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Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA DE DECISIÓN

2022 TSPR 15

Poder Judicial de Puerto Rico

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FECHA DE DECISIÓN

NUMERO CASO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo de Titulares del

Condominio Balcones de San Juan

Peticionario

v.

2022 TSPR 15

208 DPR ____

Mapfre Praico Insurance Company

Recurrido

Número del Caso:

AC-2021-4

Fecha: 3 de febrero de 2022

Tribunal de Apelaciones:

Panel X

Abogadas de la parte peticionaria:

Lcda. Omayra Sepúlveda Vega

Lcda. Camille I. Marrero Quiñones

Abogada de la parte recurrida:

Lcda. Claudia Juan García

Materia:

Derecho

de

Seguros

–

Obligaciones

y

Contratos:

Retroactividad de la Ley Núm. 247-2018. Si existe impedimento para

adjudicar a favor de un reclamante una causa de acción al amparo del

Código Civil y otra al amparo del Art. 27.164 del Código de Seguros,

26 LPRA sec. 2716d, al no actuar de buena fe en la resolución de una

reclamación.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo

de

Titulares

del

Condominio Balcones de San Juan

Certiorari

Peticionario

AC-2021-0004

v.

Mapfre Praico Insurance Company

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco

San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2022.

Desde hace décadas el Código de Seguros de Puerto Rico,

infra,

prohíbe

a

la

industria

prácticas desleales o engañosas.

que

regula

incurrir

en

Sin embargo, no es hasta

el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017

que

la

Asamblea

Legislativa

se

expresó

sobre

la

responsabilidad de los aseguradores por los daños causados

por

estas

prácticas.

Hasta

entonces,

los

asegurados

recurrían a acciones de carácter general para dirigir sus

reclamaciones.

Motivada por el efecto devastador de estos fenómenos

atmosféricos en la infraestructura y economía de Puerto Rico,

así como, por las querellas presentadas ante la Oficina del

Comisionado

de

Seguros

relacionadas

al

manejo

de

las

reclamaciones, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm.

247-2018 “a los fines de disponer remedios y protecciones

AC-2021-0004

2

civiles adicionales a la ciudadanía en caso de incumplimiento

por parte de la aseguradora a las disposiciones” del Código

de Seguros. Mediante esta ley se creó entonces una causa de

acción específica para reclamarle a las aseguradoras por los

daños sufridos a consecuencia de diversas violaciones al

Código de Seguros, entre ellas, los actos de mala fe o

prácticas desleales en la resolución de una reclamación.

Hoy, por primera vez, tenemos la oportunidad de examinar

(1) si la Ley Núm. 247-2018 se retrotrae a los eventos

ocurridos antes de su aprobación, específicamente a los actos

o prácticas de las aseguradoras en la atención de las

reclamaciones relacionadas a los huracanes Irma y María, y

(2) si existe impedimento para adjudicar a favor de un

reclamante una causa de acción al amparo del Código Civil y

otra al amparo del Art. 27.164 del Código de Seguros, infra,

26 LPRA sec. 2716d, al no actuar de buena fe en la resolución

de una reclamación.

Tras examinar el historial legislativo de esta ley,

concluimos que la clara intención legislativa es que la Ley

Núm. 247-2018 aplique retroactivamente a los eventos que la

motivan. Sin embargo, solo se podrá adjudicar una de las

causas de acción por daños a favor del reclamante en aras de

evitar la duplicidad de remedios.

Cabe señalar, que aunque el Art. 27.164 reconoce causas

de acción en cuanto a diversas violaciones al Código de

Seguros, nuestro examen se ciñe a las prácticas desleales en

el ajuste de reclamaciones, y por lo tanto, no evaluamos la

AC-2021-0004

3

concurrencia de acciones o la indemnización conjunta de otro

tipo de violaciones.

I

El 5 de septiembre de 2019, el Consejo de Titulares del

Condominio Balcones de San Juan (peticionario) presentó una

Demanda en contra de MAPFRE Praico Insurance Company (Mapfre

o aseguradora).

Alegó que contaba con una póliza expedida

por Mapfre cuando el edificio sufrió daños por el paso del

Huracán María y que la aseguradora rehusó cumplir con sus

obligaciones bajo la póliza.1

Por esta razón, presentó una

primera causa de acción amparada en el Código Civil por

incumplimiento del contrato de seguro, y daños y perjuicios

derivados del alegado incumplimiento, así como, una segunda

causa de acción por violación al Código de Seguros.2

El

13

de

enero

de

2020,

Mapfre

presentó

una

Contestación a la Demanda y el 1 de mayo de 2020 presentó

una Moción de Desestimación Parcial. Arguyó que la causa de

El Consejo de Titulares del Condominio Balcones de San Juan

(peticionario) había contratado la póliza núm. 1600178000594 expedida

por MAPFRE Praico Insurance Company (Mapfre o aseguradora) con

efectividad para el periodo de 31 de enero de 2017 al 31 de enero de

2018. Mapfre estimó y ajustó los daños de la propiedad en $17,833.00.

Posteriormente, el peticionario solicitó que esta suma le fuera pagada

como adelanto; solicitud que fue rechazada por la aseguradora.

Contestación a la Demanda, Apéndice, pág. 40.

1

El peticionario solicitó $5,474,575.35 como compensación por los daños

sufridos por la propiedad y alegadamente cubiertos por el contrato de

seguro, así como, $547,457.53 en daños contractuales. En cuanto a las

violaciones al Código de Seguros solicitó el pago de honorarios de

abogado, costas y gastos. En una tercera causa de acción sostuvo la

temeridad y mala fe de la aseguradora por lo que solicitó la imposición

de honorarios de abogado, costas y gastos al amparo de las Reglas de

Procedimiento Civil y el Código de Seguros.

2

Las partes reconocen que el peticionario notificó a Mapfre y a la

Oficina del Comisionado de Seguros un Notice prior to Initiating Civil

Action pursuant to Article 27.164 of the Insurance Code of Puerto Rico

Form. Apéndice, págs. 28 y 41.

AC-2021-0004

4

acción presentada al amparo del Código de Seguros se sostiene

en las disposiciones incorporadas por la Ley Núm. 247-2018,

la cual no tiene efecto retroactivo y no aplica a eventos

ocurridos antes de su aprobación, tales como los fenómenos

atmosféricos ocurridos en septiembre de 2017.

Asimismo,

sostuvo que de interpretarse que estas disposiciones eran

retroactivas, no procedía la acumulación de la causa de

acción

contractual

con

la

del

Código

de

Seguros,

pues

conllevaría una duplicidad de remedios que el ordenamiento

jurídico no permite. Por lo tanto, solicitó que la segunda

causa de acción fuera desestimada con perjuicio y que el

asegurado

“tramit[e]

su

reclamación

como

una

de

incumplimiento contractual y el remedio debe limitarse, si

alguno,

a

los

daños

previsibles

bajo

los

términos

del

contrato de seguros”.3

Por su parte, el Consejo de Titulares se opuso a la

desestimación. Adujo que de la Exposición de Motivos de la

Ley Núm. 247-2018 se desprendía la intención legislativa de

que esta tuviera efecto retroactivo y que aplicara a los

casos

relacionados

a

los

huracanes

Irma

y

María.

De

determinarse que la ley no era retroactiva, sostuvo que no

procedía la desestimación parcial, pues Mapfre continuaba

violando esta disposición tras la promulgación de la ley.4

Por otro lado, indicó que la doctrina de la concurrencia de

acciones era inaplicable al caso de autos por no existir

3

Moción de desestimación parcial, Apéndice, pág. 59.

4

Apéndice, págs. 69-74.

AC-2021-0004

5

peligro de duplicidad de remedios. Esto debido a que los

hechos, deberes y remedios por los que se reclaman daños al

amparo de ambas disposiciones eran distinguibles.

El 18 de junio de 2020, el Tribunal de Primera Instancia

notificó una resolución en la que declaró no ha lugar la

moción de desestimación presentada por Mapfre.

Resolvió que

las disposiciones de la Ley Núm. 247-2018 tienen carácter

retroactivo en cuanto a las reclamaciones por los daños

ocasionados por los huracanes Irma y María.

Asimismo,

concluyó que las causas de acción de esta ley pueden ser

acumuladas con la causa de acción de incumplimiento de

contrato.

Oportunamente, Mapfre presentó un recurso de Certiorari

ante el Tribunal de Apelaciones.

argumentos

por

los

cuales

Allí reiteró los mismos

entendía

desestimación de la causa de acción.

que

procedía

la

El 9 de octubre de

2020, el Tribunal de Apelaciones resolvió que del texto de

la ley no se desprendía de manera expresa que esta tuviera

efecto retroactivo y que los hechos alegados en la demanda

ocurrieron antes de su vigencia. Por lo tanto, revocó el

dictamen recurrido y desestimó con perjuicio la causa de

acción presentada en virtud de la Ley Núm. 247-2018.

El 26

de octubre de 2020, el Consejo de Titulares presentó una

moción de reconsideración la cual fue denegada mediante una

resolución notificada el 9 de diciembre de 2020.

AC-2021-0004

6

El 8 de enero de 2021, el Consejo de Titulares acudió

ante nos

mediante un recurso

de apelación y señaló lo

siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al acoger los

argumentos expuestos en la moción de desestimación

de Mapfre, revocar al TPI y desestimar la

reclamación que Balcones de San Juan instó según el

Artículo 27.164 del Código de Seguros y las

enmiendas de la Ley 247-2018.

El 26 de marzo de 2021, acogimos el recurso presentado

como certiorari y expedimos. Asimismo, mediante Resolución

de 15 de junio de 2021, notificada al día siguiente, acogimos

la

solicitud

presentada

por

la

parte

peticionaria

y

autorizamos la continuación de los procedimientos en lo

concerniente a la primera causa de acción de la demanda.5

Con

el

beneficio

de

la

comparecencia

de

ambas

partes,

procedemos a resolver sin ulterior trámite.

II

Retroactividad

El Art. 3 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 3, expresa

como regla general de interpretación que “[l]as leyes no

tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente

lo

contrario”.

principio

de

Como

hemos

indicado

irretroactividad

repetidamente,

responde

al

el

importante

objetivo de mantener la certeza y la seguridad jurídica.

Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916 (2017).

El 20 de julio de 2021, denegamos la Solicitud de Autorización para

Comparecer como Amicus Curiae presentada por la Asociación de Compañías

de Seguros de Puerto Rico, Inc. (ACODESE).

5

AC-2021-0004

7

Sin embargo, al interpretar una disposición de ley, los

tribunales debemos considerar los fines perseguidos por la

Asamblea Legislativa al aprobarla. De igual forma, nuestra

determinación debe imprimirle efectividad a la intención

legislativa y propiciar la realización del propósito que

persigue. Vargas v. Retiro, 159 DPR 248 (2003). Por lo tanto,

la

retroactividad

excepcionales

de

y

una

por

norma

se

justifica

circunstancias

en

casos

establecidas

concretamente por la Asamblea Legislativa, especialmente por

razones

de

justicia,

de

interés

público

o

cuando

los

propósitos de la ley así lo ameritan. Asoc. Maestros v.

Depto. Educación, 171 DPR 640 (2007). Es decir, aunque la

retroactividad es una excepción en nuestro ordenamiento, de

surgir claramente la intención legislativa, ya sea de forma

expresa o tácita, debe dársele tal efecto. Díaz Ramos v.

Matta Irizarry, supra.

En vista de que los tribunales estamos llamados a

descubrir y hacer cumplir la verdadera intención y deseo del

Poder Legislativo, recurrimos a un análisis de diversos

elementos,

entre

estos,

la

exposición

de

motivos

que

generalmente recoge el propósito que inspiró la creación de

la ley, así como, a su historial legislativo. Brau, Linares

v. ELA, 190 DPR 315, 339 (2014); IFCO Recycling v. Aut. Desp.

Sólidos, 184 DPR 712 (2012). Veamos.

El paso de los huracanes Irma y María provocó que la

Asamblea Legislativa examinara la respuesta de la industria

de seguros a esta histórica catástrofe. Así, la Asamblea

AC-2021-0004

8

Legislativa la catalogó como “una plagada de retrasos, mal

manejos y de reiteradas violaciones a las disposiciones de

nuestro Código de Seguros”.6 Asimismo, reconoció que:

Muchos ciudadanos que fueron víctimas de esta

catástrofe contaban con un seguro de propiedad, del

cual esperaban recuperar los recursos para así

poder iniciar el proceso de reconstrucción y

recuperación de sus viviendas, y con éstas, su

antiguo estilo de vida.

…

Es en tiempos como los que atraviesa Puerto Rico

donde las aseguradoras juegan un papel importante

en el proceso de recuperación. Por lo que resulta

indispensable establecer parámetros que garanticen

una respuesta apropiada y oportuna por parte de las

aseguradoras, para beneficio de los asegurados. En

muchos casos, de una respuesta apropiada y oportuna

de las aseguradoras depende la seguridad de

familias, que actualmente están en riesgo de no

poder reparar su propiedad ante una nueva temporada

de huracanes por la falta de indemnización adecuada

por parte de la aseguradora.

La recuperación

económica de Puerto Rico depende también, en gran

parte, de la respuesta de las aseguradoras.

Motivada

por

esta

situación,

la

Ley

Núm.

247-2018

fue

aprobada “a los fines de brindar herramientas y protecciones

adicionales en beneficio de los asegurados para garantizar

el fiel cumplimiento de los fines del Código de Seguros y

así agilizar el proceso de recuperación de Puerto Rico”.7

De estas expresiones surge claramente que el propósito

principal

de

recuperación

la

Asamblea

económica

de

Legislativa

fue

promover

Puerto

(de

sus

Rico

la

hogares,

comercios e infraestructura en general) en consideración a

6

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 247-2018, págs. 1-2.

7Exposición

de Motivos de la Ley Núm. 247-2018, pág. 2. Véase, Informe

Positivo de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y

Económicas sobre el Proyecto de la Cámara 1645 de 17 de septiembre de

2018, pág. 4.

AC-2021-0004

9

las circunstancias excepcionales que se suscitaron por los

huracanes Irma y María.8 Esto, mediante el fiel cumplimiento

de las disposiciones del Código de Seguros, particularmente

del cumplimiento con aquellos deberes y responsabilidades a

los

que

ya

garantizando

estaba

sujeta

a

asegurados

los

la

industria

una

de

seguros,

oportunidad

real

y

de

vindicar el derecho a una indemnización justa, rápida y

equitativa, entre otros derechos reconocidos por nuestro

ordenamiento, cuya transgresión hasta ese momento se atendía

mediante

las

disposiciones

generales

de

obligaciones

y

contratos.9

En vista de ello, debemos dar efecto retroactivo a la

ley para cumplir con la intención legislativa y corregir la

situación contemplada por el Poder Legislativo. Por lo tanto,

concluimos que la Ley Núm. 247-2018 aplica retroactivamente

a las reclamaciones relacionadas a los huracanes Irma y

María, tales como las del caso de autos.10 Disponer lo

contrario derrotaría el propósito de esta ley. Así, hacemos

expreso lo que la Asamblea Legislativa dispuso de forma

tácita.

Véase además, Op. Sec. Just. Núm. 2020-01 de 7 de marzo de 2019. (“[L]a

Ley Núm. 247, supra, también comprende una excepción a la regla general

de la aplicación prospectiva de las leyes. Y es que, el estatuto en

cuestión versa sobre un asunto excepcional que el legislador deseó

atender ante la lentitud y retraso de la resolución de reclamaciones a

las aseguradoras en torno a los daños a la propiedad ocasionados por los

huracanes Irma y María”.)

8

9

Véase Parte III, B de esta ponencia.

La ACODESE solicitó en su comparecencia ante el Senado que se incluyera

expresamente el efecto prospectivo de la Ley Núm. 247-2018. Sin embargo,

el proyecto no sufrió enmiendas en cuanto a este aspecto. Asociación

de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Re: Comentarios sobre el Proyecto

de la Cámara 1645 de 7 de septiembre de 2018, pág. 9.

10

AC-2021-0004

10

Corresponde entonces, examinar si existe impedimento

para adjudicar a favor del reclamante las causas de acción

al amparo del Código Civil, supra, y del Código de Seguros,

supra.

III

Código de Seguros y prácticas desleales

A. El contrato de seguro y el pacto implícito de buena fe

El negocio de seguros está revestido de un alto interés

público por su importancia, complejidad y efecto en la

economía

y

la

sociedad.

Esto,

pues

el

desenvolvimiento

económico depende sustancialmente de la disponibilidad de

los contratos de seguros y del buen funcionamiento de esta

industria. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR

880 (2012); Jiménez López et al. v SIMED, 180 DPR 1 (2010);

Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 (2008).

Véase

además, R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Pubs. JTS,

1999,

pág.

1.

Por

ello,

la

industria

de

seguros

es

reglamentada extensamente por el Estado mediante la Ley Núm.

77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et seq.,

y su Reglamento. Asimismo, el Código Civil le sirve de fuente

de derecho supletorio.

Mediante el contrato de seguro, las personas y negocios

pueden proteger sus bienes y obligaciones transfiriendo el

impacto económico de los riesgos o pérdidas acordadas a

cambio del pago de una prima.

26 LPRA sec. 102. Véase,

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra; S.L.G. Ortiz-

AC-2021-0004

11

Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011); Jiménez López

et al. v. SIMED, supra; S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176

DPR

372

(2009).

Esta

relación

contractual

entre

las

aseguradoras y los asegurados se da en el marco de un deber

de actuar de buena fe entre las partes. Por lo tanto, los

contratantes están obligados “no solo al cumplimiento de lo

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso

y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil, 33 LPRA ant. sec.

3375. Véase, 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).

Así, hemos reconocido que el contrato de seguro está afecto

por un pacto implícito de buena fe y el asegurador tiene la

obligación de actuar con especial consideración por los

intereses del asegurado.11 Quiñones López v. Manzano Pozas,

141

DPR

139,

174

(1996);

Morales

v.

Automatic

Vending

Service, Inc., 103 DPR 281 (1975).

Como

discutiremos

más

adelante,

de

ordinario,

la

aseguradora responde según pactado. Es decir, responde hasta

los límites de responsabilidad estipulados en la póliza por

las pérdidas cubiertas por esta. Sin embargo, a modo de

excepción, la aseguradora puede ser responsable de pagar en

exceso del límite de la cubierta cuando actúa en contra del

pacto implícito de buena fe y antepone sus propios intereses

a los del asegurado. Quiñones López v. Manzano Pozas, supra,

Actualmente, la Carta de Derechos del Consumidor de Seguros agrupa

los derechos del consumidor, entre ellos, el “[d]erecho a que el

asegurador actúe de buena fe, de forma justa y equitativa al evaluar y

resolver su reclamación”. 26 LPRA sec. 118(i).

11

AC-2021-0004

12

pág. 174. Históricamente, este tipo de actuación ha sido

evidente

en

ciertos

actos

u

omisiones

conocidos

como

“prácticas desleales y fraudulentas”.12

B. Prácticas desleales

Desde hace décadas, el Capítulo 27 del Código de Seguros

define, regula y prohíbe ciertas prácticas en el negocio de

seguros que constituyen actos desleales o engañosos.13 En

particular, el Art. 27.161 del Código de Seguros, supra,

detalla un listado de prácticas desleales en el ajuste de

reclamaciones. Entre estas prácticas se encuentra “[n]o

intentar de buena fe de llevar a cabo un ajuste rápido, justo

y equitativo de una reclamación de la cual surja claramente

la responsabilidad”. Id.

Además, este proceso de resolución

de reclamaciones se debe ceñir a un periodo de noventa (90)

días, salvo que exista justa causa para extenderlo.14 Art.

27.162 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716b. De igual

forma,

se

considera

práctica

desleal

“obligar

a

los

asegurados o reclamantes a entablar pleitos para recobrar

S. Ashley, Bad Faith Actions: Liability & Damages, Sec. 2:11 (2da

ed.).

12

Se tomó como modelo las disposiciones sobre prácticas desleales en el

ajuste de reclamaciones contenidas en el proyecto modelo adoptado por

la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.

13

La Carta Normativa Núm. 2012-145-D de 12 de julio de 2012 de la Oficina

del Comisionado de Seguros aclara qué se considera justa causa para

exceder el término de noventa (90) días para ajustar, investigar y

resolver

las

“reclamaciones

altamente

complejas

–

Siniestros

catastróficos, pérdidas cuantiosas o numerosas, o reclamaciones donde

sea necesaria la contratación de peritos especializados, y en los que

cerrar la reclamación sería en perjuicio del asegurado o reclamante. En

estos casos, el expediente de la reclamación deberá documentarse

periódicamente sobre el adelanto hacia la resolución de la misma, así

como un estimado de tiempo necesario para resolver”.

14

AC-2021-0004

13

bajo los términos de una póliza, porque se le ha ofrecido al

asegurado o reclamante una cantidad sustancialmente menor

que la cantidad que podría ser recobrada finalmente en un

litigio o porque se le ha negado incorrectamente la cubierta

bajo los términos de la póliza”. Art. 27.161(7) del Código

de Seguros, 26 LPRA sec. 2716a.

Sin embargo, hasta recientemente y a diferencia de otras

jurisdicciones estatales, el tratamiento de estas prácticas

se limitaba principalmente a uno administrativo mediante el

uso de sanciones y penalidades.15 Véase, Comisionado Seguros

P.R. v. Integrand, 173 DPR 900 (2008); Comisionado de Seguros

v. PRIA, 168 DPR 659 (2006); Comisionado v. Anglo Porto

Rican, 97 DPR 637 (1969). El Código de Seguros guardaba

silencio sobre la responsabilidad por daños y perjuicios del

asegurador por actuar con indiferencia o mala fe en la

resolución de reclamaciones.16

Por esta razón, para este

tipo

asegurados

de

situaciones,

los

han

recurrido

principalmente a los Arts. 1054 y 1060 del Código Civil por

los daños sufridos y a la Regla 44(d) de las de Procedimiento

Civil para la imposición de honorarios de abogado en caso de

temeridad o frivolidad de la aseguradora.

Recientemente, en 800 Ponce de León v. AIG, supra,

tuvimos la oportunidad de recapitular sobre los remedios que

26 LPRA secs. 235(17) y 2735. Véase además, 8 New Appleman on Insurance

Law Library Edition Sec. 90.03[2][c], págs. 90-43, 90-44 (Rel. 10A12/2013).

15

Comisionado de Seguros, Ponencia de 14 de septiembre de 2018 sobre

el P. de la C. 1645, pág. 2.

16

AC-2021-0004

-previo

a

14

la

aprobación

de

la

Ley

Núm.

247-2018-

los

asegurados tenían disponibles por los daños sufridos por la

alegada mala fe de la aseguradora durante el proceso de

reclamación. Particularmente recalcamos que las aseguradoras

están expuestas a las consecuencias dispuestas en el Código

Civil por el incumplimiento de un contrato de incurrir en

dolo, negligencia o morosidad en el cumplimiento de las

obligaciones. Art. 1054 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec.

3018. A saber, el Art. 1060 del Código Civil, 31 LPRA ant.

sec. 3024, dispone que el incumplimiento de la obligación

por culpa o negligencia conlleva la obligación de indemnizar

por

los

daños

previstos

o

que

pudieron

preverse

al

suscribirse el contrato de seguro y que sean consecuencia

directa y necesaria del incumplimiento.

Por otro lado, en

cuanto a los daños y perjuicios en caso de dolo, nos indica

este mismo artículo que el deudor responderá de todos los

daños

que

conocidamente

se

deriven

de

la

falta

de

cumplimiento de la obligación.

Así, en 800 Ponce de León v. AIG, supra, examinamos la

alegación de que una aseguradora había actuado con dolo o

mala fe durante el proceso de reclamación de una fianza de

ejecución

y

pago

contexto

de

un

(Performance

contrato

de

and

Payment

construcción.

Bond)

En

ese

en

el

caso

reconocimos que si un acreedor prueba que la aseguradora

incurrió

en

dolo

o

mala

fe

en

el

cumplimiento

de

su

obligación, este tiene derecho a reclamar una indemnización

por la totalidad de los daños que sufrió a causa de su

AC-2021-0004

15

incumplimiento conforme al Art. 1060. A estos efectos, el

dolo en el cumplimiento de las obligaciones se equipara con

la mala fe, y consiste en la omisión consciente, intencionada

y voluntaria del obligado de cumplir con su obligación con

conocimiento de que se realiza un acto injusto. 800 Ponce de

León v. AIG, supra; Colón v. Promo Motor Imports, Inc, 144

DPR 659 (1997); Canales v. Pan American, 112 DPR 329 (1982).

Detallamos que el dolo “es el actuar de mala fe, aunque en

ello

no

acreedor.

haya

intención

premeditada

de

causar

daño

al

No es preciso […] el ánimo de dañar, sino la

voluntad de incumplir”. 800 Ponce de León v. AIG, supra,

citando a J. Vélez Torres, Derecho de obligaciones, 2da ed.,

San Juan, Programa de Educación Jurídica Continua, 1997,

pág. 274 (revisado por la Profa. Migdalia Fraticelli Torres).

Sin embargo, la experiencia en distintas jurisdicciones

ha sido que los remedios tradicionales por incumplimiento de

contrato en muchas ocasiones se quedan cortos en el contexto

de los contratos de seguros.17 Entre otras razones, el costo,

esfuerzo y riesgos asociados a presentar una acción contra

una aseguradora limitan la capacidad de los acreedores para

reclamar ante los tribunales.18 Aunque en otros tipos de

En otras jurisdicciones la responsabilidad de las aseguradoras de

pagar más allá de lo contratado fue expandiéndose a través de la defensa

de reclamaciones contra el asegurado por terceros. Sin embargo, las

reclamaciones de los asegurados contra la aseguradora eran generalmente

limitadas a una compensación basada en la cubierta. S. Ashley, Bad Faith

Actions: Liability & Damages, Sec. 2:11; 5 New Appleman on Insurance Law

Library Edition Sec. 55.02[1], pág. 55-8, 55-9 (Rel. 17-9/2017).

17

Exposición de motivos, Ley Núm. 247-2018, supra. (“Como es sabido,

una de las principales barreras que enfrenta la ciudadanía son los altos

costos de llevar sus reclamos ante los tribunales”.)

18

AC-2021-0004

contrato

una

16

parte

puede

recurrir

al

mercado

tras

el

incumplimiento de la otra, en el caso de los contratos de

seguros es distinto. Ya sufrida la pérdida, el asegurado se

encuentra en un dilema económico, pues no conseguirá otra

aseguradora que pague por una pérdida ya ocurrida. 5 New

Appleman on Insurance Law Library Edition Sec. 55.02[1],

pág. 55-8 (Rel. 17-9/2017). En vista de que los riesgos

asegurados generalmente son aquellos que el asegurado no

puede costear, la pérdida lo hace más vulnerable a tácticas

opresivas para aceptar una compensación menor. Id. Todas

estas razones han llevado a buscar mecanismos para proteger

a los asegurados de la conducta abusiva o inescrupulosa de

las aseguradoras con relación al pago de las reclamaciones.

En Puerto Rico, la Asamblea Legislativa ha seguido la

corriente de distintas jurisdicciones, especialmente las

disposiciones del Estado de Florida,19 y creó una causa de

acción específica a favor de los perjudicados contra las

aseguradoras por violaciones al Código de Seguros mediante

la incorporación del Art. 27.164. En lo pertinente al caso

de autos, el Art. 27.164 del Código de Seguros, supra,

actualmente dispone que “cualquier persona podrá incoar una

acción civil contra una aseguradora de haber sufrido daños

a consecuencia…” de las violaciones allí dispuestas, así

como por la comisión de ciertos actos, entre los que se

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 247-2018, pág. 2. (“Estados como

Florida, Georgia, Luisiana y Texas actualmente proveen protecciones y

herramientas superiores a las de nuestro Código de Seguros a favor de

los asegurados”.)

19

AC-2021-0004

encuentran

17

‘no

intentar

resolver

de

buena

fe

las

reclamaciones cuando, bajo un análisis de la totalidad de

las circunstancias, podría y debería haberlo hecho, así como

cuando no actúa justa y honestamente hacia su asegurado y en

consideración de sus intereses’”. Esta acción tiene como

finalidad resarcir el daño causado por la aseguradora al

perjudicado.

La adjudicación adversa al asegurador en una acción al

amparo del Art. 27.164 del Código de Seguros conlleva la

concesión

al

demandante

resultado

razonablemente

de

“aquellos

daños

previsible

de

que

una

son

un

violación

específica de [la ley] y puede incluir una adjudicación o

juicio por un monto que exceda los límites de la póliza”.

Art. 27.164 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716d.

De

igual forma, el asegurador autorizado será responsable de

los costos judiciales y honorarios razonables de abogado

incurridos por el demandante. Id.

En vista de que el demandante ha tenido a su disposición

una acción por incumplimiento de contrato conforme al Código

Civil, y actualmente tiene otra acción provista por el Art.

27.164 del Código de Seguros, supra, examinemos si ambas

acciones

son

acumulables,

y

si

existe

impedimento

para

adjudicar a favor de un reclamante ambas causas de acción.

C. Concurrencia de acciones

Las

Reglas

acumulación

en

de

una

Procedimiento

demanda

de

Civil

todas

las

permiten

la

reclamaciones

independientes o alternativas que tenga un demandante contra

AC-2021-0004

18

la parte adversa, estén o no relacionadas entre sí. Regla

14.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 14.1. Véase,

Márquez v. Barreto, 143 DPR 137 (1997). La acumulación de

acciones

permite

que

estas

reclamaciones

puedan

ser

resueltas en un mismo proceso y se fomenta por responder a

la economía y rapidez en la tramitación de los procedimientos

judiciales

y

promover

una

completa

adjudicación

de

las

controversias entre las partes.20

Por otra parte, nuestro ordenamiento reconoce la teoría

de la concurrencia de acciones o la elección de remedios.21

Específicamente, esta faculta que el perjudicado -por una

misma conducta o hecho y que tiene a su disposición una serie

de causas de acción, cada cual con sus preceptos y principios

propios- pueda escoger la que más le favorezca. Márquez v.

Torres Campos, 111 DPR 854 (1982); González v. Centex Const.

Co., etc., 103 DPR 82 (1974).

La oportunidad de escoger

entre estas se conoce como el derecho de opción. L. Fernando

Reglero

Campos,

Conceptos

Generales

y

Elementos

de

Delimitación en Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, 5

Por ello, se permite acumular una acción en daños y perjuicios

extracontractuales con una de cumplimiento específico de contrato. J.A.

Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan,

Pubs. JTS, 2011, T. II, págs. 623-624.

20

En cuanto a la doctrina de elección de remedios, véase, 39 A.L.R.6th

155 (“[A]n essential element of an election of remedies is the

availability of at least two remedies for the same wrong, or there must

be at least two viable legal theories upon which recovery may be had.

The election is limited to a choice by a party between inconsistent

remedies or rights or theories of recovery or modes of procedure and

relief, the assertion of one being necessarily repugnant to, or a

repudiation of, the other.) Véase además, Llambías v. Pagán, 65 DPR 451

(1945); Matheu v. Colón, 49 DPR 376 (1936); Rafols v. Sucn. Palens, 40

DPR 632 (1930).

21

AC-2021-0004

ed.

19

Arazandi,

disponibilidad

2014,

de

págs.

varias

181-189.

causas

no

Esto,

significa

pues

que

la

pueda

recobrarse bajo varias de ellas. González v. Centex Const.

Co., etc., supra.

El

acreedor

optará

por

la

causa

de

acción

que le

favorezca tras analizar los elementos a probar, la extensión

de la indemnización y los términos prescriptivos, entre otros

factores.22 El análisis por los tribunales de la aplicación

de la teoría de la concurrencia de acciones en cada caso va

a depender de las figuras jurídicas en juego. Para ello, se

examinan

las

alegaciones

contenidas

en

la

demanda.

Finalmente, la selección por el perjudicado de una de las

acciones disponibles se deducirá de sus alegaciones y la

prueba que presente. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et

al., supra, págs. 912-913; Márquez v. Torres Campos, supra;

González v. Centex Const. Co., etc., supra, pág. 86.

Nos hemos expresado repetidamente sobre la concurrencia

de acciones ex contractu y ex delictu. La delimitación

conceptual de ambas acciones entraña en ocasiones enormes

dificultades. Mejías v. López, 51 DPR 21 (1937). Sin embargo,

hemos delimitado que la primera atiende los daños derivados

del incumplimiento de contrato y aplica en aquellas acciones

que tienen como base el quebrantamiento o incumplimiento de

una obligación contractual. Prieto v. Maryland Casualty Co.,

En cuanto a cómo se manifiestan las diferencias de régimen jurídico

entre los tipos de responsabilidad en aspectos sustantivos y procesales,

véase L. Fernando Reglero Campos, Conceptos Generales y Elementos de

Delimitación en Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, 5 ed. Arazandi,

2014, P. 161.

22

AC-2021-0004

20

98 DPR 594 (1970). Por otro lado, la segunda atiende los

daños derivados de la culpa extracontractual que nace de las

obligaciones y deberes impuestos por la naturaleza y por la

ley,

necesarias

para

la

convivencia

social.

Ramos

v.

Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 712 (1992). Sin

embargo, ambas acciones pueden ser concurrentes si el hecho

causante

del

daño

es

al

mismo

tiempo

incumplimiento

contractual y violación al deber general de no causar daño

a otros.23 Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., supra,

pág. 728.

Aunque el demandante acumule ambas acciones,

este deberá escoger entre ellas dado que ambas modalidades

responden a un principio común de derecho y a una misma

finalidad reparadora. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et

al., supra, págs. 910-911, citando a Ramos v. Orientalist

Rattan

Furnt.,

Inc.,

supra,

pág.

722.

Al

respecto,

específicamente hemos indicado que:

No procede la indemnización conjunta por ambos

tipos de acción, puesto que ello conllevaría una

duplicidad de remedios. El resarcimiento procederá

únicamente por una sola de las reclamaciones.

Corresponde, por lo tanto, al perjudicado, optar

por una de las dos (2) vías alternas para obtener

la reparación satisfactoria a sus daños. Id.

D. Concurrencia entre el Art. 27.164 del Código de

Seguros por prácticas desleales en el ajuste de

reclamaciones y las acciones de carácter general

La concurrencia de acciones entre la responsabilidad contractual y la

responsabilidad aquiliana puede darse cuando el hecho causante del daño

es al mismo tiempo incumplimiento contractual y violación al deber

general de no causar daño a otros, y tanto el acreedor contractual como

el deudor contractual sea perjudicado e infractor en la obligación

delictual. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 712, 725728 (1992).

23

AC-2021-0004

21

Mediante la Ley 247-2018, la Asamblea Legislativa ha

reconocido expresamente la responsabilidad por daños del

asegurador al no actuar de buena fe en la resolución de una

reclamación. En cuanto a estos casos, la acción provista por

el Art. 27.164 del Código de Seguros, supra, tiene una

finalidad reparadora y busca proveer una herramienta para

indemnizar al perjudicado por los daños ocasionados por las

violaciones dispuestas en el Código de Seguros. Al hacerlo,

la Ley Núm. 247-2018 también reconoce la existencia de otras

causas de acción que han estado disponibles y que pueden

aplicar, pero que son provistas por el Código Civil (ya sea

en “materia de contratos o derecho extracontractual o daños

y perjuicios”).

El Art. 27.164(6) del Código Civil, supra, indica que:

“El recurso civil especificado en esta sección no

sustituye cualquier otro recurso o causa de acción

prevista en virtud de cualquier otro estatuto o de

conformidad con las leyes de Puerto Rico o las leyes

federales aplicables.

Cualquier persona podrá

reclamar bajo las disposiciones generales referente

a materia de contratos o derecho extracontractual

o daños y perjuicios, según contemplados en el

Código Civil de Puerto Rico.

Sin embargo, los

tribunales o foros adjudicativos están impedidos de

procesar y adjudicar ambos recursos o causas de

acción. Los daños recuperables de conformidad con

esta sección incluirá aquellos daños que son un

resultado

razonablemente

previsible

de

una

violación específica de esta sección por la

aseguradora

autorizada

y

puede

incluir

una

adjudicación o juicio por un monto que exceda los

límites de la póliza. (Énfasis suplido).

En cuanto a estas acciones de carácter general, el Código de

Seguros expresamente indica que no han quedado sustituidas

por este. Es decir, la acción del Código de Seguros no es

AC-2021-0004

22

exclusiva. No obstante, la Ley 247-2018, supra, aclara que

los tribunales están impedidos de “procesar y adjudicar”

ambos recursos o causas de acción. Examinemos a profundidad

este precepto.

Como comentáramos previamente, el Art. 27.164(6) del

Código de Seguros proviene en su mayoría de la Sec. 624.155

de los Estatutos de Florida. Reconocemos la fuerza persuasiva

que tiene la interpretación de un estatuto tomado de otra

jurisdicción.

R.

Elfrén

Bernier

y

J.A.

Cuevas

Segarra,

Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da

ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. I, pág. 451. Así,

en cuanto a este aspecto, el estatuto de Florida indica que

“cualquier

persona

puede

obtener

una

sentencia

bajo

el

remedio de mala fe del common law o bajo este remedio

estatutario, pero no tendrá derecho a una sentencia bajo

ambos remedios”.24 Esta disposición ya ha sido analizada por

la Corte Suprema de Florida, jurisdicción que ha desarrollado

acciones en daños bajo el common law y otra estatutaria.25

Esta última ha sido interpretada como otra acción disponible

para el reclamante. Aunque puede ser acumulada con la del

“Any person may obtain a judgment under either the common-law remedy

of bad faith or this statutory remedy, but shall not be entitled to a

judgment under both remedies”. Sec. 624.155(8), Florida Statutes.

24

Macola v. Government Employees Ins. Co., 953 So.2d 451, 455-456 (2006).

(“However, this common law cause of action arose only in the third-party

context, and did not authorize common law first-party actions by an

insured against its own insurer for failing to act in good faith when

settling a claim brought by the insured against its insurer[…] If an

insurer acted in bad faith in settling a claim filed by its insured, the

only common law action available to the insured was a breach of contract

action against the insurer in which damages were limited to those

contemplated by the parties in the insurance policy”.)

25

AC-2021-0004

23

common law, está limitada por la doctrina de duplicidad de

remedios.

tiene

Por lo tanto, al expresar que el reclamante no

derecho

a

una

sentencia

bajo

ambas

acciones,

el

estatuto asegura que este no obtenga doble compensación de

sentencias separadas.26 Esta interpretación es cónsona con

nuestro ordenamiento en cuanto a que las causas de acción,

alternativas

o

independientes,

son

acumulables.

Sin

embargo, no se autoriza la duplicidad de remedios.

Por lo

tanto, el perjudicado debe seleccionar entre las acciones

disponibles; selección que se deduce de las alegaciones y de

la prueba que este presente.

Sin embargo, esta disposición de la jurisdicción de

Florida fue adoptada con ciertos cambios.

Así, el texto

finalmente aprobado indica que: “Cualquier persona podrá

reclamar

bajo

las

disposiciones

generales

referente

a

materia de contratos o derecho extracontractual o daños y

perjuicios, según contemplados en el Código Civil de Puerto

Rico.

Sin embargo, los tribunales o foros adjudicativos

están impedidos de procesar y adjudicar ambos recursos o

causas de acción”.

Recalcamos que cuando el texto de la ley es claro y

libre de ambigüedad, no debe ser sustituido bajo el pretexto

de cumplir con los propósitos legislativos.

Sin embargo,

como hemos reiterado, las disposiciones de una ley no deben

26Macola

v. Government Employees Ins. Co., supra, pág. 457. (“Rather than

limit the type of action available to a claimant, the statute merely

ensures that a claimant does not obtain a double recovery by receiving

separate judgments when proceeding with two different remedies”).

AC-2021-0004

24

ser interpretadas aisladamente, sino que deben serlo tomando

en consideración todo su contexto.

El análisis hermenéutico

debe evitar la aplicación literal de la ley si esto tiene

consecuencias absurdas.

Es decir, la interpretación debe

ser razonable y consecuente con el propósito legislativo.

Brau, Linares v. ELA, supra, pág. 339.

Del examen de la ley en concordancia con su propósito

y nuestro ordenamiento, concluimos que la limitación que

contempla la ley es en cuanto al remedio. Esto, pues tanto

las acciones disponibles bajo el Código Civil como al amparo

del Código de Seguros por prácticas desleales en el ajuste

de reclamaciones responden a la misma finalidad reparadora.

En consideración a los preceptos y principios propios de

cada causa de acción, es el demandante quien opta entre ellas

según el beneficio que le provea.

No surge del texto de la

ley ni del historial legislativo que la intención de la

Asamblea Legislativa fuera apartarse del tratamiento que da

nuestro ordenamiento a las acciones concurrentes ni del

tratamiento que se le daba en Florida, jurisdicción a la que

recurrió para esta disposición.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa no ha dado carta

en blanco para impactar los acuerdos entre las partes ni ha

aumentado

la

responsabilidad

reclamante

siempre

debe

del

probar

los

asegurador,

elementos

pues

del

el

daño.

Tampoco ha prejuzgado el comportamiento de las aseguradoras

en

casos

particulares.

Legislativa

se

Por

el

contrario,

la

Asamblea

ha limitado a reconocer unos mecanismos

AC-2021-0004

25

para permitir que los perjudicados vindiquen sus derechos y

promover que las aseguradoras cumplan con las disposiciones

de la ley.

Por

lo

tanto,

resolvemos

que,

presente ambas causas de acción,

aunque

el

asegurado

en aras de evitar la

duplicidad de remedios, el tribunal solo podrá adjudicar a

su

favor

una

seleccionada

de

por

ellas,

el

a

saber,

asegurado.

la

Tal

causa

de

acción

selección

deberá

desprenderse, conjuntamente, de las alegaciones y la prueba

presentada por este. Conforme a lo anterior, revocamos la

sentencia recurrida y devolvemos el caso al Tribunal de

Primera

Instancia

para

procedimientos

ulteriores

consistentes con esta opinión.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo

de

Titulares

del

Condominio Balcones de San Juan

Certiorari

Peticionario

AC-2021-0004

v.

Mapfre Praico Insurance Company

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2022.

Por los fundamentos antes expresados, revocamos la

sentencia recurrida y devolvemos el caso al Tribunal de

Primera

Instancia

para

procedimientos

ulteriores

consistentes con esta opinión.

Lo pronunció, manda el Tribunal

Secretario del Tribunal Supremo.

y

certifica

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

el