LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA DE DECISIÓN

2022 TSPR 14

Poder Judicial de Puerto Rico

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Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

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FECHA DE DECISIÓN

NUMERO CASO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Rafael Hernández Montañez,

en su capacidad oficial como

Presidente de la Cámara de

Representantes de Puerto Rico y

Hon. Jesús Santa Rodríguez en su

capacidad

oficial

como

Presidente de la Comisión de

Hacienda

de

la

Cámara

de

Representantes

Certiorari

Recurridos

2022 TSPR 14

v.

208 DPR ____

Hon. Francisco Parés Alicea,

Secretario del Departamento de

Hacienda, en su carácter oficial

y

como

Representante

del

Gobierno de Puerto Rico y otros

Peticionarios

Número del Caso:

CC-2020-214

Fecha: 1 de febrero de 2022

Tribunal de Apelaciones:

Panel V

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Isaías Sánchez Báez

Procurador General

Lcdo. Omar Andino Figueroa

Subprocurador General

Lcda. Carmen A. Riera Cintrón

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Jorge Martínez Luciano

Lcdo. Emil Rodríguez Escudero

Materia: Derecho Constitucional: Falta de legitimación activa de la

Cámara de Representantes para cuestionar la validez de la actuación

del Secretario de Hacienda por entender que ésta modificó el

significado de una ley debidamente aprobada.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon.

Rafael

Hernández

Montañez,

en

su

capacidad

oficial como Presidente de la

Cámara de Representantes de

Puerto Rico y Hon. Jesús Santa

Rodríguez

en

su

capacidad

oficial como Presidente de la

Comisión de Hacienda de la

Cámara de Representantes

Recurridos

CC-2020-214

Certiorari

v.

Hon. Francisco Parés Alicea,

Secretario del Departamento de

Hacienda,

en

su

carácter

oficial y como Representante

del Gobierno de Puerto Rico y

otros

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR

FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2022.

Hoy

nos

corresponde

resolver

un

cuestionamiento

de

umbral en torno a la justiciabilidad de un caso instado por

unos

legisladores

a

los

fines

de

impugnar

la

constitucionalidad de cierta actuación del Secretario del

Departamento de Hacienda.

los

miembros

legitimación

de

la

activa

Particularmente, examinamos si

Cámara

para

de

Representantes

cuestionar

la

validez

tienen

de

la

actuación del Secretario de Hacienda por entender que ésta

modificó el significado de una ley debidamente aprobada.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos

que los miembros de dicho cuerpo legislativo carecen de

CC-2020-214

2

legitimación activa para instar el referido reclamo.1

A

continuación, procedemos a narrar los hechos que dieron

lugar al presente recurso.

I

El 16 de enero de 2020, el Hon. Carlos J. Méndez Núñez,

Presidente de la Cámara de Representantes en ese entonces,

y el Hon. Antonio L. Soto Torres, Presidente de la Comisión

de Hacienda del mismo cuerpo legislativo en aquel momento

(en conjunto, legisladores o recurridos),2 presentaron una

Demanda sobre sentencia declaratoria e interdicto preliminar

y permanente en contra del Secretario del Departamento de

Hacienda, el Hon. Francisco Parés Alicea (Secretario de

Hacienda), y otros, como representantes del Gobierno de

Puerto Rico (en conjunto, Gobierno o peticionarios).

En síntesis, los recurridos -en su capacidad individual

como legisladores y en representación del mencionado cuerpo

legislativo- alegaron que, en virtud de la Ley Núm. 60-2019,

1

Conviene puntualizar que, aun cuando se puede alegar que la

controversia se ha tornado académica por la aprobación de la Ley Núm.

40-2020, nuestra revisión sobre el elemento de legitimación activa

dispone del asunto que nos ocupa. El concepto de mootness o academicidad

“recoge la situación en que, aun cumplidos todos los requisitos de

justiciabilidad, los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el

trámite judicial de una controversia, tornan en académica o ficticia su

solución”. (Cita omitida). Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109

DPR 715, 724-725 (1980).

En ese sentido, si concluimos que los

recurridos carecen de legitimación activa, cualquier pronunciamiento

ulterior en torno a la justiciabilidad del caso resultaría innecesario.

Véase, por ejemplo, Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59 (2017).

2

Valga señalar que, durante el trámite procesal del caso ante este

Foro, el Hon. Carlos J. Méndez Núñez y el Hon. Antonio L. Soto Torres

fueron sustituidos por el Hon. Rafael Hernández Montañez, en su

capacidad oficial como Presidente de la Cámara de Representantes, y el

Hon. Jesús Santa Rodríguez, en su capacidad oficial como Presidente de

la Comisión de Hacienda del mismo cuerpo legislativo (en conjunto,

legisladores o recurridos). Véase Resolución de 6 de abril de 2021.

CC-2020-214

3

según enmendada, conocida como el Código de Incentivos de

Puerto Rico (Ley Núm. 60), 13 LPRA sec. 45001 et seq., la

Asamblea

Legislativa

contribuyentes

modificó

para

la

forma

presentar

las

provista

a

los

declaraciones

informativas sobre los pagos realizados por anuncios, primas

de seguros, servicios de telecomunicaciones, servicios de

acceso a Internet, y servicios de televisión por cable o

satélite (declaraciones informativas).

En particular, los

legisladores adujeron que el cambio consistió en requerirle

a

la

entidad

proveedora

de

tales

servicios,

y

no

al

contribuyente que pagaba por éstos, la presentación de las

declaraciones informativas ante el Departamento de Hacienda,

en o antes del 28 de febrero del año siguiente.3

Posteriormente, según destacaron los legisladores, el

Secretario

de

Hacienda

promulgó

la

Determinación

Administrativa Núm. 19-08 (Determinación Administrativa).

Mediante ésta, el Secretario de Hacienda dispuso que, a

manera de excepción para el año calendario 2019,4

las

3

En lo pertinente, las Secciones 6070.39 y 6070.40 de la Ley

Núm. 60-2019, según enmendada, conocida como el Código de Incentivos de

Puerto Rico, modificaron las Secciones 1063.01 y 1063.16 de la Ley

Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas

para un nuevo Puerto Rico.

4

La Exposición de Motivos de la Determinación Administrativa

Núm. 19-08 (Determinación Administrativa) establece lo siguiente:

Luego de la publicación del BI RI 19-09, el Departamento

[de Hacienda] recibió de parte de las industrias de seguros

y

telecomunicaciones,

respectivamente,

Colegio

de

Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (“CCPA”) y

la Asociación de Industriales de Puerto Rico (“AIPR”) varias

observaciones y una solicitud para posponer el requisito de

[la declaración] informativa requerido en la nueva Sección

1063.16 del Código.

Véase Determinación Administrativa,

http://www.hacienda.pr.gov/publicaciones/determinacionadministrativa-num-19-08 (última visita, el 5 de octubre

de 2021).

CC-2020-214

4

declaraciones informativas debían ser presentadas por los

contribuyentes pagadores, aplazando así tal exigencia para

las entidades proveedoras de los servicios.5

En desacuerdo,

los recurridos enviaron una carta al Secretario de Hacienda,

en

la

cual

le

Determinación

solicitaron

que

dejara

Administrativa

por

entender

contraria al texto de la Ley Núm. 60.

sin

efecto

la

ésta

era

que

Sin embargo, el

Secretario de Hacienda no revirtió su decisión.

En

ese

sentido,

los

legisladores

Determinación

Administrativa

ciudadanos

recibir

a

de

violó

parte

de

adujeron

que

la

derecho

de

los

proveedores

de

el

los

servicios las declaraciones informativas necesarias para que

pudieran acogerse a ciertas deducciones establecidas por

ley.6

Asimismo,

5

En

específico,

siguiente:

.

.

la

.

aseveraron

que

Determinación

Administrativa

.

.

.

la

.

Determinación

dispone

.

Por tanto, para el año calendario 2019, la persona

responsable por la preparación y radicación del Formulario

480.7E no será la persona o entidad que reciba el pago, sino

la persona o entidad que realizó el pago. Además, conforme

a lo dispuesto en el BI RI 19-09, dicho formulario deberá

ser radicado únicamente por medios electrónicos a través

del Sistema Unificado de Rentas Internas (“SURI”).

.

.

.

.

.

.

.

.

Cabe señalar que esta determinación se hace a manera de

excepción únicamente para el año calendario 2019, con el

propósito de brindarle a los negocios de las industrias de

seguros, telecomunicaciones y publicidad tiempo adicional

para que puedan trabajar en la programación de sus sistemas

y obtener la data necesaria para cumplir con lo establecido

en la Sección 1063.16 del Código, según aprobada por la [Ley

Núm. 60]. (Énfasis suplido). Determinación Administrativa,

http://www.hacienda.pr.gov/publicaciones/determinacionadministrativa-num-19-08 (última visita, el 5 de octubre

de 2021).

6

Véase Demanda, Apéndice del Certiorari, págs. 55-56.

lo

CC-2020-214

5

Administrativa era inconstitucional y ultra vires por ser

contraria al texto de la Ley Núm. 60, así como violar el

principio de separación de poderes.7

En vista de ello, los recurridos presentaron la referida

Demanda

para

Afirmaron

que

vindicar

la

sus

intervención

facultades

de

los

legislativas.

tribunales

era

fundamental para darle fin a la controversia y disipar la

incertidumbre jurídica que representaba para los ciudadanos

de

Puerto

Rico.

Por

consiguiente,

solicitaron

que

se

declarara inconstitucional la actuación del Secretario de

Hacienda y, a su vez, exigieron que se le prohibiera a éste

poner en vigor la mencionada Determinación Administrativa.

Posteriormente, los peticionarios presentaron una Moción

de desestimación. En lo pertinente al recurso que nos ocupa,

alegaron

que

los

legisladores

carecían

de

legitimación

activa, pues no sufrieron un daño claro y palpable ni se

afectaron sus prerrogativas legislativas.

Expresaron que

eran los contribuyentes quienes tenían legitimación activa

para

presentar

Determinación

cualquier

reclamo

Administrativa.

Por

en

contra

último,

el

de

la

Gobierno

aseveró que el Secretario de Hacienda actuó dentro de sus

facultades

al

interpretar

las

leyes

para

establecer,

desarrollar y coordinar la política pública contributiva

conforme al marco jurídico existente.

7

Íd., pág. 55.

CC-2020-214

6

Oportunamente, los recurridos presentaron una Oposición

a moción de desestimación.

En su escrito, reiteraron que

-a su juicio- la Determinación Administrativa promulgada por

el Secretario de Hacienda modificó la Ley Núm. 60.

Ante

esto, aseveraron que las prerrogativas constitucionales de

la Cámara de Representantes fueron menoscabadas.

Por otro

lado, los legisladores afirmaron tener un interés legítimo

en que no se anularan sus votos a favor de la Ley Núm. 60 y

en que no se vulnerara su participación en el proceso

legislativo

ni

en

el

ejercicio

de

sus

funciones

constitucionales.

Luego de otras incidencias procesales en las que las

partes reafirmaron sus planteamientos sobre los méritos de

sus respectivas interpretaciones estatutarias,8 el Tribunal

de Primera Instancia dictó una Sentencia el 4 de febrero

de 2020.

En lo pertinente, acogió las estipulaciones de

hechos siguientes:

.

.

.

.

.

.

.

.

5.

El 1 de julio de 2019, el entonces

Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo

Rosselló Nevares, firmó la [Ley Núm. 60],

según enmendada, conocida como [el] “Código

de Incentivos de Puerto Rico”.

6.

El 4 de septiembre de 2019, el

Departamento de Hacienda emitió el Boletín

Informativo de Rentas Internas Núm. 1909

(“BI RI 19-09”) con el propósito de

“notificar

la

publicación

de

los

formularios de Comprobantes de Retención y

Declaraciones Informativas para el año 2019

8

Véanse: Réplica a oposición a moción de desestimación, Apéndice del

Certiorari, págs. 175-220; Dúplica a réplica a oposición de

desestimación, Apéndice del Certiorari, págs. 221-225.

CC-2020-214

7

e informar los cambios más significativos

realizados a dichos formularios”.

7.

El 9 de diciembre de 2019, el

Departamento

de

Hacienda

emitió

la

Determinación Administrativa Núm. 19-08

(“DA 19-08”).

8.

El propósito del Departamento de

Hacienda al emitir la DA 19-08 fue

“establecer que, para el año calendario

2019 únicamente, la persona responsable por

la

preparación

y

[presentación]

del

Formulario 480.7E no será la persona o

entidad que reciba el pago, sino la persona

o entidad que realizó el pago por anuncios,

primas

de

seguros,

servicios

de

telecomunicaciones, servicios de acceso a

[I]nternet, servicios de televisión por

cable o satélite durante el año”.9

En síntesis, el tribunal de instancia concluyó que “[n]o

hay duda [de] que la Cámara de Representantes o el Senado

de Puerto Rico tienen legitimación activa, mediante un

representante,

de

vindicar

los

poderes

que

se

le[s]

concedi[eron] por la Constitución de Puerto Rico y que otra

rama de gobierno está usurpando”.10

Por lo tanto, el foro

de instancia denegó la solicitud de desestimación presentada

por el Gobierno y declaró Ha Lugar la Demanda instada por

los

legisladores.

inconstitucionalidad

de

De

esta

forma,

la

Determinación

decretó

la

Administrativa

dispuesta por el Secretario de Hacienda.11

Inconforme, los peticionarios acudieron ante el Tribunal

de

Apelaciones

9

mediante

una

Apelación.

En

síntesis,

Véase Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del

Certiorari, pág. 231

10

Íd., pág. 242.

11

Íd., pág. 243.

CC-2020-214

8

alegaron que el foro de instancia erró al concluir que la

Determinación Administrativa promulgada por el Secretario

de Hacienda era ultra vires, nula e inconstitucional por

violar la separación de poderes que dispone la Constitución

de Puerto Rico.12

Acompañaron la presentación de su recurso

con una moción en auxilio de jurisdicción.

Así, el 21 de

febrero de 2020, el tribunal apelativo intermedio paralizó

los efectos de la Sentencia.

proprio

que

posiciones

las

en

partes

cuanto

a

Entre tanto, ordenó motu

presentaran

la

sus

legitimación

respectivas

activa

de

los

presentaron

un

legisladores para solicitar un remedio judicial.

Por

consiguiente,

los

peticionarios

Escrito en cumplimiento de orden.

En el mismo, reiteraron

que los recurridos no demostraron que sufrieron un daño

claro y palpable ni que sus prerrogativas constitucionales

fueron vulneradas.13

fundamentaron su

abstracta.14

de

anulación

Además, señalaron que los legisladores

Demanda en una reclamación genérica y

Por último, el Gobierno adujo que la doctrina

del

voto

era

inaplicable

a

los

hechos

particulares del caso.15

Por su parte, los recurridos presentaron una Moción en

cumplimiento de orden sobre legitimación activa de los

12

Véase Apelación, Apéndice del Certiorari, pág. 20.

13

Véase Escrito en cumplimiento de orden, Apéndice del Certiorari,

pág. 350.

14

Íd., pág. 349.

15

Íd., págs. 352-353.

CC-2020-214

9

demandantes.

En

contraste,

argumentaron

que

estaban

facultados por autoridad constitucional y reglamentaria para

comparecer

en

el

pleito

a

nombre

de

la

Cámara

de

Representantes de Puerto Rico y defender sus prerrogativas

constitucionales.16

Además, reiteraron que -como miembros

individuales del mencionado cuerpo legislativo- poseen un

interés legítimo en que sus votos a favor de la Ley Núm. 60

no sean anulados.17

Así el trámite, el Tribunal de Apelaciones emitió una

Sentencia confirmando el dictamen apelado.

Razonó que el

tribunal de instancia no erró al declarar ultra vires e

inconstitucional la Determinación Administrativa emitida

por

el

Secretario

justiciabilidad

del

de

Hacienda.

caso,

el

foro

En

cuanto

apelativo

a

la

intermedio

expuso que los recurridos gozaban de legitimación activa

puesto que “válidamente impugnan una actuación ilegal de la

Rama

Ejecutiva

que

laceró

la

separación

de

poderes

de

nuestra Constitución, específicamente, la facultad de la

Asamblea Legislativa de aprobar o enmendar las leyes”.18

16

Véase Moción en cumplimiento de orden sobre legitimación activa de

los demandantes, Apéndice del Certiorari, pág. 361.

17

18

Íd.

Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice del

Certiorari, pág. 393 esc. 4.

Por su parte, a través de un Voto

disidente, la Jueza Rivera Marchand expresó que los legisladores

carecían de legitimación activa para instar la Demanda, ya que pudieron

ejercitar plenamente su derecho constitucional de legislar. Señaló que

la doctrina de la anulación del voto no tiene cabida en la discusión

del presente caso, pues la Ley Núm. 60 ya fue aprobada y no existe un

proceso legislativo pendiente.

Por lo tanto, manifestó que hubiese

ordenado la desestimación del caso.

Véase Sentencia del Tribunal de

Apelaciones (Voto disidente de la Jueza Rivera Marchand), Apéndice del

Certiorari, págs. 413-427.

CC-2020-214

Aún

10

insatisfechos

con

la

determinación

del

foro

apelativo intermedio, los peticionarios acudieron ante este

Tribunal y señalaron como único error lo siguiente:

Erró

el

Tribunal

de

Apelaciones

al

confirmar la Sentencia emitida por el

Tribunal de Primera Instancia habida cuenta

[de]

que

la

parte

demandante,

aquí

recurrida, carece de legitimación activa

para incoar la Demanda. Por lo tanto, lo

que procedía en derecho era decretar la

desestimación de la Demanda.

Luego

de

solicitado,

haber

y

expedido

contando

con

el

el

auto

de

certiorari

beneficio

de

las

comparecencias de ambas partes, resolvemos.

II

A.

La legitimación activa

El principio de justiciabilidad requiere la existencia

de un caso o controversia real para que los tribunales puedan

ejercer válidamente el Poder Judicial.

Ramos, Méndez v.

García García, 203 DPR 379, 393-394 (2019); Suárez Cáceres

v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 60 (2009); Com. de

la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980).

En

ese sentido, hemos reiterado que los tribunales únicamente

podemos evaluar los méritos de aquellos casos que sean

justiciables.

Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68

(2017); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920,

931 (2011); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958).

En

el

examen

de

las

controversias,

“los

propios

tribunales se preguntan y evalúan si es o no apropiado

entender en determinado caso tomando en cuenta diversos

factores y circunstancias mediante un análisis

que les

CC-2020-214

11

permite ejercer su discreción en cuanto al límite de su

poder

constitucional”.

Com.

Justicia, supra, pág. 720.

de

los

tribunales

controversia

la

Mujer

v.

Srio.

de

De esta manera, la intervención

tendrá

genuina

de

lugar

surgida

sólo

entre

si

existe

una

partes

opuestas

que

tienen un interés real en obtener un remedio que afecte sus

relaciones

jurídicas.

Suárez

Cáceres

v.

Com.

Estatal

Elecciones, supra, pág. 60 (haciendo referencia a E.L.A. v.

Aguayo, supra, págs. 558-559).

Como elemento necesario para la debida adjudicación de

los

méritos

de

justiciabilidad

una

nos

controversia,

impone

el

deber

el

de

principio

evaluar

si

de

los

demandantes poseen legitimación activa.

Hernández Torres

v. Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992).

Hemos definido la

legitimación activa como “la capacidad que se le requiere a

la parte promovente de una acción para comparecer como

litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos

procesales

vinculante”.

y,

de

esta

forma,

obtener

una

sentencia

Ramos, Méndez v. García García, supra, pág.

394 (citando a Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág.

69).

En esencia, “el examen de la legitimación activa es un

mecanismo usado por los tribunales para delimitar su propia

jurisdicción y no adentrarse en los dominios de otras ramas

de gobierno, y no lanzarse a resolver cuestiones hipotéticas

o planteadas dentro de un contexto inadecuado”.

suplido y escolio omitido).

(Énfasis

Hernández Torres v. Hernández

CC-2020-214

12

Colón et al., 131 DPR 593, 598 (1992).

Por otra parte,

“[e]ste elemento de justiciabilidad difiere de los otros

‘porque gira principalmente en torno a la parte que prosigue

la acción y sólo secundariamente en cuanto a las cuestiones

a adjudicarse’”.

(Énfasis suplido).

Col. Ópticos de P.R.

v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 564 (1989) (citando a

Com. de la Mujer v. Srio. De Justicia, supra, pág. 723).

Al amparo de esta doctrina, la parte que solicita un

remedio judicial debe demostrar que: (1) ha sufrido un daño

claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso,

no abstracto o hipotético; (3) existe una conexión entre el

daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) la causa

de acción surge al palio de la Constitución o de una ley.

Bhatia

Gautier

v.

Gobernador,

supra,

pág.

69;

Fund.

Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010);

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 371

(2002);

Hernández

Torres

v.

Gobernador,

supra,

págs.

835-836.

Por otro lado, hemos expresado que cuando se trate de

una acción en contra de las agencias y los funcionarios

gubernamentales,

estos

criterios

deben

interpretarse

de

manera flexible y liberal para la parte promovente del

pleito.

Ramos Rivera v. García García, supra, pág. 395;

Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, págs. 69–70.

Ahora

bien, dicha flexibilidad no implica que “la puerta está

abierta de par en par para la consideración de cualquier

caso

que

desee

incoar

cualquier

ciudadano

en

alegada

CC-2020-214

13

protección de una política pública”.

Fund. Surfrider y

otros v. A.R.Pe., supra, pág. 573; Salas Soler v. Srio. de

Agricultura, 102 DPR 716, 723-724 (1974).

B.

La legitimación activa de los legisladores

En el caso de los legisladores, éstos deben cumplir con

los mismos requisitos que se les exigen a los ciudadanos

para demostrar

que

poseen

legitimación activa.

Gautier v. Gobernador, supra, pág. 70.

Bhatia

Particularmente,

deben establecer que han sufrido un daño claro e inmediato

a sus prerrogativas legislativas.

Íd.

Al cumplir con este

requisito, los legisladores tienen que asegurarse de que no

están invocando una prerrogativa abstracta y desligada del

ejercicio de sus funciones legislativas.

Íd.

Asimismo, los

legisladores tienen que demostrar que existe una conexión

entre el daño que alegan haber sufrido y la acción que

ejercitan.

Íd., pág. 71.

Según hemos señalado, las prerrogativas legislativas son

la garantía que posee todo legislador a ejercitar plenamente

su derecho constitucional a legislar según comprendido en

el Art. III, Sec. 1 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA,

Tomo 1.

Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra,

pág. 601.

Desde este punto de vista, los tribunales deben

quedar convencidos de que se trata de una verdadera lesión

a sus prerrogativas legislativas.

Íd.

Igualmente, cuando un miembro de la Asamblea Legislativa

alega que sus prerrogativas como legislador se han afectado

porque

no

ha

podido

fiscalizar

adecuadamente

la

obra

CC-2020-214

14

legislativa,

mecanismos

debe

recordar

razonables

y

que

ello

necesarios

sólo

que

implica

los

posibiliten

su

participación plena en todas las etapas críticas del proceso

legislativo.

Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, págs. 70-

71; Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág.

602.

Además,

los

legisladores

deben

agotar

todos

los

remedios que tengan a su disposición antes de acudir a los

tribunales

para

que

se

les

permita

y

reconozca

dicho

derecho.

Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 71;

Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág. 602.

Al igual que las leyes, toda actuación gubernamental

está

sujeta

a

ser

interpretada

y

ser

declarada

inconstitucional en nuestro sistema constitucional.

Véase

Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág. 602.

En ese sentido, hemos expresado que el sujeto activo en la

impugnación

no

puede

inconstitucionalidad.

valerse

Íd.

de

una

mera

alegación

de

Por ende, “[s]u legitimación

activa debe estar sustentada a través de todas las etapas

procesales del pleito a los efectos de que ha sufrido un

daño claro, palpable y no especulativo y cumple con todos

los otros requisitos necesarios para el reconocimiento de

su legitimación activa”.

A

través

de

la

Íd.

jurisprudencia,

hemos

reconocido

legitimación activa de un legislador si:

(1)

defiende

un

interés

individual

tradicional

vinculado

con

el

proceso

legislativo

e

invocado

frente

a

funcionarios del

Cuerpo tanto en su

carácter particular como en representación

de un grupo de ese Cuerpo, (2) impugna una

la

CC-2020-214

15

actuación ilegal del Ejecutivo,19 (3) las

reglas senatoriales coartan su derecho

constitucional de participar en las etapas

esenciales

y

significativas

en

las

comisiones del Cuerpo, (4) cuestiona las

reglas senatoriales que impugna el intento

del Senado de excluir a un senador de su

escaño mientras se determina la validez de

su

elección,

(5)

para

solicitar

un

injunction y sentencia declaratoria con el

objetivo de cuestionar que una persona está

ocupando un cargo en detrimento de su poder

de

confirmación,

y

(6)

vindica

su

prerrogativa y función constitucional como

lo es la participación en el proceso de

confirmación de consejo y consentimiento de

un nombramiento de un funcionario público.

(Cita depurada y énfasis suplido). Ramos,

Méndez v. García García, supra, págs. 395396.

Cónsono

legislador

con

ello,

recientemente

posee

legitimación

reiteramos

activa

para

que

un

vindicar

un

interés personal en el ejercicio de sus prerrogativas y

funciones constitucionales afectadas por el Poder Ejecutivo.

Véase

Senado

de

Puerto

Rico

v.

Tribunal

Supremo

de

Puerto Rico, 2021 TSPR 141, 208 DPR ___ (2021) (haciendo

referencia a Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 428

(1994)).

Por

otra

parte,

hemos

determinado

que

un

legislador no tiene legitimación activa para presentar una

acción en representación de sus votantes o del interés

público bajo el reclamo de un perjuicio general a nombre de

toda la ciudadanía.

págs. 841-842.

19

Hernández Torres v. Gobernador, supra,

Véase, además, L.M. Villaronga, Derecho

En específico, actuaciones del Poder Ejecutivo que limitan las

funciones de la Legislatura. Véase, por ejemplo, Noriega v. Hernández

Colón, 135 DPR 406, 428 (1994) (reconociendo la legitimación activa de

unos legisladores, al Ejecutivo no permitirles adjudicar ciertos fondos

asignados por ley).

CC-2020-214

16

constitucional, 62 Rev. Jur. UPR 683, 689-692 (1993).

En

tales

circunstancias,

directamente

“[c]orresponde

perjudicados

por

[esa]

a

los

acción,

ciudadanos

que

hayan

sufrido un daño claro y palpable, recurrir a los tribunales

en

defensa

de

sus

intereses”.20

(Énfasis

suplido).

Hernández Torres v. Gobernador, supra, pág. 843.

Por otro lado, considerando la normativa establecida en

Raines v. Byrd, 521 US 811 (1997),21 expresamos los criterios

que deben considerarse para reconocer la legitimación activa

de un legislador cuando reclama que la efectividad de su

voto ha sido anulada.

Véase Ramos, Méndez v. García García,

supra, págs. 406-407.

Allí destacamos lo siguiente sobre

el precitado caso federal:

En lo pertinente al reclamo de la

efectividad

de

la

votación,

los

legisladores

argumentaron

que

la

ley

promulgada

causó

un

tipo

de

daño

institucional en la medida que resultó en

una disminución del Poder Legislativo que

necesariamente provocaba un daño a los

legisladores

del

Congreso.

Asimismo,

alegaron que ostentaban legitimación activa

basado en la pérdida del poder político y

no en la pérdida de un derecho personal.

20

A esos efectos, el profesor Luis M. Villaronga comenta lo siguiente:

La existencia de personas realmente agraviadas por la

conducta del gobierno ciertamente justifica el que no se le

confiera a los legisladores legitimación para cuestionar

asuntos constitucionales trascendentales, sobre todo cuando

han tenido la oportunidad de participar en el proceso que

culminó en la aprobación del asunto.

(Énfasis suplido).

L.M. Villaronga, Derecho Constitucional, 62 Rev. Jur. 683,

694 (1993).

21

En este caso, el Tribunal Supremo federal examinó las alegaciones

y las particularidades del caso para resolver si, en efecto, se anuló

la efectividad del voto de los legisladores. Véase Raines v. Byrd, 521

US 811 (1997).

CC-2020-214

17

Por lo señalado, el Tribunal Supremo de

Estados

Unidos

determinó

que

los

demandantes no tenían standing precisamente

porque el daño era institucional y no lo

suficientemente concreto y personal porque

los

congresistas

poseían

un

remedio

político

adecuado

en

la

medida

que

posteriormente podían votar para derogar el

estatuto o para proporcionar proyectos de

ley de gastos individuales con una exención

legal. (Énfasis en el original suprimido y

énfasis suplido). Ramos, Méndez v. García

García,

supra,

pág.

402

(haciendo

referencia a Raines v. Byrd, supra, pág.

829).

Observando la tendencia en la jurisprudencia federal,

señalamos que cuando “el legislador reclama la anulación de

la efectividad de su voto, cumple con el test y no tiene un

remedio legislativo adecuado ni otra persona puede impugnar

la actuación legislativa, tiene derecho a presentar la causa

de acción” (es decir, standing).

Ramos, Méndez v. García

García, supra, pág. 406.

De esta manera, establecimos que los legisladores que

reclaman que la efectividad de su voto ha sido anulada deben

alegar lo siguiente:

(1) que hubo una votación de un proyecto de

ley o una resolución conjunta o concurrente

o nombramiento específico; (2) que, luego

de la votación, los votos sean suficientes

para aprobar o derrotar la medida, la

resolución o el nombramiento; (3) [que] en

la votación, sus votos se consignaron y

contabilizaron plenamente; (4) que el

proyecto

de

ley

sea

aprobado,

pero

considerado

rechazado

por

el

cuerpo

legislativo o viceversa; (5) [que] luego de

aprobada o derrotada no haya un remedio

legislativo que permita derogar la medida,

la resolución o el nombramiento; (6) que el

resultado de la aprobación o del rechazo

tuvo el efecto de anular completamente el

voto. (Escolio omitido). Ramos, Méndez v.

García García, supra, pág. 407.

CC-2020-214

18

III

Nos corresponde determinar, como asunto de umbral, si

los recurridos demostraron haber sufrido una lesión concreta

en cuanto a sus prerrogativas legislativas en virtud de la

actuación del Secretario de Hacienda.

Luego de un análisis

riguroso

de

de

los

hechos

particulares

este

caso,

los

argumentos presentados y el derecho esbozado, determinamos

que los legisladores carecen de legitimación activa, en su

capacidad

individual

y

como

representantes

del

cuerpo

legislativo, para impugnar la actuación del Secretario de

Hacienda,

pues no

demostraron

haber

sufrido

una

lesión

concreta en cuanto a sus prerrogativas legislativas o sus

funciones constitucionales.22

Veamos.

Los recurridos señalan que “en el presente caso, el

Secretario

de

Hacienda,

Hon.

Francisco

Parés

Alicea[,]

aprobó la [Determinación] Administrativa Número 19-08, la

cual es manifiestamente incompatible con el mandato expreso

22

En el Alegato del Presidente de la Cámara de Representantes de

Puerto Rico y del Presidente de la Comisión de Hacienda de ese cuerpo

legislativo, pág. 2, los recurridos adujeron lo siguiente:

[S]i bien es cierto que los Honorables Carlos Méndez N[ú]ñez

y Antonio Soto Torres fueron reelectos el pasado 3 [de]

noviembre [de] [2020] para continuar representando sus

respectivos distritos legislativos, [é]stos han sido

sustituidos automáticamente en su capacidad oficial en lo

que respecta a sus antiguas posiciones de liderato como

Presidente de la Cámara de Representantes y de la Comisión

de Hacienda de ese Cuerpo. Así las cosas, toda vez que los

representantes antes mencionados incoaron la presente

acción tanto en su capacidad de miembros de la Cámara

(estatus que conservan al día de hoy) como a título de sus

antiguas

posiciones

de

liderazgo,

respetuosamente

entendemos que continúan siendo parte en cuanto a la primera

reclamación, siendo sustituidos por los aquí comparecientes

en cuanto a la segunda.

CC-2020-214

19

de la [Ley Núm. 60]”.23

Particularmente, alegan que el

Secretario de Hacienda -sin autoridad para ello- “determinó

unilateralmente [y contrario a lo dispuesto en la Ley Núm.

60] que será responsabilidad de la persona o entidad que

realizó pagos por anuncios, primas de seguros, servicios de

telecomunicaciones,

servicios

de

servicios

televisión

de

por

acceso

cable

o

a

[I]nternet

satélite,

y

[la]

[presentación] [d]el formulario 480.7E en o antes del 28 de

febrero de 2020”.

(Énfasis en el original suprimido).24

Amparados en esta premisa, los legisladores instaron la

Demanda de referencia a los fines de que se prohibiera la

actuación del Secretario de Hacienda y se decretara su

inconstitucionalidad, por presuntamente ser ultra vires y

contraria al mandato estatutario establecido por la Asamblea

Legislativa en la Ley Núm. 60.

Valga señalar que la causa

de

se

acción

de

los

recurridos

fundamentó

en

que

sus

prerrogativas legislativas fueron menoscabadas y sus votos

fueron anulados como resultado de la mencionada actuación

del Secretario de Hacienda.

Como regla general, hemos reconocido la legitimación

activa

de

los

legisladores

cuando

se

han

afectado

sus

poderes críticos, tales como: la falta de participación en

debates

legislativos;

consentir

la

nombramientos,

limitación

o

la

a

la

anulación

23

Íd.

24

Véase Demanda, Apéndice del Certiorari, pág. 47.

facultad

del

de

voto

CC-2020-214

20

legislativo.

Dicho

esto,

los

manera

fueron

establecer

en

qué

plenamente

sus

prerrogativas

recurridos

no

lograron

de

ejercer

se

vieron

privados

legislativas

o

afectadas sus funciones constitucionales.

Según

expresamos,

las

la

que

constituyen

garantía

referidas

posee

todo

prerrogativas

legislador

de

ejercitar plenamente su derecho a legislar conforme al Art.

III, Sec. 1 de la Constitución de Puerto Rico, supra.25

Del

mismo modo, indicamos que el derecho a fiscalizar sólo

implica

los

mecanismos

participación

plena

de

necesarios

los

que

legisladores

viabilizan

en

las

la

etapas

críticas del proceso legislativo.

Claramente,

no está en disputa que,

el 1 de julio

de 2019, el entonces Gobernador de Puerto Rico firmó la Ley

Núm. 60.

Como cuestión de hecho, los legisladores tuvieron

la oportunidad de participar en el proceso legislativo y

consiguieron ejercer plenamente su derecho constitucional

de legislar.

Una vez se

aprobó la referida

ley

como

corresponde, finalizó cualquier interés que los recurridos

hubiesen podido tener con relación a su participación en el

proceso legislativo.26

25

El Art. III, Sec. 1 de la Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA Tomo

1, dispone lo siguiente:

El Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea

Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y

la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos

por votación directa en cada elección general.

26

El profesor William Vázquez Irizarry comenta que “una vez se aprueba

una medida y la misma se convierte en ley, no hay rol alguno posterior

para la Legislatura[,] pues lo que queda por hacer es precisamente la

‘ejecución’ del estatuto”.

W. Vázquez Irizarry, Los poderes del

CC-2020-214

21

De otra parte, si bien la Determinación Administrativa

promulgada por el Secretario de Hacienda se encuentra reñida

con el texto de la Ley Núm. 60, ello no presupone de por sí

una usurpación del proceso legislativo ni constituye una

restricción a la facultad de la Asamblea Legislativa de

aprobar o enmendar las leyes.

Esto, pues la Determinación

Administrativa no trastocó la participación plena de los

legisladores en las etapas críticas del proceso legislativo

ni tampoco tuvo un efecto sobre la aprobación del mencionado

estatuto.

Más aún, según adujeron los propios recurridos

en su Demanda, la Determinación Administrativa tendría el

efecto práctico de perjudicar a los ciudadanos.

En última

instancia, la controversia de fondo versa sobre un asunto

de interpretación estatutaria que le corresponde adjudicar

a los tribunales una vez el ciudadano perjudicado impugne

el efecto de dicha interpretación.

De este modo, la acción

instada

alegada

por

los legisladores

en

protección

del

mandato estatutario -sin tan siquiera ser los beneficiarios

del mismo- representa un reclamo en defensa de un interés

general.

Ante ello, reiteramos la norma jurisprudencial de

que los legisladores no pueden acudir a los tribunales en

representación de sus constituyentes o bajo el reclamo de

un perjuicio general a nombre de toda la ciudadanía.

Véase

Hernández Torres v. Gobernador, supra, págs. 841-842.

Gobernador de Puerto Rico y el uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur.

UPR 951, 998 (2007).

CC-2020-214

22

Lo expresado no implica que el Poder Ejecutivo tenga la

facultad de obrar en contra de un estatuto debidamente

aprobado,

pero

de

ello

ocurrir,

le

corresponde

a

las

personas o entidades afectadas de manera concreta promover

sus reclamos.

Por consiguiente, una parte directamente

afectada por la actuación del Secretario de Hacienda sí

puede acudir a los tribunales, siempre que cumpla con los

requisitos clásicos de legitimación activa.

De esta forma,

nos aseguramos de ejercer válidamente el Poder Judicial

dentro del marco de un caso o controversia real.

Los legisladores no están exentos de cumplir con los

mismos

requisitos

que

se

les

exigen

a

los

ciudadanos

particulares para demostrar que poseen legitimación activa.

De

ahí

que,

recurridos

no

para

validar

podían

inconstitucionalidad.

su

valerse

legitimación

de

una

mera

activa,

los

alegación

de

En cambio, tenían que sustentar la

existencia de un daño claro, palpable e inmediato en cuanto

a sus prerrogativas legislativas, así como la concurrencia

de todos los requisitos necesarios para el reconocimiento

de su legitimación activa.

En

consecuencia,

resolvemos

que

los

recurridos

no

poseían legitimación activa para cuestionar la validez de

la Determinación Administrativa en cuestión por entender que

la misma era contraria al texto de una ley debidamente

aprobada.

Ante ese escenario, las personas perjudicadas que

cumplan con los requisitos clásicos de legitimación activa

serán las llamadas a cuestionar su validez.

Por lo tanto,

CC-2020-214

23

concluimos que erró el foro apelativo intermedio al no

decretar

la

desestimación

de

la

Demanda

por

falta

de

legitimación activa de los recurridos.

IV

A base de lo anterior, se revoca tanto la Sentencia del

Tribunal de Apelaciones como la Sentencia emitida por el

Tribunal

de

Primera

Instancia.

Por

consiguiente,

se

desestima el presente caso por falta de legitimación activa

de los recurridos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Rafael Hernández Montañez,

en su capacidad oficial como

Presidente de la Cámara de

Representantes de Puerto Rico y

Hon. Jesús Santa Rodríguez en su

capacidad

oficial

como

Presidente de la Comisión de

Hacienda

de

la

Cámara

de

Representantes

CC-2020-214

Certiorari

Recurridos

v.

Hon. Francisco Parés Alicea,

Secretario del Departamento de

Hacienda, en su carácter oficial

y

como

Representante

del

Gobierno de Puerto Rico y otros

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2022.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente

Sentencia,

revocamos

la

Sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones emitida el 28 de febrero de 2020 y la Sentencia

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 4 de febrero

de 2020.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez

disiente con Opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera

García concurre sin Opinión escrita.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Rafael Hernández

Montañez, en su capacidad

oficial como Presidente de

la Cámara de Representantes

de Puerto Rico y Hon. Jesús

Santa Rodríguez en su

capacidad oficial como

Presidente de la Comisión

de Hacienda de la Cámara de

Representantes

Recurridos

CC-2020-0214

v.

Certiorari

Hon. Francisco Parés

Alicea, Secretario del

Departamento de Hacienda,

en su carácter oficial y

como Representante del

Gobierno de Puerto Rico y

otros

Peticionarios

Opinión disidente

ESTRELLA MARTÍNEZ.

emitida

por

el

Juez

Asociado

Señor

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2022.

En esta ocasión, correspondía atender y contestar en

los méritos la siguiente interrogante: ¿Tiene el Secretario

de Hacienda el poder de posponer la fecha en que entrará en

vigor una ley y ejecutarla de manera contraria al mandato

legislativo?

barrera

activa.

de

Sin

la

embargo,

aplicación

este Tribunal

tropezó

incorrecta

la

de

con

la

legitimación

CC-2020-214

2

Con este proceder, totalmente contrario a la noción y

el alcance con el que debe aplicarse la doctrina de la

legitimación activa, ignoraron que esa acción del Ejecutivo

constituyó una lesión concreta a las prerrogativas y funciones

constitucionales delegadas a la Asamblea Legislativa. Por

tanto, procedía reconocer la legitimación activa de los

legisladores promoventes, para cuestionar, en su carácter

individual

y

en

representación

de

la

Cámara

de

Representantes, una acción ultra vires del Poder Ejecutivo.

Particularmente, ante el hecho de que la actuación del

Secretario de Hacienda de posponer la entrada en vigor y

enmendar

una

disposición

administrativo

es

constituye

lesión

una

de

ley

patentemente

concreta

a

mediante

decreto

inconstitucional

y

las

y

prerrogativas

funciones constitucionales de los legisladores, lo cual

habilita la justiciabilidad de esta controversia.

Al una Mayoría resolver lo contrario y, con ello,

descartar nuestros pronunciamientos reiterados en cuanto a

que, cuando se trata de acciones en contra de funcionarios

gubernamentales, los tribunales tienen el deber interpretar

los criterios de legitimación de la manera más flexible,

liberal

y

favorable

para

el

promovente

del

litigio,

disiento. Veamos, entonces, los fundamentos de mi disenso.

I

De ordinario, una controversia no es justiciable si el

promovente

de

la

acción

carece

de

legitimación

activa

CC-2020-214

3

(standing).1 De conformidad con esta doctrina, la parte

demandante debe procurar que su interés sea “de tal índole

que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de

acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del

tribunal las cuestiones en controversia”. Ramos, Méndez v.

García García, 203 DPR 379, 394 (2019).

Para ello, el demandante debe demostrar: “(1) que ha

sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es real,

inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; (3) que

existe una conexión entre el daño sufrido y la causa de

acción ejercitada, y (4) que la causa de acción surge bajo

el palio de la Constitución o de una ley”. Torres Montalvo

v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 767 (2016) (citando a

Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 836 (1992).

En el caso particular de los cuerpos legislativos,

éstos tienen acción legitimada para comparecer por sí o para

autorizar

a

uno

de

sus

miembros

o

comisiones

para

representarlos en los tribunales en pro de sus intereses.

Hernández

Torres

v.

Gobernador,

supra,

pág.

837

(citas

omitidas). Lo anterior, sin embargo, no los exime de cumplir

1Adviértase,

que la doctrina de la legitimación activa

no constituye un imperativo constitucional. Por tanto, no

existe impedimento para que la Asamblea Legislativa

otorgue legitimación activa a cualquier persona, tal y como

lo ha hecho en el pasado. Véase, J. Farinacci Fernós,

Cualquier persona: la facultad plenaria de la Asamblea

Legislativa para otorgar legitimación activa por la vía

estatutaria, 84 Rev. Jur UPR 359 (2015); Brito Díaz et al.

v. Bioculture et al., 183 DPR 721, 732 (2011) (Voto de

conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez).

CC-2020-214

4

con los requisitos tradicionales de standing. Ramos, Méndez

v. García García, supra, pág. 395.

Ahora bien, “[c]uando la causa de acción se presenta

en contra de agencias y funcionarios gubernamentales, los

tribunales interpretarán los criterios de la legitimación

activa de manera flexible y liberal, y el análisis de las

alegaciones se debe hacer de la manera más favorable y

liberal para el promovente del litigio”. (Énfasis suplido).

Íd. Ello, pues, el factor determinante no es quién es el

promovente, sino en contra de quien se entabló la causa de

acción.

Bajo este marco doctrinal, hemos reconocido que un

legislador

tiene

legitimación

activa,

escenarios,

cuando:

(1)

impugna

una

ejecutivo

(2)

vindica

sus

y,

entre

acción

prerrogativas

otros

ilegal

y

del

funciones

constitucionales. Véanse, Senado v. Tribunal Supremo de

Puerto Rico, 2021 TSPR 141, pág. 5, 208 DPR __ (2021);

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 428 (1994).

Pese a lo anterior, una mayoría de este Tribunal falla

en no reconocerle legitimación activa a los legisladores

—en su capacidad individual y como representantes del cuerpo

legislativo— por razón de que, según su criterio, éstos no

sufrieron

una

legislativas

o

lesión

sus

concreta

funciones

a

sus

prerrogativas

constitucionales.

interpretación es patentemente errónea. Veamos.

Esta

CC-2020-214

5

II

Distinto a lo que resuelve la Opinión Mayoritaria, las

prerrogativas y funciones constitucionales no son una lista

numerus clausus limitada a “la garantía que posee todo

legislador de ejercitar plenamente su derecho a legislar”

de manera que, una vez se aprueba la ley, “finalizó cualquier

interés que los [legisladores] hubiesen podido tener con

relación a su participación en el proceso legislativo”.2

Desde Noriega v. Hernández Colón, supra, delineamos los

contornos de los poderes que la Constitución de Puerto Rico

le confirió tanto al Legislativo y como al Ejecutivo con

respecto a la creación de leyes y la facultad de ponerlas

en vigor. Allí, al analizar una controversia relacionada con

la inacción del entonces gobernador a ejecutar una ley

debidamente

aprobada,

este

Tribunal

conducta

constituía

un

daño

Asamblea

Legislativa

y,

por

consiguiente,

de

los

legisladores

legitimación

activa

a

las

determinó

prerrogativas

la

reconoció

la

promoventes.

Los

legisladores-recurrentes

del

P.P.D. —como participantes de este

proceso constitucional de hacer las

leyes— tienen legitimación activa para

requerir que dicho mecanismo procesal

se lleve a cabo, defendiendo así su

derecho a legislar. La acción del

Gobernador le ha causado un daño a las

prerrogativas legislativas de los aquí

demandantes porque estos últimos,

aprobaron una ley mediante un proceso

Opinión mayoritaria, pág. 20.

tal

de

Particularmente, este Foro dispuso que:

2Véase,

que

CC-2020-214

6

legislativo válido, que contó con la

firma del Primer Ejecutivo, y la misma

fue congelada, haciendo estéril y

fútil todo el proceso envuelto. La

acción del Gobernador de detener,

congelar o no poner en vigor una ley,

tiene el efecto práctico de anular una

resolución

conjunta válidamente

aprobada por la Asamblea Legislativa

y, el Primer Ejecutivo, por la cual

los aquí demandantes votaron a favor.

Tal proceder dejó sin efecto los votos

emitidos mediante un ejercicio válido

del poder legislativo en un proceso

democrático. (Cita

depurada

y

negrillas suplidas). Íd., pág. 436

esc. 30.

Según se desprende del párrafo precitado, este Tribunal

reconoció que el tipo de prerrogativas constitucionales que,

si

son

afectadas,

justifican

la

legitimación

de

un

legislador no se limita a los supuestos clásicos que inciden

sobre la facultad de nombramientos, participación en debates

legislativos

o

comisiones,

ocupación

de

un

escaño

y

situaciones similares.3 En su lugar, concluyó que también se

incluyen

aquellas

instancias

en

las

que

el

gobernador

incumple con su deber ministerial de hacer cumplir la ley y

también cumplirla, según dispuesto en la Constitución.

En ese sentido, el Prof. Hiram Meléndez Juarbe, al

analizar lo resuelto en Noriega v. Hernández Colón, supra,

destaca que el derecho a legislar se ve afectado “cuando

habiendo votado y participado se priva (alegadamente) a su

3H.

Meléndez Juarbe, Derecho constitucional, 75 Rev.

Jur. UPR 29, 60 (2006).

CC-2020-214

7

voto y participación del efecto que la Constitución ordena

que

tenga”.4

En

Noriega,

la

actuación

del

gobernador

concretizó la legitimación activa de los legisladores, pues

ocasionó

un

daño

en

las

prerrogativas

constitucionales

básicas del Poder Legislativo, a saber: “participar del

proceso

legislativo

con

el

efecto

que

la

Constitución

atribuye a dicha participación”.5 Es por esto que, “[c]uando

el daño constitucional alegado es que, aun consignándose su

voto,

ese

voto

no

tuvo

el

efecto

deseado

por la

Constitución existe un planteamiento de daño constitucional

serio”.6

En reconocimiento de ello, recientemente en Ramos,

Méndez v. García García, supra, “reiteramos la norma de que

el

legislador

posee

standing

para

vindicar

su

interés

personal en cuanto al ejercicio de sus prerrogativas, tanto

directa como derivada”. (Negrillas suplidas). Íd., pág. 400.

Examinados los contornos normativos, veamos, entonces,

los hechos que dan lugar a la controversia ante nos.

III

En el 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm.

60-2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto

Rico, 13 LPRA sec. 45001 et seq. (Ley Núm. 60). Con ello,

4Íd.,

pág. 60.

5(Negrillas

6Íd.

suplidas). Íd.

CC-2020-214

8

modificó la forma provista que imponía en los contribuyentes

el deber de presentar las declaraciones informativas sobre

los pagos realizados por anuncios, primas de seguros y

ciertos servicios (declaraciones informativas). Así, con la

aprobación

de

la

ley,

se

le

removió

el

deber

a

los

contribuyentes de suplirlas y, en su lugar, se le impuso la

obligación de presentar tales declaraciones informativas a

las entidades proveedoras de los servicios.

Posteriormente,

el

Secretario

del

Departamento

de

Hacienda, mediante la Determinación Administrativa Núm. 1908, unilateralmente y en contravención a lo establecido en

la Ley Núm. 60, supra, pospuso la fecha de efectividad de

la

ley

y,

además,

revirtió

sobre

en

quién

recaía

la

obligación de presentar las declaraciones informativas. En

cuánto a esto último, resáltese que, a pesar de que la Ley

Núm. 60, supra, dispone que tal obligación recaerá en la

entidad

que

provee

los

servicios,

la

Determinación

Administrativa impuso que le correspondería al individuo.

A raíz de lo anterior, la controversia aquí planteada

se circunscribe a determinar si el Presidente de la Cámara

de Representantes y el Presidente de la Comisión de Hacienda

del mismo cuerpo legislativo —en su capacidad individual

como legisladores y en representación de la Cámara— poseen

legitimación activa para cuestionar la implementación de un

decreto

administrativo

por

parte

del

Secretario

del

CC-2020-214

Departamento

9

de

Hacienda

que

es

contrario

a

una

ley

que

nos

debidamente aprobada por la Asamblea Legislativa.7

Según

adelanté,

esta

controversia

exigía

preguntáramos lo siguiente: ¿Tiene el Secretario de Hacienda

el poder de posponer la fecha en que entrará en vigor una

ley y ejecutarla de manera contraria al mandato legislativo?

Evidentemente no. Ahora bien, en caso de que lo haga, ¿ello

configura una lesión concreta a los legisladores en virtud

de las prerrogativas y funciones constitucionales delegadas

a la Asamblea Legislativa? Indudablemente sí.

Discutiremos, pues, el fundamento de cada una de las

respuestas.

En primer lugar, reiteradamente hemos señalado que

“nuestro sistema constitucional es de pesos y contrapesos,

‘con el propósito de generar un equilibrio dinámico entre

poderes coordinados y de igual rango, y evitar así que

ninguno de éstos amplíe su autoridad a expensas de otro’”.

Senado de PR v. ELA, 203 DPR 62, 84 (2019) (citas omitidas).

Con el fin de precisar qué facultades corresponden a

cada

Poder

y,

7Adviértase

consecuentemente,

determinar

si

se

ha

que, a pesar de los cambios acaecidos

durante la tramitación de la controversia, ésta no es

académica por razón de cumplirse más de una de las

excepciones

a

la

doctrina

de

la

academicidad.

Particularmente, pues, es innegable que estamos ante un

caso con una alta probabilidad de recurrencia entre las

mismas partes y, máxime, debido al riesgo potencial de que

el daño sea de tan corta duración que sea probable que la

controversia se torne académica antes de que la litigación

se complete. Véase, Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, 180 DPR 920, 933-934 (2011).

CC-2020-214

10

configurado una violación de la doctrina de separación de

poderes, debe evaluarse:

(1) si la función específica ha sido

expresamente

asignada

por

la

Constitución a la rama gubernamental

que trata de ejercitarla, o (2) si su

ejecución por tal rama es un incidente

necesario para el ejercicio de otras

funciones que le fueron expresamente

conferidas.

Noriega

v.

Hernández

Colón, supra, pág. 473 (Opinión de

conformidad del Juez Asociado Señor

Hernández Denton) (citas omitidas).

Nótese

que

el

análisis

a

realizarse

exige

que

se

identifique si la función en cuestión fue delegada al Poder

que lo ejercita o, si, por el contrario, su ejecución es un

incidente

necesario

para

otras

funciones

expresamente

otorgadas en virtud de la Constitución de Puerto Rico.

En

ese

sentido,

bajo

el

esquema

de

separación

de

poderes, la Constitución de Puerto Rico “delega todo el

poder legislativo a la Asamblea Legislativa, sujeto a las

limitaciones contenidas en su Carta de Derechos”. Guzmán v.

Calderón,

164

DPR

220,

304

(2005).8

Por

su

parte,

el

gobernador ostenta “la facultad y, a la vez, el deber y la

obligación,

de

[Constitución,]

acuerdo

de

con

cumplir

el

y

Art.

poner

IV,

en

Sec.

4

de

la

vigor

las

leyes

vigentes, y de hacerlas cumplir y poner en vigor a través

8Asimismo,

la Constitución dispone que el poder “para

imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición

y cobro por los municipios se ejercerá según se disponga

por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o

suspendido”. Art. VI, Sec. 2, Const. PR., LPRA, Tomo 1.

CC-2020-214

11

de todos aquellos funcionarios que están bajo su poder”.

Guzmán v. Calderón, supra.

No cabe duda de que la Legislatura puede delegar en el

Poder Ejecutivo funciones legislativas siempre y cuando

medie

un

principio

inteligible

que

viabilice

que

el

Ejecutivo actúe dentro de los parámetros concebidos en la

ley habilitadora. Véase, Sánchez et al. v. Depto. Vivienda

et al., 184 DPR 95, 119-122 (2011). Ello, sin embargo, no

fue lo que ocurrió aquí.

Según enuncié, la Determinación Administrativa postergó

la vigencia de la ley y transfirió a los individuos el deber

de presentar las declaraciones informativas, evidentemente

es un acto ultra vires por parte del Poder Ejecutivo. Lo que

es peor, la actuación del Secretario de Hacienda ocurrió

luego de que la Cámara de Representantes presentara un

proyecto de ley con idénticos propósitos que fue derrotado

en el proceso legislativo mediante el veto de bolsillo de

la gobernadora en aquel entonces.9

Ciertamente, la Determinación Administrativa usurpó los

poderes de la Asamblea Legislativa y, además, representó una

transgresión del Ejecutivo a su deber constitucional de

cumplir y hacer cumplir la Ley Núm. 60, supra. Guzmán v.

Calderón, supra. Ello, pues, tal proceder no reflejó ser una

9Véase,

Informe Comité de Conferencia de 19 de

noviembre de 2019 del P. de la C. 2172, 6ta Ses. Ord.,

18va Asam. Leg.,

https://sutra.oslpr.org/osl/esutra

/MedidaReg.aspx?rid=130169 (última visita, 28 de enero de

2022).

CC-2020-214

12

implementación de la ley existente por el Secretario de

Hacienda,

sino

que,

por

el

contrario,

constituyó

un

ejercicio legislativo reservado por nuestra Constitución a

la

Legislatura.

Dicho

de

otro

modo,

la

Determinación

Administrativa impuesta por el Secretario de Hacienda se

abrogó el mandato de la Ley Núm. 60, supra, y, además,

infringió la doctrina de separación de poderes.

Ahora bien, ante el curso de acción mayoritario, nos

corresponde

determinar

si

tal

actuación

constituye

una

lesión concreta que viabilice que los legisladores de la

Cámara

de

Representantes,

en

su

carácter

individual

o

institucional, prosigan su causa de acción vigorosamente.

Ramos, Méndez v. García García, supra, 394. Lo anterior,

máxime, bajo el crisol de que reiteradamente hemos resuelto

que cuando se trata de una acción en contra de funcionarios

gubernamentales, los criterios de legitimación activa deben

interpretarse de la manera más flexible, liberal y favorable

para el promovente del litigio. Íd., pág. 395.

Ante

ello,

la

Opinión

mayoritaria

desacertadamente

determina que “[u]na vez se aprobó la referida ley como

corresponde,

finalizó

legisladores]

hubiesen

cualquier

podido

interés

tener

con

que

relación

[los

a

su

participación en el proceso legislativo”.10 De esta forma,

concluye que los legisladores “no demostraron haber sufrido

una

lesión

concreta

en

cuanto

a

sus

10Véase,

Opinión mayoritaria, pág. 20.

prerrogativas

CC-2020-214

13

legislativas o sus funcionales constitucionales”.11 Ésto,

sin embargo, se aleja de los pronunciamientos previos de

este Tribunal.

De entrada, resaltamos que este Tribunal ha concedido

legitimación activa a los legisladores cuando éstos impugnan

una

actuación

ilegal

del

Ejecutivo

o

vindican

sus

prerrogativas y funciones constitucionales. Véanse, Senado

v. Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra, pág. 5; Noriega

v. Hernández Colón, supra, pág. 428.

Desde Noriega v. Hernández Colón, supra, pautamos que

una actuación en contrario del Gobernador sobre una ley

debidamente

aprobada

configura

un

daño

que

viabiliza

conceder legitimación activa al legislador para impugnar tal

actuación. Particularmente, en Noriega estimamos que:

La acción del Gobernador le ha causado

un

daño

a

las

prerrogativas

legislativas de los aquí demandantes

porque estos últimos, aprobaron una

ley mediante un proceso legislativo

válido, que contó con la firma del

Primer Ejecutivo, y la misma fue

congelada, haciendo estéril y fútil

todo el proceso envuelto. (Negrillas y

énfasis suplido). Íd., pág. 436 esc.

30.

Estos pronunciamientos constituyen un reconocimiento

de

que

el

derecho

legisladores

Representantes

11Id.,

del

se

pág. 18.

a

legislar

Senado

afecta

como

conferido

los

cuando,

a

los

la

Cámara

de

habiendo

votado

y

de

tanto

CC-2020-214

14

participado del proceso legislativo, se priva a su voto y

participación del efecto que la Constitución ordena que

tenga.12 Íd.

En el caso ante nos, no tan sólo se trata de, como

ocurrió en Noriega, que el Ejecutivo se niega a implementar

una ley debidamente aprobada, sino que, lo que es peor,

estamos

ante

una

acción

afirmativa

de

este

último

de,

mediante decreto administrativo, enmendar una ley con el

propósito de posponer su implementación y alterar el mandato

expreso de la Asamblea Legislativa. Ello, pues, transfirió

el

deber

de

la

presentación

de

las

declaraciones

informativas a quien el legislador, a todas luces, quiso

liberar. Este proceder es impermisible.

Tal

y

como

correctamente

concluyó

el

Tribunal

de

Apelaciones,13 la Ley Núm. 60, supra, estableció, sin atisbo

alguno de ambigüedad, que la persona obligada a presentar

las declaraciones informativas es el proveedor del servicio

y no el individuo que se beneficia de ellos.

El Secretario de Hacienda no tiene la facultad de

alterar

la

voluntad

administrativos.

Este

legislativa

poder

no

le

mediante

fue

decretos

específicamente

delegado por la Constitución y su ejecución tampoco es un

incidente necesario para el ejercicio de otras funciones

12Meléndez

13Véase,

Juarbe, supra, pág. 60.

Sentencia del Tribunal de Apelaciones emitida

por el presidente del Panel el Juez Bermúdez Torres y la

Jueza Domínguez Irizarry. Por otra parte, la Jueza Rivera

Marchand emitió un voto disidente.

CC-2020-214

15

expresamente conferidas. Noriega v. Hernández Colón, supra,

pág. 473. Toda vez que así lo hizo, se configuró una lesión

concreta a las prerrogativas y funciones constitucionales

de los legisladores promoventes en su capacidad individual

y

como

representantes

institucionales

de

la

Cámara

de

Representantes.

En

este

contexto,

la

legitimación

activa

de

los

legisladores promoventes es patente. No es contestación,

como establece una mayoría de este Tribunal, que se trata

de un daño generalizado que debe ser encausado por la

ciudadanía.14 ¿O es que, acaso, puede un ciudadano particular

promover, de manera más vigorosa que un legislador, una

violación al principio de separación de poderes? Claramente,

la respuesta es en la negativa.

Es el legislador en su capacidad individual y como

representante institucional de la Cámara de Representantes

quien está en mejor posición para vindicar el menoscabo en

sus

prerrogativas

y

funciones

constitucionales.

Particularmente, en virtud de Noriega v. Hernández Colón,

puesto que, habiendo éstos votado y participado del proceso

legislativo que culminó con la aprobación de la Ley Núm. 60,

supra, luego, con la implementación de la Determinación

Administrativa, se privó a su voto y participación del

efecto que la Constitución ordena que tenga.15 Evidentemente,

14Véase,

Opinión mayoritaria, págs. 21-22.

15Meléndez

Juarbe, supra, pág. 60.

CC-2020-214

16

el daño claro, palpable y real se materializó, pues la

Determinación Administrativa nulificó el mandato de política

pública establecido en la Ley Núm. 60, supra.

Debido a lo anterior, los promoventes impugnaron la

validez de la actuación del Secretario de Hacienda, la cual,

según he expresado, enmendó, por la vía administrativa, una

ley válidamente aprobada durante el proceso legislativo. Con

este proceder, se soslayó el proceso legislativo compartido

entre la Cámara y el Senado para considerar esa enmienda y,

consecuentemente, se usurpó la prerrogativa del legislador

de votar o no por una enmienda al estatuto. Véase, Acevedo

Vilá v. Corrada del Río, 138 DPR 886, 902 (1995) (Opinión

disidente del Juez Asociado Señor Alonso Alonso) (Resolución

en reconsideración).

Contrario a la Mayoría, estimo que el hecho de que la

Legislatura, al igual que la ciudadanía, pueda cuestionar

la actuación ultra vires del Secretario de Hacienda, no es

razón

para

denegarle

standing

a

los

legisladores

promoventes. Es innegable que los legisladores —tanto en su

capacidad individual como representantes de la Cámara como

institución—

tienen

más

interés

en

mantener

su

poder

legislativo que el propio interés de la ciudadanía en que

se respeten las prerrogativas y funciones de la Legislatura.

Estoy convencido de que la acción instada por los

legisladores no es un subterfugio para trasladar el debate

legislativo al foro judicial y, en su lugar, se trata de un

reclamo que procura vindicar una verdadera lesión a sus

CC-2020-214

prerrogativas

17

y

funciones

constitucionales.

Hernández

Torres v. Hernández Colón et al., 131 DPR 593, 601 (1992).

Es incuestionable que “[n]o nos encontramos ante asuntos

abstractos e hipotéticos. Una mayoría de este Tribunal no

debió pasar por alto la realidad de los daños específicos a

los que se exponen los [legisladores]”. Muns. Aguada y

Aguadilla

v.

JCA,

190

DPR

122,

148

(2014)

(Expresión

disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez).

En

fin,

no

podemos

refrendar

la

actuación

del

Secretario de Hacienda implica validar que el Ejecutivo se

abrogue

la

facultad

constitucional

de

la

Asamblea

Legislativa en la derogación, enmiendas o aprobación de los

proyectos de ley. Bajo este escenario, este Tribunal tenía

el deber de proteger el interés legítimo de los legisladores

en que las leyes se ejecuten tal y como son aprobadas, asunto

que aquí, lamentablemente, no ocurrió.

IV

Por

hubiera

los

fundamentos

confirmado

el

antes

dictamen

expresados,

disiento

y

tanto

Tribunal

de

del

Apelaciones como el del Tribunal de Primera Instancia. Ello,

por entender que la actuación ultra vires del Ejecutivo

infringió

la

doctrina

de

separación

de

poderes.

Consecuentemente, debido a lo anterior, se provocó un daño

claro

y

palpable

a

las

prerrogativas

y

funciones

constitucionales de los legisladores, lo cual viabilizó que

CC-2020-214

18

éstos, en su carácter individual y como representantes de

la Cámara de Representantes, pudiesen vindicar su reclamo.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado