Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pagán Berríos y otros v. Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas y otros
2021 TSPR 21
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pagán Berríos y otros v. Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas y otros
CC-2019-518
Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sucesión Celia Pagán
Berríos y otros
Peticionarios
v.
Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Ciencias Médicas y
otros
Recurridos
Certiorari
2021 TSPR 21
206 DPR ____
v.
Administración de Servicios
Médicos de Puerto Rico y otros
Tercero Demandados
Número del Caso:
CC-2019-518
Fecha: 25 de febrero de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel VI
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Gerardo L. Santiago Puig
Abogada de la parte recurrida:
Lcda. Iris M. Muñiz Rodríguez
Materia: Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sucesión Celia Pagán
Berríos y otros
Peticionarios
CC-2019-0518
Certiorari
v.
Universidad de Puerto Rico,
Recinto Ciencias Médicas y
otros
Recurridos
v.
Administración de Servicios
Médicos de Puerto Rico y
otros
Tercero Demandados
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2021.
Evaluado y habiendo expedido el auto de certiorari
presentado
por
la
parte
peticionaria,
se
revoca
la
sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la
sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Estrella Martínez emitió una Opinión de Conformidad, a la
que se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez
Asociado señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor
Martínez
Torres
emitió
una
Opinión
Disidente.
La
Jueza
Asociada señora Pabón Charneco no interviene.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sucesión Celia Pagán
Berríos y otros
Peticionarios
CC-2019-0518
Certiorari
v.
Universidad de Puerto Rico,
Recinto Ciencias Médicas y
otros
Recurridos
v.
Administración de Servicios
Médicos de Puerto Rico y
otros
Tercero Demandados
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor
ESTRELLA MARTÍNEZ, a la que se unen la Jueza Presidenta
ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado señor FELIBERTI
CINTRÓN
San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2021.
En
la
historia
reciente
de
Puerto
Rico,
las
consideraciones económicas y la crisis que confronta el
sistema de salud pública, según reconocido en este caso
por
la
propia
parte
recurrida,
han
sido
factores
innegables con repercusiones en la vida de los pacientes
indigentes.
Hoy
nos
enfrentamos
a
la
invitación
de
pautar que la crisis admitida por la parte recurrida es
un eximente de responsabilidad civil y una justificación
legal para evadir el cumplimiento con los estándares de
la
profesión
médica.
Por
entender
que
todas
las
CC-2019-0518
facilidades
2
de
salud,
tanto
públicas
como
privadas,
tienen la obligación de cumplir con los estándares de la
profesión
médica,
rechazo
tal
invitación
y
por
el
contrario estoy conforme con el curso de acción tomado
por una mayoría de este Tribunal.
Veamos
el
trasfondo
fáctico
y
procesal
de
la
controversia ante nos.
I
La causa de acción en el presente caso surge como
resultado del fallecimiento de la Sra. Sheila De Jesús
Pagán el 2 de enero de 2013. Según surge de la demanda
presentada
por
su
madre,
la
Sra.
Celia
Pagán
Berríos
(señora Pagán Berríos), y su padre, el Sr. Luis Alberto
De
Jesús
hechos
Padilla
probados
(señor
por
el
De
Jesús
foro
de
Padilla),
primera
y
de
los
instancia,
la
Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico (UPR) fue negligente al no
brindar un tratamiento adecuado a su hija cuando ésta
acudió a la Clínica de Ginecología-Oncológica (Clínica)
con un diagnóstico de cáncer de ovario. Alegaron que pudo
haberse evitado su muerte si le hubiesen realizado una
cirugía de estadio oportunamente y no casi cuatro (4)
meses después de haberse detectado su condición; cuando
ya no era candidata a operación. Por estos hechos, los
demandantes reclamaron una compensación monetaria por sus
CC-2019-0518
3
sufrimientos y angustias mentales.1 Además, presentaron
una causa de acción heredada como únicos y universales
herederos de su hija fallecida.
En su contestación a la demanda, la UPR admitió que
maneja la Escuela de Medicina en el Recinto de Ciencias
Médicas,
entidad
a
la
cual
pertenece
la
Clínica.
No
obstante, negó la negligencia imputada. Al mismo tiempo,
la UPR instó una demanda contra terceros para traer al
pleito a la Administración de Servicios Médicos (ASEM),
como dueño y administrador de las salas de operaciones
utilizadas por la UPR, así como al Gobierno de Puerto
Rico (Gobierno) por ser responsable de brindar asistencia
médica
y
servicios
de
salud
a
las
familias
puertorriqueñas. Aun cuando la institución universitaria
reconoció la necesidad de realizarle a la Sra. Sheila De
Jesús
Pagán
una
cirugía
de
estadio,
aseguró
que
la
tardanza en efectuarla no se debió a causas atribuibles a
ésta, sino a los terceros demandados.
Con
respecto
al
Gobierno,
se
emitió
sentencia
de
paralización en virtud de la Ley PROMESA, 48 USC sec.
2101 et seq.2 En cuanto a la ASEM, el Tribunal de Primera
1Instada
la causa de acción, la demandante Pagán
Berríos falleció y el Tribunal de Primera Instancia
autorizó la correspondiente sustitución de parte. Así, la
Sucesión de la señora Pagán Berríos quedó compuesta por
su viudo y codemandante, De Jesús Padilla, y el hijo de
éstos, Luis Alberto De Jesús Pagán.
Apéndice D del recurso de certiorari, pág. 166.
2
CC-2019-0518
Instancia
4
dictó
Sentencia
Parcial
para
desestimar
la
reclamación en su contra por estar prescrita.3
Únicamente pendiente la reclamación contra la UPR,
se celebró el juicio en su fondo. Surgió de la prueba
presentada que el 28 de junio de 2012, la Sra. Sheila De
Jesús Pagán fue sometida a una cirugía para la remoción
de su ovario derecho.4 La intervención estuvo a cargo del
Dr. Edward Hernández Ramírez (doctor Hernández Ramírez),
Ginecólogo en el Hospital San Lucas en Guayama. La prueba
patológica
padecía
de
del
un
tejido
removido
adenocarcinoma
arrojó
que
la paciente
endometrioide
grado
II
(cáncer de ovario).5
Con los resultados de la patología y otros estudios,
la paciente acudió el 6 de agosto de 2012 a la oficina
privada del Dr. Luis Santos Reyes (doctor Santos Reyes),
Ginecólogo-Oncólogo. Sin embargo, por no aceptar el plan
médico del gobierno, el doctor Santos Reyes refirió a la
Sra. Sheila De Jesús Pagán a la Clínica. Acompañó su
referido con una carta que indicaba: “Favor de conceder
cita lo antes posible para cirugía. La paciente tiene un
diagnóstico
de
cáncer
de
ovario
posible
estadio
IA.
Gracias”.6
Íd., págs. 169-175.
A la paciente también se le extirpó ese mismo día el
apéndice. La operación estuvo a cargo del Dr. Roque Nido.
5Apéndice D del recurso de certiorari, pág. 278.
6Íd.,
pág. 327. (Énfasis suplido). El doctor la
refirió también al Departamento de Ginecología General de
Centro Médico con la siguiente recomendación: “Please
evaluate for endometrial biopsy. The patient has a
diagnosis of endometroid ovarian adenocarcinoma. 30%
3
4
CC-2019-0518
5
El 8 de agosto de 2012, la Sra. Sheila De Jesús
Pagán visitó la Clínica donde fue atendida por la Dra.
Sharee
Umpierre
Catinchi
Ginecóloga-Oncóloga
y
(doctora
testigo
de
Umpierre
la
UPR.
Catinchi),
Ese
día,
la
doctora le practicó un examen pélvico, una biopsia de
endometrio
y
un
papanicolau.
Además,
instruyó
a
la
paciente para que trajera las laminillas con el tejido de
la biopsia que le habían realizado en junio de 2012, para
ser analizada por los patólogos de la Clínica.
La próxima cita de la paciente fue el 29 de agosto
de 2012. Allí se le dio a conocer los resultados del
papanicolau y de la biopsia de endometrio. El primero
arrojó
negativo,
“moderate
mientras
differentiated
que
el
carcinoma
segundo
with
resultó
focal
en
squamous
metaplasia”.7 Es decir, cáncer de endometrio. Sin embargo,
el resultado de las laminillas de la biopsia de ovario
aún no estaba disponible.8 Ante dicho cuadro clínico, se
pautó la cirugía de estadio tentativamente para el 4 de
diciembre
de
2012.
Conforme
a
lo
explicado
por
los
testigos y peritos de las partes, una cirugía de esta
naturaleza
permite
identificar
la
extensión
de
la
enfermedad y, conforme a ello, el tratamiento adecuado
para la paciente.
percent of this patient has uterine pathology. Thanks.”
Véase, Apéndice D del recurso de certiorari, pág. 326.
7Transcripción
de la prueba oral de 6 de marzo de
2018, pág. 23. Transcripción de la prueba oral de 7 de
marzo de 2018, pág. 30. Véase, Apéndice D del recurso de
certiorari, pág. 276.
8Transcripción
de la prueba oral de 7 de marzo de
2018, pág. 36.
CC-2019-0518
6
El 12 de septiembre de 2012, la paciente regresó a
la Clínica para una visita de seguimiento. Todavía para
esa fecha la Clínica no contaba con el resultado de la
patología del tejido del ovario que había sido removido.
Ese
día
no
le
calendarizada
confirmada.
realizaron
para
La
el
4
doctora
ningún
de
estudio.
diciembre
Umpierre
La
cirugía
de
2012
fue
Catinchi
le
dio
instrucciones a la paciente para que acudiera a sala de
emergencias
si
su
condición
empeoraba
fuera
de
horas
laborales. A tenor con el récord médico, la Sra. Sheila
De Jesús Pagán fue orientada sobre la baja posibilidad de
adelantar la cirugía.9 Se le dio la opción de ser referida
a
un
ginecólogo-oncólogo
intervención
más
temprana.10
contrainterrogatorio,
declaró
que
no
privado
la
recuerda
Sin
doctora
haber
para
una
embargo,
durante
Umpierre
estado
posible
el
Catinchi
presente
cuando
presuntamente le dieron dicha información a la paciente.11
El 17 de octubre de 2012, la Sra. Sheila De Jesús
Pagán acudió por última vez a la Clínica para una cita de
seguimiento. Finalmente, tras una gestión de la Clínica,
obtuvieron los resultados de la patología del ovario, los
cuales estaban listos desde el 5 de septiembre del mismo
año.12
No
obstante,
la
Clínica
no
había
hecho
gestión
Apéndice D del recurso de certiorari, págs. 249-250.
Íd.
11Transcripción
de la prueba oral de 7 de marzo de
2018, pág. 74.
12Transcripción
de la prueba oral de 8 de marzo de
2018, pág. 31. Véase, Apéndice D del recurso de
certiorari, pág. 279.
9
10
CC-2019-0518
7
alguna para procurarlos hasta ese momento.13 La patología
confirmó el resultado original: cáncer de ovario, grado
II.14 De otra parte, la Sra. Sheila De Jesús Pagán le
indicó a la doctora Umpierre Catinchi que la aquejaba un
dolor intenso e intermitente en el lado izquierdo de la
pelvis.15 Conforme el récord médico, no se le practicó
examen físico alguno a la paciente, ni se le realizó
prueba de ningún tipo para identificar la procedencia del
dolor.16
En espera de la operación, la Sra. Sheila De Jesús
Pagán acudió en al menos siete (7) ocasiones a salas de
emergencias. Cuatro (4) de estas visitas fueron a la Sala
de
Emergencias
del
Hospital
Universitario
de
Adultos
(UDH) en Centro Médico. La primera visita fue el 8 de
noviembre
de
2012.
La
paciente
se
quejó
de
un
dolor
pélvico en el lado izquierdo con radiación en la espalda,
de intensidad 8/10.17 Fue atendida por una residente de
ginecología
quien
describió
un
cérvix
difícil
de
visualizar, una secreción sanguinolenta, un útero y aneja
izquierda difícil de palpar debido a la obesidad de la
Transcripción de la prueba oral de 8 de marzo de
2018, págs. 31-32.
14Apéndice D del recurso de certiorari, pág. 279.
15Transcripción
de la prueba oral de 5 de marzo de
2018, pág. 86
16Íd., págs. 87 y 89. Véase, Apéndice D del recurso
de certiorari, pág. 262.
17Transcripción
de la prueba oral de 5 de marzo de
2018, pág. 99. Véase, Apéndice D del recurso de
certiorari, pág. 1170.
13
CC-2019-0518
8
paciente.18 Ese día no se le realizó estudio radiológico
ninguno.
El 22 de noviembre de 2012, ésta acudió otra vez a
la
sala
de
10/10.19
ardor,
emergencias
Describió
latente,
el
de
la
dolor
sofocante.20
UDH
como
Se
con
dolor
punzante,
le
realizó
pélvico
quemante,
un
examen
pélvico y se identificó por primera vez una masa pélvica
de 18 c.m.21 No se le realizó examen radiológico alguno.
La Sra. Sheila De Jesús Pagán regresó dos (2) días
después a la sala de emergencias con dolor pélvico 10/10.
Únicamente le tomaron los signos vitales, reflejando un
pulso de taquicardia.22 No se le hizo examen físico. La
última visita a
la sala
de emergencias fue el 26 de
noviembre de 2012 con la misma queja de dolor pélvico. En
esta ocasión se le realizaron pruebas de sangre y de
orina.
La doctora Umpierre Catinchi declaró que la Sala de
Emergencias
de
la
UDH
y
la
Clínica
no
comparten
un
sistema de información electrónico sobre los expedientes
de los pacientes.23 Sobre el personal ginecólogo de la
Sala
de
Emergencias,
la
doctora
aseguró
que
Íd.
Apéndice D del recurso de certiorari, pág. 1148.
20Íd., pág. 1154.
21Transcripción
de la prueba oral de 5 de marzo
2018, pág. 104. Véase, Apéndice D del recurso
certiorari, pág. 1148.
22Transcripción
de la prueba oral de 5 de marzo
2018, págs. 106 – 107. Véase, Apéndice D del recurso
certiorari, pág. 1126.
23Transcripción
de la prueba oral de 7 de marzo
2018, págs. 16 y 62.
no
18
19
de
de
de
de
de
CC-2019-0518
9
pertenecían a la Clínica, sino que eran contratados por
el hospital.24
Llegado el día de la cirugía, el 4 de diciembre de
2012, la doctora Umpierre Catinchi le realizó a la Sra.
Sheila De Jesús Pagán un examen pélvico bajo anestesia.
En ese momento, advino en conocimiento de que ésta había
desarrollado
una
masa
en
el
cuello
de
la
matriz
con
extensión a la vagina y al área del útero-sacro derecho.25
La paciente ya no era candidata a operación. Por tanto,
no se le pudo realizar la cirugía de estadio.26 Ante dicho
cuadro clínico, se le realizó un CT Scan y un MRI. Entre
otras cosas, el CT Scan reflejó masas en ambos lados de
la pelvis. El 6 de diciembre de 2012, la Sra. Sheila De
Jesús Pagán fue dada de alta con recomendación para un
tratamiento
neoadyuvante
con
quimioterapia
y
pudiera
comenzar
el
radioterapia.
No
obstante,
tratamiento,
la
sin
que
Sra.
Sheila
De
Jesús
con
Pagán
fue
hospitalizada el 13 de diciembre de 2012 en el UDH, hasta
el
2
de
enero
de
2013,
cuando
falleció.
Su
cuadro
clínico: sepsis severa, hipocalcemia y fallo renal agudo.
En cuanto a lo sustantivo de la controversia que nos
ocupa, los peritos de las partes coincidieron en que lo
correcto era realizarle una cirugía de estadio a la Sra.
Sheila De Jesús Pagán y, por tanto, conforme a la mejor
Íd., pág. 62.
Íd., pág. 56.
26Íd., págs. 56-57.
24
25
CC-2019-0518
10
práctica de la medicina.27 En cuanto al tiempo de espera,
la
Dra.
Carmen
Ortiz
Roque
(doctora
Ortiz
Roque)
–
Ginecóloga-Obstetra y Uroginecóloga y perito de la parte
demandante – afirmó que la cirugía debe realizarse dentro
de
los
sesenta
y
dos
(62)
días
siguientes
al
diagnóstico.28 Por su parte, el Dr. Jesús Rodríguez Arroyo
(doctor Rodríguez Arroyo), Ginecólogo-Oncólogo y perito
de la UPR, testificó que lo correcto es intervenir a la
paciente
desde
en
que
un
se
periodo
de
seis
obtienen
los
(6)
semanas,
resultados
de
contadas
todas
las
pruebas.29 Finalmente, la Dra. Josefina Esther Romaguera
Agrait (doctora Romaguera Agrait) – Ginecóloga y testigo
de la UPR - dijo que para cualquier tipo de cáncer, una
cirugía de estadio debe ser realizada dentro de noventa
(90) días.30
Por otra parte, se estableció que, para la fecha de
los
hechos,
en
Puerto
ginecólogos-oncólogos:
Rico
el
solo
doctor
existían
Rodríguez
tres
(3)
Arroyo,
la
doctora Umpierre Catinchi y el doctor Santos Reyes. Los
dos
últimos
aspecto
trabajaban
administrativo
para
la
Clínica.
En
de
la
Clínica,
se
cuanto
al
atendían
alrededor de cuarenta (40) a setenta (70) pacientes todos
Transcripción de la prueba oral de 5 de marzo de
2018, págs. 66-67. Transcripción de la prueba oral de 6
de marzo de 2018, pág. 14. Transcripción de la prueba
oral de 9 de marzo de 2018, págs. 65-66.
28Transcripción
de la prueba oral de 5 de marzo de
2018, pág. 75.
29Transcripción
de la prueba oral de 9 de marzo de
2018, págs. 71-73, 146.
30Transcripción
de la prueba oral de 8 de marzo de
2018, págs. 39 y 41.
27
CC-2019-0518
11
los miércoles. Los lunes y algunos martes, eran los días
designados para operaciones ginecológicas.31 Realizaban un
máximo
de
dos
(2)
Umpierre
Catinchi
proceso
de
operaciones
explicó
preparación
que
entre
por
ello
una
día.
es
La
así
operación
doctora
porque
el
y
es
otra
extenso, dado que el equipo es limitado y tiene que pasar
por un proceso de limpieza antes de volver a utilizarlo,
entre otras cosas.32 Para el año 2012, el tiempo de espera
para una cirugía rondaba entre los tres (3) a cuatro (4)
meses.33
Las
cirugías
se
calendarizan
por
orden
de
llegada.34 La doctora Umpierre Catinchi admitió que una
fecha tan lejana para realizar una cirugía de estadio no
es lo óptimo.35 No obstante, adujo que ello está fuera de
su control, por lo que no podían operar a la Sra. Sheila
De Jesús Pagán antes de lo programado.
En esa línea, la doctora Romaguera Agrait declaró
que parte de los problemas para aumentar el volumen de
cirugías
era
la
infraestructura.
Se
refirió
particularmente a la falta de fondos para contratar más
personal y comprar más equipo.36 Aseguró que eso no es un
problema nuevo, sino que viene ocurriendo hace más de
Transcripción de la prueba oral de 7 de marzo de
2018, pág. 17.
32Íd.
33Íd., pág. 38.
34Íd., págs. 38 y 43. Transcripción de la prueba oral
de 8 de marzo de 2018, págs. 20-21.
35Transcripción
de la prueba oral de 7 de marzo de
2018, págs. 51-52.
36Transcripción
de la prueba oral de 8 de marzo de
2018, págs. 36-38.
31
CC-2019-0518
12
treinta y ocho (38) años y, que tal situación no cumple
con el “standard of care”.37
Por otro lado, el doctor Rodríguez Arroyo declaró
que, en su práctica privada, atiende alrededor de setenta
(70) pacientes tres (3) veces en semana. Opera dos (2)
días a la semana, entre siete (7) a ocho (8) pacientes
diarios. No solo eso, sino que tiene el beneficio de
controlar y/o manipular el calendario de las cirugías.
Además, el doctor Rodríguez Arroyo testificó que tiene
como
práctica
llamar
al
patólogo
para
requerir
los
resultados de las biopsias en caso de que no las hubiese
recibido antes.
Aquilatada
la
prueba,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia dictó Sentencia declarando ha lugar la demanda.
La
juzgadora
de
los
hechos
concluyó
que
la
prueba
demostró que el reporte de la biopsia de ovario estuvo
disponible desde el 5 de septiembre de 2012; por lo que
la
parte
demandada
falló
al
no
pautar
la
cirugía
de
estadio en o antes del 15 de octubre de 2012, conforme al
término de seis (6) semanas testificado por el perito de
la UPR. El tribunal inferior sumó a su dictamen el hecho
de que los médicos de la UPR no realizaron gestión alguna
para obtener los resultados de la biopsia oportunamente,
en detrimento de la condición de la Sra. Sheila De Jesús
Pagán.
Por
tanto,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
concluyó que fue el tiempo de espera por la cirugía lo
37
Íd., págs. 37-38.
CC-2019-0518
13
que provocó que la condición progresara a tal punto que,
para el 4 de diciembre de 2012, ya la paciente no era
candidata para una cirugía de estadio.
Asimismo,
resolvió
responsabilidad
al
no
que
la
realizarle
UPR
incurrió
estudio
en
radiológico
alguno a la Sra. Sheila de Jesús Pagán durante las cuatro
(4) ocasiones que visitó la Sala de Emergencias del UDH
quejándose de dolor. Conforme a la apreciación del foro
primario, la prueba demostró que, de habérselos realizado
oportunamente,
los
médicos
hubiesen
conocido
que
la
enfermedad progresaba. En tal caso, hubieran intervenido
inmediatamente
a
la
paciente
con
gran
probabilidad
de
alcanzar un porciento mayor de sobrevivencia.
Por otra parte, respecto a la contención de la UPR de
que no tiene el control de las fechas para operar, siendo
el tiempo promedio de espera de tres (3) a cuatro (4)
meses, el Tribunal de Primera Instancia dictaminó:
La prueba pericial del demandado siempre
indicó que el tiempo razonable para operar una
persona con las condiciones de Sheila era de no
más de seis semanas. Si ese término es lo que
cumple con el estándar de la medicina, la UPR no
puede refugiarse en la excusa de que no tenía el
control del itinerario de fechas disponibles para
cirugía.
[…]
Si dicha institución, a tenor con los Planes
de Práctica Universitaria Intramural, abre sus
puertas a la comunidad para ofrecer su pericia a
los pacientes que allí acuden, al tiempo que
entrena a otros médicos, no puede indicar que
ello lo hace de manera incorrecta e incumpliendo
con el estándar de la medicina, adjudicándole esa
responsabilidad a un tercero, bajo la excusa de
que no tiene el control de las Salas de
CC-2019-0518
14
Operaciones o no cuenta con personal suficiente.
No
podemos
olvidar
que
la
Dra.
Romaguera
testificó que la UPR está consciente de que al
brindar sus servicios en la Clínica no lo hace de
manera óptima, [sino] contrario al estándar, y
que ello ha sido así durante los más de 30 años
que lleva con la UPR. Por tanto, si el demandado
ofrece sus servicios consciente de lo anterior,
ello se aparta de la mejor práctica de la
medicina.38
En virtud de lo anterior, el Tribunal de Primera
Instancia condenó a la UPR al pago de una indemnización
económica a favor de la parte demandante.
Inconforme,
la
UPR
presentó
una
solicitud
de
determinaciones de hechos adicionales y conclusiones de
derecho,
acompañada
de
una
moción
de
Mediante
Resolución
de
14
de
de
mayo
reconsideración.
2018,
el
foro
primario acogió veintitrés (23) de las treinta y ocho (38)
determinaciones de hechos propuestas por el recurrido y
declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración.39
Así
las
Apelaciones
cosas,
la
UPR
acudió
mediante
un
recurso
de
al
Tribunal
apelación.
de
Allí,
cuestionó la credibilidad que le mereció al juzgador de
los hechos el testimonio de la doctora Ortiz Roque sobre
el testimonio de reconocidos especialistas en la materia.
A ello, añadió que la parte demandante no logró establecer
la relación causal entre el alegado acto de impericia
médica y los daños sufridos. Ello, amparado en que el
tribunal
recurrido
no
tomó
en
consideración
la
prueba
presentada por la UPR que evidenciaba la crisis de médicos
Apéndice D del recurso de certiorari, pág. 201.
Íd., pág. 248.
38
39
CC-2019-0518
15
ginecólogos-oncólogos
en
Puerto
Rico.
Por
último,
la
institución universitaria alegó que el tribunal primario
incidió al conceder una partida de daños por la causa
heredada,
cuando
nunca
se
herederos
de
Sra.
Sheila
la
realizó
De
una
Jesús
declaratoria
Pagán.
La
de
parte
demandante sostuvo lo opuesto.
Ponderados los argumentos, el Tribunal de Apelaciones
revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia. En
primer lugar, le dio la razón a la UPR en cuanto a que el
foro recurrido erró al darle mayor valor probatorio a la
opinión de la doctora Ortiz Roque sobre las opiniones de
los peritos de la parte demandada. Sin entrar a discutir
los testimonios de las partes, su análisis se sostuvo en
la presunta razón inexplicable del Tribunal de Primera
Instancia de no incluir como parte de sus determinaciones
de hechos las credenciales académicas y profesionales de
la
doctora
Umpierre
Catinchi.
La
comparación
de
las
credenciales de esta última y de los demás testigos de la
parte
demandada
con
las
de
la
perito
de
la
parte
demandante, abonó a su dictamen.
En segundo lugar, el Tribunal de Apelaciones tomó
conocimiento judicial de la crisis en Puerto Rico sobre la
escasez de ginecólogos-oncólogos. Razonó que “esa crisis
es
evidente
medulares
de
y
es
pertinente
a
toda
demanda
de
extracontractuales:
Íd., pág. 33.
40
la
culpa
uno
de
daños
o
los
elementos
y
perjuicios
negligencia”.40
CC-2019-0518
16
Particularmente, cuando para el periodo de 2012-2013 en
Puerto Rico solo existían tres sub-especialistas en el
área de ginecología-oncológica. Con ello en mente, el foro
apelativo intermedio avaló las declaraciones de la doctora
Umpierre
Catinchi
pacientes
que
cirugía
para
en
asisten
un
cuanto
a
la
diagnóstico
a
que
Clínica
la
mayoría
de
los
requieren
de
una
éstas
son
apropiado,
que
extensas y solo pueden ser intervenidos entre dos a tres
pacientes por día de operación.
Por último, el Tribunal de Apelaciones concluyó que
la parte demandante no probó que la Escuela de Medicina de
la UPR, ni los médicos interventores, fallaron en brindar
un tratamiento médico adecuado a la Sra. Sheila De Jesús
Pagán. “Aunque a los tribunales les compete determinar en
cada caso particular si la actuación médica cumple con los
estándares profesionales, no es nuestra función imponerle
cambiar
las
prácticas
seguidas
en
el
momento
en
que
atendieron a la señora Sheila de Jesús Pagán”.41
En desacuerdo, la parte peticionaria acude ante este
Tribunal solicitando que revoquemos el dictamen aludido.
Le imputa al Tribunal de Apelaciones la comisión de los
siguientes errores:
Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir
que la parte demandante no probó que la Escuela
de
Medicina
de
la
UPR
ni
los
médicos
interventores fallaron en brindar un tratamiento
médico adecuado a la paciente.
el
Erró el TA en su Sentencia al resolver que
TPI había abusado de su discreción al no
Íd., pág. 31.
41
CC-2019-0518
17
permitir
que
la
recurrida
presentara
las
credenciales de la Dra. Sharee Umpierre en la
vista en su fondo.
Expedido el recurso ante nuestra consideración y
con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
procede su solución.
II
A.
Para
la
fecha
de
los
hechos,
la
responsabilidad
civil de un facultativo médico por actos de impericia o
negligencia médica emanaba del entonces Artículo 1802 del
Código Civil de 1930. 31 LPRA sec. 5141. Véase, además,
Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012).
Dicho articulado postula que el que por acción u omisión
causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,
está obligado a reparar el daño causado. Íd.42 Así, toda
persona
que
inste
una
acción
en
daños
por
impericia
médica está obligada a demostrar: (1) la ocurrencia de un
acto médico culposo o negligente; (2) la producción de un
daño real y (3) la relación causal entre el acto médico y
el daño sufrido. Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 309
(1995).
Lo
prospere
anterior
implica
que,
en
causa
acción,
su
de
para
que
no
el
está
demandante
obligado
a
demostrar una única y exacta causa del daño, sino que
El Artículo 1536 del Código Civil de 2020 dispone
de similar manera al leer: “La persona que por culpa o
negligencia
causa
daño
a
otra,
viene
obligada
a
repararlo”.
42
CC-2019-0518
18
basta con demostrar mediante preponderancia de la prueba
que la acción negligente del médico fue el factor que con
mayor probabilidad ocasionó el daño y establecer, además,
el vínculo causal requerido por el Artículo 1802 del
Código Civil, supra. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR
267, 322 (1998); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR
639, 650 (1988); Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816 (1987).
Ahora bien, tengamos en cuenta que la negligencia
del médico no se presume por el mero hecho de que el
paciente haya sufrido un daño o que el tratamiento no
haya sido exitoso. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra,
pág. 650. Tampoco se considera suficiente, alegar una
mera
posibilidad
incumplimiento
de
del
que
el
daño
médico
con
su
se
debió
al
responsabilidad
profesional. Ramos, Escobales v. García, González, 134
DPR 969, 976 (1995); Vda. de López v. E.L.A, 104 DPR 178
(1975). Hemos dicho que la relación de causalidad entre
el daño y el acto negligente no puede establecerse por
meras
conjeturas
o
suposiciones.
Santiago
Otero
v.
Méndez, 135 DPR 540, 549 (1994). Lo anterior, toda vez
que un médico no puede garantizar un resultado favorable
en toda intervención. Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR
380, 385 (1988).
En cuanto a la norma mínima de cuidado exigible, se
requiere que el médico brinde a sus pacientes aquella
atención médica que, “a la luz de los modernos medios de
comunicación
y
enseñanza
y,
conforme
al
estado
de
CC-2019-0518
19
conocimiento de la ciencia y práctica prevaleciente de la
medicina,
satisfaga
las
exigencias
generalmente
reconocidos por la propia profesión médica”. Arrieta v.
De la Vega, 165 DPR 538, 549 (2005); Flores Ramírez v.
Maldonado, 138 DPR 722, 732 (1995); Rodríguez Crespo v.
Hernández, supra, págs. 648-649; Pérez Torres v. Blaudell
Ramos, 120 DPR 295, 302 (1988).
Además,
hemos
reconocido
que
el
médico
posee
discreción para formular un juicio profesional en cuanto
al diagnóstico y tratamiento médico, a tenor con las
circunstancias personales del paciente. Arrieta v. De la
Vega,
supra,
pág.
549;
Ramos,
Escobales
v.
García,
González, supra, pág. 975. De manera que, el médico está
exento
de
brindado
a
responsabilidad
civil
su
aun
paciente,
si
cuando
el
tratamiento
erróneo,
está
enmarcado dentro de los linderos de lo razonable y es
aceptado por amplios sectores de la profesión médica.
Santiago Otero v. Méndez, supra, pág. 550; Pérez Torres
v. Bladuell Ramos, supra.
En resumidas cuentas, para establecer un caso prima
facie de impericia médica se tiene que presentar prueba
sobre:
(1)
las
normas
mínimas
de
conocimiento
y
de
cuidado médico aplicables a los médicos generalistas o
especialistas; (2) que el demandado no cumplió con las
referidas normas de tratamiento del paciente; y, (3) que
el
incumplimiento
del
médico
fue
la
causa
del
daño
CC-2019-0518
20
sufrido por el paciente. Arrieta v. De la Vega, supra,
págs. 548-549; Medina Santiago v. Vélez, supra, pág. 385.
B.
De igual manera, hemos reconocido la responsabilidad
de los hospitales en casos de negligencia médica, toda
vez que éstos juegan un papel importante en el cuidado de
la salud del paciente. Es decir, el deber del cuidado del
paciente
no
sólo
hospital
como
corresponde
institución.
a
M.
su
médico,
Rivera
Cruz
sino
al
&
A.
Valderrábano Wagner, Medicina para la impericia médica:
Alternativas a los problemas que enfrenta el sistema, 41
Rev. Der. P.R. 295, 301 (2002). Ello, independientemente
de que se trate de una institución hospitalaria pública o
privada. Véase, Hernández v. Gobierno La Capital, 81 DPR
1031, 1037 (1960).
A diferencia de la clase médica, la responsabilidad
de los hospitales se rige por el axioma de una persona
“prudente
y
razonable”.
Esto
quiere
decir
que
los
hospitales están obligados a ejercer el cuidado y las
medidas
previsoras
que
una
persona
razonablemente
prudente desplegaría ante determinadas circunstancias y,
ofrecer a
sus
pacientes
la
atención
médica
que
su
condición requiera. Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág.
323. Dicho de otro modo, los hospitales le deben a sus
pacientes aquel grado de cuidado que ejercería un hombre
prudente
y
razonable
en
condiciones
y
circunstancias
similares. Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 DPR 397,
CC-2019-0518
21
405 (1985). Siempre considerando la práctica generalmente
reconocida por la profesión médica y sus avances. Blás v.
Hosp. Guadalupe, supra, pág. 323; M. Rivera Cruz & A.
Valderrábano Wagner, supra, pág. 299.
Cabe señalar que la responsabilidad de los hospitales
en cuanto a la atención médica que deben prestar no es
absoluta.
Blás
v.
Hosp.
Guadalupe,
supra,
pág.
324;
Crespo v. H. R. Psychiatric Hospital, Inc., 114 DPR 796,
800 (1983); Hernández v. Gobierno La Capital, supra, pág.
1037. El deber de previsión exigido “no se extiende a
todo
peligro
imaginable
que
concebiblemente
pueda
amenazar la seguridad del paciente sino aquel que es
probable
que
suceda
y
que
llevaría
a
una
persona
a
anticiparlo”. Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 324;
Lozada v. E.L.A., 116 DPR 202, 215 (1985). De modo que el
hospital será responsable si ocurre un daño que en las
particulares circunstancias del caso pudo razonablemente
haberse previsto y evitado. Íd.
Durante
el
transcurso
de
los
años,
escenarios
en
los
identificado
distintos
instituciones
hospitalarias
responden
sufridos
el
La
por
paciente.
por
hemos
que
los
responsabilidad
las
daños
de
los
hospitales puede darse en dos vertientes: (1) directa o
(2) indirecta. Arts. 1802 y 1803 del Código Civil de
1930,
31
LPRA
sec.
5141
y
5142.
La
responsabilidad
directa de los hospitales estriba en su incumplimiento
con
el
deber
de:
(1)
seleccionar
y
retener
médicos
CC-2019-0518
22
competentes y supervisarlos en relación al cuidado de
pacientes, Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, págs.
409-411; Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721,
732
(1984);
(2)
mantener
seguras
y
adecuadas
sus
facilidades y equipos, Lozada v. E.L.A., supra; Blás v.
Hosp. Guadalupe, supra; y (3) formular, adoptar y hacer
cumplir reglas y políticas adecuadas para asegurar la
calidad
en
el
cuidado
de
sus
pacientes.
L.
Sánchez
Betances, Responsabilidad de los hospitales para con los
pacientes,
36
Rev.
Jur.
UIPR
201,
207
(2002).
Con
respecto a este último escenario, los hospitales también
responden por políticas institucionales que obstaculicen
el cuidado de los pacientes. Fonseca et al. v. Hosp.
HIMA, 184 DPR 281 (2012); Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598
(1985).
En Núñez v. Cintrón, supra, un menor de cuatro (4)
años llegó a sala de emergencias con una hemorragia. A
las
7:00
a.m.
el
doctor
que
lo
examinó
ordenó
le
administraran una transfusión de sangre inmediatamente.
Sin embargo, conforme a la política institucional del
hospital, tal procedimiento no podía realizarse en la
sala de emergencia, sino en piso, cuando el menor fuera
trasladado a una habitación; y luego que el médico de
cabecera
llenase
un
formulario
que
lo
liberara
de
responsabilidad. Así las cosas, no fue sino hasta las
10:45 a.m. que el personal del hospital había comenzado a
administrarle la transfusión que había sido ordenada con
CC-2019-0518
23
carácter de urgencia desde las 7:00 a.m. Para entonces ya
era
tarde,
pues
el
ininterrumpidamente,
menor
por
lo
sangraba
que
el
continua
doctor
e
decidió
operarlo para detener la hemorragia. Minutos más tarde,
el menor sufrió anoxia cerebral como resultado de un paro
cardíaco. El daño cerebral fue de naturaleza permanente.
Ante
tales
hechos,
este
responsabilidad
al
hospital,
haber
los
signos
tomado
correspondía.
Segundo,
y
Tribunal
en
primer
vitales
más
le
lugar,
del
importante
impuso
por
menor
aún,
no
como
por
el
incumplimiento de su personal con la orden médica del
doctor
de
transfundir
al
menor
inmediatamente
y,
por
tanto, posponer irrazonablemente la transfusión. Respecto
a
esto
último,
se
cuestionó
la
pobre
decisión
del
hospital de condicionar el acto de transfusión al lugar
donde
se
administraría
y
al
previo
relevo
responsabilidad. Sobre esto, expresamos:
Escuetamente
requirió
transfusión
inmediata
(STAT). Bajo esta premisa nos preguntamos, ¿cómo
condicionar un tratamiento tan crucial y la vida
del
paciente
a
la
disponibilidad
de
una
habitación?
[…]
También es insostenible la pretensión de que por
no haberse llenado un formulario de relevo se
pospusiera el cumplimiento de la orden médica.
[…]La responsabilidad civil hoy se examina y
resuelve en función a lo esencial y no a la
forma. En el campo de la medicina con mayor
justificación.
Está
comprometida
la
salud,
elemento axiológico de primer orden público.
Sería ilógico y vulneraría principios éticojurídicos una dispensa por falta de cuidado
(deber de diligencia). (Cita omitida)[…]
de
CC-2019-0518
24
Todos estos argumentos denotan costumbres y
prácticas institucionales rígidas e invariables
que resultan inexcusables. Rechazamos que en los
hospitales del país, incluyendo sus Salas de
Emergencias, pueda prevalecer una rutina o un
sistema administrativo inadecuado que implique
desatender
o
posponer
el
tratamiento
de
pacientes en estado crónico, aumentando el
riesgo
y
peligro
de
sus
vidas.
(Énfasis
suplido). Núñez v. Cintrón, supra, págs. 610611.
Otro escenario en el cual el hospital incurre en
negligencia directa se ha visto en otras jurisdicciones,
cuando
la
institución
reglas
adecuadas
para
falla
la
en
tener
o
implementar
comunicación
de
información
vital sobre el cuidado del paciente a otros que son, o
serán, responsables de su tratamiento. M.M. Bertolet,
Hospital
Liability,
Law
and
Practice,
Nueva
York,
Practising Law Institute, 1987, pág. 261; Véase, Keene
v. Methodist Hospital, 324 F. Supp. 233 (1971).
Por otra parte, la obligación indirecta radica en el
principio de responsabilidad vicaria. En estos casos, los
hospitales
responden
negligentes
de
sus
por
las
empleados,
acciones
u
omisiones
particularmente,
de
las
enfermeras y demás personal paramédico. Véase, Sagardía
de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 512 (2009);
Blas
v.
Hosp.
Guadalupe,
supra;
Reyes
v.
Phoenix
Assurance Co., 146 DPR 267, 307 (1998); Hernández v.
Gobierno La Capital, supra; Núñez v. Cintrón, supra. Esta
modalidad de responsabilidad también se da en aquellos
casos donde se demuestre la aplicación de la doctrina de
CC-2019-0518
autoridad
25
aparente.
L.
Sánchez
Betances,
supra,
págs.
223-227.
C.
Desde los años 80, el Recinto de Ciencias Médicas de
la
UPR
ha
auspiciado
los
planes
de
comenzó
con
intramural.
Dicho
programa
Medicina
luego
con
Certificación
Número
123,
creación
administración
de
Intramural
la
y
y
Universitaria
la
Escuela
1996-97,
en
práctica
la
de
Escuela
de
Odontología.
Reglamento
Planes
médica
de
Universidad
para
la
Práctica
de
Puerto
Rico. Sin embargo, la implantación de estos planes no era
extensiva a todas las unidades del sistema universitario.
Por ello, al cabo de los años y en vista del éxito y el
progreso económico como incentivo para reclutar y retener
a la facultad médica, la Asamblea Legislativa decidió
enmendar la Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley
Núm. 1 de 20 de enero de 1966, 18 LPRA sec. 601 et seq.,
para autorizar formalmente la integración de estos planes
de práctica intramural a todas las unidades de la UPR.
Íd.
En virtud de lo anterior, se promulgó la Ley Núm.
174 el 31 de agosto de 1996, 1996 LPR 174. Mediante dicha
pieza legislativa se autorizó a la UPR, como órgano de la
educación superior, a crear en todas sus unidades planes
de práctica intramural universitaria. Art. 1 de la Ley
Núm. 174-1996, supra. Este programa tiene como propósito:
hacer
disponible
a
la
comunidad
de
Puerto
Rico
los
CC-2019-0518
26
recursos humanos, la experiencia y los conocimientos del
personal docente de la UPR; exponer a los estudiantes a
un
modelo
moderno
de
de
práctica
alta
profesional
calidad;
eficiente,
ofrecer
ético
alternativas
a
y
la
facultad para obtener una retribución adicional; crear
recursos
económicos
reclutamiento
y
fortalecer
presupuesto
el
la
adicionales
retención
para
del
facilitar
personal
institucional,
el
docente;
entre
otros.
(Énfasis suplido). Exposición de Motivos de la Ley Núm.
174-1996,
Jorge,
supra;
169
establece
DPR
la
véase,
850
Rodríguez
(2007).
estructura
de
Ruiz
v.
Hosp.
San
Cada
unidad
del
sistema
sus
planes
de
práctica
intramural universitaria en conformidad con el Reglamento
aprobado por la Junta de Síndicos para esto. Art. 1 de la
Ley Núm. 174-1996, supra.
En resumen, la práctica intramural puede emplearse
para: (1) dar apoyo a investigaciones, entrenamientos y
proyectos de servicio; (2) exponer a los estudiantes a
modelos
de
potencial
práctica
de
Universidad
los
de
profesional;
estudiantes
Puerto
Universitaria
Rico,
y
y
(3)
ampliar
el
profesorado.
Plan
de
el
Práctica
Intramural
(PPUI),http://graduados.uprrp.edu/index.php?lang=es&optio
n=com_content&view=article&id=218&Itemid=473(última
visita, 5 de junio de 2020).
Obviamente, tal práctica educativa y profesional debe
ser cónsona con el derecho de todo paciente a recibir
CC-2019-0518
27
servicios de salud de la más alta calidad, consistente
con los principios generalmente aceptados de la práctica
de la medicina. Art. 4 de la Ley Núm. 194-2000, según
enmendada,
conocida
como
Carta
de
Derechos
y
Responsabilidades del Paciente, 24 LPRA sec. 3042.
D.
Por
otra
parte,
es
harto
conocido
que
los
foros
apelativos deben deferencia a la apreciación de la prueba
realizada por los Tribunales de Primera Instancia. Rivera
Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011);
McConnell
v.
Palau,
161
DPR
734
(2004).
Como
norma
general, no se descartará la apreciación de la prueba
desfilada,
las
determinaciones
adjudicaciones
de
instancia,
menos
a
credibilidad
que
de
que
haya
hechos
y
las
de
haga
el
foro
indicios
de
pasión,
prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Suárez Cáceres
v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009); Serrano
Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Argüello
v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001).
Ahora
bien,
distinto
es
el
caso
cuando
los
tribunales apelativos se enfrentan a la evaluación de
determinaciones
de
hechos
fundamentadas
en
la
prueba
pericial y documental. En tales situaciones, hemos dicho
que este Tribunal está en igual posición de evaluarla,
pudiendo adoptar su propio criterio en la apreciación o
evaluación
de
la
misma,
incluso,
hasta
descartarla,
aunque resulte técnicamente correcta. Dye-Tex P.R., Inc.
CC-2019-0518
28
v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658 (2000); Culebra
Enterprises
Corp.
v.
E.L.A.,
143
DPR
935
(1997);
Rodríguez Cancel vs. A.E.E., 116 DPR 443 (1985).
Como
mencionáramos,
impericia
médica,
establecer
su
el
caso
en
un
caso
promovente
mediante
de
de
la
prueba
daños
por
acción
debe
pericial.
Véase,
Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 649. Un perito
“es
una
persona
que,
a
través
de
la
educación
o
experiencia, ha desarrollado un conocimiento o destreza
sobre una materia de manera que puede formar una opinión
que sirva de ayuda al juzgador”. SLG v. Mini-Warehouse,
179
DPR
entendida,
322,
el
338
(2010).
individuo
También
competente,
“es
la
idóneo,
persona
por
tener
unas determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer
una adecuada capacidad”. Íd.
En términos generales, podrán calificar y testificar
como
perito
destrezas,
quienes
experiencias,
posean
especial
adiestramientos
conocimiento,
o
instrucción
suficiente para cualificarlas como un experto o perito en
el asunto sobre el cual habrá de prestar testimonio.
Regla 703 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI;
véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia
Comentadas, San Juan, Ediciones Situm, 2016, pág. 243.
Así pues, no se requiere grado académico ni publicaciones
en el área particular de peritaje, así como tampoco tener
licencia.
Chiesa
Aponte,
Emmanuelli
Jiménez,
op.
Prontuario
cit.,
de
pág.
Derecho
243;
R.
Probatorio
CC-2019-0518
29
puertorriqueño: nuevas Reglas de Evidencia 2010, 3ra ed.,
San Juan, Ediciones Situm, 2010, págs. 412-413; véase,
además, Pueblo v. Echevarría, 128 DPR 299, 334 (1991).
Ahora bien, lo anterior no le resta al hecho de que esto
incide sobre el valor probatorio del testimonio pericial.
Es decir, si bien es cierto que existe liberalidad en
cuanto a la capacidad pericial esto no significa que “la
mayor o menor competencia del perito sea irrelevante para
apreciar
su
valor
probatorio”.
Dye-Tex
P.R.,
Inc.
v.
Royal Ins. Co., supra, págs. 663-664.
En esa línea, el valor probatorio del testimonio
pericial dependerá de varios factores, entre los que se
destacan los siguientes: (1) si el testimonio está basado
en hechos o información suficiente; (2) si el testimonio
es producto de principios y métodos confiables; (3) si la
persona
aplicó
los
principios
y
métodos
de
manera
confiable a los hechos del caso; (4) si el principio
subyacente al testimonio ha sido aceptado generalmente en
la
comunidad
científica;
(5)
las
calificaciones
o
credenciales de la persona testigo, y (6) la parcialidad
de
la
persona
testigo.
Regla
702
de
las
Reglas
de
señalado
que
la
determinada
es
Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 702.
En
varias
especialidad
del
ocasiones,
hemos
perito
un
en
área
decisiva en lo que respecta al valor probatorio que el
juzgador de hechos le adjudique a su testimonio. Véase,
E. L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo
CC-2019-0518
30
I, Publicaciones JTS, 1998, pág. 594. Es por ello que la
falta de especialidad incide sobre el peso de la prueba,
más no en la cualificación de un testigo como perito.
Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., supra, pág. 664.
III
En el presente caso, la parte peticionaria arguye que
el Tribunal de Apelaciones omitió por completo la prueba
desfilada en el juicio, relacionada a la norma de cuidado
médico adoptada en la profesión en los casos de cáncer de
ovario.
Máxime
cuando
el
tiempo
de
espera
para
una
cirugía de estadio se aparta del “standard of care” según
declarado por los testigos y perito de la UPR. Además,
los
peticionarios
recurridos
a
la
atribuyen
mala
la
negligencia
utilización
de
los
de
los
recursos
disponibles y al limitado juicio profesional a la hora de
calendarizar las cirugías.
Por su parte, la UPR sostiene que no se le puede
imputar responsabilidad a los médicos interventores por
la
falta
de
recursos
que
están
fuera
de
su
control.
Particularmente, llamó a la atención el hecho de que para
el
2012
en
Puerto
ginecólogos-oncólogos.
Rico
solo
Además,
el
existían
volumen
tres
de
(3)
pacientes
era excesivamente alto y solo contaban con las salas de
operaciones de la ASEM. Por otra parte, la UPR alega que
la paciente fue orientada sobre el tiempo de espera para
la
cirugía
y
sobre
otras
alternativas
de
tratamiento
fuera de Puerto Rico. De modo que la decisión de la Sra.
CC-2019-0518
Sheila
31
De
Jesús
Pagán
de
continuar
con
el
plan
establecido por la Clínica constituye causa suficiente
para eximirlos de responsabilidad.
Ante
los
planteamientos
encontrados,
corresponde
determinar si la parte peticionaria logró establecer un
caso prima facie de negligencia médica. Para ello, se
debe evaluar si, en primer lugar, demostró cuáles son
las
normas
mínimas
de
conocimiento
y
cuidado
médico
aplicables al presente caso y, que la UPR causó los
daños
que
resultaron
de
su
incumplimiento
con
las
mismas. En segundo lugar, si demostró que la UPR - como
institución hospitalaria - se apartó de los criterios de
razonabilidad y previsibilidad en el cuidado de la Sra.
Sheila De Jesús Pagán.
Con ello en mente y luego de evaluar la prueba
pericial vertida en el juicio, es forzoso concluir que
el
Tribunal
probatorio
de
Apelaciones
requerido
en
se
este
apartó
tipo
de
del
estándar
caso,
relevando
equivocadamente a la UPR de responsabilidad. Veamos.
Respecto
médico,
a
las
existe
normas
consenso
de
conocimiento
unánime
entre
los
y
cuidado
testigos
y
peritos de las partes en cuanto a que la cirugía de
estadio es el procedimiento adecuado para una paciente
con
cáncer
sencillas,
de
una
ovario
cirugía
y
de
endometrio.
esta
En
naturaleza
palabras
sirve
para
identificar la magnitud y extensión de la enfermedad que
aqueja a la paciente. Conforme al resultado que revele
CC-2019-0518
32
la intervención, se procede a delinear el tratamiento
adecuado; ya sea la remoción de tejidos, quimioterapia o
radioterapia,
según
sea
el
caso.
En
ese
sentido,
la
cirugía de estadio como plan a seguir no fue ni ha sido
cuestionada en el presente caso.
Es decir, el verdadero problema estriba en el factor
tiempo. Nos debemos preguntar, ante un cuadro clínico
como el de la Sra. Sheila De Jesús Pagán y a tenor con
el
estándar
razonable
médico,
que
¿cuál
debe
es
esperar
el
término
de
tiempo
una
paciente
para
ser
sometida a una cirugía de estadio? Distintas son las
respuestas que brindaron los peritos de las partes. Por
un lado, la doctora Ortiz Roque - perito de la parte
peticionaria
dentro
de
–
afirmó
sesenta
que
y
la
dos
cirugía
(62)
debe
días
realizarse
siguientes
al
diagnóstico. Fundamentó su contestación en el estándar
médico
prevaleciente
en
Europa
para
estos
casos.
Por
otra parte, el doctor Rodríguez Arroyo – perito de la
UPR
-
explicó
que
lo
correcto
es
intervenir
a
la
paciente en un periodo de seis (6) semanas, contadas
desde
que
se
obtienen
los
resultados
de
todas
las
pruebas. Tal aseveración está predicada en las normas de
cuidado médico establecidas por el Gynecologic Oncology
Group (GOG).
Ante la diferencia de criterios, se le debió otorgar
mayor credibilidad y valor probatorio a las declaraciones
del
doctor
Rodríguez
Arroyo
al
respecto,
dado
que
a
CC-2019-0518
33
diferencia de la perito de la parte peticionaria, éste es
especialista
en
ginecología-oncológica.
Por
tanto,
a
tenor con el testimonio del perito de la UPR, la cirugía
de
estadio
de
la
Sra.
Sheila
De
Jesús
Pagán
debía
realizarse en un periodo de seis (6) semanas desde que se
obtuvo el diagnóstico. Así, establecida la norma mínima
de
conocimiento
y
cuidado
médico
prevaleciente
y
aplicable al caso de autos, corresponde evaluar si la UPR
se apartó de la misma. Para ello, debemos auscultar desde
qué fecha comenzó a contar dicho término.
La
parte
peticionaria
sugiere
que
las
seis
(6)
semanas comenzaron a contar desde el 8 de agosto de 2012
cuando la paciente acudió por primera vez a la Clínica.
Para
ese
entonces
el
cáncer
de
ovario
ya
había
sido
diagnosticado como resultado de la biopsia que le habían
realizado
en
junio
del
mismo
año;
de
modo
que
era
suficiente para proceder con la cirugía de estadio. Sin
embargo, debemos rechazar tal propuesta dado que surge de
la prueba que la UPR tiene como política institucional
referir a sus patólogos toda biopsia anterior que fuera
realizada por otro centro patológico. Ello, a los fines
de corroborar el diagnóstico original y evitar errores en
el tratamiento. Tal proceder ciertamente es apropiado y
se
ajusta
a
la
buena
práctica
de
la
medicina,
según
declarado por el perito de la UPR. Además, tampoco se
debe tomar dicha fecha como punto de partida dado que era
necesario y recomendable realizarle a la paciente una
CC-2019-0518
biopsia
34
de
endometrio,
junto
con
otros
estudios
pertinentes para tener un cuadro clínico más completo y
certero previo al correspondiente tratamiento.
Por
su
parte,
la
UPR
sostiene
que
las
seis
(6)
semanas comenzaron a transcurrir el 17 de octubre de
2012,
cuando
la
Clínica
obtuvo
oficialmente
los
resultados de las laminillas de la biopsia de ovario,
confirmando el diagnóstico original: cáncer de ovario. Es
decir, fue ese día cuando se logró completar el cuadro
clínico de la paciente. Aun cuando pareciera correcta la
teoría
de
la
parte
recurrida,
debemos
rechazarla.
Primero, porque de haber sido el caso, con un simple
cálculo
matemático
podemos
concluir
que
las
seis
(6)
semanas se cumplieron el 28 de noviembre de 2012, sin que
la Sra. Sheila De Jesús Pagán fuera intervenida.
Segundo, porque surge de la prueba que para el 5 de
septiembre de 2012 el reporte de las laminillas de la
biopsia de ovario ya estaba disponible. No obstante, la
Clínica advino en conocimiento del resultado el 17 de
octubre
de
2012,
cuando
finalmente
procuró
el
mismo
directamente con patología. O sea, la UPR desperdició más
de
un
mes
mediante
resultado
en
una
el
tratamiento
simple
semanas
gestión
antes.
de
la
pudo
Ante
paciente;
haber
tales
cuando
conocido
el
circunstancias,
parece ser lo más adecuado computar las seis (6) semanas
a partir del 5 de septiembre de 2012. No obstante, el
tiempo recomendado se cumplió el 17 de octubre de 2012
CC-2019-0518
sin
que
35
la
Sra.
Sheila
De
Jesús
Pagán
hubiera
sido
intervenida.43
Vemos pues, que en cualesquiera de los escenarios
antes descritos la conclusión es la misma: la UPR se
apartó del “standard of care” al no actuar conforme a la
exigencia predicada en la profesión médica. Falló al no
realizarle a la Sra. Sheila De Jesús Pagán la cirugía de
estadio
dentro
de
las
seis
(6)
semanas
recomendadas.
Esperar hasta el 4 de diciembre de 2012, como lo hizo,
para realizar la cirugía claramente no era concebible, ni
siquiera para la parte recurrida. Así por ejemplo, el
perito de la UPR declaró:
P
…¿qué…? ¿Entiende usted que es adecuado
esperar hasta diciembre 4 para hacer la
cirugía de estadio?
R
No.
P
¿Por qué?
[…]
R
Yo digo que no porque nosotros establecimos
que un paciente desde el momento en que lo
recibo yo como profesional, al momento en
que yo tenga una determinación de manejo de
ese paciente, debe ser seis semanas.44
El doctor Rodríguez Arroyo reconoció que el cáncer
de ovario puede desarrollarse en cuestión de semanas.45
Éste
estuvo
de
acuerdo
en
cuanto
a
que
una
oportuna
Aun si calculáramos el término de seis (6) semanas
a partir del 17 de octubre de 2012, el desenlace sería el
mismo. La Sra. Sheila De Jesús Pagán no fue intervenida
dentro del tiempo recomendado.
44Transcripción
de la prueba oral de 9 de marzo de
2018, págs. 70-72.
45Íd., pág. 188.
43
CC-2019-0518
36
intervención
Sheila
De
hubiera
Jesús
mejorado
Pagán.46
De
la
prognosis
igual
de la
manera,
la
Sra.
doctora
Umpierre Catinchi admitió que el tiempo de espera para la
cirugía no era el apropiado, “no es lo óptimo”.47
P
Le pregunto doctora, qué distinto hubiese
hecho usted en el tratamiento de la paciente
que no hizo en aquel momento del 2012.
R
Me hubiera … me hubiera encantado poderla
haber operado antes de lo que…llevarla a
Sala de Operaciones, para por lo menos poder
documentar cuan extensa era su enfermedad en
ese momento.48
Hay
que
añadir
que,
desde
temprano
en
el
caso,
específicamente desde el 8 de agosto de 2012, la UPR
tenía
conocimiento
de
la
urgencia
que
ameritaba
intervenir a la paciente; cuando el doctor Santos Reyes,
quien también trabajaba en la Clínica, solicitó una cita
“lo antes posible para cirugía”. Además, advirtió que la
paciente tenía un diagnóstico de cáncer de ovario posible
estadio IA.
No cabe duda de que la prolongación de la cirugía en
este
caso
repercutió
en
el
progreso
mortal
de
la
enfermedad que padecía la Sra. Sheila De Jesús Pagán.
Como apuntáramos, para los médicos de la UPR ello era
totalmente previsible. “[S]iempre existe esa posibilidad
porque no tenemos manera de saber cuánto tiempo va a
tardar en progresar de una cosa a la otra. Por eso es que
se
sugiere
a
la
gente
que
se
intervenga
lo
antes
Íd., pág. 198.
Transcripción de la prueba oral de 7 de marzo de
2018, pág. 51.
48Íd., pág. 59.
46
47
CC-2019-0518
37
posible”.49 En ese sentido, todo apunta a que la UPR fue
negligente al no realizarle a la Sra. Sheila De Jesús
Pagán
la
cirugía
de
para
ello,
establecido
estadio
dentro
apartándose
del
del
parámetro
“standard
of
care”. Es evidente que tal desviación es la causa próxima
de la muerte de la Sra. Sheila De Jesús Pagán y, en
consecuencia,
de
los
daños
sufridos
por
la
parte
peticionaria.
Ahora bien, a pesar de que la parte peticionaria
estableció
un
caso
prima
facie
de
negligencia
médica,
¿por qué el Tribunal de Apelaciones relevó a la UPR de
responsabilidad por los alegados daños? Para justificar
su decisión, el foro recurrido resaltó que la Sra. Sheila
De Jesús Pagán fue orientada sobre el tiempo de espera
para
la
cirugía
y
sobre
su
derecho
de
buscar
otras
alternativas. No solo eso, sino que familiares de ésta le
ofrecieron ayuda para atenderse en los Estados Unidos.
Tales aseveraciones dan la impresión de que dicho foro le
atribuyó responsabilidad a la paciente por el hecho de
haberse
negado
a
acudir
a
un
doctor
en
la
práctica
privada, en o fuera de Puerto Rico. No se puede validar
ni pretender subsanar la conducta negligente de la UPR,
fijándonos en la mera alegación de que la paciente tenía
conocimiento sobre el tiempo de espera y sobre su derecho
a indagar otras alternativas. Desde luego, es desacertado
Íd., pág.52.
49
CC-2019-0518
el
38
razonamiento
del
tribunal
apelativo
intermedio
al
respecto.
Primero, porque es harto conocido que la Sra. Sheila
De Jesús Pagán precisamente acudió a la Clínica porque
carecía
de
sufragar
los
recursos
cualquier
económicos
tratamiento
necesarios
privado
para
para
su
enfermedad. Evidencia de ello es que no pudo costear el
tratamiento bajo el cuidado del doctor Santos Reyes en la
práctica privada, por lo que fue referida a la Cínica.
Además,
no
existe
controversia
en
cuanto
a
que
la
paciente era beneficiaria del plan de salud del gobierno.
Segundo, aun cuando la Sra. Sheila De Jesús Pagán tenía
familiares en Estados Unidos, no surge de la prueba que
el apoyo que pretendían brindarle fuera categóricamente
de índole económico. En cualquier caso, la Sra. Sheila De
Jesús Pagán entendió que la mejor decisión para su salud
era continuar con el plan establecido por la Clínica. No
por ello debe castigársele aminorando la validez de su
reclamación contra los recurridos.
Como
reconoció
bien
el
declararon
foro
los
recurrido,
testigos
para
de
muchas
la
UPR
mujeres
y
con
cáncer ginecológico la Clínica es la única alternativa
que tienen para ser atendidas en el cuidado de su salud.
Sin importar las razones que tengan para acudir a la
misma,
económicas
o
por
conveniencia,
confían
en
que
recibirán un tratamiento adecuado, digno de la profesión
que
ejercen.
De
modo
que
la
premisa
del
Tribunal
de
CC-2019-0518
39
Apelaciones respecto a que el conocimiento de la paciente
sobre el tiempo de espera es eximente de responsabilidad
- avalada por la UPR en su escrito, resulta patentemente
equivocada.
En
segundo
responsabilidad
orden,
de
la
para
UPR,
justificar
el tribunal
el
relevo
recurrido
de
tomó
conocimiento judicial sobre la crisis de subespecialistas
en ginecología-oncológica en Puerto Rico para el 20122013. Hecho que no pretendo refutar, puesto que surge de
la
prueba
que
para
la
fecha
solo
existían
tres
(3)
ginecólogos-oncólogos en la Isla, de los cuales dos (2)
trabajaban para la Clínica. Ahora bien, hay que destacar
que la crisis económica a la que alude tanto el foro
recurrido
como
la
UPR,
no
es
reciente
ni
tampoco
se
remonta a la fecha de los hechos. Sino que la falta de
subespecialistas
en
la
materia
es
un
hecho
que
viene
ocurriendo hace más de treinta (30) años.50 Atribuyen tal
La doctora Romaguera Agrait declaró:
¿A qué usted se refiere con “problemas de
infraestructura”?
Primero que nada, los fondos para poder tener
más personal…
Unjú…
…verdad,
específicamente
los
ginecólogos
oncólogos…
[…]
Ajá. ¿Para tener personal? Okey.
Sí, porque si no tenemos la infraestructura
económica para poder pagarle, no podemos tener…
[…]
Muchas veces equipo…
[…]
…que llevamos hace mucho tiempo, pero ahora esta
más…mas presente en nuestra mesa, pues, muchas
veces tenemos que cancelar pacientes porque no
tenemos el equipo.
50
P
R
P
R
P
R
R
R
CC-2019-0518
40
situación
a
la
contratar
más
falta
personal
de
recursos
y
equipos.51
económicos
Sin
para
importar
lo
anterior y conscientes de su deficiencia en el manejo de
los casos, la Clínica continúa aceptando pacientes. Para
la doctora Romaguera Agrait – testigo de la UPR, esto no
cumple con el “standard of care”.
P
“Sí”. ¿Y eso usted entiende que cumple con
el “standard of care”?
R
No, yo no considero que eso cumple con el
“standard of care”. Muchas veces nosotros
no podemos seguir nuestros “standard of
care”.52
No
podemos
rayar
de
Clínica
práctica
la
en
lo
de
automático
ofrecer
sus
y
avalar
la
servicios
en
condiciones precarias. El que ello haya ocurrido así por
tantos años, convirtiéndose en un hábito, no justifica
que la UPR se desvíe de las normas establecidas en la
comunidad
médica.
Lo
único
que
ello
denota
es
la
irresponsabilidad de la UPR en la administración de sus
recursos y no por ello podemos perjudicar a los pacientes
que a ciegas ponen en sus manos el cuidado de su salud.
Como dijéramos, en una causa de acción por negligencia
médica
los
hospitales
también
responden
por
los
daños
sufridos, siempre que su conducta se hubiese apartado de
P
R
P
¿Y eso es ahora o en el 2012?
Eso es desde que yo soy residente.
Esa era la próxima pregunta. O sea, ¿esto lo
viene viendo desde que usted era estudiante?
R
Esto yo lo he vivido treinta y ocho años de mi
vida.
Véase, transcripción de la prueba oral de 8 de marzo
de 2018, págs. 36-37.
51Íd.
52Íd., pág. 38.
CC-2019-0518
los
41
criterios
de
razonabilidad
y
previsibilidad
en
el
cuidado del paciente.
Según discutido a la saciedad, la cirugía de estadio
era esencial para conocer la extensión del cáncer y el
tratamiento
a
seguir.
operaciones
son
Así,
aun
administradas
cuando
por
un
las
salas
tercero,
es
de
la
Clínica quien tiene el poder decisional de programar las
cirugías, siempre que lo haga durante los días asignados.
Aferrarse a la costumbre de calendarizar las cirugías por
orden de llegada, sin tan siquiera considerar elementos
de
necesidad
inexcusable.
y
de
riesgo
No
cabe
duda
de
de
la
que
paciente
los
resulta
recurridos
se
apartaron de su responsabilidad con las pacientes que los
visitan, faltando a su deber de diligencia en el cuidado
de sus vidas.
De igual modo, la salud y vida de una persona no
puede estar condicionada ni ser perjudicada por la falta
de recursos. En ese sentido, la UPR tiene la obligación
de
contar
con
administración
las
facilidades,
necesarios
para
equipos
suplir
y
su
sistemas
de
capacidad
de
asistencia. De lo contrario, incurre en negligencia.
Es
un
hecho
incontrovertido
que
la
Clínica
tiene
asignado un (1) solo día en la semana, en ocasiones dos
(2),
las
salas
procedimientos
de
operaciones
ginecológicos.
Esta
para
distribución
realizar
de
las
salas resulta similar a la práctica privada, donde al
doctor Rodríguez Arroyo le asignan dos (2) días en semana
CC-2019-0518
42
para realizar sus procedimientos. No obstante, en el caso
de
la
UPR
factores
la
que
limitación
impide
el
en
el
equipo
es
aprovechamiento
uno
de
los
óptimo
de
las
salas de operaciones. Ello, toda vez que se utiliza el
mismo equipo en todos los procedimientos; permitiendo que
el proceso de limpieza de estos retrase las operaciones.
Bajo tales circunstancias, la Clínica solo logra realizar
hasta dos (2) operaciones por día; mientras que en la
práctica privada el perito de la UPR realiza hasta ocho
(8)
operaciones
al
día.
Ciertamente,
la
limitada
disponibilidad de equipos contribuye a la determinación
de incumplimiento de la UPR con su deber de contar y
proveer los recursos necesarios para los servicios que
ofrece.
Recordemos
hospitales
no
se
que
mide
la
por
responsabilidad
el
hecho
de
que
de
los
sea
una
institución hospitalaria pública o privada. Su sentido de
responsabilidad
y
compromiso
para
con
sus
pacientes
y
visitantes debe cumplir siempre con las normas de cuidado
vigentes en la profesión.
Otro punto importante es que la UPR carece de un
protocolo de comunicación, que de alguna manera permita
una comunicación directa y eficiente entre la Clínica y
las
salas
de
pacientes.
puesto
que
emergencias,
Ello
la
cobra
respecto
mayor
doctora
al
importancia
Umpierre
cuidado
en
Catinchi
de
sus
este
caso
le
dio
instrucciones a la Sra. Sheila De Jesús Pagán para que
acudiera a sala de emergencias si su condición empeoraba
CC-2019-0518
43
fuera de horas laborales. Lo cual, en efecto, ocurrió en
cuatro (4) ocasiones. En una de sus visitas a la sala de
emergencias, particularmente, el 22 de noviembre de 2012,
le
identificaron
una
masa
pélvica
de
18
c.m.
Dicha
información tan valiosa nunca llegó a oídos de la doctora
Umpierre Catinchi ni de la Clínica, por lo que no se tomó
acción sobre ello.
En definitiva, la UPR fue negligente al incumplir
con su obligación de proveerle atención médica de cuidado
a la Sra.
Sheila De Jesús
Pagán conforme a
la
mejor
práctica de la medicina y dentro de los linderos de la
prudencia
y
razonabilidad.
La
falta
de
recursos
económicos y de personal no debe servir de excusa para
ninguna institución hospitalaria que infrinja el derecho
de todo paciente a recibir servicios de salud de la más
alta calidad, consistente con los principios generalmente
aceptados en la práctica de la medicina. En consecuencia,
la UPR responde por los sufrimientos y angustias mentales
sufridos
anterior,
por
la parte
resulta
peticionaria.53
innecesario
entrar
En
virtud de
lo
a
considerar
el
segundo señalamiento de error.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, estoy conforme
con revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y
Recordemos que la causa de acción contra el tercero
demandado - Gobierno de Puerto Rico, se encuentra
paralizada en virtud de la Ley PROMESA. Una vez se
decrete el levantamiento de la paralización, la UPR puede
continuar con su reclamación contra esta parte.
53
CC-2019-0518
reinstalar
44
la
sentencia
emitida
por
el
Tribunal
Primera Instancia.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
de
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sucesión Celia Pagán Berríos
y otros
Peticionarios
v.
Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Ciencias Médicas
y otros
CC-2019-0518
Recurridos
v.
Administración de Servicios
Médicos de Puerto Rico y
otros
Terceros demandados
Opinión Disidente
MARTÍNEZ TORRES.
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
En San Juan, Puerto Rico a 25 de febrero de 2021.
Este
Tribunal
Clínica
de
Puerto
Rico
alegadamente
atención
impone
responsabilidad
Ginecología-Oncológica
(en
adelante,
incumplió
médica
a
la
de
la
“Clínica
con
su
Sra.
Sheila
civil
a
la
Universidad
de
UPR”),
obligación
De
de
Jesús
porque
proveer
Pagán.
La
supuesta negligencia estriba en que la Clínica de la UPR
no le realizó a la señora De Jesús Pagán una cirugía de
estadio
antes
de
la
fecha
establecida
por
la
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM),
entidad encargada de proveer el acceso a las salas de
operaciones
del
Centro
Médico,
para
que
las
usen
las
CC-2019-0518
2
clínicas de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias
Médicas de la UPR.
Lamentablemente,
este
Tribunal
le
imputa
responsabilidad a la Clínica de la UPR por algo que está
fuera de su control. No lo está por la sencilla razón de
que es ASEM y no la Clínica de la UPR la proveedora y
responsable de las salas de operaciones en las cuales los
doctores de la Clínica de la UPR realizan cirugías.
Por lo tanto, no se cumple el criterio de nexo causal
entre el acto médico y el daño sufrido. Weber Carrillo v.
ELA
et
al.,
190
DPR
688,
722
(2014);
Nieves
Díaz
v.
González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). Véanse, además:
López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006); Soto Cabral v.
ELA,
138
DPR
298,
309
(1995).
Por
eso
disiento
respetuosamente.
I.
El 28 de junio de 2012, se removió el ovario derecho
a
la
señora
De
Jesús
Pagán.
Como
parte
de
esta
intervención, se realizó una prueba patológica del tejido
removido, que arrojó que la señora De Jesús Pagán padecía
de cáncer de ovario.
Con este resultado, la señora De Jesús Pagan acudió
el 6 de agosto de 2012 a la oficina del Dr. Luis Santos
Reyes, quien tiene una práctica privada de ginecologíaoncológica. El doctor Santos Reyes refirió a la señora De
Jesús Pagán a la Clínica de la UPR, porque él no aceptaba
el plan médico del gobierno.
CC-2019-0518
3
Así, el 8 de agosto de 2012, la señora De Jesús Pagán
visitó la Clínica de la UPR. Inmediatamente la atendió la
Dra. Sharee Umpierre Catinchi. Como parte de la evaluación
inicial,
la
doctora
Umpierre
Catinchi
le
realizó
a
la
señora De Jesús Pagán un examen pélvico, una biopsia de
endometrio
y
un
Papanicolau.
La
Clínica
de
la
UPR
calendarizó una cita de seguimiento para el 29 de agosto
de 2012.
Ese día, la doctora Umpierre Catinchi informó a la
señora De Jesús Pagán que los resultados de los exámenes
arrojaron que padecía de cáncer en el endometrio. Así, la
Clínica de la UPR pautó la cirugía de estadio para el 4 de
diciembre de 2012, la cual era la próxima fecha disponible
que tenía ASEM para que operaran en sus facilidades.
Con el fin de estudiar las opciones de fertilidad de
la señora De Jesús Pagán, el 6 de septiembre de 2012 la
doctora
Umpierre
Catinchi
la
refirió
al
Programa
de
Fertilidad de la Clínica de la UPR. Tras asistir a la
consulta, la señora De Jesús Pagan desistió de la idea de
preservar óvulos y decidió continuar con el tratamiento de
cáncer de ovario.
Una
semana
después
de
la
visita
al
Programa
de
Fertilidad de la Clínica de la UPR, el 12 de septiembre de
2012, la señora De Jesús Pagán y sus familiares acudieron
a una cita de seguimiento a la Clínica de la UPR. En esa
ocasión,
según
consta
en
el
récord
médico,
fueron
orientados sobre la deseabilidad de adelantar la fecha de
la
cirugía,
pero
que
ello
era
bien
difícil
ante
la
CC-2019-0518
4
indisponibilidad de las salas de operaciones en el Centro
Médico.
Así,
referirla
a
se
ofreció
a
la
paciente
un
ginecólogo-oncólogo
la
opción
de
para
una
privado
intervención quirúrgica más temprana.
El 17 de octubre de 2012, la señora De Jesús Pagán
visitó por última vez la Clínica de la UPR. Surge del
expediente
que
en
esa
ocasión
se
quejó
de
dolor
intermitente en el lado izquierdo. Luego de una primera
gestión por parte de la Clínica de la UPR, ASEM le remitió
los
resultados
de
la
patología
de
las
laminillas
que
recogían el tejido de la biopsia del ovario extirpado el
28 de junio de 2012. Ese resultado confirmaba la patología
hecha
el
5
de
julio
de
2012.
De
igual
manera,
se
le
informó a la Sra. De Jesús Pagán que si sentía dolor o si
su condición de salud empeoraba, acudiera a la Clínica de
la
UPR
y
que
si
la
condición
empeoraba
en
horas
no
laborables, acudiera a cualquier sala de emergencia.
Al transcurrir el tiempo, la condición de salud de la
señora
De
acudiera
Jesús
en
al
Pagán
empeoró.
menos
siete
Esto
(7)
requirió
ocasiones
a
que
esta
salas
de
emergencias. En ninguna de esas vistas se le realizó a la
señora De Jesús Pagán estudio alguno para auscultar el
origen del dolor abdominal pélvico. Tampoco se desprende
del
récord
médico
que
la
señora
De
Jesús
Pagan
o
el
hospital donde fue atendida le notificara a la Clínica de
la UPR las complicaciones médicas que atravesaba.
El
4
de
diciembre
de
2012,
la
doctora
Umpierre
Catinchi atendió a la señora De Jesús Pagan como parte del
CC-2019-0518
5
proceso de exámenes previos al inicio de la cirugía de
estadio
ese
día.
Estos
exámenes
demostraron,
lamentablemente, que la señora De Jesús Pagán ya no era
candidata para la cirugía de estadio, porque su cáncer de
ovario había metastizado.
Tras varios estudios, la señora De Jesús Pagán fue
dada
de
alta
el
6
de
diciembre
de
2012.
Una
semana
después, el 13 de diciembre de 2012, la señora De Jesús
Pagan
tuvo
que
ser
llevada
de
emergencia
al
Hospital
Cristo Redentor y posteriormente trasladada al Hospital
Universitario de Adultos. El diagnóstico médico era sepsis
severa,
hipocalemia
y
fallo
renal.
Lamentablemente,
la
señora de Jesús Pagán falleció el 2 de enero de 2012.
Así las cosas, el 21 de noviembre de 2014, la parte
peticionaria
presentó
demanda
sobre
daños
y
perjuicios
contra la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias
Médicas,
la
Escuela
de
Medicina
y
varios
demandados
desconocidos. Ap. Sol. Cert., págs. 77-80. Oportunamente,
la Universidad de Puerto Rico contestó la demanda y negó
la negligencia imputada.
Luego de varios tramites, el 19 de febrero de 2016,
la Universidad de Puerto Rico, presentó una demanda de
tercero contra el Estado Libre Asociado (ELA) y ASEM. La
causa de acción contra el ELA quedó paralizada en virtud
de la Ley Promesa, 48 U.S.C. secc. 2101, et seq. Ap. Sol.
Cert., pág. 166. En el caso de ASEM, el foro primario
desestimó
la
demanda
de
tercero,
porque
prescrita. Ap. Sol. Cert., págs. 169-176.
la
estimó
CC-2019-0518
6
II.
Como
primer
paso,
es
menester
distinguir
la
personalidad legal de la Clínica de la UPR de la de ASEM.
ASEM se creó mediante la Ley Núm. 66 de 22 de junio de
1978, 24 LPRA sec. 342 et seq., según enmendada, conocida
como la “Ley de la Administración de Servicios Médicos de
Puerto Rico”. Allí, el legislador estableció las funciones
y personalidad legal de ASEM. En específico, en el Art. 3,
24 LPRA sec.342b, se dispuso lo siguiente:
"Artículo 3. - Creación; exención de contribuciones
y derechos.
Se crea la Administración de Servicios Médicos
de Puerto Rico, como instrumentalidad del Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, adscrita
al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico independiente y separada de
cualquier otra administración u organismo creado o
que se cree en el futuro en el Departamento de
Salud y la cual estará bajo la dirección y
supervisión
del
Secretario
de
Salud.
Dicha
Administración tendrá personalidad legal separada
de todo funcionario de la misma y del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus
agencias,
instrumentalidades,
corporaciones
públicas
y
subdivisiones
políticas.
(Énfasis
suplido.)
Como
se
advierte,
el
legislador
personalidad
jurídica
independiente
confirió
de
a
ASEM
todas
las
instrumentalidades o dependencias del Gobierno. Entre esas
está
la
Universidad
de
Puerto
Rico,
una
corporación
pública. Véase, Art. 3.1 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero
de 1966, según enmendada, conocida como la “Ley de la
Universidad de Puerto Rico”, 18 LPRA sec. 602a.
Por otro lado, las clínicas del Recinto de Ciencia
Médicas fueron creadas por la Ley de la Universidad de
Puerto
Rico.
Esta
pieza
legislativa
autorizó
a
la
CC-2019-0518
Universidad
7
de
Puerto
Rico
a
crear
planes
de
practica
universitaria intramural en sus unidades. Íd., Art. 12(g).
18 LPRA sec. 612(g). Véase, Rodriguez Ruiz v. Hosp. San
Jorge, 169 DPR 850, 868 (2007).
En virtud de dicha encomienda, se crearon los “Planes
de
Práctica
Universitaria
Intramural”
(en
adelante
“Planes”). Certificación Numero 123, 1996-97, Reglamento
para la creación y administración de Planes de Practica
Universitaria Intramural en la Universidad de Puerto Rico.
Estos Planes tenían la encomienda de “ofrecer servicios
mediante contratos, a personas e instituciones públicas y
privadas
utilizando
personal
participe
voluntariamente,
docente
generando
y
de
recursos
apoyo
que
para
la
institución y el personal participante”. Art. 15(a)(10) de
la Ley de la Universidad de Puerto Rico, 18 LPRA sec.
614(a)(10). Además, los contratos hechos al amparo de los
Planes, como el de la Clínica de Ginecología-Oncológica,
se otorgan a nombre de la Universidad de Puerto Rico y son
suscritos, en representación suya, por el Rector de la
unidad correspondiente. Art. XII, Certificación Núm. 123
1996–97. De igual forma, la Universidad de Puerto Rico y
por consiguiente todas sus dependencias, “tendrá autoridad
para demandar y ser demandada”. Art. 3.1 de la Ley de la
Universidad de Puerto Rico, supra.
En resumen, queda claro que la UPR y ASEM ostentan
personalidad
legal
separada
e
independiente
una
de
la
otra. Por lo tanto, están sujetas a responder de manera
individual por los daños que causen.
CC-2019-0518
8
Delimitada
la
personalidad
jurídica
de
ambas
entidades, veamos si la Clínica de la UPR es responsable
por los daños a los recurridos.
III.
Para la correcta disposición del caso, bastaba aplicar
los tres criterios básicos para probar cualquier acción en
daños por impericia médica, a saber: (1) la ocurrencia de
un acto médico culposo y negligente; (2) la producción de
un daño real y (3) la relación causal entre el acto médico
y el daño sufrido. Arrieta v. De la Vega, 165 DPR 538,
548-549 (2005).
Como los primeros dos criterios se cumplieron, paso a
discutir el tercero. Hemos expresado que, en materia de
relación
causal,
rige
la
doctrina
de
la
causalidad
adecuada, lo cual
quiere decir que no será causa toda
condición
cual
sin
la
no
se
hubiera
producido
el
resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la
experiencia
general.
Nieves
Díaz
v.
González
Massas,
supra; López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 151–152
(2006).
Ese principio establece que en todo caso en que se
reclame compensación por daños y perjuicios, el demandante
tiene
que
negligencia
establecer
del
en
demandado
forma
fue
preponderante
la
que
con
que
la
mayor
probabilidad causó el daño sufrido. Este concepto de la
causa próxima postula, además, que la ocurrencia del daño
que da base a la reclamación era previsible dentro del
curso normal de los acontecimientos. En otras palabras,
CC-2019-0518
9
causa es la condición que ordinariamente produce el daño,
según la experiencia general, y este nexo causal puede
romperse ante la ocurrencia de un acto extraño. Nieves
Díaz v. González Massas, supra; López v. Porrata Doria,
supra.
Ese
nexo
causal
será
imprescindible
en
una
reclamación en daños y perjuicios, ya que es el elemento
del acto ilícito que vincula al daño directamente con el
hecho antijurídico. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408,
422 (2005)
Evidentemente, la mayoría concluye que la Clínica de
la UPR se apartó de la norma mínima de cuidado médico, al
no realizarle a la señora De Jesús Pagan la cirugía de
estadio dentro de las seis semanas, como indicaron los
peritos. Es cierto que la espera que experimentó la señora
De Jesús Pagán para realizarse la cirugía de estadio no
fue adecuada, según los estándares médicos. No obstante,
difiero en imputarle la demora a la Clínica de la UPR,
porque esa institución académica no tiene el control de la
disponibilidad de las salas de operaciones.
Del expediente queda claro que la Clínica de la UPR al
momento
de
operaciones
los
para
hechos-
llevar
a
no
contaba
cabo
sus
con
salas
de
procedimientos
y
dependía de la disposición de las salas de operaciones del
Centro Médico de Puerto Rico, que administraba ASEM. Ap.
Sol.
Cert.,
págs.
11
y
14.
Además,
esas
salas
de
operaciones de ASEM no son exclusivas para los pacientes
de la Clínica de la UPR. Se comparten con pacientes de
Ortopedia,
Cirugía
General,
Neurocirugía,
Oftalmología,
CC-2019-0518
10
Otorrinolaringología, entre otros. Ap. Sol. Cert., pág.
11. Esas son facilidades independientes de la UPR.
La Opinión de Conformidad establece erróneamente que
“aun cuando las salas de operaciones son administradas por
un tercero, es la Clínica quien tiene el poder decisional
de programar las cirugías”. Opinión de Conformidad, pág.
35. A la Clínica de la UPR se le asignan los días de las
salas de operaciones a base de un libro que provee ASEM,
del que surgen las fechas disponibles. Ap. Sol. Cert.,
pág. 6. No es correcto que la Clínica era la responsable
de asignar las fechas de operación. Según se desprende de
los hechos incontrovertidos, la Clínica de la UPR asignaba
las fechas de operaciones según el orden de llegada de los
pacientes y de la disponibilidad que ASEM le proveía en el
libro de fechas elegibles para operaciones.
También
hay
que
considerar
que
a
un
número
considerable de los casos que llegan a la Clínica de la
UPR se les tiene que hacer una cirugía de estadio. Tanto
los testigos como los peritos de las partes y hasta la
misma
Opinión
de
Conformidad
reconocen
que
esa
intervención quirúrgica es necesaria y acorde al estándar
médico para identificar la extensión de la enfermedad y el
tratamiento
adecuado
para
los
pacientes.
Opinión
de
Conformidad, pág. 27.
Ninguna de las partes estableció que, de los estudios
preliminares realizados a la señora De Jesús Pagán, se
desprendiera
que
preferencial
sobre
su
condición
los
demás
ameritaba
pacientes
una
que
atención
atendía
la
CC-2019-0518
11
Clínica de la UPR. Después de todo, esta es una clínica
que
atiende
argumentaron
pacientes
que
se
en
etapas
críticas.
trataba
de
caso
un
Tampoco
clínico
que
ameritara que la Clínica de la UPR abogara a ASEM por una
fecha antes de la que esta última proveyó.
Por otro lado, la Opinión de Conformidad aduce que “la
UPR tiene la obligación de contar con las facilidades,
equipos
y
sistemas
de
administración
suplir
su
capacidad
de
asistencia.
necesarios
De
lo
para
contrario,
incurre en negligencia.” Opinión de Conformidad, págs. 3536. Si lo que se le está requiriendo a la Clínica de la
UPR, para que no haya impericia médica, es que no dependa
de las salas que le asigna ASEM, lamento que, tratando de
remediar un daño,
se esté
causando uno mayor. Como la
única manera de cumplir con eso es que la Clínica tenga
facilidades para operar bajo su control exclusivo y estas
no
existen,
la
única
solución
para
cumplir
con
este
criterio legal es cesar de operar pacientes.
La pérdida de una vida por falta de recursos médicohospitalarios nos indigna a todos. Sin embargo, eso no nos
puede llevar a imponer requisitos legales imposibles de
cumplir ni a imponer responsabilidad a una entidad por
razones que están fuera de su control. La Clínica de la
UPR tiene como propósito brindarle tratamiento médico al
pueblo puertorriqueño, en particular a los desventajados
económicamente.
Imponerle
responsabilidad
civil
por
impericia médica a la Clínica de la UPR, por un daño del
que
no
es
responsable
y
que
no
puede
remediar,
CC-2019-0518
probablemente
12
provoque
el
cese
de
sus
funciones
quirúrgicas. Esto perjudicará directamente a los miles de
puertorriqueños de escasos recursos que dependen de los
servicios médicos que allí se ofrecen.
Conviene
recordar
lo
que
expresamos
en
Lozada
v.
E.L.A., 116 DPR 202, 213 (1985), citando a Oliveros v.
Abréu, 101 D.P.R. 209, 226 (1973):
Aunque aspiramos al ideal de excelencia en la
práctica de la medicina, la determinación de
lo que constituye negligencia, por la posesión
o carencia de equipo, necesariamente se nutre
de diversos factores. Esta fórmula se explica
porque al “fijar la norma debemos y queremos
ser justos y razonables. No vamos a exigir
requisito y condiciones que hagan imposible la
práctica de la medicina en Puerto Rico o que
hagan
económicamente
prohibitivos
los
servicios médicos” (Énfasis suplido).
Véase, además, Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267,
324 (1998).
Por
otro
lado,
el
Tribunal
erróneamente
le
imputa
responsabilidad a la Clínica de la UPR porque esta no
cuenta con el equipo necesario para realizar las cirugías.
La Opinión de Conformidad expone en lo pertinente:
En el caso de la UPR la limitación en el
equipo es uno de los factores que impide el
aprovechamiento
óptimo
de
las
salas
de
operaciones. Ello, toda vez que se utiliza el
mismo equipo en todos los procedimientos;
permitiendo que el proceso de limpieza de
estos retrase las operaciones. Bajo tales
circunstancias, la Clínica solo logra realizar
hasta dos (2) operaciones por día; mientras
que en la práctica privada el perito de la UPR
realiza hasta ocho (8) operaciones al día.
Ciertamente, la limitada disponibilidad de
equipos contribuye a la determinación de
incumplimiento de la UPR con su deber de
contar y proveer los recursos necesarios para
CC-2019-0518
13
los servicios que ofrece. Recordemos que la
responsabilidad de los hospitales no se mide
por el hecho de que sea una institución
hospitalaria pública o privada. Su sentido de
responsabilidad y compromiso para con sus
pacientes y visitantes debe cumplir siempre
con las normas de cuidado vigentes en la
profesión. Opinión de Conformidad, pág. 36.
Énfasis nuestro.
En primer lugar, la Opinión de Conformidad cataloga a
la Clínica de la UPR como una facilidad hospitalaria. Eso
no es correcto. La Clínica de la UPR solo brinda servicios
de
diagnóstico
a
intervenciones
los
pacientes
quirúrgicas
y
sus
en
médicos
las
realizan
facilidades
hospitalarias que al momento de los hechos administraba
ASEM. Es Centro Médico (administrado por ASEM) y no la
Clínica de la UPR, la institución que ofrece servicios
hospitalarios.
En
entrever
segundo
lugar,
que
Clínica
la
la
Opinión
de
la
UPR
de
es
Conformidad
la
entidad
deja
que
suministra los equipos para realizar las intervenciones
quirúrgicas
que
se
llevan
a
cabo
en
las
facilidades
hospitalarias que administra ASEM. Eso también es erróneo.
La misma ASEM, en el “Informe sobre conferencia preliminar
entre abogados”, reconoce que es ella la que suministra
los
equipos
requeridos
para
las
salas
de
operaciones.
Expresó:
[L]os médicos de x especialidad pueden usar
además de la Sala asignada a sus Servicios o
Departamento,
cualquier
otra
sala
de
operaciones que no se esté utilizando en ese
momento. Ello en particular cuando los equipos
que se requieren para la cirugía no están
fijos en la pared o piso de la sala de
CC-2019-0518
14
operaciones. Los equipos necesarios en el caso
que nos ocupa y que han sido mencionados por
la UPR se pueden mover de una sala a otra al
igual que se reúsan luego de sr limpiados y
esterilizados. Ap. Sol. Cert., pág. 131.
Como se nos advierte con claridad, la Clínica de la
UPR no es la entidad responsable de proveer los equipos
necesarios
para
llevar
operaciones.
Esa
a
cabo
responsabilidad
las
es
correspondientes
de
ASEM,
como
ente
administrador del Centro Médico.
En definitiva, el récord médico y el tracto de los
hechos demuestran que la Clínica de la UPR actuó conforme
a los estándares aceptados por la medicina, al brindarle a
la señora De Jesús Pagán un diagnóstico acertado y con la
premura que los recursos a su disposición permitían. Es
ante
la
falta
de
acceso
a
las
salas
provistas
por
ASEM,
que
la
Clínica
de
de
operaciones,
la
UPR
no
pudo
candelarizar una fecha para operar antes de la pautada
para la cirugía de estadio. Es por eso que no se cumple el
requisito
de
nexo
causal
entre
el
daño
que
sufrió
la
señora De Jesús Pagán y la Clínica de la UPR.
IV.
La
determinación
de
una
mayoría
de
de
la
y
provocará
que
la
Clínica
replanteen
si
les
es
servicios
que
ofrecen
factible
hoy
a
la
UPR
este
sus
continuar
Tribunal
médicos
se
brindando
los
comunidad.
¿Esa
es
la
justicia que este Tribunal busca? Estoy seguro de que no.
Sin embargo, esa es la consecuencia indirecta que tendrá
la
determinación
de
este
Tribunal.
En
el
afán
de
que
CC-2019-0518
alguien
15
responda,
no
podemos
imponer
responsabilidad
a
quien no la tiene. En otras palabras, para hacer justicia
no
podemos
cometer
una
injusticia.
Por
los
fundamentos
antes expuestos, disiento respetuosamente.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado