Tribunal Supremo de Puerto Rico
FECHA DE DECISIÓN
2022 TSPR 14
Poder Judicial de Puerto Rico
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FECHA DE DECISIÓN
NUMERO CASO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Rafael Hernández Montañez,
en su capacidad oficial como
Presidente de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico y
Hon. Jesús Santa Rodríguez en su
capacidad
oficial
como
Presidente de la Comisión de
Hacienda
de
la
Cámara
de
Representantes
Certiorari
Recurridos
2022 TSPR 14
v.
208 DPR ____
Hon. Francisco Parés Alicea,
Secretario del Departamento de
Hacienda, en su carácter oficial
y
como
Representante
del
Gobierno de Puerto Rico y otros
Peticionarios
Número del Caso:
CC-2020-214
Fecha: 1 de febrero de 2022
Tribunal de Apelaciones:
Panel V
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez
Procurador General
Lcdo. Omar Andino Figueroa
Subprocurador General
Lcda. Carmen A. Riera Cintrón
Procuradora General Auxiliar
Abogados de la parte recurrida:
Lcdo. Jorge Martínez Luciano
Lcdo. Emil Rodríguez Escudero
Materia: Derecho Constitucional: Falta de legitimación activa de la
Cámara de Representantes para cuestionar la validez de la actuación
del Secretario de Hacienda por entender que ésta modificó el
significado de una ley debidamente aprobada.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.
Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon.
Rafael
Hernández
Montañez,
en
su
capacidad
oficial como Presidente de la
Cámara de Representantes de
Puerto Rico y Hon. Jesús Santa
Rodríguez
en
su
capacidad
oficial como Presidente de la
Comisión de Hacienda de la
Cámara de Representantes
Recurridos
CC-2020-214
Certiorari
v.
Hon. Francisco Parés Alicea,
Secretario del Departamento de
Hacienda,
en
su
carácter
oficial y como Representante
del Gobierno de Puerto Rico y
otros
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR
FELIBERTI CINTRÓN.
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2022.
Hoy
nos
corresponde
resolver
un
cuestionamiento
de
umbral en torno a la justiciabilidad de un caso instado por
unos
legisladores
a
los
fines
de
impugnar
la
constitucionalidad de cierta actuación del Secretario del
Departamento de Hacienda.
los
miembros
legitimación
de
la
activa
Particularmente, examinamos si
Cámara
para
de
Representantes
cuestionar
la
validez
tienen
de
la
actuación del Secretario de Hacienda por entender que ésta
modificó el significado de una ley debidamente aprobada.
Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos
que los miembros de dicho cuerpo legislativo carecen de
CC-2020-214
2
legitimación activa para instar el referido reclamo.1
A
continuación, procedemos a narrar los hechos que dieron
lugar al presente recurso.
I
El 16 de enero de 2020, el Hon. Carlos J. Méndez Núñez,
Presidente de la Cámara de Representantes en ese entonces,
y el Hon. Antonio L. Soto Torres, Presidente de la Comisión
de Hacienda del mismo cuerpo legislativo en aquel momento
(en conjunto, legisladores o recurridos),2 presentaron una
Demanda sobre sentencia declaratoria e interdicto preliminar
y permanente en contra del Secretario del Departamento de
Hacienda, el Hon. Francisco Parés Alicea (Secretario de
Hacienda), y otros, como representantes del Gobierno de
Puerto Rico (en conjunto, Gobierno o peticionarios).
En síntesis, los recurridos -en su capacidad individual
como legisladores y en representación del mencionado cuerpo
legislativo- alegaron que, en virtud de la Ley Núm. 60-2019,
1
Conviene puntualizar que, aun cuando se puede alegar que la
controversia se ha tornado académica por la aprobación de la Ley Núm.
40-2020, nuestra revisión sobre el elemento de legitimación activa
dispone del asunto que nos ocupa. El concepto de mootness o academicidad
“recoge la situación en que, aun cumplidos todos los requisitos de
justiciabilidad, los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el
trámite judicial de una controversia, tornan en académica o ficticia su
solución”. (Cita omitida). Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109
DPR 715, 724-725 (1980).
En ese sentido, si concluimos que los
recurridos carecen de legitimación activa, cualquier pronunciamiento
ulterior en torno a la justiciabilidad del caso resultaría innecesario.
Véase, por ejemplo, Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59 (2017).
2
Valga señalar que, durante el trámite procesal del caso ante este
Foro, el Hon. Carlos J. Méndez Núñez y el Hon. Antonio L. Soto Torres
fueron sustituidos por el Hon. Rafael Hernández Montañez, en su
capacidad oficial como Presidente de la Cámara de Representantes, y el
Hon. Jesús Santa Rodríguez, en su capacidad oficial como Presidente de
la Comisión de Hacienda del mismo cuerpo legislativo (en conjunto,
legisladores o recurridos). Véase Resolución de 6 de abril de 2021.
CC-2020-214
3
según enmendada, conocida como el Código de Incentivos de
Puerto Rico (Ley Núm. 60), 13 LPRA sec. 45001 et seq., la
Asamblea
Legislativa
contribuyentes
modificó
para
la
forma
presentar
las
provista
a
los
declaraciones
informativas sobre los pagos realizados por anuncios, primas
de seguros, servicios de telecomunicaciones, servicios de
acceso a Internet, y servicios de televisión por cable o
satélite (declaraciones informativas).
En particular, los
legisladores adujeron que el cambio consistió en requerirle
a
la
entidad
proveedora
de
tales
servicios,
y
no
al
contribuyente que pagaba por éstos, la presentación de las
declaraciones informativas ante el Departamento de Hacienda,
en o antes del 28 de febrero del año siguiente.3
Posteriormente, según destacaron los legisladores, el
Secretario
de
Hacienda
promulgó
la
Determinación
Administrativa Núm. 19-08 (Determinación Administrativa).
Mediante ésta, el Secretario de Hacienda dispuso que, a
manera de excepción para el año calendario 2019,4
las
3
En lo pertinente, las Secciones 6070.39 y 6070.40 de la Ley
Núm. 60-2019, según enmendada, conocida como el Código de Incentivos de
Puerto Rico, modificaron las Secciones 1063.01 y 1063.16 de la Ley
Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas
para un nuevo Puerto Rico.
4
La Exposición de Motivos de la Determinación Administrativa
Núm. 19-08 (Determinación Administrativa) establece lo siguiente:
Luego de la publicación del BI RI 19-09, el Departamento
[de Hacienda] recibió de parte de las industrias de seguros
y
telecomunicaciones,
respectivamente,
Colegio
de
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (“CCPA”) y
la Asociación de Industriales de Puerto Rico (“AIPR”) varias
observaciones y una solicitud para posponer el requisito de
[la declaración] informativa requerido en la nueva Sección
1063.16 del Código.
Véase Determinación Administrativa,
http://www.hacienda.pr.gov/publicaciones/determinacionadministrativa-num-19-08 (última visita, el 5 de octubre
de 2021).
CC-2020-214
4
declaraciones informativas debían ser presentadas por los
contribuyentes pagadores, aplazando así tal exigencia para
las entidades proveedoras de los servicios.5
En desacuerdo,
los recurridos enviaron una carta al Secretario de Hacienda,
en
la
cual
le
Determinación
solicitaron
que
dejara
Administrativa
por
entender
contraria al texto de la Ley Núm. 60.
sin
efecto
la
ésta
era
que
Sin embargo, el
Secretario de Hacienda no revirtió su decisión.
En
ese
sentido,
los
legisladores
Determinación
Administrativa
ciudadanos
recibir
a
de
violó
parte
de
adujeron
que
la
derecho
de
los
proveedores
de
el
los
servicios las declaraciones informativas necesarias para que
pudieran acogerse a ciertas deducciones establecidas por
ley.6
Asimismo,
5
En
específico,
siguiente:
.
.
la
.
aseveraron
que
Determinación
Administrativa
.
.
.
la
.
Determinación
dispone
.
Por tanto, para el año calendario 2019, la persona
responsable por la preparación y radicación del Formulario
480.7E no será la persona o entidad que reciba el pago, sino
la persona o entidad que realizó el pago. Además, conforme
a lo dispuesto en el BI RI 19-09, dicho formulario deberá
ser radicado únicamente por medios electrónicos a través
del Sistema Unificado de Rentas Internas (“SURI”).
.
.
.
.
.
.
.
.
Cabe señalar que esta determinación se hace a manera de
excepción únicamente para el año calendario 2019, con el
propósito de brindarle a los negocios de las industrias de
seguros, telecomunicaciones y publicidad tiempo adicional
para que puedan trabajar en la programación de sus sistemas
y obtener la data necesaria para cumplir con lo establecido
en la Sección 1063.16 del Código, según aprobada por la [Ley
Núm. 60]. (Énfasis suplido). Determinación Administrativa,
http://www.hacienda.pr.gov/publicaciones/determinacionadministrativa-num-19-08 (última visita, el 5 de octubre
de 2021).
6
Véase Demanda, Apéndice del Certiorari, págs. 55-56.
lo
CC-2020-214
5
Administrativa era inconstitucional y ultra vires por ser
contraria al texto de la Ley Núm. 60, así como violar el
principio de separación de poderes.7
En vista de ello, los recurridos presentaron la referida
Demanda
para
Afirmaron
que
vindicar
la
sus
intervención
facultades
de
los
legislativas.
tribunales
era
fundamental para darle fin a la controversia y disipar la
incertidumbre jurídica que representaba para los ciudadanos
de
Puerto
Rico.
Por
consiguiente,
solicitaron
que
se
declarara inconstitucional la actuación del Secretario de
Hacienda y, a su vez, exigieron que se le prohibiera a éste
poner en vigor la mencionada Determinación Administrativa.
Posteriormente, los peticionarios presentaron una Moción
de desestimación. En lo pertinente al recurso que nos ocupa,
alegaron
que
los
legisladores
carecían
de
legitimación
activa, pues no sufrieron un daño claro y palpable ni se
afectaron sus prerrogativas legislativas.
Expresaron que
eran los contribuyentes quienes tenían legitimación activa
para
presentar
Determinación
cualquier
reclamo
Administrativa.
Por
en
contra
último,
el
de
la
Gobierno
aseveró que el Secretario de Hacienda actuó dentro de sus
facultades
al
interpretar
las
leyes
para
establecer,
desarrollar y coordinar la política pública contributiva
conforme al marco jurídico existente.
7
Íd., pág. 55.
CC-2020-214
6
Oportunamente, los recurridos presentaron una Oposición
a moción de desestimación.
En su escrito, reiteraron que
-a su juicio- la Determinación Administrativa promulgada por
el Secretario de Hacienda modificó la Ley Núm. 60.
Ante
esto, aseveraron que las prerrogativas constitucionales de
la Cámara de Representantes fueron menoscabadas.
Por otro
lado, los legisladores afirmaron tener un interés legítimo
en que no se anularan sus votos a favor de la Ley Núm. 60 y
en que no se vulnerara su participación en el proceso
legislativo
ni
en
el
ejercicio
de
sus
funciones
constitucionales.
Luego de otras incidencias procesales en las que las
partes reafirmaron sus planteamientos sobre los méritos de
sus respectivas interpretaciones estatutarias,8 el Tribunal
de Primera Instancia dictó una Sentencia el 4 de febrero
de 2020.
En lo pertinente, acogió las estipulaciones de
hechos siguientes:
.
.
.
.
.
.
.
.
5.
El 1 de julio de 2019, el entonces
Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo
Rosselló Nevares, firmó la [Ley Núm. 60],
según enmendada, conocida como [el] “Código
de Incentivos de Puerto Rico”.
6.
El 4 de septiembre de 2019, el
Departamento de Hacienda emitió el Boletín
Informativo de Rentas Internas Núm. 1909
(“BI RI 19-09”) con el propósito de
“notificar
la
publicación
de
los
formularios de Comprobantes de Retención y
Declaraciones Informativas para el año 2019
8
Véanse: Réplica a oposición a moción de desestimación, Apéndice del
Certiorari, págs. 175-220; Dúplica a réplica a oposición de
desestimación, Apéndice del Certiorari, págs. 221-225.
CC-2020-214
7
e informar los cambios más significativos
realizados a dichos formularios”.
7.
El 9 de diciembre de 2019, el
Departamento
de
Hacienda
emitió
la
Determinación Administrativa Núm. 19-08
(“DA 19-08”).
8.
El propósito del Departamento de
Hacienda al emitir la DA 19-08 fue
“establecer que, para el año calendario
2019 únicamente, la persona responsable por
la
preparación
y
[presentación]
del
Formulario 480.7E no será la persona o
entidad que reciba el pago, sino la persona
o entidad que realizó el pago por anuncios,
primas
de
seguros,
servicios
de
telecomunicaciones, servicios de acceso a
[I]nternet, servicios de televisión por
cable o satélite durante el año”.9
En síntesis, el tribunal de instancia concluyó que “[n]o
hay duda [de] que la Cámara de Representantes o el Senado
de Puerto Rico tienen legitimación activa, mediante un
representante,
de
vindicar
los
poderes
que
se
le[s]
concedi[eron] por la Constitución de Puerto Rico y que otra
rama de gobierno está usurpando”.10
Por lo tanto, el foro
de instancia denegó la solicitud de desestimación presentada
por el Gobierno y declaró Ha Lugar la Demanda instada por
los
legisladores.
inconstitucionalidad
de
De
esta
forma,
la
Determinación
decretó
la
Administrativa
dispuesta por el Secretario de Hacienda.11
Inconforme, los peticionarios acudieron ante el Tribunal
de
Apelaciones
9
mediante
una
Apelación.
En
síntesis,
Véase Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del
Certiorari, pág. 231
10
Íd., pág. 242.
11
Íd., pág. 243.
CC-2020-214
8
alegaron que el foro de instancia erró al concluir que la
Determinación Administrativa promulgada por el Secretario
de Hacienda era ultra vires, nula e inconstitucional por
violar la separación de poderes que dispone la Constitución
de Puerto Rico.12
Acompañaron la presentación de su recurso
con una moción en auxilio de jurisdicción.
Así, el 21 de
febrero de 2020, el tribunal apelativo intermedio paralizó
los efectos de la Sentencia.
proprio
que
posiciones
las
en
partes
cuanto
a
Entre tanto, ordenó motu
presentaran
la
sus
legitimación
respectivas
activa
de
los
presentaron
un
legisladores para solicitar un remedio judicial.
Por
consiguiente,
los
peticionarios
Escrito en cumplimiento de orden.
En el mismo, reiteraron
que los recurridos no demostraron que sufrieron un daño
claro y palpable ni que sus prerrogativas constitucionales
fueron vulneradas.13
fundamentaron su
abstracta.14
de
anulación
Además, señalaron que los legisladores
Demanda en una reclamación genérica y
Por último, el Gobierno adujo que la doctrina
del
voto
era
inaplicable
a
los
hechos
particulares del caso.15
Por su parte, los recurridos presentaron una Moción en
cumplimiento de orden sobre legitimación activa de los
12
Véase Apelación, Apéndice del Certiorari, pág. 20.
13
Véase Escrito en cumplimiento de orden, Apéndice del Certiorari,
pág. 350.
14
Íd., pág. 349.
15
Íd., págs. 352-353.
CC-2020-214
9
demandantes.
En
contraste,
argumentaron
que
estaban
facultados por autoridad constitucional y reglamentaria para
comparecer
en
el
pleito
a
nombre
de
la
Cámara
de
Representantes de Puerto Rico y defender sus prerrogativas
constitucionales.16
Además, reiteraron que -como miembros
individuales del mencionado cuerpo legislativo- poseen un
interés legítimo en que sus votos a favor de la Ley Núm. 60
no sean anulados.17
Así el trámite, el Tribunal de Apelaciones emitió una
Sentencia confirmando el dictamen apelado.
Razonó que el
tribunal de instancia no erró al declarar ultra vires e
inconstitucional la Determinación Administrativa emitida
por
el
Secretario
justiciabilidad
del
de
Hacienda.
caso,
el
foro
En
cuanto
apelativo
a
la
intermedio
expuso que los recurridos gozaban de legitimación activa
puesto que “válidamente impugnan una actuación ilegal de la
Rama
Ejecutiva
que
laceró
la
separación
de
poderes
de
nuestra Constitución, específicamente, la facultad de la
Asamblea Legislativa de aprobar o enmendar las leyes”.18
16
Véase Moción en cumplimiento de orden sobre legitimación activa de
los demandantes, Apéndice del Certiorari, pág. 361.
17
18
Íd.
Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice del
Certiorari, pág. 393 esc. 4.
Por su parte, a través de un Voto
disidente, la Jueza Rivera Marchand expresó que los legisladores
carecían de legitimación activa para instar la Demanda, ya que pudieron
ejercitar plenamente su derecho constitucional de legislar. Señaló que
la doctrina de la anulación del voto no tiene cabida en la discusión
del presente caso, pues la Ley Núm. 60 ya fue aprobada y no existe un
proceso legislativo pendiente.
Por lo tanto, manifestó que hubiese
ordenado la desestimación del caso.
Véase Sentencia del Tribunal de
Apelaciones (Voto disidente de la Jueza Rivera Marchand), Apéndice del
Certiorari, págs. 413-427.
CC-2020-214
Aún
10
insatisfechos
con
la
determinación
del
foro
apelativo intermedio, los peticionarios acudieron ante este
Tribunal y señalaron como único error lo siguiente:
Erró
el
Tribunal
de
Apelaciones
al
confirmar la Sentencia emitida por el
Tribunal de Primera Instancia habida cuenta
[de]
que
la
parte
demandante,
aquí
recurrida, carece de legitimación activa
para incoar la Demanda. Por lo tanto, lo
que procedía en derecho era decretar la
desestimación de la Demanda.
Luego
de
solicitado,
haber
y
expedido
contando
con
el
el
auto
de
certiorari
beneficio
de
las
comparecencias de ambas partes, resolvemos.
II
A.
La legitimación activa
El principio de justiciabilidad requiere la existencia
de un caso o controversia real para que los tribunales puedan
ejercer válidamente el Poder Judicial.
Ramos, Méndez v.
García García, 203 DPR 379, 393-394 (2019); Suárez Cáceres
v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 60 (2009); Com. de
la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980).
En
ese sentido, hemos reiterado que los tribunales únicamente
podemos evaluar los méritos de aquellos casos que sean
justiciables.
Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68
(2017); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920,
931 (2011); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958).
En
el
examen
de
las
controversias,
“los
propios
tribunales se preguntan y evalúan si es o no apropiado
entender en determinado caso tomando en cuenta diversos
factores y circunstancias mediante un análisis
que les
CC-2020-214
11
permite ejercer su discreción en cuanto al límite de su
poder
constitucional”.
Com.
Justicia, supra, pág. 720.
de
los
tribunales
controversia
la
Mujer
v.
Srio.
de
De esta manera, la intervención
tendrá
genuina
de
lugar
surgida
sólo
entre
si
existe
una
partes
opuestas
que
tienen un interés real en obtener un remedio que afecte sus
relaciones
jurídicas.
Suárez
Cáceres
v.
Com.
Estatal
Elecciones, supra, pág. 60 (haciendo referencia a E.L.A. v.
Aguayo, supra, págs. 558-559).
Como elemento necesario para la debida adjudicación de
los
méritos
de
justiciabilidad
una
nos
controversia,
impone
el
deber
el
de
principio
evaluar
si
de
los
demandantes poseen legitimación activa.
Hernández Torres
v. Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992).
Hemos definido la
legitimación activa como “la capacidad que se le requiere a
la parte promovente de una acción para comparecer como
litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos
procesales
vinculante”.
y,
de
esta
forma,
obtener
una
sentencia
Ramos, Méndez v. García García, supra, pág.
394 (citando a Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág.
69).
En esencia, “el examen de la legitimación activa es un
mecanismo usado por los tribunales para delimitar su propia
jurisdicción y no adentrarse en los dominios de otras ramas
de gobierno, y no lanzarse a resolver cuestiones hipotéticas
o planteadas dentro de un contexto inadecuado”.
suplido y escolio omitido).
(Énfasis
Hernández Torres v. Hernández
CC-2020-214
12
Colón et al., 131 DPR 593, 598 (1992).
Por otra parte,
“[e]ste elemento de justiciabilidad difiere de los otros
‘porque gira principalmente en torno a la parte que prosigue
la acción y sólo secundariamente en cuanto a las cuestiones
a adjudicarse’”.
(Énfasis suplido).
Col. Ópticos de P.R.
v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 564 (1989) (citando a
Com. de la Mujer v. Srio. De Justicia, supra, pág. 723).
Al amparo de esta doctrina, la parte que solicita un
remedio judicial debe demostrar que: (1) ha sufrido un daño
claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso,
no abstracto o hipotético; (3) existe una conexión entre el
daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) la causa
de acción surge al palio de la Constitución o de una ley.
Bhatia
Gautier
v.
Gobernador,
supra,
pág.
69;
Fund.
Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010);
Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 371
(2002);
Hernández
Torres
v.
Gobernador,
supra,
págs.
835-836.
Por otro lado, hemos expresado que cuando se trate de
una acción en contra de las agencias y los funcionarios
gubernamentales,
estos
criterios
deben
interpretarse
de
manera flexible y liberal para la parte promovente del
pleito.
Ramos Rivera v. García García, supra, pág. 395;
Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, págs. 69–70.
Ahora
bien, dicha flexibilidad no implica que “la puerta está
abierta de par en par para la consideración de cualquier
caso
que
desee
incoar
cualquier
ciudadano
en
alegada
CC-2020-214
13
protección de una política pública”.
Fund. Surfrider y
otros v. A.R.Pe., supra, pág. 573; Salas Soler v. Srio. de
Agricultura, 102 DPR 716, 723-724 (1974).
B.
La legitimación activa de los legisladores
En el caso de los legisladores, éstos deben cumplir con
los mismos requisitos que se les exigen a los ciudadanos
para demostrar
que
poseen
legitimación activa.
Gautier v. Gobernador, supra, pág. 70.
Bhatia
Particularmente,
deben establecer que han sufrido un daño claro e inmediato
a sus prerrogativas legislativas.
Íd.
Al cumplir con este
requisito, los legisladores tienen que asegurarse de que no
están invocando una prerrogativa abstracta y desligada del
ejercicio de sus funciones legislativas.
Íd.
Asimismo, los
legisladores tienen que demostrar que existe una conexión
entre el daño que alegan haber sufrido y la acción que
ejercitan.
Íd., pág. 71.
Según hemos señalado, las prerrogativas legislativas son
la garantía que posee todo legislador a ejercitar plenamente
su derecho constitucional a legislar según comprendido en
el Art. III, Sec. 1 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA,
Tomo 1.
Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra,
pág. 601.
Desde este punto de vista, los tribunales deben
quedar convencidos de que se trata de una verdadera lesión
a sus prerrogativas legislativas.
Íd.
Igualmente, cuando un miembro de la Asamblea Legislativa
alega que sus prerrogativas como legislador se han afectado
porque
no
ha
podido
fiscalizar
adecuadamente
la
obra
CC-2020-214
14
legislativa,
mecanismos
debe
recordar
razonables
y
que
ello
necesarios
sólo
que
implica
los
posibiliten
su
participación plena en todas las etapas críticas del proceso
legislativo.
Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, págs. 70-
71; Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág.
602.
Además,
los
legisladores
deben
agotar
todos
los
remedios que tengan a su disposición antes de acudir a los
tribunales
para
que
se
les
permita
y
reconozca
dicho
derecho.
Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 71;
Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág. 602.
Al igual que las leyes, toda actuación gubernamental
está
sujeta
a
ser
interpretada
y
ser
declarada
inconstitucional en nuestro sistema constitucional.
Véase
Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág. 602.
En ese sentido, hemos expresado que el sujeto activo en la
impugnación
no
puede
inconstitucionalidad.
valerse
Íd.
de
una
mera
alegación
de
Por ende, “[s]u legitimación
activa debe estar sustentada a través de todas las etapas
procesales del pleito a los efectos de que ha sufrido un
daño claro, palpable y no especulativo y cumple con todos
los otros requisitos necesarios para el reconocimiento de
su legitimación activa”.
A
través
de
la
Íd.
jurisprudencia,
hemos
reconocido
legitimación activa de un legislador si:
(1)
defiende
un
interés
individual
tradicional
vinculado
con
el
proceso
legislativo
e
invocado
frente
a
funcionarios del
Cuerpo tanto en su
carácter particular como en representación
de un grupo de ese Cuerpo, (2) impugna una
la
CC-2020-214
15
actuación ilegal del Ejecutivo,19 (3) las
reglas senatoriales coartan su derecho
constitucional de participar en las etapas
esenciales
y
significativas
en
las
comisiones del Cuerpo, (4) cuestiona las
reglas senatoriales que impugna el intento
del Senado de excluir a un senador de su
escaño mientras se determina la validez de
su
elección,
(5)
para
solicitar
un
injunction y sentencia declaratoria con el
objetivo de cuestionar que una persona está
ocupando un cargo en detrimento de su poder
de
confirmación,
y
(6)
vindica
su
prerrogativa y función constitucional como
lo es la participación en el proceso de
confirmación de consejo y consentimiento de
un nombramiento de un funcionario público.
(Cita depurada y énfasis suplido). Ramos,
Méndez v. García García, supra, págs. 395396.
Cónsono
legislador
con
ello,
recientemente
posee
legitimación
reiteramos
activa
para
que
un
vindicar
un
interés personal en el ejercicio de sus prerrogativas y
funciones constitucionales afectadas por el Poder Ejecutivo.
Véase
Senado
de
Puerto
Rico
v.
Tribunal
Supremo
de
Puerto Rico, 2021 TSPR 141, 208 DPR ___ (2021) (haciendo
referencia a Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 428
(1994)).
Por
otra
parte,
hemos
determinado
que
un
legislador no tiene legitimación activa para presentar una
acción en representación de sus votantes o del interés
público bajo el reclamo de un perjuicio general a nombre de
toda la ciudadanía.
págs. 841-842.
19
Hernández Torres v. Gobernador, supra,
Véase, además, L.M. Villaronga, Derecho
En específico, actuaciones del Poder Ejecutivo que limitan las
funciones de la Legislatura. Véase, por ejemplo, Noriega v. Hernández
Colón, 135 DPR 406, 428 (1994) (reconociendo la legitimación activa de
unos legisladores, al Ejecutivo no permitirles adjudicar ciertos fondos
asignados por ley).
CC-2020-214
16
constitucional, 62 Rev. Jur. UPR 683, 689-692 (1993).
En
tales
circunstancias,
directamente
“[c]orresponde
perjudicados
por
[esa]
a
los
acción,
ciudadanos
que
hayan
sufrido un daño claro y palpable, recurrir a los tribunales
en
defensa
de
sus
intereses”.20
(Énfasis
suplido).
Hernández Torres v. Gobernador, supra, pág. 843.
Por otro lado, considerando la normativa establecida en
Raines v. Byrd, 521 US 811 (1997),21 expresamos los criterios
que deben considerarse para reconocer la legitimación activa
de un legislador cuando reclama que la efectividad de su
voto ha sido anulada.
Véase Ramos, Méndez v. García García,
supra, págs. 406-407.
Allí destacamos lo siguiente sobre
el precitado caso federal:
En lo pertinente al reclamo de la
efectividad
de
la
votación,
los
legisladores
argumentaron
que
la
ley
promulgada
causó
un
tipo
de
daño
institucional en la medida que resultó en
una disminución del Poder Legislativo que
necesariamente provocaba un daño a los
legisladores
del
Congreso.
Asimismo,
alegaron que ostentaban legitimación activa
basado en la pérdida del poder político y
no en la pérdida de un derecho personal.
20
A esos efectos, el profesor Luis M. Villaronga comenta lo siguiente:
La existencia de personas realmente agraviadas por la
conducta del gobierno ciertamente justifica el que no se le
confiera a los legisladores legitimación para cuestionar
asuntos constitucionales trascendentales, sobre todo cuando
han tenido la oportunidad de participar en el proceso que
culminó en la aprobación del asunto.
(Énfasis suplido).
L.M. Villaronga, Derecho Constitucional, 62 Rev. Jur. 683,
694 (1993).
21
En este caso, el Tribunal Supremo federal examinó las alegaciones
y las particularidades del caso para resolver si, en efecto, se anuló
la efectividad del voto de los legisladores. Véase Raines v. Byrd, 521
US 811 (1997).
CC-2020-214
17
Por lo señalado, el Tribunal Supremo de
Estados
Unidos
determinó
que
los
demandantes no tenían standing precisamente
porque el daño era institucional y no lo
suficientemente concreto y personal porque
los
congresistas
poseían
un
remedio
político
adecuado
en
la
medida
que
posteriormente podían votar para derogar el
estatuto o para proporcionar proyectos de
ley de gastos individuales con una exención
legal. (Énfasis en el original suprimido y
énfasis suplido). Ramos, Méndez v. García
García,
supra,
pág.
402
(haciendo
referencia a Raines v. Byrd, supra, pág.
829).
Observando la tendencia en la jurisprudencia federal,
señalamos que cuando “el legislador reclama la anulación de
la efectividad de su voto, cumple con el test y no tiene un
remedio legislativo adecuado ni otra persona puede impugnar
la actuación legislativa, tiene derecho a presentar la causa
de acción” (es decir, standing).
Ramos, Méndez v. García
García, supra, pág. 406.
De esta manera, establecimos que los legisladores que
reclaman que la efectividad de su voto ha sido anulada deben
alegar lo siguiente:
(1) que hubo una votación de un proyecto de
ley o una resolución conjunta o concurrente
o nombramiento específico; (2) que, luego
de la votación, los votos sean suficientes
para aprobar o derrotar la medida, la
resolución o el nombramiento; (3) [que] en
la votación, sus votos se consignaron y
contabilizaron plenamente; (4) que el
proyecto
de
ley
sea
aprobado,
pero
considerado
rechazado
por
el
cuerpo
legislativo o viceversa; (5) [que] luego de
aprobada o derrotada no haya un remedio
legislativo que permita derogar la medida,
la resolución o el nombramiento; (6) que el
resultado de la aprobación o del rechazo
tuvo el efecto de anular completamente el
voto. (Escolio omitido). Ramos, Méndez v.
García García, supra, pág. 407.
CC-2020-214
18
III
Nos corresponde determinar, como asunto de umbral, si
los recurridos demostraron haber sufrido una lesión concreta
en cuanto a sus prerrogativas legislativas en virtud de la
actuación del Secretario de Hacienda.
Luego de un análisis
riguroso
de
de
los
hechos
particulares
este
caso,
los
argumentos presentados y el derecho esbozado, determinamos
que los legisladores carecen de legitimación activa, en su
capacidad
individual
y
como
representantes
del
cuerpo
legislativo, para impugnar la actuación del Secretario de
Hacienda,
pues no
demostraron
haber
sufrido
una
lesión
concreta en cuanto a sus prerrogativas legislativas o sus
funciones constitucionales.22
Veamos.
Los recurridos señalan que “en el presente caso, el
Secretario
de
Hacienda,
Hon.
Francisco
Parés
Alicea[,]
aprobó la [Determinación] Administrativa Número 19-08, la
cual es manifiestamente incompatible con el mandato expreso
22
En el Alegato del Presidente de la Cámara de Representantes de
Puerto Rico y del Presidente de la Comisión de Hacienda de ese cuerpo
legislativo, pág. 2, los recurridos adujeron lo siguiente:
[S]i bien es cierto que los Honorables Carlos Méndez N[ú]ñez
y Antonio Soto Torres fueron reelectos el pasado 3 [de]
noviembre [de] [2020] para continuar representando sus
respectivos distritos legislativos, [é]stos han sido
sustituidos automáticamente en su capacidad oficial en lo
que respecta a sus antiguas posiciones de liderato como
Presidente de la Cámara de Representantes y de la Comisión
de Hacienda de ese Cuerpo. Así las cosas, toda vez que los
representantes antes mencionados incoaron la presente
acción tanto en su capacidad de miembros de la Cámara
(estatus que conservan al día de hoy) como a título de sus
antiguas
posiciones
de
liderazgo,
respetuosamente
entendemos que continúan siendo parte en cuanto a la primera
reclamación, siendo sustituidos por los aquí comparecientes
en cuanto a la segunda.
CC-2020-214
19
de la [Ley Núm. 60]”.23
Particularmente, alegan que el
Secretario de Hacienda -sin autoridad para ello- “determinó
unilateralmente [y contrario a lo dispuesto en la Ley Núm.
60] que será responsabilidad de la persona o entidad que
realizó pagos por anuncios, primas de seguros, servicios de
telecomunicaciones,
servicios
de
servicios
televisión
de
por
acceso
cable
o
a
[I]nternet
satélite,
y
[la]
[presentación] [d]el formulario 480.7E en o antes del 28 de
febrero de 2020”.
(Énfasis en el original suprimido).24
Amparados en esta premisa, los legisladores instaron la
Demanda de referencia a los fines de que se prohibiera la
actuación del Secretario de Hacienda y se decretara su
inconstitucionalidad, por presuntamente ser ultra vires y
contraria al mandato estatutario establecido por la Asamblea
Legislativa en la Ley Núm. 60.
Valga señalar que la causa
de
se
acción
de
los
recurridos
fundamentó
en
que
sus
prerrogativas legislativas fueron menoscabadas y sus votos
fueron anulados como resultado de la mencionada actuación
del Secretario de Hacienda.
Como regla general, hemos reconocido la legitimación
activa
de
los
legisladores
cuando
se
han
afectado
sus
poderes críticos, tales como: la falta de participación en
debates
legislativos;
consentir
la
nombramientos,
limitación
o
la
a
la
anulación
23
Íd.
24
Véase Demanda, Apéndice del Certiorari, pág. 47.
facultad
del
de
voto
CC-2020-214
20
legislativo.
Dicho
esto,
los
manera
fueron
establecer
en
qué
plenamente
sus
prerrogativas
recurridos
no
lograron
de
ejercer
se
vieron
privados
legislativas
o
afectadas sus funciones constitucionales.
Según
expresamos,
las
la
que
constituyen
garantía
referidas
posee
todo
prerrogativas
legislador
de
ejercitar plenamente su derecho a legislar conforme al Art.
III, Sec. 1 de la Constitución de Puerto Rico, supra.25
Del
mismo modo, indicamos que el derecho a fiscalizar sólo
implica
los
mecanismos
participación
plena
de
necesarios
los
que
legisladores
viabilizan
en
las
la
etapas
críticas del proceso legislativo.
Claramente,
no está en disputa que,
el 1 de julio
de 2019, el entonces Gobernador de Puerto Rico firmó la Ley
Núm. 60.
Como cuestión de hecho, los legisladores tuvieron
la oportunidad de participar en el proceso legislativo y
consiguieron ejercer plenamente su derecho constitucional
de legislar.
Una vez se
aprobó la referida
ley
como
corresponde, finalizó cualquier interés que los recurridos
hubiesen podido tener con relación a su participación en el
proceso legislativo.26
25
El Art. III, Sec. 1 de la Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA Tomo
1, dispone lo siguiente:
El Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea
Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y
la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos
por votación directa en cada elección general.
26
El profesor William Vázquez Irizarry comenta que “una vez se aprueba
una medida y la misma se convierte en ley, no hay rol alguno posterior
para la Legislatura[,] pues lo que queda por hacer es precisamente la
‘ejecución’ del estatuto”.
W. Vázquez Irizarry, Los poderes del
CC-2020-214
21
De otra parte, si bien la Determinación Administrativa
promulgada por el Secretario de Hacienda se encuentra reñida
con el texto de la Ley Núm. 60, ello no presupone de por sí
una usurpación del proceso legislativo ni constituye una
restricción a la facultad de la Asamblea Legislativa de
aprobar o enmendar las leyes.
Esto, pues la Determinación
Administrativa no trastocó la participación plena de los
legisladores en las etapas críticas del proceso legislativo
ni tampoco tuvo un efecto sobre la aprobación del mencionado
estatuto.
Más aún, según adujeron los propios recurridos
en su Demanda, la Determinación Administrativa tendría el
efecto práctico de perjudicar a los ciudadanos.
En última
instancia, la controversia de fondo versa sobre un asunto
de interpretación estatutaria que le corresponde adjudicar
a los tribunales una vez el ciudadano perjudicado impugne
el efecto de dicha interpretación.
De este modo, la acción
instada
alegada
por
los legisladores
en
protección
del
mandato estatutario -sin tan siquiera ser los beneficiarios
del mismo- representa un reclamo en defensa de un interés
general.
Ante ello, reiteramos la norma jurisprudencial de
que los legisladores no pueden acudir a los tribunales en
representación de sus constituyentes o bajo el reclamo de
un perjuicio general a nombre de toda la ciudadanía.
Véase
Hernández Torres v. Gobernador, supra, págs. 841-842.
Gobernador de Puerto Rico y el uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur.
UPR 951, 998 (2007).
CC-2020-214
22
Lo expresado no implica que el Poder Ejecutivo tenga la
facultad de obrar en contra de un estatuto debidamente
aprobado,
pero
de
ello
ocurrir,
le
corresponde
a
las
personas o entidades afectadas de manera concreta promover
sus reclamos.
Por consiguiente, una parte directamente
afectada por la actuación del Secretario de Hacienda sí
puede acudir a los tribunales, siempre que cumpla con los
requisitos clásicos de legitimación activa.
De esta forma,
nos aseguramos de ejercer válidamente el Poder Judicial
dentro del marco de un caso o controversia real.
Los legisladores no están exentos de cumplir con los
mismos
requisitos
que
se
les
exigen
a
los
ciudadanos
particulares para demostrar que poseen legitimación activa.
De
ahí
que,
recurridos
no
para
validar
podían
inconstitucionalidad.
su
valerse
legitimación
de
una
mera
activa,
los
alegación
de
En cambio, tenían que sustentar la
existencia de un daño claro, palpable e inmediato en cuanto
a sus prerrogativas legislativas, así como la concurrencia
de todos los requisitos necesarios para el reconocimiento
de su legitimación activa.
En
consecuencia,
resolvemos
que
los
recurridos
no
poseían legitimación activa para cuestionar la validez de
la Determinación Administrativa en cuestión por entender que
la misma era contraria al texto de una ley debidamente
aprobada.
Ante ese escenario, las personas perjudicadas que
cumplan con los requisitos clásicos de legitimación activa
serán las llamadas a cuestionar su validez.
Por lo tanto,
CC-2020-214
23
concluimos que erró el foro apelativo intermedio al no
decretar
la
desestimación
de
la
Demanda
por
falta
de
legitimación activa de los recurridos.
IV
A base de lo anterior, se revoca tanto la Sentencia del
Tribunal de Apelaciones como la Sentencia emitida por el
Tribunal
de
Primera
Instancia.
Por
consiguiente,
se
desestima el presente caso por falta de legitimación activa
de los recurridos.
Se dictará Sentencia de conformidad.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Rafael Hernández Montañez,
en su capacidad oficial como
Presidente de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico y
Hon. Jesús Santa Rodríguez en su
capacidad
oficial
como
Presidente de la Comisión de
Hacienda
de
la
Cámara
de
Representantes
CC-2020-214
Certiorari
Recurridos
v.
Hon. Francisco Parés Alicea,
Secretario del Departamento de
Hacienda, en su carácter oficial
y
como
Representante
del
Gobierno de Puerto Rico y otros
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2022.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente
Sentencia,
revocamos
la
Sentencia
del
Tribunal
de
Apelaciones emitida el 28 de febrero de 2020 y la Sentencia
emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 4 de febrero
de 2020.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez
disiente con Opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera
García concurre sin Opinión escrita.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Rafael Hernández
Montañez, en su capacidad
oficial como Presidente de
la Cámara de Representantes
de Puerto Rico y Hon. Jesús
Santa Rodríguez en su
capacidad oficial como
Presidente de la Comisión
de Hacienda de la Cámara de
Representantes
Recurridos
CC-2020-0214
v.
Certiorari
Hon. Francisco Parés
Alicea, Secretario del
Departamento de Hacienda,
en su carácter oficial y
como Representante del
Gobierno de Puerto Rico y
otros
Peticionarios
Opinión disidente
ESTRELLA MARTÍNEZ.
emitida
por
el
Juez
Asociado
Señor
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2022.
En esta ocasión, correspondía atender y contestar en
los méritos la siguiente interrogante: ¿Tiene el Secretario
de Hacienda el poder de posponer la fecha en que entrará en
vigor una ley y ejecutarla de manera contraria al mandato
legislativo?
barrera
activa.
de
Sin
la
embargo,
aplicación
este Tribunal
tropezó
incorrecta
la
de
con
la
legitimación
CC-2020-214
2
Con este proceder, totalmente contrario a la noción y
el alcance con el que debe aplicarse la doctrina de la
legitimación activa, ignoraron que esa acción del Ejecutivo
constituyó una lesión concreta a las prerrogativas y funciones
constitucionales delegadas a la Asamblea Legislativa. Por
tanto, procedía reconocer la legitimación activa de los
legisladores promoventes, para cuestionar, en su carácter
individual
y
en
representación
de
la
Cámara
de
Representantes, una acción ultra vires del Poder Ejecutivo.
Particularmente, ante el hecho de que la actuación del
Secretario de Hacienda de posponer la entrada en vigor y
enmendar
una
disposición
administrativo
es
constituye
lesión
una
de
ley
patentemente
concreta
a
mediante
decreto
inconstitucional
y
las
y
prerrogativas
funciones constitucionales de los legisladores, lo cual
habilita la justiciabilidad de esta controversia.
Al una Mayoría resolver lo contrario y, con ello,
descartar nuestros pronunciamientos reiterados en cuanto a
que, cuando se trata de acciones en contra de funcionarios
gubernamentales, los tribunales tienen el deber interpretar
los criterios de legitimación de la manera más flexible,
liberal
y
favorable
para
el
promovente
del
litigio,
disiento. Veamos, entonces, los fundamentos de mi disenso.
I
De ordinario, una controversia no es justiciable si el
promovente
de
la
acción
carece
de
legitimación
activa
CC-2020-214
3
(standing).1 De conformidad con esta doctrina, la parte
demandante debe procurar que su interés sea “de tal índole
que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de
acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del
tribunal las cuestiones en controversia”. Ramos, Méndez v.
García García, 203 DPR 379, 394 (2019).
Para ello, el demandante debe demostrar: “(1) que ha
sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es real,
inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; (3) que
existe una conexión entre el daño sufrido y la causa de
acción ejercitada, y (4) que la causa de acción surge bajo
el palio de la Constitución o de una ley”. Torres Montalvo
v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 767 (2016) (citando a
Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 836 (1992).
En el caso particular de los cuerpos legislativos,
éstos tienen acción legitimada para comparecer por sí o para
autorizar
a
uno
de
sus
miembros
o
comisiones
para
representarlos en los tribunales en pro de sus intereses.
Hernández
Torres
v.
Gobernador,
supra,
pág.
837
(citas
omitidas). Lo anterior, sin embargo, no los exime de cumplir
1Adviértase,
que la doctrina de la legitimación activa
no constituye un imperativo constitucional. Por tanto, no
existe impedimento para que la Asamblea Legislativa
otorgue legitimación activa a cualquier persona, tal y como
lo ha hecho en el pasado. Véase, J. Farinacci Fernós,
Cualquier persona: la facultad plenaria de la Asamblea
Legislativa para otorgar legitimación activa por la vía
estatutaria, 84 Rev. Jur UPR 359 (2015); Brito Díaz et al.
v. Bioculture et al., 183 DPR 721, 732 (2011) (Voto de
conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez).
CC-2020-214
4
con los requisitos tradicionales de standing. Ramos, Méndez
v. García García, supra, pág. 395.
Ahora bien, “[c]uando la causa de acción se presenta
en contra de agencias y funcionarios gubernamentales, los
tribunales interpretarán los criterios de la legitimación
activa de manera flexible y liberal, y el análisis de las
alegaciones se debe hacer de la manera más favorable y
liberal para el promovente del litigio”. (Énfasis suplido).
Íd. Ello, pues, el factor determinante no es quién es el
promovente, sino en contra de quien se entabló la causa de
acción.
Bajo este marco doctrinal, hemos reconocido que un
legislador
tiene
legitimación
activa,
escenarios,
cuando:
(1)
impugna
una
ejecutivo
(2)
vindica
sus
y,
entre
acción
prerrogativas
otros
ilegal
y
del
funciones
constitucionales. Véanse, Senado v. Tribunal Supremo de
Puerto Rico, 2021 TSPR 141, pág. 5, 208 DPR __ (2021);
Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 428 (1994).
Pese a lo anterior, una mayoría de este Tribunal falla
en no reconocerle legitimación activa a los legisladores
—en su capacidad individual y como representantes del cuerpo
legislativo— por razón de que, según su criterio, éstos no
sufrieron
una
legislativas
o
lesión
sus
concreta
funciones
a
sus
prerrogativas
constitucionales.
interpretación es patentemente errónea. Veamos.
Esta
CC-2020-214
5
II
Distinto a lo que resuelve la Opinión Mayoritaria, las
prerrogativas y funciones constitucionales no son una lista
numerus clausus limitada a “la garantía que posee todo
legislador de ejercitar plenamente su derecho a legislar”
de manera que, una vez se aprueba la ley, “finalizó cualquier
interés que los [legisladores] hubiesen podido tener con
relación a su participación en el proceso legislativo”.2
Desde Noriega v. Hernández Colón, supra, delineamos los
contornos de los poderes que la Constitución de Puerto Rico
le confirió tanto al Legislativo y como al Ejecutivo con
respecto a la creación de leyes y la facultad de ponerlas
en vigor. Allí, al analizar una controversia relacionada con
la inacción del entonces gobernador a ejecutar una ley
debidamente
aprobada,
este
Tribunal
conducta
constituía
un
daño
Asamblea
Legislativa
y,
por
consiguiente,
de
los
legisladores
legitimación
activa
a
las
determinó
prerrogativas
la
reconoció
la
promoventes.
Los
legisladores-recurrentes
del
P.P.D. —como participantes de este
proceso constitucional de hacer las
leyes— tienen legitimación activa para
requerir que dicho mecanismo procesal
se lleve a cabo, defendiendo así su
derecho a legislar. La acción del
Gobernador le ha causado un daño a las
prerrogativas legislativas de los aquí
demandantes porque estos últimos,
aprobaron una ley mediante un proceso
Opinión mayoritaria, pág. 20.
tal
de
Particularmente, este Foro dispuso que:
2Véase,
que
CC-2020-214
6
legislativo válido, que contó con la
firma del Primer Ejecutivo, y la misma
fue congelada, haciendo estéril y
fútil todo el proceso envuelto. La
acción del Gobernador de detener,
congelar o no poner en vigor una ley,
tiene el efecto práctico de anular una
resolución
conjunta válidamente
aprobada por la Asamblea Legislativa
y, el Primer Ejecutivo, por la cual
los aquí demandantes votaron a favor.
Tal proceder dejó sin efecto los votos
emitidos mediante un ejercicio válido
del poder legislativo en un proceso
democrático. (Cita
depurada
y
negrillas suplidas). Íd., pág. 436
esc. 30.
Según se desprende del párrafo precitado, este Tribunal
reconoció que el tipo de prerrogativas constitucionales que,
si
son
afectadas,
justifican
la
legitimación
de
un
legislador no se limita a los supuestos clásicos que inciden
sobre la facultad de nombramientos, participación en debates
legislativos
o
comisiones,
ocupación
de
un
escaño
y
situaciones similares.3 En su lugar, concluyó que también se
incluyen
aquellas
instancias
en
las
que
el
gobernador
incumple con su deber ministerial de hacer cumplir la ley y
también cumplirla, según dispuesto en la Constitución.
En ese sentido, el Prof. Hiram Meléndez Juarbe, al
analizar lo resuelto en Noriega v. Hernández Colón, supra,
destaca que el derecho a legislar se ve afectado “cuando
habiendo votado y participado se priva (alegadamente) a su
3H.
Meléndez Juarbe, Derecho constitucional, 75 Rev.
Jur. UPR 29, 60 (2006).
CC-2020-214
7
voto y participación del efecto que la Constitución ordena
que
tenga”.4
En
Noriega,
la
actuación
del
gobernador
concretizó la legitimación activa de los legisladores, pues
ocasionó
un
daño
en
las
prerrogativas
constitucionales
básicas del Poder Legislativo, a saber: “participar del
proceso
legislativo
con
el
efecto
que
la
Constitución
atribuye a dicha participación”.5 Es por esto que, “[c]uando
el daño constitucional alegado es que, aun consignándose su
voto,
ese
voto
no
tuvo
el
efecto
deseado
por la
Constitución existe un planteamiento de daño constitucional
serio”.6
En reconocimiento de ello, recientemente en Ramos,
Méndez v. García García, supra, “reiteramos la norma de que
el
legislador
posee
standing
para
vindicar
su
interés
personal en cuanto al ejercicio de sus prerrogativas, tanto
directa como derivada”. (Negrillas suplidas). Íd., pág. 400.
Examinados los contornos normativos, veamos, entonces,
los hechos que dan lugar a la controversia ante nos.
III
En el 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm.
60-2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto
Rico, 13 LPRA sec. 45001 et seq. (Ley Núm. 60). Con ello,
4Íd.,
pág. 60.
5(Negrillas
6Íd.
suplidas). Íd.
CC-2020-214
8
modificó la forma provista que imponía en los contribuyentes
el deber de presentar las declaraciones informativas sobre
los pagos realizados por anuncios, primas de seguros y
ciertos servicios (declaraciones informativas). Así, con la
aprobación
de
la
ley,
se
le
removió
el
deber
a
los
contribuyentes de suplirlas y, en su lugar, se le impuso la
obligación de presentar tales declaraciones informativas a
las entidades proveedoras de los servicios.
Posteriormente,
el
Secretario
del
Departamento
de
Hacienda, mediante la Determinación Administrativa Núm. 1908, unilateralmente y en contravención a lo establecido en
la Ley Núm. 60, supra, pospuso la fecha de efectividad de
la
ley
y,
además,
revirtió
sobre
en
quién
recaía
la
obligación de presentar las declaraciones informativas. En
cuánto a esto último, resáltese que, a pesar de que la Ley
Núm. 60, supra, dispone que tal obligación recaerá en la
entidad
que
provee
los
servicios,
la
Determinación
Administrativa impuso que le correspondería al individuo.
A raíz de lo anterior, la controversia aquí planteada
se circunscribe a determinar si el Presidente de la Cámara
de Representantes y el Presidente de la Comisión de Hacienda
del mismo cuerpo legislativo —en su capacidad individual
como legisladores y en representación de la Cámara— poseen
legitimación activa para cuestionar la implementación de un
decreto
administrativo
por
parte
del
Secretario
del
CC-2020-214
Departamento
9
de
Hacienda
que
es
contrario
a
una
ley
que
nos
debidamente aprobada por la Asamblea Legislativa.7
Según
adelanté,
esta
controversia
exigía
preguntáramos lo siguiente: ¿Tiene el Secretario de Hacienda
el poder de posponer la fecha en que entrará en vigor una
ley y ejecutarla de manera contraria al mandato legislativo?
Evidentemente no. Ahora bien, en caso de que lo haga, ¿ello
configura una lesión concreta a los legisladores en virtud
de las prerrogativas y funciones constitucionales delegadas
a la Asamblea Legislativa? Indudablemente sí.
Discutiremos, pues, el fundamento de cada una de las
respuestas.
En primer lugar, reiteradamente hemos señalado que
“nuestro sistema constitucional es de pesos y contrapesos,
‘con el propósito de generar un equilibrio dinámico entre
poderes coordinados y de igual rango, y evitar así que
ninguno de éstos amplíe su autoridad a expensas de otro’”.
Senado de PR v. ELA, 203 DPR 62, 84 (2019) (citas omitidas).
Con el fin de precisar qué facultades corresponden a
cada
Poder
y,
7Adviértase
consecuentemente,
determinar
si
se
ha
que, a pesar de los cambios acaecidos
durante la tramitación de la controversia, ésta no es
académica por razón de cumplirse más de una de las
excepciones
a
la
doctrina
de
la
academicidad.
Particularmente, pues, es innegable que estamos ante un
caso con una alta probabilidad de recurrencia entre las
mismas partes y, máxime, debido al riesgo potencial de que
el daño sea de tan corta duración que sea probable que la
controversia se torne académica antes de que la litigación
se complete. Véase, Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera
Schatz, 180 DPR 920, 933-934 (2011).
CC-2020-214
10
configurado una violación de la doctrina de separación de
poderes, debe evaluarse:
(1) si la función específica ha sido
expresamente
asignada
por
la
Constitución a la rama gubernamental
que trata de ejercitarla, o (2) si su
ejecución por tal rama es un incidente
necesario para el ejercicio de otras
funciones que le fueron expresamente
conferidas.
Noriega
v.
Hernández
Colón, supra, pág. 473 (Opinión de
conformidad del Juez Asociado Señor
Hernández Denton) (citas omitidas).
Nótese
que
el
análisis
a
realizarse
exige
que
se
identifique si la función en cuestión fue delegada al Poder
que lo ejercita o, si, por el contrario, su ejecución es un
incidente
necesario
para
otras
funciones
expresamente
otorgadas en virtud de la Constitución de Puerto Rico.
En
ese
sentido,
bajo
el
esquema
de
separación
de
poderes, la Constitución de Puerto Rico “delega todo el
poder legislativo a la Asamblea Legislativa, sujeto a las
limitaciones contenidas en su Carta de Derechos”. Guzmán v.
Calderón,
164
DPR
220,
304
(2005).8
Por
su
parte,
el
gobernador ostenta “la facultad y, a la vez, el deber y la
obligación,
de
[Constitución,]
acuerdo
de
con
cumplir
el
y
Art.
poner
IV,
en
Sec.
4
de
la
vigor
las
leyes
vigentes, y de hacerlas cumplir y poner en vigor a través
8Asimismo,
la Constitución dispone que el poder “para
imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición
y cobro por los municipios se ejercerá según se disponga
por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o
suspendido”. Art. VI, Sec. 2, Const. PR., LPRA, Tomo 1.
CC-2020-214
11
de todos aquellos funcionarios que están bajo su poder”.
Guzmán v. Calderón, supra.
No cabe duda de que la Legislatura puede delegar en el
Poder Ejecutivo funciones legislativas siempre y cuando
medie
un
principio
inteligible
que
viabilice
que
el
Ejecutivo actúe dentro de los parámetros concebidos en la
ley habilitadora. Véase, Sánchez et al. v. Depto. Vivienda
et al., 184 DPR 95, 119-122 (2011). Ello, sin embargo, no
fue lo que ocurrió aquí.
Según enuncié, la Determinación Administrativa postergó
la vigencia de la ley y transfirió a los individuos el deber
de presentar las declaraciones informativas, evidentemente
es un acto ultra vires por parte del Poder Ejecutivo. Lo que
es peor, la actuación del Secretario de Hacienda ocurrió
luego de que la Cámara de Representantes presentara un
proyecto de ley con idénticos propósitos que fue derrotado
en el proceso legislativo mediante el veto de bolsillo de
la gobernadora en aquel entonces.9
Ciertamente, la Determinación Administrativa usurpó los
poderes de la Asamblea Legislativa y, además, representó una
transgresión del Ejecutivo a su deber constitucional de
cumplir y hacer cumplir la Ley Núm. 60, supra. Guzmán v.
Calderón, supra. Ello, pues, tal proceder no reflejó ser una
9Véase,
Informe Comité de Conferencia de 19 de
noviembre de 2019 del P. de la C. 2172, 6ta Ses. Ord.,
18va Asam. Leg.,
https://sutra.oslpr.org/osl/esutra
/MedidaReg.aspx?rid=130169 (última visita, 28 de enero de
2022).
CC-2020-214
12
implementación de la ley existente por el Secretario de
Hacienda,
sino
que,
por
el
contrario,
constituyó
un
ejercicio legislativo reservado por nuestra Constitución a
la
Legislatura.
Dicho
de
otro
modo,
la
Determinación
Administrativa impuesta por el Secretario de Hacienda se
abrogó el mandato de la Ley Núm. 60, supra, y, además,
infringió la doctrina de separación de poderes.
Ahora bien, ante el curso de acción mayoritario, nos
corresponde
determinar
si
tal
actuación
constituye
una
lesión concreta que viabilice que los legisladores de la
Cámara
de
Representantes,
en
su
carácter
individual
o
institucional, prosigan su causa de acción vigorosamente.
Ramos, Méndez v. García García, supra, 394. Lo anterior,
máxime, bajo el crisol de que reiteradamente hemos resuelto
que cuando se trata de una acción en contra de funcionarios
gubernamentales, los criterios de legitimación activa deben
interpretarse de la manera más flexible, liberal y favorable
para el promovente del litigio. Íd., pág. 395.
Ante
ello,
la
Opinión
mayoritaria
desacertadamente
determina que “[u]na vez se aprobó la referida ley como
corresponde,
finalizó
legisladores]
hubiesen
cualquier
podido
interés
tener
con
que
relación
[los
a
su
participación en el proceso legislativo”.10 De esta forma,
concluye que los legisladores “no demostraron haber sufrido
una
lesión
concreta
en
cuanto
a
sus
10Véase,
Opinión mayoritaria, pág. 20.
prerrogativas
CC-2020-214
13
legislativas o sus funcionales constitucionales”.11 Ésto,
sin embargo, se aleja de los pronunciamientos previos de
este Tribunal.
De entrada, resaltamos que este Tribunal ha concedido
legitimación activa a los legisladores cuando éstos impugnan
una
actuación
ilegal
del
Ejecutivo
o
vindican
sus
prerrogativas y funciones constitucionales. Véanse, Senado
v. Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra, pág. 5; Noriega
v. Hernández Colón, supra, pág. 428.
Desde Noriega v. Hernández Colón, supra, pautamos que
una actuación en contrario del Gobernador sobre una ley
debidamente
aprobada
configura
un
daño
que
viabiliza
conceder legitimación activa al legislador para impugnar tal
actuación. Particularmente, en Noriega estimamos que:
La acción del Gobernador le ha causado
un
daño
a
las
prerrogativas
legislativas de los aquí demandantes
porque estos últimos, aprobaron una
ley mediante un proceso legislativo
válido, que contó con la firma del
Primer Ejecutivo, y la misma fue
congelada, haciendo estéril y fútil
todo el proceso envuelto. (Negrillas y
énfasis suplido). Íd., pág. 436 esc.
30.
Estos pronunciamientos constituyen un reconocimiento
de
que
el
derecho
legisladores
Representantes
11Id.,
del
se
pág. 18.
a
legislar
Senado
afecta
como
conferido
los
cuando,
a
los
la
Cámara
de
habiendo
votado
y
de
tanto
CC-2020-214
14
participado del proceso legislativo, se priva a su voto y
participación del efecto que la Constitución ordena que
tenga.12 Íd.
En el caso ante nos, no tan sólo se trata de, como
ocurrió en Noriega, que el Ejecutivo se niega a implementar
una ley debidamente aprobada, sino que, lo que es peor,
estamos
ante
una
acción
afirmativa
de
este
último
de,
mediante decreto administrativo, enmendar una ley con el
propósito de posponer su implementación y alterar el mandato
expreso de la Asamblea Legislativa. Ello, pues, transfirió
el
deber
de
la
presentación
de
las
declaraciones
informativas a quien el legislador, a todas luces, quiso
liberar. Este proceder es impermisible.
Tal
y
como
correctamente
concluyó
el
Tribunal
de
Apelaciones,13 la Ley Núm. 60, supra, estableció, sin atisbo
alguno de ambigüedad, que la persona obligada a presentar
las declaraciones informativas es el proveedor del servicio
y no el individuo que se beneficia de ellos.
El Secretario de Hacienda no tiene la facultad de
alterar
la
voluntad
administrativos.
Este
legislativa
poder
no
le
mediante
fue
decretos
específicamente
delegado por la Constitución y su ejecución tampoco es un
incidente necesario para el ejercicio de otras funciones
12Meléndez
13Véase,
Juarbe, supra, pág. 60.
Sentencia del Tribunal de Apelaciones emitida
por el presidente del Panel el Juez Bermúdez Torres y la
Jueza Domínguez Irizarry. Por otra parte, la Jueza Rivera
Marchand emitió un voto disidente.
CC-2020-214
15
expresamente conferidas. Noriega v. Hernández Colón, supra,
pág. 473. Toda vez que así lo hizo, se configuró una lesión
concreta a las prerrogativas y funciones constitucionales
de los legisladores promoventes en su capacidad individual
y
como
representantes
institucionales
de
la
Cámara
de
Representantes.
En
este
contexto,
la
legitimación
activa
de
los
legisladores promoventes es patente. No es contestación,
como establece una mayoría de este Tribunal, que se trata
de un daño generalizado que debe ser encausado por la
ciudadanía.14 ¿O es que, acaso, puede un ciudadano particular
promover, de manera más vigorosa que un legislador, una
violación al principio de separación de poderes? Claramente,
la respuesta es en la negativa.
Es el legislador en su capacidad individual y como
representante institucional de la Cámara de Representantes
quien está en mejor posición para vindicar el menoscabo en
sus
prerrogativas
y
funciones
constitucionales.
Particularmente, en virtud de Noriega v. Hernández Colón,
puesto que, habiendo éstos votado y participado del proceso
legislativo que culminó con la aprobación de la Ley Núm. 60,
supra, luego, con la implementación de la Determinación
Administrativa, se privó a su voto y participación del
efecto que la Constitución ordena que tenga.15 Evidentemente,
14Véase,
Opinión mayoritaria, págs. 21-22.
15Meléndez
Juarbe, supra, pág. 60.
CC-2020-214
16
el daño claro, palpable y real se materializó, pues la
Determinación Administrativa nulificó el mandato de política
pública establecido en la Ley Núm. 60, supra.
Debido a lo anterior, los promoventes impugnaron la
validez de la actuación del Secretario de Hacienda, la cual,
según he expresado, enmendó, por la vía administrativa, una
ley válidamente aprobada durante el proceso legislativo. Con
este proceder, se soslayó el proceso legislativo compartido
entre la Cámara y el Senado para considerar esa enmienda y,
consecuentemente, se usurpó la prerrogativa del legislador
de votar o no por una enmienda al estatuto. Véase, Acevedo
Vilá v. Corrada del Río, 138 DPR 886, 902 (1995) (Opinión
disidente del Juez Asociado Señor Alonso Alonso) (Resolución
en reconsideración).
Contrario a la Mayoría, estimo que el hecho de que la
Legislatura, al igual que la ciudadanía, pueda cuestionar
la actuación ultra vires del Secretario de Hacienda, no es
razón
para
denegarle
standing
a
los
legisladores
promoventes. Es innegable que los legisladores —tanto en su
capacidad individual como representantes de la Cámara como
institución—
tienen
más
interés
en
mantener
su
poder
legislativo que el propio interés de la ciudadanía en que
se respeten las prerrogativas y funciones de la Legislatura.
Estoy convencido de que la acción instada por los
legisladores no es un subterfugio para trasladar el debate
legislativo al foro judicial y, en su lugar, se trata de un
reclamo que procura vindicar una verdadera lesión a sus
CC-2020-214
prerrogativas
17
y
funciones
constitucionales.
Hernández
Torres v. Hernández Colón et al., 131 DPR 593, 601 (1992).
Es incuestionable que “[n]o nos encontramos ante asuntos
abstractos e hipotéticos. Una mayoría de este Tribunal no
debió pasar por alto la realidad de los daños específicos a
los que se exponen los [legisladores]”. Muns. Aguada y
Aguadilla
v.
JCA,
190
DPR
122,
148
(2014)
(Expresión
disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez).
En
fin,
no
podemos
refrendar
la
actuación
del
Secretario de Hacienda implica validar que el Ejecutivo se
abrogue
la
facultad
constitucional
de
la
Asamblea
Legislativa en la derogación, enmiendas o aprobación de los
proyectos de ley. Bajo este escenario, este Tribunal tenía
el deber de proteger el interés legítimo de los legisladores
en que las leyes se ejecuten tal y como son aprobadas, asunto
que aquí, lamentablemente, no ocurrió.
IV
Por
hubiera
los
fundamentos
confirmado
el
antes
dictamen
expresados,
disiento
y
tanto
Tribunal
de
del
Apelaciones como el del Tribunal de Primera Instancia. Ello,
por entender que la actuación ultra vires del Ejecutivo
infringió
la
doctrina
de
separación
de
poderes.
Consecuentemente, debido a lo anterior, se provocó un daño
claro
y
palpable
a
las
prerrogativas
y
funciones
constitucionales de los legisladores, lo cual viabilizó que
CC-2020-214
18
éstos, en su carácter individual y como representantes de
la Cámara de Representantes, pudiesen vindicar su reclamo.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado