Tribunal Supremo de Puerto Rico
Natal Albelo v. Romero Lugo
2021 TSPR 26
Poder Judicial de Puerto Rico
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Natal Albelo v. Romero Lugo
AC-2021-27 Cons. con AC-2021-28
Resolución del Tribunal con Votos Particulares de Conformidad y Voto Particular Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Manuel Antonio Natal Albelo, en su
capacidad de candidato a la
Alcaldía de San Juan por el
Movimiento Victoria Ciudadana
Recurrido
Certiorari
2021 TSPR 26
v.
Miguel A. Romero Lugo, en su
capacidad de candidato impugnado y
otros
Peticionarios
Número del Caso: AC-2021-27
Cons. AC-2021-28
Fecha: 3 de marzo de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel VI
Abogados de los peticionarios:
Miguel A. Romero Lugo
Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz
Lcda. Rosa Campos Silva
Lcdo. Simone Cataldi Malpica
Lcda. Sheila Torres Delgado
Lcdo. Carlos Santiago Tavarez
Comisionado Electoral
del Partido Nuevo Progresista
Lcdo. Francisco J. González Magaz
Abogados de los recurridos:
Comisión Estatal de Elecciones
Lcdo. Feliz R. Passalaqua Rivera
Lcdo. Jason Caraballo Oquendo
Manuel A. Natal Albelo
Lcdo. Manuel A. Rodríguez Banchs
Lcda. Tamara Sosa Pascual
Lcdo. Jorge Farinacci Fernós
Comisionado Electoral
del Partido Popular Democrático
Lcdo. Jorge Martínez Luciano
Lcdo. Emil Rodríguez Escudero
206 DPR ____
AC-2021-0027
cons. con AC-2021-0028
2
Comisionado Electoral
del Movimiento Victoria Ciudadana
Lcdo. José A. Rodríguez Jiménez
Materia: Resolución del Tribunal con
Conformidad y Voto Particular Disidente.
Votos
Particulares
de
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Manuel Antonio Natal Albelo,
en su capacidad de candidato a
la Alcaldía de San Juan por el
Movimiento Victoria Ciudadana
Recurrido
AC-2021-0027
Cons. con
AC-2021-0028
v.
Miguel A. Romero Lugo, en su
capacidad de candidato
impugnado y otros
Peticionarios
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2021.
El 19 de febrero de 2021, el Hon. Miguel A. Romero
Lugo (peticionario) presentó ante este Tribunal un recurso
de Apelación en el cual nos solicitó la revisión de una
Sentencia dictada el 15 de febrero de 2021, por el
Tribunal de Apelaciones (TA), la cual revocó una Sentencia
emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en el
caso Civil Núm. SJ2021CV00284. Ese mismo día, la
Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista, la
Lcda. Vanessa Santo Domingo-Cruz, presentó la Apelación
Núm. AC-2021-028. Tras examinar los escritos sometidos,
ordenamos la consolidación de ambos recursos.
Por otro lado, se le ordenó a la parte recurrida, el
Lcdo. Manuel Antonio Natal Albelo, para que compareciera
el lunes, 22 de febrero de 2021 en o antes de las 2:00
p.m. y se expresara sobre lo expuesto en los recursos
presentados. Oportunamente, la parte recurrida compareció
y presentó el escrito intitulado Alegato de Parte Apelada.
Asimismo, compareció el Hon. Francisco Rosado Colomer en
su carácter oficial como Presidente de la Comisión Estatal
de Elecciones mediante Escrito Exponiendo Posición de
Comisión Estatal de Elecciones.
Por su parte, también
compareció el Lcdo. Gerardo A. Cruz Maldonado, en su
capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido
Popular Democrático con el Alegato del Comisionado
Electoral del Partido Popular Democrático.
A su vez,
compareció el Lcdo. Olvin Valentín Rivera, en su capacidad
AC-2021-0027
cons. con AC-2021-0028
2
de Comisionado Electoral de Movimiento Victoria Ciudadana
con el Alegato en Oposición a Recursos de Apelación.
Examinados los recursos de Apelación previamente
consolidados, se acogen como Certiorari y se provee no ha
lugar.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
emite un Voto Particular de Conformidad. El Juez Asociado
señor Martínez Torres emite un Voto Particular de
Conformidad al que se une el Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emite
un Voto Particular de Conformidad al que se une la Jueza
Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo. El Juez Asociado señor Colón Pérez
emite un Voto Particular de Conformidad. El Juez Asociado
señor Rivera García emite un Voto Particular Disidente, al
que se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Manuel
Antonio
Natal
Albelo, en su capacidad
de
candidato
a
la
Alcaldía de San Juan
por
el
Movimiento
Victoria Ciudadana
Recurrido
AC-2021-27
cons. con
AC-2021-28
v.
Miguel A. Romero Lugo,
en
su
capacidad
de
candidato impugnado, y
otros
Peticionario
Voto Particular de Conformidad
Presidenta Oronoz Rodríguez.
emitido
por
la
Jueza
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2021.
Estoy de acuerdo con el curso de acción de este
Tribunal
al
acoger
ambos
recursos
como
certiorari
y
proveer No Ha Lugar. Según adelanté el 19 de febrero de
2021, el Tribunal de Apelaciones resolvió correctamente
esta controversia por lo que procedía que se declararan
No Ha Lugar los recursos presentados y que el trámite
continuara ante el Tribunal de Primera Instancia lo antes
posible.
En este caso, el foro primario adquirió jurisdicción
sobre el candidato impugnado, Hon. Miguel A. Romero Lugo,
mediante
una
notificación
adecuada
que
se
diligenció
conforme al Art. 10.15 del Código Electoral de Puerto
Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020. 16 LPRA sec. 4765. Exigir
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
una
segunda
notificación,
diligenciamiento
2
mediante
posterior
de
la
un
expedición
formulario
y
de
emplazamiento conforme a la Regla 4.4 de Procedimiento
Civil, según se pretendía con estos recursos, es un acto
redundante e irrazonable, y contrario al texto específico
de la ley especial, el Código Electoral de Puerto Rico de
2020, supra.
I.
La
jurisdicción
sobre
la
persona
está
inexorablemente atada al debido proceso de ley. Reyes v.
Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 21 (1993). Por eso,
la notificación conforme a derecho o el emplazamiento es
el paso inaugural del debido proceso de ley que permite
el
ejercicio
de
jurisdicción
por
el
tribunal
para
adjudicar derechos de una persona demandada. Íd., pág.
22; Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 366 (2002). En aras de
garantizar el derecho a un debido proceso de ley, hemos
resuelto que “el método para emplazar que se utilice debe
tener una probabilidad razonable de notificar o informar
al demandado sobre la acción entablada en su contra, de
forma tal que éste pueda comparecer a defenderse, si así
lo desea”. Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997).
(Énfasis suplido). Véase Quiñones Román v. CIA ABC, 152
DPR 367, 374 (2000).
En los procesos ordinarios y los extraordinarios, la
aclaración de lo que es una notificación adecuada como
método
de
emplazamiento,
no
es
de
nueva
creación.
De
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
3
hecho, existe legislación especial y normativa variada en
distintos
temas
que
provee
para
un
mecanismo
de
notificación en lugar del emplazamiento clásico, con una
razón de ser específica: promover procesos más expeditos
y
ágiles.
A
modo
ilustrativo,
en
las
acciones
sobre
obligación de prestar alimentos a menores al amparo del
Art. 15 de la Ley Orgánica de la Administración para el
Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 20 de diciembre de
1986, según enmendada, se notifica la acción mediante una
notificación-citación, junto con la copia de la petición,
diligenciada o notificada por la parte promovente. 8 LPRA
sec. 514. De igual manera, se utiliza la notificacióncitación
en
los
cuantías
pequeñas
Procedimiento
procedimientos
Civil
al
amparo
siempre
que
de
cobro
de
dinero
de
de
la
Regla
60
de
no
se
solicite
en
la
demanda tramitar el caso bajo el procedimiento ordinario.
32 LPRA Ap. V, R. 60. Asimismo ocurre con la notificación
de los recursos de injunction al amparo de la Regla 57.2
de Procedimiento Civil. Esa Regla exige la entrega de
copia de la orden junto con copia de la petición de
injunction a la parte adversa con el mismo efecto de la
entrega
y
diligenciamiento
del
emplazamiento
bajo
la
Regla 4.4 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 57.2.
Esas
acciones
tienen
en
común
que,
por
su
origen,
propósitos y naturaleza, se legisló un procedimiento ágil
y simple para lograr la facilitación del acceso a los
tribunales y la celeridad que esos asuntos ameritan.
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
4
Esa es la celeridad que caracteriza el trámite de
asuntos
electorales
como
estos.
En
particular,
la
naturaleza sui generis del proceso eleccionario rige la
forma mediante la cual se garantizará el debido proceso
de ley del candidato impugnado y cómo el foro primario
adquiere jurisdicción sobre su persona. A esos efectos,
el Art. 10.15 del Código Electoral de Puerto Rico de
2020, supra, es inequívoco al establecer lo siguiente:
“[u]na copia fiel y exacta del escrito de impugnación
será notificada al candidato impugnado y se le entregará
personalmente, dentro de los cinco (5) días siguientes a
su presentación”. 16 LPRA sec. 4765. (Énfasis suplido).
II.
En este caso, surge del expediente que el 14 de
enero de 2021, el candidato Manuel Natal Alvelo presentó
el recurso de impugnación ante el Tribunal de Primera
Instancia.1 El próximo día, el 15 de enero de 2021, el
foro primario dictó una Orden de Mostrar Causa (Orden)
junto con el formulario intitulado Diligenciamiento.2 El
17
de
enero
de
2021,
se
diligenció,
mediante
entrega
personal al candidato impugnado, Hon. Miguel A. Romero
Lugo, la Orden y una copia del escrito de impugnación. Lo
anterior,
se puede constatar al examinar
el documento
intitulado Diligenciamiento que suscribió el emplazador
Gilbert
J.
López
Delgado,
bajo
juramento,
y
cuya
presentación en el tribunal se registró el 20 de enero de
1
2
Impugnación de Elección, Apéndice, pág. 34.
Orden de Mostrar Causa y Diligenciamiento, Apéndice, págs. 86-88.
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
2021.3
De
la
específicamente
Orden
surge
dirigidos
a
5
una
serie
proteger
el
de
datos
derecho
a
un
debido proceso de ley del Hon. Miguel A. Romero Lugo.
Primero, la Orden contiene un resumen conciso sobre la
naturaleza de la causa de acción y quién la presentó.
Segundo, expresamente se le concedió al Hon. Miguel A.
Romero Lugo hasta el 21 de enero de 2021 a las 4:00 p.m.,
para comparecer y mostrar causa por la cual no se debían
conceder
los
remedios
solicitados
en
el
recurso
de
impugnación.4 Tercero, se le advirtió que, transcurrido
ese término sin haber actuado o comparecido por escrito a
mostrar
causa,
se
procedería
a
conceder
los
remedios
solicitados sin más citarle, oírle ni leerle.5
Ante esa realidad fáctica, el foro primario adquirió
jurisdicción sobre la persona del Hon. Miguel A. Romero
Lugo
cuando
se
le
entregó
personalmente
el
diligenciamiento de la notificación y Orden de mostrar
causa
junto
con
la
copia
del
escrito
de
impugnación
dentro del término de 5 días que dispone el Art. 10.15
del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, supra. Esa
notificación,
suficiente
y
adecuada,
es
el
método
de
emplazamiento que el legislador estableció, mediante una
ley especial, para el procedimiento de impugnación. En
ese
sentido,
garantizó
su
al
Hon.
debido
Miguel
proceso
de
A.
ley,
Diligenciamiento, Apéndice, pág. 95.
Orden de Mostrar Causa, Apéndice, pág. 86.
5 Íd., pág. 87.
3
4
Romero
pues
Lugo
se
le
conoció
del
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
6
recurso de impugnación que se presentó en su contra, la
naturaleza de la acción, el plazo para comparecer y la
oportunidad de así hacerlo con la consabida consecuencia
de su incomparecencia.
III.
A la luz de todo lo anterior y en la medida en que
se
cumplió
debido
con
la
notificación
proceso
de
ley,
no
adecuada
cabe
que
exigir
exige
una
el
segunda
notificación. Por eso, el Tribunal de Apelaciones actuó
correctamente
al
revocar
la
determinación
del
foro
primario. El procedimiento de impugnación debe continuar,
sin
dilación
adicional,
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Manuel Antonio Natal Albelo,
en su capacidad de candidato
a la Alcaldía de San Juan
por el Movimiento Victoria
Ciudadana
AC-2021-0027
Recurrido
cons. con
AC-2021-0028
v.
Miguel A. Romero Lugo, en su
capacidad
de
candidato
impugnado y otros
Peticionarios
Voto Particular de Conformidad emitido por el Juez
Asociado señor MARTÍNEZ TORRES, al cual se unió el Juez
Asociado señor KOLTHOFF CARABALLO.
En San Juan, Puerto Rico a 3 de marzo de 2021.
Estoy conforme con proveer no ha lugar al recurso que
se
presentó.
Entiendo
que
el
jurisdicción
personal
sobre
foro
el
primario
candidato
adquirió
impugnado,
mediante una notificación que se diligenció conforme con
el Art. 10.15 del Código Electoral, infra, y la Regla 4 de
Procedimiento Civil, infra.
I
El 31 de diciembre de 2020, la Comisión Estatal de
Elecciones (CEE) certificó al Hon. Miguel A. Romero Lugo
como el alcalde electo del Municipio de San Juan. Véase,
Certificación
Apelación,
Comisión
Estatal
de
Elecciones,
Ap.
pág. 66. La certificación se notificó el 4 de
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
enero
de
2021.
Véase,
2
Notificación
de
certificación
Comisión Estatal de Elecciones, Ap. Apelación, pág. 67.
Inconforme con la certificación emitida, el 14 de
enero
de
2021
presentó
en
Impugnación
el
el
de
Lcdo.
Manuel
Tribunal
de
elección
al
Antonio
Primera
amparo
del
Natal
Albelo
Instancia
una
Art.
del
10.15
Código Electoral de Puerto Rico de 2020, 16 LPRA sec.
4765 (Código Electoral). Al día siguiente, el 15 de enero
de 2021, el tribunal emitió una Orden de mostrar causa.
Asimismo,
el
tribunal
le
ordenó
al
recurrido
“diligenciar, y además notificar esta orden con copia del
recurso
y
sus
conformidad
a
anejos
lo
a
todos
dispuesto
en
los
la
peticionados,
Regla
4.4
de
de
Procedimiento Civil [32 LPRA, Ap. V]”. Orden de mostrar
causa,
Ap.
Apelación,
págs.
86-87.
Conforme
con
lo
anterior, el 17 de enero de 2021 se entregó personalmente
la orden con su diligenciamiento y copia fiel y exacta
del escrito de Impugnación de elección al Hon. Romero
Lugo.
La orden contenía el nombre de las partes, tribunal,
sala, número del salón, número del caso y materia de la
acción. Además, indicaba:
Don Manuel Natal Albelo … ha presentado ante
este Tribunal el escrito titulado Impugnación
de elección. Expone múltiples irregularidades
acontecidas en la Unidad 77… El peticionario
nos
solicita
que
dejemos
sin
efecto
la
certificación emitida el pasado 31 de diciembre
de 2020, en la que se proclamó al Sr. Miguel
Romero Lugo como candidato electo a la Alcaldía
de San Juan. Además peticiona que ordenemos a
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
3
la [CEE] que proceda a celebrar una elección
especial en la Unidad 77.
Examinado el escrito presentado este Tribunal
dicta la siguiente Orden de Mostrar Causa:
• Tenga[n] los peticionados, hasta el próximo
21 de enero de 2021 a las 4:00p.m. para que
muestre causa por la cual no se deba conceder
los remedios solicitados.
• Los
peticionados
quedan
advertidos
que,
transcurrido dicho termino sin haber actuado,
compareciendo por escrito a mostrar causa,
este Tribunal procederá a conceder los
remedios solicitados sin más citarle, oírle
ni leerle.
…
• Advertimos a la parte peticionada que el caso
deberá tramitarse a través del sistema
electrónico SUMAC. (subrayado en el original;
negrillas nuestras). Orden de mostrar causa,
Ap. Apelación, págs. 93-94.
Por su parte, el diligenciamiento se entregó a la
Secretaría
del
tribunal
declaración
bajo
juramento.
con
El
la
correspondiente
diligenciante
certificó
que diligenció la orden y escrito de impugnación el 17 de
enero de 2021. Hizo constar que se llevó a cabo mediante
entrega
personal
a
la
parte
impugnada
y
la
dirección
física adonde ello se realizó. En especifico, certificó:
"recibí la Orden e impugnación de elección al dorso el 16
de enero de 2021 notificándola personalmente a Miguel A.
Romero Lugo, en su capacidad de candidato impugnado el 17
de enero del 2021 a las 10:00 a.m. en … San Juan, Puerto
Rico”.
Íd.,
pág.
95.
La
parte
donde
se
indica
“e
Impugnación de Elección” se añadió a manuscrito.
Entonces,
el
20
de
enero
de
2021,
el
licenciado
Natal Albelo presentó una Moción en cumplimiento de orden
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
4
en la que sostuvo que incluyó los emplazamientos de todos
los
peticionados
diligenciados,
según
ordenado
por
el
foro de instancia. Sin embargo, ese mismo día el tribunal
le
notificó
que
solo
incluyó
evidencia
del
diligenciamiento de la orden, mas no así evidencia de los
emplazamientos
diligenciados.
Esa
tarde,
el
licenciado
Natal Albelo pidió al foro primario que le proporcionara
los correspondientes emplazamientos. Para esa fecha, la
Secretaría del Tribunal todavía no había expedido los
emplazamientos a pesar de que el tribunal requirió su
entrega antes de la fecha señalada para la vista.
Al
día
licenciado
siguiente,
Natal
Albelo
el
21
de
presentó
enero
de
2021,
el
en
tribunal
los
el
emplazamientos diligenciados. Manifestó que sirvió copia
del emplazamiento al Hon. Romero Lugo a través del Lcdo.
Israel
O.
Alicea
Luciano,
Director
de
la
Oficina
de
Asuntos Legales del Municipio de San Juan. En esa misma
fecha, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, el
Hon. Romero Lugo presentó una moción de desestimación por
falta de jurisdicción sobre la persona. Arguyó que no se
le emplazó conforme con el término específico de cinco
días dispuesto en el Art. 10.15 del Código Electoral,
supra. Además, indicó que el licenciado Alicea Luciano es
un
funcionario
carácter
respuesta,
Tribunal
municipal
personal
el
sino
licenciado
adquirió
que
en
no
su
lo
representa
carácter
en
su
oficial.
En
Natal
Albelo
sostuvo
jurisdicción
sobre
el
que
el
peticionario
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
5
cuando se diligenció personalmente copia de la orden de
mostrar causa junto con el escrito de impugnación o, en
la alternativa, con el emplazamiento dentro del término
de
cinco
días,
según
lo
establece
la
Regla
68.1
de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
Luego de varios trámites procesales, incluyendo la
presentación
de
un
recurso
de
certificación
intrajurisdiccional ante este Tribunal, al que proveímos
no ha lugar, el foro de primera instancia desestimó la
impugnación
de
la
elección
porque
no
adquirió
jurisdicción sobre el candidato impugnado. Concluyó que
el
emplazamiento
fue
inoficioso
ya
que
el
candidato
impugnado no fue emplazado dentro del término de cinco
días que establece el Código Electoral de 2020. También,
determinó que el Art. 10.15 del Código Electoral, supra,
requiere la aplicación de la Regla 4.4 de Procedimiento
Civil, supra. Además, resolvió que según el Art. 2.4 del
Código Electoral, 16 LPRA sec. 4504, el término de cinco
días para notificar una impugnación de una elección es
específico y de carácter jurisdiccional, al que no le
aplica la extensión de la Regla 68.1 de Procedimiento
Civil, supra.
Inconforme,
el
licenciado
Natal
Albelo
acudió
al
Tribunal de Apelaciones. Ese foro revocó. En esencia,
concluyó que el foro primario adquirió jurisdicción sobre
el
candidato
entrega
impugnado.
personal
de
la
En
particular,
demanda,
junto
señaló
que
con
orden,
la
la
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
brindó
una
notificación
6
adecuada
al
peticionario,
conforme con las exigencias del Art. 10.15 del Código
Electoral, supra, y las Reglas de Procedimiento Civil. En
desacuerdo con la decisión, el Hon. Romero Lugo acudió
ante este Tribunal el 19 de febrero de 2021, mediante
recurso
titulado
Apelación.
En
la
alternativa,
nos
solicitó que se expida un auto de certiorari. Acogemos el
recurso
como
conflicto
de
una
solicitud
sentencias
de
certiorari,
porque
el
se
invoca
es
de
que
no
uno
sentencias en casos apelados al tribunal de Apelaciones.
Art. 3.002(c) de la Ley Núm. 201-2003, conocida como la
Ley de la Judicatura de 2003, según enmendada. Uno de los
dictámenes
invocados
se
emitió
en
un
certiorari
discrecional a ese foro.
II
El emplazamiento es un mecanismo procesal a través
del
cual
persona
el
tribunal
adquiere
jurisdicción
sobre
del
demandado.
Bernier
González
Rodríguez
v.
la
Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018). Este “representa el
paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el
ejercicio de la jurisdicción judicial”. Acosta v. ABC,
Inc., 142 DPR 927, 931 (1997). Es indispensable que el
emplazamiento se haga conforme a derecho para que una
persona sea considerada como parte de la acción instada.
Rivera Marrero v. Santiago Martinez, 203 DPR 462, 490
(2019);
Sánchez
Rivera
v.
Malavé
Rivera,
(2015).
Esto
basa
en
que
política
se
la
192
DPR
854
pública
de
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
7
nuestro ordenamiento jurídico es evitar el fraude y los
procedimientos judiciales que priven a una persona de su
propiedad sin el debido proceso de ley. Bernier González
v.
Rodríguez
reconocido
Becerra,
que
esa
supra,
política
pág.
644.
Así,
pública
pesa
más
hemos
que
el
principio de economía procesal. Íd., págs. 644-45. Por
ello, se permite al demandado impugnar el emplazamiento
con el fin de asegurar el estricto cumplimiento de las
reglas
que
garantizan
que
se
adquirió
jurisdicción
personal sobre un demandado. Íd., pág. 645.
La Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
regula el proceso de emplazamiento de una acción civil.
La regla dispone que la demanda y el emplazamiento deben
diligenciarse conjuntamente en las acciones civiles. Para
esto es necesario que en la Secretaría del tribunal se
presente
la
demanda
junto
con
un
formulario
de
emplazamiento. Regla 4.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V. Al expedirse, el emplazamiento debe estar firmado
por el Secretario, llevar el nombre y sello del tribunal,
contener el nombre de las partes y dirigirse a la parte
demandada. Regla 4.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
V.
También,
deben
incluirse
los
datos
de
la
parte
demandante, es decir: su nombre, dirección postal, número
de teléfono, dirección electrónica y el número de RUA de
su abogado. Íd. Además, el emplazamiento debe indicar el
plazo
en
que
la
parte
demandada
debe
comparecer
al
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
tribunal,
apercibiéndole
de
8
las
consecuencias
de
no
mediante
la
formulario
de
hacerlo. Íd.
El
entrega
diligenciamiento
personal
se
hará
formal
demanda
y
el
de
la
emplazamiento. El diligenciante hará constar al dorso de
la copia del emplazamiento, sobre su firma: la fecha, el
lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a
quien se hizo. Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V. Una vez realizado el diligenciamiento, se dará
constancia al tribunal de que se llevó a cabo dentro del
plazo que
la persona emplazada
Regla
de
4.7
Procedimiento
tiene para comparecer.
Civil,
32
LPRA
Ap.
V.
En
aquellos casos en que una persona particular realizó el
diligenciamiento
personal,
el
diligenciante
presentará
una declaración jurada para hacerlo constar. Íd. En ella
certificará la fecha y manera en que lo hizo. Véase,
además, J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal
Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, T. V, pág. 369.
Hemos reconocido que el propósito fundamental del
emplazamiento
grandes
es
rasgos,
“notificar
que
existe
a
la
parte
una
acción
demandada,
judicial
en
a
su
contra para que, si así lo desea, ejerza su derecho a
comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a su
favor”.
(énfasis
suplido).
Banco
Popular
v.
S.L.G.
Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). Así, hemos dicho que “el
método de notificación que se utilice debe ofrecer una
probabilidad razonable —a la luz de los hechos del caso—
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
9
de informarle al demandado de la acción en su contra”.
(énfasis suplido). Íd. Asimismo, en Álvarez v. Arias, 156
DPR 352, 366 (2002) dijimos que “[e]s el emplazamiento o
una notificación el mecanismo procesal mediante el cual
el tribunal hace efectiva su jurisdicción y le informa al
demandado
que
existe
(énfasis suplido).
una
reclamación
en
En esta misma línea,
su
contra”.
el tratadista
Cuevas Segarra sostiene:
Se cumple con el debido proceso de ley cuando
el método adoptado de notificación es uno
razonablemente utilizado a la luz de los hechos
del caso, para dar notificación al demandado de
la acción presentada en su contra, para que
pueda tomar una decisión informada sobre si
desea o no comparecer a defenderse. (énfasis
suplido). Cuevas Segarra, Op. cit, pág. 299.
III
El Art. 10.15 del Código Electoral, supra, regula el
proceso de impugnación de una elección. Este dispone:
Cualquier
Candidato
que
impugnare
la
elección de otro, deberá presentar ante el Juez
en la Sala de la Región Judicial de San Juan
designada de conformidad con el Capítulo XIII
de esta Ley, y dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de notificación de la
certificación de elección para cada cargo
público electivo en el escrutinio general, un
escrito, exponiendo bajo juramento las razones
en que fundamenta su impugnación, las que
deberán ser de tal naturaleza que, de probarse,
bastarían para cambiar el resultado de la
elección.
Una copia fiel y exacta del escrito de
impugnación
será
notificada
al
Candidato
impugnado y se le entregará personalmente,
dentro de los cinco (5) días siguientes a su
presentación.
El
Candidato
cuya
elección
fuese
impugnada,
tendrá
que
presentar
ante
el
Tribunal
una
contestación
bajo
juramento,
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
10
dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha en que recibiere la notificación del
escrito de impugnación y certificará haber
notificado y entregado personalmente copia de
su
contestación
al
impugnador
o
a
su
representante
legal.
Se
entenderá
que
la
persona cuya elección fue impugnada acepta la
impugnación como cierta de no contestar en
dicho término.
La notificación, escrito y contestación
prescritos
en
esta
Ley,
podrán
ser
diligenciados por cualquier persona competente
para testificar y se diligenciarán mediante
entrega personal a las respectivas partes, a
sus representantes electorales, conforme a lo
establecido en las Reglas de Procedimiento
Civil o en la residencia u oficina de la
persona a quien fueren dirigidas. A los fines
de este Artículo, el representante electoral de
un candidato por un partido político será el
integrante de la Comisión Local del precinto de
su domicilio que represente a su partido
político. (énfasis suplido). Íd.
Como
vemos,
el
artículo
no
menciona
la
palabra
“emplazamiento” ni hace referencia específica a la Regla
4.4
de
notar
Procedimiento
que
cuando
el
Civil,
Art.
supra.
10.15
del
Asimismo,
Código
podemos
Electoral,
supra, se refiere a las Reglas de Procedimiento Civil se
limita a la forma en las que se pueden diligenciar la
notificación, escrito y contestación. El último párrafo
del
Art.
10.15,
supra,
indica:
"[l]a
notificación,
escrito y contestación prescritos en esta Ley, podrán ser
diligenciados
por
cualquier
persona
competente
para
testificar y se diligenciarán mediante entrega personal a
las respectivas partes, a sus representantes electorales,
conforme a lo establecido en las Reglas de Procedimiento
Civil o en la residencia u oficina de la persona a quien
fueren dirigidas." (énfasis suplido). Íd. Como vemos, ese
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
párrafo
no
se
limita
a
11
mencionar
la
notificación
y
escrito, sino que incluye también la contestación. Aunque
la contestación al escrito de impugnación no requiere,
obviamente, un emplazamiento, el Art. 10.15 del Código
Electoral,
supra,
requiere
que
esta
contestación
—al
igual que la notificación y el escrito— sea diligenciada
personalmente.
Resulta revelador que la Asamblea Legislativa hizo
referencia a las Reglas de Procedimiento Civil para el
asunto del diligenciamiento de la notificación, pero no
así para requerir el emplazamiento propiamente. Aquí, la
legislatura determinó el modo en que se diligenciarán la
entrega de la notificación, el escrito y la contestación.
En
ese
sentido,
diligenciamiento
esta
de
disposición
estos
tres
legal
sujeta
documentos
a
el
los
requisitos constitucionales mínimos que se recogen en las
Reglas de Procedimiento Civil, supra. Es necesario que
esa entrega sea debidamente diligenciada. Vemos, pues,
que
el
proveen
legislador
las
garantizar
un
quiso
Reglas
debido
de
preservar
las
Procedimiento
procedimiento
de
garantías
que
Civil,
para
ley
y
una
notificación expedita.
La referencia a las Reglas de Procedimiento Civil
incorpora la manera para diligenciar la notificación del
pleito de impugnación de una elección. No se refiere a
los métodos para notificar. Por eso no está disponible el
emplazamiento por edictos. Este es claramente inaplicable
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
12
a pleitos como este, por la rapidez del procedimiento
diseñado para impugnar una elección.
De todos modos, aunque aceptáramos lo que propone el
Hon. Romero Lugo —que la notificación a la que se refiere
el
Art.
10.15
emplazamiento—
del
Código
vendríamos
Electoral,
obligados
a
supra,
es
el
concluir
que
la
Orden de mostrar causa que se diligenció personalmente al
Hon. Romero Lugo, tiene el mismo efecto. Al final de
cuentas, la notificación de la orden tuvo el mismo efecto
que un emplazamiento.
IV
El
Hon.
Romero
Lugo
trae
a
nuestra
atención
la
interpretación que realizó el foro apelativo intermedio
en Ramos Hernández v. Comisión Estatal De Elecciones,
KLCE20101679
(TA
2010).
En
ese
caso,
el
Tribunal
de
Apelaciones resolvió:
[L]a persona que interesa impugnar la elección
de
un
candidato
y
por
consiguiente,
su
certificación, tiene que presentar su recurso
en el Tribunal de Primera Instancia de acuerdo
a los términos y el trámite que establece la
ley y las Reglas de Procedimiento Civil, las
cuales regulan los procesos civiles en nuestros
Tribunales. Esto incluye el emplazamiento a las
personas o entidades contra las que se reclama,
conforme a la Regla 4 de Procedimiento Civil, a
fin de que el TPI pueda ejercer su jurisdicción
sobre esas partes. Íd., pág. 3.
En
ese
caso,
el
señor
Ramos
Hernández
entregó
personalmente a una secretaria el escrito de impugnación,
sin
más.
No
hizo
constar
el
diligenciamiento
y
no
advirtió a la otra parte los términos aplicables, a quién
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
y
en
qué
foro
comparecer
13
ni
las
consecuencias
de
no
hacerlo.
Por el contrario, en el presente caso se diligenció
una Orden de mostrar causa mediante entrega personal al
candidato impugnado —Hon. Romero Lugo— junto al escrito
de impugnación, con todos sus anejos, tres días después
de que se presentó el escrito de impugnación. La orden
diligenciada contenía la información que faltó en el caso
que cita el Hon. Romero Lugo.
El Hon. Romero Lugo sostiene que el formulario “OAT
1721
Emplazamiento
(Formulario
OAT
según
normas
las
Administración
1721)
de
(SUMAC),
Revisado
contiene
el
Sistema
Unificado
del
Casos
(SUMAC),
Mayo
lenguaje
para
de
2019”
necesario,
Manejo
advertir
a
y
las
partes que toda presentación de escritos se hace por la
vía
electrónica,
a
través
de
este
portal.
Véase,
Apelación págs. 14-15.
En específico, en el Formulario OAT 1721 se debe
incluir el nombre de las partes, tribunal, sala, número
de salón, número de caso y materia o asunto de la acción.
Además, en este se debe indicar el plazo en que debe
comparecer al tribunal la parte demandada, apercibiéndole
de las consecuencias de no hacerlo. Al final, se debe
incluir
la
demandante.
información
Por
diligenciamiento,
su
el
del
abogado
parte,
en
diligenciante
debe
de
la
parte
hoja
del
especificar
la
la
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
14
forma en la que entregó el emplazamiento y la demanda del
caso.
En Dávila Pollock et al. v. R.F. Mortgage, 182 DPR
86, 97 (2011), establecimos que la notificación de los
dictámenes
judiciales
guarda
relación
con
el
uso
del
formulario administrativo correcto, según diseñado por la
OAT.
Allí,
el
formulario
con
el
que
se
notificó
inicialmente el dictamen a la parte contraria no contenía
ninguna advertencia sobre el término que esta tenía para
acudir
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones
a
revisar
el
dictamen emitido.
Sin embargo, el Tribunal de Primera
Instancia
posteriormente
corrigió
la
notificación
para
usar el formulario que sí contenía esa advertencia, y la
parte perjudicada por el dictamen apeló. Por lo tanto, en
esa ocasión explicamos que el Tribunal de Apelaciones
tenía jurisdicción para atender la apelación, debido a la
notificación enmendada.
Basándose en esto, el Hon. Romero Lugo alega que el
Formulario OAT 1721 es el único mecanismo procesal con la
función
de
notificar
a
un
demandado
que
hay
una
reclamación judicial en su contra para que, si así lo
desea, ejerza su derecho a comparecer en el juicio, ser
oído y presentar prueba a su favor. Así, sostiene que
como la Orden de mostrar causa no es el Formulario OAT
1721, no se debe entender que fue emplazado. Según él, el
contenido del diligenciamiento de la referida orden es
distinto
al
del
Formulario
OAT
1721.
Aduce
que
“[e]l
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
15
primero es más simple” y “[e]l segundo contiene datos
adicionales
que
tienen
que
ser
completados
por
el
diligenciante”. Apelación, pág. 20.
Sobre esto último, señala que el diligenciante tiene
que señalar: (1) si se hizo accesible en la inmediata
presencia de la parte demandada; (2) si se dejó copia de
los
documentos
demandada;
o,
a
un
(3)
agente
si
no
autorizado
se
pudo
por
la
parte
diligenciar
el
emplazamiento personalmente, con las razones para ello.
Íd. Además, sostiene que “[n]ada de esto se indica ni se
requiere en el diligenciamiento de la Orden de Mostrar
Causa.” Íd. Concluye que “[e]l diligenciamiento de la
Orden de Mostrar Causa, por sí solo, no tiene ni puede
tener
el
efecto
de
conceder
jurisdicción
sobre
un
demandado si éste no es debidamente emplazado con copia
de la demanda en su contra, conforme lo exige la Regla
4.4 de Procedimiento Civil”. Íd., pág. 21. Básicamente
plantea que el defecto fatal fue que no se le entregó el
formulario de emplazamientos de la OAT.
Visto
esto,
debemos
aclarar
que
no
existen
formularios oficiales de emplazamiento para acciones de
impugnación de elección. El Formulario OAT 1721, al que
el Hon. Romero Lugo hace referencia, es el que se utiliza
en
las
acciones
civiles
ordinarias.
Además,
no
es
correcto
afirmar
que
el
Formulario
OAT
o
el
el
único
mecanismo
procesal
con
la
emplazamiento
es
1721
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
función
de
notificar
a
16
un
demandado
que
hay
una
reclamación judicial en su contra.
El legislador ha contemplado otros mecanismos para
notificar y adquirir jurisdicción sobre la persona en una
acción
judicial.
A
modo
de
ejemplo,
la
Regla
60
de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, establece que
“la
parte
demandante
deberá
notificación-citación
que
presentar
será
un
expedido
proyecto
de
inmediatamente
por el Secretario o Secretaria”. Asimismo, el inciso (b)
del
Art.
3
de
la
Ley
sobre
Controversias
y
Estados
Provisionales de Derecho, 32 LPRA sec. 2873, establece
que
para
que
el
tribunal
jurisdicción
sobre
dispondrá
citación
la
una
y
magistrado
controversia,
de
las
partes
“el
adquieran
magistrado
envueltas,
bajo
apercibimiento de desacato, para una comparecencia ante
el dentro de un término que no excederá de cinco (5)
días”.
Tampoco es correcto afirmar que la Orden de mostrar
causa que se emitió es más simple que el Formulario OAT
1721. Todo lo contrario. De una lectura de la referida
orden vemos que esta es mucho más detallada y completa.
La referida Orden: (1) contenía el sello del tribunal,
nombre de las partes, tribunal, sala, número del salón,
número del caso y materia de la acción, (2) se entregó
personalmente al Hon. Romero Lugo junto al escrito de
impugnación y sus anejos, (2) contenía un resumen de la
causa
de
acción
(cosa
que
no
se
encuentra
en
el
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
17
formulario del emplazamiento) (3) advertía al Hon. Romero
Lugo el plazo para comparecer, (4) le apercibía que de no
comparecer
se
podría
dictar
sentencia
concediendo
los
remedios solicitados, y (5) al dorso de la copia de la
Orden, el diligenciante especificó, sobre su firma y bajo
juramento: la fecha, el lugar, la entrega personal y el
nombre de la persona a quien la entregó.
Lo
único
que
no
aparece
en
la
orden
es
la
información de los abogados del licenciado Natal Albelo.
Sin
embargo,
en
Sociedad
de
Gananciales
v.
Tribunal
Superior, 85 DPR 892 (1962) (Sentencia), nos enfrentamos
a una situación en la que en el emplazamiento expedido no
se hizo constar el nombre y dirección del abogado de la
parte
demandante.
emplazamiento
se
En
le
ese
caso,
entregó
al
diligenciarse
simultáneamente
una
el
copia
fiel de la demanda a la parte demandada. Allí explicamos
que el único propósito que informa la expresión en el
emplazamiento del nombre y la dirección del abogado de la
parte
demandante
notificar
es
cualquier
permitirle
a
la
parte
alegación
o
moción
demandada
que
intente
se
cumplió
radicar. Íd., pág. 894.
Por
eso,
concluimos
entonces
que
sustancialmente con el propósito indicado ya que en la
copia de la demanda que se entregó personalmente aparecía
claramente esa información.
emplazamiento
expedido
Íd.
donde
no
“No puede anularse
consta
el
nombre
un
y
dirección del abogado de la parte demandante cuando éste
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
18
acompaña al mismo copia de la demanda en que constan
dichos
datos”.
Hernández
Colón,
Práctica
jurídica
de
Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan,
Ed. LexisNexis, 2017, pág. 261, esc. 10.
En el caso que tenemos ante nuestra consideración,
se entregó copia del escrito de impugnación junto a la
Orden
de
mostrar
causa.
El
escrito
de
impugnación
contenía la información de los abogados del licenciado
Natal Albelo. Además, la Orden de Mostrar Causa instruía
al Hon. Romero Lugo que el caso debía tramitarse a través
del
sistema
electrónico
SUMAC.
Para
ello
le
hizo
accesible el número del caso de impugnación. Como es de
conocimiento,
notifica
someter
un
escrito
automáticamente
a
las
registradas
en
al
el
pleito.
Por
por
SUMAC,
este
partes
que
están
consiguiente,
el
Hon.
Romero Lugo tenía acceso a la información necesaria sobre
la representación legal del señor Natal Albelo.
En fin, hemos reconocido que aunque las formalidades
son importantes, lo fundamental es que se notifique al
demandado que se instó una acción judicial en su contra
para que pueda defenderse.6
Véase, Bco. Cent. Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760 (1994).
Allí nos tocó resolver si un emplazamiento era ineficaz porque no se
incluyó
junto
con
la
copia
de
la
demanda,
copia
de
sus
correspondientes anejos (exhibits). En esa ocasión dijimos:
6
[D]e ordinario, el no entregar copia de los anejos
correspondientes a una demanda al momento de diligenciar
el emplazamiento no lo hace ineficaz o nulo, ni priva al
tribunal de la jurisdicción que de otra forma tendría
sobre la persona emplazada. Si de la copia de la demanda
sin sus anejos surgen con suficiente claridad los hechos
en que se fundamenta la causa de acción, en particular el
derecho y el remedio reclamados por el demandante, se
cumple con el requisito de entregar copia de la demanda
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
19
El estudio de las Reglas de Procedimiento Civil que
conciernen
al
emplazamiento
interpretativa
nos
obliga
a
materia
del
emplazamiento
general,
un
cumplimiento
y
su
concluir
se
jurisprudencia
que
si
requiere,
estricto
con
bien
como
los
en
norma
requisitos
exigidos, el objetivo principal es que se notifique al
demandado que se instó una acción judicial en su contra,
de manera que se le dé una oportunidad de ser oído y
defenderse.
En la controversia de autos no cabe hablar de que se
menoscabó el derecho al debido proceso de ley del Hon.
Romero Lugo. La entrega personal del escrito, junto a la
Orden de mostrar causa, le brindó al Hon. Romero Lugo una
notificación adecuada de la existencia de una acción en
su contra, de modo que pudiera comparecer y defenderse.
Esta notificación garantizó a los peticionados su debido
proceso de ley, toda vez que les dio notificación precisa
sobre
lo
alegado
y
solicitado
en
el
escrito
de
impugnación y de los requerimientos del tribunal primario
dispuestos en la Orden de mostrar causa. Con ello, se
cumplieron las disposiciones del Art. 10.15 del Código
Electoral, supra, y las Reglas de Procedimiento Civil,
supra.
Para
efectos
prácticos,
al emplazar, exigido por las Reglas
Procedimiento Civil. Íd., pág. 765.
aquí
4.4
se
y
4.5
emplazó
de
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
20
personalmente, pero sin el inaplicable formulario 1721 de
OAT.7
V
En
conclusión,
entiendo
que
no
procedía
la
desestimación de la acción por falta de jurisdicción in
personam,
notificado
ya
de
que
el
la
Hon.
acción
Romero
de
Lugo
fue
impugnación
debidamente
de
elección,
conforme lo dispone el Código Electoral y las Reglas de
Procedimiento Civil. Por consiguiente, no hay razón para
intervenir con el dictamen del Tribunal de Apelaciones.
Por
último,
exclusivamente
consideración.
al
Le
estas
expresiones
se
limitan
procesal
ante
nuestra
aspecto
corresponde
al
Tribunal
de
Primera
Instancia pasar juicio sobre la procedencia de la acción
de impugnación y los méritos, si alguno, de las presuntas
irregularidades que dieron margen a la impugnación de la
elección del Alcalde de San Juan.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
Esto hace innecesario discutir la validez del emplazamiento
diligenciado al Director de la Oficina de Asuntos Legales del
Municipio de San Juan. Sobre la aplicación de la Regla 68 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, me expresé en Díaz Vanga v. CEE
II, 195 DPR 390 (2016) (Voto particular disidente, al cual se unió el
Juez Asociado señor Feliberti Cintrón). Esta regla aplica para
computar los términos que no vencen en una fecha específica y cuando
la ley electoral no indica expresamente cómo se computarán los
términos.
7
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Manuel Antonio Natal
Albelo, en su capacidad
de candidato a la
Alcadía de San Juan por
el Movimiento Victoria
Ciudadana
AC-2021-0027
cons. con
AC-2021-0028
Recurrido
v.
Miguel A. Romero Lugo,
en su capacidad de
candidato impugnado y
otros
Peticionarios
Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado
señor ESTRELLA MARTÍNEZ al cual se unen la Jueza Presidenta
ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado señor KOLTHOFF
CARABALLO.
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2021.
Consecuentemente la Asamblea Legislativa ha descartado
la
formalidad
del
emplazamiento,
requiriendo
que
un
candidato o una candidata que desee impugnar una elección
diligencie
personalmente
una
notificación
de
su
escrito
dentro del término de cinco (5) días a la parte impugnada.
Por esta razón, hoy estoy conforme de que este Tribunal no
haya añadido indebidamente elementos incompatibles con el
proceso electoral en sí. Máxime cuando en ninguna parte del
anterior
y
del
vigente
Código
Electoral
se
impone
el
riguroso mecanismo del emplazamiento de la Regla 4.4 de
Procedimiento Civil, infra.
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
De
igual
rechazado
forma,
adoptar
2
estoy
una
conforme
de
que
interpretación
incoherente, en la que se
hayamos
errada
e
proponía imponer el requisito
de emplazar en un brevísimo término, pero al mismo tiempo
ignorar la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, infra, lo
cual acarrea una reducción irrazonable al plazo para el
diligenciamiento de dicha notificación y, con ello, una
potencial
violación
al
debido
proceso
sentido,
es
correcto
vigor
el
dictamen
de
ley
del
candidato impugnante.
En
ese
mantenga
en
en
derecho
del
que
se
Tribunal
de
Apelaciones, toda vez que no se aparta del mandato y de
la
intención
legislativa
de
que,
en
determinadas
controversias y debido a la celeridad y agilidad con que
éstas deben tramitarse, se utilice el mecanismo de la
notificación
en
lugar
jurisdicción
sobre
la
del
emplazamiento
persona
del
para
demandado.
adquirir
Ante
ese
cuadro, de conformidad con el Artículo 10.15 del Código
Electoral,
adquirió
infra,
el
Tribunal
jurisdicción
sobre
el
de
Primera
Instancia
candidato
impugnado
mediante el mecanismo procesal de la notificación y, por
lo tanto, no era necesario un emplazamiento.
Con ello en mente, procedemos a exponer brevemente
el
trasfondo
fáctico
y
procesal
Veamos.
I
de
la
controversia.
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
3
El 14 de enero de 2021, el Lcdo. Manuel A. Natal
Albelo (licenciado Natal Albelo), candidato a la Alcaldía
de San Juan por el partido Movimiento Victoria Ciudadana,
presentó
una
impugnación
de
elección
al
amparo
del
Artículo 10.15 del Código Electoral de Puerto Rico de
2020,
infra.
elección
del
El
licenciado
Lcdo.
Miguel
Natal
A.
Albelo
Romero
Lugo
impugnó
la
(licenciado
Romero Lugo) como Alcalde de San Juan debido a alegadas
irregularidades en la Unidad 77, las cuales, según adujo,
son suficientes para cambiar el resultado de la elección.
Por
tal
elección
razón,
para
solicitó
la
que
Alcaldía
se
de
ordenara
San
una
Juan,
nueva
limitada
únicamente a la Unidad 77.
Al siguiente día, el 15 de enero de 2021, el foro de
primera instancia emitió una orden de mostrar causa en la
que le concedió a las partes hasta el 21 de enero de 2021
para exponer las razones por las cuales no debía conceder
el remedio solicitado. Asimismo, ordenó la notificación y
el
diligenciamiento
del
recurso
de
conformidad
con
la
Regla 4.4 de Procedimiento Civil, infra.
El 20 de enero de 2021, el licenciado Natal Albelo
acreditó su cumplimiento con lo ordenado por el foro de
primera
instancia
y
aseguró
haber
incluido
los
emplazamientos diligenciados de todos los peticionarios.
No obstante, el foro primario ordenó al licenciado Natal
Albelo
a
presentar
copia
del
diligenciamiento
de
los
emplazamientos, puesto que el documento que éste proveyó
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
sólo
evidenciaba
el
4
diligenciamiento
de
la
orden
de
mostrar causa.
En cumplimiento con lo ordenado, el licenciado Natal
Albelo presentó una moción informativa en la cual explicó
que,
por
error
e
inadvertencia,
acreditó
haber
diligenciado el emplazamiento “cuando debió indicar en su
moción que el diligenciamiento fue de la Orden de Mostrar
Causa y del recurso de impugnación con todos sus anejos”.
(Énfasis suplido).8 En atención a ello, el 21 de enero de
2021, el licenciado Natal Albelo presentó una moción en
la que acreditó que ese mismo día le sirvió copia del
emplazamiento y, por segunda ocasión, copia del recurso
de
impugnación
a
todas
las
partes,
incluyendo
al
licenciado Romero Lugo.
Posteriormente, el licenciado Romero Lugo presentó
su correspondiente moción de desestimación. En lo que nos
atañe, el licenciado Romero Lugo arguyó que el recurso de
impugnación debía ser desestimado, dado a que el Tribunal
de Primera Instancia carecía de jurisdicción en cuanto a
su persona por éste no haber sido emplazado dentro del
término
de
cinco
10.15
del
Código
(5)
días
establecido
Electoral,
infra.
en
el
Artículo
Particularmente,
planteó que dicho término era uno específico por lo que,
8Apéndice de certiorari, Moción informativa para aclarar el
récord, pág. 143. El licenciado Natal Albelo añadió, además, que
la orden de mostrar causa y el recurso de impugnación fueron
diligenciados al licenciado Romero Lugo por primera vez el 17 de
enero de 2021 y, a las demás partes, el 19 de enero de 2021. A su
vez, destacó que cada uno de los comisionados electorales del
Partido
Popular
Democrático,
Partido
Independentista
Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad,
renunciaron al diligenciamiento por conducto de sus respectivos
representantes legales. Íd., pág. 144.
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
5
de conformidad con el Artículo 2.4 del Código Electoral,
infra, no le aplicaban las Reglas de Procedimiento Civil.
Como consecuencia de lo anterior, señaló que la Regla
68.1 de Procedimiento Civil, infra, no podía tomarse en
consideración al computarse dicho término.
Por su parte, el licenciado Natal Albelo presentó su
oposición a la correspondiente moción de desestimación.
Específicamente, señaló que el escrito de impugnación con
todos sus anejos fue notificado debidamente al licenciado
Romero Lugo, por primera vez, mediante entrega personal
el 17 de enero de 2021, o sea, dentro del término de
cinco (5) días. El licenciado Natal Albelo adujo que tal
diligenciamiento de la orden de mostrar causa junto con
el
escrito
adecuada
de
impugnación
exigida
por
el
constituyó
Artículo
la
notificación
10.15
del
Código
Electoral, infra, por lo que el foro de primera instancia
sí
había
adquirido
jurisdicción
sobre
la
persona
del
licenciado Romero Lugo. Además, alegó que la orden de
mostrar
causa
apercibía
al
licenciado
Romero
Lugo
del
término que éste tenía para responder. Asimismo, expresó
que, a pesar de que la notificación diligenciada el 17 de
enero
de
2021
emplazamiento
fue
conforme
también
fue
a
derecho,
realizado
el
posterior
correctamente
y
dentro del término, por no contarse el sábado, domingo ni
el lunes, este último por ser un día de fiesta legal. Lo
anterior,
de
conformidad
Procedimiento Civil, infra.
con
la
Regla
68.1
de
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
Eventualmente,
el
6
Tribunal
de
Primera
Instancia
dictó sentencia. El foro primario concluyó que el plazo
de cinco (5) días para realizar la notificación era uno
jurisdiccional al que no le aplicaba la Regla 68.1 de
Procedimiento Civil, infra. Siendo ello así, estableció
que el término para diligenciar el emplazamiento venció
el 19 de enero de 2021. Particularmente, determinó que el
emplazamiento
diligenciado
el
21
de
enero
de
2021
al
licenciado Romero Lugo fue realizado fuera del término.
En consecuencia, desestimó el recurso por entender que el
emplazamiento
se
diligenció
siete
(7)
días
después
de
Albelo
acudió
al
presentada la demanda de impugnación.
Inconforme,
Tribunal
de
el
licenciado
Apelaciones
y,
Natal
en
esencia,
señaló
que
el
Tribunal de Primera Instancia erró al: (1) no distinguir
entre el procedimiento especial del Código Electoral para
la
notificación
de
recursos
de
impugnación
y
la
rigurosidad del emplazamiento exigida por las Reglas de
Procedimiento
Civil,
e
(2)
invalidar
el
posterior
emplazamiento por concluir que al cómputo del término del
diligenciamiento
no
le
aplicaban
las
Reglas
de
Procedimiento Civil. Por su parte, el licenciado Romero
Lugo
fundamentó
su
oposición
en
que
la
interpretación
propuesta por el licenciado Natal Albelo atenta contra
las normas del debido proceso de ley que reconocen el
emplazamiento
como
exigencia
procesal
que
permite
al
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
tribunal
adquirir
7
jurisdicción
sobre
la
persona
del
demandado.
Posteriormente,
una
sentencia
en
el
la
Tribunal
que
de
revocó
Apelaciones
al
foro
de
emitió
primera
instancia. En esencia, concluyó que la impugnación de la
elección
al
Electoral,
mecanismo
amparo
infra,
del
del
no
Artículo
requería
emplazamiento
10.15
la
para
del
Código
utilización
adquirir
del
jurisdicción
sobre la persona, sino que bastaba con la notificación
del
escrito
de
impugnación
mediante
entrega
personal.
Adujo que un análisis de lo anterior, en conjunto con la
brevedad de los plazos que surgen del referido precepto
legal, demuestra la intención de la Asamblea Legislativa
de simplificar el proceso de notificación a los fines de
agilizar la tramitación de la causa de acción.
En
desacuerdo,
Comisionada
el
Electoral
licenciado
del
Partido
Romero
Lugo
y
la
Nuevo
Progresista
acuden ante nos y señalan que el Tribunal de Apelaciones
erró al concluir que en una impugnación de elección no es
necesario
bastaba
el
con
emplazamiento
la
y
notificación
que,
en
personal
consecuencia,
del
recurso
presentado. El licenciado Romero Lugo argumenta que el
dictamen del foro apelativo intermedio no puede tener el
efecto de que, por fíat judicial, se deje sin efecto el
formulario preparado por la Oficina de Administración de
Tribunales
cuanto
a
para
lo
la
expedición
anterior,
señala
de
que
emplazamientos.
el
En
diligenciamiento
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
8
dispuesto al dorso de la orden de mostrar causa no es
suficiente
sobre
su
para
que
persona.
un
tribunal
adquiera
Ello,
pues,
a
éste,
jurisdicción
diferencia
del
formulario de emplazamiento, es más simple y carece de
datos
adicionales
que
deben
ser
completados
por
el
diligenciante, tales como el requerimiento que detalla la
forma en que fue entregado el emplazamiento.
Luego de haber concedido tiempo a las partes para
que
presentaran
sus
correspondientes
alegatos,
oportunamente, el licenciado Natal Albelo comparece ante
nos
y
reitera
que
el
foro
apelativo
intermedio
actuó
correctamente al concluir que la notificación realizada
el
17
de
enero
de
2021
al
licenciado
Romero
Lugo,
mediante la cual se le diligenció una orden de mostrar
causa en conjunto con el escrito de impugnación, cumple
con
lo
ordenado
por
el
Artículo
10.15
del
Código
Electoral, infra. Además, insiste en que sería un error
hermenéutico aplicar la rigidez exigida por el mecanismo
del emplazamiento de las Reglas de Procedimiento Civil y,
a su vez, no reconocer la aplicabilidad de la Regla 68.1
de Procedimiento Civil, infra.
Tras ponderar las posturas de los licenciados Romero
Lugo y Natal Albelo, así como la del Presidente de la
Comisión
Estatal
de
Elecciones
y
la
de
las
y
los
comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista,
Partido
Popular
Ciudadana,
este
Democrático
Tribunal
opta
y
Movimiento
Victoria
por
denegar
recurso
el
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
9
acogido como certiorari y, con ello, se mantiene en vigor
el dictamen del Tribunal de Apelaciones, el cual revirtió
la
desestimación
por
falta
de
jurisdicción
sobre
la
persona realizada por el Tribunal de Primera Instancia.
Repasados los hechos esenciales, procedo a exponer
los fundamentos de mi conformidad.
II
A.
Como es conocido, con la aprobación del nuevo Código
Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020, 16
LPRA sec. 4501, et seq. (Código Electoral) se reformuló
gran
parte
obstante,
de
el
nuestro
proceso
ordenamiento
de
electoral.
impugnación
de
No
elección
permaneció inalterado, pues mantuvo un lenguaje similar
al
procedimiento
de
impugnación
de
elección
bajo
el
código electoral predecesor.9
Actualmente, el Artículo 10.15 del Código Electoral
establece que la parte que impugna una elección deberá
presentar “dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha
de
para
cada
general,
9Para
notificación
cargo
un
de
público
escrito,
la
certificación
electivo
exponiendo
en
bajo
el
de
elección
escrutinio
juramento
las
un análisis comparativo del Código Electoral
2020 y su predecesor, véase Código Electoral 2020
comparado con el Código Electoral 2011, Lorena Matos
Cáez,
Puerto
Rico
Constitution
Center,
https://constitutionpr.com/category/leyes-comparadas/ .
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
10
razones en que fundamenta su impugnación. . .”. 16 LPRA
sec. 4765.
Acto seguido, el precitado artículo precisa la forma
en que deberá notificarse la presentación del escrito de
impugnación, al disponer que:
Una copia fiel y exacta del escrito de
impugnación
será
notificada
al
Candidato
impugnado y se le entregará personalmente,
dentro de los cinco (5) días siguientes a su
presentación.
El
Candidato
cuya
elección
fuese
impugnada, tendrá que presentar ante el
Tribunal una contestación bajo juramento,
dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha en que recibiere la notificación del
escrito de impugnación y certificará haber
notificado y entregado personalmente copia de
su
contestación
al
impugnador
o
a
su
representante legal. Se entenderá que la
persona cuya elección fue impugnada acepta la
impugnación como cierta de no contestar en
dicho término. (Énfasis suplido). Íd.
De
lo
anterior,
se
puede
colegir
que
el
Código
Electoral requiere que: (1) la impugnación sea notificada
mediante la entrega personal de copia exacta del escrito
de impugnación juramentado; (2) esta notificación debe
realizarse
dentro
del
término
de
cinco
días;
(3)
la
persona impugnada deberá contestar, notificar y entregar
personalmente copia de su contestación a quien le impugnó
dentro de los diez días siguientes, y, por último, (4) si
la persona impugnada no contesta dentro de este término,
acepta la impugnación como cierta.
El
Artículo
10.15
del
Código
Electoral
precisa,
además, que:
La notificación, escrito y contestación
prescritos
en
esta
Ley,
podrán
ser
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
11
diligenciados por cualquier persona competente
para testificar y se diligenciarán mediante
entrega personal a las respectivas partes, a
sus representantes electorales, conforme a lo
establecido en las Reglas de Procedimiento
Civil o en la residencia u oficina de la
persona a quien fueren dirigidas. . ..
(Énfasis suplido). Íd.
Nótese que, distinto a diversas leyes que establecen
el mecanismo del emplazamiento para adquirir jurisdicción
sobre
la
persona,
referencia
a
el
una
Código
Electoral
notificación.
Ante
solamente
esto,
hace
resultaría
incorrecto cambiar unilateralmente el estado de derecho y
pautar que el mecanismo de notificación, por sí solo, es
insuficiente para adquirir jurisdicción sobre la persona
del
candidato
conducido
a
impugnado
este
en
Tribunal
a
cuestión.
apartarse
Ello
de
las
hubiese
propias
Reglas de Procedimiento Civil, de las disposiciones del
Código Electoral y de los principios de hermenéutica que
imperan en nuestro ordenamiento jurídico. Veamos.
B.
No existe duda de que el emplazamiento es uno de los
actos procesales mediante el cual se comunica a la parte
demandada en cuanto a la existencia de una reclamación
presentada en su contra. Bernier González v. Rodríguez
Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018); Torres Zayas v. Montano
Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017). Como bien precisó el
profesor
Rafael
emplazamiento
Hernández
tiene
los
Colón,
siguientes
el
mecanismo
efectos
del
procesales:
(1) constituye la relación procesal comunicativa de la
acción judicial presentada contra la parte demandada; (2)
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
otorga
jurisdicción
al
12
tribunal
sobre
la
persona
del
demandado, y (3) confiere al actor el derecho de pedir la
anotación de rebeldía, y a obtener sentencia en su día,
si la parte no comparece dentro del término concedido. R.
Hernández
Colón,
Práctica
Jurídica
de
Puerto
Rico:
Derecho Procesal Civil, 6ta ed. San Juan, Ed. Lexisnexis,
2010, sec. 2002, pág. 258.
Una
vez
emplazado
correctamente,
el
tribunal
adquiere jurisdicción sobre la persona, se activan las
garantías del debido proceso de ley y la parte demandada
podrá comparecer al juicio, ejercer su derecho a ser oído
y
presentar
Rodríguez
prueba
Becerra,
a
su
favor.
supra,
pág.
Bernier
644;
González
Torres
Zayas
v.
v.
Montano Gómez, supra, pág. 467.
Ahora
bien,
el
emplazamiento
no
es
el
único
mecanismo procesal reconocido que cumple con la función
de otorgar jurisdicción sobre la persona del demandado.
En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el
mecanismo
de
la
notificación
como
uno
suficiente
y
alterno al emplazamiento en circunstancias particulares.
A
modo
de
ejemplo,
la
Regla
60
de
Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V, en el contexto de reclamaciones de
cobro de dinero, establece un mecanismo de notificacióncitación flexible alterno al emplazamiento.10 En lo que
nos
concierne,
10Mediante
la
diferencia
entre
estos
mecanismos
esta notificación-citación, además de notificarle
a la parte demandada que se ha instado una reclamación en su
contra, se le cita para la correspondiente vista judicial. Asoc.
Res. Colinas Metro v. SLG, 156 DPR 88, 98 (2002).
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
13
procesales, según interpretado por el tratadista José A.
Cuevas Segarra, estriba en que, “bajo la Regla 60 se
expide una notificación-citación y no un emplazamiento”.
(Énfasis
suplido).
J.
A.
Cuevas
Segarra,
Tratado
de
Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS,
2011, T. V, pág. 1803 (2017). Sin embargo, la identidad
de propósitos y el efecto es similar: que los tribunales
adquieran jurisdicción sobre la persona del demandado.
En contraste a un procedimiento ordinario en el cual
se
requiere
la
expedición
flexibilidad
del
mecanismo
de
de
un
la
emplazamiento,
notificación,
y
la
del
procedimiento de la Regla 60 en sí mismo, se debe a la
intención
de
la
Asamblea
Legislativa
en
promover
la
agilidad procesal en la tramitación de estas causas, así
como el acceso a los tribunales y una justicia más justa
y económica. Primera Cooperativa de Ahorro v. Hernández
v.
Hernández,
2020
TSPR
127.
Precisamente,
iguales
aspiraciones permean en el Derecho Electoral.
Debido a la existente relación de identidad entre
ambos mecanismos, la Regla 60, supra, de modo similar al
tradicional emplazamiento, requiere que la notificación
cumpla con los siguientes requisitos: (1) se diligencie
mediante entrega personal o por correo certificado junto
con copia de la demanda; (2) se realice dentro del plazo
de diez días; (3) incluya la fecha señalada para la vista
en su fondo, y (4) contenga una advertencia a la parte
demandada de que en la vista deberá exponer su posición
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
14
respecto a la reclamación y, que si no comparece, podrá
dictarse
sentencia
en
rebeldía
en
su
contra.
Primera
Cooperativa de Ahorro v. Hernández v. Hernández, supra.
Lo anterior evidencia que la Asamblea Legislativa ha
contemplado otros escenarios en los cuales, en lugar de
la
utilización
del
tradicional
emplazamiento,
sólo
se
requiere el diligenciamiento de una notificación para que
se adquiera jurisdicción sobre la persona del demandado y
se activen las garantías del debido proceso de ley.
Tal es el caso de la impugnación de elección de
conformidad con el Artículo 10.15 del Código Electoral,
supra.
III
Como
mencionamos,
el
licenciado
Natal
Albelo
presentó un recurso de impugnación de elección en contra
del
licenciado
Romero
Lugo,
de
conformidad
con
el
Artículo 10.15 del Código Electoral, supra. El escrito de
impugnación juramentado, junto con todos sus anejos y con
una copia de la orden de mostrar causa, fue diligenciado
el 17 de enero de 2021, tres (3) días después de haberse
presentado la impugnación y dentro del término de cinco
(5) días exigido por el Código Electoral.
Más adelante, a pesar de no ser requerido por el
Artículo
10.15
del
Código
Electoral,
supra,
específicamente el 21 de enero de 2021, el licenciado
Romero Lugo fue emplazado, según ordenado erróneamente
por el foro de primera instancia. Entretanto, desde el 21
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
15
y hasta el 27 de enero de 2021, el licenciado Romero Lugo
presentó
tres
fundamento
de
derecho
por
y,
(3)
mociones
de
desestimación
que
no
había
sido
emplazado
tanto,
no
había
bajo
el
conforme
a
jurisdicción
sobre
su
persona. Debido a lo anterior, el tribunal de instancia
desestimó la impugnación al resolver que no se emplazó al
candidato impugnado dentro del término de cinco (5) días.
Además,
concluyó
que
la
Regla
68.1
de
Procedimiento
Civil, supra, no aplicaba al cómputo del término de dicho
emplazamiento. En cambio, el foro apelativo intermedio,
acertadamente,
revocó
al
foro
de
primera
instancia
al
determinar que el Artículo 10.15 del Código Electoral,
supra,
solamente
exige
una
notificación
personal
del
escrito de impugnación y no el tradicional emplazamiento.
Ante ese cuadro, a pesar de que el Artículo 10.15
del
Código
Electoral,
supra,
sólo
requiere
una
notificación del escrito de impugnación, se nos invita a
pautar
que
no
basta
con
obligatorio
seguir
las
contemplado
en
Regla
la
dicha
notificación
formalidades
4.4
de
del
y
que
es
emplazamiento
Procedimiento
Civil,
supra.
Tal contención conllevaría ignorar que la Asamblea
Legislativa,
claramente,
omitió
el
requerimiento
del
emplazamiento en el Artículo 10.15 del Código Electoral,
supra,
y,
en
su
lugar,
estableció
que
el
mecanismo
procesal a utilizarse para adquirir jurisdicción sobre la
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
persona
en
una
16
impugnación
de
elección
sería
la
notificación.
El Código Electoral supedita la impugnación de una
elección a una serie de requisitos procesales, los cuales
comienzan
con
la
manera
en
que
se
diligenciará
la
notificación del escrito de impugnación juramentado y su
correspondiente contestación. El mecanismo especial de la
notificación
dispuesto
en
esta
ley
es
cónsono
con
la
flexibilidad y agilidad con la que debe tramitarse este
procedimiento judicial de impugnación de elección bajo el
Código Electoral, supra. Nada en el historial legislativo
de
la
ley
indica
que
es
un
requisito
que
la
parte
impugnante solicite la expedición o el diligenciamiento
de
un
emplazamiento
contrario,
la
al
Asamblea
candidato
impugnado.
Legislativa,
Por
el
teniendo
en
consideración la premura con la que se requiere que se
tramite esta controversia electoral, en lugar de plasmar
en el Código Electoral la norma inflexible de que la
parte impugnante expida y diligencie un emplazamiento,
tan sólo requirió que el escrito de impugnación fuese
notificado.
Por
ello,
concluir
en
este
contexto
que
una
notificación no otorga jurisdicción sobre la persona y
que,
por
tanto,
es
requerido
un
emplazamiento,
es
incorrecto. Máxime cuando, como vimos en el contexto de
la Regla 60, supra, las propias Reglas de Procedimiento
Civil contemplan un mecanismo procesal flexible que se
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
17
aparta de la rigidez característica de un emplazamiento,
a saber: la notificación.
La
notificación
como
mecanismo
alterno
al
emplazamiento es cónsona con el debido proceso de ley
pues, tal y como expresa el profesor Hernández Colón, el
propósito
del
emplazamiento
es
cumplir
con
tres
requisitos básicos, a saber: (1) comunicar a la parte
afectada que se ha entablado una acción judicial en su
contra;
(2)
otorgar
jurisdicción
al
tribunal
sobre
la
parte afectada, y (3) garantizar a la parte actora que
pueda
pedir
la
anotación
de
rebeldía
si
la
parte
demandada no comparece dentro del término concedido y a
obtener sentencia en su día. Hernández Colón, op cit.,
pág. 258.
En
este
caso,
con
la
notificación
y
el
diligenciamiento del escrito de impugnación y de la orden
de
mostrar
Albelo,
causa
el
realizado
Tribunal
de
por
el
Primera
licenciado
Instancia
Natal
adquirió
jurisdicción sobre la persona del licenciado Romero Lugo;
éste
quedó
advertido
de
que
se
había
presentado
una
impugnación de elección en su contra y, a su vez, se le
informó
que,
si
no
foro
primario
concedido,
el
remedios
solicitados
Claramente,
con
esta
comparecía
sin
dentro
procedería
más
del
a
conceder
citarle
notificación
se
término
ni
los
oírle.
activaron
las
garantías del debido proceso de ley del licenciado Romero
Lugo y, con ello, su derecho a comparecer al juicio, a
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
18
ejercer su derecho a ser oído y presentar prueba a su
favor.
A pesar de garantizársele el debido proceso de ley al
licenciado
Romero
notificación
este
del
Tribunal
Lugo
con
escrito
obvia
el diligenciamiento
de
esa
impugnación,
realidad
y
un
con
de
una
sector
de
ello
también
ignora el axioma de fuerte arraigo en nuestro sistema
judicial que garantiza que “el nombre no hace la cosa”.
OCS
v.
CODEPOLA,
omitidas).
Así,
202
aunque
DPR
el
842,
880
Artículo
requiere
el
diligenciamiento
escrito
de
impugnación,
de
las
(2019)
10.15,
una
(citas
supra,
sólo
notificación
del
partes
peticionarias
pretenden ignorarlo como si ésta fuera ajena a nuestro
sistema
de
derecho,
y
proponen
que
este
Tribunal
la
sustituya por el mecanismo del emplazamiento.
Aun si partiéramos de la premisa que el mecanismo
procesal para adquirir jurisdicción sobre la persona del
licenciado Romero Lugo era el emplazamiento de las Reglas
de Procedimiento Civil, lo cual negamos, este Tribunal no
podría
excluir
Procedimiento
cinco
(5)
la
aplicación
Civil,
días
emplazamiento.
En
supra,
para
ese
el
de
la
al computar
Regla
el
68.1
de
término
de
diligenciamiento
sentido,
llegaríamos
de
al
tal
mismo
resultado. Ello pues, no puedo avalar el pretexto de que
dicho término es uno específico y que, de conformidad con
el Artículo 2.4 del Código Electoral, 16 LPRA sec. 4504,
las Reglas de Procedimiento Civil no aplican a aquellos
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
términos
específicos
19
dispuestos
en
dicha
ley.
Me
explico.
El referido artículo de la ley especial establece la
norma
general
de
que
“[e]l
cómputo
de
los
términos
expresados en [el Código Electoral] se aplicará según las
Reglas de Procedimiento Civil. . ..”. (Énfasis suplido).
Íd.
Acto
excepción
seguido,
a
la
el
Artículo
2.4
detalla
que,
norma
general,
las
precitadas
como
reglas
procesales no aplicarán en “aquellos términos específicos
dispuestos en [el Código Electoral]”. (Énfasis suplido).
Íd. Claramente, nuestra interpretación de esa normativa
debe ir dirigida a reconocer la aplicación de las reglas
procesales,
como
norma
expresados”
en
estatuto
reconocer
su
el
general,
inaplicabilidad
y,
a
en
los
“términos
modo
de
excepción,
medien
“términos
cuando
específicos”.
Sin embargo, el Código Electoral no define qué son
“términos
específicos”.
corresponde
armonizar
Ante
de
esa
manera
disyuntiva,
integral
el
nos
Código
Electoral. Esto, de modo que prevalezca la norma general
expresamente codificada en el Código Electoral en cuanto
a la aplicabilidad de las Reglas de Procedimiento Civil
para el cómputo de los términos ordinariamente expresados
-como el que
nos ocupa-
y
que
no sucumbiera
ante la
excepción de la aplicabilidad de dichas reglas procesales
sólo
en
determinadas
instancias.
Máxime
cuando,
inequívocamente, la Asamblea Legislativa dispuso que las
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
20
fechas ciertas con carácter fatal fueran la excepción a
la regla general.
Por
tanto,
resulta
indispensable
no
ignorar
del
principio
fundamental
de
hermenéutica
aplicación
la
legal que nos exige que, en el ánimo de cumplir con el
propósito
perseguido
por
la
Asamblea
Legislativa,
los
tribunales estamos obligados a “armonizar, en la medida
posible, todas las disposiciones de ley involucradas en
aras
de
obtener
razonable”.
un
Romero
resultado
Lugo
v.
más
Cruz
sensato,
Soto,
2020
lógico
y
TSPR
143
(citas omitidas). Resolver lo contrario, ignoraría los
más
básicos
preceptos
hermenéuticos
y
conduciría
a
la
paradoja de requerir el mecanismo procesal riguroso del
emplazamiento
según
dispuesto
en
Procedimiento
Civil,
supra,
mientras
tiempo,
excluiría
la
aplicación
de
la
la
Regla
que,
Regla
4.4
al
de
mismo
68.1
de
Procedimiento Civil, supra, al momento de determinar cómo
debe computarse el plazo de dicho emplazamiento, a pesar
de encontrarnos ante un brevísimo término.11
Si tomamos en cuenta el contexto particular en el
que se desarrolló este caso, avalar el razonamiento del
foro
primario,
11La
hubiese
tenido
consecuencias
Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone que:
[E]n el cómputo de cualquier término concedido por estas
reglas, o por orden del tribunal o por cualquier estatuto
aplicable, no se contará el día en que se realice el acto, evento o
incumplimiento después del cual el término fijado empieza a
transcurrir. [...] Cuando el plazo concedido sea menor de siete (7)
días, los sábados, domingos o días de fiesta legal intermedios se
excluirán del cómputo. . ..
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
21
potencialmente nefastas para la adecuada administración
de la justicia. Veamos.
El escrito de impugnación aquí en controversia se
presentó el jueves, 14 de enero de 2021. Así, el primer
día del término de cinco (5) días dispuesto en el Código
Electoral fue el viernes, 15 de enero de 2021. Ahora
bien, dado que el dictamen del foro de primera instancia
excluyó
la
aplicabilidad
de
la
Regla
68.1
de
Procedimiento Civil, supra, se incluyen en el cómputo el
sábado 16, el domingo 17 y el lunes, 18 de enero de 2021,
a pesar de que este último fue un día de fiesta legal.
Por tanto, el quinto día del referido plazo se cumplió el
martes, 19 de enero de 2021. Como puede verse, el término
original de cinco (5) días para el diligenciamiento de la
notificación
se
agravaría
emplazamiento
y,
por
si
con
fuera
el
poco,
mecanismo
se
del
reduciría
drásticamente a un término irrazonablemente corto de dos
(2) días hábiles o laborables.
Mediante este automatismo, se ignoraría la potencial
violación al debido proceso de ley del licenciado Natal
Albelo al concederle el irrazonable término de tan sólo
dos (2) días para que diligenciara el emplazamiento ahora
exigido. Ello, pues como hemos sostenido antes:
[V]iola el debido proceso de ley un estatuto
que, en su aplicación, convierte en irrisorio
el remedio solicitado al operar en un período
de tiempo tan corto que no le brinda a la
parte perjudicada una oportunidad razonable
para ejercitar la acción. [. . .] Ello es así,
ya que se reconoce que el derecho de ejercitar
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
22
la acción civil es un derecho fundamental cuya
restricción, por parte del Estado, debe estar
fundamentada
en
un
interés
apremiante
promovido por el medio menos oneroso. (Énfasis
suplido). Calo Morales v. Cartagena Calo, 129
DPR 102, 138 (1991) (citas omitidas).
Ciertamente, el dictamen revocado por el Tribunal de
Apelaciones era contrario a la intención de la Asamblea
Legislativa, ya que restringía el mecanismo flexible de
la
notificación
emplazamiento
por
y,
la
por
si
rigurosidad
fuera
que
poco,
caracteriza
prohibía
que
el
el
cómputo del término se realizara de conformidad con la
Regla
68.1
de
Procedimiento
Civil,
supra.
Esto,
como
vimos, tenía el efecto de limitar a tan solo dos (2) días
el plazo para el diligenciamiento del emplazamiento con
las potenciales violaciones al debido proceso de ley que
ello acarrea.
La controversia en este caso era simple debido a la
relación
de
identidad
entre
ambos
mecanismos.
Es
inexistente la distinción si tomamos en consideración el
propósito y los efectos de una notificación vis á vis el
emplazamiento
como
métodos
para
adquirir
jurisdicción
sobre la persona.
Al
considerar
que
el
método
de
notificación
dispuesto en esta ley fue especial, en sintonía con el
propósito del Código Electoral y la premura que urge al
resolver este tipo de casos, el curso de acción tomado es
el correcto. Como cuestión de derecho, correspondía que
validáramos que la primera notificación realizada el 17
de enero de
2021, tan solo
tres (3) días
después de
AC-2021-27 cons. con AC-2021-28
23
haberse presentado el escrito de impugnación y dentro del
plazo de cinco (5) días exigido, fue realizada conforme a
lo
requerido
supra.
Aun
por
el
Art.
10.15
bajo
la
errada
del
Código
aplicación
Electoral,
del
mecanismo
procesal del emplazamiento, los propulsores de esa teoría
deben
reconocer
que
el
emplazamiento
realizado
por
el
licenciado Natal Albelo el 21 de enero de 2021, luego de
computarse el plazo de cinco (5) días de conformidad con
la
Regla
68.1
de
Procedimiento
Civil,
supra,
fue
realizado dentro del término y, por tanto, el Tribunal de
Primera
Instancia
sí
adquirió
jurisdicción
sobre
la
persona del licenciado Romero Lugo.
Sólo así cumplimos con nuestro deber de realizar una
interpretación armoniosa de la ley y salvaguardaríamos el
debido proceso de ley de todas las partes.
IV
Por
entender
que
el
Artículo
10.15
del
Código
Electoral, supra, sólo exige el mecanismo procesal de la
notificación para adquirir jurisdicción sobre la persona
del candidato impugnado, estoy conforme con el dictamen
del Tribunal de Apelaciones.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Manuel Antonio Natal Albelo,
en su capacidad de candidato a
la Alcaldía de San Juan por el
Movimiento Victoria Ciudadana
AC-2021-027
Cons. con
AC-2021-028
Recurrido
v.
Miguel A. Romero Lugo, en su
capacidad de candidato impugnado
y otros
Peticionarios
Voto Particular de Conformidad emitido por el Juez Asociado
señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2021.
Estamos conforme con el curso de acción seguido por
una Mayoría de este Tribunal en el presente caso, ello
por entender que -- en lo relacionado a la causa de
epígrafe
--
ha
quedado
claramente
demostrado
lo
siguiente: 1) que la demanda de Impugnación de elección
objeto
del
presente
litigio,
e
incoada
por
el
licenciado Manuel A. Natal Albelo, se notificó al aquí
peticionario, Hon. Miguel A. Romero Lugo, dentro del
término de cinco (5) días dispuesto para ello en el
Art. 10.15 del Código Electoral de 2020, infra; 2) que
habiendo recibido copia de la demanda, el Hon. Miguel
A. Romero Lugo fue informado oportunamente de la acción
judicial presentada en su contra, garantizándole así su
derecho a ser oído y a que presentase prueba a su
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
favor;
y
3)
2
que,
realizado
dicho
procedimiento,
se
salvaguardó el debido proceso de ley que le asiste al
Hon. Miguel A. Romero Lugo. Siendo ello así, este caso se
mantiene vivo y le corresponde al Tribunal de Primera
Instancia atenderlo en los méritos. Veamos.
I.
Allá para el 14 de enero de 2021, el licenciado
Manuel A. Natal Albelo (en adelante, “licenciado Natal
Albelo”) -- como candidato a la Alcaldía de San Juan por
el
partido
Movimiento
Victoria
Ciudadana
--
incoó
una
demanda de Impugnación de elección, al amparo del Art.
10.15 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, infra,
(en adelante, “Código Electoral de 2020”), en la cual
cuestionó la elección del Hon. Miguel A. Romero Lugo como
Alcalde
del
referido
Municipio.
Dicho
recurso
se
fundamentó en la existencia de presuntas irregularidades
relacionadas al manejo, custodia y adjudicación de las
papeletas
municipales
correspondientes
a
la
Unidad
Electoral 77 del Municipio de San Juan. En consecuencia,
el
licenciado
Primera
Natal
Instancia
que
Albelo
solicitó
ordenara
la
al
Tribunal
celebración
de
de
una
nueva elección limitada a la mencionada Unidad Electoral.
Recibida la referida demandada, al día siguiente, -entiéndase, el 15 de enero de 2021, -- el foro primario
emitió una Orden de mostrar causa en la cual expuso que:
[C]onsiderada la naturaleza extraordinaria del
presente
recurso,
el
peticionario
deberá
diligenciar, y además notificar esta orden con
copia del recurso y sus anejos a todos los
peticionados, de conformidad a lo dispuesto en
la Regla 4.4 de Procedimiento Civil [,] en las
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
3
próximas 24 horas de su expedición. (Énfasis y
citas omitidas).
De igual forma, mediante la referida Orden, se le
concedió
al
Hon.
Miguel
A.
Romero
Lugo
y
demás
peticionados hasta el 21 de enero de 2021 para exponer
las
razones
remedio
por
las
solicitado.
cuales
no
se
debía
conceder
Además,
se
les
advirtió
a
el
estos
últimos que, de no contestar dentro del plazo concedido,
el tribunal podría acceder al petitorio del licenciado
Natal Albelo, sin más oírles.
Así las cosas, el 17 de enero de 2021 -- es decir,
tres
(3)
días
Impugnación
de
después
elección
de
–-
haberse
presentado
el licenciado
Natal
la
Albelo
diligenció el escrito de Impugnación de elección y sus
anejos, así como la Orden de mostrar causa emitida por el
foro primario, al Hon. Miguel A. Romero Lugo de forma
personal.
En cuanto a los restantes peticionados, ello
ocurrió cinco (5) días después, a saber, el 19 de enero
de 2021.
Tal
hecho
fue
acreditado
al
Tribunal
de
Primera
Instancia el 20 de enero de 2021, mediante Moción en
cumplimiento de orden. En dicho escrito, el licenciado
Natal
Albelo
expresó
haber
acompañado
copia
de
los
emplazamientos que diligenció, según ordenado por el foro
primario.12
Cabe señalar que, al día siguiente, el licenciado Natal Albelo
presentó una Moción informativa para aclarar el récord. En ella,
explicó que aunque el día antes había presentado una moción a los
efectos de notificar el cumplimiento de orden y acreditar al tribunal
el diligenciamiento de la Orden de Mostrar Causa -- junto con la
petición de Impugnación de elección y todos sus anejos -- por error e
12
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
4
En respuesta a lo anterior, el Tribunal de Primera
Instancia
ordenó
a
este
último
a
presentar
los
emplazamientos diligenciados, debido a que -- a su juicio
-- solo había incluido evidencia del diligenciamiento de
la Orden de mostrar causa. Ante ello, y a solicitud del
licenciado
Natal
Albelo,
el
21
de
enero
de
2021
la
Secretaría del foro primario expidió los emplazamientos
los cuales fueron diligenciados en igual fecha.
Ahora
bien,
ese
mismo
día,
el
Presidente
de
la
Comisión Estatal de Elecciones, Hon. Francisco J. Rosado
Colomer,
el
Comisionado
Electoral
del
Partido
Nuevo
Progresista, señor Héctor J. Sánchez Álvarez, y el Hon.
Miguel
A.
Romero
Lugo
presentaron
desestimación,
por
separado.
sinnúmero
de
razones
procedía
desestimar
por
el
En
las
mociones
de
esbozaron
un
entendían
que
ellas,
cuales
recurso
presentado
ante
el
Tribunal de Primera Instancia. En lo pertinente, adujeron
el incumplimiento con los requisitos para impugnar una
elección y la falta de jurisdicción sobre la persona, por
no emplazarse dentro del término dispuesto en ley para
ello.
Posteriormente,
el
Hon.
Miguel
A.
Romero
Lugo
interpuso una segunda moción de desestimación en la que
arguyó
que
el
Secretaría
del
emplazamiento
foro
--
primario
según
expedido
por
--
se
entregó
no
le
la
personalmente, sino que se diligenció por conducto del
Director de la Oficina de Asuntos Legales del Municipio
inadvertencia denominó el diligenciamiento de la referida Orden y del
recurso de impugnación como emplazamientos.
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
5
de San Juan. Ello, a pesar de que éste no había sido
autorizado
para
recibir
emplazamientos
a
nombre
del
candidato impugnado, en su carácter personal. Asimismo,
el Hon. Miguel A. Romero Lugo argumentó que conforme al
término de cinco (5) días dispuesto en el Art. 10.15 del
Código
Electoral
Albelo
tenía
de
hasta
2020,
infra,
el
el
de
enero
19
licenciado
de
Natal
2021
para
notificarle del recurso incoado ante Tribunal de Primera
Instancia
y,
debido
diligenciaron
a
a
dicha
que
los
fecha,
emplazamientos
el
tribunal
no
se
carecía
de
jurisdicción sobre la persona.
Oportunamente, el licenciado Natal Albelo se opuso a
dichas mociones de desestimación y sostuvo haber cumplido
con
el
término
precitada
de
cinco
disposición
del
(5)
días
Código
que
contempla
Electoral
de
la
2020,
infra, pues, notificó copia fiel y exacta del escrito de
impugnación
dentro
de
dicho
término,
lo
cual
a
su
entender le confirió al foro primario jurisdicción sobre
la
persona
además,
del
Hon.
con
posterioridad
que
Miguel
A.
Romero
Lugo.
ello,
diligenció
a
Señaló,
el
emplazamiento de conformidad a las exigencias contenidas
en las Reglas de Procedimiento Civil, infra.
Evaluados
los
argumentos
de
las
partes
en
el
litigio, el 29 de enero de 2021 el Tribunal de Primera
Instancia
dictó
Sentencia
síntesis,
que
el
emplazamiento
era
en
término
uno
la
para
cual
concluyó,
en
diligenciar
el
jurisdiccional,
y
no
de
cumplimiento estricto, el cual venció el 19 de enero de
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
2021.
En
6
consecuencia,
desestimó
el
recurso
de
Impugnación de elección por entender que el emplazamiento
diligenciado el 21 de enero de 2021 se realizó fuera del
término
dispuesto
para
ello,
privando
así
al
foro
primario de jurisdicción.
En otras palabras, del contenido de dicha Sentencia
se puede colegir que el Tribunal de Primera Instancia
entendió necesario no solo la notificación del escrito de
Impugnación de elección con todos sus anejos -- así como
la
Orden
de
referencia
mostrar
--,
causa
sino
a
la
cual
también
hemos
hecho
diligenciar
los
emplazamientos a través de los respectivos formularios a
esos
fines
y
cumpliendo
también
con
las
Reglas
de
Procedimiento Civil, infra, que contemplan lo anterior.
Debido a que esto último se realizó a siete (7) días de
haberse incoado la demanda de Impugnación de elección, el
foro primario concluyó que se incumplió con el término
dispuesto en el Art. 10.15 del Código Electoral de 2020,
infra, por lo que procedía la desestimación del caso de
marras.
Insatisfecho
licenciado
Natal
con
la
Albelo
anterior
acudió
determinación,
ante
el
Tribunal
el
de
Apelaciones mediante recurso de apelación, en donde adujo
que el Tribunal de Primera Instancia erró tras concluir
que no adquirió jurisdicción sobre la persona a través
del
cumplimiento
notificación
con
el
procedimiento
especial
de
estatuido
en
el
artículo
del
precitado
Código Electoral de 2020, infra, y al no distinguir el
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
7
mismo del emplazamiento contemplado bajo las Reglas de
Procedimiento Civil, infra. Como segundo señalamiento de
error, arguyó que el foro primario erró al aplicar las
Reglas
de
Procedimiento
Civil,
infra,
de
forma
inconsistente y, consecuentemente, invalidar el posterior
emplazamiento del candidato impugnado.
Tras evaluar los alegatos de las partes, el Tribunal
de
Apelaciones
emitió
una
Sentencia
mediante
la
cual
revocó al foro primario.13 En síntesis, el foro apelativo
intermedio
formaba
razonó
parte
que
del
el
texto
concepto
“emplazamiento”
del
10.15
Art.
del
no
Código
Electoral de 2020, infra, y, en cambio, dicho articulado
sí
hacía
referencia
impugnación
a
mediante
la
la
notificación
entrega
del
personal
escrito
de
éste.
Así
de
pues, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que lo anterior,
junto
a
los
disposición
breves
de
ley,
plazos
hacían
que
provee
evidente
la
la
referida
intención
del
legislador de simplificar el proceso de notificación del
recurso a los fines de agilizar la tramitación de este
tipo
de
causa
de
acción.
En
consecuencia,
el
foro
apelativo intermedio concluyó que el Tribunal de Primera
Instancia adquirió jurisdicción sobre la persona del Hon.
Miguel A. Romero Lugo y demás peticionados, ya que, no
solo se satisficieron las exigencias del Código Electoral
de
2020,
infra,
sino
que
se
les
garantizó
el
debido
proceso de ley.
El Panel del Tribunal de Apelaciones estuvo integrado por su
presidenta, la Jueza Birriel Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la
Jueza Cortés González. La Jueza Birriel Cardona disintió sin opinión
escrita.
13
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
8
En desacuerdo con lo dictaminado por el Tribunal de
Apelaciones, el 19 de febrero de 2021 el Hon. Miguel A.
Romero
Lugo
apelación”
comparece
en
el
ante
cual
nos
sostiene
mediante
que
el
“recurso
foro
de
apelativo
intermedio erró al concluir que en una impugnación de
elección bajo el Art. 10.15 del Código Electoral de 2020,
infra, no es necesario emplazar conforme a la Regla 4.4
de Procedimiento Civil, infra, tras razonar que la mera
notificación del recurso presentado es suficiente para
que el tribunal adquiera jurisdicción in personam sobre
el
candidato
escrito
de
notificarse,
los
impugnado.
Así
pues,
Impugnación
de
elección
sino
que
emplazamientos
también
éste
aduce
no
solo
correspondía
expedidos
por
la
que
el
debía
diligenciar
Secretaría
del
Tribunal utilizando el formulario OAT 1721. Documentos
que,
a
su
juicio,
se
debían
diligenciar
de
forma
simultánea dentro del término de cinco (5) días contados
a partir de la presentación del recurso de Impugnación de
elección. Además, el Hon. Miguel A. Romero Lugo arguye
que el diligenciamiento de la Orden de mostrar causa, por
sí
solo,
no
puede
tener
el
efecto
de
conceder
jurisdicción sobre un demandado si éste no es debidamente
emplazado con copia de la demanda en su contra, conforme
lo exige la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, infra, y el
Art. 10.15 del Código Electoral de 2020, infra.
Del
mismo
Comisionada
modo,
Electoral
comparece
del
ante
Partido
este
Nuevo
Tribunal
la
Progresista,
señora Vanessa Santo Domingo, a través de un “recurso de
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
9
apelación” y Moción de consolidación, en el cual señala
argumentos
similares
Miguel
Romero
A.
a
aquellos
Lugo
en
su
esbozados
por el
comparecencia.
Hon.
Asimismo,
sostiene que el tribunal a quo incidió al no expresarse
sobre la forma en que se computan los términos provistos
en el Código Electoral de 2020, infra.
Por su parte, el licenciado Natal Albelo presentó el
correspondiente alegato en el que, en apretada síntesis,
reitera su postura en cuanto a que el Artículo 10.15 del
Código Electoral de 2020, infra, requiere únicamente una
notificación del recurso de impugnación de elección como
mecanismo para adquirir jurisdicción sobre la persona. En
la alternativa, argumenta que incluso si se concluyera
que este tipo de procedimiento sui generis tiene como
requisito adicional el diligenciamiento del emplazamiento
personal
al
amparo
de
la
Regla
4.4
de
Procedimiento
Civil, infra, el término aplicable para ello no sería
cinco (5) días sino ciento (120) días, cónsono con la
Regla 4.3 del referido cuerpo reglamentario.
De igual manera, comparecieron el Presidente de la
Comisión
Estatal
Colomer;
el
de
Elecciones,
Comisionado
Democrático,
señor
Comisionado
Electoral
Ciudadana,
señor
Electoral
Gerardo
del
Olvin
Hon.
A.
del
Cruz
partido
Valentín
Francisco
Rosado
Partido
Popular
Maldonado;
y
Movimiento
Rivera,
el
Victoria
mediante
sus
respectivos alegatos.
Trabada así la controversia, esta Curia proveyó no
ha lugar a los recursos presentados ante nos. Con ese
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
10
curso de acción seguido por una mayoría de este Tribunal,
estamos conforme. Explicamos porque.
II.
Como
es
sabido,
el
Constitución
del
dispone
“[n]inguna
que
Estado
Art.
Libre
II,
Sec.
7
Asociado
de
Puerto
persona
será
privada
de
la
Rico
de
su
libertad o propiedad sin [un] debido proceso de ley...”.
CONST.
ELA
art.
II,
§
7,
LPRA,
Tomo
1.
La
garantía
constitucional del debido proceso de ley opera en dos
dimensiones, a saber: (1) la vertiente sustantiva y (2)
la vertiente procesal. Román Ortiz v. Oficina de Gerencia
de Permisos, 203 DPR 947, 953 (2020); Fuentes Bonilla v.
ELA et al., 200 DPR 364, 394 (2018); Aut. de Puertos v.
HEO, 186 DPR 417, 428 (2012). En lo pertinente al caso
que nos ocupa, la vertiente procesal le impone al Estado
la obligación de garantizar que la interferencia con los
intereses de libertad y propiedad del individuo se haga a
través de un procedimiento justo y equitativo. Picorelli
López v. Dpto. de Hacienda, 179 DPR 720, 735-736 (2010);
U. Ind. Emp. AEP v. AEP, 146 DPR 611, 616 (1998). Véase,
además, Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 45-48 (2010).
Cónsono con lo anterior, el debido proceso de ley se
define
como
el
proceso
justo
y
“derecho
con
de
todas
toda
las
persona
debidas
a
tener
un
garantías
que
ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el
administrativo”. Vendrell López v. AEE, 199 DPR 352, 359
(2017); Aut. de Puerto Rico v. HEO, supra, pág. 428.
Véase, también, Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez,
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
11
138 DPR 215 (1995). Por ello, a los fines de cumplir con
este postulado, se han reconocido una serie de garantías
mínimas,
a
saber:
proceso;
(2)
(1)
proceso
oportunidad
de
una
ante
ser
notificación
un
juez
oído;
(4)
adecuada
imparcial;
el
del
(3)
la
derecho
a
contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia
presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado;
y
(6)
que
presentada
la
decisión
se
fundamente
en
y
admitida
en
el
Román
juicio.
la
evidencia
Ortiz
v.
Oficina de Gerencia de Permisos, supra, pág. 954; Fuentes
Bonilla v. ELA et al., supra, pág. 395; Domínguez Castro
v. ELA, supra, pág. 47.
En
esa
dirección,
conviene
señalar
que,
--
como
regla general --, nuestro ordenamiento jurídico reconoce
el
emplazamiento
notificar
a
un
como
el
demandado
mecanismo
que
existe
procesal
una
para
reclamación
judicial en su contra. Banco Popular v. S.L.G. Negrón,
164 DPR 855, 863 (2005); Global v. Salaam, 164 DPR 474,
480 (2005); Quiñones Román v. CIA ABC, 152 DPR 367, 374
(2000). En cuanto a ello, este Tribunal ha expresado que
toda sentencia o dictamen de un tribunal en contra de un
demandado que no ha sido emplazado o notificado conforme
a derecho es nulo y, por tanto, no puede ejecutarse.
Torres
Zayas
v.
Montano
Gómez,
199
DPR
458,
468-469
(2017); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra, pág. 866;
Medina v. Medina, 161 DPR 806 (2004).
Se trata, pues, del mecanismo que dispone las Reglas
de
Procedimiento
Civil,
32
LPRA
Ap.
V,
para
que
un
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
12
tribunal pueda adquirir jurisdicción in personam sobre la
parte demandada, ya que de esa forma se satisface la
mencionada
cláusula
del
debido
proceso
de
ley
y
el
requisito de una notificación adecuada. Rivera v. Jaume,
157 DPR 562, 575 (2002); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137,
142-143
(1997).
Ello
permite
que
éste
ejerza
adecuadamente su derecho a comparecer en el juicio, a ser
oído y a presentar prueba a su favor. Global v. Salaam,
supra, pág. 480; Dátiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10,
15
(2004);
Rivera
v.
Jaume,
supra. Así,
para
que
un
tribunal pueda hacer efectiva su autoridad a los fines de
considerar
y
decidir
sobre
un
asunto,
“el
método
de
notificación tiene que ofrecer una probabilidad razonable
de
informarle
[al
demandado]
...
sobre
la
acción
entablada en su contra, de forma tal que pueda comparecer
a defenderse si así lo desea”. Banco Popular v. S.L.G.
Negrón, supra; Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 512513 (2003); Quiñones Román v. CIA ABC, supra, pág. 374.
Ahora
bien,
en
de
los
expedición
diligenciamiento,
cuanto
a
los
requisitos
emplazamientos,
precisa
remitirnos
su
a
la
para
la
forma
y
Regla
4
de
Procedimiento Civil, supra. Particularmente, la Regla 4.1
del
referido
requiere
que
cuerpo
el
de
ley,
demandante
32
LPRA
presente
Ap.
el
V,
R.
4.1,
formulario
de
emplazamiento junto con la demanda, para su expedición
inmediata por el Secretario o Secretaria del tribunal.
Véase, Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462,
481 (2019); Torres Zayas v. Montano Gómez, supra, págs.
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
13
467-468.
Mientras, la Regla 4.3, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3,
enumera
las
personas
emplazamiento
y
el
que
término
pueden
que
se
diligenciar
tiene
para
el
ello.
Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 870 (2019).
Sobre este particular, el inciso (c) de la mencionada
regla preceptúa que “[e]l emplazamiento será diligenciado
en el término de ciento veinte (120) días a partir de la
presentación de la demanda o de la fecha de expedición
del emplazamiento por edicto”. 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c).
Véase, Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 989
(2020); Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR
637, 648 (2018). Término de ciento veinte (120) días que,
según
los
pronunciamientos
de
este
Foro,
es
uno
improrrogable y no puede ser acortado por un tribunal.
Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra, pág. 987; Pietri
González v. Tribunal Superior, 117 DPR 638, 640 (1986);
Ortalaza v. F.S.E., 116 DPR 700, 703-704 (1985).
Asimismo, el precitado cuerpo reglamentario, en su
Art. 4.4, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4, dispone el procedimiento
para
el
emplazamiento
personal.
En
lo
pertinente
al
presente caso, dicha regla expresa que cuando se trata
del emplazamiento de una persona mayor de edad, el mismo
se diligenciará entregando copia del emplazamiento y de
la demanda a ella personalmente, o a un agente autorizado
por
ella
o
designado
por
ley
para
recibir
un
emplazamiento. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra,
pág. 871; Torres Zayas v. Montano Gómez, supra, pág. 470.
III.
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
14
Habiendo reconocido que, como regla general, en toda
acción judicial -- de naturaleza civil -- es a través del
emplazamiento que un tribunal adquiere jurisdicción sobre
la
persona,
es
menester
señalar
aquí
que
en
nuestro
ordenamiento jurídico existen ciertas instancias en las
que
la
Asamblea
alternos
para
Legislativa
lograr
tal
ha
adoptado
propósito,
mecanismos
sustituyendo
la
herramienta ordinaria del emplazamiento por otro tipo de
procedimiento más flexible donde también se salvaguarden
las garantías del debido proceso de ley
El
proceso
de
Impugnación
de
elección,
según
contemplado en el Art. 10.15 de la Ley Núm. 58-2020,
conocida como Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4501
et seq, es una de esas instancias.14 En dicho caso, la
Asamblea Legislativa
de
este
estableció
tipo
un
de
-- dada la naturaleza sui generis
procedimiento
mecanismo
alterno
-para
intencionalmente
que
un
tribunal
pudiese adquirir jurisdicción sobre la persona, a saber:
la notificación personal del recurso de Impugnación de
elección al candidato(a) impugnado(a).
Al respecto, y en lo pertinente a las controversias
que nos ocupan, la mencionada disposición legal establece
que cualquier candidato o candidata que desee impugnar la
Entre dichas instancias, podemos resaltar las siguientes: (1) Regla
60 de Procedimiento Civil, supra, relacionada a reclamaciones de
quince mil dólares ($15,000.00) o menos; (2) Ley sobre Controversias y
Estados Provisionales de Derecho, Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974,
32 LPRA sec. 2871; (3) Ley contra el Acecho en Puerto Rico, Ley Núm.
284 de 21 de agosto de 1999, 33 LPRA sec. 4013; y (4) la Ley de
Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de
octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118. Véase, Alegato en Oposición a
Recursos de Apelación presentado por el Comisionado Electoral del
Movimiento Victoria Ciudadana.
14
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
15
elección de otro, deberá presentar ante el Juez de la
Sala de la Región Judicial que se haya designado conforme
a la precitada ley -- y dentro de los diez (10) días
siguientes
a
la
fecha
certificación
de
elección
de
la
--
notificación
un
escrito
de
la
juramentado
exponiendo las razones en virtud de las cuales fundamenta
su impugnación. Art. 10.15 del Código Electoral de 2020,
16
LPRA
sec.
naturaleza
4765.
que,
de
Éstas
razones
probarse,
deberán
serán
ser
de
suficientes
tal
para
cambiar el resultado de la elección. Íd.
Más
adelante,
el
discutido
Art.
10.15
del
Código
Electoral de 2020, supra, reza:
...
Una copia fiel y exacta del escrito de
impugnación
será
notificada
al
Candidato
impugnado y se le entregará personalmente,
dentro de los cinco (5) días siguientes a su
presentación.
El candidato cuya elección fuese impugnada
tendrá que presentar ante el Tribunal una
contestación bajo juramento dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha en que recibiere
la notificación del escrito de impugnación y
certificará
haber
notificado
y
entregado
personalmente copia de su contestación al
impugnador o a su representante legal. Se
entenderá que la persona cuya elección fue
impugnada acepta la impugnación como cierta de
no contestar en dicho término.
La
notificación,
escrito
y
contestación
prescritos en esta Ley, podrán ser diligenciados
por cualquier persona competente para testificar
y se diligenciarán mediante entrega personal a
las respectivas partes, a sus representantes
electorales, conforme a lo establecido en las
Reglas de Procedimiento Civil o en la residencia
u oficina de la persona a quien fueren
dirigidas. A los fines de este Artículo, el
representante electoral de un candidato por un
partido político será el integrante de la
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
16
Comisión Local del precinto de su domicilio que
represente a su partido político. Íd.
Como se puede apreciar, en la precitada disposición
estatutaria
no
se
hace
mención
alguna
al
concepto
emplazamiento o referencia específica alguna a la Regla
4.4
de
Procedimiento
Civil,
supra,
según
discutida
anteriormente en el Acápite II de este escrito. Tal como
se señala en el bien elaborado alegato del licenciado
Natal Albelo:
Un
análisis
del
esquema
estatutario
aplicable a una acción de impugnación al amparo
del Artículo 10.15 del Código Electoral revela
que
esta
omisión
no
fue
involuntaria,
intencional.
Como
consecuencia,
totalmente
improcedente
enmendar,
sino
sería
por
fiat
judicial, el texto estatutario para incorporar
un
mecanismo
que
la
Asamblea
Legislativa
descartó. Por el contrario, lo que corresponde
es aplicar lo dispuesto por la Legislatura, sin
añadir
elementos
adicionales
expresamente
descartados por esta.15
Se
trata,
pues,
de
la
máxima
de
hermenéutica
expressio unius est exclusio alterius cuyo propósito es
determinar la intención del legislador. Cónsono con ello,
si la Asamblea Legislativa opta por incluir o mencionar
alguna cosa, palabra o concepto específico, se entienden
15
Véase, Alegato en oposición a recurso de apelación, pág. 8.
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
17
excluidas aquellas que no fueron mencionadas. Véase, R.E.
Bernier
y
J.A.
Cuevas
Segarra,
Aprobación
e
interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San
Juan,
Pubs.
JTS,
1987,
Vol.
1,
pág.
345.
Así
pues,
tratándose de una omisión intencional, lo que procede es
dar fiel cumplimiento a la voluntad legislativa y, en
consecuencia,
no
añadir
lo
omitido.
J.M.
Farinacci
Fernós, Hermenéutica puertorriqueña, San Juan, Editorial
InterJuris, 2019, pág. 156.
En
la
pieza
legislativa
bajo
estudio,
es
indiscutible el hecho de que los miembros de la Asamblea
Legislativa,
estatutario
de
la
forma
palabra
diáfana,
excluyó
“emplazamiento”
y
del
texto
omitió
hacer
referencia a la Regla 4 de Procedimiento Civil, supra.
Más bien, estableció un mecanismo especial -- entiéndase,
el
mecanismo
de
la
notificación
del
escrito
de
Impugnación de elección -- como alternativa al mecanismo
ordinario del emplazamiento. Lo anterior, precisamente,
en virtud de la naturaleza sui generis del breve término
que provee el Art. 10.15 del Código Electoral de 2020,
supra,
para
notificar
el
recurso
de
Impugnación
de
elección.
Por último, precisa hacer mención que el Artículo
2.4 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4504,
expresa que “[el] cómputo de los términos expresados en
esta Ley se aplicará según las Reglas de Procedimiento
Civil de Puerto Rico vigentes, excepto aquellos términos
específicos dispuestos en esta Ley”. Por tanto, cuando la
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
18
referida ley disponga un término específico para alguno
de los procedimientos que contempla, se torna inaplicable
la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, que provee
para excluir los sábados, domingos y días feriados del
cómputo del término, si se tratare de un plazo menor de
siete (7) días.
Es, pues, a la luz de la normativa antes esbozada
que procedemos a disponer de la presente controversia.
IV.
Como mencionamos anteriormente, en el presente caso,
el Hon. Miguel A. Romero Lugo sostiene que el Tribunal de
Primera
Instancia
carecía
de
jurisdicción
sobre
su
persona, pues no solo se le debía notificar el escrito de
Impugnación
de
elección,
sino
también
diligenciar
los
emplazamientos expedidos por la Secretaría del Tribunal
de
Primera
Instancia
utilizando
el
correspondiente
formulario que la OAT ha diseñado para tales fines. A su
juicio, ambos documentos debían diligenciarse de forma
simultánea dentro del término de cinco (5) días contados
a partir de la presentación del recurso de Impugnación de
elección. No le asiste la razón.
Y es que de una simple lectura del Art. 10.15 del
Código
Electoral
de
2020,
supra,
surge
con
meridiana
claridad que -- para casos como el de autos -- lo que se
exige en ley es notificar al candidato electo impugnado
una copia fiel y exacta del escrito de Impugnación de
elección dentro del término de cinco (5) días desde que
se presente ante el foro primario. Evidentemente, no se
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
19
requiere que dentro de igual término se diligencien los
emplazamientos,
civiles
de
conforme
otra
indispensable
se
realiza
naturaleza.
es
que
el
en
procedimientos
Lo
verdaderamente
candidato
impugnado
tenga
conocimiento -- dentro del mencionado término -- de la
acción incoada en su contra, que éste pueda ser escuchado
por el tribunal y que pueda defenderse, de así desearlo.
Ello aquí se logró.
Recordemos
que,
como
principio
cardinal
de
hermenéutica, "cuando la ley es clara y libre de toda
ambigüedad,
su
pretexto
cumplir
Civil
de
de
texto
2020,
31
no
debe
menospreciarse
su
espíritu".
LPRA
sec.
Art.
5341.
19
bajo
del
Véase,
el
Código
Farinacci
Fernós, op. cit., págs. 72-78. Por consiguiente, cuando
el legislador se ha expresado en un lenguaje claro e
inequívoco, dicho texto es la expresión por excelencia de
la intención legislativa. Tal es el caso de autos.16
Ahora
intimar,
la
bien,
contrario
referencia
a
a
las
lo
que
Reglas
algunos
de
pudieran
Procedimiento
Civil, supra, en el tercer párrafo del Art. 10.15 del
Código Electoral de 2020, supra, se limita a informar
quien podrá notificar el escrito y la forma en que ello
se hará, entiéndase a quien se entregará o dónde. Como
cuestión de hecho, así lo reconoció el propio Tribunal de
Primera Instancia, a la página 13 de su Sentencia, al
señalar
que
“…cuando
se
expresa
la
aplicación
de
las
Rosa Molina v. ELA, 195 DPR 581 (2016); Cordero et al. v. ARPe et
al., 187 DPR 445, 456 (2012); Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses,
179 DPR 849, 862 (2010).
16
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
Reglas
de
Procedimiento
procedimiento
mediante
20
del
Civil,
se
diligenciamiento
entrega
personal
o
a
contrario
--
es
está
de
refiriendo
la
un
al
notificación
representante
electoral”.
Resolver
lo
decir,
requerir
el
diligenciamiento del emplazamiento al igual que en otros
procedimientos civiles -- tendría el efecto de proveer
para ello un término de ciento veinte (120) días conforme
la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra, que, como
bien
mencionamos,
Esto,
a
todas
no
puede
luces,
acortarse
desvirtuaría
por
la
un
tribunal.
intención
del
legislador de proveer un término tan breve como cinco (5)
días
para
notificar
la
Impugnación
de
elección,
cuyo
propósito es atender asuntos de tal naturaleza con la
celeridad que ameritan.17
V.
En fin, y a modo de epílogo, no albergamos duda
alguna que la notificación de la demanda de Impugnación
de elección aquí en controversia hizo las veces de un
emplazamiento. A través de la misma, el Alcalde Electo
del Municipio de San Juan, Hon. Miguel A. Romero Lugo,
fue
informado
oportunamente
--
es
decir,
dentro
del
término de cinco (5) días dispuesto en el Art. 10.15 del
Código Electoral de 2020, supra -- de la acción judicial
Aun si partiéramos de la premisa que el Código Electoral de 2020,
supra, exige el diligenciamiento del emplazamiento tal como en otros
procedimientos civiles, -- lo cual no es así --, el licenciado Natal
Albelo cumplió con ello, ya que diligenció el mismo el 21 de enero de
2021; es decir, a siete (7) días de haberse incoado el recurso de
Impugnación de elección y, por tanto, dentro del término de ciento
veinte días (120) días establecido por la Regla 4.3 de Procedimiento
Civil, supra.
17
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
21
incoada en su contra, garantizándole así su derecho a ser
oído y a que pudiese defenderse; principios fundamentales
del debido proceso de ley.
En el ámbito del derecho es norma trillada que “el
nombre no hace la cosa”.18 Aquí, a todas luces, estamos
ante otro ejemplo de ello. No se cometieron los errores
señalados.
VI.
Es, pues, por los fundamentos antes expuestos, que
estamos conformes con el curso de acción seguido por este
Tribunal en el día de hoy.
Al así sentenciarlo, disponemos de otra controversia
más,
de
las
muchas
que
hemos
atendido,
que
tiene
su
génesis en la aprobación a la ligera -- y sin consenso
entre las distintas fuerzas políticas del País -- del
nuevo
código
Electoral
de
2020,
supra.
Cuerpo
reglamentario que rigió el evento electoral al cual hemos
hecho referencia. Urge, pues, que la Asamblea Legislativa
pase
juicio
sobre
el
contenido
de
la
referida
pieza
legislativa.
Angel Colón Pérez
Juez Asociado
Véanse, JMG Investment Inc. v. ELA, 203 DPR 718, 719 (2019); Mun.
Rincón v. Velázquez Muñiz, 199 DPR 989, 1002 (2015); Batista Nobbe
v. Junta de Directores, 185 DPR 206, 223 (2012).
18
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Manuel Antonio Natal Albelo,
en su capacidad de candidato
a la Alcadía de San Juan por
el
Movimiento
Victoria
Ciudadana
AC-2021-0027
Recurrido
Cons. con
v.
AC-2021-0028
Miguel A. Romero Lugo, en su
capacidad de candidato
impugnado y otros
Peticionarios
Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado
señor RIVERA GARCÍA al cual se une la Jueza Asociada señora
PABÓN CHARNECO.
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2021.
A
la
luz
de
las
consideraciones
que
expongo
a
continuación, disiento enérgicamente del proceder de una
Mayoría de este Tribunal en denegar los recursos de autos,
y apartarse sin fundamento alguno del estado de derecho
vigente
y
en
constitucionales
Estamos
franca
que
firmemente
violación
rigen
el
convencidos
a
debido
que
los
principios
proceso
la
de
ley.
falta
del
diligenciamiento de un emplazamiento, además de ser una
violación
al
debido
proceso
de
ley,
priva
a
los
foros
judiciales de adquirir jurisdicción sobre una persona e
invalida cualquier dictamen judicial en su contra.
Por lo tanto, somos del criterio que el Tribunal de
Apelaciones erró al revocar una Sentencia del foro primario
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
2
la cual desestimó la Impugnación de Elección por carecer de
jurisdicción
sobre
la
persona,
ya
que
el
candidato
impugnado no fue emplazado dentro del término de cinco (5)
días que establece el Código Electoral del 2020. En ese
sentido, el foro apelativo incurrió en el gravísimo error
de equiparar el diligenciamiento de una orden de mostrar
causa
con
el
Procedimiento
emplazamiento
Civil,
requerido
infra.
A
en
todas
la
Regla
luces,
4
de
llámesele
notificación o emplazamiento, de este ser defectuoso, no
surtiría
efecto
sobre
el
candidato
impugnado.
Pues
una
determinación en contrario conlleva a fatales consecuencias
en el proceso judicial y una clara violación al debido
proceso de ley que alberga el candidato impugnado.
Por otro lado, la controversia objeto de estudio nos
concedía la ocasión para atender un asunto novel en materia
de derecho electoral, que evidentemente está revestido de
un alto interés
público, y, que por consideraciones de
política
requiere
pública
su
inmediata
resolución
para
impartirle certeza y celeridad al proceso de Impugnación de
Elección dispuesto en el Código Electoral de 2020, infra.
Específicamente, este caso nos ofrecía la oportunidad de
determinar si el Art. 10.15 del Código Electoral de 2020,
infra,
requiere
Impugnación
de
Procedimiento
el
emplazamiento
Elección,
Civil,
al
de
la
la
demanda
conforme
con
Regla
candidato
impugnado
de
4.4
de
dentro
del
término de cinco (5) días siguientes a su presentación, de
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
modo
que
el
3
tribunal
adquiera
jurisdicción
sobre
la
persona.19
Por los fundamentos que proceden, hubiéramos resuelto
esta controversia en la afirmativa, y de una vez y por
todas, le impartíamos certeza y celeridad al proceso de
Impugnación de Elección dispuesto en el Código Electoral de
2020, infra. De esta forma, garantizaríamos su correcta
aplicación en los eventos electorales, ya sean elecciones
generales, especiales, o primarias.
I
La génesis de esta controversia se remonta al 31 de
diciembre de 2020, cuando la Comisión Estatal de Elecciones
(CEE) certificó al Hon. Miguel Romero Lugo (peticionario)
como
el
alcalde
del
Municipio
de
San
Juan.20
Esta
certificación le fue notificada al peticionario el 4 de
El pleito instado en el Tribunal de Primera Instancia por el
Lcdo. Manuel A. Natal Albelo fue desestimado por falta de jurisdicción
sobre la persona del demandado. En su dictamen, el foro primario no
consideró fundamento distinto para la desestimación. Igualmente, la
revisión del foro apelativo intermedio se limitó a considerar el
fundamento de falta de jurisdicción sobre la persona. Sin embargo, cabe
destacar que, en el recurso presentado por la Comisionada Electoral del
Partido Nuevo Progresista, la Lcda. Vanessa Santo Domingo-Cruz, esta
planteó la existencia de otras controversias válidas relacionadas a
este asunto. Asimismo, en la comparecencia del Hon. Francisco Rosado
Colomer, Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), se
esbozaron
similares
señalamientos.
Estas
otras
controversias
principalmente envuelven: (1) la falta de partes indispensables; (2) la
insuficiencia del emplazamiento realizado al director del departamento
legal del municipio de San Juan; (3) la falta de revisión judicial de
la resolución administrativa CEE-RS-20-169 sobre la denegatoria de
recuento de votos; y (4) que la demanda no expone una reclamación que
justifique la concesión de un remedio. Por consideraciones de
autolimitación judicial, nos circunscribimos a resolver únicamente la
controversia según enmarcada en el texto de esta Opinión.
20 Certificación Comisión Estatal de Elecciones, Apéndice de la
Petición de certiorari, pág. 66.
19
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
4
enero de 2021 como resultado oficial de las elecciones
habidas el pasado 3 de noviembre de 2020.21
Inconforme
con
la
certificación
emitida,
el
14
de
enero de 2021, el Lcdo. Manuel Natal Albelo (recurrido)
acudió
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
(TPI)
y
presentó una Impugnación de Elección al amparo del Art.
10.15 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (Código
Electoral).22
A
esos
efectos,
el
recurrido
cuestionó
la
certificación del peticionario, como Alcalde de San Juan,
debido a unas presuntas irregularidades en el proceso de
votación en la Unidad 77. En la demanda de Impugnación de
Elección adujo que la cantidad de votos en controversia
eran
suficientes
para
cambiar
el
resultado
de
las
elecciones. Por ello, solicitó que el foro de instancia
permitiera la celebración de una nueva elección en esta
Unidad
y
dejara
sin
efecto
la
certificación
del
peticionario como candidato electo a la alcaldía de San
Juan.
Al día siguiente, el 15 de enero de 2021, el Tribunal
de Primera Instancia emitió una
Orden de Mostrar Causa
(Orden).23 Esta Orden proveyó al peticionario hasta el 21 de
enero de 2021 para que expresara las causas por las cuales
Notificación de Certificación Comisión Estatal de Elecciones,
Apéndice de la Petición de apelación, pág. 67
22
Impugnación
de Elección,
Apéndice
de
la
Petición
de
certiorari, pág. 34.
23 Orden de Mostrar Causa, Apéndice de la Petición de certiorari,
pág. 86.
21
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
5
no se debían conceder los remedios solicitados.24 Asimismo,
el tribunal le ordenó al recurrido a “diligenciar, y además
notificar esta orden con copia del recurso y sus anejos a
todos los peticionados, de conformidad a lo dispuesto en la
Regla 4.4 de Procedimiento Civil”.25 Conforme a lo anterior,
el 17 de enero de 2021, el recurrido solamente entregó al
peticionario la Orden con su diligenciamiento y copia del
escrito de Impugnación de Elección.26
El 20 de enero de 2021, el recurrido presentó una
Moción en Cumplimiento de Orden en la cual sostuvo que
incluyó
los
emplazamientos
de
todos
los
peticionados
diligenciados, según ordenado por el foro de instancia.27 En
esta
misma
notificó
fecha,
al
el
recurrido
Tribunal
que
de
solo
Primera
incluyó
Instancia
evidencia
le
del
diligenciamiento de la Orden, mas no así evidencia de los
emplazamientos diligenciados de la demanda.28 Por lo tanto,
esa tarde el recurrido presentó al foro de instancia una
Solicitud
de
Expedición
de
Emplazamientos
para
que
proporcionaran los correspondientes emplazamientos.29
Según se desprende del expediente,
21
de
enero
de
2021,
el
recurrido
el próximo día,
presentó
una
Moción
Informativa para Aclarar el Récord en la cual expresó que
Íd.
Íd. pág. 87.
26 Diligenciamiento, Apéndice de la Petición de certiorari, pág.
93 y Orden de Mostrar Causa, Apéndice de la Petición de certiorari,
pág. 94.
27 Moción de Cumplimiento de Orden, Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 91.
28 Notificación, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 121.
29
Solicitud de Expedición de Emplazamientos, Apéndice de la
Petición de certiorari, pág. 123.
24
25
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
6
“por error e inadvertencia, [...] denominó el servicio de
la Orden de Mostrar Causa y del recurso de impugnación como
emplazamientos, cuando debió indicar en su moción que el
diligenciamiento
fue
la
Orden
de
Mostrar
Causa
y
del
recurso de impugnación con todos sus anejos”.30 Ese mismo
día, el recurrido sometió al tribunal de instancia una
Moción Presentando Emplazamientos Diligenciados.31 En esta,
manifestó
que
peticionario.32
sirvió
A
su
copia
vez,
del
planteó
emplazamiento
que
los
al
términos
dispuestos en la Regla 68.1 de Procedimiento Civil eran de
aplicación
al
diligenciamiento
del
emplazamiento
de
la
Impugnación de Elección.33
En esta misma fecha, y sin someterse a la jurisdicción
del Tribunal, el peticionario
instancia
una
Moción
de
presentó ante el foro de
desestimación
por
falta
de
jurisdicción sobre la persona.34 En su petición arguyó que
el recurrido no lo emplazó conforme al término específico
de cinco (5) días dispuesto en el Art. 10.15 del Código
Electoral.35
El 25 de enero de 2021, el peticionario nuevamente sin
someterse
a
la
jurisdicción
del
Tribunal,
presentó
una
Segunda moción de desestimación por falta de jurisdicción
30
Moción informativa para aclarar el récord, Apéndice de la
Petición de certiorari, pág. 143.
31 Moción Presentando Emplazamientos Diligenciados, Apéndice de
la Petición de certiorari, pág. 331.
32 Íd.
33 Íd., pág. 332.
34 Moción de Desestimación por falta de jurisdicción sobre la
persona, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 297.
35 Íd., pág. 305.
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
sobre
la
7
persona,
al
haber
transcurrido
el
plazo
jurisdiccional para emplazar al candidato impugnado, sin
que se hubiere hecho conforme a derecho.36 En síntesis, el
peticionario solicitó la desestimación de la demanda por
los argumentos esbozados en su moción anterior.37
Por su parte, ese mismo día, el recurrido presentó un
escrito
en
desestimación
Lugo.38
En
Respuesta
del
su
en
oposición
candidato
impugnado
moción,
destacó
a
mociones
Miguel
que
A.
cumplió
de
Romero
con
el
emplazamiento dentro del término de cinco (5) días, según
lo establece la Regla 68.1 de Procedimiento Civil.39
Cabe
señalar
que
el
25
de
peticionario
acudió
ante
este
jurisdicción
por
del
recurso
vía
enero
2021,
el
auxilio
de
Certificación.40
En
Tribunal
de
de
en
cuanto a esta petición, el Tribunal emitió una Resolución
en la que denegó expedir el recurso y la solicitud de
auxilio.41 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia
continuó con los procedimientos posteriores del caso.
Así las cosas, el 27 de enero de 2021, el peticionario
sometió Réplica a la
desestimación
del
“Respuesta en oposición a mociones de
candidato
impugnado
Miguel
A.
Romero
Segunda moción de desestimación por falta de jurisdicción
sobre la persona, al haber transcurrido el plazo jurisdiccional para
emplazar al candidato impugnado, sin que se hubiere hecho conforme a
derecho, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 368.
37 Íd. pág. 387.
38
Respuesta en oposición a mociones de desestimación del
candidato impugnado Miguel A. Romero Lugo, Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 657.
39 Íd. pág. 664.
40 Certificación,
Apéndice de la Petición de certiorari, pág.
404.
41 Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 675.
36
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
8
Lugo”.42 En su comparecencia reafirmó que el emplazamiento
fue
tardío
y
que
en
la
notificación
incluyeron los debidos emplazamientos.43
inicial
no
se
Además, apuntaló
que cuando se emplazó el 21 de enero de 2021, se hizo a
través del Lcdo. Israel O. Alicea Luciano, Director de la
Oficina
de
Asuntos
Legales
del
Municipio
de
San
Juan,
funcionario municipal que no lo representa en su carácter
personal sino en su carácter oficial.44 En este sentido
indicó que procedía la desestimación de la Impugnación de
la Elección por razón de que no se le emplazó conforme a
derecho
y,
por
lo
tanto,
el
tribunal
no
adquirió
jurisdicción sobre su persona.45 Junto a su Réplica además
presentó
una
Moción
de
desestimación
por
falta
de
jurisdicción sobre la materia y ausencia de una causa de
acción
que
justifique
la
concesión
de
un
remedio,
sin
renunciar al planteamiento de falta de jurisdicción sobre
la persona.46
Asimismo,
presentó
una
el
28
Respuesta
de
en
enero
de
Oposición
2021,
a
las
el
recurrido
mociones
de
desestimación presentadas por el candidato impugnado, por
el Presidente de la CEE y por la comisionada Electoral del
42 Réplica a “Respuesta en oposición a mociones de desestimación
del candidato impugnado Miguel A. Romero Lugo”, Apéndice de la Petición
de certiorari, pág. 680.
43 Íd., pág. 691.
44 Íd., pág. 688.
45 Íd., pág. 691.
46 Moción de desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la
materia y ausencia de una causa de acción que justifique la concesión
de un remedio, sin renunciar al planteamiento de falta de jurisdicción
sobre la materia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 669.
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
9
Partido Nuevo Progresista.47 En su oposición, el recurrido
insistió que el Tribunal adquirió jurisdicción sobre el
peticionario cuando se diligenció personalmente copia de la
Orden
de
Mostrar
Causa
junto
con
el
escrito
de
impugnación.48
En vista de todo lo anterior, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una Sentencia el 29 de enero de 2021.49
Primero, concluyó que el emplazamiento del peticionario fue
inoficioso ya que el candidato impugnado no fue emplazado
dentro
del
término
de
cinco
(5)
días
que
establece
el
Código Electoral del 2020.50 También, determinó que el Art.
10.15 del Código Electoral requiere la aplicación de la
Regla 4.4 de Procedimiento Civil.51 Además, resolvió que en
el Art. 2.4 del Código Electoral, el término de cinco (5)
días siguientes a la presentación de una impugnación y su
notificación
es
uno
específico
y
de
carácter
jurisdiccional, al que no le aplica la extensión de la
Regla 68.1 de Procedimiento Civil.52 Como resultado, el foro
de
instancia
desestimó
la
Impugnación
de
Elección
por
carecer de jurisdicción sobre el candidato impugnado.53
Inconforme
mediante
un
con
este
dictamen,
el
recurrido
recurso
de
Apelación
ante
el
acudió
Tribunal
de
47
Respuesta en Oposición a las mociones de desestimación
presentadas por el candidato impugnado, por el Presidente de la CEE y
por el comisionado electoral del PNP, Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 856.
48 Íd., pág. 866.
49 Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 881.
50 Íd., pág. 903.
51 Íd., pág. 900.
52 Íd.
53 Íd., pág. 903.
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
10
Apelaciones.54 Allá, alegó que el foro de primera instancia
erró, primero, al invalidar el emplazamiento del candidato
impugnado
mediante
Reglas
Procedimiento
Civil.55
Y
que
adquirió
jurisdicción
de
determinar
no
la
se
aplicación
inconsistente
de
las
que
erró
al
sobre
la
además,
persona, por no distinguir entre el procedimiento especial
de notificación establecido en el Código Electoral de 2020
para la impugnación de elección y el emplazamiento bajo la
Regla 4.4 de Procedimiento Civil.56
Bajo estos fundamentos,
le solicitó al foro intermedio revocar la Sentencia del
foro inferior.57
Atendido el referido recurso,
el 18 de febrero de
2021, el Tribunal Apelativo revocó la Sentencia emitida por
el Tribunal de Primera Instancia.58 En esencia, concluyó que
el foro primario adquirió jurisdicción sobre la persona del
candidato impugnado.59 En particular, señaló que la entrega
personal de la demanda, junto con la Orden, brindó una
notificación
adecuada
al
peticionario
conforme
a
las
exigencias del Art. 10.15 del Código Electoral y las Reglas
de Procedimiento Civil.60
No conteste con la decisión, el peticionario acudió
ante este Tribunal mediante recurso de Apelación, el 19 de
Apelación, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 9.
Íd., pág. 14.
56 Íd.
57 Íd., pág. 29.
58 Panel Integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona,
el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortes González. La Jueza Birriel
Cardona disintió. Sentencia Tribunal Apelativo. Apéndice de la Petición
de certiorari, pág. 1002.
59 Íd.
60 Íd.
54
55
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
febrero
de
2021.61
11
Manifestó
que
este
Tribunal
tiene
jurisdicción para atender el recurso al amparo del Art.
3.002 de la Ley de la Judicatura y las Reglas 17 y 18(b)
del Reglamento del Tribunal Supremo.62 En la alternativa,
nos solicitó que se expida como recurso de Certiorari.63
A su vez, ese
mismo día compareció
la Comisionada
Electoral del Partido Nuevo Progresista, la Lcda. Vanessa
Santo
Domingo-Cruz,
mediante
un
recurso
de
Apelación,
solicitando
la
revisión
y
revocación
de
la
sentencia
emitida
el
Tribunal
de
Apelaciones.64
En
síntesis,
por
reiteró los mismos señalamientos de errores y argumentos
que el peticionario respecto al emplazamiento del escrito
de
impugnación
y
el
diligenciarlo.65
También,
apelativo
no
al
cómputo
del
término
para
argumentó
que
erró
foro
considerar
otros
el
planteamientos
jurisdiccionales presentados para evaluar la desestimación
en
el
foro
inferior.66
Principalmente,
que
los
demás
candidatos que aparecieron en la papeleta municipal de San
Juan, y sobre todo a legisladores municipales que junto al
peticionario
componían
una
candidatura,
debieron
acumulados como partes indispensables, y que
Petición de Apelación, pág. 1.
Íd.
63 Íd., pág. 2.
64 Petición de Apelación, pág. 24.
65 Íd., pág. 7.
66 Íd., pág. 23.
61
62
ser
al no ser
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
debidamente
12
emplazados
dentro
del
término
de
cinco
(5)
días, procedía la desestimación de la impugnación.67
Ese mismo día, mediante Resolución, consolidamos ambos
recursos y le ordenamos al recurrido que se expresara.
Consonó
con
nuestra
orden,
el
22
de
febrero
de
2021,
sometieron sus escritos ante este Tribunal el recurrido; el
Hon. Francisco Rosado Colomer, Presidente de la Comisión
Estatal
de
Elecciones;
Gerardo
A.
Cruz
Maldonado,
Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; y
Olvin Valentín Rivera, Comisionado Electoral del Movimiento
Victoria Ciudadana.68
Evaluados los escritos de Apelación presentados por el
Hon.
Miguel
A.
Domingo-Cruz,
Romero
Lugo
hubiéramos
y
la
acogido
Lcda.
Vanessa
Santo
los
recursos
como
certiorari y expedido los mismos. Con el beneficio de la
comparecencia
correctamente
de
de
las
la
partes,
procedemos
controversia
a
disponer
ante
nuestra
consideración.
II
A. Derecho al Voto y el Código Electoral
Desde el punto de vista constitucional, el derecho al
voto en Puerto Rico es un derecho fundamental de avanzada a
Íd., pág. 24.
Resolución, el 19 de febrero de 2021, Tribunal Supremo de Puerto
Rico, AC-2021-0027 y AC-2021-0028.
67
68
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
nivel
mundial.69
13
En
Puerto
Rico
nuestra
Carta
Magna
sabiamente reconoce que el “poder político emana del pueblo
y se ejercerá con arreglo a su voluntad”.70
Para
viabilizar
Constituyente
esa
encomendó
a
voluntad,
la
la
Asamblea
Asamblea
Legislativa
a
disponer por ley “todo lo concerniente al proceso electoral
y de inscripción de electores, así como lo relativo a los
partidos
políticos
y
candidaturas.”71
No
obstante
esta
delegación, se le advierte que “[l]as leyes garantizarán la
expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio
universal,
igual,
ciudadano
contra
directo
toda
y
secreto,
coacción
en
y
el
protegerán
ejercicio
de
al
la
prerrogativa electoral”.72
Con este mandato constitucional presente, la Asamblea
Legislativa aprobó la Ley Núm. 58-2020, conocida como el
Código
Electoral
de
Puerto
Rico
de
2020
(Código
Electoral).73
El Código Electoral, supra, es la actual ley especial
que rige en Puerto Rico en materia de derecho electoral.
Este Código derogó el anterior Código Electoral de 2011,
infra. Entre sus principales propósitos se encuentra el de
“[e]mpoderar a los electores facilitando su acceso a los
procesos relacionados con el ejercicio de su derecho al
Exposición de motivos, Código Electoral
2020, Ley Núm. 58 de 20 de junio de 2020.
70 Art. I, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.
71 Art. IV, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.
72 Art. II, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.
73 16 LPRA sec. 4501, et seq.
69
de
Puerto
Rico
de
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
voto".74
A
su
vez,
14
coloca
al
elector
como
“el
eje
y
protagonista” del sistema electoral, sin limitaciones ni
condiciones
procesales
que,
irrazonablemente
menoscaben,
limiten o compliquen su ejercicio al voto y su derecho a
ser
aspirante
o
candidato
a
cualquier
cargo
electivo,
siempre que cumpla con los requisitos constitucionales y
aquellos dispuestos en esta Ley.75
Precisamente,
en
aras
de
garantizar
la
voluntad
política del pueblo, es que este Código Electoral, supra,
contempla
un
mecanismo
para
impugnar
los
procesos
electorales bajo circunstancias extraordinarias.
B. Impugnación de Elección bajo el Código Electoral
Para impugnar el resultado de una elección, el Art.
10.15
del
Código
Electoral,
supra,76
dispone
el
proceso
siguiente:
Cualquier Candidato que impugnare la elección de
otro, deberá presentar ante el Juez en la Sala de la
Región Judicial de San Juan designada de conformidad
con el Capítulo XIII de esta Ley, y dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha de notificación de la
certificación de elección para cada cargo público
electivo en el escrutinio general, un escrito,
exponiendo
bajo
juramento
las
razones
en
que
fundamenta su impugnación, las que deberán ser de tal
naturaleza que, de probarse, bastarían para cambiar el
resultado de la elección.
Una
copia
fiel
y
exacta
del
escrito
de
impugnación será notificada al Candidato impugnado y
se le entregará personalmente, dentro de los cinco (5)
días siguientes a su presentación.
El Candidato cuya elección fuese impugnada,
tendrá que presentar ante el Tribunal una contestación
bajo juramento, dentro de los diez (10) días
Exposición de Motivos,
2020, supra.
75 Íd.
76 16 LPRA sec. 4765.
74
Código
Electoral
de
Puerto
Rico
de
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
15
siguientes a la fecha en que recibiere la notificación
del escrito de impugnación y certificará haber
notificado y entregado personalmente copia de su
contestación al impugnador o a su representante legal.
Se entenderá que la persona cuya elección fue
impugnada acepta la impugnación como cierta de no
contestar en dicho término.
La
notificación,
escrito
y
contestación
prescritos en esta Ley, podrán ser diligenciados por
cualquier persona competente para testificar y se
diligenciarán
mediante
entrega
personal
a
las
respectivas partes, a sus representantes electorales,
conforme
a
lo
establecido
en
las
Reglas
de
Procedimiento Civil o en la residencia u oficina de la
persona a quien fueren dirigidas. A los fines de este
Artículo, el representante electoral de un candidato
por un partido político será el integrante de la
Comisión Local del precinto de su domicilio que
represente a su partido político.” (Énfasis suplido).77
El
fin
dramático:
que
persigue
exigirle
al
este
tribunal
remedio
(1)
solicitado
decidir
lo
que
es
el
pueblo ya decidió, o, en caso de este no poder decidirlo,
(2)
dejar
sin
efecto
democráticamente,
para
la
así
voluntad
del
convocarlos
pueblo,
a
que
ejercida
nuevamente
ejerzan su derecho fundamental al sufragio.78
Una lectura de las dos leyes electorales anteriores
revela que el lenguaje empleado por el Art. 10.15, del
Código Electoral, supra, para impugnar una elección se ha
mantenido
esencialmente
inalterado
desde
el
1977,
tanto
bajo el Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI,79
Íd. (Note que las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y en
particular, la Regla 4.4 sobre emplazamiento, no hacen mención de
“representantes electorales”. Además, del historial legislativo de la
Ley 58-2020 surge que durante el informe de conferencia fue insertada
la coma que separa “representantes electorales” de “conforme a lo
establecido en las Reglas de Procedimiento Civil”. Véase P. del S. 1314
de 10 de junio de 2019, 5ta Sesión Ordinaria, 18va Asamblea Legislativa,
pág. 413, línea 12(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)).
78 Art. 10.16, 16 LPRA 4766, supra.
79
Art. 10.016, Código Electoral para el Siglo XXI, supra:
“Cualquier candidato que impugnare la elección de otro deberá presentar
77
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
16
como bajo la anterior Ley Electoral de Puerto Rico, Ley
Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977.80
Y es precisamente sobre la Ley
Electoral de 1977,
supra, que este Tribunal tuvo la oportunidad de expresarse
ante el Juez o Jueza en la Sala de la Región Judicial de San
Juan designada de conformidad con el Capítulo IV de esta Ley dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la
certificación de elección para cada cargo público electivo en el
escrutinio general, un escrito exponiendo bajo juramento las razones en
que fundamenta el mismo, las cuales deberán ser de tal naturaleza que
de probarse bastarían para cambiar el resultado de la elección. Una
copia fiel y exacta del escrito se entregará personalmente dentro de
los cinco (5) días siguientes a su presentación en la forma que más
adelante se provee. La persona cuya elección fuere impugnada tendrá
que presentar ante el tribunal una contestación bajo juramento dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha en que recibiere la
notificación del escrito y certificará haber enviado o entregado
personalmente copia de la misma al impugnador o a su representante
legal. Se entenderá que la persona cuya elección fuera impugnada acepta
la impugnación como cierta de no contestar en dicho término. La
notificación, escrito y contestación prescritos en esta Ley podrán ser
diligenciados por cualquier persona competente para testificar y se
diligenciarán mediante entrega personal a las respectivas partes, a sus
representantes electorales conforme a lo establecido en las Reglas de
Procedimiento Civil o en la residencia u oficina de la persona a quien
fueren dirigidas. A los fines de este artículo, el representante
electoral de un candidato por un partido político será el integrante de
la comisión local del precinto de su residencia que represente a su
partido político.” (Énfasis nuestro). 16 LPRA sec. 4206.
80
Art. 6.014 Ley Electoral de 1977, supra,: “Cualquier
candidato que impugnare la elección de otro deberá presentar ante el
Tribunal de Primera Instancia, dentro de los diez (10) días siguientes
a la fecha de notificación de la certificación de los resultados
electorales de cada posición en el escrutinio general, un escrito
exponiendo bajo y [sic] juramento las razones [sic] en que fundare el
mismo, las cuales deberán ser de tal naturaleza que, de probarse,
bastarían para cambiar el resultado de la elección. Copia fiel y exacta
del escrito, se entregará personalmente dentro de los cinco (5) días
siguientes a su radicación, en la forma que más adelante se provee.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que recibiere la
notificación del escrito, la persona cuya elección fuere impugnada
tendrá que radicar ante el Tribunal una contestación bajo juramento al
escrito del impugnador, entregándole a éste o a su representante legal,
copia de la misma, Disponiéndose que de no contestar en dicho término
se entenderá que acepta la impugnación como cierta. La notificación,
escrito y contestación prescritas en esta ley podrán ser diligenciadas
por cualquier persona competente para testificar, y se diligenciarán
entregándolas
personalmente
a
las
respectivas
partes,
a
sus
representantes electorales, o dejándoles con alguna persona mayor de
dieciséis años, en la residencia u oficina de la persona a quien fueren
dirigidas. A los fines de este Artículo, el representante electoral de
un candidato será el miembro de la Comisión Local del precinto de su
residencia que represente a su partido o su candidatura.” (Énfasis
nuestro).
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
17
previamente sobre el proceso de impugnación de elección.81
Por ejemplo, en Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1,
132
(1989),
este
Tribunal
aclaró
que
la
Ley
Electoral
“concede al Tribunal Superior jurisdicción original para
considerar
las
lacónico,
para
necesario
que
impugnaciones.
que
la
pueda
Aunque
precepto
es
la
impugnación
es
haya
certificado
los
instarse
Comisión
Estatal
el
resultados. Antes no puede incoarse la acción”.82 En ese
sentido,
la
certificación
validez
de
cada
Cuando
el
candidato
voto
de
esté
la
CEE
no
implica
definitivamente
derrotado
considere
que
la
adjudicada.83
que
ocurrieron
irregularidades que de probarse alterarían el resultado de
la elección, este puede instar una acción de impugnación
para cuestionar la validez de los votos que debían ser
contados
o
anulados.84
Además,
el
referido
Artículo
autorizaba la acción especial de impugnación únicamente al
candidato derrotado contra el candidato certificado; los
electores no eran acumulables como parte indispensable ni
necesaria.85
De
esta
manera,
los
Códigos
Electorales
que
han
sustituido a la Ley Electoral de 1977 han preservado esta
causa de acción ante el tribunal y, por consiguiente, su
81
Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 132 (1989)
(citando a Sánchez Fuentes v. C.E.E., 123 DPR 102 (1989), (opinión
concurrente y disidente, Juez Negrón García)).
82 Íd.
83 Íd.
84 Granados v. Rodríguez Estrada I, supra, pág. 132.
85 Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 635 (1989)
(Opinión disidente Negrón García, citando a Granados v. Rodríguez
Estrada I, supra).
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
18
normativa aplicable.86 De lo anterior queda meridianamente
claro que, para impugnar el resultado de una elección, el
proceso
a
seguir
es
mediante
una
reclamación
judicial
entablada ante el tribunal de primera instancia para que
este dilucide la controversia y adjudique derechos. Como
veremos, las reglas a seguir en las causas de acciones
civiles ante el tribunal son las Reglas de Procedimiento
Civil, infra.
Ahora bien, este Tribunal no se ha expresado sobre los
requisitos procesales particulares de la notificación y el
término
para
entablar
una
acción
de
impugnación
de
elección.
C. Reglas de Procedimiento Civil
Precisamente para canalizar las causas de acción ante
los tribunales de una forma que “garanticen una solución
justa, rápida y económica de todo procedimiento,” es que la
Asamblea Legislativa instituyó las Reglas de Procedimiento
Civil de 2009.87 De conformidad con las disposiciones del
Artículo V, Sección 6 de la Constitución de Puerto Rico,
Recientemente, en Rodríguez Ramos v. Comisión Estatal de
Elecciones, 2021 TSPR 03, págs. 43-44, el Juez Asociado señor Martínez
Torres disintió expresando que “[e]l peticionario en este caso impugnó
la adjudicación de ciertos votos que cree son contrarios a la ley. Para
impugnarlos, el peticionario debía cumplir con el Art. 10.15 de la Ley
Núm. 58-2020, conocida como el Código Electoral de Puerto Rico de 2020,
16 LPRA sec. 4765 (Código Electoral de 2020). Este dispone que la
acción de impugnación de la elección de un candidato nace una vez
concluido el escrutinio y una vez la Comisión emita la certificación de
elección del candidato que prevalece en la contienda, según se dispone
en el Art. 10.11 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4761. Es
conforme con esto que el aspirante afectado tendrá la oportunidad de
exponer bajo juramento las razones de su impugnación, “que deberán ser
de tal naturaleza que, de probarse, bastarían para cambiar el resultado
de la elección”. Art. 10.15 del Código Electoral de 2020, supra.”
87 Ley Núm. 220-2009, 32 LPRA Ap. V, R. 1.
86
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
este
Tribunal
19
primero
adoptó
y
remitió
a
la
Asamblea
Legislativa estas nuevas Reglas para el Tribunal General de
Justicia.88 Estas reglas son unas de avanzada que promueven
el
acceso
de
la
ciudadanía
viabilizar
la
agilidad
en
a
el
la
justicia
manejo
del
además
de
y
el
caso
en
trámite procesal.89 El alcance de estas Reglas es amplio y
abarcador, pues por su diseño,
el legislador
quiso que
aplicaren en “todos los procedimientos de naturaleza civil
ante el Tribunal General de Justicia”. (Énfasis suplido).90
Por lo tanto, como norma general, la aplicación de las
Reglas de Procedimiento Civil se debe presumir, salvo haya
una disposición de ley expresa al contrario.
D. Emplazamiento
En
reiteradas
emplazamiento
notifica
es
el
ocasiones
hemos
documento
mediante
a
una
persona
reclamación
en
su
sobre
contra
ante
la
expresado
el
el
se
le
de
una
cual
presentación
los
que
tribunales.91
Hemos
puntualizado que este mecanismo procesal es “parte esencial
del debido proceso de ley, pues su propósito principal es
notificar
a
la
parte
demandada
que
judicial
en
su
contra.
De
manera,
esta
existe
la
una
acción
parte
puede
comparecer en el procedimiento, ser oído y presentar prueba
In re Aprobación Rs. Proc. Civil, 176 DPR 673 (2009).
Exposición de motivos, P. de la C. 2249 Ley Núm. 220-2009.
90 Íd.
91
Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017);
Quiñones Román v. Compañía ABC, 152 DPR 367 (2000); Márquez v. Barreto,
143 DPR 137, 143-144 (1997).
88
89
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
20
a su favor”.92 A través del emplazamiento, además, se le
informa al demandado la cantidad de días que tendrá para
presentar su contestación a la reclamación y se le apercibe
de
las
consecuencias
que
tiene
el
no
comparecer
a
defenderse.93
En lo pertinente a esta controversia, la Regla 4 de
las
de
Procedimiento
Civil
regula
el
proceso
de
emplazamiento de una acción civil.94 Así, esta requiere que
el
demandante
presente
un
formulario
de
emplazamiento
conjuntamente con la demanda, para su expedición inmediata
por
el
Secretario
o
Secretaria
del
tribunal.
Una
vez
expedido el emplazamiento por el Secretario, este se debe
diligenciar conjuntamente con la demanda.95 La Regla 4.3
indica
que
el
diligenciamiento
debe
ocurrir
dentro
de
ciento veinte (120) días de incoada la demanda. La Regla
Torres Zayas v. Montano Gómez, supra, pág. 467.
Regla 4.2. Forma: El emplazamiento deberá ser firmado por el
Secretario o Secretaria, llevará el nombre y el sello del tribunal, con
especificación de la sala, y los nombres de las partes, sujeto a lo
dispuesto en la Regla 8.1. Se dirigirá a la parte demandada y hará
constar el nombre, la dirección postal, el número de teléfono, el
número de fax, la dirección electrónica y el número del abogado o
abogada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de la parte demandante,
si tiene, o de ésta si no tiene abogado o abogada, y el plazo dentro
del cual estas reglas exigen que comparezca la parte demandada al
tribunal, apercibiéndole que de así no hacerlo podrá dictarse sentencia
en rebeldía en su contra concediéndose el remedio solicitado en la
demanda o cualquier otro, si el Tribunal, en el ejercicio de su sana
discreción, lo entiende procedente. 32 LPRA Ap. V, R. 4.2.
94
32 LPRA Ap. V, R. 4.1.
95 “El emplazamiento y la demanda se diligenciarán conjuntamente.
Al entregar la copia de la demanda y del emplazamiento, ya sea mediante
su entrega física a la parte demandada o haciéndolas accesibles en su
inmediata presencia, la persona que lo diligencie hará constar al dorso
de la copia del emplazamiento sobre su firma, la fecha, el lugar, el
modo de la entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la
entrega. El diligenciamiento se hará de la manera siguiente: (a) A una
persona mayor de edad, entregando copia del emplazamiento y de la
demanda a ella personalmente o a un(a) agente autorizado(a) por ella o
designado(a) por ley para recibir un emplazamiento.” 32 LPRA Ap. V. R.
4.4.
92
93
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
4.4
regula
el
21
proceso
del
diligenciamiento
del
emplazamiento incluyendo la persona quien lo puede realizar
y las personas a quien se tiene que emplazar en función de
la condición jurídica del demandado.96 No obstante, la regla
general
es
que
personalmente
y
el
que
demandado
sólo
por
debe
vía
de
ser
emplazado
excepción
según
disponen estas Reglas de Procedimiento Civil.97
El “diligenciamiento” del emplazamiento trata de la
entrega formal de este documento a la parte demandada. Como
norma
general,
se
realiza
mediante
entrega
personal.98
Primero, la persona que lleve a cabo el diligenciamiento
deberá entregarle al demandado (1) una copia del documento
de emplazamiento y (2) una copia de la Demanda. (Énfasis
suplido).99 Luego, “hará constar al dorso de la copia del
emplazamiento su firma, la fecha, el lugar, el modo de la
entrega y el nombre de la persona a quien se
entrega”.100
Por
último,
presentará
en
el
hizo la
Tribunal
la
constancia de haberlo hecho.101
Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Lucero
v. San Juan Star, 159 DPR 494, 517 (2003); Quiñones Román v. Cía. ABC,
152 DPR 367 (2000); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997); Pou v.
American Motors Corp., 127 DPR 810, 819 (1991); Granados v. Rodríguez
Estrada II, 124 D.P.R. 593, 610 (1989); Rodríguez v. Nasrallah, 118
D.P.R. 93, 98 (1986).
97
R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho
Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2017, Sec. 2005,
pág. 261.
98
Regla
4.4.
Emplazamiento
personal.
Véase
Regla
4.6.
Emplazamiento mediante edictos y su publicación.
99
Regla 4.4. Emplazamiento personal: El emplazamiento y la
demanda se diligenciarán conjuntamente, supra.
100 Íd.
101 Regla 4.7.
96
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
La
prueba
del
22
diligenciamiento
se
refiere
a
la
constancia que, en virtud de la Regla 4.4 de Procedimiento
Civil, supra, debe hacer la persona diligenciante al dorso
del diligenciamiento del emplazamiento.102 Esto consiste en
presentar en la Secretaría del Tribunal el
emplazamiento donde, por detrás, […], ésta
declara bajo juramento que [cumple con los
requisitos
para
ser
diligenciante].
Adicionalmente,
certifica
que
diligenció
el
emplazamiento
y
la
demanda
en
una
fecha
específica, haciendo constar si fue mediante
entrega personal de la parte demandante y su
dirección física […]. (Énfasis suplido).103
E. Cómputo de Términos
Respecto al cómputo de los términos aplicables, la Regla
68.1
de
Procedimiento
Civil,
supra,
dispone
de
forma
general que
En el cómputo de cualquier término concedido
por estas reglas, o por orden del tribunal o por
cualquier estatuto aplicable, no se contará el
día en que se realice el acto, evento o
incumplimiento después del cual el término fijado
empieza a transcurrir. El último día del término
así computado se incluirá siempre que no sea
sábado,
domingo
ni
día
de
fiesta
legal,
extendiéndose entonces el plazo hasta el fin del
próximo día que no sea sábado, domingo ni día
legalmente feriado. También podrá suspenderse o
extenderse
cualquier
término
por
causa
justificada cuando el Tribunal Supremo de Puerto
Rico lo decrete mediante resolución. Cuando el
plazo concedido sea menor de siete (7) días, los
sábados,
domingos
o
días
de
fiesta
legal
intermedios se excluirán del cómputo. Medio día
102 J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes
en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 369.
103 Cuevas Segarra, supra, pág. 369.
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
feriado se
totalidad.104
Por
elección
otra
23
considerará
como
feriado
una
parte,
para
entablar
oportunamente
bajo
el
actual
en
su
impugnación
Código
de
Electoral,
supra, es indispensable tener presente que el “cómputo de
los términos expresados en esta Ley se aplicará según las
Reglas
de
Procedimiento
Civil
de
Puerto
Rico
vigentes,
excepto aquellos términos específicos dispuestos en esta
Ley”. (Énfasis suplido).105
F. Debido Proceso de Ley
Sabido
es
que,
en
nuestro
emplazamiento
“representa
proceso
ley
de
que
el
sistema
paso
viabiliza
adversativo,
inaugural
el
del
ejercicio
el
debido
de
la
jurisdicción judicial”.106 Es decir, es el medio a través
del cual los tribunales adquieren jurisdicción sobre la
persona del demandado de forma tal que el emplazado quede
obligado
por
Anteriormente
el
dictamen
hemos
que
expresado
finalmente
se
que
emplazamiento
el
emita.107
contempla una dualidad de propósitos: notificar a la parte
demandada
reclamación
en
un
pleito
judicial
en
civil
su
que
se
ha
instado
una
contra,
y
garantizarle
su
derecho a ser oído y a defenderse.108 Es por esto que, en su
tratado de Procedimiento Civil el profesor Hernández Colón
32 LPRA Ap. V, R. 68.1.
Art. 2.4 del Código Electoral, supra, 16 LPRA sec. 4504.
106
Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997); Reyes v.
Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 22 (1993); Pagán v. Rivera
Burgos, 113 DPR 750, 754 (1983).
107 Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997).
108 Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Banco
Central Corp. v. Capitol Plaza, 135 DPR 760, 763 (1994).
104
105
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
nos explica que
campo
del
24
el emplazamiento, “se mueve dentro del
Derecho
Constitucional”,
pues
“el
acto
de
emplazar a un demandado es un imperativo constitucional del
debido proceso de ley”.109
Por otro lado, los requisitos del emplazamiento son de
cumplimiento
estricto
y
su
adecuado
diligenciamiento
constituye un imperativo constitucional del debido proceso
de ley. 110 Por ello, todo demandado tiene el derecho a ser
emplazado
“conforme
a
derecho
y
existe
en
nuestro
ordenamiento una política pública de que la parte demandada
debe ser emplazada debidamente para evitar el fraude y que
se utilicen procedimientos judiciales con el propósito de
privar a una persona de su propiedad sin el debido proceso
de ley”. (Énfasis suplido).111 Esta política pública impone
todas las exigencias y requisitos sobre los hombros del
demandante, no sobre los del demandado.112
En ese contexto, nuestro ordenamiento constitucional
prohíbe
que
una
persona
sea
privada
de
su
libertad
o
propiedad sin el debido proceso de ley.113 En su vertiente
propiamente procesal, el debido proceso de ley requiere
que,
de
verse
afectado
algún
derecho
de
propiedad
o
libertad de un ciudadano, este tendrá acceso a un proceso
R. Hernández Colón, op. cit., pág. 257.
Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000). Véase,
además, Sánchez Rodríguez v. Administración de Corrección, 177 DPR 714
(2009).
111 First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916
(1998).
112 Íd.
113 Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.
109
110
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
que
se
25
adherirá
a
los
principios
de
justicia
e
imparcialidad.114
Es norma de fuerte arraigo constitucional que la falta
del diligenciamiento de un emplazamiento, además de ser una
violación
al
debido
proceso
de
ley,
priva
a
los
foros
judiciales de adquirir jurisdicción sobre una persona e
invalida cualquier dictamen judicial en su contra.115
Por otro lado, hemos reiterado que la jurisdicción es
“el poder o autoridad de un tribunal para considerar y
decidir
casos
o
controversias”.116
En
particular,
la
jurisdicción sobre la persona es “[e]l poder del tribunal
para sujetar a una parte a su decisión”.117 Es decir, es la
autoridad
del
obligatoria
foro
para
judicial
las
partes
para
“emitir
declarando
una
sus
decisión
respectivos
derechos y obligaciones”.118
Los tribunales están llamados a ser celosos guardianes
de su jurisdicción.119 Este es el primer asunto que estamos
obligados a considerar, ya que los asuntos jurisdiccionales
son de naturaleza privilegiada y deben ser resueltos con
preferencia a cualquier otro.120
Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, 133 DPR 881 (1993).
Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462 (2019);
Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 30 (2014); In re Rivera
Ramos, 178 DPR 651, 666-667 (2010); Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480
(2005); Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).
116 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).
117 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 691
(2012).
118 Íd.
119 Dávila Pollock et al. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011).
120 Cruz Parilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012).
114
115
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
26
En ese sentido, hemos reiterado como norma que con
relación a la jurisdicción sobre la persona del demandado,
el
tribunal
utilizando
puede
adquirirla
adecuadamente
emplazamiento
provistos
de
los
en
dos
(2)
mecanismos
las
Reglas
de
maneras:
“(1)
procesales
de
Procedimiento
Civil, o (2) mediante la sumisión voluntaria de la parte
demandada
a
la
jurisdicción
del
tribunal”.121
En
ese
sentido, y en ausencia de una sumisión voluntaria a la
jurisdicción
del
tribunal,
los
tribunales
adquieren
jurisdicción sobre la persona del demandado una vez se
realiza el diligenciamiento del emplazamiento. Por ello,
“no
es
hasta
que
se
diligencia
el
emplazamiento
y
se
adquiere jurisdicción que la persona puede ser considerada
propiamente parte […]”.122
Precisamente, y en aras de salvaguardar el derecho al
debido proceso de ley en su vertiente procesal, es que la
Asamblea
Legislativa
incorporó
el
mecanismo
del
emplazamiento dentro de las Reglas de Procedimiento Civil,
supra,
para
que
una
parte
demandada,
si
así
lo
desea,
ejerza su derecho a comparecer en el juicio, ser oído y
presentar
exigencia
prueba
a
procesal
su
favor.123
permite
En
al
consecuencia,
tribunal
esta
adquirir
Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142–44 (1997).
Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017).
123 Quiñonez Román v. Compañía ABC, 152 DPR 367 (2000); Banco
Popular v. Negrón Barbosa, 164 DPR 855 (2005).
121
122
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
27
jurisdicción sobre la persona del demandado, quien quedará
obligado por el dictamen que se emita eventualmente.124
Con
el
Administración
mismo
ánimo,
de
Tribunales
los
también
(OAT)
la
Oficina
de
ha
desarrollado
varios formularios de emplazamiento publicados en el nuevo
portal electrónico del Poder Judicial, a utilizar según la
causa de acción.125 No obstante, todos estos emplazamientos
gozan de elementos comunes esenciales al debido proceso de
ley, entiéndase,
información que identifica a las partes,
el número y materia del caso, la sala y competencia del
tribunal que lo atiende, y una nota apercibiéndole a la
parte
emplazada
que
deberá
presentar
una
alegación
responsiva dentro de cierto término y que de lo contrario
el
tribunal
podrá
dictar
una
sentencia
en
su
contra
y
conceder el remedio solicitado en la demanda.126
G. Hermenéutica
La función de los tribunales es interpretar la ley,
sin juzgar su bondad o sabiduría.127 Todas las leyes pueden
requerir
alguna
catalogamos
como
interpretación,
aún
aquellas
cuyo
‘clarísimo’.128
Al
interpretar
una
texto
ley,
Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143-144 (1997).
Poder Judicial,
https://www.poderjudicial.pr/index.php/formularios/(última visita, 1 de
marzo de 2021)
126 Véase OAT-1578 Emplazamiento (Rev. Junio 2015), Reglas de
Procedimiento Civil de
2009.https://www.poderjudicial.pr/index.php/formularios/(última visita,
1 de marzo de 2021).
127 Brau Linares v. ELA, 190 DPR 315, 337 (2014); Corraliza v.
Bco. Des. Eco., 153 DPR 161, 176 (2001); Famania v. Corp. Azucarera de
P.R., 113 DPR 654 (1982).
128 Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR 230, 249 (2009); Otero de
Ramos v. Srio. De Hacienda, 156 DPR 876, 883-884 (2002).
124
125
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
"hay
una
regla
de
28
interpretación
que
es
absolutamente
invariable y esta es que debe descubrirse y hacerse cumplir
la verdadera intención y deseo del poder legislativo”.129 Es
obligación de los tribunales armonizar, hasta donde sea
posible, todas las disposiciones de ley inherentes al caso,
con miras a lograr un resultado sensato, lógico y razonable
que represente la intención del legislador.130 Por esto, los
tribunales no pueden hacer una lectura aislada de porciones
de una ley,131 sino que deben leerla y considerarla en el
contexto de la totalidad de la legislación de la cual es
parte.132
No
obstante
la
separación
de
poderes,
“[e]l
profundo respeto que nos merece la intención del legislador
nos
obliga
en
determinadas
ocasiones
a
suplir
las
inadvertencias en que éste pueda haber incurrido”.133
III
En el caso ante nuestra consideración, el peticionario
sostiene que erró el Tribunal de Apelaciones al concluir
que en una Impugnación de Elección bajo el Art. 10.15 del
Código Electoral no es necesario emplazar conforme a la
Regla 4.4 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y en
su
consecuencia,
presentado
es
la
mera
suficiente
entrega
para
que
personal
el
del
recurso
tribunal
adquiera
129 Dorante v. Wrangler de PR, 145 DPR 408, 417 (1998)(citando a
R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las
leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, págs. 241-242.)
130 Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 DPR 85, 94 (1961); García
Commercial v. Srio. de Hacienda, 80 DPR 765, 774-775 (1958).
131 Brau Linares v. ELA, supra, pág. 339.
132 Consejo Titulares v. DACo, 181 DPR 948 (2011).
133 Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 548 (1999)(citando a
Hull Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 82 DPR 77, 84 (1961)).
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
29
jurisdicción In Personam sobre el candidato impugnado. Por
los
fundamentos
jurídicos
enunciados
tenemos
la
firme
convicción que este error se cometió. Veamos.
En apretada síntesis, el peticionario arguye en su
recurso que la controversia de este caso se enmarca en un
planteamiento constitucional. Este aduce que la figura del
emplazamiento
es
el
proceso
ley
que
de
primer
paso
el
debido
el
ejercicio
de
de
nuestro
sistema
Art.
10.15
Código
que
la
judicial
dentro
adversativo.134
Sostiene
que
expresamente
con
viabiliza
jurisdicción
Electoral
cónsono
el
establece
del
la
notificación,
escrito y contestación prescritos en esta Ley, deben ser
diligenciados conforme a lo establecido en las Reglas de
Procedimiento Civil, supra. En ese sentido, esboza que la
“notificación” a la que se refiere el Art. 10.15, es al
“emplazamiento” del escrito de impugnación de elección.
Por otro lado, el recurrido afirma en su Alegato, que
el Art. 10.15 del Código Electoral únicamente requiere que
se
notifique
recurso
de
mecanismo
personalmente
impugnación
para
adquirir
al
de
candidato
elección
jurisdicción
impugnado
presentado
sobre
su
del
como
persona.
Aduce que la notificación que exige el Código Electoral, se
refiere a la entrega personal del escrito de impugnación al
candidato
impugnado,
pues
esta
por
sí
sola,
es
una
notificación suficiente, que cumple con los requerimientos
134
Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
básicos
del
debido
30
proceso
de
ley.
Este
afirma
que
el
proceso de impugnación de una elección al amparo del Código
Electoral
es
una
de
las
Asamblea
Legislativa
intencionalmente
mecanismo
alterno
adquirir
para
instancias
en
las
cuales
la
estableció
un
jurisdicción
sobre
la
persona, entiéndase, la notificación personal del recurso
de impugnación al candidato impugnado. Además, plantea que
así lo razonó el legislador debido a la naturaleza sui
generis
de
un
recurso
de
impugnación
de
elección
que
incorpora un esquema procesal especial mediante el cual la
Asamblea Legislativa optó por acortar los términos y, a la
vez, “flexibilizar el mecanismo para adquirir jurisdicción
sobre la persona del demandado”. Este esboza
que, como
consecuencia, y por diseño legislativo, la Regla 4.4 de
Procedimiento Civil se torna inaplicable a los recursos de
impugnación de elección bajo el Código Electoral.
Comenzamos por resaltar que “la entrega de la demanda
es
insuficiente
para
completar
el
diligenciamiento
del
emplazamiento. Debe entregársele al demandado también copia
del
emplazamiento,
pues
la
Regla
4.4
requiere
que
el
emplazamiento y la demanda se diligencien conjuntamente. El
conocimiento del demandado del litigio no cura los defectos
del
diligenciamiento”.
suplido).135
En
el
caso
(Citas
ante
omitidas)
nuestra
(Énfasis
consideración,
la
demanda es el “escrito de impugnación de elección” y el
135
Cuevas Segarra, op. Cit., pág. 324.
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
31
emplazamiento es la “notificación”, conforme surge del Art.
10.15 del Código Electoral, supra. Nos explicamos.
De
una
lectura
textual
del
Art.
10.15
sobre
impugnación de elección se establece que
Una copia fiel y exacta del escrito de
impugnación
será
notificada
al
Candidato
impugnado y se le entregará personalmente, dentro
de
los
cinco
(5)
días
siguientes
a
su
presentación.
El Candidato cuya elección fuese impugnada,
tendrá que presentar ante el Tribunal una
contestación bajo juramento, dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha en que recibiere
la notificación del escrito de impugnación y
certificará
haber
notificado
y
entregado
personalmente
copia
de
su
contestación
al
impugnador o a su representante legal. […]
La notificación, escrito y contestación
prescritos en esta Ley, podrán ser diligenciados
por cualquier persona competente para testificar
y se diligenciarán mediante entrega personal a
las respectivas partes, a sus representantes
electorales, conforme a lo establecido en las
Reglas de Procedimiento Civil o en la residencia
u oficina de la persona a quien fueren dirigidas.
(Énfasis suplido).136
Según se desprende de este Art. 10.15 del Código Electoral,
supra,
se
entiéndase:
mencionan
(1)
contestación a
el
tres
(3)
escrito
este escrito; y
documentos
de
distintos,
impugnación;
(3) la
(2)
la
notificación del
escrito de impugnación. Asimismo, en el último párrafo, se
hace
referencia
mencionados,
para
conjuntamente
indicar
que
a
los
estos
tres
serán
documentos
diligenciados
conforme a lo establecido en las Reglas de Procedimiento
Civil, supra, o en la residencia u oficina de la persona a
quien fueren dirigidas. En ese sentido, esta disposición
136
Art. 10.15, Código Electoral, supra.
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
legal
sujeta
el
32
diligenciamiento
de
estos
tres
(3)
documentos a las Reglas de Procedimiento Civil, supra. De
manera que, al armonizar este estatuto con lo dispuesto en
las Reglas de Procedimiento Civil, supra, la regla a la
cual
se
alude
Procedimiento
aquí
Civil,
es
claramente
supra,
sobre
la
Regla
4
de
emplazamientos.
Una
conclusión en contrario se separaría claramente de lo que
textualmente
este
notificación
del
artículo
escrito
exige.
de
Esto
impugnación
es,
que
la
tiene
que
ser
diligenciado conforme con la Regla 4.4 de Procedimiento
Civil,
supra,
es
decir,
mediante
el
mecanismo
del
emplazamiento.137
De esta forma, cuando el Código Electoral, supra, hace
alusión a una “notificación”, a lo que se refiere es al
mecanismo procesal exigido por el debido proceso de ley
para poner en conocimiento al demandado de la reclamación
pendiente en su contra y que pueda tener los elementos de
juicio
para
decidir
cómo
desea
responder
a
ella.
Es
precisamente esto lo que hace el emplazamiento. Tal como
De
manera
ilustrativa,
nos
parece
persuasivo
que
específicamente sobre el requisito de emplazar a un candidato
impugnado, en Ramos Hernández v. Comisión Estatal De Elecciones,
KLCE20101679 (TA 2010), el Tribunal de Apelaciones resolvió que “la
persona que interesa impugnar la elección de un candidato y por
consiguiente, su certificación, tiene que presentar su recurso en el
Tribunal de Primera Instancia de acuerdo a los términos y el trámite
que establece la ley y las Reglas de Procedimiento Civil, las cuales
regulan los procesos civiles en nuestros Tribunales. Esto incluye el
emplazamiento a las personas o entidades contra las que se reclama,
conforme a la Regla 4 de Procedimiento Civil, a fin de que el TPI pueda
ejercer su jurisdicción sobre esas partes”. Esto, al interpretar el
Art. 6.014 de la derogada Ley Electoral de Puerto Rico, supra
(disposición análoga al Art. 10.15 del actual Código Electoral, supra),
el cual requería que “[l]a parte promovente tendrá la responsabilidad
de notificar copia del escrito de revisión a la Comisión Estatal y a
cualquier parte afectada.”
137
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
33
hemos expresado, “el nombre no hace la cosa”.138 De modo
que, “[e]s el emplazamiento o una notificación el mecanismo
procesal mediante el cual el tribunal hace efectiva su
jurisdicción
y
le
reclamación
en
su
informa
al
demandado
contra.139
El
que
existe
una
⎯o
la
emplazamiento
notificación correspondiente⎯, es el vehículo procesal que
brinda el paso inaugural del debido proceso de ley que
viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial. Valga
la ocasión resaltar, que “[e]l emplazamiento es un acto
complejo y rodeado de tecnicismos […]” que “[s]on reglas o
normas de carácter impositivo”, “de las cuales no se puede
dispensar”
y
“a
las
cuales
hay
que
dar
estricto
cumplimiento”.140
Por
lo
tanto,
improcedente
la
interpretemos
que,
resulta
forzoso
pretensión
del
por
usarse
en
concluir,
que
es
recurrido
de
que
la
palabra
ley
la
“notificación” en lugar de la palabra “emplazamiento”, de
esta manera el legislador “flexibilizó” un requisito de
estirpe constitucional⎯del debido proceso de ley⎯ exigido
en toda acción judicial. Independientemente del título que
se le asigne, proveerle a la parte demandada el escrito que
propiamente le notifica sobre la reclamación en su contra y
que le apercibe de las consecuencias de no comparecer, es
una exigencia del debido proceso de ley. No hay duda que la
Roig Pou v. Registro Demográfico de Puerto Rico, 203 DPR 346,
364 (2019).
139 Cuevas Segarra, op. cit., pág. 301.
140 R. Hernández Colón, op. cit., pág. 257.
138
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
34
parte demandada tiene derecho a que el emplazamiento cumpla
con el rigor que exige la cláusula del debido proceso de
ley. Por consiguiente, la parte demandante está impedida de
flexibilizar
unilateralmente
los
requisitos
del
emplazamiento por mecanismos menos rigurosos y de forma
acomodaticia.
Tal
pretensión
ordenamiento
jurídico
y
es
impermisible
atentaría
contra
en
las
nuestro
garantías
mínimas que imperan en nuestro diseño constitucional.
En
vista
de
que
el
peticionario
no
se
sometió
voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, procedía
utilizar adecuadamente el mecanismo de emplazamiento para
que el tribunal adquiriese jurisdicción sobre su persona.
En el presente caso, el recurrido presentó la demanda de
Impugnación de Elección el 14 de enero de 2021. El 17 de
enero de 2021, solo le diligenció al peticionario la Orden
de mostrar causa emitida por el TPI, y la copia del escrito
de impugnación. Por lo tanto, el recurrido incumplió con lo
dispuesto en el Artículo 10.15 sobre el diligenciamiento de
la notificación del escrito de impugnación, que no es otra
cosa que el diligenciamiento del emplazamiento. Es decir,
no le entregó el documento de emplazamiento que le notifica
al peticionario que se instó un pleito en su contra, y el
término que tiene para contestar la demanda, entre otras
advertencias exigidas por el debido proceso de ley. Sobre
este
punto,
debe
advertirse
“que
la
omisión
de
esta
advertencia [del plazo para contestar la demanda] acarrea
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
la
nulidad
proceso
35
del
emplazamiento
ley
por
de
falta
por
de
infracción
al
notificación
debido
adecuada”.
(Énfasis suplido).141 En el presente caso, ninguno de los
documentos entregados al momento de diligenciarse la Orden
de Mostrar Causa surge la advertencia del plazo que tenía
el peticionario para contestar la demanda. Es pertinente
distinguir
que
la
advertencia
que
hizo
el
TPI
al
peticionario en la Orden de Mostrar Causa solo fue a los
efectos de contestar precisamente esa Orden, mas no así, el
plazo que tiene el peticionario para contestar la demanda,
lo cual es el requisito indispensable para una notificación
adecuada conforme al debido proceso de ley.
Ante esa realidad fáctica, el 20 de enero de 2021, el
TPI le notificó
evidencia
del
al recurrido que solo había presentado
diligenciamiento
de
la
Orden
de
mostrar
causa, mas no así de los correspondientes emplazamientos
sobre el escrito de Impugnación de Elección. No obstante,
ese
mismo
día
expidieran
los
el
recurrido
solicitó
correspondientes
al
tribunal
que
emplazamientos.
Sin
embargo, no fue hasta el día siguiente, es decir, el 21 de
enero de 2021, que lo diligenció, de forma inoficiosa, al
Lcdo.
Israel
O.
Alicea
Ahora
bien,
aun
bajo
el
Luciano,
funcionario
supuesto
de
que
el
municipal.
recurrido
diligenció estos emplazamientos dentro del término provisto
en el Art. 10.15 del Código Electoral, supra, lo hizo de
141
R. Hernández Colón, op. cit., pág. 261-262.
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
36
manera defectuosa. Pues, no olvidemos que esta disposición
exige que la “notificación, escrito y contestación” “se
diligenciarán
mediante
entrega
personal”
al
candidato
impugnado.
Por otro lado, el hecho que el recurrido diligenciara
los
emplazamientos
consecuencia
que
el
21
de
enero
los
diligenciara
de
2021
fuera
tuvo
del
como
término
establecido en el Art. 10.15 del Código Electoral, supra.
Es decir, para
que el recurrido hubiera podido cumplir
cabalmente con
el término específico de cinco
(5) días
siguientes a la presentación del escrito de Impugnación de
Elección,
tenía
hasta
el
19
de
enero
de
2021
para
diligenciar los emplazamientos del escrito de Impugnación
de
Elección.
Sin
embargo,
no
fue
hasta
siete
(7)
días
después de presentada la demanda de Impugnación de Elección
que diligenció la notificación correspondiente al candidato
impugnado. Por lo tanto, el TPI en su sentencia determinó
correctamente
inoficioso
que
por
el
emplazamiento
haberse
realizado
al
peticionario
fuera
del
fue
término
establecido en el Art. 10.15 del Código Electoral, supra.142
En vista de lo anterior, el recurrido plantea que, de
este Tribunal entender la aplicación de la Regla 4.4 de
Procedimiento Civil, supra, a la controversia de autos,
entonces corresponde aplicar la Regla 68.1 de Procedimiento
A su vez, el TPI hizo constar en una nota al calce que el
emplazamiento al aquí compareciente fue inoficioso por haberse
diligenciado a través del Director de la Oficina de Asuntos Legales del
Municipio de San Juan, el 21 de enero de 2021.
142
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
37
Civil, supra, que regula el cálculo de términos menores de
siete
(7)
días.
Como
previamente
expusimos,
esta
regla
dispone de forma general cómo se computarán los términos
que conceden las Reglas de Procedimiento Civil, supra, o
los estatutos aplicables, y señala que “[c]uando el plazo
concedido
sea
menor
de
siete
(7)
días,
los
sábados,
domingos o días de fiesta legal intermedios se excluirán
del cómputo”.143
No
obstante,
el
término
de
cinco
(5)
días
que
establece el Art. 10.15 del Código Electoral, supra, es un
término específico. Esto surge del propio texto de la ley
especial. De forma pertinente, el Artículo 2.4 del Código
Electoral, supra, dispone que “[e]l cómputo de los términos
expresados en esta Ley se aplicará según las Reglas de
Procedimiento
Civil
de
Puerto
Rico
vigentes
excepto
aquellos términos específicos dispuestos en esta Ley”.144
Conforme con lo anterior, este Tribunal ha reiterado
como principio básico en la interpretación de estatutos que
una
disposición
de
carácter
especial
sobre
la
materia
prevalece sobre una de carácter general.145 Además, hemos
expresado
que
“al
interpretar
una
disposición
legal
específica debemos evaluar las diferentes secciones de la
ley en que ubica y relacionarlas las unas con las otras,
para,
dentro
del
contexto
general
en
que
han
sido
Regla 68.1 32 LPRA Ap. V.
Código Electoral, supra.
145
Carlos M. Suárez Molina Recurrido v. Comisión Local de
Elecciones de Cataño, 2020 TSPR 129, citando a Pueblo v. Plaza Plaza,
199 DPR 276, 285-286 (2017).
143
144
AC-2021-27
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38
redactadas, atribuirles el sentido que mejor responda a lo
que se ha querido obtener con su aprobación”.146 A tenor con
lo antes mencionado y en el contexto del presente caso, lo
que
esto
significa
es
que
el
Código
Electoral
es
un
estatuto especial sobre la materia y que al analizar sus
distintas secciones, específicamente el Artículo 2.4, se le
puede
atribuir
lo
que
se
ha
querido
obtener
con
su
aprobación, que en este caso no es otra cosa que clasificar
el
término
de
los
cinco
10.15
del
(5)
días
como
un
término
Electoral,
supra,
específico.
El
Art.
Código
expresamente establece que “[u]na copia fiel y exacta del
escrito
de
impugnación
será
notificada
al
Candidato
impugnado y se le entregará personalmente, dentro de los
cinco (5) días siguientes a su presentación”. Es decir,
expresamente establece que dentro de los cinco (5) días
siguientes a su
presentación es que será notificada al
candidato impugnado una copia de la demanda de Impugnación
de
Elección.
término
Por
lo
tanto,
al
legislador
de
cinco
(5)
días
específico
y
calificar
el
particularmente
añadirle la frase “dentro de los cinco (5) días siguientes
a
su
presentación”
enmarcó
la
ininterrupción
razón,
que
no
de
este
término específico.
Es
por
esta
nos
convence
la
argumentación del recurrido en torno a la aplicación de la
146
Íd., pág. 9.
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
39
Regla 68.1 para calcular el término de los cinco (5) días
siguientes
a
notificación
su
del
presentación
escrito
de
para
diligenciar
impugnación
al
la
candidato
impugnado. Esto, pues el legislador, conscientemente y de
manera inequívoca, excluyó la aplicación de las Reglas de
Procedimiento
Civil,
supra,
de
los
términos
específicos
mencionados en esta ley. De igual forma, al denominar el
término específico y calificarlo con la frase “dentro de
los
cinco
(5)
días
siguientes
a
su
presentación”,
el
legislador dejó clara e inequívocamente su intención de no
permitir la interrupción de este término. Máxime cuando el
Código Electoral, supra, está predicado en consideraciones
de política pública y de un alto interés público, para que
estos asuntos se atiendan con celeridad.
En
vista
de
lo
que
precede,
este
Tribunal
debió
resolver que conforme al Art. 10.15 del Código Electoral,
supra,
es
necesario
diligenciamiento
del
cumplir
con
el
requisito
del
emplazamiento
de
la
de
demanda
Impugnación de Elección al candidato impugnado dentro del
término de cinco (5) días siguientes a su presentación. De
no
cumplirse,
salvo
que
el
demandado
se
someta
voluntariamente a su jurisdicción, el tribunal carece de
jurisdicción sobre su persona.
IV
Por todo lo anterior, disiento enérgicamente del curso
decisorio
tomado
en
este
caso.
En
su
lugar,
hubiera
AC-2021-27
cons. con AC-2021-28
40
expedido el recurso y revocado el dictamen del Tribunal de
Apelaciones. En consecuencia, reinstalaría la Sentencia del
Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda en
el presente caso por haberse incumplido con el término
establecido en el Código Electoral del 2020 para emplazar
al candidato impugnado.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado