinco

(5)

días, procedía la desestimación de la impugnación.67

Ese mismo día, mediante Resolución, consolidamos ambos

recursos y le ordenamos al recurrido que se expresara.

Consonó

con

nuestra

orden,

el

22

de

febrero

de

2021,

sometieron sus escritos ante este Tribunal el recurrido; el

Hon. Francisco Rosado Colomer, Presidente de la Comisión

Estatal

de

Elecciones;

Gerardo

A.

Cruz

Maldonado,

Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; y

Olvin Valentín Rivera, Comisionado Electoral del Movimiento

Victoria Ciudadana.68

Evaluados los escritos de Apelación presentados por el

Hon.

Miguel

A.

Domingo-Cruz,

Romero

Lugo

hubiéramos

y

la

acogido

Lcda.

Vanessa

Santo

los

recursos

como

certiorari y expedido los mismos. Con el beneficio de la

comparecencia

correctamente

de

de

las

la

partes,

procedemos

controversia

a

disponer

ante

nuestra

consideración.

II

A. Derecho al Voto y el Código Electoral

Desde el punto de vista constitucional, el derecho al

voto en Puerto Rico es un derecho fundamental de avanzada a

Íd., pág. 24.

Resolución, el 19 de febrero de 2021, Tribunal Supremo de Puerto

Rico, AC-2021-0027 y AC-2021-0028.

67

68

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

nivel

mundial.69

13

En

Puerto

Rico

nuestra

Carta

Magna

sabiamente reconoce que el “poder político emana del pueblo

y se ejercerá con arreglo a su voluntad”.70

Para

viabilizar

Constituyente

esa

encomendó

a

voluntad,

la

la

Asamblea

Asamblea

Legislativa

a

disponer por ley “todo lo concerniente al proceso electoral

y de inscripción de electores, así como lo relativo a los

partidos

políticos

y

candidaturas.”71

No

obstante

esta

delegación, se le advierte que “[l]as leyes garantizarán la

expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio

universal,

igual,

ciudadano

contra

directo

toda

y

secreto,

coacción

en

y

el

protegerán

ejercicio

de

al

la

prerrogativa electoral”.72

Con este mandato constitucional presente, la Asamblea

Legislativa aprobó la Ley Núm. 58-2020, conocida como el

Código

Electoral

de

Puerto

Rico

de

2020

(Código

Electoral).73

El Código Electoral, supra, es la actual ley especial

que rige en Puerto Rico en materia de derecho electoral.

Este Código derogó el anterior Código Electoral de 2011,

infra. Entre sus principales propósitos se encuentra el de

“[e]mpoderar a los electores facilitando su acceso a los

procesos relacionados con el ejercicio de su derecho al

Exposición de motivos, Código Electoral

2020, Ley Núm. 58 de 20 de junio de 2020.

70 Art. I, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

71 Art. IV, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

72 Art. II, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

73 16 LPRA sec. 4501, et seq.

69

de

Puerto

Rico

de

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

voto".74

A

su

vez,

14

coloca

al

elector

como

“el

eje

y

protagonista” del sistema electoral, sin limitaciones ni

condiciones

procesales

que,

irrazonablemente

menoscaben,

limiten o compliquen su ejercicio al voto y su derecho a

ser

aspirante

o

candidato

a

cualquier

cargo

electivo,

siempre que cumpla con los requisitos constitucionales y

aquellos dispuestos en esta Ley.75

Precisamente,

en

aras

de

garantizar

la

voluntad

política del pueblo, es que este Código Electoral, supra,

contempla

un

mecanismo

para

impugnar

los

procesos

electorales bajo circunstancias extraordinarias.

B. Impugnación de Elección bajo el Código Electoral

Para impugnar el resultado de una elección, el Art.

10.15

del

Código

Electoral,

supra,76

dispone

el

proceso

siguiente:

Cualquier Candidato que impugnare la elección de

otro, deberá presentar ante el Juez en la Sala de la

Región Judicial de San Juan designada de conformidad

con el Capítulo XIII de esta Ley, y dentro de los diez

(10) días siguientes a la fecha de notificación de la

certificación de elección para cada cargo público

electivo en el escrutinio general, un escrito,

exponiendo

bajo

juramento

las

razones

en

que

fundamenta su impugnación, las que deberán ser de tal

naturaleza que, de probarse, bastarían para cambiar el

resultado de la elección.

Una

copia

fiel

y

exacta

del

escrito

de

impugnación será notificada al Candidato impugnado y

se le entregará personalmente, dentro de los cinco (5)

días siguientes a su presentación.

El Candidato cuya elección fuese impugnada,

tendrá que presentar ante el Tribunal una contestación

bajo juramento, dentro de los diez (10) días

Exposición de Motivos,

2020, supra.

75 Íd.

76 16 LPRA sec. 4765.

74

Código

Electoral

de

Puerto

Rico

de

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

15

siguientes a la fecha en que recibiere la notificación

del escrito de impugnación y certificará haber

notificado y entregado personalmente copia de su

contestación al impugnador o a su representante legal.

Se entenderá que la persona cuya elección fue

impugnada acepta la impugnación como cierta de no

contestar en dicho término.

La

notificación,

escrito

y

contestación

prescritos en esta Ley, podrán ser diligenciados por

cualquier persona competente para testificar y se

diligenciarán

mediante

entrega

personal

a

las

respectivas partes, a sus representantes electorales,

conforme

a

lo

establecido

en

las

Reglas

de

Procedimiento Civil o en la residencia u oficina de la

persona a quien fueren dirigidas. A los fines de este

Artículo, el representante electoral de un candidato

por un partido político será el integrante de la

Comisión Local del precinto de su domicilio que

represente a su partido político.” (Énfasis suplido).77

El

fin

dramático:

que

persigue

exigirle

al

este

tribunal

remedio

(1)

solicitado

decidir

lo

que

es

el

pueblo ya decidió, o, en caso de este no poder decidirlo,

(2)

dejar

sin

efecto

democráticamente,

para

la

así

voluntad

del

convocarlos

pueblo,

a

que

ejercida

nuevamente

ejerzan su derecho fundamental al sufragio.78

Una lectura de las dos leyes electorales anteriores

revela que el lenguaje empleado por el Art. 10.15, del

Código Electoral, supra, para impugnar una elección se ha

mantenido

esencialmente

inalterado

desde

el

1977,

tanto

bajo el Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI,79

Íd. (Note que las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y en

particular, la Regla 4.4 sobre emplazamiento, no hacen mención de

“representantes electorales”. Además, del historial legislativo de la

Ley 58-2020 surge que durante el informe de conferencia fue insertada

la coma que separa “representantes electorales” de “conforme a lo

establecido en las Reglas de Procedimiento Civil”. Véase P. del S. 1314

de 10 de junio de 2019, 5ta Sesión Ordinaria, 18va Asamblea Legislativa,

pág. 413, línea 12(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)).

78 Art. 10.16, 16 LPRA 4766, supra.

79

Art. 10.016, Código Electoral para el Siglo XXI, supra:

“Cualquier candidato que impugnare la elección de otro deberá presentar

77

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

16

como bajo la anterior Ley Electoral de Puerto Rico, Ley

Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977.80

Y es precisamente sobre la Ley

Electoral de 1977,

supra, que este Tribunal tuvo la oportunidad de expresarse

ante el Juez o Jueza en la Sala de la Región Judicial de San

Juan designada de conformidad con el Capítulo IV de esta Ley dentro de

los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la

certificación de elección para cada cargo público electivo en el

escrutinio general, un escrito exponiendo bajo juramento las razones en

que fundamenta el mismo, las cuales deberán ser de tal naturaleza que

de probarse bastarían para cambiar el resultado de la elección. Una

copia fiel y exacta del escrito se entregará personalmente dentro de

los cinco (5) días siguientes a su presentación en la forma que más

adelante se provee. La persona cuya elección fuere impugnada tendrá

que presentar ante el tribunal una contestación bajo juramento dentro

de los diez (10) días siguientes a la fecha en que recibiere la

notificación del escrito y certificará haber enviado o entregado

personalmente copia de la misma al impugnador o a su representante

legal. Se entenderá que la persona cuya elección fuera impugnada acepta

la impugnación como cierta de no contestar en dicho término. La

notificación, escrito y contestación prescritos en esta Ley podrán ser

diligenciados por cualquier persona competente para testificar y se

diligenciarán mediante entrega personal a las respectivas partes, a sus

representantes electorales conforme a lo establecido en las Reglas de

Procedimiento Civil o en la residencia u oficina de la persona a quien

fueren dirigidas. A los fines de este artículo, el representante

electoral de un candidato por un partido político será el integrante de

la comisión local del precinto de su residencia que represente a su

partido político.” (Énfasis nuestro). 16 LPRA sec. 4206.

80

Art. 6.014 Ley Electoral de 1977, supra,: “Cualquier

candidato que impugnare la elección de otro deberá presentar ante el

Tribunal de Primera Instancia, dentro de los diez (10) días siguientes

a la fecha de notificación de la certificación de los resultados

electorales de cada posición en el escrutinio general, un escrito

exponiendo bajo y [sic] juramento las razones [sic] en que fundare el

mismo, las cuales deberán ser de tal naturaleza que, de probarse,

bastarían para cambiar el resultado de la elección. Copia fiel y exacta

del escrito, se entregará personalmente dentro de los cinco (5) días

siguientes a su radicación, en la forma que más adelante se provee.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que recibiere la

notificación del escrito, la persona cuya elección fuere impugnada

tendrá que radicar ante el Tribunal una contestación bajo juramento al

escrito del impugnador, entregándole a éste o a su representante legal,

copia de la misma, Disponiéndose que de no contestar en dicho término

se entenderá que acepta la impugnación como cierta. La notificación,

escrito y contestación prescritas en esta ley podrán ser diligenciadas

por cualquier persona competente para testificar, y se diligenciarán

entregándolas

personalmente

a

las

respectivas

partes,

a

sus

representantes electorales, o dejándoles con alguna persona mayor de

dieciséis años, en la residencia u oficina de la persona a quien fueren

dirigidas. A los fines de este Artículo, el representante electoral de

un candidato será el miembro de la Comisión Local del precinto de su

residencia que represente a su partido o su candidatura.” (Énfasis

nuestro).

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

17

previamente sobre el proceso de impugnación de elección.81

Por ejemplo, en Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1,

132

(1989),

este

Tribunal

aclaró

que

la

Ley

Electoral

“concede al Tribunal Superior jurisdicción original para

considerar

las

lacónico,

para

necesario

que

impugnaciones.

que

la

pueda

Aunque

precepto

es

la

impugnación

es

haya

certificado

los

instarse

Comisión

Estatal

el

resultados. Antes no puede incoarse la acción”.82 En ese

sentido,

la

certificación

validez

de

cada

Cuando

el

candidato

voto

de

esté

la

CEE

no

implica

definitivamente

derrotado

considere

que

la

adjudicada.83

que

ocurrieron

irregularidades que de probarse alterarían el resultado de

la elección, este puede instar una acción de impugnación

para cuestionar la validez de los votos que debían ser

contados

o

anulados.84

Además,

el

referido

Artículo

autorizaba la acción especial de impugnación únicamente al

candidato derrotado contra el candidato certificado; los

electores no eran acumulables como parte indispensable ni

necesaria.85

De

esta

manera,

los

Códigos

Electorales

que

han

sustituido a la Ley Electoral de 1977 han preservado esta

causa de acción ante el tribunal y, por consiguiente, su

81

Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 132 (1989)

(citando a Sánchez Fuentes v. C.E.E., 123 DPR 102 (1989), (opinión

concurrente y disidente, Juez Negrón García)).

82 Íd.

83 Íd.

84 Granados v. Rodríguez Estrada I, supra, pág. 132.

85 Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 635 (1989)

(Opinión disidente Negrón García, citando a Granados v. Rodríguez

Estrada I, supra).

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

18

normativa aplicable.86 De lo anterior queda meridianamente

claro que, para impugnar el resultado de una elección, el

proceso

a

seguir

es

mediante

una

reclamación

judicial

entablada ante el tribunal de primera instancia para que

este dilucide la controversia y adjudique derechos. Como

veremos, las reglas a seguir en las causas de acciones

civiles ante el tribunal son las Reglas de Procedimiento

Civil, infra.

Ahora bien, este Tribunal no se ha expresado sobre los

requisitos procesales particulares de la notificación y el

término

para

entablar

una

acción

de

impugnación

de

elección.

C. Reglas de Procedimiento Civil

Precisamente para canalizar las causas de acción ante

los tribunales de una forma que “garanticen una solución

justa, rápida y económica de todo procedimiento,” es que la

Asamblea Legislativa instituyó las Reglas de Procedimiento

Civil de 2009.87 De conformidad con las disposiciones del

Artículo V, Sección 6 de la Constitución de Puerto Rico,

Recientemente, en Rodríguez Ramos v. Comisión Estatal de

Elecciones, 2021 TSPR 03, págs. 43-44, el Juez Asociado señor Martínez

Torres disintió expresando que “[e]l peticionario en este caso impugnó

la adjudicación de ciertos votos que cree son contrarios a la ley. Para

impugnarlos, el peticionario debía cumplir con el Art. 10.15 de la Ley

Núm. 58-2020, conocida como el Código Electoral de Puerto Rico de 2020,

16 LPRA sec. 4765 (Código Electoral de 2020). Este dispone que la

acción de impugnación de la elección de un candidato nace una vez

concluido el escrutinio y una vez la Comisión emita la certificación de

elección del candidato que prevalece en la contienda, según se dispone

en el Art. 10.11 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4761. Es

conforme con esto que el aspirante afectado tendrá la oportunidad de

exponer bajo juramento las razones de su impugnación, “que deberán ser

de tal naturaleza que, de probarse, bastarían para cambiar el resultado

de la elección”. Art. 10.15 del Código Electoral de 2020, supra.”

87 Ley Núm. 220-2009, 32 LPRA Ap. V, R. 1.

86

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

este

Tribunal

19

primero

adoptó

y

remitió

a

la

Asamblea

Legislativa estas nuevas Reglas para el Tribunal General de

Justicia.88 Estas reglas son unas de avanzada que promueven

el

acceso

de

la

ciudadanía

viabilizar

la

agilidad

en

a

el

la

justicia

manejo

del

además

de

y

el

caso

en

trámite procesal.89 El alcance de estas Reglas es amplio y

abarcador, pues por su diseño,

el legislador

quiso que

aplicaren en “todos los procedimientos de naturaleza civil

ante el Tribunal General de Justicia”. (Énfasis suplido).90

Por lo tanto, como norma general, la aplicación de las

Reglas de Procedimiento Civil se debe presumir, salvo haya

una disposición de ley expresa al contrario.

D. Emplazamiento

En

reiteradas

emplazamiento

notifica

es

el

ocasiones

hemos

documento

mediante

a

una

persona

reclamación

en

su

sobre

contra

ante

la

expresado

el

el

se

le

de

una

cual

presentación

los

que

tribunales.91

Hemos

puntualizado que este mecanismo procesal es “parte esencial

del debido proceso de ley, pues su propósito principal es

notificar

a

la

parte

demandada

que

judicial

en

su

contra.

De

manera,

esta

existe

la

una

acción

parte

puede

comparecer en el procedimiento, ser oído y presentar prueba

In re Aprobación Rs. Proc. Civil, 176 DPR 673 (2009).

Exposición de motivos, P. de la C. 2249 Ley Núm. 220-2009.

90 Íd.

91

Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017);

Quiñones Román v. Compañía ABC, 152 DPR 367 (2000); Márquez v. Barreto,

143 DPR 137, 143-144 (1997).

88

89

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

20

a su favor”.92 A través del emplazamiento, además, se le

informa al demandado la cantidad de días que tendrá para

presentar su contestación a la reclamación y se le apercibe

de

las

consecuencias

que

tiene

el

no

comparecer

a

defenderse.93

En lo pertinente a esta controversia, la Regla 4 de

las

de

Procedimiento

Civil

regula

el

proceso

de

emplazamiento de una acción civil.94 Así, esta requiere que

el

demandante

presente

un

formulario

de

emplazamiento

conjuntamente con la demanda, para su expedición inmediata

por

el

Secretario

o

Secretaria

del

tribunal.

Una

vez

expedido el emplazamiento por el Secretario, este se debe

diligenciar conjuntamente con la demanda.95 La Regla 4.3

indica

que

el

diligenciamiento

debe

ocurrir

dentro

de

ciento veinte (120) días de incoada la demanda. La Regla

Torres Zayas v. Montano Gómez, supra, pág. 467.

Regla 4.2. Forma: El emplazamiento deberá ser firmado por el

Secretario o Secretaria, llevará el nombre y el sello del tribunal, con

especificación de la sala, y los nombres de las partes, sujeto a lo

dispuesto en la Regla 8.1. Se dirigirá a la parte demandada y hará

constar el nombre, la dirección postal, el número de teléfono, el

número de fax, la dirección electrónica y el número del abogado o

abogada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de la parte demandante,

si tiene, o de ésta si no tiene abogado o abogada, y el plazo dentro

del cual estas reglas exigen que comparezca la parte demandada al

tribunal, apercibiéndole que de así no hacerlo podrá dictarse sentencia

en rebeldía en su contra concediéndose el remedio solicitado en la

demanda o cualquier otro, si el Tribunal, en el ejercicio de su sana

discreción, lo entiende procedente. 32 LPRA Ap. V, R. 4.2.

94

32 LPRA Ap. V, R. 4.1.

95 “El emplazamiento y la demanda se diligenciarán conjuntamente.

Al entregar la copia de la demanda y del emplazamiento, ya sea mediante

su entrega física a la parte demandada o haciéndolas accesibles en su

inmediata presencia, la persona que lo diligencie hará constar al dorso

de la copia del emplazamiento sobre su firma, la fecha, el lugar, el

modo de la entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la

entrega. El diligenciamiento se hará de la manera siguiente: (a) A una

persona mayor de edad, entregando copia del emplazamiento y de la

demanda a ella personalmente o a un(a) agente autorizado(a) por ella o

designado(a) por ley para recibir un emplazamiento.” 32 LPRA Ap. V. R.

4.4.

92

93

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

4.4

regula

el

21

proceso

del

diligenciamiento

del

emplazamiento incluyendo la persona quien lo puede realizar

y las personas a quien se tiene que emplazar en función de

la condición jurídica del demandado.96 No obstante, la regla

general

es

que

personalmente

y

el

que

demandado

sólo

por

debe

vía

de

ser

emplazado

excepción

según

disponen estas Reglas de Procedimiento Civil.97

El “diligenciamiento” del emplazamiento trata de la

entrega formal de este documento a la parte demandada. Como

norma

general,

se

realiza

mediante

entrega

personal.98

Primero, la persona que lleve a cabo el diligenciamiento

deberá entregarle al demandado (1) una copia del documento

de emplazamiento y (2) una copia de la Demanda. (Énfasis

suplido).99 Luego, “hará constar al dorso de la copia del

emplazamiento su firma, la fecha, el lugar, el modo de la

entrega y el nombre de la persona a quien se

entrega”.100

Por

último,

presentará

en

el

hizo la

Tribunal

la

constancia de haberlo hecho.101

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Lucero

v. San Juan Star, 159 DPR 494, 517 (2003); Quiñones Román v. Cía. ABC,

152 DPR 367 (2000); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997); Pou v.

American Motors Corp., 127 DPR 810, 819 (1991); Granados v. Rodríguez

Estrada II, 124 D.P.R. 593, 610 (1989); Rodríguez v. Nasrallah, 118

D.P.R. 93, 98 (1986).

97

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho

Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2017, Sec. 2005,

pág. 261.

98

Regla

4.4.

Emplazamiento

personal.

Véase

Regla

4.6.

Emplazamiento mediante edictos y su publicación.

99

Regla 4.4. Emplazamiento personal: El emplazamiento y la

demanda se diligenciarán conjuntamente, supra.

100 Íd.

101 Regla 4.7.

96

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

La

prueba

del

22

diligenciamiento

se

refiere

a

la

constancia que, en virtud de la Regla 4.4 de Procedimiento

Civil, supra, debe hacer la persona diligenciante al dorso

del diligenciamiento del emplazamiento.102 Esto consiste en

presentar en la Secretaría del Tribunal el

emplazamiento donde, por detrás, […], ésta

declara bajo juramento que [cumple con los

requisitos

para

ser

diligenciante].

Adicionalmente,

certifica

que

diligenció

el

emplazamiento

y

la

demanda

en

una

fecha

específica, haciendo constar si fue mediante

entrega personal de la parte demandante y su

dirección física […]. (Énfasis suplido).103

E. Cómputo de Términos

Respecto al cómputo de los términos aplicables, la Regla

68.1

de

Procedimiento

Civil,

supra,

dispone

de

forma

general que

En el cómputo de cualquier término concedido

por estas reglas, o por orden del tribunal o por

cualquier estatuto aplicable, no se contará el

día en que se realice el acto, evento o

incumplimiento después del cual el término fijado

empieza a transcurrir. El último día del término

así computado se incluirá siempre que no sea

sábado,

domingo

ni

día

de

fiesta

legal,

extendiéndose entonces el plazo hasta el fin del

próximo día que no sea sábado, domingo ni día

legalmente feriado. También podrá suspenderse o

extenderse

cualquier

término

por

causa

justificada cuando el Tribunal Supremo de Puerto

Rico lo decrete mediante resolución. Cuando el

plazo concedido sea menor de siete (7) días, los

sábados,

domingos

o

días

de

fiesta

legal

intermedios se excluirán del cómputo. Medio día

102 J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes

en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 369.

103 Cuevas Segarra, supra, pág. 369.

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

feriado se

totalidad.104

Por

elección

otra

23

considerará

como

feriado

una

parte,

para

entablar

oportunamente

bajo

el

actual

en

su

impugnación

Código

de

Electoral,

supra, es indispensable tener presente que el “cómputo de

los términos expresados en esta Ley se aplicará según las

Reglas

de

Procedimiento

Civil

de

Puerto

Rico

vigentes,

excepto aquellos términos específicos dispuestos en esta

Ley”. (Énfasis suplido).105

F. Debido Proceso de Ley

Sabido

es

que,

en

nuestro

emplazamiento

“representa

proceso

ley

de

que

el

sistema

paso

viabiliza

adversativo,

inaugural

el

del

ejercicio

el

debido

de

la

jurisdicción judicial”.106 Es decir, es el medio a través

del cual los tribunales adquieren jurisdicción sobre la

persona del demandado de forma tal que el emplazado quede

obligado

por

Anteriormente

el

dictamen

hemos

que

expresado

finalmente

se

que

emplazamiento

el

emita.107

contempla una dualidad de propósitos: notificar a la parte

demandada

reclamación

en

un

pleito

judicial

en

civil

su

que

se

ha

instado

una

contra,

y

garantizarle

su

derecho a ser oído y a defenderse.108 Es por esto que, en su

tratado de Procedimiento Civil el profesor Hernández Colón

32 LPRA Ap. V, R. 68.1.

Art. 2.4 del Código Electoral, supra, 16 LPRA sec. 4504.

106

Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997); Reyes v.

Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 22 (1993); Pagán v. Rivera

Burgos, 113 DPR 750, 754 (1983).

107 Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997).

108 Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Banco

Central Corp. v. Capitol Plaza, 135 DPR 760, 763 (1994).

104

105

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

nos explica que

campo

del

24

el emplazamiento, “se mueve dentro del

Derecho

Constitucional”,

pues

“el

acto

de

emplazar a un demandado es un imperativo constitucional del

debido proceso de ley”.109

Por otro lado, los requisitos del emplazamiento son de

cumplimiento

estricto

y

su

adecuado

diligenciamiento

constituye un imperativo constitucional del debido proceso

de ley. 110 Por ello, todo demandado tiene el derecho a ser

emplazado

“conforme

a

derecho

y

existe

en

nuestro

ordenamiento una política pública de que la parte demandada

debe ser emplazada debidamente para evitar el fraude y que

se utilicen procedimientos judiciales con el propósito de

privar a una persona de su propiedad sin el debido proceso

de ley”. (Énfasis suplido).111 Esta política pública impone

todas las exigencias y requisitos sobre los hombros del

demandante, no sobre los del demandado.112

En ese contexto, nuestro ordenamiento constitucional

prohíbe

que

una

persona

sea

privada

de

su

libertad

o

propiedad sin el debido proceso de ley.113 En su vertiente

propiamente procesal, el debido proceso de ley requiere

que,

de

verse

afectado

algún

derecho

de

propiedad

o

libertad de un ciudadano, este tendrá acceso a un proceso

R. Hernández Colón, op. cit., pág. 257.

Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000). Véase,

además, Sánchez Rodríguez v. Administración de Corrección, 177 DPR 714

(2009).

111 First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916

(1998).

112 Íd.

113 Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

109

110

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

que

se

25

adherirá

a

los

principios

de

justicia

e

imparcialidad.114

Es norma de fuerte arraigo constitucional que la falta

del diligenciamiento de un emplazamiento, además de ser una

violación

al

debido

proceso

de

ley,

priva

a

los

foros

judiciales de adquirir jurisdicción sobre una persona e

invalida cualquier dictamen judicial en su contra.115

Por otro lado, hemos reiterado que la jurisdicción es

“el poder o autoridad de un tribunal para considerar y

decidir

casos

o

controversias”.116

En

particular,

la

jurisdicción sobre la persona es “[e]l poder del tribunal

para sujetar a una parte a su decisión”.117 Es decir, es la

autoridad

del

obligatoria

foro

para

judicial

las

partes

para

“emitir

declarando

una

sus

decisión

respectivos

derechos y obligaciones”.118

Los tribunales están llamados a ser celosos guardianes

de su jurisdicción.119 Este es el primer asunto que estamos

obligados a considerar, ya que los asuntos jurisdiccionales

son de naturaleza privilegiada y deben ser resueltos con

preferencia a cualquier otro.120

Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, 133 DPR 881 (1993).

Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462 (2019);

Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 30 (2014); In re Rivera

Ramos, 178 DPR 651, 666-667 (2010); Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480

(2005); Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).

116 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).

117 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 691

(2012).

118 Íd.

119 Dávila Pollock et al. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011).

120 Cruz Parilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012).

114

115

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

26

En ese sentido, hemos reiterado como norma que con

relación a la jurisdicción sobre la persona del demandado,

el

tribunal

utilizando

puede

adquirirla

adecuadamente

emplazamiento

provistos

de

los

en

dos

(2)

mecanismos

las

Reglas

de

maneras:

“(1)

procesales

de

Procedimiento

Civil, o (2) mediante la sumisión voluntaria de la parte

demandada

a

la

jurisdicción

del

tribunal”.121

En

ese

sentido, y en ausencia de una sumisión voluntaria a la

jurisdicción

del

tribunal,

los

tribunales

adquieren

jurisdicción sobre la persona del demandado una vez se

realiza el diligenciamiento del emplazamiento. Por ello,

“no

es

hasta

que

se

diligencia

el

emplazamiento

y

se

adquiere jurisdicción que la persona puede ser considerada

propiamente parte […]”.122

Precisamente, y en aras de salvaguardar el derecho al

debido proceso de ley en su vertiente procesal, es que la

Asamblea

Legislativa

incorporó

el

mecanismo

del

emplazamiento dentro de las Reglas de Procedimiento Civil,

supra,

para

que

una

parte

demandada,

si

así

lo

desea,

ejerza su derecho a comparecer en el juicio, ser oído y

presentar

exigencia

prueba

a

procesal

su

favor.123

permite

En

al

consecuencia,

tribunal

esta

adquirir

Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142–44 (1997).

Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017).

123 Quiñonez Román v. Compañía ABC, 152 DPR 367 (2000); Banco

Popular v. Negrón Barbosa, 164 DPR 855 (2005).

121

122

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

27

jurisdicción sobre la persona del demandado, quien quedará

obligado por el dictamen que se emita eventualmente.124

Con

el

Administración

mismo

ánimo,

de

Tribunales

los

también

(OAT)

la

Oficina

de

ha

desarrollado

varios formularios de emplazamiento publicados en el nuevo

portal electrónico del Poder Judicial, a utilizar según la

causa de acción.125 No obstante, todos estos emplazamientos

gozan de elementos comunes esenciales al debido proceso de

ley, entiéndase,

información que identifica a las partes,

el número y materia del caso, la sala y competencia del

tribunal que lo atiende, y una nota apercibiéndole a la

parte

emplazada

que

deberá

presentar

una

alegación

responsiva dentro de cierto término y que de lo contrario

el

tribunal

podrá

dictar

una

sentencia

en

su

contra

y

conceder el remedio solicitado en la demanda.126

G. Hermenéutica

La función de los tribunales es interpretar la ley,

sin juzgar su bondad o sabiduría.127 Todas las leyes pueden

requerir

alguna

catalogamos

como

interpretación,

aún

aquellas

cuyo

‘clarísimo’.128

Al

interpretar

una

texto

ley,

Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143-144 (1997).

Poder Judicial,

https://www.poderjudicial.pr/index.php/formularios/(última visita, 1 de

marzo de 2021)

126 Véase OAT-1578 Emplazamiento (Rev. Junio 2015), Reglas de

Procedimiento Civil de

2009.https://www.poderjudicial.pr/index.php/formularios/(última visita,

1 de marzo de 2021).

127 Brau Linares v. ELA, 190 DPR 315, 337 (2014); Corraliza v.

Bco. Des. Eco., 153 DPR 161, 176 (2001); Famania v. Corp. Azucarera de

P.R., 113 DPR 654 (1982).

128 Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR 230, 249 (2009); Otero de

Ramos v. Srio. De Hacienda, 156 DPR 876, 883-884 (2002).

124

125

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

"hay

una

regla

de

28

interpretación

que

es

absolutamente

invariable y esta es que debe descubrirse y hacerse cumplir

la verdadera intención y deseo del poder legislativo”.129 Es

obligación de los tribunales armonizar, hasta donde sea

posible, todas las disposiciones de ley inherentes al caso,

con miras a lograr un resultado sensato, lógico y razonable

que represente la intención del legislador.130 Por esto, los

tribunales no pueden hacer una lectura aislada de porciones

de una ley,131 sino que deben leerla y considerarla en el

contexto de la totalidad de la legislación de la cual es

parte.132

No

obstante

la

separación

de

poderes,

“[e]l

profundo respeto que nos merece la intención del legislador

nos

obliga

en

determinadas

ocasiones

a

suplir

las

inadvertencias en que éste pueda haber incurrido”.133

III

En el caso ante nuestra consideración, el peticionario

sostiene que erró el Tribunal de Apelaciones al concluir

que en una Impugnación de Elección bajo el Art. 10.15 del

Código Electoral no es necesario emplazar conforme a la

Regla 4.4 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y en

su

consecuencia,

presentado

es

la

mera

suficiente

entrega

para

que

personal

el

del

recurso

tribunal

adquiera

129 Dorante v. Wrangler de PR, 145 DPR 408, 417 (1998)(citando a

R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las

leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, págs. 241-242.)

130 Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 DPR 85, 94 (1961); García

Commercial v. Srio. de Hacienda, 80 DPR 765, 774-775 (1958).

131 Brau Linares v. ELA, supra, pág. 339.

132 Consejo Titulares v. DACo, 181 DPR 948 (2011).

133 Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 548 (1999)(citando a

Hull Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 82 DPR 77, 84 (1961)).

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

29

jurisdicción In Personam sobre el candidato impugnado. Por

los

fundamentos

jurídicos

enunciados

tenemos

la

firme

convicción que este error se cometió. Veamos.

En apretada síntesis, el peticionario arguye en su

recurso que la controversia de este caso se enmarca en un

planteamiento constitucional. Este aduce que la figura del

emplazamiento

es

el

proceso

ley

que

de

primer

paso

el

debido

el

ejercicio

de

de

nuestro

sistema

Art.

10.15

Código

que

la

judicial

dentro

adversativo.134

Sostiene

que

expresamente

con

viabiliza

jurisdicción

Electoral

cónsono

el

establece

del

la

notificación,

escrito y contestación prescritos en esta Ley, deben ser

diligenciados conforme a lo establecido en las Reglas de

Procedimiento Civil, supra. En ese sentido, esboza que la

“notificación” a la que se refiere el Art. 10.15, es al

“emplazamiento” del escrito de impugnación de elección.

Por otro lado, el recurrido afirma en su Alegato, que

el Art. 10.15 del Código Electoral únicamente requiere que

se

notifique

recurso

de

mecanismo

personalmente

impugnación

para

adquirir

al

de

candidato

elección

jurisdicción

impugnado

presentado

sobre

su

del

como

persona.

Aduce que la notificación que exige el Código Electoral, se

refiere a la entrega personal del escrito de impugnación al

candidato

impugnado,

pues

esta

por

sí

sola,

es

una

notificación suficiente, que cumple con los requerimientos

134

Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

básicos

del

debido

30

proceso

de

ley.

Este

afirma

que

el

proceso de impugnación de una elección al amparo del Código

Electoral

es

una

de

las

Asamblea

Legislativa

intencionalmente

mecanismo

alterno

adquirir

para

instancias

en

las

cuales

la

estableció

un

jurisdicción

sobre

la

persona, entiéndase, la notificación personal del recurso

de impugnación al candidato impugnado. Además, plantea que

así lo razonó el legislador debido a la naturaleza sui

generis

de

un

recurso

de

impugnación

de

elección

que

incorpora un esquema procesal especial mediante el cual la

Asamblea Legislativa optó por acortar los términos y, a la

vez, “flexibilizar el mecanismo para adquirir jurisdicción

sobre la persona del demandado”. Este esboza

que, como

consecuencia, y por diseño legislativo, la Regla 4.4 de

Procedimiento Civil se torna inaplicable a los recursos de

impugnación de elección bajo el Código Electoral.

Comenzamos por resaltar que “la entrega de la demanda

es

insuficiente

para

completar

el

diligenciamiento

del

emplazamiento. Debe entregársele al demandado también copia

del

emplazamiento,

pues

la

Regla

4.4

requiere

que

el

emplazamiento y la demanda se diligencien conjuntamente. El

conocimiento del demandado del litigio no cura los defectos

del

diligenciamiento”.

suplido).135

En

el

caso

(Citas

ante

omitidas)

nuestra

(Énfasis

consideración,

la

demanda es el “escrito de impugnación de elección” y el

135

Cuevas Segarra, op. Cit., pág. 324.

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

31

emplazamiento es la “notificación”, conforme surge del Art.

10.15 del Código Electoral, supra. Nos explicamos.

De

una

lectura

textual

del

Art.

10.15

sobre

impugnación de elección se establece que

Una copia fiel y exacta del escrito de

impugnación

será

notificada

al

Candidato

impugnado y se le entregará personalmente, dentro

de

los

cinco

(5)

días

siguientes

a

su

presentación.

El Candidato cuya elección fuese impugnada,

tendrá que presentar ante el Tribunal una

contestación bajo juramento, dentro de los diez

(10) días siguientes a la fecha en que recibiere

la notificación del escrito de impugnación y

certificará

haber

notificado

y

entregado

personalmente

copia

de

su

contestación

al

impugnador o a su representante legal. […]

La notificación, escrito y contestación

prescritos en esta Ley, podrán ser diligenciados

por cualquier persona competente para testificar

y se diligenciarán mediante entrega personal a

las respectivas partes, a sus representantes

electorales, conforme a lo establecido en las

Reglas de Procedimiento Civil o en la residencia

u oficina de la persona a quien fueren dirigidas.

(Énfasis suplido).136

Según se desprende de este Art. 10.15 del Código Electoral,

supra,

se

entiéndase:

mencionan

(1)

contestación a

el

tres

(3)

escrito

este escrito; y

documentos

de

distintos,

impugnación;

(3) la

(2)

la

notificación del

escrito de impugnación. Asimismo, en el último párrafo, se

hace

referencia

mencionados,

para

conjuntamente

indicar

que

a

los

estos

tres

serán

documentos

diligenciados

conforme a lo establecido en las Reglas de Procedimiento

Civil, supra, o en la residencia u oficina de la persona a

quien fueren dirigidas. En ese sentido, esta disposición

136

Art. 10.15, Código Electoral, supra.

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

legal

sujeta

el

32

diligenciamiento

de

estos

tres

(3)

documentos a las Reglas de Procedimiento Civil, supra. De

manera que, al armonizar este estatuto con lo dispuesto en

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, la regla a la

cual

se

alude

Procedimiento

aquí

Civil,

es

claramente

supra,

sobre

la

Regla

4

de

emplazamientos.

Una

conclusión en contrario se separaría claramente de lo que

textualmente

este

notificación

del

artículo

escrito

exige.

de

Esto

impugnación

es,

que

la

tiene

que

ser

diligenciado conforme con la Regla 4.4 de Procedimiento

Civil,

supra,

es

decir,

mediante

el

mecanismo

del

emplazamiento.137

De esta forma, cuando el Código Electoral, supra, hace

alusión a una “notificación”, a lo que se refiere es al

mecanismo procesal exigido por el debido proceso de ley

para poner en conocimiento al demandado de la reclamación

pendiente en su contra y que pueda tener los elementos de

juicio

para

decidir

cómo

desea

responder

a

ella.

Es

precisamente esto lo que hace el emplazamiento. Tal como

De

manera

ilustrativa,

nos

parece

persuasivo

que

específicamente sobre el requisito de emplazar a un candidato

impugnado, en Ramos Hernández v. Comisión Estatal De Elecciones,

KLCE20101679 (TA 2010), el Tribunal de Apelaciones resolvió que “la

persona que interesa impugnar la elección de un candidato y por

consiguiente, su certificación, tiene que presentar su recurso en el

Tribunal de Primera Instancia de acuerdo a los términos y el trámite

que establece la ley y las Reglas de Procedimiento Civil, las cuales

regulan los procesos civiles en nuestros Tribunales. Esto incluye el

emplazamiento a las personas o entidades contra las que se reclama,

conforme a la Regla 4 de Procedimiento Civil, a fin de que el TPI pueda

ejercer su jurisdicción sobre esas partes”. Esto, al interpretar el

Art. 6.014 de la derogada Ley Electoral de Puerto Rico, supra

(disposición análoga al Art. 10.15 del actual Código Electoral, supra),

el cual requería que “[l]a parte promovente tendrá la responsabilidad

de notificar copia del escrito de revisión a la Comisión Estatal y a

cualquier parte afectada.”

137

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

33

hemos expresado, “el nombre no hace la cosa”.138 De modo

que, “[e]s el emplazamiento o una notificación el mecanismo

procesal mediante el cual el tribunal hace efectiva su

jurisdicción

y

le

reclamación

en

su

informa

al

demandado

contra.139

El

que

existe

una

⎯o

la

emplazamiento

notificación correspondiente⎯, es el vehículo procesal que

brinda el paso inaugural del debido proceso de ley que

viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial. Valga

la ocasión resaltar, que “[e]l emplazamiento es un acto

complejo y rodeado de tecnicismos […]” que “[s]on reglas o

normas de carácter impositivo”, “de las cuales no se puede

dispensar”

y

“a

las

cuales

hay

que

dar

estricto

cumplimiento”.140

Por

lo

tanto,

improcedente

la

interpretemos

que,

resulta

forzoso

pretensión

del

por

usarse

en

concluir,

que

es

recurrido

de

que

la

palabra

ley

la

“notificación” en lugar de la palabra “emplazamiento”, de

esta manera el legislador “flexibilizó” un requisito de

estirpe constitucional⎯del debido proceso de ley⎯ exigido

en toda acción judicial. Independientemente del título que

se le asigne, proveerle a la parte demandada el escrito que

propiamente le notifica sobre la reclamación en su contra y

que le apercibe de las consecuencias de no comparecer, es

una exigencia del debido proceso de ley. No hay duda que la

Roig Pou v. Registro Demográfico de Puerto Rico, 203 DPR 346,

364 (2019).

139 Cuevas Segarra, op. cit., pág. 301.

140 R. Hernández Colón, op. cit., pág. 257.

138

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

34

parte demandada tiene derecho a que el emplazamiento cumpla

con el rigor que exige la cláusula del debido proceso de

ley. Por consiguiente, la parte demandante está impedida de

flexibilizar

unilateralmente

los

requisitos

del

emplazamiento por mecanismos menos rigurosos y de forma

acomodaticia.

Tal

pretensión

ordenamiento

jurídico

y

es

impermisible

atentaría

contra

en

las

nuestro

garantías

mínimas que imperan en nuestro diseño constitucional.

En

vista

de

que

el

peticionario

no

se

sometió

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, procedía

utilizar adecuadamente el mecanismo de emplazamiento para

que el tribunal adquiriese jurisdicción sobre su persona.

En el presente caso, el recurrido presentó la demanda de

Impugnación de Elección el 14 de enero de 2021. El 17 de

enero de 2021, solo le diligenció al peticionario la Orden

de mostrar causa emitida por el TPI, y la copia del escrito

de impugnación. Por lo tanto, el recurrido incumplió con lo

dispuesto en el Artículo 10.15 sobre el diligenciamiento de

la notificación del escrito de impugnación, que no es otra

cosa que el diligenciamiento del emplazamiento. Es decir,

no le entregó el documento de emplazamiento que le notifica

al peticionario que se instó un pleito en su contra, y el

término que tiene para contestar la demanda, entre otras

advertencias exigidas por el debido proceso de ley. Sobre

este

punto,

debe

advertirse

“que

la

omisión

de

esta

advertencia [del plazo para contestar la demanda] acarrea

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

la

nulidad

proceso

35

del

emplazamiento

ley

por

de

falta

por

de

infracción

al

notificación

debido

adecuada”.

(Énfasis suplido).141 En el presente caso, ninguno de los

documentos entregados al momento de diligenciarse la Orden

de Mostrar Causa surge la advertencia del plazo que tenía

el peticionario para contestar la demanda. Es pertinente

distinguir

que

la

advertencia

que

hizo

el

TPI

al

peticionario en la Orden de Mostrar Causa solo fue a los

efectos de contestar precisamente esa Orden, mas no así, el

plazo que tiene el peticionario para contestar la demanda,

lo cual es el requisito indispensable para una notificación

adecuada conforme al debido proceso de ley.

Ante esa realidad fáctica, el 20 de enero de 2021, el

TPI le notificó

evidencia

del

al recurrido que solo había presentado

diligenciamiento

de

la

Orden

de

mostrar

causa, mas no así de los correspondientes emplazamientos

sobre el escrito de Impugnación de Elección. No obstante,

ese

mismo

día

expidieran

los

el

recurrido

solicitó

correspondientes

al

tribunal

que

emplazamientos.

Sin

embargo, no fue hasta el día siguiente, es decir, el 21 de

enero de 2021, que lo diligenció, de forma inoficiosa, al

Lcdo.

Israel

O.

Alicea

Ahora

bien,

aun

bajo

el

Luciano,

funcionario

supuesto

de

que

el

municipal.

recurrido

diligenció estos emplazamientos dentro del término provisto

en el Art. 10.15 del Código Electoral, supra, lo hizo de

141

R. Hernández Colón, op. cit., pág. 261-262.

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

36

manera defectuosa. Pues, no olvidemos que esta disposición

exige que la “notificación, escrito y contestación” “se

diligenciarán

mediante

entrega

personal”

al

candidato

impugnado.

Por otro lado, el hecho que el recurrido diligenciara

los

emplazamientos

consecuencia

que

el

21

de

enero

los

diligenciara

de

2021

fuera

tuvo

del

como

término

establecido en el Art. 10.15 del Código Electoral, supra.

Es decir, para

que el recurrido hubiera podido cumplir

cabalmente con

el término específico de cinco

(5) días

siguientes a la presentación del escrito de Impugnación de

Elección,

tenía

hasta

el

19

de

enero

de

2021

para

diligenciar los emplazamientos del escrito de Impugnación

de

Elección.

Sin

embargo,

no

fue

hasta

siete

(7)

días

después de presentada la demanda de Impugnación de Elección

que diligenció la notificación correspondiente al candidato

impugnado. Por lo tanto, el TPI en su sentencia determinó

correctamente

inoficioso

que

por

el

emplazamiento

haberse

realizado

al

peticionario

fuera

del

fue

término

establecido en el Art. 10.15 del Código Electoral, supra.142

En vista de lo anterior, el recurrido plantea que, de

este Tribunal entender la aplicación de la Regla 4.4 de

Procedimiento Civil, supra, a la controversia de autos,

entonces corresponde aplicar la Regla 68.1 de Procedimiento

A su vez, el TPI hizo constar en una nota al calce que el

emplazamiento al aquí compareciente fue inoficioso por haberse

diligenciado a través del Director de la Oficina de Asuntos Legales del

Municipio de San Juan, el 21 de enero de 2021.

142

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

37

Civil, supra, que regula el cálculo de términos menores de

siete

(7)

días.

Como

previamente

expusimos,

esta

regla

dispone de forma general cómo se computarán los términos

que conceden las Reglas de Procedimiento Civil, supra, o

los estatutos aplicables, y señala que “[c]uando el plazo

concedido

sea

menor

de

siete

(7)

días,

los

sábados,

domingos o días de fiesta legal intermedios se excluirán

del cómputo”.143

No

obstante,

el

término

de

cinco

(5)

días

que

establece el Art. 10.15 del Código Electoral, supra, es un

término específico. Esto surge del propio texto de la ley

especial. De forma pertinente, el Artículo 2.4 del Código

Electoral, supra, dispone que “[e]l cómputo de los términos

expresados en esta Ley se aplicará según las Reglas de

Procedimiento

Civil

de

Puerto

Rico

vigentes

excepto

aquellos términos específicos dispuestos en esta Ley”.144

Conforme con lo anterior, este Tribunal ha reiterado

como principio básico en la interpretación de estatutos que

una

disposición

de

carácter

especial

sobre

la

materia

prevalece sobre una de carácter general.145 Además, hemos

expresado

que

“al

interpretar

una

disposición

legal

específica debemos evaluar las diferentes secciones de la

ley en que ubica y relacionarlas las unas con las otras,

para,

dentro

del

contexto

general

en

que

han

sido

Regla 68.1 32 LPRA Ap. V.

Código Electoral, supra.

145

Carlos M. Suárez Molina Recurrido v. Comisión Local de

Elecciones de Cataño, 2020 TSPR 129, citando a Pueblo v. Plaza Plaza,

199 DPR 276, 285-286 (2017).

143

144

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

38

redactadas, atribuirles el sentido que mejor responda a lo

que se ha querido obtener con su aprobación”.146 A tenor con

lo antes mencionado y en el contexto del presente caso, lo

que

esto

significa

es

que

el

Código

Electoral

es

un

estatuto especial sobre la materia y que al analizar sus

distintas secciones, específicamente el Artículo 2.4, se le

puede

atribuir

lo

que

se

ha

querido

obtener

con

su

aprobación, que en este caso no es otra cosa que clasificar

el

término

de

los

cinco

10.15

del

(5)

días

como

un

término

Electoral,

supra,

específico.

El

Art.

Código

expresamente establece que “[u]na copia fiel y exacta del

escrito

de

impugnación

será

notificada

al

Candidato

impugnado y se le entregará personalmente, dentro de los

cinco (5) días siguientes a su presentación”. Es decir,

expresamente establece que dentro de los cinco (5) días

siguientes a su

presentación es que será notificada al

candidato impugnado una copia de la demanda de Impugnación

de

Elección.

término

Por

lo

tanto,

al

legislador

de

cinco

(5)

días

específico

y

calificar

el

particularmente

añadirle la frase “dentro de los cinco (5) días siguientes

a

su

presentación”

enmarcó

la

ininterrupción

razón,

que

no

de

este

término específico.

Es

por

esta

nos

convence

la

argumentación del recurrido en torno a la aplicación de la

146

Íd., pág. 9.

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

39

Regla 68.1 para calcular el término de los cinco (5) días

siguientes

a

notificación

su

del

presentación

escrito

de

para

diligenciar

impugnación

al

la

candidato

impugnado. Esto, pues el legislador, conscientemente y de

manera inequívoca, excluyó la aplicación de las Reglas de

Procedimiento

Civil,

supra,

de

los

términos

específicos

mencionados en esta ley. De igual forma, al denominar el

término específico y calificarlo con la frase “dentro de

los

cinco

(5)

días

siguientes

a

su

presentación”,

el

legislador dejó clara e inequívocamente su intención de no

permitir la interrupción de este término. Máxime cuando el

Código Electoral, supra, está predicado en consideraciones

de política pública y de un alto interés público, para que

estos asuntos se atiendan con celeridad.

En

vista

de

lo

que

precede,

este

Tribunal

debió

resolver que conforme al Art. 10.15 del Código Electoral,

supra,

es

necesario

diligenciamiento

del

cumplir

con

el

requisito

del

emplazamiento

de

la

de

demanda

Impugnación de Elección al candidato impugnado dentro del

término de cinco (5) días siguientes a su presentación. De

no

cumplirse,

salvo

que

el

demandado

se

someta

voluntariamente a su jurisdicción, el tribunal carece de

jurisdicción sobre su persona.

IV

Por todo lo anterior, disiento enérgicamente del curso

decisorio

tomado

en

este

caso.

En

su

lugar,

hubiera

AC-2021-27

cons. con AC-2021-28

40

expedido el recurso y revocado el dictamen del Tribunal de

Apelaciones. En consecuencia, reinstalaría la Sentencia del

Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda en

el presente caso por haberse incumplido con el término

establecido en el Código Electoral del 2020 para emplazar

al candidato impugnado.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado