Tribunal Supremo de Puerto Rico
Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez y otros
2021 TSPR 16
Poder Judicial de Puerto Rico
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Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez y otros
CC-2020-127
Obligaciones y contratos: pacto de honorarios contingentes; quantum meruit . Cuando hay un pacto de honorarios contingentes y el cliente muere sin que se haya dado la contingencia, y el abogado queda imposibilitado de continuar con su gestión, ya sea por conflicto de intereses u otras causas, procede que se le pague un importe razonable por las gestiones evidenciadas que haya realizado hasta la fecha en que su representación culminó.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rina Cruz Pérez
Peticionaria
Certiorari
v.
2021 TSPR 16
Delmarie Roldán Rodríguez;
Wilmarie Roldán Rodríguez; Delma
Rodríguez Morales
206 DPR ____
Recurridos
Número del Caso:
CC-2020-127
Fecha: 18 de febrero de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel I
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Carlos J. Laboy Díaz
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Johnny Ocasio Torres
Materia: Obligaciones y contratos: pacto de honorarios contingentes;
quantum meruit. Cuando hay un pacto de honorarios contingentes y el
cliente muere sin que se haya dado la contingencia, y el abogado
queda imposibilitado de continuar con su gestión, ya sea por
conflicto de intereses u otras causas, procede que se le pague un
importe razonable por las gestiones evidenciadas que haya realizado
hasta la fecha en que su representación culminó.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rina Cruz Pérez
Peticionaria
v.
CC-2020-0127
Delmarie
Roldán
Rodríguez;
Wilmarie
Roldán
Rodríguez;
Delma Rodríguez Morales
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2021.
Nos corresponde determinar si el Tribunal de
Apelaciones erró al concluir que la peticionaria
no alegó hechos que ameritaran la concesión de un
remedio. Como corolario, debemos resolver si una
abogada
tiene
honorarios
derecho
a
contingentes,
recibir
aunque
el
la
pago
de
contingencia
acordada no se consumó, debido a la muerte de su
cliente.
Por
continuación,
las
razones
resolvemos
que
que
exponemos
el
a
principio
aplicable es el de quantum meruit, por lo cual la
abogada tiene derecho a un importe razonable por
la labor realizada.
CC-2020-0127
2
I
La
peticionaria,
legalmente
al
Graniela)
en
Roldán
Sr.
el
Wilmer
caso
Graniela,
liquidación
de
Lcda.
Rina
Cruz
Roldán
Delma
Civil
Graniela
Rodríguez
Núm.
comunidad
Pérez,
de
J
bienes
representó
(señor
Morales
Roldán
v.
Wilmer
AC2012-0039,
sobre
postganancial.
Sin
embargo, el señor Roldán Graniela falleció antes de que
culminara la gestión para la que contrató a la licenciada
Cruz
Pérez.
Wilmarie
Las
Roldán
señoras
Rodríguez,
señor Roldán Graniela,
Delmarie
Roldán
Rodríguez
y
hijas
herederas
únicas
del
y
lo sustituyeron en el caso y le
solicitaron a la licenciada Cruz Pérez que presentara una
moción de renuncia de representación legal.
Entonces, la licenciada Cruz Pérez presentó la moción.
Adujo que, dado los eventos anteriores, ya no representaba
a ninguna parte activa en el caso. No obstante, solicitó la
intervención
en
el
caso
para
asegurar
el
cobro
de
sus
honorarios. Arguyó la existencia de un contrato escrito de
servicios
profesionales,
el
honorarios
pactados
el
serán
cual
20%
de
establecía:
lo
recibido
“Los
en
la
reclamación, ya sea judicial o extrajudicialmente”. Siendo
así,
solicitó
que
se
estableciera
la
participación
correspondiente del señor Roldán Graniela en el caudal a
liquidar,
hasta
la
fecha
de
su
muerte,
para
que
esta
cantidad sirviera como indicador de los honorarios que la
sucesión debía pagarle.
CC-2020-0127
A
tales
3
efectos,
el
10
de
septiembre
de
2018,
el
Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en la
que denegó la intervención de la licenciada Cruz Pérez, por
entender que la reclamación sobre cobro de honorarios debía
ser presentada en un pleito independiente. Posteriormente,
las
señoras
Roldán
Rodríguez
desistieron
del
pleito
de
liquidación de la comunidad de bienes postganancial.
El 29 de octubre de 2018, la licenciada Cruz Pérez
presentó la demanda de epígrafe en contra de la Sra. Delma
Rodríguez Morales (señora Rodríguez Morales) y las señoras
Roldán
Rodríguez.
Alegó
que
estas
le
adeudan
honorarios
equivalentes al 20% de la participación del señor Roldán
Graniela
en
la
extinta
sociedad
de
bienes
gananciales
compuesta por este y la señora Rodríguez Morales, según
pactado con el causante.
Las demandadas presentaron una moción de desestimación. Indicar
culminó por desistimiento, por lo que ella no tenía derecho
al cobro de honorarios contingentes. El foro de primera
instancia denegó esta moción.
Inconformes, las señoras Roldán Rodríguez y la señora
Rodríguez
Morales,
presentaron
un
recurso
de
certiorari
ante el Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, alegaron
que la licenciada Cruz Pérez no tenía derecho al cobro de
los
honorarios
según
reclamados.
Cabe
destacar
que
la
licenciada Cruz Pérez no presentó oposición al recurso de
certiorari.
CC-2020-0127
En
4
consecuencia,
el
30
de
diciembre
de
2019,
el
Tribunal de Apelaciones desestimó el caso sobre cobro de
honorarios. Resolvió que, debido a que el caso original
quedó inconcluso y la licenciada Cruz Pérez renunció a la
representación legal, esta no tenía derecho al cobro de
honorarios contingentes. Oportunamente, la licenciada Cruz
Pérez presentó una moción de reconsideración, la cual fue
declarada no ha lugar.
Insatisfecha, la licenciada Cruz Pérez presentó ante
nos, un recurso de certiorari y señaló que su renuncia como
abogada en el caso no derrota su reclamo de honorarios,
según pactados, por la labor realizada, según – al menosla
doctrina
pagarle
iría
de
quantum
meruit.
en
contra
de
los
Señaló
también
principios
de
que
no
equidad
y
enriquecimiento injusto.
El 30 de junio de 2020 expedimos el auto de certiorari
y, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
procedemos a resolver la controversia incoada.
II
La Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
V,
entre
otras
cosas,
permite
que
se
solicite
la
desestimación de una demanda, bajo el fundamento de que
esta no expone una reclamación que justifique la concesión
de un remedio. Esta moción se dirige a los méritos de la
controversia
y
Montañez
Hosp.
(2002).
v.
Al
no
resolver
a
los
aspectos
procesales
del
Metropolitano,
157
DPR
estas
de
desestimación,
mociones
96,
caso.
104-105
el
CC-2020-0127
5
tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados
en la demanda. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033
(2013);
El
Día,
Inc.
v.
Mun.
de
Guaynabo,
187
DPR
811
(2013). En esta evaluación se considerarán como ciertos los
hechos que de su faz no den margen a dudas y que hayan sido
bien alegados. Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193
DPR
38
(2015);
Colón
v.
Lotería,
167
DPR
625
(2006);
Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559 (2001).
A tales efectos, las alegaciones de la demanda deben
ser interpretadas de manera liberal y conjunta, de la forma
más favorable al demandante. López García v. López García,
200 DPR 50, 69 (2018); Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR
408
(1998).
Bajo
este
criterio,
una
demanda
será
desestimada solo si de esta se desprende que carece de todo
mérito o que la parte demandante no tiene derecho a remedio
alguno
bajo
cualesquiera
probar.
González
Méndez
de
v.
los
Acción
hechos
que
Social,
se
196
puedan
DPR
213
(2016); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR
409 (2008); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305 (1970).
Es decir, procede la desestimación si aun interpretando la
demanda liberalmente no hay remedio alguno disponible en el
estado de Derecho. Ortiz Matías et al. v. Mora Development,
187 DPR 649, 654 (2013). Así pues, los tribunales evaluarán
“[s]i a la luz de la situación más favorable al demandante,
y resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es
suficiente
para
constituir
una
reclamación
válida”.
Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505
(1994).
CC-2020-0127
6
Por otra parte, el Art. 608 del Código Civil de Puerto
Rico, 31 LPRA sec. 2090, dispone que una herencia incluye
“[t]odos
los
bienes,
persona,
que
no
se
derechos
extingan
y
por
obligaciones
su
muerte”.
de
una
Cuando
el
causante tiene más de un heredero a título universal, surge
una comunidad hereditaria. Miranda Meléndez v. Registrador,
193 DPR 862 (2015); Soc. de Gananciales v. Registrador, 151
DPR 315, 317 (2000). En esta,
los herederos suceden en
todos sus derechos y obligaciones al causante. Art. 210 del
Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2092. Además, una
de
sus
características
es
la
universalidad,
donde
los
coherederos poseen la titularidad de una cuota alícuota o
abstracta
y
no
sobre
un
bien
particular.
In
re
Torres
Rivera, 2020 TSPR 23, 204 DPR __ (2020); Vega Montoya v.
Registrador,
179
DPR
80,
88-89
(2010);
Kogan
v.
Registrador, 125 DPR 636, 651 (1990).
De esta manera, la sustitución del causante por sus
herederos constituye una continuación de su personalidad.
Torres,
Torres
v.
Torres
Serrano,
179
DPR
481
(2010);
Sucesión Dávila v. El Registrador de la Propiedad, 15 DPR
669, 673 (1909). Cabe destacar que previo a que se divida y
adjudique la herencia, procede el cobro de créditos y el
pago de deudas. LSREF2 Island Holdigs, Ltd. Inc. v. Ashford
R.J.F. Inc., 201 DPR 1026, 1037 (2019), citando a J. Cuevas
Segarra
y
A.
Román
García,
Derecho
sucesorio
comparado:
Puerto Rico y España, San Juan, Pubs. JTS, 2003, pág. 395;
Ruiz v. Ruiz, 74 DPR 347, 351 (1953). Véase, 31 LPRA 2931.
CC-2020-0127
7
Es norma establecida que al culminar la sociedad legal
de gananciales surge una comunidad de bienes postganancial
hasta que esta se divida o liquide. LSREF2 Island Holdigs,
Ltd. Inc. v. Ashford R.J.F. Inc., supra, pág. 1034; Muñiz
Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 982–983 (2010). Si a
causa de la muerte de alguno de los excónyuges coexiste una
comunidad
hereditaria
con
una
comunidad
postganancial,
primero debe liquidarse la comunidad postganancial. LSREF2
Island Holdigs, Ltd. Inc. v. Ashford R.J.F. Inc., supra,
pág. 1036; Méndez v. Ruiz Rivera, 124 DPR 579, 587 (1989).
Una
vez
disuelto
el
vínculo
matrimonial,
cesa
la
presunción de ganancialidad que establece el Art. 1307 del
Código Civil, 31 LPRA 3674. Montalván v. Rodríguez, 161 DPR
411,
428
(2004).
Las
obligaciones
contraiga
alguno
de
los
que
excónyuges
posterior
recaerán
a
esto
sobre
su
capital privativo. Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 423,
citando a J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil,
Barcelona,
Rivera
Ed.
J.Ma.
Fernández,
Bosch,
La
editor,
Comunidad
1997,
pág.
Postganancial,
351;
M.
Barcelona,
Ed. J.Ma. Bosh, editor, Madrid, 1997, pág. 85.
Según
Roldán
se
desprende
Graniela
y
la
del
expediente,
licenciada
Cruz
entre
el
señor
Pérez
había
un
contrato escrito de servicios profesionales para que esta
lo representara a cambio del pago de honorarios a razón del
veinte
porciento
(20%)
de
lo
que
se
recibiera
en
la
reclamación de liquidación de la comunidad postganancial
entre este y la señora Rodríguez Morales. Antes de que el
señor
Roldán
Graniela
falleciera,
por
espacio
de
CC-2020-0127
8
aproximadamente cinco (5) años, la licenciada Cruz Pérez lo
representó
y
llevó
la
legitimarias
a
cabo
gestiones
muerte
del
señor
Delmarie
Roldán
correspondientes
al
pleito.
Con
Roldán
Rodríguez
Graniela,
y
Delma
sus
Roldán
Rodríguez pasaron a ser sus únicas y universales herederas.
Estas
le
suceden
en
sus
derechos
y
obligaciones.
La
licenciada Cruz Pérez tiene derecho a cobrar un importe
razonable por los servicios legales brindados, motivo de la
obligación suscrita con el señor Roldán Graniela. A tales
efectos, concluimos que el Tribunal de Apelaciones erró al
desestimar la demanda de cobro de dinero contra las señoras
Roldán Rodríguez.
Por el contrario, la señora Rodríguez Morales no es
heredera del causante. El hecho de que al momento de la
muerte del señor Roldán Graniela no se hubiera liquidado la
extinta
sociedad
de
gananciales
no
es
suficiente
para
determinar que esta tiene una obligación de pago para con
la licenciada Cruz Pérez. Tomando como ciertos los hechos
bien alegados en la demanda y de la manera más favorable a
la
licenciada
Cruz
Pérez,
es
forzoso
concluir
que
la
alegada deuda es privativa y no le cobija una presunción de
ganancialidad. La letrada Cruz Pérez no tiene derecho a
remedio alguno contra la señora Delma Rodríguez Morales. El
Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al desestimar
la demanda contra la Sra. Delma Rodríguez Morales.
III
CC-2020-0127
El
9
contrato
variante
del
de
servicios
contrato
de
legales
se
considera
una
arrendamiento
de
servicios
del
Art. 1434 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4013. Berkan et
al. v. Mead Johnson, 2020 TSPR 29, 204 DPR __ (2020); In re
Pellot Córdova y otro, 2020 TSPR 96, 204 DPR __ (2020); In
re Rodríguez Mercado, 165 DPR 630, 641 (2005). No obstante,
es
un
contrato
sui
generis,
revestido
de
las
consideraciones éticas que regulan la profesión legal. In
re Vélez Lugo, 180 DPR 987 (2011); López de Victoria v.
Rodríguez, 113 DPR 265 (1982). Véase, Canon 24 del Código
de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.
Por su parte, el pacto de honorarios contingentes es
el
acuerdo
entre
el
abogado
y
su
cliente,
donde
se
establece que el abogado será compensado si se prevalece en
el caso y en proporción a la cuantía que se conceda en la
sentencia. In re Colón Hernández, 189 DPR 275 (2013). En
este tipo de convenios el abogado cobra por la gestión
realizada,
según
la
Cirujanos
Dentistas
suerte
de
del
P.R.,
proceso.
131
DPR
Pérez
545,
560
v.
Col.
(1992);
Franqui v. Fuentes Hnos., 44 DPR 712 (1933).
El
abogado
que
suscribe
un
pacto
de
cuotalitis
no
puede reclamar honorarios a base de este si la contingencia
pactada no llega a darse, ya sea por deseo del cliente o
por
causas
no
imputables
al
Cirujanos
Dentistas
de
efectos,
al
honorarios
pactar
P.R.,
abogado.
supra,
pág.
Pérez
v.
Col.
561.
A
tales
contingentes
el
abogado
conoce que, si pierde el caso en los méritos, no tiene
derecho
a
cobrar
nada,
independientemente
del
tiempo
y
CC-2020-0127
10
esfuerzo que haya dedicado. Blanco Matos v. Colón Mulero,
200 DPR 398, 409 (2018), citando a Pérez v. Col. Cirujanos
Dentistas de P.R., 131 DPR 545, 560 (1992).
Asimismo,
cuando
se
contrata
a
un
abogado
para
celebrar una transacción y luego se le destituye, este no
tiene derecho a obtener la cantidad pactada a menos que el
asunto
quede
Morales,
43
definitivamente
transigido.
Ruiz
DPR
(1932).
obstante,
circunstancias
283,
289
apropiadas,
“[s]egún
No
nuestro
de
Val
estado
v.
bajo
de
derecho vigente, no cabe la menor duda que el abogado tiene
derecho
a
recibir
una
compensación
razonable
por
los
servicios prestados”. Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de
P.R., supra, pág. 558.
Esta
compensación
razonable
proviene
del
precepto
legal de quantum meruit, es decir “[t]anto como se merece”.
I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra
ed. rev., San Juan, Ed. Lexis, 2000, pág. 395. De hecho, el
Art. 1473 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4111, viabiliza
las acciones para reclamar el mencionado importe razonable.
Dispone:
[...] En cuanto a los servicios profesionales, se
estará, para la remuneración de los mismos, a lo
convenido entre las partes; cuando no hubiere convenio
y surgieren diferencias, la parte con derecho a la
remuneración podrá reclamar y obtener en juicio de la
otra parte, ante cualquier corte de jurisdicción
competente, el importe razonable de dichos servicios.
Íd.
La figura jurídica de quantum meruit busca evitar el
enriquecimiento
injusto,
proveyendo
un
remedio
de
restitución fundamentado en elementos de justicia. Blanco
CC-2020-0127
11
Matos v. Colón Mulero, supra, pág. 413. En estos casos, el
tribunal tiene la facultad de determinar lo que considera
el valor razonable de la labor realizada. Ruiz de Val v.
Morales, supra, pág. 288. El peso de la prueba recae en el
reclamante.
“Es
este
quien
alega
tener
derecho
a
ser
remunerado y quien perdería todo derecho a ser compensado
de
no
presentarse
evidencia
alguna.
32
LPRA
Ap.
VI,
R.110(a) y (b)”. Blanco Matos v. Colón Mulero, supra, pág.
415. Al abogado demandante le corresponde presentar prueba
sobre: (1) las gestiones profesionales realizadas, (2) el
tiempo dedicado a cada una de las gestiones, y (3) el valor
razonable de las horas dedicadas. Colón v. All Amer. Life &
Cas. Co., 110 DPR 772, 777 (1981).
Como vemos, los tribunales fijarán los honorarios a
los
que
tenga
derecho
el
reclamante
tomando
en
consideración los factores enumerados en el Canon 24 del
Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Blanco Matos v.
Colón Mulero, supra, pág. 415. Algunos de estos son: el
tiempo y trabajo requeridos, la novedad y dificultad de las
cuestiones envueltas, la habilidad que requiere conducir
propiamente el caso, y los honorarios que acostumbradamente
se cobran en el distrito judicial por servicios similares.
Íd.
Como
norma
general,
cuando
existe
un
pacto
de
honorarios, aplica el principio de pacta sunt servanta. Sin
embargo,
[e]n el pasado hemos aplicado la norma de quantum
meruit para fijar el monto de los honorarios de
abogado en distintos escenarios tales como: (1) el
abogado que pactó un contrato de honorarios con su
CC-2020-0127
12
cliente el cual se invalidó por alguna irregularidad
en su ejecución; (2) el abogado que fue destituido por
su cliente sin culminar el trabajo para el que fue
contratado; (3) el abogado que pactó honorarios
contingentes,
se
vio
obligado
a
desistir
voluntariamente de la reclamación por instrucción de
su cliente y no contempló esa eventualidad en el
contrato de servicios legales; y (4) el abogado que
renunció a la representación legal de su cliente,
antes de culminar la gestión profesional para la que
fue contratado por honorarios contingentes. Berkan et
al. v. Mead Johnson, supra, pág. ___.
De
igual
manera,
cuando
no
se
puedan
calcular
los
honorarios a base de un pacto de cuotalitis, los tribunales
estimarán
la
compensación
razonable
en
concepto
de
retribución a la labor realizada por el abogado. Pérez v.
Col.
Cirujanos
Dentistas
de
P.R.,
supra,
págs.
559-560;
Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., supra, pág. 777.
Por
otro
lado,
reconocen
que
un
algunas
contrato
jurisdicciones
de
honorarios
estatales
de
abogado
cuotalitis culmina con la muerte del cliente. A manera de
ejemplo, en In re Estate of Simmons, 362 Ill. App. 3d 944,
299 Ill. Dec. 302, 841 N.E.2d 1034 (5th Dist. 2005), el
cliente
y
honorarios
su
abogado
contingentes
habían
para
pactado
una
un
contrato
reclamación
de
de
daños
causados en un proceso médico. Antes de que culminara la
acción, el cliente murió por causas no relacionadas y los
herederos se negaron a que el abogado continuara con el
caso. El tribunal apelativo de Illinois determinó que ante
el hecho de que no se había dado la contingencia pactada,
el abogado tenía derecho a recobrar el costo razonable de
los servicios legales brindados. Se invocó la doctrina de
quantum
meruit.
Además,
el
tribunal
razonó
que
con
su
CC-2020-0127
13
decisión preservaba el derecho del cliente a tener control
de su causa de acción y a poder prescindir de los servicios
del abogado mientras se le permitía a este último obtener
una compensación razonable por los servicios brindados. Íd.
En
el
caso
contingentes
principios
de
autos,
el
contrato
culminó
con
la
muerte
aplicables
a
esta
causa
de
del
de
honorarios
cliente.
acción
Los
son
los
correspondientes al cobro de dinero bajo quantum meruit y
no los de cumplimiento de contrato. Por consiguiente, la
cuantía pactada en el contrato de contingencia deja de ser
la base para calcular la compensación a la que podría tener
derecho la licenciada Cruz Pérez. Una vez la letrada haya
cumplido
con
la
carga
inicial
de
evidenciar
la
labor
realizada, el tribunal determinará la cuantía razonable que
se
tiene
derecho
a
recibir
como
pago
de
honorarios,
teniendo en cuenta los criterios fijados en el Canon 24 del
Código de Ética Profesional, supra.
IV
La licenciada Cruz Pérez alega que las herederas del
causante, aquí recurridas, le adeudan el pago de honorarios
contingentes pactados a razón del veinte porciento (20%)
del valor de la participación del señor Roldán Graniela en
la comunidad postganancial, al momento de su muerte. Nos
pide que tomemos conocimiento judicial del expediente del
caso
de
evidencia
liquidación
de
la
de
labor
la
comunidad
profesional
postganancial
que
realizó.
como
Además,
reitera que se vio obligada a renunciar a petición de las
señoras
Roldán
Rodríguez
y
que
su
renuncia
no
fue
CC-2020-0127
14
voluntaria. No obstante, reconoce que el precitado caso no
culminó
con
una
liquidación
patrimonial
ni
con
una
adjudicación judicial en los méritos.
La licenciada Cruz Pérez, insiste contradictoriamente
en que le corresponde el cobro de honorarios conforme a la
valoración
principio
mencionada,
jurídico
utilizando
de
equidad,
como
pero
fundamento
reconoce
que
el
la
contingencia pactada no se consumó.
A la licenciada Cruz Pérez no le asiste la razón en
cuanto a que le corresponde el cobro de honorarios de forma
contingente.
La
normativa
aplicable
a
los
honorarios
contingentes es clara y es un hecho irrefutable que en el
caso de autos la letrada no culminó la gestión profesional
para la que se le contrató. Incluso, en la reclamación no
se recibió nada. El contrato es contundente al establecer:
“Los honorarios pactados serán el 20% de lo recibido en la
reclamación,
ya
sea
judicial
o
extrajudicialmente”.
(Énfasis nuestro).
Si bien es cierto que la presente reclamación amerita
la
concesión
de
desestimación,
un
remedio
también
es
ante un vacío jurídico.
y
por
cierto
tanto
que
no
no
procedía
su
nos
encontramos
El estándar aplicable es el de
quantum meruit.
La muerte del señor Roldán Graniela, mientras estaba
activo el pleito de liquidación, conllevó que sus hijas le
sustituyeran
como
parte.
Por
petición
de
ellas,
la
licenciada Cruz Pérez renunció a la representación legal de
su
cliente,
antes
de
culminar
su
gestión
profesional.
CC-2020-0127
Siendo
15
así,
se
configura
uno
de
los
escenarios
en
que
procede que se compense la labor profesional de la abogada
por virtud de la doctrina de quantum meruit. En vista de
que la licenciada Cruz Pérez se quedó sin cliente y se veía
imposibilitada de continuar la representación -al igual que
cuando un abogado es destituido por su cliente- no cabe
hablar de si la renuncia fue voluntaria o involuntaria.
Debemos preservar el derecho de una parte a retener el
control de su causa de acción y a poder prescindir de los
servicios de un abogado sin que esto impida que el abogado
obtenga
una
compensación
razonable
por
los
servicios
pacto
de
honorarios
brindados.
Aclaramos
que
cuando
hay
un
contingentes y el cliente muere sin que se haya dado la
contingencia,
y
el
abogado
queda
imposibilitado
de
continuar con su gestión, ya sea por conflicto de intereses
u
otras
causas,
procede
que
se
le
pague
un
importe
razonable por las gestiones que haya realizado hasta la
fecha en que su representación culminó. En estos casos, el
abogado que reclama el pago de honorarios deberá presentar
prueba sobre la justa causa para la renuncia, las gestiones
profesionales realizadas, el tiempo dedicado a cada una de
estas y el valor razonable de las horas trabajadas.
Así, el tribunal determinará la cuantía razonable que
debe pagarse al abogado conforme a los factores enumerados
en el Canon 24 de Ética Profesional, supra. No basta con
solicitarle al tribunal que tome conocimiento judicial del
expediente
del
caso
correspondiente.
Si
el
abogado
CC-2020-0127
16
reclamante no presenta prueba suficiente de las gestiones
realizadas estaría renunciando a ser compensado.
Finalmente,
viene
a
nuestra
atención
que
la
parte
recurrida reconoció en múltiples ocasiones el derecho de la
abogada a ser compensada por la labor realizada, según la
doctrina
de
licenciada
quantum
Cruz
meruit.
Pérez.
Esto
Aunque
fue
esta
rechazado
arguyó
que
por
el
la
foro
apelativo intermedio erró al desestimar sin considerar la
doctrina de quantum meruit, a su vez, erróneamente mantuvo
la postura invariable de que se le debía pagar tomando como
base el contrato suscrito. Incluso, bajo este fundamento la
licenciada
Cruz
Pérez
hecha
las
recurridas
por
rechazó
una
oferta
el
pago
para
extrajudicial
por
la
labor
realizada y posteriormente rechazó una oferta de sentencia
según la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
El Tribunal de Primera Instancia deberá considerar esto al
hacer
sus
determinaciones
correspondiente
como
finales
remuneración
en
cuanto
bajo
al
cómputo
la
doctrina
de
expuestos,
revocamos
la
quantum meruit.
V
Por
los
fundamentos
antes
sentencia del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso
al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los
procedimientos conforme con lo aquí dispuesto.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rina Cruz Pérez
Peticionaria
v.
CC-2020-0127
Delmarie
Roldán
Rodríguez;
Wilmarie
Roldán
Rodríguez;
Delma Rodríguez Morales
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2021.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte de esta
Sentencia revocamos la sentencia del Tribunal de
Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que continúe con los
procedimientos conforme con lo aquí dispuesto.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
Secretario del Tribunal Supremo.
certifica
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
el