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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pagán Berríos y otros v. Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas y otros

2021 TSPR 21

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pagán Berríos y otros v. Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas y otros

CC-2019-518

Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sucesión Celia Pagán

Berríos y otros

Peticionarios

v.

Universidad de Puerto Rico,

Recinto de Ciencias Médicas y

otros

Recurridos

Certiorari

2021 TSPR 21

206 DPR ____

v.

Administración de Servicios

Médicos de Puerto Rico y otros

Tercero Demandados

Número del Caso:

CC-2019-518

Fecha: 25 de febrero de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel VI

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Gerardo L. Santiago Puig

Abogada de la parte recurrida:

Lcda. Iris M. Muñiz Rodríguez

Materia: Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sucesión Celia Pagán

Berríos y otros

Peticionarios

CC-2019-0518

Certiorari

v.

Universidad de Puerto Rico,

Recinto Ciencias Médicas y

otros

Recurridos

v.

Administración de Servicios

Médicos de Puerto Rico y

otros

Tercero Demandados

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2021.

Evaluado y habiendo expedido el auto de certiorari

presentado

por

la

parte

peticionaria,

se

revoca

la

sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Estrella Martínez emitió una Opinión de Conformidad, a la

que se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez

Asociado señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor

Martínez

Torres

emitió

una

Opinión

Disidente.

La

Jueza

Asociada señora Pabón Charneco no interviene.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sucesión Celia Pagán

Berríos y otros

Peticionarios

CC-2019-0518

Certiorari

v.

Universidad de Puerto Rico,

Recinto Ciencias Médicas y

otros

Recurridos

v.

Administración de Servicios

Médicos de Puerto Rico y

otros

Tercero Demandados

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor

ESTRELLA MARTÍNEZ, a la que se unen la Jueza Presidenta

ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado señor FELIBERTI

CINTRÓN

San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2021.

En

la

historia

reciente

de

Puerto

Rico,

las

consideraciones económicas y la crisis que confronta el

sistema de salud pública, según reconocido en este caso

por

la

propia

parte

recurrida,

han

sido

factores

innegables con repercusiones en la vida de los pacientes

indigentes.

Hoy

nos

enfrentamos

a

la

invitación

de

pautar que la crisis admitida por la parte recurrida es

un eximente de responsabilidad civil y una justificación

legal para evadir el cumplimiento con los estándares de

la

profesión

médica.

Por

entender

que

todas

las

CC-2019-0518

facilidades

2

de

salud,

tanto

públicas

como

privadas,

tienen la obligación de cumplir con los estándares de la

profesión

médica,

rechazo

tal

invitación

y

por

el

contrario estoy conforme con el curso de acción tomado

por una mayoría de este Tribunal.

Veamos

el

trasfondo

fáctico

y

procesal

de

la

controversia ante nos.

I

La causa de acción en el presente caso surge como

resultado del fallecimiento de la Sra. Sheila De Jesús

Pagán el 2 de enero de 2013. Según surge de la demanda

presentada

por

su

madre,

la

Sra.

Celia

Pagán

Berríos

(señora Pagán Berríos), y su padre, el Sr. Luis Alberto

De

Jesús

hechos

Padilla

probados

(señor

por

el

De

Jesús

foro

de

Padilla),

primera

y

de

los

instancia,

la

Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la

Universidad de Puerto Rico (UPR) fue negligente al no

brindar un tratamiento adecuado a su hija cuando ésta

acudió a la Clínica de Ginecología-Oncológica (Clínica)

con un diagnóstico de cáncer de ovario. Alegaron que pudo

haberse evitado su muerte si le hubiesen realizado una

cirugía de estadio oportunamente y no casi cuatro (4)

meses después de haberse detectado su condición; cuando

ya no era candidata a operación. Por estos hechos, los

demandantes reclamaron una compensación monetaria por sus

CC-2019-0518

3

sufrimientos y angustias mentales.1 Además, presentaron

una causa de acción heredada como únicos y universales

herederos de su hija fallecida.

En su contestación a la demanda, la UPR admitió que

maneja la Escuela de Medicina en el Recinto de Ciencias

Médicas,

entidad

a

la

cual

pertenece

la

Clínica.

No

obstante, negó la negligencia imputada. Al mismo tiempo,

la UPR instó una demanda contra terceros para traer al

pleito a la Administración de Servicios Médicos (ASEM),

como dueño y administrador de las salas de operaciones

utilizadas por la UPR, así como al Gobierno de Puerto

Rico (Gobierno) por ser responsable de brindar asistencia

médica

y

servicios

de

salud

a

las

familias

puertorriqueñas. Aun cuando la institución universitaria

reconoció la necesidad de realizarle a la Sra. Sheila De

Jesús

Pagán

una

cirugía

de

estadio,

aseguró

que

la

tardanza en efectuarla no se debió a causas atribuibles a

ésta, sino a los terceros demandados.

Con

respecto

al

Gobierno,

se

emitió

sentencia

de

paralización en virtud de la Ley PROMESA, 48 USC sec.

2101 et seq.2 En cuanto a la ASEM, el Tribunal de Primera

1Instada

la causa de acción, la demandante Pagán

Berríos falleció y el Tribunal de Primera Instancia

autorizó la correspondiente sustitución de parte. Así, la

Sucesión de la señora Pagán Berríos quedó compuesta por

su viudo y codemandante, De Jesús Padilla, y el hijo de

éstos, Luis Alberto De Jesús Pagán.

Apéndice D del recurso de certiorari, pág. 166.

2

CC-2019-0518

Instancia

4

dictó

Sentencia

Parcial

para

desestimar

la

reclamación en su contra por estar prescrita.3

Únicamente pendiente la reclamación contra la UPR,

se celebró el juicio en su fondo. Surgió de la prueba

presentada que el 28 de junio de 2012, la Sra. Sheila De

Jesús Pagán fue sometida a una cirugía para la remoción

de su ovario derecho.4 La intervención estuvo a cargo del

Dr. Edward Hernández Ramírez (doctor Hernández Ramírez),

Ginecólogo en el Hospital San Lucas en Guayama. La prueba

patológica

padecía

de

del

un

tejido

removido

adenocarcinoma

arrojó

que

la paciente

endometrioide

grado

II

(cáncer de ovario).5

Con los resultados de la patología y otros estudios,

la paciente acudió el 6 de agosto de 2012 a la oficina

privada del Dr. Luis Santos Reyes (doctor Santos Reyes),

Ginecólogo-Oncólogo. Sin embargo, por no aceptar el plan

médico del gobierno, el doctor Santos Reyes refirió a la

Sra. Sheila De Jesús Pagán a la Clínica. Acompañó su

referido con una carta que indicaba: “Favor de conceder

cita lo antes posible para cirugía. La paciente tiene un

diagnóstico

de

cáncer

de

ovario

posible

estadio

IA.

Gracias”.6

Íd., págs. 169-175.

A la paciente también se le extirpó ese mismo día el

apéndice. La operación estuvo a cargo del Dr. Roque Nido.

5Apéndice D del recurso de certiorari, pág. 278.

6Íd.,

pág. 327. (Énfasis suplido). El doctor la

refirió también al Departamento de Ginecología General de

Centro Médico con la siguiente recomendación: “Please

evaluate for endometrial biopsy. The patient has a

diagnosis of endometroid ovarian adenocarcinoma. 30%

3

4

CC-2019-0518

5

El 8 de agosto de 2012, la Sra. Sheila De Jesús

Pagán visitó la Clínica donde fue atendida por la Dra.

Sharee

Umpierre

Catinchi

Ginecóloga-Oncóloga

y

(doctora

testigo

de

Umpierre

la

UPR.

Catinchi),

Ese

día,

la

doctora le practicó un examen pélvico, una biopsia de

endometrio

y

un

papanicolau.

Además,

instruyó

a

la

paciente para que trajera las laminillas con el tejido de

la biopsia que le habían realizado en junio de 2012, para

ser analizada por los patólogos de la Clínica.

La próxima cita de la paciente fue el 29 de agosto

de 2012. Allí se le dio a conocer los resultados del

papanicolau y de la biopsia de endometrio. El primero

arrojó

negativo,

“moderate

mientras

differentiated

que

el

carcinoma

segundo

with

resultó

focal

en

squamous

metaplasia”.7 Es decir, cáncer de endometrio. Sin embargo,

el resultado de las laminillas de la biopsia de ovario

aún no estaba disponible.8 Ante dicho cuadro clínico, se

pautó la cirugía de estadio tentativamente para el 4 de

diciembre

de

2012.

Conforme

a

lo

explicado

por

los

testigos y peritos de las partes, una cirugía de esta

naturaleza

permite

identificar

la

extensión

de

la

enfermedad y, conforme a ello, el tratamiento adecuado

para la paciente.

percent of this patient has uterine pathology. Thanks.”

Véase, Apéndice D del recurso de certiorari, pág. 326.

7Transcripción

de la prueba oral de 6 de marzo de

2018, pág. 23. Transcripción de la prueba oral de 7 de

marzo de 2018, pág. 30. Véase, Apéndice D del recurso de

certiorari, pág. 276.

8Transcripción

de la prueba oral de 7 de marzo de

2018, pág. 36.

CC-2019-0518

6

El 12 de septiembre de 2012, la paciente regresó a

la Clínica para una visita de seguimiento. Todavía para

esa fecha la Clínica no contaba con el resultado de la

patología del tejido del ovario que había sido removido.

Ese

día

no

le

calendarizada

confirmada.

realizaron

para

La

el

4

doctora

ningún

de

estudio.

diciembre

Umpierre

La

cirugía

de

2012

fue

Catinchi

le

dio

instrucciones a la paciente para que acudiera a sala de

emergencias

si

su

condición

empeoraba

fuera

de

horas

laborales. A tenor con el récord médico, la Sra. Sheila

De Jesús Pagán fue orientada sobre la baja posibilidad de

adelantar la cirugía.9 Se le dio la opción de ser referida

a

un

ginecólogo-oncólogo

intervención

más

temprana.10

contrainterrogatorio,

declaró

que

no

privado

la

recuerda

Sin

doctora

haber

para

una

embargo,

durante

Umpierre

estado

posible

el

Catinchi

presente

cuando

presuntamente le dieron dicha información a la paciente.11

El 17 de octubre de 2012, la Sra. Sheila De Jesús

Pagán acudió por última vez a la Clínica para una cita de

seguimiento. Finalmente, tras una gestión de la Clínica,

obtuvieron los resultados de la patología del ovario, los

cuales estaban listos desde el 5 de septiembre del mismo

año.12

No

obstante,

la

Clínica

no

había

hecho

gestión

Apéndice D del recurso de certiorari, págs. 249-250.

Íd.

11Transcripción

de la prueba oral de 7 de marzo de

2018, pág. 74.

12Transcripción

de la prueba oral de 8 de marzo de

2018, pág. 31. Véase, Apéndice D del recurso de

certiorari, pág. 279.

9

10

CC-2019-0518

7

alguna para procurarlos hasta ese momento.13 La patología

confirmó el resultado original: cáncer de ovario, grado

II.14 De otra parte, la Sra. Sheila De Jesús Pagán le

indicó a la doctora Umpierre Catinchi que la aquejaba un

dolor intenso e intermitente en el lado izquierdo de la

pelvis.15 Conforme el récord médico, no se le practicó

examen físico alguno a la paciente, ni se le realizó

prueba de ningún tipo para identificar la procedencia del

dolor.16

En espera de la operación, la Sra. Sheila De Jesús

Pagán acudió en al menos siete (7) ocasiones a salas de

emergencias. Cuatro (4) de estas visitas fueron a la Sala

de

Emergencias

del

Hospital

Universitario

de

Adultos

(UDH) en Centro Médico. La primera visita fue el 8 de

noviembre

de

2012.

La

paciente

se

quejó

de

un

dolor

pélvico en el lado izquierdo con radiación en la espalda,

de intensidad 8/10.17 Fue atendida por una residente de

ginecología

quien

describió

un

cérvix

difícil

de

visualizar, una secreción sanguinolenta, un útero y aneja

izquierda difícil de palpar debido a la obesidad de la

Transcripción de la prueba oral de 8 de marzo de

2018, págs. 31-32.

14Apéndice D del recurso de certiorari, pág. 279.

15Transcripción

de la prueba oral de 5 de marzo de

2018, pág. 86

16Íd., págs. 87 y 89. Véase, Apéndice D del recurso

de certiorari, pág. 262.

17Transcripción

de la prueba oral de 5 de marzo de

2018, pág. 99. Véase, Apéndice D del recurso de

certiorari, pág. 1170.

13

CC-2019-0518

8

paciente.18 Ese día no se le realizó estudio radiológico

ninguno.

El 22 de noviembre de 2012, ésta acudió otra vez a

la

sala

de

10/10.19

ardor,

emergencias

Describió

latente,

el

de

la

dolor

sofocante.20

UDH

como

Se

con

dolor

punzante,

le

realizó

pélvico

quemante,

un

examen

pélvico y se identificó por primera vez una masa pélvica

de 18 c.m.21 No se le realizó examen radiológico alguno.

La Sra. Sheila De Jesús Pagán regresó dos (2) días

después a la sala de emergencias con dolor pélvico 10/10.

Únicamente le tomaron los signos vitales, reflejando un

pulso de taquicardia.22 No se le hizo examen físico. La

última visita a

la sala

de emergencias fue el 26 de

noviembre de 2012 con la misma queja de dolor pélvico. En

esta ocasión se le realizaron pruebas de sangre y de

orina.

La doctora Umpierre Catinchi declaró que la Sala de

Emergencias

de

la

UDH

y

la

Clínica

no

comparten

un

sistema de información electrónico sobre los expedientes

de los pacientes.23 Sobre el personal ginecólogo de la

Sala

de

Emergencias,

la

doctora

aseguró

que

Íd.

Apéndice D del recurso de certiorari, pág. 1148.

20Íd., pág. 1154.

21Transcripción

de la prueba oral de 5 de marzo

2018, pág. 104. Véase, Apéndice D del recurso

certiorari, pág. 1148.

22Transcripción

de la prueba oral de 5 de marzo

2018, págs. 106 – 107. Véase, Apéndice D del recurso

certiorari, pág. 1126.

23Transcripción

de la prueba oral de 7 de marzo

2018, págs. 16 y 62.

no

18

19

de

de

de

de

de

CC-2019-0518

9

pertenecían a la Clínica, sino que eran contratados por

el hospital.24

Llegado el día de la cirugía, el 4 de diciembre de

2012, la doctora Umpierre Catinchi le realizó a la Sra.

Sheila De Jesús Pagán un examen pélvico bajo anestesia.

En ese momento, advino en conocimiento de que ésta había

desarrollado

una

masa

en

el

cuello

de

la

matriz

con

extensión a la vagina y al área del útero-sacro derecho.25

La paciente ya no era candidata a operación. Por tanto,

no se le pudo realizar la cirugía de estadio.26 Ante dicho

cuadro clínico, se le realizó un CT Scan y un MRI. Entre

otras cosas, el CT Scan reflejó masas en ambos lados de

la pelvis. El 6 de diciembre de 2012, la Sra. Sheila De

Jesús Pagán fue dada de alta con recomendación para un

tratamiento

neoadyuvante

con

quimioterapia

y

pudiera

comenzar

el

radioterapia.

No

obstante,

tratamiento,

la

sin

que

Sra.

Sheila

De

Jesús

con

Pagán

fue

hospitalizada el 13 de diciembre de 2012 en el UDH, hasta

el

2

de

enero

de

2013,

cuando

falleció.

Su

cuadro

clínico: sepsis severa, hipocalcemia y fallo renal agudo.

En cuanto a lo sustantivo de la controversia que nos

ocupa, los peritos de las partes coincidieron en que lo

correcto era realizarle una cirugía de estadio a la Sra.

Sheila De Jesús Pagán y, por tanto, conforme a la mejor

Íd., pág. 62.

Íd., pág. 56.

26Íd., págs. 56-57.

24

25

CC-2019-0518

10

práctica de la medicina.27 En cuanto al tiempo de espera,

la

Dra.

Carmen

Ortiz

Roque

(doctora

Ortiz

Roque)

–

Ginecóloga-Obstetra y Uroginecóloga y perito de la parte

demandante – afirmó que la cirugía debe realizarse dentro

de

los

sesenta

y

dos

(62)

días

siguientes

al

diagnóstico.28 Por su parte, el Dr. Jesús Rodríguez Arroyo

(doctor Rodríguez Arroyo), Ginecólogo-Oncólogo y perito

de la UPR, testificó que lo correcto es intervenir a la

paciente

desde

en

que

un

se

periodo

de

seis

obtienen

los

(6)

semanas,

resultados

de

contadas

todas

las

pruebas.29 Finalmente, la Dra. Josefina Esther Romaguera

Agrait (doctora Romaguera Agrait) – Ginecóloga y testigo

de la UPR - dijo que para cualquier tipo de cáncer, una

cirugía de estadio debe ser realizada dentro de noventa

(90) días.30

Por otra parte, se estableció que, para la fecha de

los

hechos,

en

Puerto

ginecólogos-oncólogos:

Rico

el

solo

doctor

existían

Rodríguez

tres

(3)

Arroyo,

la

doctora Umpierre Catinchi y el doctor Santos Reyes. Los

dos

últimos

aspecto

trabajaban

administrativo

para

la

Clínica.

En

de

la

Clínica,

se

cuanto

al

atendían

alrededor de cuarenta (40) a setenta (70) pacientes todos

Transcripción de la prueba oral de 5 de marzo de

2018, págs. 66-67. Transcripción de la prueba oral de 6

de marzo de 2018, pág. 14. Transcripción de la prueba

oral de 9 de marzo de 2018, págs. 65-66.

28Transcripción

de la prueba oral de 5 de marzo de

2018, pág. 75.

29Transcripción

de la prueba oral de 9 de marzo de

2018, págs. 71-73, 146.

30Transcripción

de la prueba oral de 8 de marzo de

2018, págs. 39 y 41.

27

CC-2019-0518

11

los miércoles. Los lunes y algunos martes, eran los días

designados para operaciones ginecológicas.31 Realizaban un

máximo

de

dos

(2)

Umpierre

Catinchi

proceso

de

operaciones

explicó

preparación

que

entre

por

ello

una

día.

es

La

así

operación

doctora

porque

el

y

es

otra

extenso, dado que el equipo es limitado y tiene que pasar

por un proceso de limpieza antes de volver a utilizarlo,

entre otras cosas.32 Para el año 2012, el tiempo de espera

para una cirugía rondaba entre los tres (3) a cuatro (4)

meses.33

Las

cirugías

se

calendarizan

por

orden

de

llegada.34 La doctora Umpierre Catinchi admitió que una

fecha tan lejana para realizar una cirugía de estadio no

es lo óptimo.35 No obstante, adujo que ello está fuera de

su control, por lo que no podían operar a la Sra. Sheila

De Jesús Pagán antes de lo programado.

En esa línea, la doctora Romaguera Agrait declaró

que parte de los problemas para aumentar el volumen de

cirugías

era

la

infraestructura.

Se

refirió

particularmente a la falta de fondos para contratar más

personal y comprar más equipo.36 Aseguró que eso no es un

problema nuevo, sino que viene ocurriendo hace más de

Transcripción de la prueba oral de 7 de marzo de

2018, pág. 17.

32Íd.

33Íd., pág. 38.

34Íd., págs. 38 y 43. Transcripción de la prueba oral

de 8 de marzo de 2018, págs. 20-21.

35Transcripción

de la prueba oral de 7 de marzo de

2018, págs. 51-52.

36Transcripción

de la prueba oral de 8 de marzo de

2018, págs. 36-38.

31

CC-2019-0518

12

treinta y ocho (38) años y, que tal situación no cumple

con el “standard of care”.37

Por otro lado, el doctor Rodríguez Arroyo declaró

que, en su práctica privada, atiende alrededor de setenta

(70) pacientes tres (3) veces en semana. Opera dos (2)

días a la semana, entre siete (7) a ocho (8) pacientes

diarios. No solo eso, sino que tiene el beneficio de

controlar y/o manipular el calendario de las cirugías.

Además, el doctor Rodríguez Arroyo testificó que tiene

como

práctica

llamar

al

patólogo

para

requerir

los

resultados de las biopsias en caso de que no las hubiese

recibido antes.

Aquilatada

la

prueba,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia dictó Sentencia declarando ha lugar la demanda.

La

juzgadora

de

los

hechos

concluyó

que

la

prueba

demostró que el reporte de la biopsia de ovario estuvo

disponible desde el 5 de septiembre de 2012; por lo que

la

parte

demandada

falló

al

no

pautar

la

cirugía

de

estadio en o antes del 15 de octubre de 2012, conforme al

término de seis (6) semanas testificado por el perito de

la UPR. El tribunal inferior sumó a su dictamen el hecho

de que los médicos de la UPR no realizaron gestión alguna

para obtener los resultados de la biopsia oportunamente,

en detrimento de la condición de la Sra. Sheila De Jesús

Pagán.

Por

tanto,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

concluyó que fue el tiempo de espera por la cirugía lo

37

Íd., págs. 37-38.

CC-2019-0518

13

que provocó que la condición progresara a tal punto que,

para el 4 de diciembre de 2012, ya la paciente no era

candidata para una cirugía de estadio.

Asimismo,

resolvió

responsabilidad

al

no

que

la

realizarle

UPR

incurrió

estudio

en

radiológico

alguno a la Sra. Sheila de Jesús Pagán durante las cuatro

(4) ocasiones que visitó la Sala de Emergencias del UDH

quejándose de dolor. Conforme a la apreciación del foro

primario, la prueba demostró que, de habérselos realizado

oportunamente,

los

médicos

hubiesen

conocido

que

la

enfermedad progresaba. En tal caso, hubieran intervenido

inmediatamente

a

la

paciente

con

gran

probabilidad

de

alcanzar un porciento mayor de sobrevivencia.

Por otra parte, respecto a la contención de la UPR de

que no tiene el control de las fechas para operar, siendo

el tiempo promedio de espera de tres (3) a cuatro (4)

meses, el Tribunal de Primera Instancia dictaminó:

La prueba pericial del demandado siempre

indicó que el tiempo razonable para operar una

persona con las condiciones de Sheila era de no

más de seis semanas. Si ese término es lo que

cumple con el estándar de la medicina, la UPR no

puede refugiarse en la excusa de que no tenía el

control del itinerario de fechas disponibles para

cirugía.

[…]

Si dicha institución, a tenor con los Planes

de Práctica Universitaria Intramural, abre sus

puertas a la comunidad para ofrecer su pericia a

los pacientes que allí acuden, al tiempo que

entrena a otros médicos, no puede indicar que

ello lo hace de manera incorrecta e incumpliendo

con el estándar de la medicina, adjudicándole esa

responsabilidad a un tercero, bajo la excusa de

que no tiene el control de las Salas de

CC-2019-0518

14

Operaciones o no cuenta con personal suficiente.

No

podemos

olvidar

que

la

Dra.

Romaguera

testificó que la UPR está consciente de que al

brindar sus servicios en la Clínica no lo hace de

manera óptima, [sino] contrario al estándar, y

que ello ha sido así durante los más de 30 años

que lleva con la UPR. Por tanto, si el demandado

ofrece sus servicios consciente de lo anterior,

ello se aparta de la mejor práctica de la

medicina.38

En virtud de lo anterior, el Tribunal de Primera

Instancia condenó a la UPR al pago de una indemnización

económica a favor de la parte demandante.

Inconforme,

la

UPR

presentó

una

solicitud

de

determinaciones de hechos adicionales y conclusiones de

derecho,

acompañada

de

una

moción

de

Mediante

Resolución

de

14

de

de

mayo

reconsideración.

2018,

el

foro

primario acogió veintitrés (23) de las treinta y ocho (38)

determinaciones de hechos propuestas por el recurrido y

declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración.39

Así

las

Apelaciones

cosas,

la

UPR

acudió

mediante

un

recurso

de

al

Tribunal

apelación.

de

Allí,

cuestionó la credibilidad que le mereció al juzgador de

los hechos el testimonio de la doctora Ortiz Roque sobre

el testimonio de reconocidos especialistas en la materia.

A ello, añadió que la parte demandante no logró establecer

la relación causal entre el alegado acto de impericia

médica y los daños sufridos. Ello, amparado en que el

tribunal

recurrido

no

tomó

en

consideración

la

prueba

presentada por la UPR que evidenciaba la crisis de médicos

Apéndice D del recurso de certiorari, pág. 201.

Íd., pág. 248.

38

39

CC-2019-0518

15

ginecólogos-oncólogos

en

Puerto

Rico.

Por

último,

la

institución universitaria alegó que el tribunal primario

incidió al conceder una partida de daños por la causa

heredada,

cuando

nunca

se

herederos

de

Sra.

Sheila

la

realizó

De

una

Jesús

declaratoria

Pagán.

La

de

parte

demandante sostuvo lo opuesto.

Ponderados los argumentos, el Tribunal de Apelaciones

revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia. En

primer lugar, le dio la razón a la UPR en cuanto a que el

foro recurrido erró al darle mayor valor probatorio a la

opinión de la doctora Ortiz Roque sobre las opiniones de

los peritos de la parte demandada. Sin entrar a discutir

los testimonios de las partes, su análisis se sostuvo en

la presunta razón inexplicable del Tribunal de Primera

Instancia de no incluir como parte de sus determinaciones

de hechos las credenciales académicas y profesionales de

la

doctora

Umpierre

Catinchi.

La

comparación

de

las

credenciales de esta última y de los demás testigos de la

parte

demandada

con

las

de

la

perito

de

la

parte

demandante, abonó a su dictamen.

En segundo lugar, el Tribunal de Apelaciones tomó

conocimiento judicial de la crisis en Puerto Rico sobre la

escasez de ginecólogos-oncólogos. Razonó que “esa crisis

es

evidente

medulares

de

y

es

pertinente

a

toda

demanda

de

extracontractuales:

Íd., pág. 33.

40

la

culpa

uno

de

daños

o

los

elementos

y

perjuicios

negligencia”.40

CC-2019-0518

16

Particularmente, cuando para el periodo de 2012-2013 en

Puerto Rico solo existían tres sub-especialistas en el

área de ginecología-oncológica. Con ello en mente, el foro

apelativo intermedio avaló las declaraciones de la doctora

Umpierre

Catinchi

pacientes

que

cirugía

para

en

asisten

un

cuanto

a

la

diagnóstico

a

que

Clínica

la

mayoría

de

los

requieren

de

una

éstas

son

apropiado,

que

extensas y solo pueden ser intervenidos entre dos a tres

pacientes por día de operación.

Por último, el Tribunal de Apelaciones concluyó que

la parte demandante no probó que la Escuela de Medicina de

la UPR, ni los médicos interventores, fallaron en brindar

un tratamiento médico adecuado a la Sra. Sheila De Jesús

Pagán. “Aunque a los tribunales les compete determinar en

cada caso particular si la actuación médica cumple con los

estándares profesionales, no es nuestra función imponerle

cambiar

las

prácticas

seguidas

en

el

momento

en

que

atendieron a la señora Sheila de Jesús Pagán”.41

En desacuerdo, la parte peticionaria acude ante este

Tribunal solicitando que revoquemos el dictamen aludido.

Le imputa al Tribunal de Apelaciones la comisión de los

siguientes errores:

Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir

que la parte demandante no probó que la Escuela

de

Medicina

de

la

UPR

ni

los

médicos

interventores fallaron en brindar un tratamiento

médico adecuado a la paciente.

el

Erró el TA en su Sentencia al resolver que

TPI había abusado de su discreción al no

Íd., pág. 31.

41

CC-2019-0518

17

permitir

que

la

recurrida

presentara

las

credenciales de la Dra. Sharee Umpierre en la

vista en su fondo.

Expedido el recurso ante nuestra consideración y

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procede su solución.

II

A.

Para

la

fecha

de

los

hechos,

la

responsabilidad

civil de un facultativo médico por actos de impericia o

negligencia médica emanaba del entonces Artículo 1802 del

Código Civil de 1930. 31 LPRA sec. 5141. Véase, además,

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012).

Dicho articulado postula que el que por acción u omisión

causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,

está obligado a reparar el daño causado. Íd.42 Así, toda

persona

que

inste

una

acción

en

daños

por

impericia

médica está obligada a demostrar: (1) la ocurrencia de un

acto médico culposo o negligente; (2) la producción de un

daño real y (3) la relación causal entre el acto médico y

el daño sufrido. Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 309

(1995).

Lo

prospere

anterior

implica

que,

en

causa

acción,

su

de

para

que

no

el

está

demandante

obligado

a

demostrar una única y exacta causa del daño, sino que

El Artículo 1536 del Código Civil de 2020 dispone

de similar manera al leer: “La persona que por culpa o

negligencia

causa

daño

a

otra,

viene

obligada

a

repararlo”.

42

CC-2019-0518

18

basta con demostrar mediante preponderancia de la prueba

que la acción negligente del médico fue el factor que con

mayor probabilidad ocasionó el daño y establecer, además,

el vínculo causal requerido por el Artículo 1802 del

Código Civil, supra. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR

267, 322 (1998); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR

639, 650 (1988); Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816 (1987).

Ahora bien, tengamos en cuenta que la negligencia

del médico no se presume por el mero hecho de que el

paciente haya sufrido un daño o que el tratamiento no

haya sido exitoso. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra,

pág. 650. Tampoco se considera suficiente, alegar una

mera

posibilidad

incumplimiento

de

del

que

el

daño

médico

con

su

se

debió

al

responsabilidad

profesional. Ramos, Escobales v. García, González, 134

DPR 969, 976 (1995); Vda. de López v. E.L.A, 104 DPR 178

(1975). Hemos dicho que la relación de causalidad entre

el daño y el acto negligente no puede establecerse por

meras

conjeturas

o

suposiciones.

Santiago

Otero

v.

Méndez, 135 DPR 540, 549 (1994). Lo anterior, toda vez

que un médico no puede garantizar un resultado favorable

en toda intervención. Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR

380, 385 (1988).

En cuanto a la norma mínima de cuidado exigible, se

requiere que el médico brinde a sus pacientes aquella

atención médica que, “a la luz de los modernos medios de

comunicación

y

enseñanza

y,

conforme

al

estado

de

CC-2019-0518

19

conocimiento de la ciencia y práctica prevaleciente de la

medicina,

satisfaga

las

exigencias

generalmente

reconocidos por la propia profesión médica”. Arrieta v.

De la Vega, 165 DPR 538, 549 (2005); Flores Ramírez v.

Maldonado, 138 DPR 722, 732 (1995); Rodríguez Crespo v.

Hernández, supra, págs. 648-649; Pérez Torres v. Blaudell

Ramos, 120 DPR 295, 302 (1988).

Además,

hemos

reconocido

que

el

médico

posee

discreción para formular un juicio profesional en cuanto

al diagnóstico y tratamiento médico, a tenor con las

circunstancias personales del paciente. Arrieta v. De la

Vega,

supra,

pág.

549;

Ramos,

Escobales

v.

García,

González, supra, pág. 975. De manera que, el médico está

exento

de

brindado

a

responsabilidad

civil

su

aun

paciente,

si

cuando

el

tratamiento

erróneo,

está

enmarcado dentro de los linderos de lo razonable y es

aceptado por amplios sectores de la profesión médica.

Santiago Otero v. Méndez, supra, pág. 550; Pérez Torres

v. Bladuell Ramos, supra.

En resumidas cuentas, para establecer un caso prima

facie de impericia médica se tiene que presentar prueba

sobre:

(1)

las

normas

mínimas

de

conocimiento

y

de

cuidado médico aplicables a los médicos generalistas o

especialistas; (2) que el demandado no cumplió con las

referidas normas de tratamiento del paciente; y, (3) que

el

incumplimiento

del

médico

fue

la

causa

del

daño

CC-2019-0518

20

sufrido por el paciente. Arrieta v. De la Vega, supra,

págs. 548-549; Medina Santiago v. Vélez, supra, pág. 385.

B.

De igual manera, hemos reconocido la responsabilidad

de los hospitales en casos de negligencia médica, toda

vez que éstos juegan un papel importante en el cuidado de

la salud del paciente. Es decir, el deber del cuidado del

paciente

no

sólo

hospital

como

corresponde

institución.

a

M.

su

médico,

Rivera

Cruz

sino

al

&

A.

Valderrábano Wagner, Medicina para la impericia médica:

Alternativas a los problemas que enfrenta el sistema, 41

Rev. Der. P.R. 295, 301 (2002). Ello, independientemente

de que se trate de una institución hospitalaria pública o

privada. Véase, Hernández v. Gobierno La Capital, 81 DPR

1031, 1037 (1960).

A diferencia de la clase médica, la responsabilidad

de los hospitales se rige por el axioma de una persona

“prudente

y

razonable”.

Esto

quiere

decir

que

los

hospitales están obligados a ejercer el cuidado y las

medidas

previsoras

que

una

persona

razonablemente

prudente desplegaría ante determinadas circunstancias y,

ofrecer a

sus

pacientes

la

atención

médica

que

su

condición requiera. Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág.

323. Dicho de otro modo, los hospitales le deben a sus

pacientes aquel grado de cuidado que ejercería un hombre

prudente

y

razonable

en

condiciones

y

circunstancias

similares. Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 DPR 397,

CC-2019-0518

21

405 (1985). Siempre considerando la práctica generalmente

reconocida por la profesión médica y sus avances. Blás v.

Hosp. Guadalupe, supra, pág. 323; M. Rivera Cruz & A.

Valderrábano Wagner, supra, pág. 299.

Cabe señalar que la responsabilidad de los hospitales

en cuanto a la atención médica que deben prestar no es

absoluta.

Blás

v.

Hosp.

Guadalupe,

supra,

pág.

324;

Crespo v. H. R. Psychiatric Hospital, Inc., 114 DPR 796,

800 (1983); Hernández v. Gobierno La Capital, supra, pág.

1037. El deber de previsión exigido “no se extiende a

todo

peligro

imaginable

que

concebiblemente

pueda

amenazar la seguridad del paciente sino aquel que es

probable

que

suceda

y

que

llevaría

a

una

persona

a

anticiparlo”. Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 324;

Lozada v. E.L.A., 116 DPR 202, 215 (1985). De modo que el

hospital será responsable si ocurre un daño que en las

particulares circunstancias del caso pudo razonablemente

haberse previsto y evitado. Íd.

Durante

el

transcurso

de

los

años,

escenarios

en

los

identificado

distintos

instituciones

hospitalarias

responden

sufridos

el

La

por

paciente.

por

hemos

que

los

responsabilidad

las

daños

de

los

hospitales puede darse en dos vertientes: (1) directa o

(2) indirecta. Arts. 1802 y 1803 del Código Civil de

1930,

31

LPRA

sec.

5141

y

5142.

La

responsabilidad

directa de los hospitales estriba en su incumplimiento

con

el

deber

de:

(1)

seleccionar

y

retener

médicos

CC-2019-0518

22

competentes y supervisarlos en relación al cuidado de

pacientes, Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, págs.

409-411; Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721,

732

(1984);

(2)

mantener

seguras

y

adecuadas

sus

facilidades y equipos, Lozada v. E.L.A., supra; Blás v.

Hosp. Guadalupe, supra; y (3) formular, adoptar y hacer

cumplir reglas y políticas adecuadas para asegurar la

calidad

en

el

cuidado

de

sus

pacientes.

L.

Sánchez

Betances, Responsabilidad de los hospitales para con los

pacientes,

36

Rev.

Jur.

UIPR

201,

207

(2002).

Con

respecto a este último escenario, los hospitales también

responden por políticas institucionales que obstaculicen

el cuidado de los pacientes. Fonseca et al. v. Hosp.

HIMA, 184 DPR 281 (2012); Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598

(1985).

En Núñez v. Cintrón, supra, un menor de cuatro (4)

años llegó a sala de emergencias con una hemorragia. A

las

7:00

a.m.

el

doctor

que

lo

examinó

ordenó

le

administraran una transfusión de sangre inmediatamente.

Sin embargo, conforme a la política institucional del

hospital, tal procedimiento no podía realizarse en la

sala de emergencia, sino en piso, cuando el menor fuera

trasladado a una habitación; y luego que el médico de

cabecera

llenase

un

formulario

que

lo

liberara

de

responsabilidad. Así las cosas, no fue sino hasta las

10:45 a.m. que el personal del hospital había comenzado a

administrarle la transfusión que había sido ordenada con

CC-2019-0518

23

carácter de urgencia desde las 7:00 a.m. Para entonces ya

era

tarde,

pues

el

ininterrumpidamente,

menor

por

lo

sangraba

que

el

continua

doctor

e

decidió

operarlo para detener la hemorragia. Minutos más tarde,

el menor sufrió anoxia cerebral como resultado de un paro

cardíaco. El daño cerebral fue de naturaleza permanente.

Ante

tales

hechos,

este

responsabilidad

al

hospital,

haber

los

signos

tomado

correspondía.

Segundo,

y

Tribunal

en

primer

vitales

más

le

lugar,

del

importante

impuso

por

menor

aún,

no

como

por

el

incumplimiento de su personal con la orden médica del

doctor

de

transfundir

al

menor

inmediatamente

y,

por

tanto, posponer irrazonablemente la transfusión. Respecto

a

esto

último,

se

cuestionó

la

pobre

decisión

del

hospital de condicionar el acto de transfusión al lugar

donde

se

administraría

y

al

previo

relevo

responsabilidad. Sobre esto, expresamos:

Escuetamente

requirió

transfusión

inmediata

(STAT). Bajo esta premisa nos preguntamos, ¿cómo

condicionar un tratamiento tan crucial y la vida

del

paciente

a

la

disponibilidad

de

una

habitación?

[…]

También es insostenible la pretensión de que por

no haberse llenado un formulario de relevo se

pospusiera el cumplimiento de la orden médica.

[…]La responsabilidad civil hoy se examina y

resuelve en función a lo esencial y no a la

forma. En el campo de la medicina con mayor

justificación.

Está

comprometida

la

salud,

elemento axiológico de primer orden público.

Sería ilógico y vulneraría principios éticojurídicos una dispensa por falta de cuidado

(deber de diligencia). (Cita omitida)[…]

de

CC-2019-0518

24

Todos estos argumentos denotan costumbres y

prácticas institucionales rígidas e invariables

que resultan inexcusables. Rechazamos que en los

hospitales del país, incluyendo sus Salas de

Emergencias, pueda prevalecer una rutina o un

sistema administrativo inadecuado que implique

desatender

o

posponer

el

tratamiento

de

pacientes en estado crónico, aumentando el

riesgo

y

peligro

de

sus

vidas.

(Énfasis

suplido). Núñez v. Cintrón, supra, págs. 610611.

Otro escenario en el cual el hospital incurre en

negligencia directa se ha visto en otras jurisdicciones,

cuando

la

institución

reglas

adecuadas

para

falla

la

en

tener

o

implementar

comunicación

de

información

vital sobre el cuidado del paciente a otros que son, o

serán, responsables de su tratamiento. M.M. Bertolet,

Hospital

Liability,

Law

and

Practice,

Nueva

York,

Practising Law Institute, 1987, pág. 261; Véase, Keene

v. Methodist Hospital, 324 F. Supp. 233 (1971).

Por otra parte, la obligación indirecta radica en el

principio de responsabilidad vicaria. En estos casos, los

hospitales

responden

negligentes

de

sus

por

las

empleados,

acciones

u

omisiones

particularmente,

de

las

enfermeras y demás personal paramédico. Véase, Sagardía

de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 512 (2009);

Blas

v.

Hosp.

Guadalupe,

supra;

Reyes

v.

Phoenix

Assurance Co., 146 DPR 267, 307 (1998); Hernández v.

Gobierno La Capital, supra; Núñez v. Cintrón, supra. Esta

modalidad de responsabilidad también se da en aquellos

casos donde se demuestre la aplicación de la doctrina de

CC-2019-0518

autoridad

25

aparente.

L.

Sánchez

Betances,

supra,

págs.

223-227.

C.

Desde los años 80, el Recinto de Ciencias Médicas de

la

UPR

ha

auspiciado

los

planes

de

comenzó

con

intramural.

Dicho

programa

Medicina

luego

con

Certificación

Número

123,

creación

administración

de

Intramural

la

y

y

Universitaria

la

Escuela

1996-97,

en

práctica

la

de

Escuela

de

Odontología.

Reglamento

Planes

médica

de

Universidad

para

la

Práctica

de

Puerto

Rico. Sin embargo, la implantación de estos planes no era

extensiva a todas las unidades del sistema universitario.

Por ello, al cabo de los años y en vista del éxito y el

progreso económico como incentivo para reclutar y retener

a la facultad médica, la Asamblea Legislativa decidió

enmendar la Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley

Núm. 1 de 20 de enero de 1966, 18 LPRA sec. 601 et seq.,

para autorizar formalmente la integración de estos planes

de práctica intramural a todas las unidades de la UPR.

Íd.

En virtud de lo anterior, se promulgó la Ley Núm.

174 el 31 de agosto de 1996, 1996 LPR 174. Mediante dicha

pieza legislativa se autorizó a la UPR, como órgano de la

educación superior, a crear en todas sus unidades planes

de práctica intramural universitaria. Art. 1 de la Ley

Núm. 174-1996, supra. Este programa tiene como propósito:

hacer

disponible

a

la

comunidad

de

Puerto

Rico

los

CC-2019-0518

26

recursos humanos, la experiencia y los conocimientos del

personal docente de la UPR; exponer a los estudiantes a

un

modelo

moderno

de

de

práctica

alta

profesional

calidad;

eficiente,

ofrecer

ético

alternativas

a

y

la

facultad para obtener una retribución adicional; crear

recursos

económicos

reclutamiento

y

fortalecer

presupuesto

el

la

adicionales

retención

para

del

facilitar

personal

institucional,

el

docente;

entre

otros.

(Énfasis suplido). Exposición de Motivos de la Ley Núm.

174-1996,

Jorge,

supra;

169

establece

DPR

la

véase,

850

Rodríguez

(2007).

estructura

de

Ruiz

v.

Hosp.

San

Cada

unidad

del

sistema

sus

planes

de

práctica

intramural universitaria en conformidad con el Reglamento

aprobado por la Junta de Síndicos para esto. Art. 1 de la

Ley Núm. 174-1996, supra.

En resumen, la práctica intramural puede emplearse

para: (1) dar apoyo a investigaciones, entrenamientos y

proyectos de servicio; (2) exponer a los estudiantes a

modelos

de

potencial

práctica

de

Universidad

los

de

profesional;

estudiantes

Puerto

Universitaria

Rico,

y

y

(3)

ampliar

el

profesorado.

Plan

de

el

Práctica

Intramural

(PPUI),http://graduados.uprrp.edu/index.php?lang=es&optio

n=com_content&view=article&id=218&Itemid=473(última

visita, 5 de junio de 2020).

Obviamente, tal práctica educativa y profesional debe

ser cónsona con el derecho de todo paciente a recibir

CC-2019-0518

27

servicios de salud de la más alta calidad, consistente

con los principios generalmente aceptados de la práctica

de la medicina. Art. 4 de la Ley Núm. 194-2000, según

enmendada,

conocida

como

Carta

de

Derechos

y

Responsabilidades del Paciente, 24 LPRA sec. 3042.

D.

Por

otra

parte,

es

harto

conocido

que

los

foros

apelativos deben deferencia a la apreciación de la prueba

realizada por los Tribunales de Primera Instancia. Rivera

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011);

McConnell

v.

Palau,

161

DPR

734

(2004).

Como

norma

general, no se descartará la apreciación de la prueba

desfilada,

las

determinaciones

adjudicaciones

de

instancia,

menos

a

credibilidad

que

de

que

haya

hechos

y

las

de

haga

el

foro

indicios

de

pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Suárez Cáceres

v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009); Serrano

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Argüello

v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001).

Ahora

bien,

distinto

es

el

caso

cuando

los

tribunales apelativos se enfrentan a la evaluación de

determinaciones

de

hechos

fundamentadas

en

la

prueba

pericial y documental. En tales situaciones, hemos dicho

que este Tribunal está en igual posición de evaluarla,

pudiendo adoptar su propio criterio en la apreciación o

evaluación

de

la

misma,

incluso,

hasta

descartarla,

aunque resulte técnicamente correcta. Dye-Tex P.R., Inc.

CC-2019-0518

28

v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658 (2000); Culebra

Enterprises

Corp.

v.

E.L.A.,

143

DPR

935

(1997);

Rodríguez Cancel vs. A.E.E., 116 DPR 443 (1985).

Como

mencionáramos,

impericia

médica,

establecer

su

el

caso

en

un

caso

promovente

mediante

de

de

la

prueba

daños

por

acción

debe

pericial.

Véase,

Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 649. Un perito

“es

una

persona

que,

a

través

de

la

educación

o

experiencia, ha desarrollado un conocimiento o destreza

sobre una materia de manera que puede formar una opinión

que sirva de ayuda al juzgador”. SLG v. Mini-Warehouse,

179

DPR

entendida,

322,

el

338

(2010).

individuo

También

competente,

“es

la

idóneo,

persona

por

tener

unas determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer

una adecuada capacidad”. Íd.

En términos generales, podrán calificar y testificar

como

perito

destrezas,

quienes

experiencias,

posean

especial

adiestramientos

conocimiento,

o

instrucción

suficiente para cualificarlas como un experto o perito en

el asunto sobre el cual habrá de prestar testimonio.

Regla 703 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI;

véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia

Comentadas, San Juan, Ediciones Situm, 2016, pág. 243.

Así pues, no se requiere grado académico ni publicaciones

en el área particular de peritaje, así como tampoco tener

licencia.

Chiesa

Aponte,

Emmanuelli

Jiménez,

op.

Prontuario

cit.,

de

pág.

Derecho

243;

R.

Probatorio

CC-2019-0518

29

puertorriqueño: nuevas Reglas de Evidencia 2010, 3ra ed.,

San Juan, Ediciones Situm, 2010, págs. 412-413; véase,

además, Pueblo v. Echevarría, 128 DPR 299, 334 (1991).

Ahora bien, lo anterior no le resta al hecho de que esto

incide sobre el valor probatorio del testimonio pericial.

Es decir, si bien es cierto que existe liberalidad en

cuanto a la capacidad pericial esto no significa que “la

mayor o menor competencia del perito sea irrelevante para

apreciar

su

valor

probatorio”.

Dye-Tex

P.R.,

Inc.

v.

Royal Ins. Co., supra, págs. 663-664.

En esa línea, el valor probatorio del testimonio

pericial dependerá de varios factores, entre los que se

destacan los siguientes: (1) si el testimonio está basado

en hechos o información suficiente; (2) si el testimonio

es producto de principios y métodos confiables; (3) si la

persona

aplicó

los

principios

y

métodos

de

manera

confiable a los hechos del caso; (4) si el principio

subyacente al testimonio ha sido aceptado generalmente en

la

comunidad

científica;

(5)

las

calificaciones

o

credenciales de la persona testigo, y (6) la parcialidad

de

la

persona

testigo.

Regla

702

de

las

Reglas

de

señalado

que

la

determinada

es

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 702.

En

varias

especialidad

del

ocasiones,

hemos

perito

un

en

área

decisiva en lo que respecta al valor probatorio que el

juzgador de hechos le adjudique a su testimonio. Véase,

E. L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo

CC-2019-0518

30

I, Publicaciones JTS, 1998, pág. 594. Es por ello que la

falta de especialidad incide sobre el peso de la prueba,

más no en la cualificación de un testigo como perito.

Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., supra, pág. 664.

III

En el presente caso, la parte peticionaria arguye que

el Tribunal de Apelaciones omitió por completo la prueba

desfilada en el juicio, relacionada a la norma de cuidado

médico adoptada en la profesión en los casos de cáncer de

ovario.

Máxime

cuando

el

tiempo

de

espera

para

una

cirugía de estadio se aparta del “standard of care” según

declarado por los testigos y perito de la UPR. Además,

los

peticionarios

recurridos

a

la

atribuyen

mala

la

negligencia

utilización

de

los

de

los

recursos

disponibles y al limitado juicio profesional a la hora de

calendarizar las cirugías.

Por su parte, la UPR sostiene que no se le puede

imputar responsabilidad a los médicos interventores por

la

falta

de

recursos

que

están

fuera

de

su

control.

Particularmente, llamó a la atención el hecho de que para

el

2012

en

Puerto

ginecólogos-oncólogos.

Rico

solo

Además,

el

existían

volumen

tres

de

(3)

pacientes

era excesivamente alto y solo contaban con las salas de

operaciones de la ASEM. Por otra parte, la UPR alega que

la paciente fue orientada sobre el tiempo de espera para

la

cirugía

y

sobre

otras

alternativas

de

tratamiento

fuera de Puerto Rico. De modo que la decisión de la Sra.

CC-2019-0518

Sheila

31

De

Jesús

Pagán

de

continuar

con

el

plan

establecido por la Clínica constituye causa suficiente

para eximirlos de responsabilidad.

Ante

los

planteamientos

encontrados,

corresponde

determinar si la parte peticionaria logró establecer un

caso prima facie de negligencia médica. Para ello, se

debe evaluar si, en primer lugar, demostró cuáles son

las

normas

mínimas

de

conocimiento

y

cuidado

médico

aplicables al presente caso y, que la UPR causó los

daños

que

resultaron

de

su

incumplimiento

con

las

mismas. En segundo lugar, si demostró que la UPR - como

institución hospitalaria - se apartó de los criterios de

razonabilidad y previsibilidad en el cuidado de la Sra.

Sheila De Jesús Pagán.

Con ello en mente y luego de evaluar la prueba

pericial vertida en el juicio, es forzoso concluir que

el

Tribunal

probatorio

de

Apelaciones

requerido

en

se

este

apartó

tipo

de

del

estándar

caso,

relevando

equivocadamente a la UPR de responsabilidad. Veamos.

Respecto

médico,

a

las

existe

normas

consenso

de

conocimiento

unánime

entre

los

y

cuidado

testigos

y

peritos de las partes en cuanto a que la cirugía de

estadio es el procedimiento adecuado para una paciente

con

cáncer

sencillas,

de

una

ovario

cirugía

y

de

endometrio.

esta

En

naturaleza

palabras

sirve

para

identificar la magnitud y extensión de la enfermedad que

aqueja a la paciente. Conforme al resultado que revele

CC-2019-0518

32

la intervención, se procede a delinear el tratamiento

adecuado; ya sea la remoción de tejidos, quimioterapia o

radioterapia,

según

sea

el

caso.

En

ese

sentido,

la

cirugía de estadio como plan a seguir no fue ni ha sido

cuestionada en el presente caso.

Es decir, el verdadero problema estriba en el factor

tiempo. Nos debemos preguntar, ante un cuadro clínico

como el de la Sra. Sheila De Jesús Pagán y a tenor con

el

estándar

razonable

médico,

que

¿cuál

debe

es

esperar

el

término

de

tiempo

una

paciente

para

ser

sometida a una cirugía de estadio? Distintas son las

respuestas que brindaron los peritos de las partes. Por

un lado, la doctora Ortiz Roque - perito de la parte

peticionaria

dentro

de

–

afirmó

sesenta

que

y

la

dos

cirugía

(62)

debe

días

realizarse

siguientes

al

diagnóstico. Fundamentó su contestación en el estándar

médico

prevaleciente

en

Europa

para

estos

casos.

Por

otra parte, el doctor Rodríguez Arroyo – perito de la

UPR

-

explicó

que

lo

correcto

es

intervenir

a

la

paciente en un periodo de seis (6) semanas, contadas

desde

que

se

obtienen

los

resultados

de

todas

las

pruebas. Tal aseveración está predicada en las normas de

cuidado médico establecidas por el Gynecologic Oncology

Group (GOG).

Ante la diferencia de criterios, se le debió otorgar

mayor credibilidad y valor probatorio a las declaraciones

del

doctor

Rodríguez

Arroyo

al

respecto,

dado

que

a

CC-2019-0518

33

diferencia de la perito de la parte peticionaria, éste es

especialista

en

ginecología-oncológica.

Por

tanto,

a

tenor con el testimonio del perito de la UPR, la cirugía

de

estadio

de

la

Sra.

Sheila

De

Jesús

Pagán

debía

realizarse en un periodo de seis (6) semanas desde que se

obtuvo el diagnóstico. Así, establecida la norma mínima

de

conocimiento

y

cuidado

médico

prevaleciente

y

aplicable al caso de autos, corresponde evaluar si la UPR

se apartó de la misma. Para ello, debemos auscultar desde

qué fecha comenzó a contar dicho término.

La

parte

peticionaria

sugiere

que

las

seis

(6)

semanas comenzaron a contar desde el 8 de agosto de 2012

cuando la paciente acudió por primera vez a la Clínica.

Para

ese

entonces

el

cáncer

de

ovario

ya

había

sido

diagnosticado como resultado de la biopsia que le habían

realizado

en

junio

del

mismo

año;

de

modo

que

era

suficiente para proceder con la cirugía de estadio. Sin

embargo, debemos rechazar tal propuesta dado que surge de

la prueba que la UPR tiene como política institucional

referir a sus patólogos toda biopsia anterior que fuera

realizada por otro centro patológico. Ello, a los fines

de corroborar el diagnóstico original y evitar errores en

el tratamiento. Tal proceder ciertamente es apropiado y

se

ajusta

a

la

buena

práctica

de

la

medicina,

según

declarado por el perito de la UPR. Además, tampoco se

debe tomar dicha fecha como punto de partida dado que era

necesario y recomendable realizarle a la paciente una

CC-2019-0518

biopsia

34

de

endometrio,

junto

con

otros

estudios

pertinentes para tener un cuadro clínico más completo y

certero previo al correspondiente tratamiento.

Por

su

parte,

la

UPR

sostiene

que

las

seis

(6)

semanas comenzaron a transcurrir el 17 de octubre de

2012,

cuando

la

Clínica

obtuvo

oficialmente

los

resultados de las laminillas de la biopsia de ovario,

confirmando el diagnóstico original: cáncer de ovario. Es

decir, fue ese día cuando se logró completar el cuadro

clínico de la paciente. Aun cuando pareciera correcta la

teoría

de

la

parte

recurrida,

debemos

rechazarla.

Primero, porque de haber sido el caso, con un simple

cálculo

matemático

podemos

concluir

que

las

seis

(6)

semanas se cumplieron el 28 de noviembre de 2012, sin que

la Sra. Sheila De Jesús Pagán fuera intervenida.

Segundo, porque surge de la prueba que para el 5 de

septiembre de 2012 el reporte de las laminillas de la

biopsia de ovario ya estaba disponible. No obstante, la

Clínica advino en conocimiento del resultado el 17 de

octubre

de

2012,

cuando

finalmente

procuró

el

mismo

directamente con patología. O sea, la UPR desperdició más

de

un

mes

mediante

resultado

en

una

el

tratamiento

simple

semanas

gestión

antes.

de

la

pudo

Ante

paciente;

haber

tales

cuando

conocido

el

circunstancias,

parece ser lo más adecuado computar las seis (6) semanas

a partir del 5 de septiembre de 2012. No obstante, el

tiempo recomendado se cumplió el 17 de octubre de 2012

CC-2019-0518

sin

que

35

la

Sra.

Sheila

De

Jesús

Pagán

hubiera

sido

intervenida.43

Vemos pues, que en cualesquiera de los escenarios

antes descritos la conclusión es la misma: la UPR se

apartó del “standard of care” al no actuar conforme a la

exigencia predicada en la profesión médica. Falló al no

realizarle a la Sra. Sheila De Jesús Pagán la cirugía de

estadio

dentro

de

las

seis

(6)

semanas

recomendadas.

Esperar hasta el 4 de diciembre de 2012, como lo hizo,

para realizar la cirugía claramente no era concebible, ni

siquiera para la parte recurrida. Así por ejemplo, el

perito de la UPR declaró:

P

…¿qué…? ¿Entiende usted que es adecuado

esperar hasta diciembre 4 para hacer la

cirugía de estadio?

R

No.

P

¿Por qué?

[…]

R

Yo digo que no porque nosotros establecimos

que un paciente desde el momento en que lo

recibo yo como profesional, al momento en

que yo tenga una determinación de manejo de

ese paciente, debe ser seis semanas.44

El doctor Rodríguez Arroyo reconoció que el cáncer

de ovario puede desarrollarse en cuestión de semanas.45

Éste

estuvo

de

acuerdo

en

cuanto

a

que

una

oportuna

Aun si calculáramos el término de seis (6) semanas

a partir del 17 de octubre de 2012, el desenlace sería el

mismo. La Sra. Sheila De Jesús Pagán no fue intervenida

dentro del tiempo recomendado.

44Transcripción

de la prueba oral de 9 de marzo de

2018, págs. 70-72.

45Íd., pág. 188.

43

CC-2019-0518

36

intervención

Sheila

De

hubiera

Jesús

mejorado

Pagán.46

De

la

prognosis

igual

de la

manera,

la

Sra.

doctora

Umpierre Catinchi admitió que el tiempo de espera para la

cirugía no era el apropiado, “no es lo óptimo”.47

P

Le pregunto doctora, qué distinto hubiese

hecho usted en el tratamiento de la paciente

que no hizo en aquel momento del 2012.

R

Me hubiera … me hubiera encantado poderla

haber operado antes de lo que…llevarla a

Sala de Operaciones, para por lo menos poder

documentar cuan extensa era su enfermedad en

ese momento.48

Hay

que

añadir

que,

desde

temprano

en

el

caso,

específicamente desde el 8 de agosto de 2012, la UPR

tenía

conocimiento

de

la

urgencia

que

ameritaba

intervenir a la paciente; cuando el doctor Santos Reyes,

quien también trabajaba en la Clínica, solicitó una cita

“lo antes posible para cirugía”. Además, advirtió que la

paciente tenía un diagnóstico de cáncer de ovario posible

estadio IA.

No cabe duda de que la prolongación de la cirugía en

este

caso

repercutió

en

el

progreso

mortal

de

la

enfermedad que padecía la Sra. Sheila De Jesús Pagán.

Como apuntáramos, para los médicos de la UPR ello era

totalmente previsible. “[S]iempre existe esa posibilidad

porque no tenemos manera de saber cuánto tiempo va a

tardar en progresar de una cosa a la otra. Por eso es que

se

sugiere

a

la

gente

que

se

intervenga

lo

antes

Íd., pág. 198.

Transcripción de la prueba oral de 7 de marzo de

2018, pág. 51.

48Íd., pág. 59.

46

47

CC-2019-0518

37

posible”.49 En ese sentido, todo apunta a que la UPR fue

negligente al no realizarle a la Sra. Sheila De Jesús

Pagán

la

cirugía

de

para

ello,

establecido

estadio

dentro

apartándose

del

del

parámetro

“standard

of

care”. Es evidente que tal desviación es la causa próxima

de la muerte de la Sra. Sheila De Jesús Pagán y, en

consecuencia,

de

los

daños

sufridos

por

la

parte

peticionaria.

Ahora bien, a pesar de que la parte peticionaria

estableció

un

caso

prima

facie

de

negligencia

médica,

¿por qué el Tribunal de Apelaciones relevó a la UPR de

responsabilidad por los alegados daños? Para justificar

su decisión, el foro recurrido resaltó que la Sra. Sheila

De Jesús Pagán fue orientada sobre el tiempo de espera

para

la

cirugía

y

sobre

su

derecho

de

buscar

otras

alternativas. No solo eso, sino que familiares de ésta le

ofrecieron ayuda para atenderse en los Estados Unidos.

Tales aseveraciones dan la impresión de que dicho foro le

atribuyó responsabilidad a la paciente por el hecho de

haberse

negado

a

acudir

a

un

doctor

en

la

práctica

privada, en o fuera de Puerto Rico. No se puede validar

ni pretender subsanar la conducta negligente de la UPR,

fijándonos en la mera alegación de que la paciente tenía

conocimiento sobre el tiempo de espera y sobre su derecho

a indagar otras alternativas. Desde luego, es desacertado

Íd., pág.52.

49

CC-2019-0518

el

38

razonamiento

del

tribunal

apelativo

intermedio

al

respecto.

Primero, porque es harto conocido que la Sra. Sheila

De Jesús Pagán precisamente acudió a la Clínica porque

carecía

de

sufragar

los

recursos

cualquier

económicos

tratamiento

necesarios

privado

para

para

su

enfermedad. Evidencia de ello es que no pudo costear el

tratamiento bajo el cuidado del doctor Santos Reyes en la

práctica privada, por lo que fue referida a la Cínica.

Además,

no

existe

controversia

en

cuanto

a

que

la

paciente era beneficiaria del plan de salud del gobierno.

Segundo, aun cuando la Sra. Sheila De Jesús Pagán tenía

familiares en Estados Unidos, no surge de la prueba que

el apoyo que pretendían brindarle fuera categóricamente

de índole económico. En cualquier caso, la Sra. Sheila De

Jesús Pagán entendió que la mejor decisión para su salud

era continuar con el plan establecido por la Clínica. No

por ello debe castigársele aminorando la validez de su

reclamación contra los recurridos.

Como

reconoció

bien

el

declararon

foro

los

recurrido,

testigos

para

de

muchas

la

UPR

mujeres

y

con

cáncer ginecológico la Clínica es la única alternativa

que tienen para ser atendidas en el cuidado de su salud.

Sin importar las razones que tengan para acudir a la

misma,

económicas

o

por

conveniencia,

confían

en

que

recibirán un tratamiento adecuado, digno de la profesión

que

ejercen.

De

modo

que

la

premisa

del

Tribunal

de

CC-2019-0518

39

Apelaciones respecto a que el conocimiento de la paciente

sobre el tiempo de espera es eximente de responsabilidad

- avalada por la UPR en su escrito, resulta patentemente

equivocada.

En

segundo

responsabilidad

orden,

de

la

para

UPR,

justificar

el tribunal

el

relevo

recurrido

de

tomó

conocimiento judicial sobre la crisis de subespecialistas

en ginecología-oncológica en Puerto Rico para el 20122013. Hecho que no pretendo refutar, puesto que surge de

la

prueba

que

para

la

fecha

solo

existían

tres

(3)

ginecólogos-oncólogos en la Isla, de los cuales dos (2)

trabajaban para la Clínica. Ahora bien, hay que destacar

que la crisis económica a la que alude tanto el foro

recurrido

como

la

UPR,

no

es

reciente

ni

tampoco

se

remonta a la fecha de los hechos. Sino que la falta de

subespecialistas

en

la

materia

es

un

hecho

que

viene

ocurriendo hace más de treinta (30) años.50 Atribuyen tal

La doctora Romaguera Agrait declaró:

¿A qué usted se refiere con “problemas de

infraestructura”?

Primero que nada, los fondos para poder tener

más personal…

Unjú…

…verdad,

específicamente

los

ginecólogos

oncólogos…

[…]

Ajá. ¿Para tener personal? Okey.

Sí, porque si no tenemos la infraestructura

económica para poder pagarle, no podemos tener…

[…]

Muchas veces equipo…

[…]

…que llevamos hace mucho tiempo, pero ahora esta

más…mas presente en nuestra mesa, pues, muchas

veces tenemos que cancelar pacientes porque no

tenemos el equipo.

50

P

R

P

R

P

R

R

R

CC-2019-0518

40

situación

a

la

contratar

más

falta

personal

de

recursos

y

equipos.51

económicos

Sin

para

importar

lo

anterior y conscientes de su deficiencia en el manejo de

los casos, la Clínica continúa aceptando pacientes. Para

la doctora Romaguera Agrait – testigo de la UPR, esto no

cumple con el “standard of care”.

P

“Sí”. ¿Y eso usted entiende que cumple con

el “standard of care”?

R

No, yo no considero que eso cumple con el

“standard of care”. Muchas veces nosotros

no podemos seguir nuestros “standard of

care”.52

No

podemos

rayar

de

Clínica

práctica

la

en

lo

de

automático

ofrecer

sus

y

avalar

la

servicios

en

condiciones precarias. El que ello haya ocurrido así por

tantos años, convirtiéndose en un hábito, no justifica

que la UPR se desvíe de las normas establecidas en la

comunidad

médica.

Lo

único

que

ello

denota

es

la

irresponsabilidad de la UPR en la administración de sus

recursos y no por ello podemos perjudicar a los pacientes

que a ciegas ponen en sus manos el cuidado de su salud.

Como dijéramos, en una causa de acción por negligencia

médica

los

hospitales

también

responden

por

los

daños

sufridos, siempre que su conducta se hubiese apartado de

P

R

P

¿Y eso es ahora o en el 2012?

Eso es desde que yo soy residente.

Esa era la próxima pregunta. O sea, ¿esto lo

viene viendo desde que usted era estudiante?

R

Esto yo lo he vivido treinta y ocho años de mi

vida.

Véase, transcripción de la prueba oral de 8 de marzo

de 2018, págs. 36-37.

51Íd.

52Íd., pág. 38.

CC-2019-0518

los

41

criterios

de

razonabilidad

y

previsibilidad

en

el

cuidado del paciente.

Según discutido a la saciedad, la cirugía de estadio

era esencial para conocer la extensión del cáncer y el

tratamiento

a

seguir.

operaciones

son

Así,

aun

administradas

cuando

por

un

las

salas

tercero,

es

de

la

Clínica quien tiene el poder decisional de programar las

cirugías, siempre que lo haga durante los días asignados.

Aferrarse a la costumbre de calendarizar las cirugías por

orden de llegada, sin tan siquiera considerar elementos

de

necesidad

inexcusable.

y

de

riesgo

No

cabe

duda

de

de

la

que

paciente

los

resulta

recurridos

se

apartaron de su responsabilidad con las pacientes que los

visitan, faltando a su deber de diligencia en el cuidado

de sus vidas.

De igual modo, la salud y vida de una persona no

puede estar condicionada ni ser perjudicada por la falta

de recursos. En ese sentido, la UPR tiene la obligación

de

contar

con

administración

las

facilidades,

necesarios

para

equipos

suplir

y

su

sistemas

de

capacidad

de

asistencia. De lo contrario, incurre en negligencia.

Es

un

hecho

incontrovertido

que

la

Clínica

tiene

asignado un (1) solo día en la semana, en ocasiones dos

(2),

las

salas

procedimientos

de

operaciones

ginecológicos.

Esta

para

distribución

realizar

de

las

salas resulta similar a la práctica privada, donde al

doctor Rodríguez Arroyo le asignan dos (2) días en semana

CC-2019-0518

42

para realizar sus procedimientos. No obstante, en el caso

de

la

UPR

factores

la

que

limitación

impide

el

en

el

equipo

es

aprovechamiento

uno

de

los

óptimo

de

las

salas de operaciones. Ello, toda vez que se utiliza el

mismo equipo en todos los procedimientos; permitiendo que

el proceso de limpieza de estos retrase las operaciones.

Bajo tales circunstancias, la Clínica solo logra realizar

hasta dos (2) operaciones por día; mientras que en la

práctica privada el perito de la UPR realiza hasta ocho

(8)

operaciones

al

día.

Ciertamente,

la

limitada

disponibilidad de equipos contribuye a la determinación

de incumplimiento de la UPR con su deber de contar y

proveer los recursos necesarios para los servicios que

ofrece.

Recordemos

hospitales

no

se

que

mide

la

por

responsabilidad

el

hecho

de

que

de

los

sea

una

institución hospitalaria pública o privada. Su sentido de

responsabilidad

y

compromiso

para

con

sus

pacientes

y

visitantes debe cumplir siempre con las normas de cuidado

vigentes en la profesión.

Otro punto importante es que la UPR carece de un

protocolo de comunicación, que de alguna manera permita

una comunicación directa y eficiente entre la Clínica y

las

salas

de

pacientes.

puesto

que

emergencias,

Ello

la

cobra

respecto

mayor

doctora

al

importancia

Umpierre

cuidado

en

Catinchi

de

sus

este

caso

le

dio

instrucciones a la Sra. Sheila De Jesús Pagán para que

acudiera a sala de emergencias si su condición empeoraba

CC-2019-0518

43

fuera de horas laborales. Lo cual, en efecto, ocurrió en

cuatro (4) ocasiones. En una de sus visitas a la sala de

emergencias, particularmente, el 22 de noviembre de 2012,

le

identificaron

una

masa

pélvica

de

18

c.m.

Dicha

información tan valiosa nunca llegó a oídos de la doctora

Umpierre Catinchi ni de la Clínica, por lo que no se tomó

acción sobre ello.

En definitiva, la UPR fue negligente al incumplir

con su obligación de proveerle atención médica de cuidado

a la Sra.

Sheila De Jesús

Pagán conforme a

la

mejor

práctica de la medicina y dentro de los linderos de la

prudencia

y

razonabilidad.

La

falta

de

recursos

económicos y de personal no debe servir de excusa para

ninguna institución hospitalaria que infrinja el derecho

de todo paciente a recibir servicios de salud de la más

alta calidad, consistente con los principios generalmente

aceptados en la práctica de la medicina. En consecuencia,

la UPR responde por los sufrimientos y angustias mentales

sufridos

anterior,

por

la parte

resulta

peticionaria.53

innecesario

entrar

En

virtud de

lo

a

considerar

el

segundo señalamiento de error.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, estoy conforme

con revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y

Recordemos que la causa de acción contra el tercero

demandado - Gobierno de Puerto Rico, se encuentra

paralizada en virtud de la Ley PROMESA. Una vez se

decrete el levantamiento de la paralización, la UPR puede

continuar con su reclamación contra esta parte.

53

CC-2019-0518

reinstalar

44

la

sentencia

emitida

por

el

Tribunal

Primera Instancia.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

de

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sucesión Celia Pagán Berríos

y otros

Peticionarios

v.

Universidad de Puerto Rico,

Recinto de Ciencias Médicas

y otros

CC-2019-0518

Recurridos

v.

Administración de Servicios

Médicos de Puerto Rico y

otros

Terceros demandados

Opinión Disidente

MARTÍNEZ TORRES.

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

En San Juan, Puerto Rico a 25 de febrero de 2021.

Este

Tribunal

Clínica

de

Puerto

Rico

alegadamente

atención

impone

responsabilidad

Ginecología-Oncológica

(en

adelante,

incumplió

médica

a

la

de

la

“Clínica

con

su

Sra.

Sheila

civil

a

la

Universidad

de

UPR”),

obligación

De

de

Jesús

porque

proveer

Pagán.

La

supuesta negligencia estriba en que la Clínica de la UPR

no le realizó a la señora De Jesús Pagán una cirugía de

estadio

antes

de

la

fecha

establecida

por

la

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM),

entidad encargada de proveer el acceso a las salas de

operaciones

del

Centro

Médico,

para

que

las

usen

las

CC-2019-0518

2

clínicas de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias

Médicas de la UPR.

Lamentablemente,

este

Tribunal

le

imputa

responsabilidad a la Clínica de la UPR por algo que está

fuera de su control. No lo está por la sencilla razón de

que es ASEM y no la Clínica de la UPR la proveedora y

responsable de las salas de operaciones en las cuales los

doctores de la Clínica de la UPR realizan cirugías.

Por lo tanto, no se cumple el criterio de nexo causal

entre el acto médico y el daño sufrido. Weber Carrillo v.

ELA

et

al.,

190

DPR

688,

722

(2014);

Nieves

Díaz

v.

González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). Véanse, además:

López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006); Soto Cabral v.

ELA,

138

DPR

298,

309

(1995).

Por

eso

disiento

respetuosamente.

I.

El 28 de junio de 2012, se removió el ovario derecho

a

la

señora

De

Jesús

Pagán.

Como

parte

de

esta

intervención, se realizó una prueba patológica del tejido

removido, que arrojó que la señora De Jesús Pagán padecía

de cáncer de ovario.

Con este resultado, la señora De Jesús Pagan acudió

el 6 de agosto de 2012 a la oficina del Dr. Luis Santos

Reyes, quien tiene una práctica privada de ginecologíaoncológica. El doctor Santos Reyes refirió a la señora De

Jesús Pagán a la Clínica de la UPR, porque él no aceptaba

el plan médico del gobierno.

CC-2019-0518

3

Así, el 8 de agosto de 2012, la señora De Jesús Pagán

visitó la Clínica de la UPR. Inmediatamente la atendió la

Dra. Sharee Umpierre Catinchi. Como parte de la evaluación

inicial,

la

doctora

Umpierre

Catinchi

le

realizó

a

la

señora De Jesús Pagán un examen pélvico, una biopsia de

endometrio

y

un

Papanicolau.

La

Clínica

de

la

UPR

calendarizó una cita de seguimiento para el 29 de agosto

de 2012.

Ese día, la doctora Umpierre Catinchi informó a la

señora De Jesús Pagán que los resultados de los exámenes

arrojaron que padecía de cáncer en el endometrio. Así, la

Clínica de la UPR pautó la cirugía de estadio para el 4 de

diciembre de 2012, la cual era la próxima fecha disponible

que tenía ASEM para que operaran en sus facilidades.

Con el fin de estudiar las opciones de fertilidad de

la señora De Jesús Pagán, el 6 de septiembre de 2012 la

doctora

Umpierre

Catinchi

la

refirió

al

Programa

de

Fertilidad de la Clínica de la UPR. Tras asistir a la

consulta, la señora De Jesús Pagan desistió de la idea de

preservar óvulos y decidió continuar con el tratamiento de

cáncer de ovario.

Una

semana

después

de

la

visita

al

Programa

de

Fertilidad de la Clínica de la UPR, el 12 de septiembre de

2012, la señora De Jesús Pagán y sus familiares acudieron

a una cita de seguimiento a la Clínica de la UPR. En esa

ocasión,

según

consta

en

el

récord

médico,

fueron

orientados sobre la deseabilidad de adelantar la fecha de

la

cirugía,

pero

que

ello

era

bien

difícil

ante

la

CC-2019-0518

4

indisponibilidad de las salas de operaciones en el Centro

Médico.

Así,

referirla

a

se

ofreció

a

la

paciente

un

ginecólogo-oncólogo

la

opción

de

para

una

privado

intervención quirúrgica más temprana.

El 17 de octubre de 2012, la señora De Jesús Pagán

visitó por última vez la Clínica de la UPR. Surge del

expediente

que

en

esa

ocasión

se

quejó

de

dolor

intermitente en el lado izquierdo. Luego de una primera

gestión por parte de la Clínica de la UPR, ASEM le remitió

los

resultados

de

la

patología

de

las

laminillas

que

recogían el tejido de la biopsia del ovario extirpado el

28 de junio de 2012. Ese resultado confirmaba la patología

hecha

el

5

de

julio

de

2012.

De

igual

manera,

se

le

informó a la Sra. De Jesús Pagán que si sentía dolor o si

su condición de salud empeoraba, acudiera a la Clínica de

la

UPR

y

que

si

la

condición

empeoraba

en

horas

no

laborables, acudiera a cualquier sala de emergencia.

Al transcurrir el tiempo, la condición de salud de la

señora

De

acudiera

Jesús

en

al

Pagán

empeoró.

menos

siete

Esto

(7)

requirió

ocasiones

a

que

esta

salas

de

emergencias. En ninguna de esas vistas se le realizó a la

señora De Jesús Pagán estudio alguno para auscultar el

origen del dolor abdominal pélvico. Tampoco se desprende

del

récord

médico

que

la

señora

De

Jesús

Pagan

o

el

hospital donde fue atendida le notificara a la Clínica de

la UPR las complicaciones médicas que atravesaba.

El

4

de

diciembre

de

2012,

la

doctora

Umpierre

Catinchi atendió a la señora De Jesús Pagan como parte del

CC-2019-0518

5

proceso de exámenes previos al inicio de la cirugía de

estadio

ese

día.

Estos

exámenes

demostraron,

lamentablemente, que la señora De Jesús Pagán ya no era

candidata para la cirugía de estadio, porque su cáncer de

ovario había metastizado.

Tras varios estudios, la señora De Jesús Pagán fue

dada

de

alta

el

6

de

diciembre

de

2012.

Una

semana

después, el 13 de diciembre de 2012, la señora De Jesús

Pagan

tuvo

que

ser

llevada

de

emergencia

al

Hospital

Cristo Redentor y posteriormente trasladada al Hospital

Universitario de Adultos. El diagnóstico médico era sepsis

severa,

hipocalemia

y

fallo

renal.

Lamentablemente,

la

señora de Jesús Pagán falleció el 2 de enero de 2012.

Así las cosas, el 21 de noviembre de 2014, la parte

peticionaria

presentó

demanda

sobre

daños

y

perjuicios

contra la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias

Médicas,

la

Escuela

de

Medicina

y

varios

demandados

desconocidos. Ap. Sol. Cert., págs. 77-80. Oportunamente,

la Universidad de Puerto Rico contestó la demanda y negó

la negligencia imputada.

Luego de varios tramites, el 19 de febrero de 2016,

la Universidad de Puerto Rico, presentó una demanda de

tercero contra el Estado Libre Asociado (ELA) y ASEM. La

causa de acción contra el ELA quedó paralizada en virtud

de la Ley Promesa, 48 U.S.C. secc. 2101, et seq. Ap. Sol.

Cert., pág. 166. En el caso de ASEM, el foro primario

desestimó

la

demanda

de

tercero,

porque

prescrita. Ap. Sol. Cert., págs. 169-176.

la

estimó

CC-2019-0518

6

II.

Como

primer

paso,

es

menester

distinguir

la

personalidad legal de la Clínica de la UPR de la de ASEM.

ASEM se creó mediante la Ley Núm. 66 de 22 de junio de

1978, 24 LPRA sec. 342 et seq., según enmendada, conocida

como la “Ley de la Administración de Servicios Médicos de

Puerto Rico”. Allí, el legislador estableció las funciones

y personalidad legal de ASEM. En específico, en el Art. 3,

24 LPRA sec.342b, se dispuso lo siguiente:

"Artículo 3. - Creación; exención de contribuciones

y derechos.

Se crea la Administración de Servicios Médicos

de Puerto Rico, como instrumentalidad del Gobierno

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, adscrita

al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico independiente y separada de

cualquier otra administración u organismo creado o

que se cree en el futuro en el Departamento de

Salud y la cual estará bajo la dirección y

supervisión

del

Secretario

de

Salud.

Dicha

Administración tendrá personalidad legal separada

de todo funcionario de la misma y del Gobierno del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus

agencias,

instrumentalidades,

corporaciones

públicas

y

subdivisiones

políticas.

(Énfasis

suplido.)

Como

se

advierte,

el

legislador

personalidad

jurídica

independiente

confirió

de

a

ASEM

todas

las

instrumentalidades o dependencias del Gobierno. Entre esas

está

la

Universidad

de

Puerto

Rico,

una

corporación

pública. Véase, Art. 3.1 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero

de 1966, según enmendada, conocida como la “Ley de la

Universidad de Puerto Rico”, 18 LPRA sec. 602a.

Por otro lado, las clínicas del Recinto de Ciencia

Médicas fueron creadas por la Ley de la Universidad de

Puerto

Rico.

Esta

pieza

legislativa

autorizó

a

la

CC-2019-0518

Universidad

7

de

Puerto

Rico

a

crear

planes

de

practica

universitaria intramural en sus unidades. Íd., Art. 12(g).

18 LPRA sec. 612(g). Véase, Rodriguez Ruiz v. Hosp. San

Jorge, 169 DPR 850, 868 (2007).

En virtud de dicha encomienda, se crearon los “Planes

de

Práctica

Universitaria

Intramural”

(en

adelante

“Planes”). Certificación Numero 123, 1996-97, Reglamento

para la creación y administración de Planes de Practica

Universitaria Intramural en la Universidad de Puerto Rico.

Estos Planes tenían la encomienda de “ofrecer servicios

mediante contratos, a personas e instituciones públicas y

privadas

utilizando

personal

participe

voluntariamente,

docente

generando

y

de

recursos

apoyo

que

para

la

institución y el personal participante”. Art. 15(a)(10) de

la Ley de la Universidad de Puerto Rico, 18 LPRA sec.

614(a)(10). Además, los contratos hechos al amparo de los

Planes, como el de la Clínica de Ginecología-Oncológica,

se otorgan a nombre de la Universidad de Puerto Rico y son

suscritos, en representación suya, por el Rector de la

unidad correspondiente. Art. XII, Certificación Núm. 123

1996–97. De igual forma, la Universidad de Puerto Rico y

por consiguiente todas sus dependencias, “tendrá autoridad

para demandar y ser demandada”. Art. 3.1 de la Ley de la

Universidad de Puerto Rico, supra.

En resumen, queda claro que la UPR y ASEM ostentan

personalidad

legal

separada

e

independiente

una

de

la

otra. Por lo tanto, están sujetas a responder de manera

individual por los daños que causen.

CC-2019-0518

8

Delimitada

la

personalidad

jurídica

de

ambas

entidades, veamos si la Clínica de la UPR es responsable

por los daños a los recurridos.

III.

Para la correcta disposición del caso, bastaba aplicar

los tres criterios básicos para probar cualquier acción en

daños por impericia médica, a saber: (1) la ocurrencia de

un acto médico culposo y negligente; (2) la producción de

un daño real y (3) la relación causal entre el acto médico

y el daño sufrido. Arrieta v. De la Vega, 165 DPR 538,

548-549 (2005).

Como los primeros dos criterios se cumplieron, paso a

discutir el tercero. Hemos expresado que, en materia de

relación

causal,

rige

la

doctrina

de

la

causalidad

adecuada, lo cual

quiere decir que no será causa toda

condición

cual

sin

la

no

se

hubiera

producido

el

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la

experiencia

general.

Nieves

Díaz

v.

González

Massas,

supra; López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 151–152

(2006).

Ese principio establece que en todo caso en que se

reclame compensación por daños y perjuicios, el demandante

tiene

que

negligencia

establecer

del

en

demandado

forma

fue

preponderante

la

que

con

que

la

mayor

probabilidad causó el daño sufrido. Este concepto de la

causa próxima postula, además, que la ocurrencia del daño

que da base a la reclamación era previsible dentro del

curso normal de los acontecimientos. En otras palabras,

CC-2019-0518

9

causa es la condición que ordinariamente produce el daño,

según la experiencia general, y este nexo causal puede

romperse ante la ocurrencia de un acto extraño. Nieves

Díaz v. González Massas, supra; López v. Porrata Doria,

supra.

Ese

nexo

causal

será

imprescindible

en

una

reclamación en daños y perjuicios, ya que es el elemento

del acto ilícito que vincula al daño directamente con el

hecho antijurídico. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408,

422 (2005)

Evidentemente, la mayoría concluye que la Clínica de

la UPR se apartó de la norma mínima de cuidado médico, al

no realizarle a la señora De Jesús Pagan la cirugía de

estadio dentro de las seis semanas, como indicaron los

peritos. Es cierto que la espera que experimentó la señora

De Jesús Pagán para realizarse la cirugía de estadio no

fue adecuada, según los estándares médicos. No obstante,

difiero en imputarle la demora a la Clínica de la UPR,

porque esa institución académica no tiene el control de la

disponibilidad de las salas de operaciones.

Del expediente queda claro que la Clínica de la UPR al

momento

de

operaciones

los

para

hechos-

llevar

a

no

contaba

cabo

sus

con

salas

de

procedimientos

y

dependía de la disposición de las salas de operaciones del

Centro Médico de Puerto Rico, que administraba ASEM. Ap.

Sol.

Cert.,

págs.

11

y

14.

Además,

esas

salas

de

operaciones de ASEM no son exclusivas para los pacientes

de la Clínica de la UPR. Se comparten con pacientes de

Ortopedia,

Cirugía

General,

Neurocirugía,

Oftalmología,

CC-2019-0518

10

Otorrinolaringología, entre otros. Ap. Sol. Cert., pág.

11. Esas son facilidades independientes de la UPR.

La Opinión de Conformidad establece erróneamente que

“aun cuando las salas de operaciones son administradas por

un tercero, es la Clínica quien tiene el poder decisional

de programar las cirugías”. Opinión de Conformidad, pág.

35. A la Clínica de la UPR se le asignan los días de las

salas de operaciones a base de un libro que provee ASEM,

del que surgen las fechas disponibles. Ap. Sol. Cert.,

pág. 6. No es correcto que la Clínica era la responsable

de asignar las fechas de operación. Según se desprende de

los hechos incontrovertidos, la Clínica de la UPR asignaba

las fechas de operaciones según el orden de llegada de los

pacientes y de la disponibilidad que ASEM le proveía en el

libro de fechas elegibles para operaciones.

También

hay

que

considerar

que

a

un

número

considerable de los casos que llegan a la Clínica de la

UPR se les tiene que hacer una cirugía de estadio. Tanto

los testigos como los peritos de las partes y hasta la

misma

Opinión

de

Conformidad

reconocen

que

esa

intervención quirúrgica es necesaria y acorde al estándar

médico para identificar la extensión de la enfermedad y el

tratamiento

adecuado

para

los

pacientes.

Opinión

de

Conformidad, pág. 27.

Ninguna de las partes estableció que, de los estudios

preliminares realizados a la señora De Jesús Pagán, se

desprendiera

que

preferencial

sobre

su

condición

los

demás

ameritaba

pacientes

una

que

atención

atendía

la

CC-2019-0518

11

Clínica de la UPR. Después de todo, esta es una clínica

que

atiende

argumentaron

pacientes

que

se

en

etapas

críticas.

trataba

de

caso

un

Tampoco

clínico

que

ameritara que la Clínica de la UPR abogara a ASEM por una

fecha antes de la que esta última proveyó.

Por otro lado, la Opinión de Conformidad aduce que “la

UPR tiene la obligación de contar con las facilidades,

equipos

y

sistemas

de

administración

suplir

su

capacidad

de

asistencia.

necesarios

De

lo

para

contrario,

incurre en negligencia.” Opinión de Conformidad, págs. 3536. Si lo que se le está requiriendo a la Clínica de la

UPR, para que no haya impericia médica, es que no dependa

de las salas que le asigna ASEM, lamento que, tratando de

remediar un daño,

se esté

causando uno mayor. Como la

única manera de cumplir con eso es que la Clínica tenga

facilidades para operar bajo su control exclusivo y estas

no

existen,

la

única

solución

para

cumplir

con

este

criterio legal es cesar de operar pacientes.

La pérdida de una vida por falta de recursos médicohospitalarios nos indigna a todos. Sin embargo, eso no nos

puede llevar a imponer requisitos legales imposibles de

cumplir ni a imponer responsabilidad a una entidad por

razones que están fuera de su control. La Clínica de la

UPR tiene como propósito brindarle tratamiento médico al

pueblo puertorriqueño, en particular a los desventajados

económicamente.

Imponerle

responsabilidad

civil

por

impericia médica a la Clínica de la UPR, por un daño del

que

no

es

responsable

y

que

no

puede

remediar,

CC-2019-0518

probablemente

12

provoque

el

cese

de

sus

funciones

quirúrgicas. Esto perjudicará directamente a los miles de

puertorriqueños de escasos recursos que dependen de los

servicios médicos que allí se ofrecen.

Conviene

recordar

lo

que

expresamos

en

Lozada

v.

E.L.A., 116 DPR 202, 213 (1985), citando a Oliveros v.

Abréu, 101 D.P.R. 209, 226 (1973):

Aunque aspiramos al ideal de excelencia en la

práctica de la medicina, la determinación de

lo que constituye negligencia, por la posesión

o carencia de equipo, necesariamente se nutre

de diversos factores. Esta fórmula se explica

porque al “fijar la norma debemos y queremos

ser justos y razonables. No vamos a exigir

requisito y condiciones que hagan imposible la

práctica de la medicina en Puerto Rico o que

hagan

económicamente

prohibitivos

los

servicios médicos” (Énfasis suplido).

Véase, además, Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267,

324 (1998).

Por

otro

lado,

el

Tribunal

erróneamente

le

imputa

responsabilidad a la Clínica de la UPR porque esta no

cuenta con el equipo necesario para realizar las cirugías.

La Opinión de Conformidad expone en lo pertinente:

En el caso de la UPR la limitación en el

equipo es uno de los factores que impide el

aprovechamiento

óptimo

de

las

salas

de

operaciones. Ello, toda vez que se utiliza el

mismo equipo en todos los procedimientos;

permitiendo que el proceso de limpieza de

estos retrase las operaciones. Bajo tales

circunstancias, la Clínica solo logra realizar

hasta dos (2) operaciones por día; mientras

que en la práctica privada el perito de la UPR

realiza hasta ocho (8) operaciones al día.

Ciertamente, la limitada disponibilidad de

equipos contribuye a la determinación de

incumplimiento de la UPR con su deber de

contar y proveer los recursos necesarios para

CC-2019-0518

13

los servicios que ofrece. Recordemos que la

responsabilidad de los hospitales no se mide

por el hecho de que sea una institución

hospitalaria pública o privada. Su sentido de

responsabilidad y compromiso para con sus

pacientes y visitantes debe cumplir siempre

con las normas de cuidado vigentes en la

profesión. Opinión de Conformidad, pág. 36.

Énfasis nuestro.

En primer lugar, la Opinión de Conformidad cataloga a

la Clínica de la UPR como una facilidad hospitalaria. Eso

no es correcto. La Clínica de la UPR solo brinda servicios

de

diagnóstico

a

intervenciones

los

pacientes

quirúrgicas

y

sus

en

médicos

las

realizan

facilidades

hospitalarias que al momento de los hechos administraba

ASEM. Es Centro Médico (administrado por ASEM) y no la

Clínica de la UPR, la institución que ofrece servicios

hospitalarios.

En

entrever

segundo

lugar,

que

Clínica

la

la

Opinión

de

la

UPR

de

es

Conformidad

la

entidad

deja

que

suministra los equipos para realizar las intervenciones

quirúrgicas

que

se

llevan

a

cabo

en

las

facilidades

hospitalarias que administra ASEM. Eso también es erróneo.

La misma ASEM, en el “Informe sobre conferencia preliminar

entre abogados”, reconoce que es ella la que suministra

los

equipos

requeridos

para

las

salas

de

operaciones.

Expresó:

[L]os médicos de x especialidad pueden usar

además de la Sala asignada a sus Servicios o

Departamento,

cualquier

otra

sala

de

operaciones que no se esté utilizando en ese

momento. Ello en particular cuando los equipos

que se requieren para la cirugía no están

fijos en la pared o piso de la sala de

CC-2019-0518

14

operaciones. Los equipos necesarios en el caso

que nos ocupa y que han sido mencionados por

la UPR se pueden mover de una sala a otra al

igual que se reúsan luego de sr limpiados y

esterilizados. Ap. Sol. Cert., pág. 131.

Como se nos advierte con claridad, la Clínica de la

UPR no es la entidad responsable de proveer los equipos

necesarios

para

llevar

operaciones.

Esa

a

cabo

responsabilidad

las

es

correspondientes

de

ASEM,

como

ente

administrador del Centro Médico.

En definitiva, el récord médico y el tracto de los

hechos demuestran que la Clínica de la UPR actuó conforme

a los estándares aceptados por la medicina, al brindarle a

la señora De Jesús Pagán un diagnóstico acertado y con la

premura que los recursos a su disposición permitían. Es

ante

la

falta

de

acceso

a

las

salas

provistas

por

ASEM,

que

la

Clínica

de

de

operaciones,

la

UPR

no

pudo

candelarizar una fecha para operar antes de la pautada

para la cirugía de estadio. Es por eso que no se cumple el

requisito

de

nexo

causal

entre

el

daño

que

sufrió

la

señora De Jesús Pagán y la Clínica de la UPR.

IV.

La

determinación

de

una

mayoría

de

de

la

y

provocará

que

la

Clínica

replanteen

si

les

es

servicios

que

ofrecen

factible

hoy

a

la

UPR

este

sus

continuar

Tribunal

médicos

se

brindando

los

comunidad.

¿Esa

es

la

justicia que este Tribunal busca? Estoy seguro de que no.

Sin embargo, esa es la consecuencia indirecta que tendrá

la

determinación

de

este

Tribunal.

En

el

afán

de

que

CC-2019-0518

alguien

15

responda,

no

podemos

imponer

responsabilidad

a

quien no la tiene. En otras palabras, para hacer justicia

no

podemos

cometer

una

injusticia.

Por

los

fundamentos

antes expuestos, disiento respetuosamente.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado