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Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA DE DECISIÓN

2022 TSPR 147

Poder Judicial de Puerto Rico

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FECHA DE DECISIÓN

NUMERO CASO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2022 TSPR 147

José C. Bonilla Rosado

210 DPR ___

Peticionario

Número del Caso:

Fecha:

CC-2022-818

14 de diciembre de 2022

Tribunal de Apelaciones:

Panel VII

Abogada de la parte peticionaria

Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico:

Lcda. Ana Esther Andrade Rivera

Materia:

Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2022-0818

José C. Bonilla Rosado

Peticionario

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2022.

Examinadas la Moción urgente de paralización

de los procedimientos en auxilio de la jurisdicción

de este augusto Tribunal Supremo de Puerto Rico, y la

Petición de certiorari, se provee No Ha Lugar tanto a

la moción como al recurso de certiorari.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

el

Secretario del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado

señor

Estrella

Martínez

emite

voto

particular

disidente, al cual se une la Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez. El Juez Asociado señor Colón Pérez emite

las siguientes expresiones: “A la luz de los hechos

tan particulares que presenta la causa de epígrafe,

el Juez Asociado señor Colón Pérez paralizaría y

expediría para — con el beneficio de la comparecencia

de todas las partes con interés en el litigio —

revisar con detenimiento la determinación tomada por

el Tribunal de Apelaciones, la cual revocó la

Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia.”

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

eaj

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2022-0818

José C. Bonilla Rosado

Peticionario

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Señor

ESTRELLA MARTÍNEZ, al cual se une la Jueza Presidenta ORONOZ

RODRÍGUEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2022.

Hoy, con un simple no ha lugar, la mayoría de los

miembros de este Tribunal propinan un golpe incidental pero

debilitante a uno de los pilares de nuestro sistema de

justicia penal. Y es que, inequívocamente, la determinación

que emitió el Tribunal de Apelaciones y que hoy apoya sub

silentio este Tribunal es irreconciliable con la médula del

razonamiento que, en Miranda v. Arizona, 384 US 436 (1966),

dio vida a una de las protecciones constitucionales más

fundamentales

para

quienes

emergen

como

sospechosos

en

investigaciones criminales.

A mi juicio, no es permisible que un agente del orden

público vestido como civil y que no está en funciones de

encubierto, obtenga una respuesta incriminatoria admisible

tras increpar a un sospechoso sobre la conducta delictiva

que alegadamente ya presenció y, peor aún, que no esté

CC-2022-0818

2

obligado a primero ofrecer las advertencias de rigor que

exige nuestro ordenamiento. Ello abre la puerta a que se

burlen las protecciones de Miranda con el único fin de tomar

ventaja de un sospechoso que desconoce de los

derechos

constitucionales que le están siendo violentados. Veamos.

I

Según surge del expediente, por hechos que alegadamente

tomaron lugar el 5 de mayo de 2022, el Estado presentó ciertas

denuncias y, posteriormente, acusaciones en contra del Sr.

José C. Bonilla Rosado (señor Bonilla Rosado) por violaciones

a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm.

4 de 23 de junio de 1971, 24 LPRA sec. 2101 et seq.

Por su parte, el señor Bonilla Rosado presentó una

Moción en solicitud de supresión de evidencia en la cual

sostuvo

que

la

evidencia

obtenida

fue

resultado

de

un

registro y arresto ilegal. A esto añadió que el testimonio

del Agente Ángel Vargas Cruz (agente Vargas Cruz) durante la

vista de causa

oposición

del

para arresto fue estereotipado. Tras

Estado,

el

Tribunal

de

Primera

la

Instancia

celebró una vista evidenciaria el 17 de agosto de 2022.

Posteriormente,

el

foro

de

instancia

emitió

una

Resolución. En esta consignó el testimonio del agente Vargas

Cruz como sigue:

Que trabajaba para la División de Drogas y

Narcóticos de Mayagüez hace 11 años y es el

encargado del cuarto de evidencia. Que el 5 de mayo

de 2022 tomó servicio a las 8:00 a.m. ya que estaba

citado al tribunal de Mayagüez. Una vez salió del

tribunal de Mayagüez, el agente Radam[é]s Miranda

le indicó que lo acompañara a verificar unas

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3

colindancias en determinado lugar, pero, no puede

recordar el lugar. Que una vez llegaron a ese lugar

se estacionaron y el agente Radam[é]s Miranda se

bajó del vehículo. Que él se quedó dentro del

vehículo y de momento a una distancia corta observó

a su mano derecha al acusado José C. Bonilla Rosado

en

una

propiedad

abandonada

con

una

bolsa

transparente con polvo blanco en su interior que

debido a su experiencia se trataba de la sustancia

controlada conocida como cocaína. Que al observar

esto se bajó del vehículo y se acercó al acusado

José C. Bonilla Rosado y que por su seguridad le

preguntó: “que tú haces ahí” a 1o que el acusado

José C. Bonilla Rosado contestó: “aquí curándome”.

Que al escuchar la respuesta le informó que era la

policía a lo que el acusado José C. Bonilla Rosado

deja caer la evidencia al suelo se levantó y trató

de irse del lugar, pero tropezó con un portón y con

la ayuda del agente Radam[é]s Miranda lo pusieron

bajo arresto. Que luego de arrestarlo le hizo las

Advertencias de Ley y un registro por seguridad [.]

[…] A preguntas de la defensa declaró que, una vez

llegó al lugar de los hechos observó al acusado José

C. Bonilla Rosado sentado en unas escaleras de una

estructura abandonada. Y desde esa distancia

observó al acusado José C. Bonilla Rosado con una

tapita y un encendedor con una bolsita con sustancia

controlada que a base de su experiencia contenía

sustancia controlada como cocaína. Que desde el

momento en que observó al acusado sentado en las

escaleras de la estructura abandonada haciendo uso

de sustancias controladas ya era sospechoso de

delito que decidió acercarse y no lo puso bajo

arresto y lo que primero que hizo es preguntarle:

"que haces ahí" a lo que el acusado José C. Bonilla

Rosado contestó: “me estoy curando" y no le hizo

las Advertencias de Ley de primera instancia. Le

hizo esa pregunta siendo ya sospechoso y no le hizo

las advertencias antes de preguntarle.1

Aunque el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el

testimonio del agente Vargas Cruz no fue estereotipado,

determinó que procedía la supresión de la evidencia. Esto,

pues, surgía del propio testimonio del agente del orden

público que el señor Bonilla Rosado era sospechoso de delito

1(Negrillas

suplidas).

certiorari, págs. 23-24.

Apéndice

de

Petición

de

CC-2022-0818

4

desde el momento en que este vio la bolsa transparente y la

sustancia blanca que identificó como cocaína. Por ende, el

foro primario dictaminó que el agente Vargas Cruz violó la

norma de Miranda y el derecho del señor Bonilla Rosado a no

incriminarse cuando, en vez de arrestarlo por tener motivos

fundados, le hizo una pregunta que resultó en una declaración

incriminatoria sin haberle hecho advertencia alguna.

Luego de una solicitud de reconsideración infructuosa,

el Estado acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un

recurso de certiorari. En consecuencia, el foro apelativo

intermedio

emitió

una

Sentencia

en

la

cual

revocó

la

determinación del foro de primera instancia. Concluyó que,

si bien el señor Bonilla Rosado era un sospechoso, no ocurrió

un

interrogatorio

toda

vez

que

este

desconocía

que

el

interrogador era un agente del Estado y, por consiguiente,

no existía atmósfera de coacción. Así mismo, determinó que

el señor Bonilla Rosado tampoco podía creer razonablemente

que estaba bajo la custodia del Estado, por lo que no se

manifestaron los requisitos para que el agente Vargas Cruz

estuviera obligado a informarle las advertencias de Miranda.

Desde mi perspectiva, al Tribunal de Apelaciones no le asiste

la razón. Me explico.

II

Como se sabe, tanto la Constitución de Puerto Rico como

la federal garantizan el derecho de todo ciudadano a no

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5

incriminarse y a que su silencio no sea usado en su contra.2

Este

“es

uno

de

los

derechos

más

fundamentales

y

trascendentales en nuestra jurisdicción”. Pueblo en interés

menor JABC, 123 DPR 551 (1989). Su aplicación cobra vigencia

“cuando

existe

una

probabilidad

real

de

que

las

contestaciones del sujeto a las preguntas del Estado sean

utilizadas en su contra en un proceso criminal”. Pueblo v.

Sustache Torres, 168 DPR 350, 354 (2006).

Desde Miranda v. Arizona, supra, el Tribunal Supremo

federal estableció una serie de advertencias dirigidas a

garantizar el derecho fundamental de un sospechoso contra la

autoincriminación.

Estas

son,

a

su

vez,

“las

garantías

mínimas que amparan a todo interrogado bajo custodia policial

en los estados y en Puerto Rico”. Pueblo v. Millán Pacheco,

182 DPR 595, 609 (2011). La obligación de impartir estas

advertencias surge “cuando la investigación asume un enfoque

acusatorio y adversativo, o sea, se enfoca en un sospechoso

particular”. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 573

(2008). Es, precisamente, debido a esto que es

doctrina jurisprudencial firmemente establecida,

tanto en la jurisdicción nuestra como en la federal,

que cuando una investigación criminal que está

siendo realizada por agentes del orden público se

centra sobre una persona en particular —esto es,

cuando esa persona se convierte en sospechosa de la

comisión del delito bajo investigación— si es que

dichos agentes pretenden interrogar al sospechoso,

dichos agentes vienen en la ineludible obligación

de advertirle inmediatamente a esta persona de una

serie de derechos constitucionales que nuestro

ordenamiento le garantiza; derechos tales como,

2Art.

II, Sec. 11, Const. de PR, LPRA, Tomo 1; Emda.

V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.

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6

entre otros: el derecho a permanecer callado; que

cualquier

manifestación

que

haga

podrá

ser

utilizada luego en su contra durante el juicio que

se le celebre[…]”. Pueblo v. De Jesús Alvarado, 148

DPR 995, 1000 (1999).

Por consiguiente, para reclamar con éxito una violación

a Miranda v. Arizona, supra, es necesaria la presencia de

los requisitos siguientes: “(1) que la persona haya hecho la

declaración

incriminatoria

como

producto

de

un

interrogatorio del Estado, (2) que tal interrogatorio haya

ocurrido mientras la persona era considerada sospechosa del

delito que se investiga, y (3) que tal interrogatorio haya

ocurrido estando la persona bajo la custodia del Estado”.

Pueblo v. Millán Pacheco, supra, págs. 612–613.

III

Contrario a la conclusión a la que arribó el foro

apelativo

intermedio,

este

recurso

presenta

todos

los

elementos necesarios para determinar que se configuró una

violación a la norma instaurada en Miranda.

De entrada, los hechos claros de este caso no abren paso

a debate alguno sobre la configuración de los primeros dos

(2) requisitos. Evidentemente, el señor Bonilla Rosado se

tornó en un sospechoso y su alegada conducta delictiva se

hizo objeto de investigación tan pronto el agente Vargas Cruz

identificó a plena vista la alegada sustancia ilegal en uso

y centró en este la investigación del delito. De hecho, así

mismo lo admitió el agente Vargas Cruz en el testimonio que

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ofreció durante la vista evidenciaria ante el Tribunal de

Primera Instancia.3

De igual forma, no puede cuestionarse que lo que ocurrió

fue un interrogatorio, aunque estuvo compuesto de una sola

pregunta. Recuérdese que un interrogatorio puede ser tanto

expreso, “aquel en el que la declaración incriminatoria es

producida como

respuesta a una

pregunta directa de los

agentes del Estado”, como funcional, aquel en el que conducta

o palabras de la policía, “que no sean aquellas normalmente

presentes en el arresto y custodia”, producirían respuestas

incriminatorias con probabilidad razonable. Pueblo v. Millán

Pacheco,

supra,

págs.

612–613.

Ciertamente,

hacer

una

pregunta tan neurálgica como “qué haces” a una persona que

se alega está activamente cometiendo un crimen está dirigida

a

provocar

una

respuesta

incriminatoria

o

tiene

alta

probabilidad de hacerlo.

Con respecto al tercero de los elementos, cabe señalar

que, aunque el señor Bonilla Rosado lo desconocía, ya no

estaba en libertad de marcharse desde el momento en que el

agente Vargas Cruz se le acercó, pues, debido a la actividad

ilegal que alegó haber observado, la interacción culminaría

inevitablemente con el arresto del acusado. Conforme ya lo

estableció este Tribunal en una circunstancia análoga,

la determinación de si ésta ha sido o no arrestada

no puede hacerse depender exclusivamente del hecho

de que el agente del orden público le haya informado

o no al detenido de su intención de ponerlo bajo

arresto. Tampoco depende exclusivamente de si el

3Regrabación

de vista evidenciaria, 37:25-42:00.

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agente tuvo la intención de que la intervención

fuera efectuada con el propósito de arrestar a la

persona o que así fuera entendida por el detenido.

Estos elementos subjetivos no configuran por sí

solos un arresto. Si se está o no bajo arresto

depende de si al hacer un análisis objetivo de la

totalidad de las circunstancias que rodean el

incidente se puede concluir que una persona

prudente y razonable, inocente de todo delito,

hubiera pensado que no estaba en libertad de

marcharse. Pueblo v. Pacheco Báez, 130 DPR 664, 669

(1992).

Es decir, que el señor Bonilla Rosado no supiera que

estaba en peligro de ser arrestado es irrelevante para

propósitos de determinar si estaba bajo la custodia del

Estado. Un análisis objetivo de los hechos deja claro que el

señor Bonilla Rosado no estaba en libertad de irse tan pronto

el agente Vargas Cruz se le acercó. De hecho, cuando este

intentó marcharse, inmediatamente se le puso bajo arresto.

Lo que es más, las circunstancias específicas de este

caso servían de escenario ideal para dar mayor contenido a

lo que significa estar bajo custodia para propósitos de esta

garantía constitucional. A mi parecer, este Tribunal debió

reconocer

que

la

manifestación

de

este

elemento

no

necesariamente implica que el Estado prive al sospechoso de

su libertad de modo literal. La amplitud del concepto de

libertad, y la propia esencia de las advertencias de Miranda,

entraña que el Estado no utilice una ventaja indebida contra

un individuo para obtener una declaración que le incrimine.

Esto, ya sea en un cuartel de la policía o en la calle frente

a un edificio abandonado, donde una persona responde que está

“curándose” ante una indagación de lo que hace y, de esta

CC-2022-0818

9

forma, hace una confesión viciada y completamente desasociada

de toda consideración sobre sus derechos constitucionales.

Como bien señaló el Juez Marshall en su disenso en

Illinois v. Perkins, 496 U.S. 292, 306 (1990), por no perder

de vista que “Miranda was not, however, concerned solely with

police coercion. It dealt with any police tactics that may

operate to compel a suspect in custody to make incriminating

statements

without

full

awareness

of

his

constitutional

rights”. Entiéndase, la coacción que busca erradicar el uso

de las advertencias de Miranda incluye el engaño por parte

de la policía y el elemento de coacción en sí no se elimina

por la ignorancia del sospechoso sobre la verdadera identidad

de su interrogador. Íd., págs. 306-308.

El caso ante nuestra consideración es emblemático,

precisamente, de la conducta policiaca engañosa que proscribe

el caso antes citado. Descontextualizar el escenario en que

ocurrieron los hechos y extraer como un autómata la pregunta

y la respuesta constituye, sencillamente, obviar que “ninguno

de estos elementos es de por sí solo concluyente, y su alcance

debe ser analizado, nuevamente, a la luz de lo que una persona

razonable hubiera pensado”. Pueblo v. Millán Pacheco, supra,

pág. 623. En ese sentido, esta controversia era óptima para

la celebración de una vista oral, máxime ante la necesidad

de

redefinir

los

contornos

de

tan

importante

garantía

constitucional frente al modus operandi del Estado.

En consecuencia, confrontados, pues, con el proceder de

un agente que se aprovecha de la anonimidad que le provee

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estar fuera de su uniforme para avanzar una investigación

criminal a través de un interrogatorio dirigido a evocar una

respuesta incriminatoria, a pesar de que ya presenció el

alegado delito, de que no estaba ejerciendo funciones como

encubierto

y

de

que

no

ofreció

advertencia

alguna,

correspondía que este Tribunal rechazara tal práctica de

forma incontrovertible y tajante. De nuevo, por admisión del

propio agente Vargas Cruz, este estaba vestido de civil y no

tenía su placa afuera ni a la vista,4 como tampoco estaba

efectuando labores encubiertas y el lugar a donde acompañó

al agente Radamés Miranda no era uno de alta incidencia

criminal.5 Los hechos incontrovertidos de este caso revelan

diáfanamente un abuso de las circunstancias para circunvalar

la protección de los derechos constitucionales del señor

Bonilla Rosado.

En fin, casos como este nos exigen, con mayor rigor,

descargar nuestra responsabilidad de ser garantes de los

derechos individuales de todas las personas que componen

nuestra sociedad, sin importar su condición social. Al optar

por la vía opuesta, este Tribunal contribuyó con su renuencia

a la dilución del poder proteccionista de las advertencias

de Miranda en nuestro ordenamiento. Me niego a avalar esta

actuación.

4Íd.,

42:50, 43:22-26.

5Íd.,

33:00, 35:21-35:55.

CC-2022-0818

11

IV

Por

los

fundamentos

antes

expresados,

disiento

del

proceder mayoritario. En cambio, hubiera declarado con lugar

la Moción urgente de paralización de los procedimientos en

auxilio de la jurisdicción de este augusto Tribunal Supremo

de Puerto Rico y expedido el recurso de certiorari. Esto,

con

el

fin

de

revocar

la

Sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones y restaurar el dictamen del Tribunal de Primera

Instancia.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado