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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Eduardo M. Joglar Castillo

2022 TSPR 144

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Eduardo M. Joglar Castillo

CP-2018-10

28 de noviembre de 2022 · Conducta Profesional – Amonestación y apercibimiento por violación a los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2022 TSPR 144

Eduardo M. Joglar Castillo

(TS-7,301)

Número del Caso:

Fecha:

210 DPR ___

CP-2018-10

28 de noviembre de 2022

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Joseph Feldstein Del Valle

Subprocurador General

Lcda. María Delgado González

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Querellado:

Lcdo. Roberto Berríos Falcón

Comisionada Especial:

Hon. Crisanta González Seda

Materia:

Conducta Profesional – Amonestación y apercibimiento por

violación a los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-2018-10

Eduardo M. Joglar Castillo

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2022.

En

ejercer

el

presente

nuestra

caso

nos

facultad

vemos

obligados

disciplinaria

y,

a

en

consecuencia, amonestar y apercibir a un miembro de

la profesión legal por quebrantar los principios

deontológicos que recogen los Cánones 35 y 38 del

Código de Ética Profesional, infra. Veamos.

I.

El

Lcdo.

Eduardo

M.

Joglar

Castillo

(en

adelante, “licenciado Joglar Castillo”) fue admitido

al ejercicio de la abogacía el 17 de noviembre de

1981 y al ejercicio de la notaría el 27 de abril de

1982.

CP-2018-10

2

Allá para el 16 de junio de 2016, Advanced Wireless

Communications,

Inc.

(en

adelante,

“Advanced”)

--

por

conducto de su presidente, el Sr. Gerald A. Torres Nogueras

(en adelante, “señor Torres Nogueras”), -- presentó ante este

Tribunal una queja disciplinaria en contra del licenciado

Joglar Castillo. En ésta, alegó que el referido letrado fue

Presidente y abogado de Advanced desde el 7 de marzo de 2002

hasta el 4 de marzo de 2013, -- fecha en que le fue cursada

una carta de terminación de empleo y cese de cualquier

gestión en representación de dicha empresa --,1 y que figuró

en los libros corporativos de Advanced en calidad de agente

residente hasta el 10 de febrero de 2016.

En síntesis, Advanced sostuvo que el 3 de noviembre de

2015 el licenciado Joglar Castillo, quien para esa fecha no

era empleado de la referida corporación, en su carácter de

agente residente, fue emplazado y recibió copia de cierta

demanda instada en contra de Advanced,2 pero que no fue sino

hasta el 16 de diciembre de 2015 -- es decir, transcurridos

43 días desde que recibió los referidos documentos -- que

notificó y remitió los mismos a esta última. La referida

corporación expuso que, en ese pleito, el Tribunal de Primera

Instancia le anotó la rebeldía y que, tanto dicho foro como

A raíz de ello, el licenciado Joglar Castillo incoó dos pleitos: Joglar

v. AWCI, LLC y otros (Civil Núm. KAC2013-0185) y Joglar v. AWC y otros

(Civil Núm. KAC2013-0186). En ambos casos, el referido letrado reclamó,

entre otros asuntos, la liquidación de su participación en AWCI, LLC y

Advanced, respectivamente.

1

2

Nelson Gutiérrez Rodríguez v. AWC (Civil Núm. A AC2015-0135).

CP-2018-10

3

el Tribunal de Apelaciones, le denegaron la solicitud de

levantamiento de anotación de la misma.

Enterado de la queja en su contra, el referido letrado

compareció ante nos y expresó que la conducta imputada no se

dio en el contexto del ejercicio de la profesión legal, que

actuó de forma diligente al recibir el emplazamiento y la

demanda

de

referencia,

disciplinario

estaba

y

que

siendo

el

presente

utilizado

como

procedimiento

mecanismo

de

presión.3

Examinada la queja, así como las comparecencias de las

partes, el 20 de marzo de 2017 esta Curia notificó una

Resolución por virtud de la cual refirió el presente asunto

disciplinario

a

la

Oficina

del

Procurador

General.

Lo

anterior, para que realizara la investigación de rigor y nos

sometiera el informe correspondiente.

Posteriormente, el 5 de abril de 2017 para ser exactos,

Advanced presentó una Moción jurada suplementando queja ética

e informando sobre descalificación de Lcdo. Enrique Mendoza

como abogado del promovido. En

su escrito,

la

referida

corporación adujo que -- en cierto litigio pendiente en

contra de éste, Caso Civil Núm. KAC2013-0186 -- advino en

conocimiento de ciertas actuaciones adicionales incurridas

En específico, el licenciado Joglar Castillo señaló que, en el Caso

Civil Núm. A AC2015-0135, el foro apelativo intermedio sustentó su

denegatoria al levantamiento de la anotación de rebeldía de Advanced en

que dicha entidad corporativa fue emplazada conforme a derecho a través

de quien era su agente residente para la fecha y que no le acreditó al

tribunal que tuviese una buena defensa en los méritos. Además, dicho foro

sentenció que la referida corporación admitió que, por error

involuntario, no gestionó el cambio de agente residente ante el

Departamento de Estado.

3

CP-2018-10

por

el

4

licenciado

Joglar

Castillo

que,

a

su

juicio,

constituían una violación a los Cánones 35 y 38 del Código

de Ética Profesional, infra.

Específicamente,

Advanced

arguyó

que

el

referido

letrado, dueño de IWorld, se apropió de un teléfono celular

que el Sr. Luiz A. Penna (en adelante, “señor Penna”),

accionista y secretario de Advanced, le vendió al aludido

negocio y, de esta manera, tuvo acceso a correos electrónicos

y

documentos

privilegiados

y

confidenciales

sobre

estrategias de litigio, secretos de negocio y proyecciones

financieras de Advanced almacenadas en dicho dispositivo

móvil, los cuales el licenciado Joglar Castillo guardó y

posteriormente entregó a quien era su representante legal en

ese

momento.

Asimismo,

expresó

que

el

referido

letrado

admitió tales hechos en cierta Declaración Jurada otorgada

por éste el 24 de agosto de 2016,4 lo cual resultó en la

En lo pertinente, el licenciado

Declaración Jurada lo siguiente:

4

Joglar

Castillo

manifestó

en

3. El Sr. Luiz Penna acudió al negocio IWorld y vendió su

teléfono celular por $100.00.

4. Soy uno de los dueños de ese negocio.

5. El Sr. Penna vendió su teléfono con toda su información

en el mismo. Dicha información contenía los documentos

producidos.

6. Mi socio en IWorld, el Sr. Luis Daniel Batista me entregó

el teléfono.

7. Al darme cuenta de que algunos documentos trataban asuntos

de la corporación en la cual poseo una tercera parte de las

acciones, imprimí algunos, pero luego los descarté. Sin

embargo, varios documentos (los producidos), por error,

quedaron en la caja de documentos del caso la cual tenía en

mis oficinas. No le di importancia alguna a los documentos.

El teléfono fue vendido, intacto o en piezas no tenemos

constancia.

la

CP-2018-10

5

descalificación de su representación legal en el Caso Civil

Núm. KAC2013-0186.5

Así las cosas, y luego de realizar la correspondiente

investigación en el marco de todas las alegaciones antes

descritas, el 30 de agosto de 2017 la Oficina del Procurador

General presentó su Informe a este Tribunal. En su escrito,

dicha dependencia gubernamental concluyó que, aun cuando la

conducta incurrida por el licenciado Joglar Castillo no se

dio en el contexto de su desempeño como abogado, éste sí

incurrió en serias violaciones a los Cánones 35 y 38 del

Código de Ética Profesional, infra, tras razonar que sus

actuaciones

fueron

“deshonrosas

y

no

son

dignas

de

la

profesión”. Véase, Informe del Procurador General, pág. 13.

8. Entregué la caja de documentos a la oficina del Lic.

Enrique J. Mendoza Méndez, donde evidentemente se copió su

contenido en ocasión de la producción de documentos. No los

mostré ni los discutí con el Lic. Enrique J. Mendoza Méndez.

9. Los documentos producidos a la parte demandada fueron

voluminosos, razón por la cual en mi deposición del 28 de

junio de 2016 no reconocí los documentos como parte de la

producción ni su procedencia.

10. Sin embargo, luego de revisar, subsiguiente a la

deposición lo producido, puedo afirmar que son parte de los

documentos que el Sr. Luiz Penna entregó en su teléfono cuando

lo vendió. Ciertamente, el yo no reconocer los documentos

ante el hecho cierto que los produjimos en el caso me obligó

a buscar en la caja de documentos y cuando me topé con ellos

pude ubicarlos en mi mente como algunos de aquellos que fueron

entregados por el Sr. Penna cuando vendió su teléfono

celular. La explicación es que no tenían importancia alguna

y por ello no lo recordé. (Énfasis suplido). Véase,

Declaración Jurada suscrita por el licenciado Joglar Castillo

el 24 de agosto de 2016.

El Tribunal de Primera Instancia fundamentó la descalificación del

Bufete Mendoza Law Offices -- representación legal del licenciado Joglar

Castillo -- en la mera apariencia de conducta impropia respecto a la

forma en que los documentos de referencia fueron obtenidos.

5

CP-2018-10

6

Luego de varios incidentes procesales no necesarios aquí

pormenorizar,6 el 8 de diciembre de 2017 el referido letrado

presentó una Oposición al Informe del Procurador General. En

esencia, éste negó haber incurrido en violación alguna al

Código de Ética Profesional, infra, y solicitó el archivo de

la queja. Particularmente, subrayó que nunca fue abogado de

Advanced y que no tenía comunicación alguna con los miembros

de la mencionada corporación. A su vez, reiteró que, a su

modo

de

ver,

el

emplazamiento

que

le

fue

cursado

era

inoficioso y afirmó que cualquier daño sufrido por Advanced

era autoinfligido tras ésta no gestionar oportunamente el

cambio de agente residente ante el Departamento de Estado.

Respecto a los documentos obtenidos del teléfono celular

que el señor Penna vendió a IWorld, el licenciado Joglar

Castillo manifestó que tenía derecho a esa información por

ser uno de los accionistas de Advanced; que ninguno de los

documentos era privilegiado y que, de ello sostenerse en la

afirmativa, entonces el señor Penna y la referida empresa

renunciaron

al

privilegio

abogado-cliente;

que

imprimió

algunos documentos del teléfono celular en cuestión, pero

por inadvertencia no destruyó aquellos que fueron producidos

como parte del descubrimiento de prueba; y que la deposición

En particular, el 25 de octubre de 2017 Advanced presentó una Moción

solicitando recomendación de desestimación. En su escrito, dicha entidad

suplicó que este Tribunal auscultara la posibilidad de recomendarle al

Tribunal de Primera Instancia que desestimara con perjuicio las dos

demandas incoadas por el licenciado Joglar Castillo en su contra. El

referido letrado se opuso a la aludida moción el 8 de diciembre de 2017.

En resumen, éste alegó que Advanced utilizaba el presente proceso

disciplinario para oprimirlo y despojarlo de su propiedad obligándolo a

transigir las reclamaciones, así como mecanismo alterno de los procesos

que se ventilaban entre las partes ante los foros judiciales.

6

CP-2018-10

que

le

7

fue

tomada

era

inconclusa,

pues

aún

no

había

finalizado.

Por su parte, el 27 de diciembre de 2017 Advanced

sometió

una

Breve

réplica

a

oposición

a

Informe

del

Procurador General. En suma, reiteró que el referido letrado

fungió como abogado de dicha corporación y nos solicitó que

acogiéramos las recomendaciones del Procurador General tal

cual esbozadas en su Informe.

Así pues, evaluado el Informe del Procurador General,

así como los escritos presentados por las partes, el 26 de

enero

de

2018

este

Tribunal

ordenó

a

la

Oficina

del

Procurador General a presentar la correspondiente querella.

En cumplimiento con lo anterior, el 11 de mayo de 2018

dicha dependencia gubernamental presentó cierta Querella en

la cual le imputó al licenciado Joglar Castillo dos (2)

cargos por violación a los Cánones 35 y 38 del Código de

Ética Profesional, infra. En específico, la Oficina del

Procurador General señaló lo siguiente:

PRIMER Y SEGUNDO CARGO: El licenciado Eduardo M.

Joglar Castillo infringió los preceptos de los

Cánones 35 y 38 de Ética Profesional, al no ser

sincero

ni

honrado,

al

utilizar

medios

inconsistentes con la verdad, así como al inducir

al juzgador a error utilizando artificios o una

falsa relación de los hechos o del derecho, y al

no exaltar el honor ni la dignidad de la profesión,

no evitar hasta la apariencia de conducta

profesional impropia y, en su conducta como

funcionario del tribunal, al no interesarse en

hacer su propia y cabal aportación hacia la

consecución de una mejor administración de la

justicia. Esto al omitir la oportuna notificación

de una demanda y emplazamiento a [Advanced], sobre

quien era agente residente y había sido previamente

su abogado, ocasionándole la anotación de rebeldía

CP-2018-10

8

en el pleito. Además, al declarar bajo juramento

desconocer la procedencia de unos documentos que

entregó como parte de la producción de un caso,

sobre

lo

cual

posteriormente

declaró

específicamente saber cómo habían llegado a sus

manos. Esto aparte de que el método de obtención y

uso para beneficio personal de esos documentos,

algunos privilegiados o confidenciales, resulta en

una falta de sinceridad y honradez del querellado.

Enterado de la querella en su contra, el 23 de julio de

2018 el referido letrado presentó su contestación a la misma.

En resumen, sostuvo que Advanced se autoinfligió el daño al

no realizar las gestiones pertinentes para el cambio oportuno

de

su

agente

residente

y

reiteró

que

entendía

que

el

emplazamiento en su persona era inoficioso.

Con relación a los documentos obtenidos del teléfono

celular

del

señor

Penna,

el

licenciado

Joglar

Castillo

insistió en que desconocía la procedencia de éstos al momento

en que se le preguntó por ello en la deposición tomada en el

Caso Civil Núm. KAC2013-0186, pues la producción en dicho

pleito fue voluminosa y había transcurrido más de un (1) año

desde la venta del teléfono celular a IWorld. No obstante,

el referido letrado indicó que posteriormente se percató de

su origen y así lo hizo constar en una declaración jurada

prestada a esos fines.

De igual manera, el licenciado Joglar Castillo expresó

que la Oficina del Procurador General determinó que tales

documentos eran privilegiados o confidenciales sin siquiera

examinarlos ni brindarle deferencia a la determinación previa

del

foro

primario

respecto

a

la

descalificación

de

representación legal en el Caso Civil Núm. KAC2013-0186.

su

CP-2018-10

9

Así pues, tras examinar la querella y la contestación a

ésta por parte del referido letrado, el 15 de septiembre de

2021 esta Curia designó a la Hon. Crisanta González Seda,

exjueza del Tribunal de Primera Instancia, como Comisionada

Especial (en adelante, “Comisionada”) en el procedimiento

disciplinario de epígrafe. Ésta tendría la función de recibir

la prueba relacionada al presente proceso disciplinario,

realizar

las

conclusiones

de

derecho

y

presentarnos

el

informe de rigor.

De conformidad con la tarea delegada, el 8 de diciembre

de 2021 la Comisionada llamó este caso para vista.7 En ésta,

la

Oficina

del

Procurador

General

presentó

como

prueba

testifical los testimonios del señor Torres Nogueras, el

señor Penna y la Lcda. Yahira Caro Domínguez, esta última

representante legal de Advanced. Por su parte, el licenciado

Joglar Castillo presentó como prueba testifical su propio

testimonio y el del Sr. Daniel Batista Ventura (en adelante,

“señor Batista Ventura”), quien fuera su socio del negocio

IWorld.

Evaluada la prueba testifical y documental, así como

las alegaciones y las argumentaciones finales de ambas partes

en el presente proceso disciplinario, el 24 de marzo de 2022

En igual fecha, el licenciado Joglar Castillo presentó una Moción sobre

desestimación bajo la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo. A

través de este escrito, en esencia, solicitó la desestimación de la queja

de epígrafe por entender que el señor Torres Nogueras carecía de

capacidad representativa que le permitiera juramentar la misma. Sin

embargo, ello no nos convence. Se trata aquí, pues, de una persona -- en

este caso, el señor Torres Nogueras -- con conocimiento personal de los

hechos que originaron el presente procedimiento disciplinario.

7

CP-2018-10

10

la Comisionada presentó su Informe a este Tribunal. En éste,

concluyó que, en efecto, el referido letrado infringió los

Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, infra. No

obstante, para el momento en que fuésemos a imponer algún

tipo de sanción, nos recomendó tomar en consideración que el

licenciado

Joglar

Castillo

no

había

tenido

ningún

otro

señalamiento ético en su carrera profesional -- una de 40

años -- y aceptó que no debió actuar como lo hizo.

Oportunamente,

el

referido

letrado

presentó

su

Oposición al Informe de la Comisionada Especial en el caso

de marras. Dicho escrito fue notificado a todas las partes

con interés en el presente proceso disciplinario.

Examinado el cuadro fáctico que antecede, procedemos,

pues, a exponer los fundamentos en derecho en los cuales se

sostiene nuestra determinación en el proceso disciplinario

de autos.

II.

A.

Como es sabido, el Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, establece las normas mínimas de conducta que rigen

las actuaciones de los abogados y las abogadas, tanto en el

desempeño de su delicada e importante labor profesional, como

en otras actividades en las que se desenvuelven. In re Lugo

Quiñones I, 206 DPR 1, 9 (2021); In re Ortiz, Rivera, 195

DPR 122, 131 (2016); In re Rodríguez Cora, 193 DPR 447, 454

(2015). En ese sentido, los cánones preceptuados en este

código constituyen “un compromiso constante para con la

CP-2018-10

11

sociedad puertorriqueña”. In re Franco Rivera, 169 DPR 237,

259 (2006). Véase, también, In re Colberg Trigo, 169 DPR 107,

119 (2006); In re Fernández de Ruiz, 167 DPR 661, 675 (2006).

Así también, es meritorio puntualizar que, si bien la

mayoría de las “pautas que prescribe el Código de Ética

Profesional se circunscriben a regular el desempeño del

letrado [y de la letrada] en su faceta profesional, los

principios que comprenden los Cánones 35 y 38 trascienden su

alcance hasta el ámbito privado”. (Énfasis suplido). In re

Ramírez Salcedo, 196 DPR 136, 148 (2016). Véase, además, In

re Astacio Caraballo, 149 DPR 790, 798-799 (1999). Es, pues,

a la luz de ambos cánones que examinamos la conducta imputada

al licenciado Joglar Castillo.

B.

En esa dirección, precisa señalar aquí que el Canon 35

del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 35, impone

a los miembros de la profesión legal el deber de conducirse

con integridad, sinceridad y honradez ante los tribunales,

para con sus representados y en las relaciones con sus

compañeros y compañeras. In re Maldonado De Jesús, 2022 TSPR

6, 208 DPR ___ (2022); In re Charbonier Laureano, 204 DPR

351, 364 (2020); In re Ramírez Salcedo, supra, pág. 149. En

consecuencia, para actuar de conformidad con el mandato

prescrito en este canon, los abogados y las abogadas deben

asegurarse de no proveer información falsa o incompatible

con la verdad y de no ocultar información cierta que deba

ser revelada. In re Ortiz Sánchez, 201 DPR 765, 781 (2019);

CP-2018-10

12

In re Ramírez Salcedo, supra; In re Astacio Caraballo, supra,

pág. 798.

Al respecto, hemos sentenciado que, -- para transgredir

el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, -- lo

fundamental es que se falte objetivamente a los valores de

sinceridad y honradez, pilares fundamentales de la profesión

legal. In re Lugo Quiñones I, supra, pág. 12; In re Charbonier

Laureano, supra; In re Ramírez Salcedo, supra. En otras

palabras,

para

infringir

esta

norma,

es

innecesario

el

elemento deliberativo o la intención de defraudar o engañar.

In re Maldonado De Jesús, supra; In re Peña Ríos, 202 DPR 5,

19 (2019); In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 756 (2014). En

tal sentido, no se considerarán defensas el no haber actuado

de mala fe, deliberadamente, sin intención de engañar o

defraudar ni la ausencia de daño o perjuicio a terceras

personas. Íd.

Recuérdese que el ejercicio de la profesión legal se

fundamenta en la búsqueda de la verdad. In re Lugo Quiñones

I, supra; In re Ramírez Salcedo, supra, pág. 148; In re

Sierra

Arce,

192

DPR

140,

147

(2014).

Por

eso,

la

trascendencia del Canon 35 del Código de Ética Profesional,

supra, estriba en que la verdad es un atributo inseparable

de los abogados y las abogadas y, sin ella, la profesión

jurídica no podría justificar su existencia. In re Ramos

Sáenz, 205 DPR 1089, 1101 (2020); In re Peña Ríos, supra; In

re Sierra Arce, supra.

CP-2018-10

13

C.

De

otra

parte,

y

por

ser

también

de

particular

importancia para la correcta disposición de los asuntos

disciplinarios

ante

nuestra

consideración,

conviene

mencionar que el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4

LPRA Ap. IX, C. 38, recoge los valores principales con los

cuales debe cumplir un abogado o una abogada en el desempeño

de su gestión profesional y en su vida privada, a saber, el

honor y la dignidad. In re Maldonado De Jesús, supra; In re

Raffucci Caro, 206 DPR 589, 611 (2021); In re Radinson Pérez

et al., 204 DPR 522, 541 (2020). Entre otras cosas, el

precitado canon instituye el deber de todo abogado y toda

abogada de exaltar el honor y la dignidad de la profesión

legal, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales,

y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional

impropia. 4 LPRA Ap. IX, C. 38.

De conformidad con lo antes expuesto, los abogados y

las abogadas tienen la responsabilidad moral y ética de

examinar su comportamiento continuamente. In re Ramos Sáenz,

supra, pág. 1102; In re Colón Ortiz, 204 DPR 452, 460 (2020);

In re Díaz Rosado I, 198 DPR 412, 416 (2017). De hecho, este

Tribunal

ha

reiterado

abogadas

el

espejo

que,

donde

por

se

ser

los

refleja

la

abogados

y

las

imagen

de

la

profesión, éstos y éstas deben actuar con el más escrupuloso

sentido de responsabilidad que impone la función social que

ejercen. Véase, In re Stacholy Ramos, 207 DPR 521, 531

(2021); In re Ramos Sáenz, supra, pág. 1102; In re Colón

CP-2018-10

14

Ortiz, supra. “Ello, pues, son la imagen misma de todo el

andamiaje de nuestro sistema de justicia”. In re Ramos Sáenz,

supra.

Cónsono

con

ello,

es

norma

establecida

en

nuestra

jurisdicción que los miembros de la profesión legal pueden

ser sancionados por actuaciones que no necesariamente surjan

de su desempeño profesional, sino que basta con que éstas

afecten sus cualidades morales o que los hagan indignos de

pertenecer al foro. In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152, 164

(2014); In re Meléndez Rivera, 187 DPR 724, 728-729 (2013);

In re Rodríguez Vázquez, 176 DPR 168, 177 (2009). Por lo

tanto, para establecer si un abogado o una abogada incurrió

en violación al referido canon, es forzoso evaluar si la

conducta verdaderamente afecta sus condiciones morales. In

re Rodríguez López, 196 DPR 199, 208 (2016); In re Reyes

Coreano, supra, pág. 758; In re Bermúdez Meléndez, 198 DPR

900, 908 (2017).

III.

Establecido

lo

anterior,

en

temas

relacionados,

es

menester destacar que, de ordinario, las determinaciones de

hecho que realice el Comisionado o la Comisionada Especial - en procesos como el aquí bajo estudio -- gozarán de

deferencia y serán sostenidas por esta Curia, salvo que medie

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Meléndez

Mulero, 2022 TSPR 3, 208 DPR ___ (2022); In re Colón Ortiz,

supra, págs. 460-461; In re Franco Rivera, 203 DPR 770, 779

(2019).

Esta

norma

“aplica,

principalmente,

cuando

el

CP-2018-10

15

Comisionado [o la Comisionada] Especial tiene la oportunidad

de escuchar a los testigos, porque se encuentra en mejor

posición para aquilatar dicha prueba”. In re Curras Ortiz,

174 DPR 502, 516 (2008).

Después de todo, estos y estas funcionarias son las

personas a quienes esta Curia ha delegado la encomienda de

celebrar la vista, investigar, recibir y evaluar la prueba,

así como preparar el informe de rigor de modo que, en esencia,

se encuentran en una posición similar a la que ocupan los

jueces y juezas en los foros judiciales primarios. Véase, In

re Franco Rivera, supra; In re Soto Aguilú, 202 DPR 137, 145146 (2019); In re Peña Ríos, supra, pág. 20.

IV.

Por último, y previo a disponer del presente proceso

disciplinario, es preciso destacar que, al fijar una sanción

disciplinaria por violaciones a los cánones del Código de

Ética Profesional, supra, este Tribunal debe considerar los

siguientes factores: 1) la reputación del abogado o de la

abogada

en

la

comunidad;

2)

su

historial

disciplinario

previo; 3) si se trata de su primera infracción; 4) si ninguna

parte ha resultado perjudicada; 5) la aceptación de la falta

y su sincero arrepentimiento; 6) si se trata de una conducta

aislada; 7) si medió ánimo de lucro en su actuación; 8) el

resarcimiento al cliente, y 9) cualquier otra consideración,

ya sea atenuante o agravante, que surja de los hechos. Véase,

In re Vélez Torres, 2022 TSPR 79, 209 DPR ___ (2022); In re

CP-2018-10

16

Stacholy Ramos, supra; In re Radinson Pérez et al., supra,

pág. 542.

Es, pues, a la luz de la normativa deontológica antes

expuesta que procedemos a disponer del proceso disciplinario

que nos ocupa.

V.

Como mencionamos

anteriormente,

el presente

proceso

disciplinario fue referido ante una Comisionada Especial,

quien

tuvo

detenidamente

la

la

oportunidad

prueba

de

examinar

presentada,

y

de

cuidadosa

y

hacer

sus

correspondientes determinaciones de hechos y conclusiones de

derecho. En su Informe, la Comisionada concluyó que, con su

conducta, el licenciado Joglar Castillo infringió los Cánones

35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Coincidimos.

Y es que, según ha apuntalado la Comisionada en su

Informe, y como se desprende del expediente ante nuestra

consideración, no hay duda que el referido letrado incurrió

en actuaciones contrarias a los preceptos éticos recogidos

en los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional,

supra. Nos explicamos.

En primer lugar, y en lo aquí pertinente, no existe

controversia alguna respecto a que el licenciado Joglar

Castillo recibió una demanda y fue emplazado como agente

residente de Advanced, -- cuando ya no era empleado de ésta

--, y que remitió estos documentos a la referida corporación

transcurridos 43 días desde la fecha en que los recibió. Esto

ocasionó, como adelantamos, que le fuera anotada la rebeldía

CP-2018-10

17

a Advanced por no presentar su contestación a la demanda

dentro del término provisto para ello en nuestro ordenamiento

jurídico.

Por otra parte, y en lo relativo a las actuaciones del

referido letrado -- en el Caso Civil Núm. KAC2013-0186 -respecto a los documentos extraídos del teléfono celular del

señor

Penna,

surge

del

expediente

que,

en

una

primera

instancia, y en cierta deposición que le fue tomada, éste

declaró desconocer la procedencia de los mismos. Así también,

consta en el expediente que, posterior a ello, el referido

letrado suscribió una declaración jurada por virtud de la

cual aseveró que, luego de haber prestado la deposición,

recordó y reconoció los documentos y correos electrónicos

que le fueron inquiridos en la deposición. Ello, como mínimo,

nos resulta difícil de comprender.

Así pues, según expuso la Comisionada en su respectivo

Informe, no albergamos duda que -- como abogado con más de

40 años en el ejercicio de la profesión legal -- el licenciado

Joglar Castillo conocía las consecuencias legales que podía

acarrear el no informar ni remitir oportunamente a Advanced

la demanda y el emplazamiento diligenciado en su persona.

Por igual, las actuaciones del referido letrado, -- en el

contexto de cierto litigio en el que fungía como parte --,

de

negar

inicialmente

bajo

juramento

que

desconocía

la

procedencia de los documentos antes señalados, -- que, a

todas luces, sí conocía -- revela una falta de sinceridad y

CP-2018-10

honradez.

18

Tal

conducta

no

puede

ser

tolerada

por

este

Tribunal.

En fin, las infracciones del licenciado Joglar Castillo

a lo dispuesto en los Cánones 35 y 38 del Código de Ética

Profesional, supra, quedaron, a todas luces, establecidas

con prueba clara, robusta y convincente que consta en el

expediente ante nos. Éste, lejos de ceñirse a los deberes de

sinceridad y honradez que debe tener presente todo abogado y

abogada tanto en el contexto profesional como en su vida

privada, y a la preservación del honor y la dignidad de la

profesión legal, incurrió en serias violaciones a los cánones

de referencia y ello merece el rechazo de este Tribunal.

Ahora bien, dicho esto, es menester señalar que, al

determinar la sanción que hoy se le impone al letrado de

epígrafe,

consideramos

que

éste

no

ha

sido

objeto

de

señalamientos previos durante sus 40 años en el ejercicio de

la

profesión

legal.

Además,

tomamos

en

cuenta

que

el

licenciado Joglar Castillo aceptó que no debió actuar de la

manera en que lo hizo respecto a la entrega de la demanda y

el emplazamiento diligenciado en su persona.8

VI.

Es pues, por todo lo anterior, que coincidimos con las

conclusiones realizadas por la Oficina del Procurador General

y la Comisionada Especial en sus respectivos informes en

De igual forma, no podemos pasar por alto que, bien pudo Advanced

realizar las gestiones de rigor para retirar al referido letrado como su

agente residente una vez decidió despedirlo de su empleo.

8

CP-2018-10

19

cuanto a que el licenciado Joglar Castillo infringió los

Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Siendo ello así, y en virtud de nuestro poder inherente

de reglamentar la profesión legal, amonestamos al licenciado

Joglar Castillo por la conducta desplegada y le apercibimos

de su deber de observar de forma escrupulosa los principios

deontológicos

que

se

recogen

en

el

Código

de

Ética

Profesional, supra. Asimismo, le apercibimos también que, de

incurrir en cualquier otra actuación que contravenga las

normas

antes

señaladas,

estará

expuesto

disciplinarias más severas.

Se dictará Sentencia de conformidad.

a

sanciones

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Eduardo M. Joglar Castillo

CP-2018-10

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2022.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

la presente Sentencia, amonestamos al Lcdo. Eduardo M.

Joglar Castillo por la conducta desplegada y le

apercibimos de su deber de observar de forma

escrupulosa los principios deontológicos que se

recogen en los Cánones 35 y 38 del Código de Ética

Profesional.

Asimismo, le apercibimos también que, de incurrir

en cualquier otra actuación que contravenga las normas

antes

señaladas,

estará

expuesto

a

sanciones

disciplinarias más severas.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo