Tribunal Supremo de Puerto Rico
FECHA DE DECISIÓN
2022 TSPR 147
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
FECHA DE DECISIÓN
NUMERO CASO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2022 TSPR 147
José C. Bonilla Rosado
210 DPR ___
Peticionario
Número del Caso:
Fecha:
CC-2022-818
14 de diciembre de 2022
Tribunal de Apelaciones:
Panel VII
Abogada de la parte peticionaria
Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico:
Lcda. Ana Esther Andrade Rivera
Materia:
Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un
servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2022-0818
José C. Bonilla Rosado
Peticionario
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2022.
Examinadas la Moción urgente de paralización
de los procedimientos en auxilio de la jurisdicción
de este augusto Tribunal Supremo de Puerto Rico, y la
Petición de certiorari, se provee No Ha Lugar tanto a
la moción como al recurso de certiorari.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
certifica
el
Secretario del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado
señor
Estrella
Martínez
emite
voto
particular
disidente, al cual se une la Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez. El Juez Asociado señor Colón Pérez emite
las siguientes expresiones: “A la luz de los hechos
tan particulares que presenta la causa de epígrafe,
el Juez Asociado señor Colón Pérez paralizaría y
expediría para — con el beneficio de la comparecencia
de todas las partes con interés en el litigio —
revisar con detenimiento la determinación tomada por
el Tribunal de Apelaciones, la cual revocó la
Resolución emitida por el Tribunal de Primera
Instancia.”
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
eaj
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2022-0818
José C. Bonilla Rosado
Peticionario
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Señor
ESTRELLA MARTÍNEZ, al cual se une la Jueza Presidenta ORONOZ
RODRÍGUEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2022.
Hoy, con un simple no ha lugar, la mayoría de los
miembros de este Tribunal propinan un golpe incidental pero
debilitante a uno de los pilares de nuestro sistema de
justicia penal. Y es que, inequívocamente, la determinación
que emitió el Tribunal de Apelaciones y que hoy apoya sub
silentio este Tribunal es irreconciliable con la médula del
razonamiento que, en Miranda v. Arizona, 384 US 436 (1966),
dio vida a una de las protecciones constitucionales más
fundamentales
para
quienes
emergen
como
sospechosos
en
investigaciones criminales.
A mi juicio, no es permisible que un agente del orden
público vestido como civil y que no está en funciones de
encubierto, obtenga una respuesta incriminatoria admisible
tras increpar a un sospechoso sobre la conducta delictiva
que alegadamente ya presenció y, peor aún, que no esté
CC-2022-0818
2
obligado a primero ofrecer las advertencias de rigor que
exige nuestro ordenamiento. Ello abre la puerta a que se
burlen las protecciones de Miranda con el único fin de tomar
ventaja de un sospechoso que desconoce de los
derechos
constitucionales que le están siendo violentados. Veamos.
I
Según surge del expediente, por hechos que alegadamente
tomaron lugar el 5 de mayo de 2022, el Estado presentó ciertas
denuncias y, posteriormente, acusaciones en contra del Sr.
José C. Bonilla Rosado (señor Bonilla Rosado) por violaciones
a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm.
4 de 23 de junio de 1971, 24 LPRA sec. 2101 et seq.
Por su parte, el señor Bonilla Rosado presentó una
Moción en solicitud de supresión de evidencia en la cual
sostuvo
que
la
evidencia
obtenida
fue
resultado
de
un
registro y arresto ilegal. A esto añadió que el testimonio
del Agente Ángel Vargas Cruz (agente Vargas Cruz) durante la
vista de causa
oposición
del
para arresto fue estereotipado. Tras
Estado,
el
Tribunal
de
Primera
la
Instancia
celebró una vista evidenciaria el 17 de agosto de 2022.
Posteriormente,
el
foro
de
instancia
emitió
una
Resolución. En esta consignó el testimonio del agente Vargas
Cruz como sigue:
Que trabajaba para la División de Drogas y
Narcóticos de Mayagüez hace 11 años y es el
encargado del cuarto de evidencia. Que el 5 de mayo
de 2022 tomó servicio a las 8:00 a.m. ya que estaba
citado al tribunal de Mayagüez. Una vez salió del
tribunal de Mayagüez, el agente Radam[é]s Miranda
le indicó que lo acompañara a verificar unas
CC-2022-0818
3
colindancias en determinado lugar, pero, no puede
recordar el lugar. Que una vez llegaron a ese lugar
se estacionaron y el agente Radam[é]s Miranda se
bajó del vehículo. Que él se quedó dentro del
vehículo y de momento a una distancia corta observó
a su mano derecha al acusado José C. Bonilla Rosado
en
una
propiedad
abandonada
con
una
bolsa
transparente con polvo blanco en su interior que
debido a su experiencia se trataba de la sustancia
controlada conocida como cocaína. Que al observar
esto se bajó del vehículo y se acercó al acusado
José C. Bonilla Rosado y que por su seguridad le
preguntó: “que tú haces ahí” a 1o que el acusado
José C. Bonilla Rosado contestó: “aquí curándome”.
Que al escuchar la respuesta le informó que era la
policía a lo que el acusado José C. Bonilla Rosado
deja caer la evidencia al suelo se levantó y trató
de irse del lugar, pero tropezó con un portón y con
la ayuda del agente Radam[é]s Miranda lo pusieron
bajo arresto. Que luego de arrestarlo le hizo las
Advertencias de Ley y un registro por seguridad [.]
[…] A preguntas de la defensa declaró que, una vez
llegó al lugar de los hechos observó al acusado José
C. Bonilla Rosado sentado en unas escaleras de una
estructura abandonada. Y desde esa distancia
observó al acusado José C. Bonilla Rosado con una
tapita y un encendedor con una bolsita con sustancia
controlada que a base de su experiencia contenía
sustancia controlada como cocaína. Que desde el
momento en que observó al acusado sentado en las
escaleras de la estructura abandonada haciendo uso
de sustancias controladas ya era sospechoso de
delito que decidió acercarse y no lo puso bajo
arresto y lo que primero que hizo es preguntarle:
"que haces ahí" a lo que el acusado José C. Bonilla
Rosado contestó: “me estoy curando" y no le hizo
las Advertencias de Ley de primera instancia. Le
hizo esa pregunta siendo ya sospechoso y no le hizo
las advertencias antes de preguntarle.1
Aunque el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el
testimonio del agente Vargas Cruz no fue estereotipado,
determinó que procedía la supresión de la evidencia. Esto,
pues, surgía del propio testimonio del agente del orden
público que el señor Bonilla Rosado era sospechoso de delito
1(Negrillas
suplidas).
certiorari, págs. 23-24.
Apéndice
de
Petición
de
CC-2022-0818
4
desde el momento en que este vio la bolsa transparente y la
sustancia blanca que identificó como cocaína. Por ende, el
foro primario dictaminó que el agente Vargas Cruz violó la
norma de Miranda y el derecho del señor Bonilla Rosado a no
incriminarse cuando, en vez de arrestarlo por tener motivos
fundados, le hizo una pregunta que resultó en una declaración
incriminatoria sin haberle hecho advertencia alguna.
Luego de una solicitud de reconsideración infructuosa,
el Estado acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un
recurso de certiorari. En consecuencia, el foro apelativo
intermedio
emitió
una
Sentencia
en
la
cual
revocó
la
determinación del foro de primera instancia. Concluyó que,
si bien el señor Bonilla Rosado era un sospechoso, no ocurrió
un
interrogatorio
toda
vez
que
este
desconocía
que
el
interrogador era un agente del Estado y, por consiguiente,
no existía atmósfera de coacción. Así mismo, determinó que
el señor Bonilla Rosado tampoco podía creer razonablemente
que estaba bajo la custodia del Estado, por lo que no se
manifestaron los requisitos para que el agente Vargas Cruz
estuviera obligado a informarle las advertencias de Miranda.
Desde mi perspectiva, al Tribunal de Apelaciones no le asiste
la razón. Me explico.
II
Como se sabe, tanto la Constitución de Puerto Rico como
la federal garantizan el derecho de todo ciudadano a no
CC-2022-0818
5
incriminarse y a que su silencio no sea usado en su contra.2
Este
“es
uno
de
los
derechos
más
fundamentales
y
trascendentales en nuestra jurisdicción”. Pueblo en interés
menor JABC, 123 DPR 551 (1989). Su aplicación cobra vigencia
“cuando
existe
una
probabilidad
real
de
que
las
contestaciones del sujeto a las preguntas del Estado sean
utilizadas en su contra en un proceso criminal”. Pueblo v.
Sustache Torres, 168 DPR 350, 354 (2006).
Desde Miranda v. Arizona, supra, el Tribunal Supremo
federal estableció una serie de advertencias dirigidas a
garantizar el derecho fundamental de un sospechoso contra la
autoincriminación.
Estas
son,
a
su
vez,
“las
garantías
mínimas que amparan a todo interrogado bajo custodia policial
en los estados y en Puerto Rico”. Pueblo v. Millán Pacheco,
182 DPR 595, 609 (2011). La obligación de impartir estas
advertencias surge “cuando la investigación asume un enfoque
acusatorio y adversativo, o sea, se enfoca en un sospechoso
particular”. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 573
(2008). Es, precisamente, debido a esto que es
doctrina jurisprudencial firmemente establecida,
tanto en la jurisdicción nuestra como en la federal,
que cuando una investigación criminal que está
siendo realizada por agentes del orden público se
centra sobre una persona en particular —esto es,
cuando esa persona se convierte en sospechosa de la
comisión del delito bajo investigación— si es que
dichos agentes pretenden interrogar al sospechoso,
dichos agentes vienen en la ineludible obligación
de advertirle inmediatamente a esta persona de una
serie de derechos constitucionales que nuestro
ordenamiento le garantiza; derechos tales como,
2Art.
II, Sec. 11, Const. de PR, LPRA, Tomo 1; Emda.
V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.
CC-2022-0818
6
entre otros: el derecho a permanecer callado; que
cualquier
manifestación
que
haga
podrá
ser
utilizada luego en su contra durante el juicio que
se le celebre[…]”. Pueblo v. De Jesús Alvarado, 148
DPR 995, 1000 (1999).
Por consiguiente, para reclamar con éxito una violación
a Miranda v. Arizona, supra, es necesaria la presencia de
los requisitos siguientes: “(1) que la persona haya hecho la
declaración
incriminatoria
como
producto
de
un
interrogatorio del Estado, (2) que tal interrogatorio haya
ocurrido mientras la persona era considerada sospechosa del
delito que se investiga, y (3) que tal interrogatorio haya
ocurrido estando la persona bajo la custodia del Estado”.
Pueblo v. Millán Pacheco, supra, págs. 612–613.
III
Contrario a la conclusión a la que arribó el foro
apelativo
intermedio,
este
recurso
presenta
todos
los
elementos necesarios para determinar que se configuró una
violación a la norma instaurada en Miranda.
De entrada, los hechos claros de este caso no abren paso
a debate alguno sobre la configuración de los primeros dos
(2) requisitos. Evidentemente, el señor Bonilla Rosado se
tornó en un sospechoso y su alegada conducta delictiva se
hizo objeto de investigación tan pronto el agente Vargas Cruz
identificó a plena vista la alegada sustancia ilegal en uso
y centró en este la investigación del delito. De hecho, así
mismo lo admitió el agente Vargas Cruz en el testimonio que
CC-2022-0818
7
ofreció durante la vista evidenciaria ante el Tribunal de
Primera Instancia.3
De igual forma, no puede cuestionarse que lo que ocurrió
fue un interrogatorio, aunque estuvo compuesto de una sola
pregunta. Recuérdese que un interrogatorio puede ser tanto
expreso, “aquel en el que la declaración incriminatoria es
producida como
respuesta a una
pregunta directa de los
agentes del Estado”, como funcional, aquel en el que conducta
o palabras de la policía, “que no sean aquellas normalmente
presentes en el arresto y custodia”, producirían respuestas
incriminatorias con probabilidad razonable. Pueblo v. Millán
Pacheco,
supra,
págs.
612–613.
Ciertamente,
hacer
una
pregunta tan neurálgica como “qué haces” a una persona que
se alega está activamente cometiendo un crimen está dirigida
a
provocar
una
respuesta
incriminatoria
o
tiene
alta
probabilidad de hacerlo.
Con respecto al tercero de los elementos, cabe señalar
que, aunque el señor Bonilla Rosado lo desconocía, ya no
estaba en libertad de marcharse desde el momento en que el
agente Vargas Cruz se le acercó, pues, debido a la actividad
ilegal que alegó haber observado, la interacción culminaría
inevitablemente con el arresto del acusado. Conforme ya lo
estableció este Tribunal en una circunstancia análoga,
la determinación de si ésta ha sido o no arrestada
no puede hacerse depender exclusivamente del hecho
de que el agente del orden público le haya informado
o no al detenido de su intención de ponerlo bajo
arresto. Tampoco depende exclusivamente de si el
3Regrabación
de vista evidenciaria, 37:25-42:00.
CC-2022-0818
8
agente tuvo la intención de que la intervención
fuera efectuada con el propósito de arrestar a la
persona o que así fuera entendida por el detenido.
Estos elementos subjetivos no configuran por sí
solos un arresto. Si se está o no bajo arresto
depende de si al hacer un análisis objetivo de la
totalidad de las circunstancias que rodean el
incidente se puede concluir que una persona
prudente y razonable, inocente de todo delito,
hubiera pensado que no estaba en libertad de
marcharse. Pueblo v. Pacheco Báez, 130 DPR 664, 669
(1992).
Es decir, que el señor Bonilla Rosado no supiera que
estaba en peligro de ser arrestado es irrelevante para
propósitos de determinar si estaba bajo la custodia del
Estado. Un análisis objetivo de los hechos deja claro que el
señor Bonilla Rosado no estaba en libertad de irse tan pronto
el agente Vargas Cruz se le acercó. De hecho, cuando este
intentó marcharse, inmediatamente se le puso bajo arresto.
Lo que es más, las circunstancias específicas de este
caso servían de escenario ideal para dar mayor contenido a
lo que significa estar bajo custodia para propósitos de esta
garantía constitucional. A mi parecer, este Tribunal debió
reconocer
que
la
manifestación
de
este
elemento
no
necesariamente implica que el Estado prive al sospechoso de
su libertad de modo literal. La amplitud del concepto de
libertad, y la propia esencia de las advertencias de Miranda,
entraña que el Estado no utilice una ventaja indebida contra
un individuo para obtener una declaración que le incrimine.
Esto, ya sea en un cuartel de la policía o en la calle frente
a un edificio abandonado, donde una persona responde que está
“curándose” ante una indagación de lo que hace y, de esta
CC-2022-0818
9
forma, hace una confesión viciada y completamente desasociada
de toda consideración sobre sus derechos constitucionales.
Como bien señaló el Juez Marshall en su disenso en
Illinois v. Perkins, 496 U.S. 292, 306 (1990), por no perder
de vista que “Miranda was not, however, concerned solely with
police coercion. It dealt with any police tactics that may
operate to compel a suspect in custody to make incriminating
statements
without
full
awareness
of
his
constitutional
rights”. Entiéndase, la coacción que busca erradicar el uso
de las advertencias de Miranda incluye el engaño por parte
de la policía y el elemento de coacción en sí no se elimina
por la ignorancia del sospechoso sobre la verdadera identidad
de su interrogador. Íd., págs. 306-308.
El caso ante nuestra consideración es emblemático,
precisamente, de la conducta policiaca engañosa que proscribe
el caso antes citado. Descontextualizar el escenario en que
ocurrieron los hechos y extraer como un autómata la pregunta
y la respuesta constituye, sencillamente, obviar que “ninguno
de estos elementos es de por sí solo concluyente, y su alcance
debe ser analizado, nuevamente, a la luz de lo que una persona
razonable hubiera pensado”. Pueblo v. Millán Pacheco, supra,
pág. 623. En ese sentido, esta controversia era óptima para
la celebración de una vista oral, máxime ante la necesidad
de
redefinir
los
contornos
de
tan
importante
garantía
constitucional frente al modus operandi del Estado.
En consecuencia, confrontados, pues, con el proceder de
un agente que se aprovecha de la anonimidad que le provee
CC-2022-0818
10
estar fuera de su uniforme para avanzar una investigación
criminal a través de un interrogatorio dirigido a evocar una
respuesta incriminatoria, a pesar de que ya presenció el
alegado delito, de que no estaba ejerciendo funciones como
encubierto
y
de
que
no
ofreció
advertencia
alguna,
correspondía que este Tribunal rechazara tal práctica de
forma incontrovertible y tajante. De nuevo, por admisión del
propio agente Vargas Cruz, este estaba vestido de civil y no
tenía su placa afuera ni a la vista,4 como tampoco estaba
efectuando labores encubiertas y el lugar a donde acompañó
al agente Radamés Miranda no era uno de alta incidencia
criminal.5 Los hechos incontrovertidos de este caso revelan
diáfanamente un abuso de las circunstancias para circunvalar
la protección de los derechos constitucionales del señor
Bonilla Rosado.
En fin, casos como este nos exigen, con mayor rigor,
descargar nuestra responsabilidad de ser garantes de los
derechos individuales de todas las personas que componen
nuestra sociedad, sin importar su condición social. Al optar
por la vía opuesta, este Tribunal contribuyó con su renuencia
a la dilución del poder proteccionista de las advertencias
de Miranda en nuestro ordenamiento. Me niego a avalar esta
actuación.
4Íd.,
42:50, 43:22-26.
5Íd.,
33:00, 35:21-35:55.
CC-2022-0818
11
IV
Por
los
fundamentos
antes
expresados,
disiento
del
proceder mayoritario. En cambio, hubiera declarado con lugar
la Moción urgente de paralización de los procedimientos en
auxilio de la jurisdicción de este augusto Tribunal Supremo
de Puerto Rico y expedido el recurso de certiorari. Esto,
con
el
fin
de
revocar
la
Sentencia
del
Tribunal
de
Apelaciones y restaurar el dictamen del Tribunal de Primera
Instancia.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado