LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pérez López v. Departamento de Corrección y Rehabilitación

2022 TSPR 10

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pérez López v. Departamento de Corrección y Rehabilitación

CC-2019-668

Derecho Constitucional y Administrativo – La denegatoria del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico a reproducir en fotocopia ciertas cartas es una acción que no infringe el derecho constitucional del confinado al libre acceso a los tribunales.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gabriel Pérez López

Peticionario

Certiorari

v.

2022 TSPR 10

Departamento de Corrección y

Rehabilitación

208 DPR ____

Recurrido

Número del Caso:

CC-2019-668

Fecha: 25 de enero de 2022

Tribunal de Apelaciones:

Panel XI

Abogado de la parte peticionaria:

Por derecho propio

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Isaías Sánchez Báez

Procurador General

Lcda. Sylvia Roger Stefani

Procuradora General Auxiliar

Materia: Derecho Constitucional y Administrativo – La denegatoria

del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico a

reproducir en fotocopia ciertas cartas es una acción que no infringe

el derecho constitucional del confinado al libre acceso a los

tribunales.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gabriel Pérez López

Peticionario

v.

Departamento de Corrección

y Rehabilitación

CC-2019-0668

Certiorari

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Rivera García.

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2022.

En esta ocasión nos vemos llamados a precisar, en primer

lugar, si la denegatoria del Departamento de Corrección y

Rehabilitación de Puerto Rico a reproducir en fotocopia

ciertas cartas del peticionario es una acción que infringe

el derecho constitucional del confinado al libre acceso a

los tribunales ⎯cual les adelantamos que la contestación es

en la negativa. Pero más importante que la adjudicación de

la controversia inmediata, este caso, además, nos permite

abordar de forma novel el alcance de la discreción de esta

agencia administrativa para hacer cumplir los reglamentos

internos

referente

a

las

condiciones

de

vida

de

los

confinados. De esta forma, al atender el recurso de autos,

aprovechamos la ocasión para aclarar, y a su vez pautar, que

el

ejercicio

Corrección,

al

de

la

amparo

discreción

de

su

ley

del

Departamento

orgánica

y

de

de

sus

CC-2019-0668

2

reglamentos, se presume válida en la medida en que no

conflija

o

vulnere

algún

derecho

constitucional

del

confinado. Veamos.

A

continuación,

exponemos

el

trasfondo

fáctico

y

procesal del caso que nos ocupa. Conviene aclarar que los

hechos medulares no están en controversia.

I.

Este caso tuvo su génesis el 4 de marzo de 2019 cuando

el

Sr.

Gabriel

Pérez

López

(peticionario)

acudió

a

la

biblioteca de la institución penal adscrita al Departamento

de

Corrección

y

Rehabilitación

de

Puerto

Rico

(DCR

o

Departamento de Corrección), donde se encuentra confinado

extinguiendo una condena. Allí se le denegó su solicitud

para fotocopiar unas “cartas legales” y sus anejos. Esto

luego de que el peticionario acudiera a la biblioteca unos

días

antes

para

solicitar

este

servicio

a

lo

que

la

bibliotecaria le indicó que no realizaría el servicio sin

la autorización del Superintendente. También le informó que

sólo se permitía reproducir mociones que fueran dirigidas a

los tribunales. No obstante, tras solicitar dicho permiso,

la Superintendencia del DCR denegó su petición.1

Inconforme con esta denegatoria, el 12 de marzo de 2019,

el

peticionario

presentó

una

Solicitud

de

Remedio

1 Solicitud de Remedio Administrativo, 12 de marzo de 2019 (MA-24919)(R-18).

CC-2019-0668

3

Administrativo ante la División de Remedios Administrativos

del DCR, en la que impugnó la denegatoria del servicio de

fotocopiadora. En su petitorio, adujo que los referidos

documentos eran “cartas legales” dirigidas al Gobernador de

Puerto

Rico,

al

Secretario

de

Corrección

y

a

varios

legisladores con el fin de que atendieran asuntos sobre su

confinamiento y calidad de vida.2 Alegó que el propósito de

fotocopiar las cartas era para preservar copias por si las

originales se extravíaban, en caso de necesitarlas en algún

pleito futuro para así contar con prueba del agotamiento de

las ayudas que ha solicitado del Gobierno. En fin, sostuvo

que el Reglamento Acceso a Recursos Legales (Reglamento),

infra, no prohíbe tal uso y que la denegatoria de fotocopiar

sus cartas dirigidas al Gobierno interfiere con su derecho

de libre acceso a los tribunales.3

Consecuentemente, el 8 de mayo de 2019, la División de

Remedios

Administrativos

del

DCR

emitió

una

Respuesta

concluyendo que, conforme al Reglamento, infra, solamente

se permitía fotocopiar mociones (a tribunales). A sus vez,

sostuvo

que

la

reproducción

de

cualquier

otro

tipo

de

documento que no fuesen mociones requería la aprobación del

Superintendente de la institución.4

Un examen detenido de las cartas revela que el peticionario

solicitaba que se legislara un proyecto de ley que le facilitara

rehabilitarlo y reintegrarlo a la libre comunidad mediante el estudio

de profesiones como electricidad, plomería, carpintería, y albañilería.

3 Solicitud de Remedio Administrativo, supra.

4 Respuesta al Miembro de la Población Correccional, 8 de mayo de

2019 (notificada el 23 de mayo de 2019).

2

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4

No conteste con la Respuesta, el 6 de junio de 2019, el

peticionario interpuso una Solicitud de Reconsideración, y

en esencia, reiteró su derecho al servicio bibliotecario al

amparo

del

referido

Reglamento

y

de

su

derecho

constitucional.5 No obstante, luego de evaluar su solicitud,

el

14

de

junio

de

2019,

la

División

de

Remedios

Administrativos del DCR emitió una segunda Respuesta donde

sostuvo su determinación previa. A su vez, reiteró que la

concesión

de

fotocopias

queda

en

la

discreción

del

Superintendente del DCR, según dispone el Art. XI(6) del

Reglamento, infra.6 Además, puntualizó que, al habérsele

denegado

el

uso

Superintendencia,

de

la

la

fotocopiadora

controversia

por

se

parte

había

de

la

tornado

académica.

Inconforme con la determinación final del DCR, el 3 de

julio de 2019, el peticionario acudió por derecho propio al

Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión

judicial y alegó que el Departamento de Corrección no le

estaba proveyó un acceso adecuado y efectivo al servicio

bibliotecario,

de

forma

que

coartaba

su

acceso

a

los

tribunales.7 Luego de examinar el recurso presentado, el 19

de julio de 2019 el foro apelativo lo desestimó por falta

5 Solicitud de Reconsideración, fechada el 24 de mayo de 2019,

ponchada el 29 de mayo de 2019, y recibida el 6 de junio 2019 (MA-24919)(R-18).

6

Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población

Correccional, 14 de junio de 2019 (MA-249-19)(notificada al peticionario

el 21 de junio de 2019).

7 Escrito de Apelación, 3 de julio de 2019, Caso Núm. KLRA201900399.

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de

5

jurisdicción.

Razonó

que

la

respuesta

del

DCR

“no

dilucidó ni adjudicó derechos, obligaciones o privilegios

de clase alguna” y que la misma versaba sobre un asunto

administrativo interno que recaía dentro del ejercicio de

la

sana

discreción

del

Superintendente

del

centro

correccional. Por lo tanto, el foro revisor concluyó que no

estaba

ante

un

dictamen

adjudicativo

de

una

agencia

administrativa revisable por los foros judiciales.8

No conteste con el dictamen desestimatorio, el 23 de

agosto de 2019, el peticionario acudió por derecho propio

ante esta Curia mediante un recurso de certiorari. Así, el

peticionario le imputó error al Tribunal de Apelaciones por

obviar sus derechos constitucionales al libre acceso a los

tribunales mediante el servicio bibliotecario. Además, alegó

que

el

Departamento

de

Corrección

infringió

su

derecho

constitucional y reglamentario de reproducir las referidas

cartas. Razonó que, como parte de su derecho de libre acceso

a los tribunales, el peticionario cuenta con un derecho de

reproducir cartas dirigidas a funcionarios de gobierno en

las que cuestiona las condiciones de su confinamiento. Por

último, añadió que el reglamento que rige el uso de la

fotocopiadora es contrario a derecho en la medida en que

sujeta ese derecho a la discreción del Superintendente.9

8 Sentencia, Tribunal de Apelaciones, 19 de julio de 2019, Caso Núm.

KLRA201900399 (notificada el 22 de julio de 2019).

9 Alegato del Peticionario, págs. 4-7.

CC-2019-0668

6

Luego de expedido el recurso el 6 de diciembre de 2019,

por su parte, el Procurador General presentó su Alegato ante

esta Curia el 28 de septiembre de 2020. Este apuntaló que

el Tribunal de Apelaciones no erró al desestimar el recurso

de revisión del peticionario por falta de jurisdicción,

debido

a

que

no

se

trataba

de

un

asunto

adjudicativo

revisable.10 En ese sentido, puntualizó que las cartas no

estaban relacionadas a algún litigio pendiente ante los

tribunales. A su vez, señaló que el peticionario tampoco

demostró haber sufrido algún perjuicio real por no poder

reproducirlas

dado

que

no

estaba

intentando

acceder

al

sistema judicial. Por lo tanto, razonó que la alegación del

peticionario era especulativa y abstracta, ya que trataba

de la posibilidad de sufrir un daño por la aplicación de la

norma reglamentaria. Concluyó, en fin, que la controversia

no era una que impactara sustancialmente los derechos del

peticionario como confinado.

Contando con el beneficio de la comparecencia de las

partes, procedemos a exponer el marco jurídico aplicable a

la controversia ante nuestra consideración. Veamos.

II.

Como

cuestión

de

umbral,

es

preciso

aclarar

la

naturaleza del asunto a ser revisado ⎯en este caso, el

derecho

10

que

le

asiste

a

los

confinados

Alegato del Procurador General, pág. 9.

al

momento

de

CC-2019-0668

7

solicitar el uso de la fotocopiadora de la institución

correccional.

A.

Acceso a Recursos Legales

Como

antesala

jurídica,

aclaramos

que

nuestro

ordenamiento carece de derecho constitucional, estatutario

o jurisprudencial alguno que permita a los confinados a

fotocopiar documentos estando recluidos en una institución

penal. En ausencia de un llamado expreso a crear ese derecho,

el Departamento de Corrección promulgó una reglamentación

relevante dentro del marco amplio de discreción conferido

por su ley habilitadora, la cual viabiliza, entre otras

cosas, el uso de la fotocopiadora. Veamos.

En

primer

lugar,

nuestra

Carta

Magna

expresamente

establece la política púbica del Estado de “reglamentar las

instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en

forma

efectiva

y

propender,

dentro

de

los

recursos

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes

para hacer posible su rehabilitación moral y social”.11

Ciertamente, el imaginativo jurídico puede configurar un

sinnúmero de normas legales para dar consecución a esta

política

constitucional.

No

obstante,

ello

compete,

primordialmente, a la voluntad del poder legislativo.

Cónsono con este mandato constitucional, al aprobar la

Ley

Núm.

11

2–2011,

también

conocida

como

Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

el

Plan

de

CC-2019-0668

8

Reorganización

del

Departamento

de

Corrección

y

Rehabilitación de 2011,12 la Asamblea Legislativa le confirió

al Secretario del Departamento de Corrección (Secretario de

Corrección) amplia discreción reglamentaria para

adoptar,

establecer,

desarrollar,

enmendar,

derogar

e

implementar

reglas,

reglamentos,

órdenes, manuales, normas y procedimientos para el

funcionamiento efectivo del Departamento y de los

organismos bajo su jurisdicción, a los fines de

regir la seguridad, la disciplina interna y la

conducta de funcionarios, empleados y de la

clientela, así como los programas y servicios.

(Énfasis suplido).13

En virtud de esa discreción, y en lo aquí pertinente, el

Secretario de Corrección promulgó el Reglamento Acceso a

Recursos Legales,14 con el propósito de reglamentar los

recursos de naturaleza legal que se harán disponibles en las

instituciones correccionales.15 Este cuerpo normativo aplica

a todos los miembros de la población correccional y a todos

los funcionarios responsables de su implantación.16 Este

Reglamento

a

su

vez

se

promulga

para

cumplir

con

la

jurisprudencia federal que le ha reconocido a los confinados

el

derecho

de

acceder

a

las

cortes,

cual

naturalmente

implica el deber del Estado de no interferir con ello y la

obligación afirmativa de facilitarlo. De esta forma, en

virtud de la Constitución Federal, las instituciones penales

vienen obligadas a poner a la disposición de los confinados

diversos

recursos

de

índole

legal,

para

facilitar

la

Ley Núm. 2–2011.

Art. 7, 3 LPRA, Ap. XVIII.

14 Reglamento Acceso a Recursos Legales, 14 de diciembre de 2016.

15 Íd, Art. I.

16 Íd, Art. III.

12

13

CC-2019-0668

9

consecución de cualquier acción de derechos civiles que

pudiera surgir mientras cumplen su condena. De igual forma,

estos

recursos

deben

permitirles

cuestionar,

colateralmente,

sus

sentencias

y

directa

condiciones

de

o

su

confinamiento.17 De esta forma, en Lewis v. Casey, 518 US

343 (1996), la Corte Suprema federal aclaró que un confinado

que alega una violación a su derecho de acceso a las cortes

debe probar un perjuicio real, de modo que se pruebe que las

limitaciones en la biblioteca institucional o la ayuda legal

disponible entorpecieron o dificultaron sus esfuerzos para

perseguir un reclamo legal válido.18

Al abundar sobre su propósito, el referido Reglamento

establece la política de proveer a los miembros de la

población correccional “acceso a los tribunales y servicios

legales

que

sean

necesarios

para

la

protección

de

sus

derechos constitucionales y legales”. (Énfasis suplido).19

Específicamente, algunos de los servicios que contempla el

Reglamento incluyen: “(1) visitas de sus representantes

legales;

(2)

acceso

telefónico

a

su

abogado,

libre

de

interferencias en la llamada; (3) acceso por correspondencia

con su abogado, libre de censura o restricción, y en caso

de indigentes se les proveerá papel, sobre y el pago de

17 Véase Christopher v. Harbury, 536 US 403, 415 (2002); Lewis v.

Casey, 518 US 343, 355 (1996); Bounds v. Smith, 430 US 817, 821 (1977);

Younger v. Gilmore, 404 US 15 (1971) (Per curiam); Johnson v. Avery,

393 US 483 (1969); Ex parte Hull, 312 US 546 (1941). Véase también J.M.

Hill, An Overview of Prisoners' Rights: Part I, Access to the Courts

Under Section 1983, 14 St. Mary's L.J. 957, 961 (1983).

18 Lewis v. Casey, supra, pág. 351.

19 Reglamento Acceso a Recursos Legales, supra, Art. V.

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10

sellos a estos mismos fines; (4) acceso a materiales legales

en tal capacidad que le permitan el estudio legal esencial

y ayuda en su utilización, cuando sea necesaria.20 Además,

el inciso cuarto de su Art. VI permite a los reclusos “tener

bajo

su

control

copias

de

las

partes

de

libros,

documentación relacionado a casos activos en el tribunal por

parte del miembro de la población correccional o materiales

que necesiten y que estén relacionados a los recursos que

estén

tramitando,

provisto

por

su

abogado”.(Énfasis

suplido).21 Es decir, los reclusos pueden guardar consigo

copias de documentos relacionados a reclamaciones que estén

tramitando ante los foros judiciales de Puerto Rico.

Establecida la tenencia permitida de recursos legales,

ahora pasamos a examinar el marco reglamentario referente a

su reproducción.

Para viabilizar su propósito, el Reglamento Acceso a

Recursos Legales, supra, provee, entre otras cosas, para el

uso de una biblioteca legal por parte de los confinados. En

lo pertinente a esta controversia, su Art. XI dispone que

2.

Habrá

espacio

para

la

revisión

de

materiales, así como el equipo necesario para

tomar notas y preparar documentos legales a ser

radicados en los tribunales.

y que

6. A discreción del superintendente, se les

proveerán fotocopias de mociones preparadas por el

miembro de la población correccional que tengan los

20

21

Íd, Art. VI.

Íd.

CC-2019-0668

11

fondos y justifiquen la necesidad de utilizar las

mismas. (Énfasis suplido).

De la mano con el anterior Reglamento, el Manual de

Normas

y

Procedimientos

de

Servicios

Bibliotecarios

en

Instituciones Correccionales del Departamento de Corrección

y

Rehabilitación

paralelamente

(Manual

rige

el

de

uso

Servicios

de

la

Bibliotecarios),22

fotocopiadora

por

la

población correccional al disponer que

[a]

discreción

del

superintendente,

se

les

proveerán fotocopias a solicitud de los miembros de

la población correccional que tengan los fondos y

justifiquen la necesidad de utilizar las mismas.

(Énfasis suplido).23

Aunque casi idéntico al lenguaje del referido Reglamento

Acceso a Recursos Legales,24 supra, el lenguaje más amplio

del Manual de Servicios Bibliotecarios no circunscribe el

uso

de

la

judiciales.

fotocopiadora

Aun

así,

a

la

requiere

reproducción

la

previa

de

mociones

aprobación

del

Superintendente, dentro de su entera discreción.

22 Manual Núm. DCR–2016–10, también promulgado el 14 de diciembre

de 2016 al amparo de ley habilitadora del Departamento de Corrección.

23 Íd. Art. VI.

24 Conviene resaltar que tanto el Reglamento como el Manual referidos

fueron promulgados únicamente al amparo del Plan de Reorganización del

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, supra, y no de la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, infra. Estas tampoco

disponen de remedios o mecanismos para reclamar los beneficios que les

confieren a los confinados lo cual sugiere que dichos beneficios no

fueron diseñados para tener entero peso de ley. Estos reglamentos

internos están dirigidos a la organización interna de las agencias

administrativas. Con este tipo de autoridad interna se persigue

otorgarles libertad a las agencias administrativas para que organicen

sus operaciones gerenciales. Véase J. Echevarría Vargas, Derecho

Administrativo Puertorriqueño, 4ta ed. rev., Ed. Situm, 2017, pág. 97.

CC-2019-0668

B.

12

Solicitud de Remedio Administrativo

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población

Correccional (Reglamento de Remedios Administrativos)25 fue

promulgado al amparo de la ley federal conocida como el

Civil

Rights

canalizar

of

Institutionalized

efectivamente

los

reclamos

que

la

correccional.

Su

fin

“disponga

un

organismo

de

Person

es

Act,26

de

la

población

para

población

correccional

administrativo,

en

primera

instancia, ante el cual pueda presentar una solicitud de

remedio”, para “minimizar las diferencias entre los miembros

de la población correccional y el personal y para evitar o

reducir

la

radicación

de

pleitos

en

los

Tribunales

de

Justicia”.27 Conviene destacar que el referido reglamento, a

diferencia de los anteriores, fue promulgado al amparo de

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, infra.

En

específico,

el

Reglamento

de

Remedios

Administrativos, supra, define una Solicitud de Remedio como

un

“[r]ecurso

que

presenta

un

miembro

de

la

población

correccional por escrito, de una situación que afecta su

calidad

de

vida

y

seguridad,

relacionado

con

su

confinamiento”.28 También, define una Solicitud de Revisión

Judicial como un [e]scrito radicado por el miembro de la

Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015 (efectivo el 3 de junio

de 2015).

26 42 U.S.C. 1997, et seq.

27 Reg. Núm. 8583, Introducción.

28 Íd., Regla IV (24).

25

CC-2019-0668

población

13

correccional

al

Tribunal

de

Apelaciones

solicitando revisión de la Resolución de Reconsideración.29

Por su parte, una Resolución de Reconsideración significa

un:

[e]scrito emitido por el Coordinador, en el cual se

contesta la solicitud de reconsideración acogida,

radicada

por

el

miembro

de

la

población

correccional. Ésta deberá contener un breve resumen

de los hechos que motivaron la solicitud, el

derecho aplicable y la disposición o solución a la

controversia planteada.(Énfasis suplido).30

Mientras que una “Solicitud de Reconsideración” es un

“[e]scrito

radicado

por

el

miembro

de

la

población

correccional dirigido al Coordinador, donde solicita una

revisión de la respuesta emitida por el Evaluador”.31

Respecto a la jurisdicción de la materia, el Reglamento

de Remedios Administrativos, supra, establece una División

de Remedios Administrativos32 que atenderá las solicitudes

radicadas por los miembros de la población correccional

sobre:

a. Actos o incidentes que afecten personalmente al

miembro de la población correccional en su

bienestar físico, mental, en su seguridad o en su

plan institucional.

b. Cualquier incidente o reclamación comprendida

bajo las disposiciones de este Reglamento.

c. Cuando el superintendente impone la suspensión

de privilegios sin celebración de vista alguna,

conforme a la reglamentación vigente sobre la

“Suspensión

de

Privilegios

por

Razones

de

Seguridad”.

Íd., Regla IV (26).

Íd., Regla IV (21).

31 Íd., Regla IV (23).

32 Íd., Regla V (1).

29

30

CC-2019-0668

14

d. Alegaciones de violencia sexual por parte de un

miembro de la población correccional.33

Por último, el Reglamento de Remedios Administrativos,

supra, contempla la revisión judicial por parte del Tribunal

de

Apelaciones

de

las

solicitudes

de

remedios

administrativos presentadas por los confinados, al disponer

que

[e]l miembro de la población correccional podrá

solicitar

revisión

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones, dentro del término de (30) días

calendarios, contados a partir de la fecha del

archivo en autos de la copia de la Notificación de

la Resolución de Reconsideración, emitida por el

Coordinador de Remedios Administrativos o noventa

(90) días a partir de la radicación de la Solicitud

de Reconsideración acogida, si la Agencia no actúa

conforme a la misma.34

C.

Revisión Judicial

Por su parte, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones

contempla

la

reglamentos,

revisión

las

judicial

órdenes,

de

las

las

decisiones,

resoluciones

y

los

las

providencias finales dictadas por organismos o agencias

administrativas o por sus funcionarios o funcionarias, ya

sea en su función adjudicativa o cuasi legislativa, conforme

lo

dispuesto

en

ley.35 La

revisión

de

determinaciones

administrativas tiene como objetivo principal el delimitar

la discreción que ostentan las agencias administrativas y

asegurarse que estas desempeñen sus funciones conforme a los

Íd., Regla VI (1).

Regla XV.

35 Regla 56, 4 LPRA Ap. XXII–B.

33

34

CC-2019-0668

15

estatutos concernientes.36 De esta forma, el foro apelativo

revisará,

como

resoluciones

cuestión

finales

de

de

derecho,

los

las

organismos

órdenes

y

y

agencias

administrativas.37

Para

que

una

orden

o

resolución

administrativa

sea

judicialmente revisable, al momento de presentar el recurso

deben estar presentes los elementos siguientes: (1) que la

resolución

que

se

pretenda

revisar

sea

final

y

no

interlocutoria; y (2) que la parte adversamente afectada por

la

orden

haya

agotado

los

remedios

provistos

por

la

agencia.38 Además, es requisito que la parte que presenta el

recurso haya sido adversamente afectada por la orden o

resolución de la agencia y debe haber agotado todos los

remedios provistos.39 Hemos interpretado que una “orden o

resolución final”, es aquella que dispone del caso ante la

agencia y tiene efectos adjudicativos y dispositivos sobre

las

partes.40

En

fin,

la

actuación

administrativa

debe

consignar los derechos y las obligaciones de las partes.

En Surfrider v. ARPE, 178 DPR 563, 579–580 (2010),

dictamos que la frase “adversamente afectada” significa que

“la parte recurrente tiene un interés sustancial en la

36 Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279 (1999). Véase también

Méndez Cabrera v. Corporación Quintas de San Luis, 127 DPR 635, 637

(1991); Echevarría Vargas, op. cit., pág. 305.

37 Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, Ley Núm.

201–2003, 4 LPRA sec. 24 et seq.

38 Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543

(2006).

39 Echevarría Vargas, op. cit., pág. 310.

40 Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, supra, pág. 545.

CC-2019-0668

16

controversia

porque

sufre

o

sufrirá

una

lesión

o

daño

particular que es causado por la acción administrativa que

se

impugna

mediante

el

recurso

judicial”.

Además,

puntualizamos que el daño debe ser claro y específico; este

no puede ser abstracto, hipotético o especulativo.

La

parte

que

solicita

la

revisión

judicial

de

las

determinaciones de las agencias administrativas además tiene

el peso de probar su legitimación. Dicha legitimación “se

demuestra mediante la alegación de hechos que permitan [a]l

foro judicial constatar que es parte adversamente afectada

por la decisión que se impugna”.41 En síntesis, es requisito

para

quien

invoca

la

revisión

judicial

demuestre

lo

siguiente: (1) que es parte, y (2) que es o será adversamente

afectado por la actuación de la agencia que se impugna.42

Finalmente, hemos reconocido en los reclamos contra las

agencias que los requisitos de legitimación activa deben de

interpretarse de forma más flexible.

En cuanto al alcance de la revisión judicial en las

determinaciones

organismos

administrativas,

administrativos

los

merecen

la

dictámenes

mayor

de

los

deferencia

judicial y su revisión se limita a determinar si la agencia

actuó arbitraria, ilegalmente o irrazonablemente en abuso a

su discreción.43 Así, las decisiones discrecionales de las

Íd., en la pág. 585; In re: Municipio de Aguada, et al., v.

Junta de Calidad Ambiental, 190 DPR 122 (2014).

42 Íd.

43 DACO v. TRU of Puerto Rico, 191 DPR 760 (2014); San Vicent

Frau v. Policía de P.R., 142 DPR 1 (1996).

41

CC-2019-0668

17

agencias administrativas no son revisables a menos que se

haya actuado en exceso del poder delegado, en errores de

derecho o en una interpretación incorrecta de la ley.44 No

obstante, se puede recurrir a los tribunales cuando estén

en controversia derechos constitucionales.45

Específicamente,

autoridades

este

correccionales

Tribunal

reconoció

gozan

gran

de

que

las

discreción

y

merecen la deferencia de los tribunales, cuando una parte

pretende revisar judicialmente sus actuaciones.46 A su vez,

hemos reconocido que el Departamento “merece deferencia en

la adopción y puesta en vigor de sus reglamentos, pues es

la entidad con la encomienda de preservar el orden en las

instituciones carcelarias”.47 La función revisora de este

foro

apelativo

con

respecto

a

las

determinaciones

del

Departamento de Corrección, como de cualquier otra agencia,

es de carácter limitado.48 Sus decisiones merecen nuestra

mayor deferencia judicial, sobre todo, cuando es la agencia

quien

tiene

la

especialización

necesaria

para

atender

situaciones particulares sobre las cuales la ley le confiere

jurisdicción.49

44 Federación de Maestros v. Molina Torres, 160 DPR 571 (2003);

Echevarría Vargas, op. cit., pág. 308.

45 Íd.

46 Cruz Negrón v. Administración de Corrección, 164 DPR 341 (2005).

47 Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 334 (2009)(Cita

omitida).

48 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012).

49 Álamo Romero v. Adm. de Corrección, supra.

CC-2019-0668

18

Por último, la revisión de las decisiones finales de los

organismos

y

agencias

administrativas

se

tramitará

de

conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, infra.

D.

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

La

Ley

Núm.

38–2017,

conocida

como

la

Ley

de

Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico (LPAU),

rige

los

procedimientos

reglamentarios

y

adjudicativos

realizados por las agencias administrativas.50

La LPAU dispone que una parte adversamente afectada por

una orden o resolución final de una agencia y que haya

agotado todos los remedios provistos por la agencia o por

el organismo administrativo apelativo correspondiente puede

solicitar la revisión judicial de una orden o resolución

adjudicativa final dictada por una agencia.51 Además, como

regla general, las órdenes o resoluciones interlocutorias

emitidas por las agencias no serán revisables.52 En cuanto

al

alcance

de

la

revisión

judicial,

el

tribunal

podrá

conceder el remedio apropiado si determina que el recurrente

tiene derecho a un remedio.53

Por último, cualquier parte adversamente afectada por

una resolución del Tribunal de Apelaciones podrá solicitar

la revisión de la misma mediante la presentación de recurso

3 LPRA sec. 9601 et seq.

3 LPRA sec. 9672.

52 Íd.

53 3 LPRA sec. 9675.

50

51

CC-2019-0668

19

de Certiorari ante el Tribunal Supremo dentro del término

jurisdiccional. Siendo el Certiorari el vehículo apropiado

para revisar las sentencias del Tribunal de Apelaciones

emitidas

en

recursos

de

revisión

provenientes

de

las

agencias administrativas, conforme a la Ley de la Judicatura

de Puerto Rico, supra, y a la Regla 20 del Reglamento de

este Tribunal, esta Curia goza de jurisdicción para así

hacerlo.54 Con

el

marco

jurídico

esbozado,

procedemos

a

resolver la controversia del caso de marras.

III.

En su alegato, el peticionario arguye que la denegatoria

de

reproducir

sus

cartas

por

parte

de

la

institución

correccional infringió su derecho constitucional de acceso

a los tribunales, ya que se vería desprovisto de los medios

para preservar prueba de sus reclamos a las distintas ramas

del Gobierno, de tener que llegar a un tribunal. No obstante,

por resultar en una aplicación errada del estado de derecho

vigente a un reclamo hipotético y especulativo, no le asiste

la razón. Nos explicamos.

El silogismo a seguir es el siguiente: no todo documento

que un confinado intente fotocopiar necesariamente es uno

de índole legal mediante el cual se intenta acceder a los

tribunales, al amparo de su derecho constitucional. Por

consiguiente, en la medida en que el fin inmediato del

54

4 LPRA Ap. XXI–B.

CC-2019-0668

20

documento no sea lograr acceso a las cortes, este no será

uno cobijado por el derecho de acceder a los tribunales.

Actualmente el peticionario se encuentra confinado en

una

institución

penal

Corrección.

Es

decir,

restringida

que

nuestro

adscrita

bajo

una

estado

al

Departamento

condición

de

derecho

de

de

libertad

forzosamente

impone como pena luego de la comisión de un delito. No

obstante lo anterior, la institución correccional donde se

encuentra recluido el peticionario cuenta con una biblioteca

para propender a su misión rehabilitadora. A su vez, esta

tiene

disponible

equipo

de

impresión

y

reproducción

de

documentos en caso de que los reclusos necesitaren sacar

copias de algún documento legal —entiéndase alguna demanda,

moción

u

otro

comunicación

escrito

con

su

ante

un

tribunal,

representante

legal,

o

alguna

conforme

al

solicitó

al

Reglamento Acceso a Recursos Legales, supra.

En

este

contexto,

el

peticionario

le

sacar

copias

dirigidas

a

personal

de

la

biblioteca

permiso

para

ciertas

cartas

redactadas

por

y

él

a

unos

funcionarios públicos con relación a las condiciones de su

confinamiento.

Sin

dentro

definición

de

la

embargo,

al no

ser

contemplada

escritos

por

el

legales

Reglamento,

supra, su pedido fue denegado por el DCR.

Concretamente, el peticionario quería reproducir unas

cartas dirigidas a varios funcionarios públicos de las ramas

CC-2019-0668

21

ejecutiva

y

legislativa,

magistrado

alguno.

más

Tampoco

las

no

a

tribunal,

referidas

juez

misivas

o

iban

dirigidas a su abogado. Un examen detenido de estas revela

que el peticionario solicitaba que se legislara un proyecto

de ley que le facilitara rehabilitarlo y reintegrarlo a la

libre comunidad mediante el estudio de profesiones como

electricidad,

plomería,

carpintería,

y

albañilería.

Es

decir, dichas cartas no eran reclamaciones judiciales ni

extrajudiciales contra los funcionarios, así como tampoco

eran

comunicaciones

privilegiadas

con

su

representante

legal. En fin, del expediente no surge que el peticionario

estuviese tramitando acción civil o administrativa alguna

ante los foros judiciales de Puerto Rico.

Por su parte, el Estado señala que el reclamo del

peticionario es especulativo y abstracto, puesto que no

demostró que se coartó su derecho al acceso a los tribunales.

Como consecuencia, arguye que está ausente algún asunto

justiciable,

por

lo

que

actuó

correctamente

tanto

el

Departamento de Corrección, como el Tribunal de Apelaciones

al denegar el uso de la fotocopiadora.

Al repasar los preceptos legales relevantes, apreciamos

que, en primer lugar, el Art. VI(4) del Reglamento Acceso a

Recursos Legales, supra, permite a los reclusos “tener bajo

su control copias de las partes de libros, documentación

relacionada a casos activos en el tribunal por parte del

miembro

de

la

población

correccional

o

materiales

que

CC-2019-0668

22

necesiten y que estén relacionados a los recursos que estén

tramitando, provisto por su abogado”.55 Además, consideramos

que su Art. XI(6) dispone que “se les proveerán fotocopias

de

mociones

preparadas

por

el

miembro

de

la

población

correccional”.56 Es decir, aunque el Reglamento Acceso a

Recursos

Legales,

supra,

provee

acceso

y

tenencia

de

recursos legales, su reproducción (sacar copias) solo está

disponible para mociones preparadas por el confinado ⎯que

no es otra cosa que escritos dirigidos a un tribunal. Por

lo tanto, aprobar la reproducción de cualquier otro tipo de

documento se enmarca dentro de la facultad discrecional

conferida al Superintendente de Corrección.

De las referidas disposiciones reglamentarias claramente

se desprende la amplia oferta de servicios dirigida a que

los

confinados

tengan

acceso

a

los

tribunales

en

la

tramitación de sus reclamos. Ciertamente, ello responde a

la importancia de viabilizar cualquier reclamación sobre

violación de derechos civiles que pudiese ocurrir en una

institución penal. La ausencia de este mecanismo elemental

de denuncia se pudiera prestar para encubrir, y perpetuar

abusos de discreción y poder por parte de las autoridades

que custodian a los reclusos. De igual forma, el acceso a

recursos

legales

es

imperativo

para

poder

plantear

un

remedio post-sentencia cuando fuese meritorio. Lógicamente,

55 Art. VI(4), Reglamento Acceso a Recursos Legales, 14 de

diciembre de 2016.

56 Íd.

CC-2019-0668

23

ello forzosamente excluye el derecho a servicios dirigidos

a fines que no sean el acceso inmediato a los tribunales,

toda vez que ni la ley habilitadora del Departamento de

Corrección ni los reglamentos aplicables lo contemplan como

un derecho.

En

este

caso,

queda

patentemente

claro

que

el

peticionario no intentaba acceder a los foros judiciales

mediante las referidas cartas. Por lo tanto, resulta forzoso

concluir que la denegatoria de reproducir las cartas del

peticionario no pudo menoscabar el derecho de acceso a las

cortes. Como observamos, es evidente que el peticionario no

intentaba acceder a los tribunales o pretendía tener acceso

a un proceso de naturaleza judicial. Por consiguiente, no

era

un

derecho

susceptible

de

ser

violado

por

el

Departamento de Corrección. Es decir, en la medida en que

el señor Pérez López no intentaba reproducir un documento

cuyo fin inmediato fuese de acceder a las cortes, este no

ejercía el derecho que reclama. En vista de ello, no tenía

derecho a la reproducción mediante fotocopia de sus misivas,

tal y como aduce.

La ausencia de un derecho a fotocopiar documentos que no

están dirigidos a un tribunal no es óbice para que el

Departamento de Corrección, dentro del ejercicio de su sana

discreción reglamentaria, pueda honrarle ese pedido, pues

ciertamente, puede hacerlo, de la misma forma que puede

denegarlo, cuando así lo entienda prudente y guiado por el

CC-2019-0668

24

criterio de razonabilidad. Es decir, del estado de derecho

vigente se desprende que el Superintendente posee un marco

de

discreción

para

permitir

o

fotocopiadora

para

reproducir

denegar

el

cualquier

uso

otro

de

la

tipo

de

documento no dirigido a un tribunal. Resolver lo contrario

daría al traste con la discreción expresamente conferida por

la Asamblea Legislativa. A su vez, ello propendería al uso

irrestricto

de

los

recursos

reproducir

cualquier

limitados

documento

que

se

del

estado

alegue

para

tenga

el

potencial de estar relacionado a un posible pleito judicial.

En

el

análisis

sobre

el

alcance

de

la

facultad

discrecional del Departamento de Corrección para promulgar

y aplicar sus normas de administración interna, nos vemos

compelidos

a

puntualizar

que

la

discreción

del

Superintendente no puede anteponerse o restringir derechos

reconocidos

en

nuestro

ordenamiento

constitucional

o

estatutario. En el contexto fáctico pertinente, reafirmamos

que el Superintendente carece de discreción para impedir la

reproducción de escritos de un confinado dirigidos a un

tribunal

o

a

su

representación

legal,

o

que

le

sean

requeridos como parte de un proceso judicial, toda vez que

ello infringiría su derecho a acceder al sistema judicial

para

vindicar

sus

reclamos.

Además,

la

reproducción

de

mociones es necesaria para que el confinado pueda notificar

debidamente copias de sus escritos a todas las partes en el

litigio, así como a los tribunales y a la Secretaría del

CC-2019-0668

25

foro correspondiente. De esta forma, armonizamos el claro

texto

del

intención

marco

jurídico

legislativa

y

aplicable,

respetando

reglamentaria

que

le

así

ha

la

sido

delegada al Departamento de Corrección. Asimismo, honramos

un postulado fundamental del derecho, de facilitar el acceso

a

las

cortes

a

todos

los

correccional,

en

estricto

miembros

de

cumplimiento

con

la

población

la

política

pública que instituye nuestra Constitución en su Art. VI,

Sec. 19.

Conforme

al

estado

de

derecho

vigente

que

hemos

enunciado, resolvemos que el Departamento de Corrección

actuó correctamente dentro de la discreción conferida por

el Reglamento. A su vez, concluimos que la decisión agencial

no infringió derecho constitucional o estatutario alguno del

peticionario. En consecuencia, colegimos que el Tribunal de

Apelaciones actuó correctamente habida cuenta de que al

peticionario

no

le

asistía

causa

de

acción

alguna

que

surgiera bajo el palio de la Constitución o las leyes de

Puerto Rico.

IV.

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

confirma

la

determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia,

se sostiene la determinación del Departamento de Corrección

y Rehabilitación de Puerto Rico.

CC-2019-0668

26

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gabriel Pérez López

Peticionario

v.

CC-2019-0668

Certiorari

Departamento de Corrección

y Rehabilitación

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2022.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la que se hace formar parte íntegra de la presente

Sentencia, se confirma la Sentencia del Tribunal de

Apelaciones.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez

disiente con opinión escrita a la que se unen la Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón

Pérez.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gabriel Pérez López

Peticionario

v.

CC-2019-0668

Certiorari

Departamento de Corrección

y Rehabilitación

Recurrido

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA

MARTÍNEZ, a la cual se unen la Jueza Presidenta ORONOZ

RODRÍGUEZ y el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2022.

Mediante el dictamen que hoy instrumenta una mayoría de

este Tribunal, desaprovechamos la oportunidad de precisar

razonablemente los contornos del ámbito discrecional que

confiere un reglamento al superintendente de una institución

carcelaria. En

cambio, bajo el

desmesurada

prácticamente

y

palio de una

irrestricta,

este

deferencia

Tribunal

validó la potestad absoluta de tal figura sobre la capacidad

de un confinado a fotocopiar ciertos documentos. Ello, a

través de una diferenciación altamente puntillosa de lo que

constituye o no un escrito de naturaleza legal.

A mi juicio, correspondía que este Tribunal resolviera,

en primer lugar, que el ejercicio de tal discreción por parte

del superintendente de la institución carcelaria está, en

CC-2019-0668

2

efecto, sujeta a la revisión judicial. Asimismo, en segundo

lugar,

procedía

que

tal

disposición

reglamentaria

fuese

descartada por rebasar los límites de la razonabilidad e

incluso

interferir

con

el

ejercicio

de

un

derecho

constitucional.

Ante el rechazo de la Mayoría a que las determinaciones

de un superintendente a estos fines sean revisables y por

entender que la determinación que hoy se imparte hace aún

más inaccesible el servicio de fotocopias para aquellos

privados de su libertad, disiento. Por consiguiente, procedo

a expresar las razones para mi postura, no sin antes exponer

la narrativa fáctica e inédita de la controversia.

I

El Sr. Gabriel Pérez López (señor Pérez López), quien

se encuentra privado de su libertad en una institución penal

del país, presentó una Solicitud de remedio administrativo

ante

el

Departamento

de

Corrección

y

Rehabilitación

(Corrección). En ésta, relató que acudió a la biblioteca con

la intención de fotocopiar ciertas cartas legales,1 pero que

allí, una bibliotecaria denegó el servicio y le informó que

sólo se fotocopiaban mociones legales con el permiso previo

1El

Sr. Gabriel Pérez López describió los documentos

como cartas legales dirigidas a ciertos funcionarios de las

Ramas Ejecutivas y Legislativas, con el fin de que “de parte

del Gobierno se atiendan asuntos de [su] confinamiento y

calidad de vida”. Indicó que se trata de copias que necesita

por si las originales se extravían o se traspapelan, en

caso de que las necesite como evidencia “como parte de

agotamiento de las ayudas que [ha] solicitado”. Véase,

Solicitud de remedio administrativo.

CC-2019-0668

3

del superintendente. El señor Pérez López argumentó que tal

actuación violó su derecho de acceso a la justicia.

Haciendo

referencia

a

concernida/superintendente,

la

Respuesta

Corrección

del

respondió

área

que

la

bibliotecaria en cuestión indicó que solamente se pueden

fotocopiar mociones legales y que el duplicado de cualquier

otro

tipo

de

documento

debe

ser

autorizado

por

el

solicitó

la

superintendente.

Inconforme,

el

señor

Pérez

López

reconsideración.

En

primer

lugar,

objetó

permitiera

una

de

personas

que

las

que

Corrección

involucradas

en

la

situación emitiera la respuesta a su reclamo. En segundo

lugar, planteó que los reglamentos tienen que ser cónsonos

con los derechos de los confinados, por lo que razonó que la

autorización para fotocopiar mociones y otros documentos no

puede descansar en la sola discreción del superintendente.

En

respuesta,

reconsideración

e

Corrección

insistió

denegó

en

que,

la

solicitud

por

de

disposición

reglamentaria, el superintendente tiene la discreción para

autorizar

la

reproducción

de

mociones.

Concluyó

que

la

petición era académica, toda vez que la superintendencia ya

había denegado el pedido del señor Pérez López.

En desacuerdo, el señor Pérez López presentó un recurso

de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Arguyó

que Corrección falló en proveerle un acceso real y adecuado

a sus servicios bibliotecarios y, consecuentemente, a los

tribunales. Reafirmó que el servicio de fotocopia debe estar

CC-2019-0668

4

a la disposición de los confinados y no sujeto a la discreción

del

superintendente,

pues

los

procedimientos

ante

los

tribunales requieren la notificación de múltiples copias.

Trabada

así

la

controversia,

el

foro

apelativo

intermedio emitió una sentencia mediante la cual desestimó

el

recurso

por

falta

de

jurisdicción.

Determinó

que

la

decisión recurrida no era revisable, pues no existía un

dictamen

adjudicativo,

sino

más

bien

una

respuesta

informativa sobre un asunto administrativo que caía dentro

de la discreción de Corrección.

Todavía inconforme, el señor Pérez López presentó un

recurso ante este Tribunal. En éste, planteó que el servicio

de fotocopias no debe estar sujeto a la discreción del

superintendente,

pues

ello

soslaya

los

derechos

de

los

confinados a tener un acceso libre a la justicia y a los

tribunales.

Por su parte, Corrección presentó un alegato.2 En éste,

argumentó que el señor Pérez López no demostró que la falta

de estas copias fuera a tener un impacto sustancial en sus

derechos. Razonó que la cuestión no ameritaba la intervención

judicial, pues se trataba de un cuestionamiento hipotético

al reglamento.

2Corrección

compareció a través del Procurador

General. Previo a presentar su alegato, éste instó una

Moción informativa y solicitud de desestimación mediante la

cual alegó que procedía la desestimación del recurso porque

el señor Pérez López no había presentado su alegato. Tras

un breve término concedido por este Tribunal, el señor Pérez

López solicitó que se tomara su petición de certiorari como

su alegato.

CC-2019-0668

5

Expuesta así la narrativa fáctica del caso, veamos el

Derecho aplicable a la controversia.

II

A.

La revisión judicial permite a los tribunales garantizar

que

las

agencias

administrativas

actúen

dentro

de

los

márgenes de aquellas facultades que le fueron delegadas por

ley. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Prop., 173 DPR 998,

1015 (2008). Asimismo, viabiliza el poder constatar que los

organismos

administrativos

constitucionales

que

rigen

“cumplan

el

con

ejercicio

de

los

mandatos

su

función,

especialmente con los requisitos del debido proceso de ley”,

de modo que los ciudadanos tengan “un foro al cual recurrir

para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente a las

actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd.

Por tal razón, el Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura,

Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24y, dispone

que,

por

conducto

del

recurso

de

revisión

judicial,

se

revisarán las decisiones, órdenes y resoluciones finales de

los organismos o agencias administrativas. Ello, de acuerdo

con el procedimiento instaurado en la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 38-2017, según enmendada,

3 LPRA sec. 9601 et seq. (LPAU). Por su parte, la LPAU reitera

lo anterior.3 A su vez, enfatiza el derecho que tiene la

parte que se vea afectada por una orden o resolución final

3Véase,

3 LPRA sec. 9671.

CC-2019-0668

6

de una agencia administrativa y que, a su vez, haya agotado

todos

los

remedios

provistos

por

ésta,

de

presentar

un

recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones.

3 LPRA sec. 9672.

Por lo cual, de dichos estatutos se desprende que para

ser revisable la determinación de la agencia debe ser, en

primer lugar, final y no interlocutoria. En segundo lugar,

para hacer efectivo su derecho a la revisión judicial, la

parte adversamente afectada debe haber agotado los remedios

provistos

por

la

agencia.

Depto.

Educ.

v.

Sindicato

Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543 (2006). Sólo de esta forma

los tribunales evitan una intromisión indebida y a destiempo

en el trámite administrativo. Comisionado de Seguros v.

Universal, 167 DPR 21, 29 (2006).

Conforme ya ha pautado este Tribunal, una determinación

final se caracteriza por lo siguiente: (1) la actuación de

la agencia representa la culminación de su proceso decisorio,

y

(2)

la

actuación

administrativa

determina

todos

los

derechos y las obligaciones de las partes o surgen de ésta

consecuencias

legales.

Depto.

Educ.

v.

Sindicato

Puertorriqueño, supra. Es decir,

[p]ara interponer el recurso, la decisión

administrativa tiene que ser ‘final’ y además debe

ser revisable. La decisión administrativa es final

cuando ha decidido todas las controversias y no deja

pendiente ninguna para ser decidida en el futuro.

Es revisable cuando la parte afectada por ella haya

cumplido con todos los requisitos y haya agotado

todos los remedios administrativos disponibles”.

Tosado v. A.E.E., 165 DPR 377, 384–85 (2005)

(citando

a

D.

Fernández

Quiñones,

Derecho

administrativo

y

Ley

de

Procedimiento

CC-2019-0668

7

Administrativo Uniforme, 2da ed.,

Forum, 2001, Sec. 9.3, pág. 533.).

Por

consiguiente,

“[l]a

Bogotá,

revisión

Ed.

judicial

aquí

dispuesta será el recurso exclusivo para revisar los méritos

de

una

decisión

administrativa

sea

ésta

de

naturaleza

adjudicativa o de naturaleza informal emitida al amparo de

esta Ley”. Íd. Asimismo, por mandamiento estatutario, los

procedimientos de esta índole deben ser de fácil acceso a

los ciudadanos, como también económicos y efectivos. 3 LPRA

sec.

9674.

En

desestimaciones,

consecuencia,

ya

sea

por

deben

defectos

evitarse

de

forma

las

o

de

notificación, y se debe permitir la comparecencia efectiva

de recurrentes por derecho propio y en forma pauperis. Íd.

Por

otro

lado,

el

Reglamento

para

atender

las

solicitudes de remedios administrativos radicadas por los

miembros de la población correccional, Reglamento Núm. 8583

de 4 de mayo de 2015, se creó con el fin de atender los

asuntos

relacionados

al

División

de

Administrativos

Remedios

confinamiento

y

habilitar

para

a

actuar

la

sobre

cualquier agravio o queja de los confinados, incluyendo el

uso de la biblioteca para fines recreativos. En lo pertinente

a esta controversia, el Artículo XV del reglamento precitado

dispone

que,

tras

una

determinación

inicial

y

una

reconsideración que le resultase adversa, el confinado puede

solicitar la revisión de la determinación administrativa ante

el Tribunal de Apelaciones.

CC-2019-0668

Cónsono

8

con

ello,

el

propio

cuerpo

normativo

del

Tribunal de Apelaciones indica que su función revisora se

ejerce sobre las decisiones, los reglamentos, las órdenes,

las resoluciones y las providencias finales dictadas por

organismos o agencias administrativas o por sus funcionarios

o funcionarias, ya sea en su función adjudicativa o cuasi

legislativa. Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 56.

En lo pertinente a este caso, este Tribunal ha expresado

que, al momento de evaluar las actuaciones administrativas,

corresponde determinar si las mismas se ajustan al ámbito

prescrito en su ley habilitadora o la Constitución. IFCO

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 756 (2012).

Incluso, aun reglamentos creados dentro de los márgenes del

estatuto

orgánico

de

la

agencia

no

gozan

de

validez

automática, pues las reglas promulgadas por una agencia no

pueden ser caprichosas ni arbitrarias. López Leyro v. ELA,

173 DPR 15, 25 (2008).

Ahora,

en

el

cumplimiento

del

mandato

de

revisión

judicial, si bien los tribunales revisores están llamados a

conceder deferencia amplia a las determinaciones de las

agencias administrativas, tal norma no es absoluta. En otras

palabras, no puede imprimírsele un sello de corrección bajo

el

pretexto

de

interpretaciones

deferencia

a

aquellas

administrativas

que

determinaciones

son

o

irrazonables,

ilegales o contrarias a derecho. Super Asphalt Pavement,

Corp.

v.

Autoridad

para

el

Financiamiento

de

la

CC-2019-0668

9

Infraestructura de Puerto Rico, 2021 TSPR 45 (citando a

Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117,

126 (2019)).

Finalmente, al ejecutar nuestra función revisora, es

imperativo recordar que los tribunales deben ser “sensibles

a

la

realidad

de

los

distintos

componentes

de

nuestra

sociedad”, incluyendo los confinados. Álamo Romero v. Adm.

Corrección, 175 DPR 314, 322 (2009). Esto, pues, la propia

Ley

de

la

Judicatura

nos

impone

la

responsabilidad

de

propiciar a la ciudadanía el acceso inmediato y económico a

un sistema de justicia que es sensible a la realidad de los

distintos miembros de la sociedad. Exposición de Motivos de

la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico 2003 (2003 LPR 971); Fraya v. A.C.T., 162 DPR 182, 189

(2004). Consecuentemente, en nuestro ordenamiento prevalece

una política de apertura a los tribunales que fomenta la

atención

en

los

méritos

de

los

recursos

ante

nuestra

consideración. Por tal razón, este Tribunal ha sido enfático

“en

torno

a

la

necesidad

de

evitar

que

la

aplicación

automática e inflexible de los requisitos reglamentarios

prive

a

un

litigante

de

su

derecho

de

acceso

a

los

tribunales”. Álamo Romero v. Adm. Corrección, supra; Gran

Vista I v. Gutiérrez Santiago y otros, 170 DPR 174, 181

(2007).

B.

Como se sabe, en la Sección 19 de su Artículo VI, nuestra

Constitución consagra la política pública de “reglamentar las

CC-2019-0668

10

instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en

forma

efectiva

y

propender,

dentro

de

los

recursos

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para

hacer posible su rehabilitación moral y social”. A la luz de

este mandato, se creó la Administración de Corrección,4 a la

cual le fueron conferidos aquellos poderes necesarios para

“maximizar la probabilidad de rehabilitación del delincuente,

y para viabilizar su pronta reintegración al núcleo familiar

y a la comunidad como ciudadano productivo y respetuoso de la

ley”. Posteriormente, se promulgó el Plan de Reorganización

del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, Plan

de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, 3 LPRA Ap.

XVIII, el cual retuvo el objetivo de entablar procesos de

rehabilitación moral y social a favor de los confinados para

fomentar su reincorporación a la sociedad.

En

lo

pertinente

a

esta

controversia,

el

Plan

de

Reorganización estableció entre las facultades, funciones y

deberes del Secretario el

adoptar, establecer, desarrollar, enmendar, derogar

e

implementar

reglas,

reglamentos,

órdenes,

manuales,

normas

y

procedimientos

para

el

funcionamiento efectivo del Departamento y de los

organismos bajo su jurisdicción, a los fines de

regir la seguridad, la disciplina interna y la

conducta de funcionarios, empleados y de la

clientela, así como los programas y servicios. 3

LPRA Ap. XVIII, Art. 7(aa).

4Ley

Orgánica de Administración de Corrección, Ley Núm.

116-1974, según enmendada, 4 LPRA sec. 1111 (derogada).

CC-2019-0668

11

Al amparo de tal delegación, Corrección creó y difundió

ciertos manuales y reglamentos mediante los cuales instauró

la disponibilidad de una biblioteca en sus instituciones

penales y reguló sus usos para beneficio de los confinados.

Por ejemplo, en la sección VI de la Primera Parte del Manual

de

orientación:

derechos

y

obligaciones

de

la

población

correccional, AC-DER-001 de 23 de abril de 1999, se reconoce

que “[l]os miembros de la población correccional tendrán

acceso a una biblioteca con material y referencia legal”. En

su Segunda Parte, sección I, inciso (G), se dispone que los

confinados tienen derecho “a usar los materiales de referencia

disponibles en la biblioteca legal para ayudarle a resolver

cualquier duda o problema legal”.

Por otra parte, el Manual de normas y procedimientos de

servicios bibliotecarios en instituciones correccionales del

Departamento de Corrección y Rehabilitación, Manual Núm. DCR2016-10 de 14 de diciembre de 2016 (Manual), indica que el

servicio bibliotecario a la población correccional “se ofrece

de conformidad con las necesidades de los miembros de la

población correccional y normas de seguridad”. En lo que

concierne a esta controversia, la sección VI, inciso 4, impone

el deber de que los recursos disponibles en la biblioteca

sean suficientes para asistir a los confinados en los procesos

legales relacionados a: cuestionar la validez de su convicción

o

confinamiento;

buscar

remedios

a

alegadas

condiciones

ilegales de su confinamiento; buscar remedio en relación a

CC-2019-0668

12

asuntos de naturaleza civil; y asegurar cualquier otro derecho

protegido constitucionalmente.

Finalmente,

el

Artículo

V

del

Reglamento

Acceso

a

Recursos Legales de 30 de abril de 2010, reitera la política

de Corrección de proveer a los confinados “acceso a los

tribunales y servicios legales que sean necesarios para la

protección de sus derechos constitucionales y legales”. A su

vez, en su Artículo VI, dispone que proveerá a los miembros

de la comunidad penal aquellos “recursos adecuados que les

faciliten la consecución de sus derechos y trámites de los

procesos legales”.

Tales

políticas

instituciones

confinados

penales

una

se

anclan

en

la

obligación

de

las

de

poner

a

la

disposición

de

los

y

sus

biblioteca

legal

recursos.

Esta

obligación surge del derecho que poseen los miembros de la

población corrección de acceso a las cortes.5

En su definición más simple, el derecho de acceso a las

cortes abarca todos los medios que un acusado o peticionario

pueda requerir para un juicio justo en los cargos traídos en

5En

Christopher v. Harbury, 536 US 403, 415 (2002), la

Corte Suprema de Estados Unidos reconoció que la fuente de

tal

derecho

es

imprecisa,

pues,

a

través

de

su

jurisprudencia, esta misma ha citado diversas cláusulas de

la Constitución de los Estados Unidos como la base del

derecho de acceso a las cortes, entre éstas: la cláusula de

privilegios e inmunidades, la primera enmienda, las

cláusulas de debido proceso de ley y la de igual protección

de las leyes.

CC-2019-0668

13

su contra o los agravios que éste puede tener.6 A nivel

federal, ya desde Ex parte Hull, 312 US 546 (1941), Johnson

v. Avery, 393 US 483 (1969) y Younger v. Gilmore, 404 US 15

(1971) (Per curiam), la Corte Suprema de los Estados Unidos

había reconocido consistentemente a favor de los confinados

el derecho a un acceso significativo a las cortes y, a su

vez, el deber del estado de no interferir con ello.7

Así lo reiteró en Bounds v. Smith, 430 US 817, 821

(1977), donde expresó que la jurisprudencia federal ya había

establecido más allá de toda duda que los confinados tienen

derecho

al

acceso

a

las

cortes.

Asimismo,

debido

a

la

importancia trascendental de tal derecho, afirmó que los

estados estaban obligados a “shoulder affirmative obligations

to assure all prisoners meaningful access to the courts”.

Íd., pág. 824. Entiéndase, reconoció que el alcance del

derecho de un confinado a las cortes impone al estado, no

sólo el deber de no interferir con tal ejercicio, sino también

la obligación de facilitarlo.8

6J.M.

Hill, An Overview of Prisoners' Rights: Part I,

Access to the Courts Under Section 1983, 14 St. Mary's L.J.

957, 961 (1983).

7J.A.

Schouten, Not So Meaningful Anymore: Why A Law

Library Is Required to Make A Prisoner's Access to the

Courts Meaningful, 45 Wm. & Mary L. Rev. 1195, 1199 (2004).

8C.E.

Smith, The Malleability of Constitutional

Doctrine and Its Ironic Impact on Prisoners' Rights, 11

B.U. Pub. Int. L.J. 73, 88 (2001). Ahora, es preciso

adelantar que las cortes estatales y federales han

interpretado consistentemente que el derecho de acceso a

la justicia incluye el derecho a los recursos necesarios

para preparar sus materiales legales. Sin embargo, “in

keeping with the holding in Bounds that access to the

CC-2019-0668

14

En consecuencia, la Máxima Corte federal resolvió que

“the fundamental constitutional right of access to the courts

requires

prison

authorities

to

assist

inmates

in

the

preparation and filing of meaningful legal papers by providing

prisoners with adequate law libraries or adequate assistance

from persons trained in the law”. Bounds v. Smith, supra,

pág. 828.

Posteriormente, en Lewis v. Casey, 518 US 343, 355

(1996), la Corte Suprema federal aclaró que las herramientas

que los estados deben suplir se limitan a aquellas que los

confinados necesiten para atacar con reclamos no frívolos sus

sentencias, directa o colateralmente, y para cuestionar las

condiciones de su confinamiento.9 Así, pautó que un confinado

courts only be “meaningful” and “adequate,” permitted

prison officials to put reasonable restrictions on this

right. Indigent prisoners have no right to unlimited

supplies of paper, nor do they have the right to unlimited

free postage or photocopying.” (Énfasis suplido). J.W.

Snyder, Jr., Inmate Access to Prison Computers for Legal

Work and the Right of Access to the Courts: Bryant v. Muth,

72 N.C. L. Rev. 1692, 1704–05 (1994).

9En

esencia, Lewis v. Casey, supra, aclara que Bounds

v. Smith, supra, no estableció un derecho afirmativo a una

biblioteca legal o asistencia de esta naturaleza, sino que

reconoció nuevamente el derecho de acceso a las cortes. Su

efecto neto fue que la Corte “recast the right merely as a

right to bring the grievance the prisoner wishes to

present.” M. Grandinetti, Ensuring Access to Justice for

Non-English-Speaking Criminal Defendants: Denial of Access

to Other-Language Legal Materials or Assistance As an

Extraordinary Circumstance for Equitable Tolling, 38 Seton

Hall L. Rev. 1479, 1489 (2008). Ahora, aunque bajo la

jurisprudencia de la Corte Suprema federal no existe un

derecho positivo de acceso a una biblioteca legal, los

confinados deben poseer la capacidad para presentar sus

reclamos ante las cortes, conforme el caso de Lewis v.

Casey, supra, sujeto al estándar de razonabilidad de Turner

v. Safley, infra. Íd., pág. 1491.

CC-2019-0668

15

que alega una violación a su derecho de acceso a las cortes

debe demostrar un perjuicio real,10 de modo que se pruebe que

las limitaciones en la biblioteca institucional o la ayuda

legal disponible entorpecieron o dificultaron sus esfuerzos

para perseguir un reclamo legal válido. Íd., pág. 351.

Ciertamente, el caso precitado tuvo el efecto de limitar

la

responsabilidad

afirmativa

de

proveer

una

biblioteca

adecuada y asistencia legal a los confinados a que sólo se

trate de un acceso significativo.11 Ahora, citando a Turner

10El

estándar de perjuicio claro se puede demostrar

cuando un reclamo que se pierde, es rechazado u obstruido.

The “actual injury” requirement, 3 Rights of Prisoners sec.

12:8 (5th ed.) (citando a Myers v. Hundley, 101 F.3d 542,

545 (8th Cir. 1996). Por consiguiente, el estándar de daño

puede alcanzarse si la obstrucción impidió que el confinado

litigara su reclamo. Así, aunque un confinado no pueda

probar que perdió su caso debido a las interferencias de

las instituciones penales, puede demostrar el claro

perjuicio si reclamo fue obstruido por ellas. Walters v.

Edgar, 163 F.3d 430, 434–35 (7th Cir. 1998).

Cónsono con ello, aunque Christopher v. Harbury,

supra, no trata específicamente sobre acceso a las cortes

dentro del contexto de la insuficiencia de una biblioteca

u otras deficiencias de una institución penal, la opinión

descansa principalmente en Lewis v. Casey, infra. Debido a

ello, comentaristas han planteado que tal caso establece

que “cases that were inadequately tried or settled, or

where a particular kind of relief could not be sought, as

a result of officials’ actions, could amount to denials of

court access, in addition to those that were dismissed or

never filed.” (Énfasis suplido). J. Boston, Overview of

Prisoners'

Rights,

145–146

(2014):

https://law.loyno.edu/sites/law.loyno.edu/files/Boston%20

PLRA%20Overview%20Nov%202013.pdf.

11Independientemente

de la limitación impuesta por Lewis

v. Casey, supra, es importante destacar que, aunque

in meeting the requirements defined in Lewis,

plaintiffs will be constrained to define exactly how

their access to court will be impeded if they are denied

CC-2019-0668

16

v. Safley, 482 US 78 (1987), Lewis v. Casey, supra, pág. 361,

afirmó que un reglamento institucional es válido si está

razonablemente

relacionado

a

intereses

penológicos

legítimos.12 Por consiguiente,

a regulation cannot be sustained where the logical

connection between the regulation and the asserted

goal is so remote as to render the policy arbitrary

or irrational. Moreover, the governmental objective

must be a legitimate and neutral one. […] A second

factor relevant in determining the reasonableness

of a prison restriction […] is whether there are

alternative means of exercising the right that

remain open to prison inmates. […] A third

consideration is the impact accommodation of the

asserted constitutional right will have on guards

and other inmates, and on the allocation of prison

resources generally. […] But if an inmate claimant

can point to an alternative that fully accommodates

the prisoner's rights at de minimis cost to valid

penological interests, a court may consider that as

evidence that the regulation does not satisfy the

law library services. While that task may be difficult,

it may not be impossible.

Nor should Lewis be taken as the “last word” on

how courts ought to analyze access-to-court issues.

Bounds v. Smith remains good law, and the mode of

analysis in Bounds is arguably as valid as that in

Lewis. In any case, it is evident that the future

viability of access-to-court cases, and specifically

those cases seeking systemic improvement of law library

services, will depend in large measure on whether courts

choose to adopt the reality-based approach of Bounds or

the more circumscribed approach of Lewis.

Certainly, the importance to prisoners of the right

of access to court has not been diminished. Indeed, now

more than ever, access to court continues to be “the

most fundamental right” that a prisoner holds.” (Énfasis

suplido). J. L. Gerken, Does Lewis v. Casey Spell the

End to Court-Ordered Improvement of Prison Law

Libraries?, 95 Law Libr. J. 491, 513 (2003).

12Según

Jones v. North Carolina Prisoners' Labor

Union, Inc., 433 US 119, 128 (1977), el estándar de

análisis

para

reglamentos

sobre

operaciones

institucionales debe ser razonable, pues uno estricto

“would seriously hamper their ability to anticipate

security problems and to adopt innovative solutions to the

intractable problems of prison administration”.

CC-2019-0668

17

reasonable relationship standard. Turner v. Safley,

supra, pág. 89–91.

En

consecuencia,

al

aplicarse

este

estándar

a

una

controversia sobre una violación al acceso a las cortes por

la vía de una reglamentación, debe interpretarse que

The operation of prison law library or legal

assistance programs is governed by the “reasonable

relationship” standard, which lets prison officials

adopt whatever practices or restrictions they

choose as long as they are reasonably related to

legitimate penological interests. That means that

even if restrictions do cause actual harm to

prisoners’ litigation, they don’t violate the right

of court access if they are reasonably related to

legitimate ends.13 (Énfasis suplido).

A la luz de esta realidad, los circuitos apelativos a

nivel federal han armonizado estos precedentes permitiendo

restricciones en el acceso del confinado a recursos legales

con

el

fin

de

acomodar

preocupaciones

administrativas

legítimas, tales como: la seguridad y el orden interno de la

institución penal; prevenir la introducción de contrabando;

prevenir

que

usuarios

bibliotecarios,

y

regulares

dominen

observar

las

los

servicios

restricciones

presupuestarias.14

Asimismo, y en lo pertinente a este caso, tanto cortes

de

circuito

como

estatales

han

determinado

que

las

instituciones penales no están obligadas a proveer a los

confinados acceso gratuito o ilimitado a una fotocopiadora,

13J.

Boston, op. cit., pág. 149.

14Substantive

Rights Retained by Prisoners, 38 Geo. L.J.

Ann. Rev. Crim. Proc. 967, 967–69 (2009).

CC-2019-0668

18

particularmente si existen otras alternativas adecuadas. Sin

embargo, sí es necesario que exista alguna medida de acceso

razonable a una fotocopiadora para proteger el derecho de

acceso a las cortes e, incluso, que es

irrazonable una

política institucional que no permita a los confinados sacar

fotocopias cuando éstos están dispuestos a pagar por ellas y

tienen los fondos para ello.15

Las determinaciones con respecto a reclamos de esta

índole

deben

obedecer

la

realidad

imperante

de

que

la

disponibilidad de recursos bibliotecarios y asistencia legal

en instituciones penales generalmente constituye el único

medio a través del cual los confinados pueden obtener acceso

a las cortes.16 Debido a los retos únicos que presenta el

confinamiento dentro del contexto del acceso a la justicia,

los confinados dependen del sistema institucional penal para

tener a su alcance los recursos legales necesarios. No puede

ser para menos, pues, a causa del aislamiento inherente a la

condición penal,

litigation is one of the few means by which

prisoners can bring public attention to serious

health and safety risks, including inadequate

health care, widespread violence, sexual assault,

and unsafe environmental conditions. Litigation is

1572

CJS Prisons sec. 113; Johnson v. Parke, 642 F.2d 377

(10th Cir. 1981); Robbins v. South, 595 F. Supp. 785 (D. Mont.

1984); Harrell v. Keohane, 621 F.2d 1059 (10th Cir. 1980);

Giles v. Tate, 907 F. Supp. 1135 (S.D. Ohio 1995); Hendricks

v. South Carolina Dept. of Corrections, 385 S.C. 625, 686

S.E.2d 191 (2009).

16J.

Feierman, "The Power of the Pen": Jailhouse

Lawyers, Literacy, and Civic Engagement, 41 Harv. C.R.-C.L.

L. Rev. 369, 370 (2006).

CC-2019-0668

19

also generally the only avenue available to a

prisoner seeking to overturn a wrongful sentence of

incarceration or even death.17

Por consiguiente, “[f]or a prisoner without the ability

to attain counsel […] anything less than a law library or an

alternative form of legal assistance (beyond making sure the

prisoner's complaints get out the door) meant that prisoners

were barred from having meaningful access to the courts”.18

En nuestra jurisdicción, la suficiencia de los servicios

bibliotecarios fue objeto del acuerdo alcanzado en Morales

Feliciano v. Fortuño Burset, Court Case No. 3:79-cv-00004

ante la Corte Federal del Distrito de Puerto Rico. En lo

pertinente, se acordó que, como parte del acceso a las cortes:

13. All members of the Plaintiff Class shall

be granted adequate, effective and meaningful

access to courts.

14. All DCR libraries will be open from Monday

to Friday, at least, for six hours a day, at hours

that meet the needs of the inmates at each

institution. The operating hours of the library

shall be posted outside the library and in all

inmate housing units.

15. All libraries shall provide inmates with

paper, pencils, pens and envelopes, as well as

provide access to typewriters and/or computers, and

all

other

materials

necessary

to

write

correspondence

and

draft

legal

documents.

Photocopies and postage stamps will be made

available for sale to all inmates, but will be

provided to indigent inmates at no cost to them.

En

fin,

el

ordenamiento

que

impera

exige

que

los

confinados tengan una oportunidad razonablemente adecuada de

17Íd.

18J.A.

Schouten, Not So Meaningful Anymore: Why A Law

Library Is Required to Make A Prisoner's Access to the

Courts Meaningful, 45 Wm. & Mary L. Rev. 1195, 1208 (2004).

CC-2019-0668

20

traer sus reclamos ante las cortes.19 Si bien el alcance de

este derecho constitucional es limitado, las instituciones

penales tienen la responsabilidad de facilitarlo y de no

interferir con el mismo.20

Expuesto el derecho aplicable, procedo a discutir cómo

éste fundamenta mi disenso.

III

En su petición ante este Tribunal, el señor Pérez López

objeta la desestimación de su recurso y sostiene que el

Tribunal de Apelaciones ignoró el impacto que el reglamento

impugnado tiene sobre sus derechos, particularmente en su

acceso a los tribunales y a los servicios bibliotecarios

dentro de la institución penal. Afirma que el superintendente

no debe tener discreción absoluta sobre la capacidad de los

confinados para fotocopiar sus documentos de índole legal.

Tiene razón.

Por su parte, Corrección no hace un esfuerzo concreto de

defender

el

reglamento

o

la

magnitud

de

la

discreción

concedida al superintendente. De hecho, sólo se limita a

cuestionar el derecho del señor Pérez López a objetar la

aplicación del reglamento, pues, según la agencia, éste no

demostró que se coartara su acceso a los tribunales. No

obstante, no sólo la mayoría de este Tribunal adoptó la

postura de Corrección y descartó el derecho del señor Pérez

19Boivin

20Íd.

v. Black, 225 F.3d 36, 42 (1st Cir. 2000).

CC-2019-0668

21

López para impugnar la validez de este reglamento, sino que

afirmó la visión restrictiva del Tribunal de Apelaciones con

respecto a su propia jurisdicción. Veamos.

Según se relató, el señor Pérez López acudió

a la

biblioteca para fotocopiar ciertos documentos, pero le fue

denegado el servicio bajo el argumento de que ello está

condicionado a la discreción del superintendente y al tipo de

documento que se interesa duplicar. En consecuencia, el señor

Pérez López solicitó la concesión de un remedio con respecto

a la disponibilidad del servicio de fotocopias.

Corrección

denegó

la

procedencia

de

un

remedio

y,

posteriormente, reafirmó su determinación durante la fase de

reconsideración. Es decir, el ente administrativo finalizó el

trámite de ambos reclamos al determinar que el superintendente

tiene discreción sobre la autorización de fotocopias. De esta

manera, concluyó que el señor Pérez López no tenía derecho a

remedio alguno, poniendo fin a la petición de éste. Ante ello,

el señor Pérez López prosiguió con solicitar la revisión

judicial de la determinación administrativa.

Conforme ya se discutió, la revisión judicial tiene como

catalizador el agotamiento de remedios administrativos y se

extiende a toda determinación administrativa que sea final.

Entiéndase, si el dictamen pone fin a la controversia ante la

agencia y la parte afectada utiliza sin éxito todos los

mecanismos provistos por el organismo para cuestionar tal

determinación,

se

activa

el

derecho

a

solicitar

que

un

CC-2019-0668

tribunal

22

apelativo

ejerza

su

facultad

revisora

sobre

la

decisión administrativa.

De entrada, no cabe duda de que nos encontramos ante una

determinación administrativa que es final. En primer lugar,

la decisión no dejó algún asunto pendiente de resolución ante

la agencia. En segundo lugar, el dictamen expresamente denegó

que el señor Pérez López tuviera derecho a remedio alguno.

Dicho de otro modo, el ente administrativo adjudicó que, por

disposición reglamentaria, no procedía conceder

al señor

Pérez López acceso a la fotocopiadora.

Asimismo, también es evidente que el señor Pérez López

cumplió

a

cabalidad

con

culminar

el

procedimiento

administrativo previo a solicitar la intervención de los

tribunales revisores. Según el

precitado Reglamento Núm.

8583, el trámite administrativo ante Corrección inicia cuando

el confinado presenta una solicitud de remedio administrativo

sobre

cualquier

asunto

relacionado

a

su

confinamiento,

incluyendo aquellos relacionados al uso de la biblioteca y

los materiales en ésta. De estar inconforme con la respuesta

de Corrección, el confinado debe solicitar la reconsideración

y, consecuentemente, el cauce administrativo culmina con la

determinación

de

Corrección

con

respecto

a

ésta.

En

consecuencia, de estar todavía en desacuerdo, el confinado

entonces tiene a su disposición el remedio de la revisión

judicial, el cual se manifiesta mediante un recurso presentado

ante el Tribunal de Apelaciones.

CC-2019-0668

23

Según se desprende del tracto procesal reseñado, el señor

Pérez López siguió el trámite reglamentario y, en efecto,

agotó los remedios disponibles a nivel administrativo, de

modo que superó los obstáculos que hubieran podido impedir la

revisión judicial. Por lo cual, la determinación de Corrección

con respecto a la solicitud del señor Pérez López es revisable

por la vía judicial.

No obstante, el Tribunal de Apelaciones descartó los

elementos

básicos

de

revisión

y

por

optó

una

determinación

engranarse

susceptible

en

un

a

la

ejercicio

de

autolimitación judicial excesivamente amplio. Anclando su

decisión

en

una

supuesta

ausencia

determinaciones

relacionadas

funcionario,

foro

el

a

apelativo

de

la

jurisdicción

discreción

intermedio

sobre

de

un

desestimó

el

recurso del señor Pérez López sin revisar la razonabilidad de

la respuesta de Corrección, conforme exige el ordenamiento

que rige.

Un dictamen que resulta en la denegación de un remedio

y rechaza, sin más, la existencia de una situación que afecta

el

confinamiento

naturaleza,

un

del

dictamen

peticionario

es,

adjudicativo,

por

pues

su

propia

resuelve

con

respecto a los derechos que le amparan al confinado y las

obligaciones que tiene Corrección en cuanto a éstos. Es decir,

la determinación es adjudicativa y, por ende, revisable, aun

cuando tal dictamen se fundamente meramente en que el asunto

recae dentro de la discreción de un funcionario. Son la

corrección de tal conclusión y la razonabilidad de la amplitud

CC-2019-0668

24

otorgada a la discreción del superintendente mediante el

reglamento lo que, precisamente, correspondía al Tribunal de

Apelaciones, y a este Tribunal, atender a nivel de revisión

judicial.

Recuérdese, la revisión judicial tiene el propósito de

garantizar, no sólo que las agencias administrativas actúen

dentro de los márgenes de aquellas facultades que le fueron

delegadas, sino también de asegurar que los ciudadanos tengan

un foro al cual acudir para vindicar sus derechos y obtener

un remedio frente a las actuaciones de las agencias. Al amparo

del

principio

de

apertura

responsabilidad

de

los

de

foros

los

tribunales,

revisores

es

la

salvaguardar

tal

derecho y atender los casos en los méritos con especial

atención y sensibilidad a las realidades de aquellas personas

que acuden a los tribunales en busca de auxilio.

Ahora, teniendo ante su consideración un claro ejercicio

de

autolimitación

Apelaciones,

así

extremo

basado

por

en

parte

una

del

lectura

Tribunal

errada

de

de

la

jurisprudencia aplicable que, a su vez, privó a una parte de

su derecho a que su reclamo fuera atendido en los méritos,

este Tribunal se rehusó a corregir tal situación. De hecho,

la Mayoría va más allá y concluye que el señor Pérez López no

sufrió

un

daño

que

justificara

su

cuestionamiento

del

reglamento. Se equivoca.

Conforme se indicó, a los confinados les ampara un

derecho

de

acceso

instituciones

a

penales

las

cortes,

el

deber

el

cual

de

impone

no

a

las

interferir

CC-2019-0668

25

irrazonablemente con los esfuerzos de los confinados para así

ejercerlo.

Asimismo,

bajo

Bounds

v.

Smith,

supra,

éstas

también tienen la obligación de tomar actos afirmativos para

así

propiciarlo,

ya

sea

a

través

de

una

biblioteca

atender

un

reclamo

o

asistencia legal.

Así,

al

momento

de

sobre

la

obstrucción de tal derecho, corresponde, en primer término,

atender el requerimiento de legitimación activa que designó

la Corte Suprema de los Estados Unidos en Lewis v. Casey,

supra. En síntesis, éste requiere que se demuestre que: (a)

el confinado sufrió o sufre un perjuicio al ser frustrado u

obstruido de, (b) presentar un reclamo que no es frívolo y,

(c) sobre su convicción o las condiciones de su confinamiento.

En

el

caso

específico

del

señor

Pérez

López,

éste

solicitó los servicios bibliotecarios para fotocopiar unas

cartas legales que dirigió a ciertos funcionarios públicos.

Corrección denegó el servicio de fotocopias bajo el argumento

de que los reglamentos pertinentes sólo permiten el duplicado

de mociones legales cuando se justifique su necesidad, el

confinado tenga fondos para pagarlas y, particularmente, que

la solicitud sea autorizada por el superintendente de la

institución.

En primer lugar, un estudio de los documentos cuya copia

solicitó el señor Pérez revela que los mismos tienen el

propósito de discutir varios aspectos de su confinamiento y

solicitar la ayuda de funcionarios de las Ramas Ejecutivas y

Legislativas para con ello. Entre otros asuntos, el señor

CC-2019-0668

26

Pérez López mencionó en las cartas legales: la irregularidad

de los permisos para visitas de sus familiares; la falta de

orientación

sobre

asuntos

relacionados

a

su

plan

institucional y la poca disponibilidad de programas para su

rehabilitación; las razones por las que permanece en custodia

máxima; quejas contra actuaciones de oficiales correccionales

y

otros

funcionarios

incumplimiento

con

dentro

las

de

la

disposiciones

institución;

relacionadas

a

el

la

recreación de los confinados; falta de disponibilidad de

recursos y enseres; deficiencias en el trámite de quejas; y

agravios con el sistema de bonificación en condenas de 99

años o más.21 Es decir, bajo el propio estándar de Lewis v.

Casey, supra, se trata de documentos dirigidos a obtener

remedios

con

directamente

respecto

a

relacionados

asuntos

a

válidos,

dimensiones

no

frívolos,

medulares

de

su

confinamiento.

En segundo lugar, el señor Pérez López explicó que su

interés en las copias se debe a que está conformando un récord

personal sobre las solicitudes que ha presentado en diversas

ramas de gobierno sobre las condiciones de su confinamiento,

orientadas a mejorar su calidad de vida y prospectos de

rehabilitación. Ello, de modo que pueda tener evidencia del

agotamiento de remedios para presentarlas, eventualmente,

ante un tribunal.22 Como cuestión de hecho, en todas sus

21Véase,

Apéndice del recurso.

22Véase,

nota al calce 1 de esta ponencia.

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27

comparecencias a través de este procedimiento, el señor Pérez

López ha sido contundente en su intención de llevar su reclamo

hasta los tribunales de resultar infructuoso el agotamiento

de todos los otros remedios a su alcance. Es decir, ello es

parte de sus esfuerzos para lograr su acceso a la corte. Nos

encontramos ante cartas de naturaleza legal que pueden ser

válidamente utilizadas como anejos o prueba documental para

un

reclamo

formalismo

ante

los

tribunales.

extremista

pautado

Lamentablemente,

coarta

ese

el

ejercicio

consustancial a importantes garantías constitucionales.

Por consiguiente, al negar sus copias, la actuación de

Corrección, en efecto, obstruyó la capacidad del señor Pérez

López

para

entablar

su

reclamo.

Ello,

pues

interfirió

directamente con el ejercicio de compilación de evidencia

documental

presentada

en

diversos

foros,

el

cual,

como

vislumbra el peticionario, culminará con toda probabilidad

ante los tribunales. No se trata, pues, de un cuestionamiento

hipotético como indica la Mayoría, toda vez que el señor Pérez

López está activamente preparando su caso y su esfuerzo fue

obstruido por una disposición reglamentaria con respecto al

uso del recurso bibliotecario que requiere para ello.

Entiéndase, a mi juicio, quedó establecida la presencia

de los requisitos para atender un recurso de esta índole bajo

el análisis realista establecido en Bounds v. Smith, supra.

En consecuencia, este Tribunal estaba en posición de analizar

la razonabilidad del reglamento impugnado, en específico, el

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28

inciso 6 del Artículo VI del Manual y el inciso 6 del Artículo

XI del Reglamento, el cual dispone que:

A discreción del superintendente, se les proveerán

fotocopias de mociones preparadas por el miembro de

la población correccional que tengan los fondos y

justifiquen la necesidad de utilizar las mismas. El

costo de las copias se establecerá mediante

reglamentación a esos efectos, pero nunca será

menos de $0.10 por copia, que será deducido de la

cuenta del miembro de la población correccional,

conforme los procedimientos establecidos.

En caso de miembros de la población correccional

indigentes, éstos solicitarán las copias de

mociones al personal a cargo de la biblioteca, libre

de costos, y en la solicitud indicará el propósito

de esta petición. Esto será con previa autorización

del superintendente o en quien él delegue.

Según

la

disposición

reglamentaria

aplicable,

un

confinado puede fotocopiar mociones legales si justifica la

necesidad del duplicado y tiene fondos para sufragar los

gastos de las mismas. Ello, sin embargo, también está bajo la

discreción del superintendente.

De nuevo, los reglamentos administrativos relacionados

al derecho de acceso a las cortes están sujetos a un análisis

de razonabilidad. Las instituciones penales pueden imponer

restricciones a la disponibilidad de recursos bibliotecarios,

siempre y cuando éstas respondan a intereses penológicos

legítimos, como lo son la seguridad y las restricciones

presupuestarias.

En este caso, del Reglamento o el Manual no surge el

propósito de la restricción al uso de la fotocopiadora, de

modo que se justifique la discreción absoluta que le confiere

al superintendente para autorizar o no el duplicado de un

CC-2019-0668

29

documento legal. Como cuestión de hecho, Corrección tampoco

articuló el raciocinio detrás de tal delegación de control

sobre la capacidad de los confinados de hacer uso de la

fotocopiadora,

en

particular

cuando

cumplen

con

los

requisitos de justificar la necesidad y cuentan con los fondos

para cubrir los gatos de las copias.

En consecuencia, la regla no permite identificar si la

discreción del superintendente protege la seguridad y el orden

de la institución o vela por restricciones presupuestarias.

Es decir,

contrario a lo que

resuelve la Mayoría, este

Tribunal nunca tuvo ante sí interés penológico legítimo y

manifiesto que se viera servido por el veto absoluto del cual

goza el superintendente sobre las copias que pueden obtener

los confinados.

Como agravante, un análisis de la disposición impugnada

tampoco revela el ejercicio de razonabilidad detrás de tal

poder ni aclara los criterios

para la impartición o la

denegación del uso de la fotocopiadora. El resultado de tal

delegación

de

autoridad

absoluta

propicia

el

ejercicio

arbitrario, caprichoso e irregular de la facultad, incidiendo

irrazonablemente sobre el derecho del confinado a no ver

obstruidos sus esfuerzos a expresarse libremente sobre su

confinamiento,

mantener

sus

récords

legales

y

buscar

la

reparación de sus agravios. Esto, pues, el ente contra el

cual

se

expresa

tiene

control

sobre

su

capacidad

para

canalizar su reclamo, máxime, cuando no existe una alternativa

CC-2019-0668

viable

para

30

obtener

el

duplicado

de

los

documentos

que

requieren.

En este caso, se desprende diáfanamente del expediente

que las cartas cuya reproducción solicita el señor Pérez

López, no sólo son cruciales para la consecución de sus

reclamos, sino que las mismas tampoco representan una amenaza

para la seguridad de la institución penal u otros confinados

y sus derechos. Es decir, en presencia de la necesidad así

justificada y la disponibilidad de fondos, y en ausencia de

amenaza

a

concluir

la

seguridad

que

no

superintendente

o

recursos,

surge

ostente

la

la

este

Tribunal

razonabilidad

facultad

de

de

debió

que

el

desautorizar

la

reproducción de un documento legal. Al decidir lo contrario,

este

Tribunal

contribuyó

a

una

concesión

prácticamente

irrestricta de deferencia a la discreción del superintendente

en este aspecto, sin explicación alguna de su razonabilidad

por parte de Corrección, y a una visión mucho más restringida

de qué constituye una búsqueda de auxilio legal por parte de

un confinado.

Valga

aclarar

que

mi

postura

no

descansa

en

que

Corrección no puede restringir el uso de la fotocopiadora o

que los miembros de la población correccional tienen derecho

a

un

uso

irrestricto

de

tal

servicio.

Según

se

indicó

previamente, el deber de facilitar el acceso a las cortes

para los confinados mediante la disponibilidad de recursos

bibliotecarios puede ser restringido. Sin embargo,

tales

medidas restrictivas deben ser razonables y tienen que estar

CC-2019-0668

31

fundamentadas

en

intereses

legítimos

que

necesitan

ser

protegidos.

Aquí prevalece una ausencia marcada de una relación

razonable

entre

superintendente

la

delegación

sobre

la

absoluta

capacidad

de

de

discreción

al

los

confinados

de

fotocopiar documentos y algún interés legítimo de Corrección.

Por consiguiente, este Tribunal tenía que resolver que la

disposición

reglamentaria

constitucional

racional

obstante,

consideración

tal

que

no

sobrevive

exige

está

el

el

análisis

ordenamiento.

ausente

en

el

No

dictamen

mayoritario.

El derecho de acceso a las cortes es el más fundamental

de los derechos que posee un confinado, pues, sin éste, todos

sus otros derechos son ilusorios al depender enteramente del

capricho

o

antojo

del

superintendente

de

la

institución

penal.23 Ello fue ignorado por la mayoría de este Tribunal.

La disposición reglamentaria bajo protesta que hoy valida

este Tribunal, precisamente, da al traste el derecho de acceso

a las cortes y hace ilusoria la capacidad de un confinado

para fotocopiar documentos legales. Ello, pues, independiente

del cumplimiento con todos los criterios de necesidad y

disponibilidad

de

fondos,

deja

al

capricho

del

superintendente el uso de una herramienta indispensable para

el trámite de recursos legales por parte de los confinados.

23J.L.

Gerken, Does Lewis v. Casey Spell the End to

Court-Ordered Improvement of Prison Law Libraries?, 95 Law

Libr. J. 491, 492 (2003).

CC-2019-0668

32

Procedía que, demostrado el daño del señor Pérez López

al

amparo

de

una

disposición

reglamentaria

despojada

diáfanamente de razonabilidad, este Tribunal concluyera que

el inciso reglamentario impugnado incide irrazonablemente

sobre el derecho de todo miembro de la comunidad correccional

al libre acceso a tramitar sus asuntos legales. Sin embargo,

la Mayoría optó por encaminar la intervención de este Tribunal

en una dirección opuesta, desechando al vacío el reclamo

válido de una persona privada de su libertad que ve sus

esfuerzos

para

obtener

justicia

sofocados

por

la

propia

agencia que tiene el deber de ayudarle a tocar las puertas de

los tribunales. Por tal razón, me veo forzado a disentir.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expresados,

disiento.

En

consecuencia, hubiera revocado el dictamen del Tribunal de

Apelaciones, en primer término, porque el tribunal recurrido

tenía jurisdicción para atender el caso en los méritos. En

segundo término, hubiera invalidado el inciso 6 del Artículo

VI del Manual y el inciso 6 del Artículo XI del Reglamento

por carecer de fundamento racional basado en un interés

legítimo de Corrección.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado