LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez y otros

2021 TSPR 16

Poder Judicial de Puerto Rico

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Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez y otros

CC-2020-127

Obligaciones y contratos: pacto de honorarios contingentes; quantum meruit . Cuando hay un pacto de honorarios contingentes y el cliente muere sin que se haya dado la contingencia, y el abogado queda imposibilitado de continuar con su gestión, ya sea por conflicto de intereses u otras causas, procede que se le pague un importe razonable por las gestiones evidenciadas que haya realizado hasta la fecha en que su representación culminó.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rina Cruz Pérez

Peticionaria

Certiorari

v.

2021 TSPR 16

Delmarie Roldán Rodríguez;

Wilmarie Roldán Rodríguez; Delma

Rodríguez Morales

206 DPR ____

Recurridos

Número del Caso:

CC-2020-127

Fecha: 18 de febrero de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel I

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Carlos J. Laboy Díaz

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Johnny Ocasio Torres

Materia: Obligaciones y contratos: pacto de honorarios contingentes;

quantum meruit. Cuando hay un pacto de honorarios contingentes y el

cliente muere sin que se haya dado la contingencia, y el abogado

queda imposibilitado de continuar con su gestión, ya sea por

conflicto de intereses u otras causas, procede que se le pague un

importe razonable por las gestiones evidenciadas que haya realizado

hasta la fecha en que su representación culminó.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rina Cruz Pérez

Peticionaria

v.

CC-2020-0127

Delmarie

Roldán

Rodríguez;

Wilmarie

Roldán

Rodríguez;

Delma Rodríguez Morales

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2021.

Nos corresponde determinar si el Tribunal de

Apelaciones erró al concluir que la peticionaria

no alegó hechos que ameritaran la concesión de un

remedio. Como corolario, debemos resolver si una

abogada

tiene

honorarios

derecho

a

contingentes,

recibir

aunque

el

la

pago

de

contingencia

acordada no se consumó, debido a la muerte de su

cliente.

Por

continuación,

las

razones

resolvemos

que

que

exponemos

el

a

principio

aplicable es el de quantum meruit, por lo cual la

abogada tiene derecho a un importe razonable por

la labor realizada.

CC-2020-0127

2

I

La

peticionaria,

legalmente

al

Graniela)

en

Roldán

Sr.

el

Wilmer

caso

Graniela,

liquidación

de

Lcda.

Rina

Cruz

Roldán

Delma

Civil

Graniela

Rodríguez

Núm.

comunidad

Pérez,

de

J

bienes

representó

(señor

Morales

Roldán

v.

Wilmer

AC2012-0039,

sobre

postganancial.

Sin

embargo, el señor Roldán Graniela falleció antes de que

culminara la gestión para la que contrató a la licenciada

Cruz

Pérez.

Wilmarie

Las

Roldán

señoras

Rodríguez,

señor Roldán Graniela,

Delmarie

Roldán

Rodríguez

y

hijas

herederas

únicas

del

y

lo sustituyeron en el caso y le

solicitaron a la licenciada Cruz Pérez que presentara una

moción de renuncia de representación legal.

Entonces, la licenciada Cruz Pérez presentó la moción.

Adujo que, dado los eventos anteriores, ya no representaba

a ninguna parte activa en el caso. No obstante, solicitó la

intervención

en

el

caso

para

asegurar

el

cobro

de

sus

honorarios. Arguyó la existencia de un contrato escrito de

servicios

profesionales,

el

honorarios

pactados

el

serán

cual

20%

de

establecía:

lo

recibido

“Los

en

la

reclamación, ya sea judicial o extrajudicialmente”. Siendo

así,

solicitó

que

se

estableciera

la

participación

correspondiente del señor Roldán Graniela en el caudal a

liquidar,

hasta

la

fecha

de

su

muerte,

para

que

esta

cantidad sirviera como indicador de los honorarios que la

sucesión debía pagarle.

CC-2020-0127

A

tales

3

efectos,

el

10

de

septiembre

de

2018,

el

Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en la

que denegó la intervención de la licenciada Cruz Pérez, por

entender que la reclamación sobre cobro de honorarios debía

ser presentada en un pleito independiente. Posteriormente,

las

señoras

Roldán

Rodríguez

desistieron

del

pleito

de

liquidación de la comunidad de bienes postganancial.

El 29 de octubre de 2018, la licenciada Cruz Pérez

presentó la demanda de epígrafe en contra de la Sra. Delma

Rodríguez Morales (señora Rodríguez Morales) y las señoras

Roldán

Rodríguez.

Alegó

que

estas

le

adeudan

honorarios

equivalentes al 20% de la participación del señor Roldán

Graniela

en

la

extinta

sociedad

de

bienes

gananciales

compuesta por este y la señora Rodríguez Morales, según

pactado con el causante.

Las demandadas presentaron una moción de desestimación. Indicar

culminó por desistimiento, por lo que ella no tenía derecho

al cobro de honorarios contingentes. El foro de primera

instancia denegó esta moción.

Inconformes, las señoras Roldán Rodríguez y la señora

Rodríguez

Morales,

presentaron

un

recurso

de

certiorari

ante el Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, alegaron

que la licenciada Cruz Pérez no tenía derecho al cobro de

los

honorarios

según

reclamados.

Cabe

destacar

que

la

licenciada Cruz Pérez no presentó oposición al recurso de

certiorari.

CC-2020-0127

En

4

consecuencia,

el

30

de

diciembre

de

2019,

el

Tribunal de Apelaciones desestimó el caso sobre cobro de

honorarios. Resolvió que, debido a que el caso original

quedó inconcluso y la licenciada Cruz Pérez renunció a la

representación legal, esta no tenía derecho al cobro de

honorarios contingentes. Oportunamente, la licenciada Cruz

Pérez presentó una moción de reconsideración, la cual fue

declarada no ha lugar.

Insatisfecha, la licenciada Cruz Pérez presentó ante

nos, un recurso de certiorari y señaló que su renuncia como

abogada en el caso no derrota su reclamo de honorarios,

según pactados, por la labor realizada, según – al menosla

doctrina

pagarle

iría

de

quantum

meruit.

en

contra

de

los

Señaló

también

principios

de

que

no

equidad

y

enriquecimiento injusto.

El 30 de junio de 2020 expedimos el auto de certiorari

y, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver la controversia incoada.

II

La Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V,

entre

otras

cosas,

permite

que

se

solicite

la

desestimación de una demanda, bajo el fundamento de que

esta no expone una reclamación que justifique la concesión

de un remedio. Esta moción se dirige a los méritos de la

controversia

y

Montañez

Hosp.

(2002).

v.

Al

no

resolver

a

los

aspectos

procesales

del

Metropolitano,

157

DPR

estas

de

desestimación,

mociones

96,

caso.

104-105

el

CC-2020-0127

5

tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados

en la demanda. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033

(2013);

El

Día,

Inc.

v.

Mun.

de

Guaynabo,

187

DPR

811

(2013). En esta evaluación se considerarán como ciertos los

hechos que de su faz no den margen a dudas y que hayan sido

bien alegados. Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193

DPR

38

(2015);

Colón

v.

Lotería,

167

DPR

625

(2006);

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559 (2001).

A tales efectos, las alegaciones de la demanda deben

ser interpretadas de manera liberal y conjunta, de la forma

más favorable al demandante. López García v. López García,

200 DPR 50, 69 (2018); Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR

408

(1998).

Bajo

este

criterio,

una

demanda

será

desestimada solo si de esta se desprende que carece de todo

mérito o que la parte demandante no tiene derecho a remedio

alguno

bajo

cualesquiera

probar.

González

Méndez

de

v.

los

Acción

hechos

que

Social,

se

196

puedan

DPR

213

(2016); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR

409 (2008); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305 (1970).

Es decir, procede la desestimación si aun interpretando la

demanda liberalmente no hay remedio alguno disponible en el

estado de Derecho. Ortiz Matías et al. v. Mora Development,

187 DPR 649, 654 (2013). Así pues, los tribunales evaluarán

“[s]i a la luz de la situación más favorable al demandante,

y resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es

suficiente

para

constituir

una

reclamación

válida”.

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505

(1994).

CC-2020-0127

6

Por otra parte, el Art. 608 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 LPRA sec. 2090, dispone que una herencia incluye

“[t]odos

los

bienes,

persona,

que

no

se

derechos

extingan

y

por

obligaciones

su

muerte”.

de

una

Cuando

el

causante tiene más de un heredero a título universal, surge

una comunidad hereditaria. Miranda Meléndez v. Registrador,

193 DPR 862 (2015); Soc. de Gananciales v. Registrador, 151

DPR 315, 317 (2000). En esta,

los herederos suceden en

todos sus derechos y obligaciones al causante. Art. 210 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2092. Además, una

de

sus

características

es

la

universalidad,

donde

los

coherederos poseen la titularidad de una cuota alícuota o

abstracta

y

no

sobre

un

bien

particular.

In

re

Torres

Rivera, 2020 TSPR 23, 204 DPR __ (2020); Vega Montoya v.

Registrador,

179

DPR

80,

88-89

(2010);

Kogan

v.

Registrador, 125 DPR 636, 651 (1990).

De esta manera, la sustitución del causante por sus

herederos constituye una continuación de su personalidad.

Torres,

Torres

v.

Torres

Serrano,

179

DPR

481

(2010);

Sucesión Dávila v. El Registrador de la Propiedad, 15 DPR

669, 673 (1909). Cabe destacar que previo a que se divida y

adjudique la herencia, procede el cobro de créditos y el

pago de deudas. LSREF2 Island Holdigs, Ltd. Inc. v. Ashford

R.J.F. Inc., 201 DPR 1026, 1037 (2019), citando a J. Cuevas

Segarra

y

A.

Román

García,

Derecho

sucesorio

comparado:

Puerto Rico y España, San Juan, Pubs. JTS, 2003, pág. 395;

Ruiz v. Ruiz, 74 DPR 347, 351 (1953). Véase, 31 LPRA 2931.

CC-2020-0127

7

Es norma establecida que al culminar la sociedad legal

de gananciales surge una comunidad de bienes postganancial

hasta que esta se divida o liquide. LSREF2 Island Holdigs,

Ltd. Inc. v. Ashford R.J.F. Inc., supra, pág. 1034; Muñiz

Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 982–983 (2010). Si a

causa de la muerte de alguno de los excónyuges coexiste una

comunidad

hereditaria

con

una

comunidad

postganancial,

primero debe liquidarse la comunidad postganancial. LSREF2

Island Holdigs, Ltd. Inc. v. Ashford R.J.F. Inc., supra,

pág. 1036; Méndez v. Ruiz Rivera, 124 DPR 579, 587 (1989).

Una

vez

disuelto

el

vínculo

matrimonial,

cesa

la

presunción de ganancialidad que establece el Art. 1307 del

Código Civil, 31 LPRA 3674. Montalván v. Rodríguez, 161 DPR

411,

428

(2004).

Las

obligaciones

contraiga

alguno

de

los

que

excónyuges

posterior

recaerán

a

esto

sobre

su

capital privativo. Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 423,

citando a J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil,

Barcelona,

Rivera

Ed.

J.Ma.

Fernández,

Bosch,

La

editor,

Comunidad

1997,

pág.

Postganancial,

351;

M.

Barcelona,

Ed. J.Ma. Bosh, editor, Madrid, 1997, pág. 85.

Según

Roldán

se

desprende

Graniela

y

la

del

expediente,

licenciada

Cruz

entre

el

señor

Pérez

había

un

contrato escrito de servicios profesionales para que esta

lo representara a cambio del pago de honorarios a razón del

veinte

porciento

(20%)

de

lo

que

se

recibiera

en

la

reclamación de liquidación de la comunidad postganancial

entre este y la señora Rodríguez Morales. Antes de que el

señor

Roldán

Graniela

falleciera,

por

espacio

de

CC-2020-0127

8

aproximadamente cinco (5) años, la licenciada Cruz Pérez lo

representó

y

llevó

la

legitimarias

a

cabo

gestiones

muerte

del

señor

Delmarie

Roldán

correspondientes

al

pleito.

Con

Roldán

Rodríguez

Graniela,

y

Delma

sus

Roldán

Rodríguez pasaron a ser sus únicas y universales herederas.

Estas

le

suceden

en

sus

derechos

y

obligaciones.

La

licenciada Cruz Pérez tiene derecho a cobrar un importe

razonable por los servicios legales brindados, motivo de la

obligación suscrita con el señor Roldán Graniela. A tales

efectos, concluimos que el Tribunal de Apelaciones erró al

desestimar la demanda de cobro de dinero contra las señoras

Roldán Rodríguez.

Por el contrario, la señora Rodríguez Morales no es

heredera del causante. El hecho de que al momento de la

muerte del señor Roldán Graniela no se hubiera liquidado la

extinta

sociedad

de

gananciales

no

es

suficiente

para

determinar que esta tiene una obligación de pago para con

la licenciada Cruz Pérez. Tomando como ciertos los hechos

bien alegados en la demanda y de la manera más favorable a

la

licenciada

Cruz

Pérez,

es

forzoso

concluir

que

la

alegada deuda es privativa y no le cobija una presunción de

ganancialidad. La letrada Cruz Pérez no tiene derecho a

remedio alguno contra la señora Delma Rodríguez Morales. El

Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al desestimar

la demanda contra la Sra. Delma Rodríguez Morales.

III

CC-2020-0127

El

9

contrato

variante

del

de

servicios

contrato

de

legales

se

considera

una

arrendamiento

de

servicios

del

Art. 1434 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4013. Berkan et

al. v. Mead Johnson, 2020 TSPR 29, 204 DPR __ (2020); In re

Pellot Córdova y otro, 2020 TSPR 96, 204 DPR __ (2020); In

re Rodríguez Mercado, 165 DPR 630, 641 (2005). No obstante,

es

un

contrato

sui

generis,

revestido

de

las

consideraciones éticas que regulan la profesión legal. In

re Vélez Lugo, 180 DPR 987 (2011); López de Victoria v.

Rodríguez, 113 DPR 265 (1982). Véase, Canon 24 del Código

de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

Por su parte, el pacto de honorarios contingentes es

el

acuerdo

entre

el

abogado

y

su

cliente,

donde

se

establece que el abogado será compensado si se prevalece en

el caso y en proporción a la cuantía que se conceda en la

sentencia. In re Colón Hernández, 189 DPR 275 (2013). En

este tipo de convenios el abogado cobra por la gestión

realizada,

según

la

Cirujanos

Dentistas

suerte

de

del

P.R.,

proceso.

131

DPR

Pérez

545,

560

v.

Col.

(1992);

Franqui v. Fuentes Hnos., 44 DPR 712 (1933).

El

abogado

que

suscribe

un

pacto

de

cuotalitis

no

puede reclamar honorarios a base de este si la contingencia

pactada no llega a darse, ya sea por deseo del cliente o

por

causas

no

imputables

al

Cirujanos

Dentistas

de

efectos,

al

honorarios

pactar

P.R.,

abogado.

supra,

pág.

Pérez

v.

Col.

561.

A

tales

contingentes

el

abogado

conoce que, si pierde el caso en los méritos, no tiene

derecho

a

cobrar

nada,

independientemente

del

tiempo

y

CC-2020-0127

10

esfuerzo que haya dedicado. Blanco Matos v. Colón Mulero,

200 DPR 398, 409 (2018), citando a Pérez v. Col. Cirujanos

Dentistas de P.R., 131 DPR 545, 560 (1992).

Asimismo,

cuando

se

contrata

a

un

abogado

para

celebrar una transacción y luego se le destituye, este no

tiene derecho a obtener la cantidad pactada a menos que el

asunto

quede

Morales,

43

definitivamente

transigido.

Ruiz

DPR

(1932).

obstante,

circunstancias

283,

289

apropiadas,

“[s]egún

No

nuestro

de

Val

estado

v.

bajo

de

derecho vigente, no cabe la menor duda que el abogado tiene

derecho

a

recibir

una

compensación

razonable

por

los

servicios prestados”. Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de

P.R., supra, pág. 558.

Esta

compensación

razonable

proviene

del

precepto

legal de quantum meruit, es decir “[t]anto como se merece”.

I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra

ed. rev., San Juan, Ed. Lexis, 2000, pág. 395. De hecho, el

Art. 1473 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4111, viabiliza

las acciones para reclamar el mencionado importe razonable.

Dispone:

[...] En cuanto a los servicios profesionales, se

estará, para la remuneración de los mismos, a lo

convenido entre las partes; cuando no hubiere convenio

y surgieren diferencias, la parte con derecho a la

remuneración podrá reclamar y obtener en juicio de la

otra parte, ante cualquier corte de jurisdicción

competente, el importe razonable de dichos servicios.

Íd.

La figura jurídica de quantum meruit busca evitar el

enriquecimiento

injusto,

proveyendo

un

remedio

de

restitución fundamentado en elementos de justicia. Blanco

CC-2020-0127

11

Matos v. Colón Mulero, supra, pág. 413. En estos casos, el

tribunal tiene la facultad de determinar lo que considera

el valor razonable de la labor realizada. Ruiz de Val v.

Morales, supra, pág. 288. El peso de la prueba recae en el

reclamante.

“Es

este

quien

alega

tener

derecho

a

ser

remunerado y quien perdería todo derecho a ser compensado

de

no

presentarse

evidencia

alguna.

32

LPRA

Ap.

VI,

R.110(a) y (b)”. Blanco Matos v. Colón Mulero, supra, pág.

415. Al abogado demandante le corresponde presentar prueba

sobre: (1) las gestiones profesionales realizadas, (2) el

tiempo dedicado a cada una de las gestiones, y (3) el valor

razonable de las horas dedicadas. Colón v. All Amer. Life &

Cas. Co., 110 DPR 772, 777 (1981).

Como vemos, los tribunales fijarán los honorarios a

los

que

tenga

derecho

el

reclamante

tomando

en

consideración los factores enumerados en el Canon 24 del

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Blanco Matos v.

Colón Mulero, supra, pág. 415. Algunos de estos son: el

tiempo y trabajo requeridos, la novedad y dificultad de las

cuestiones envueltas, la habilidad que requiere conducir

propiamente el caso, y los honorarios que acostumbradamente

se cobran en el distrito judicial por servicios similares.

Íd.

Como

norma

general,

cuando

existe

un

pacto

de

honorarios, aplica el principio de pacta sunt servanta. Sin

embargo,

[e]n el pasado hemos aplicado la norma de quantum

meruit para fijar el monto de los honorarios de

abogado en distintos escenarios tales como: (1) el

abogado que pactó un contrato de honorarios con su

CC-2020-0127

12

cliente el cual se invalidó por alguna irregularidad

en su ejecución; (2) el abogado que fue destituido por

su cliente sin culminar el trabajo para el que fue

contratado; (3) el abogado que pactó honorarios

contingentes,

se

vio

obligado

a

desistir

voluntariamente de la reclamación por instrucción de

su cliente y no contempló esa eventualidad en el

contrato de servicios legales; y (4) el abogado que

renunció a la representación legal de su cliente,

antes de culminar la gestión profesional para la que

fue contratado por honorarios contingentes. Berkan et

al. v. Mead Johnson, supra, pág. ___.

De

igual

manera,

cuando

no

se

puedan

calcular

los

honorarios a base de un pacto de cuotalitis, los tribunales

estimarán

la

compensación

razonable

en

concepto

de

retribución a la labor realizada por el abogado. Pérez v.

Col.

Cirujanos

Dentistas

de

P.R.,

supra,

págs.

559-560;

Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., supra, pág. 777.

Por

otro

lado,

reconocen

que

un

algunas

contrato

jurisdicciones

de

honorarios

estatales

de

abogado

cuotalitis culmina con la muerte del cliente. A manera de

ejemplo, en In re Estate of Simmons, 362 Ill. App. 3d 944,

299 Ill. Dec. 302, 841 N.E.2d 1034 (5th Dist. 2005), el

cliente

y

honorarios

su

abogado

contingentes

habían

para

pactado

una

un

contrato

reclamación

de

de

daños

causados en un proceso médico. Antes de que culminara la

acción, el cliente murió por causas no relacionadas y los

herederos se negaron a que el abogado continuara con el

caso. El tribunal apelativo de Illinois determinó que ante

el hecho de que no se había dado la contingencia pactada,

el abogado tenía derecho a recobrar el costo razonable de

los servicios legales brindados. Se invocó la doctrina de

quantum

meruit.

Además,

el

tribunal

razonó

que

con

su

CC-2020-0127

13

decisión preservaba el derecho del cliente a tener control

de su causa de acción y a poder prescindir de los servicios

del abogado mientras se le permitía a este último obtener

una compensación razonable por los servicios brindados. Íd.

En

el

caso

contingentes

principios

de

autos,

el

contrato

culminó

con

la

muerte

aplicables

a

esta

causa

de

del

de

honorarios

cliente.

acción

Los

son

los

correspondientes al cobro de dinero bajo quantum meruit y

no los de cumplimiento de contrato. Por consiguiente, la

cuantía pactada en el contrato de contingencia deja de ser

la base para calcular la compensación a la que podría tener

derecho la licenciada Cruz Pérez. Una vez la letrada haya

cumplido

con

la

carga

inicial

de

evidenciar

la

labor

realizada, el tribunal determinará la cuantía razonable que

se

tiene

derecho

a

recibir

como

pago

de

honorarios,

teniendo en cuenta los criterios fijados en el Canon 24 del

Código de Ética Profesional, supra.

IV

La licenciada Cruz Pérez alega que las herederas del

causante, aquí recurridas, le adeudan el pago de honorarios

contingentes pactados a razón del veinte porciento (20%)

del valor de la participación del señor Roldán Graniela en

la comunidad postganancial, al momento de su muerte. Nos

pide que tomemos conocimiento judicial del expediente del

caso

de

evidencia

liquidación

de

la

de

labor

la

comunidad

profesional

postganancial

que

realizó.

como

Además,

reitera que se vio obligada a renunciar a petición de las

señoras

Roldán

Rodríguez

y

que

su

renuncia

no

fue

CC-2020-0127

14

voluntaria. No obstante, reconoce que el precitado caso no

culminó

con

una

liquidación

patrimonial

ni

con

una

adjudicación judicial en los méritos.

La licenciada Cruz Pérez, insiste contradictoriamente

en que le corresponde el cobro de honorarios conforme a la

valoración

principio

mencionada,

jurídico

utilizando

de

equidad,

como

pero

fundamento

reconoce

que

el

la

contingencia pactada no se consumó.

A la licenciada Cruz Pérez no le asiste la razón en

cuanto a que le corresponde el cobro de honorarios de forma

contingente.

La

normativa

aplicable

a

los

honorarios

contingentes es clara y es un hecho irrefutable que en el

caso de autos la letrada no culminó la gestión profesional

para la que se le contrató. Incluso, en la reclamación no

se recibió nada. El contrato es contundente al establecer:

“Los honorarios pactados serán el 20% de lo recibido en la

reclamación,

ya

sea

judicial

o

extrajudicialmente”.

(Énfasis nuestro).

Si bien es cierto que la presente reclamación amerita

la

concesión

de

desestimación,

un

remedio

también

es

ante un vacío jurídico.

y

por

cierto

tanto

que

no

no

procedía

su

nos

encontramos

El estándar aplicable es el de

quantum meruit.

La muerte del señor Roldán Graniela, mientras estaba

activo el pleito de liquidación, conllevó que sus hijas le

sustituyeran

como

parte.

Por

petición

de

ellas,

la

licenciada Cruz Pérez renunció a la representación legal de

su

cliente,

antes

de

culminar

su

gestión

profesional.

CC-2020-0127

Siendo

15

así,

se

configura

uno

de

los

escenarios

en

que

procede que se compense la labor profesional de la abogada

por virtud de la doctrina de quantum meruit. En vista de

que la licenciada Cruz Pérez se quedó sin cliente y se veía

imposibilitada de continuar la representación -al igual que

cuando un abogado es destituido por su cliente- no cabe

hablar de si la renuncia fue voluntaria o involuntaria.

Debemos preservar el derecho de una parte a retener el

control de su causa de acción y a poder prescindir de los

servicios de un abogado sin que esto impida que el abogado

obtenga

una

compensación

razonable

por

los

servicios

pacto

de

honorarios

brindados.

Aclaramos

que

cuando

hay

un

contingentes y el cliente muere sin que se haya dado la

contingencia,

y

el

abogado

queda

imposibilitado

de

continuar con su gestión, ya sea por conflicto de intereses

u

otras

causas,

procede

que

se

le

pague

un

importe

razonable por las gestiones que haya realizado hasta la

fecha en que su representación culminó. En estos casos, el

abogado que reclama el pago de honorarios deberá presentar

prueba sobre la justa causa para la renuncia, las gestiones

profesionales realizadas, el tiempo dedicado a cada una de

estas y el valor razonable de las horas trabajadas.

Así, el tribunal determinará la cuantía razonable que

debe pagarse al abogado conforme a los factores enumerados

en el Canon 24 de Ética Profesional, supra. No basta con

solicitarle al tribunal que tome conocimiento judicial del

expediente

del

caso

correspondiente.

Si

el

abogado

CC-2020-0127

16

reclamante no presenta prueba suficiente de las gestiones

realizadas estaría renunciando a ser compensado.

Finalmente,

viene

a

nuestra

atención

que

la

parte

recurrida reconoció en múltiples ocasiones el derecho de la

abogada a ser compensada por la labor realizada, según la

doctrina

de

licenciada

quantum

Cruz

meruit.

Pérez.

Esto

Aunque

fue

esta

rechazado

arguyó

que

por

el

la

foro

apelativo intermedio erró al desestimar sin considerar la

doctrina de quantum meruit, a su vez, erróneamente mantuvo

la postura invariable de que se le debía pagar tomando como

base el contrato suscrito. Incluso, bajo este fundamento la

licenciada

Cruz

Pérez

hecha

las

recurridas

por

rechazó

una

oferta

el

pago

para

extrajudicial

por

la

labor

realizada y posteriormente rechazó una oferta de sentencia

según la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

El Tribunal de Primera Instancia deberá considerar esto al

hacer

sus

determinaciones

correspondiente

como

finales

remuneración

en

cuanto

bajo

al

cómputo

la

doctrina

de

expuestos,

revocamos

la

quantum meruit.

V

Por

los

fundamentos

antes

sentencia del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso

al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los

procedimientos conforme con lo aquí dispuesto.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rina Cruz Pérez

Peticionaria

v.

CC-2020-0127

Delmarie

Roldán

Rodríguez;

Wilmarie

Roldán

Rodríguez;

Delma Rodríguez Morales

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de esta

Sentencia revocamos la sentencia del Tribunal de

Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que continúe con los

procedimientos conforme con lo aquí dispuesto.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

Secretario del Tribunal Supremo.

certifica

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

el