Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pérez López v. Departamento de Corrección y Rehabilitación
2022 TSPR 10
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pérez López v. Departamento de Corrección y Rehabilitación
CC-2019-668
Derecho Constitucional y Administrativo – La denegatoria del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico a reproducir en fotocopia ciertas cartas es una acción que no infringe el derecho constitucional del confinado al libre acceso a los tribunales.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gabriel Pérez López
Peticionario
Certiorari
v.
2022 TSPR 10
Departamento de Corrección y
Rehabilitación
208 DPR ____
Recurrido
Número del Caso:
CC-2019-668
Fecha: 25 de enero de 2022
Tribunal de Apelaciones:
Panel XI
Abogado de la parte peticionaria:
Por derecho propio
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez
Procurador General
Lcda. Sylvia Roger Stefani
Procuradora General Auxiliar
Materia: Derecho Constitucional y Administrativo – La denegatoria
del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico a
reproducir en fotocopia ciertas cartas es una acción que no infringe
el derecho constitucional del confinado al libre acceso a los
tribunales.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.
Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gabriel Pérez López
Peticionario
v.
Departamento de Corrección
y Rehabilitación
CC-2019-0668
Certiorari
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Rivera García.
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2022.
En esta ocasión nos vemos llamados a precisar, en primer
lugar, si la denegatoria del Departamento de Corrección y
Rehabilitación de Puerto Rico a reproducir en fotocopia
ciertas cartas del peticionario es una acción que infringe
el derecho constitucional del confinado al libre acceso a
los tribunales ⎯cual les adelantamos que la contestación es
en la negativa. Pero más importante que la adjudicación de
la controversia inmediata, este caso, además, nos permite
abordar de forma novel el alcance de la discreción de esta
agencia administrativa para hacer cumplir los reglamentos
internos
referente
a
las
condiciones
de
vida
de
los
confinados. De esta forma, al atender el recurso de autos,
aprovechamos la ocasión para aclarar, y a su vez pautar, que
el
ejercicio
Corrección,
al
de
la
amparo
discreción
de
su
ley
del
Departamento
orgánica
y
de
de
sus
CC-2019-0668
2
reglamentos, se presume válida en la medida en que no
conflija
o
vulnere
algún
derecho
constitucional
del
confinado. Veamos.
A
continuación,
exponemos
el
trasfondo
fáctico
y
procesal del caso que nos ocupa. Conviene aclarar que los
hechos medulares no están en controversia.
I.
Este caso tuvo su génesis el 4 de marzo de 2019 cuando
el
Sr.
Gabriel
Pérez
López
(peticionario)
acudió
a
la
biblioteca de la institución penal adscrita al Departamento
de
Corrección
y
Rehabilitación
de
Puerto
Rico
(DCR
o
Departamento de Corrección), donde se encuentra confinado
extinguiendo una condena. Allí se le denegó su solicitud
para fotocopiar unas “cartas legales” y sus anejos. Esto
luego de que el peticionario acudiera a la biblioteca unos
días
antes
para
solicitar
este
servicio
a
lo
que
la
bibliotecaria le indicó que no realizaría el servicio sin
la autorización del Superintendente. También le informó que
sólo se permitía reproducir mociones que fueran dirigidas a
los tribunales. No obstante, tras solicitar dicho permiso,
la Superintendencia del DCR denegó su petición.1
Inconforme con esta denegatoria, el 12 de marzo de 2019,
el
peticionario
presentó
una
Solicitud
de
Remedio
1 Solicitud de Remedio Administrativo, 12 de marzo de 2019 (MA-24919)(R-18).
CC-2019-0668
3
Administrativo ante la División de Remedios Administrativos
del DCR, en la que impugnó la denegatoria del servicio de
fotocopiadora. En su petitorio, adujo que los referidos
documentos eran “cartas legales” dirigidas al Gobernador de
Puerto
Rico,
al
Secretario
de
Corrección
y
a
varios
legisladores con el fin de que atendieran asuntos sobre su
confinamiento y calidad de vida.2 Alegó que el propósito de
fotocopiar las cartas era para preservar copias por si las
originales se extravíaban, en caso de necesitarlas en algún
pleito futuro para así contar con prueba del agotamiento de
las ayudas que ha solicitado del Gobierno. En fin, sostuvo
que el Reglamento Acceso a Recursos Legales (Reglamento),
infra, no prohíbe tal uso y que la denegatoria de fotocopiar
sus cartas dirigidas al Gobierno interfiere con su derecho
de libre acceso a los tribunales.3
Consecuentemente, el 8 de mayo de 2019, la División de
Remedios
Administrativos
del
DCR
emitió
una
Respuesta
concluyendo que, conforme al Reglamento, infra, solamente
se permitía fotocopiar mociones (a tribunales). A sus vez,
sostuvo
que
la
reproducción
de
cualquier
otro
tipo
de
documento que no fuesen mociones requería la aprobación del
Superintendente de la institución.4
Un examen detenido de las cartas revela que el peticionario
solicitaba que se legislara un proyecto de ley que le facilitara
rehabilitarlo y reintegrarlo a la libre comunidad mediante el estudio
de profesiones como electricidad, plomería, carpintería, y albañilería.
3 Solicitud de Remedio Administrativo, supra.
4 Respuesta al Miembro de la Población Correccional, 8 de mayo de
2019 (notificada el 23 de mayo de 2019).
2
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4
No conteste con la Respuesta, el 6 de junio de 2019, el
peticionario interpuso una Solicitud de Reconsideración, y
en esencia, reiteró su derecho al servicio bibliotecario al
amparo
del
referido
Reglamento
y
de
su
derecho
constitucional.5 No obstante, luego de evaluar su solicitud,
el
14
de
junio
de
2019,
la
División
de
Remedios
Administrativos del DCR emitió una segunda Respuesta donde
sostuvo su determinación previa. A su vez, reiteró que la
concesión
de
fotocopias
queda
en
la
discreción
del
Superintendente del DCR, según dispone el Art. XI(6) del
Reglamento, infra.6 Además, puntualizó que, al habérsele
denegado
el
uso
Superintendencia,
de
la
la
fotocopiadora
controversia
por
se
parte
había
de
la
tornado
académica.
Inconforme con la determinación final del DCR, el 3 de
julio de 2019, el peticionario acudió por derecho propio al
Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión
judicial y alegó que el Departamento de Corrección no le
estaba proveyó un acceso adecuado y efectivo al servicio
bibliotecario,
de
forma
que
coartaba
su
acceso
a
los
tribunales.7 Luego de examinar el recurso presentado, el 19
de julio de 2019 el foro apelativo lo desestimó por falta
5 Solicitud de Reconsideración, fechada el 24 de mayo de 2019,
ponchada el 29 de mayo de 2019, y recibida el 6 de junio 2019 (MA-24919)(R-18).
6
Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población
Correccional, 14 de junio de 2019 (MA-249-19)(notificada al peticionario
el 21 de junio de 2019).
7 Escrito de Apelación, 3 de julio de 2019, Caso Núm. KLRA201900399.
CC-2019-0668
de
5
jurisdicción.
Razonó
que
la
respuesta
del
DCR
“no
dilucidó ni adjudicó derechos, obligaciones o privilegios
de clase alguna” y que la misma versaba sobre un asunto
administrativo interno que recaía dentro del ejercicio de
la
sana
discreción
del
Superintendente
del
centro
correccional. Por lo tanto, el foro revisor concluyó que no
estaba
ante
un
dictamen
adjudicativo
de
una
agencia
administrativa revisable por los foros judiciales.8
No conteste con el dictamen desestimatorio, el 23 de
agosto de 2019, el peticionario acudió por derecho propio
ante esta Curia mediante un recurso de certiorari. Así, el
peticionario le imputó error al Tribunal de Apelaciones por
obviar sus derechos constitucionales al libre acceso a los
tribunales mediante el servicio bibliotecario. Además, alegó
que
el
Departamento
de
Corrección
infringió
su
derecho
constitucional y reglamentario de reproducir las referidas
cartas. Razonó que, como parte de su derecho de libre acceso
a los tribunales, el peticionario cuenta con un derecho de
reproducir cartas dirigidas a funcionarios de gobierno en
las que cuestiona las condiciones de su confinamiento. Por
último, añadió que el reglamento que rige el uso de la
fotocopiadora es contrario a derecho en la medida en que
sujeta ese derecho a la discreción del Superintendente.9
8 Sentencia, Tribunal de Apelaciones, 19 de julio de 2019, Caso Núm.
KLRA201900399 (notificada el 22 de julio de 2019).
9 Alegato del Peticionario, págs. 4-7.
CC-2019-0668
6
Luego de expedido el recurso el 6 de diciembre de 2019,
por su parte, el Procurador General presentó su Alegato ante
esta Curia el 28 de septiembre de 2020. Este apuntaló que
el Tribunal de Apelaciones no erró al desestimar el recurso
de revisión del peticionario por falta de jurisdicción,
debido
a
que
no
se
trataba
de
un
asunto
adjudicativo
revisable.10 En ese sentido, puntualizó que las cartas no
estaban relacionadas a algún litigio pendiente ante los
tribunales. A su vez, señaló que el peticionario tampoco
demostró haber sufrido algún perjuicio real por no poder
reproducirlas
dado
que
no
estaba
intentando
acceder
al
sistema judicial. Por lo tanto, razonó que la alegación del
peticionario era especulativa y abstracta, ya que trataba
de la posibilidad de sufrir un daño por la aplicación de la
norma reglamentaria. Concluyó, en fin, que la controversia
no era una que impactara sustancialmente los derechos del
peticionario como confinado.
Contando con el beneficio de la comparecencia de las
partes, procedemos a exponer el marco jurídico aplicable a
la controversia ante nuestra consideración. Veamos.
II.
Como
cuestión
de
umbral,
es
preciso
aclarar
la
naturaleza del asunto a ser revisado ⎯en este caso, el
derecho
10
que
le
asiste
a
los
confinados
Alegato del Procurador General, pág. 9.
al
momento
de
CC-2019-0668
7
solicitar el uso de la fotocopiadora de la institución
correccional.
A.
Acceso a Recursos Legales
Como
antesala
jurídica,
aclaramos
que
nuestro
ordenamiento carece de derecho constitucional, estatutario
o jurisprudencial alguno que permita a los confinados a
fotocopiar documentos estando recluidos en una institución
penal. En ausencia de un llamado expreso a crear ese derecho,
el Departamento de Corrección promulgó una reglamentación
relevante dentro del marco amplio de discreción conferido
por su ley habilitadora, la cual viabiliza, entre otras
cosas, el uso de la fotocopiadora. Veamos.
En
primer
lugar,
nuestra
Carta
Magna
expresamente
establece la política púbica del Estado de “reglamentar las
instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en
forma
efectiva
y
propender,
dentro
de
los
recursos
disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes
para hacer posible su rehabilitación moral y social”.11
Ciertamente, el imaginativo jurídico puede configurar un
sinnúmero de normas legales para dar consecución a esta
política
constitucional.
No
obstante,
ello
compete,
primordialmente, a la voluntad del poder legislativo.
Cónsono con este mandato constitucional, al aprobar la
Ley
Núm.
11
2–2011,
también
conocida
como
Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.
el
Plan
de
CC-2019-0668
8
Reorganización
del
Departamento
de
Corrección
y
Rehabilitación de 2011,12 la Asamblea Legislativa le confirió
al Secretario del Departamento de Corrección (Secretario de
Corrección) amplia discreción reglamentaria para
adoptar,
establecer,
desarrollar,
enmendar,
derogar
e
implementar
reglas,
reglamentos,
órdenes, manuales, normas y procedimientos para el
funcionamiento efectivo del Departamento y de los
organismos bajo su jurisdicción, a los fines de
regir la seguridad, la disciplina interna y la
conducta de funcionarios, empleados y de la
clientela, así como los programas y servicios.
(Énfasis suplido).13
En virtud de esa discreción, y en lo aquí pertinente, el
Secretario de Corrección promulgó el Reglamento Acceso a
Recursos Legales,14 con el propósito de reglamentar los
recursos de naturaleza legal que se harán disponibles en las
instituciones correccionales.15 Este cuerpo normativo aplica
a todos los miembros de la población correccional y a todos
los funcionarios responsables de su implantación.16 Este
Reglamento
a
su
vez
se
promulga
para
cumplir
con
la
jurisprudencia federal que le ha reconocido a los confinados
el
derecho
de
acceder
a
las
cortes,
cual
naturalmente
implica el deber del Estado de no interferir con ello y la
obligación afirmativa de facilitarlo. De esta forma, en
virtud de la Constitución Federal, las instituciones penales
vienen obligadas a poner a la disposición de los confinados
diversos
recursos
de
índole
legal,
para
facilitar
la
Ley Núm. 2–2011.
Art. 7, 3 LPRA, Ap. XVIII.
14 Reglamento Acceso a Recursos Legales, 14 de diciembre de 2016.
15 Íd, Art. I.
16 Íd, Art. III.
12
13
CC-2019-0668
9
consecución de cualquier acción de derechos civiles que
pudiera surgir mientras cumplen su condena. De igual forma,
estos
recursos
deben
permitirles
cuestionar,
colateralmente,
sus
sentencias
y
directa
condiciones
de
o
su
confinamiento.17 De esta forma, en Lewis v. Casey, 518 US
343 (1996), la Corte Suprema federal aclaró que un confinado
que alega una violación a su derecho de acceso a las cortes
debe probar un perjuicio real, de modo que se pruebe que las
limitaciones en la biblioteca institucional o la ayuda legal
disponible entorpecieron o dificultaron sus esfuerzos para
perseguir un reclamo legal válido.18
Al abundar sobre su propósito, el referido Reglamento
establece la política de proveer a los miembros de la
población correccional “acceso a los tribunales y servicios
legales
que
sean
necesarios
para
la
protección
de
sus
derechos constitucionales y legales”. (Énfasis suplido).19
Específicamente, algunos de los servicios que contempla el
Reglamento incluyen: “(1) visitas de sus representantes
legales;
(2)
acceso
telefónico
a
su
abogado,
libre
de
interferencias en la llamada; (3) acceso por correspondencia
con su abogado, libre de censura o restricción, y en caso
de indigentes se les proveerá papel, sobre y el pago de
17 Véase Christopher v. Harbury, 536 US 403, 415 (2002); Lewis v.
Casey, 518 US 343, 355 (1996); Bounds v. Smith, 430 US 817, 821 (1977);
Younger v. Gilmore, 404 US 15 (1971) (Per curiam); Johnson v. Avery,
393 US 483 (1969); Ex parte Hull, 312 US 546 (1941). Véase también J.M.
Hill, An Overview of Prisoners' Rights: Part I, Access to the Courts
Under Section 1983, 14 St. Mary's L.J. 957, 961 (1983).
18 Lewis v. Casey, supra, pág. 351.
19 Reglamento Acceso a Recursos Legales, supra, Art. V.
CC-2019-0668
10
sellos a estos mismos fines; (4) acceso a materiales legales
en tal capacidad que le permitan el estudio legal esencial
y ayuda en su utilización, cuando sea necesaria.20 Además,
el inciso cuarto de su Art. VI permite a los reclusos “tener
bajo
su
control
copias
de
las
partes
de
libros,
documentación relacionado a casos activos en el tribunal por
parte del miembro de la población correccional o materiales
que necesiten y que estén relacionados a los recursos que
estén
tramitando,
provisto
por
su
abogado”.(Énfasis
suplido).21 Es decir, los reclusos pueden guardar consigo
copias de documentos relacionados a reclamaciones que estén
tramitando ante los foros judiciales de Puerto Rico.
Establecida la tenencia permitida de recursos legales,
ahora pasamos a examinar el marco reglamentario referente a
su reproducción.
Para viabilizar su propósito, el Reglamento Acceso a
Recursos Legales, supra, provee, entre otras cosas, para el
uso de una biblioteca legal por parte de los confinados. En
lo pertinente a esta controversia, su Art. XI dispone que
2.
Habrá
espacio
para
la
revisión
de
materiales, así como el equipo necesario para
tomar notas y preparar documentos legales a ser
radicados en los tribunales.
y que
6. A discreción del superintendente, se les
proveerán fotocopias de mociones preparadas por el
miembro de la población correccional que tengan los
20
21
Íd, Art. VI.
Íd.
CC-2019-0668
11
fondos y justifiquen la necesidad de utilizar las
mismas. (Énfasis suplido).
De la mano con el anterior Reglamento, el Manual de
Normas
y
Procedimientos
de
Servicios
Bibliotecarios
en
Instituciones Correccionales del Departamento de Corrección
y
Rehabilitación
paralelamente
(Manual
rige
el
de
uso
Servicios
de
la
Bibliotecarios),22
fotocopiadora
por
la
población correccional al disponer que
[a]
discreción
del
superintendente,
se
les
proveerán fotocopias a solicitud de los miembros de
la población correccional que tengan los fondos y
justifiquen la necesidad de utilizar las mismas.
(Énfasis suplido).23
Aunque casi idéntico al lenguaje del referido Reglamento
Acceso a Recursos Legales,24 supra, el lenguaje más amplio
del Manual de Servicios Bibliotecarios no circunscribe el
uso
de
la
judiciales.
fotocopiadora
Aun
así,
a
la
requiere
reproducción
la
previa
de
mociones
aprobación
del
Superintendente, dentro de su entera discreción.
22 Manual Núm. DCR–2016–10, también promulgado el 14 de diciembre
de 2016 al amparo de ley habilitadora del Departamento de Corrección.
23 Íd. Art. VI.
24 Conviene resaltar que tanto el Reglamento como el Manual referidos
fueron promulgados únicamente al amparo del Plan de Reorganización del
Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, supra, y no de la
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, infra. Estas tampoco
disponen de remedios o mecanismos para reclamar los beneficios que les
confieren a los confinados lo cual sugiere que dichos beneficios no
fueron diseñados para tener entero peso de ley. Estos reglamentos
internos están dirigidos a la organización interna de las agencias
administrativas. Con este tipo de autoridad interna se persigue
otorgarles libertad a las agencias administrativas para que organicen
sus operaciones gerenciales. Véase J. Echevarría Vargas, Derecho
Administrativo Puertorriqueño, 4ta ed. rev., Ed. Situm, 2017, pág. 97.
CC-2019-0668
B.
12
Solicitud de Remedio Administrativo
El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios
Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población
Correccional (Reglamento de Remedios Administrativos)25 fue
promulgado al amparo de la ley federal conocida como el
Civil
Rights
canalizar
of
Institutionalized
efectivamente
los
reclamos
que
la
correccional.
Su
fin
“disponga
un
organismo
de
Person
es
Act,26
de
la
población
para
población
correccional
administrativo,
en
primera
instancia, ante el cual pueda presentar una solicitud de
remedio”, para “minimizar las diferencias entre los miembros
de la población correccional y el personal y para evitar o
reducir
la
radicación
de
pleitos
en
los
Tribunales
de
Justicia”.27 Conviene destacar que el referido reglamento, a
diferencia de los anteriores, fue promulgado al amparo de
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, infra.
En
específico,
el
Reglamento
de
Remedios
Administrativos, supra, define una Solicitud de Remedio como
un
“[r]ecurso
que
presenta
un
miembro
de
la
población
correccional por escrito, de una situación que afecta su
calidad
de
vida
y
seguridad,
relacionado
con
su
confinamiento”.28 También, define una Solicitud de Revisión
Judicial como un [e]scrito radicado por el miembro de la
Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015 (efectivo el 3 de junio
de 2015).
26 42 U.S.C. 1997, et seq.
27 Reg. Núm. 8583, Introducción.
28 Íd., Regla IV (24).
25
CC-2019-0668
población
13
correccional
al
Tribunal
de
Apelaciones
solicitando revisión de la Resolución de Reconsideración.29
Por su parte, una Resolución de Reconsideración significa
un:
[e]scrito emitido por el Coordinador, en el cual se
contesta la solicitud de reconsideración acogida,
radicada
por
el
miembro
de
la
población
correccional. Ésta deberá contener un breve resumen
de los hechos que motivaron la solicitud, el
derecho aplicable y la disposición o solución a la
controversia planteada.(Énfasis suplido).30
Mientras que una “Solicitud de Reconsideración” es un
“[e]scrito
radicado
por
el
miembro
de
la
población
correccional dirigido al Coordinador, donde solicita una
revisión de la respuesta emitida por el Evaluador”.31
Respecto a la jurisdicción de la materia, el Reglamento
de Remedios Administrativos, supra, establece una División
de Remedios Administrativos32 que atenderá las solicitudes
radicadas por los miembros de la población correccional
sobre:
a. Actos o incidentes que afecten personalmente al
miembro de la población correccional en su
bienestar físico, mental, en su seguridad o en su
plan institucional.
b. Cualquier incidente o reclamación comprendida
bajo las disposiciones de este Reglamento.
c. Cuando el superintendente impone la suspensión
de privilegios sin celebración de vista alguna,
conforme a la reglamentación vigente sobre la
“Suspensión
de
Privilegios
por
Razones
de
Seguridad”.
Íd., Regla IV (26).
Íd., Regla IV (21).
31 Íd., Regla IV (23).
32 Íd., Regla V (1).
29
30
CC-2019-0668
14
d. Alegaciones de violencia sexual por parte de un
miembro de la población correccional.33
Por último, el Reglamento de Remedios Administrativos,
supra, contempla la revisión judicial por parte del Tribunal
de
Apelaciones
de
las
solicitudes
de
remedios
administrativos presentadas por los confinados, al disponer
que
[e]l miembro de la población correccional podrá
solicitar
revisión
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones, dentro del término de (30) días
calendarios, contados a partir de la fecha del
archivo en autos de la copia de la Notificación de
la Resolución de Reconsideración, emitida por el
Coordinador de Remedios Administrativos o noventa
(90) días a partir de la radicación de la Solicitud
de Reconsideración acogida, si la Agencia no actúa
conforme a la misma.34
C.
Revisión Judicial
Por su parte, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones
contempla
la
reglamentos,
revisión
las
judicial
órdenes,
de
las
las
decisiones,
resoluciones
y
los
las
providencias finales dictadas por organismos o agencias
administrativas o por sus funcionarios o funcionarias, ya
sea en su función adjudicativa o cuasi legislativa, conforme
lo
dispuesto
en
ley.35 La
revisión
de
determinaciones
administrativas tiene como objetivo principal el delimitar
la discreción que ostentan las agencias administrativas y
asegurarse que estas desempeñen sus funciones conforme a los
Íd., Regla VI (1).
Regla XV.
35 Regla 56, 4 LPRA Ap. XXII–B.
33
34
CC-2019-0668
15
estatutos concernientes.36 De esta forma, el foro apelativo
revisará,
como
resoluciones
cuestión
finales
de
de
derecho,
los
las
organismos
órdenes
y
y
agencias
administrativas.37
Para
que
una
orden
o
resolución
administrativa
sea
judicialmente revisable, al momento de presentar el recurso
deben estar presentes los elementos siguientes: (1) que la
resolución
que
se
pretenda
revisar
sea
final
y
no
interlocutoria; y (2) que la parte adversamente afectada por
la
orden
haya
agotado
los
remedios
provistos
por
la
agencia.38 Además, es requisito que la parte que presenta el
recurso haya sido adversamente afectada por la orden o
resolución de la agencia y debe haber agotado todos los
remedios provistos.39 Hemos interpretado que una “orden o
resolución final”, es aquella que dispone del caso ante la
agencia y tiene efectos adjudicativos y dispositivos sobre
las
partes.40
En
fin,
la
actuación
administrativa
debe
consignar los derechos y las obligaciones de las partes.
En Surfrider v. ARPE, 178 DPR 563, 579–580 (2010),
dictamos que la frase “adversamente afectada” significa que
“la parte recurrente tiene un interés sustancial en la
36 Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279 (1999). Véase también
Méndez Cabrera v. Corporación Quintas de San Luis, 127 DPR 635, 637
(1991); Echevarría Vargas, op. cit., pág. 305.
37 Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, Ley Núm.
201–2003, 4 LPRA sec. 24 et seq.
38 Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543
(2006).
39 Echevarría Vargas, op. cit., pág. 310.
40 Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, supra, pág. 545.
CC-2019-0668
16
controversia
porque
sufre
o
sufrirá
una
lesión
o
daño
particular que es causado por la acción administrativa que
se
impugna
mediante
el
recurso
judicial”.
Además,
puntualizamos que el daño debe ser claro y específico; este
no puede ser abstracto, hipotético o especulativo.
La
parte
que
solicita
la
revisión
judicial
de
las
determinaciones de las agencias administrativas además tiene
el peso de probar su legitimación. Dicha legitimación “se
demuestra mediante la alegación de hechos que permitan [a]l
foro judicial constatar que es parte adversamente afectada
por la decisión que se impugna”.41 En síntesis, es requisito
para
quien
invoca
la
revisión
judicial
demuestre
lo
siguiente: (1) que es parte, y (2) que es o será adversamente
afectado por la actuación de la agencia que se impugna.42
Finalmente, hemos reconocido en los reclamos contra las
agencias que los requisitos de legitimación activa deben de
interpretarse de forma más flexible.
En cuanto al alcance de la revisión judicial en las
determinaciones
organismos
administrativas,
administrativos
los
merecen
la
dictámenes
mayor
de
los
deferencia
judicial y su revisión se limita a determinar si la agencia
actuó arbitraria, ilegalmente o irrazonablemente en abuso a
su discreción.43 Así, las decisiones discrecionales de las
Íd., en la pág. 585; In re: Municipio de Aguada, et al., v.
Junta de Calidad Ambiental, 190 DPR 122 (2014).
42 Íd.
43 DACO v. TRU of Puerto Rico, 191 DPR 760 (2014); San Vicent
Frau v. Policía de P.R., 142 DPR 1 (1996).
41
CC-2019-0668
17
agencias administrativas no son revisables a menos que se
haya actuado en exceso del poder delegado, en errores de
derecho o en una interpretación incorrecta de la ley.44 No
obstante, se puede recurrir a los tribunales cuando estén
en controversia derechos constitucionales.45
Específicamente,
autoridades
este
correccionales
Tribunal
reconoció
gozan
gran
de
que
las
discreción
y
merecen la deferencia de los tribunales, cuando una parte
pretende revisar judicialmente sus actuaciones.46 A su vez,
hemos reconocido que el Departamento “merece deferencia en
la adopción y puesta en vigor de sus reglamentos, pues es
la entidad con la encomienda de preservar el orden en las
instituciones carcelarias”.47 La función revisora de este
foro
apelativo
con
respecto
a
las
determinaciones
del
Departamento de Corrección, como de cualquier otra agencia,
es de carácter limitado.48 Sus decisiones merecen nuestra
mayor deferencia judicial, sobre todo, cuando es la agencia
quien
tiene
la
especialización
necesaria
para
atender
situaciones particulares sobre las cuales la ley le confiere
jurisdicción.49
44 Federación de Maestros v. Molina Torres, 160 DPR 571 (2003);
Echevarría Vargas, op. cit., pág. 308.
45 Íd.
46 Cruz Negrón v. Administración de Corrección, 164 DPR 341 (2005).
47 Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 334 (2009)(Cita
omitida).
48 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012).
49 Álamo Romero v. Adm. de Corrección, supra.
CC-2019-0668
18
Por último, la revisión de las decisiones finales de los
organismos
y
agencias
administrativas
se
tramitará
de
conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, infra.
D.
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
La
Ley
Núm.
38–2017,
conocida
como
la
Ley
de
Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico (LPAU),
rige
los
procedimientos
reglamentarios
y
adjudicativos
realizados por las agencias administrativas.50
La LPAU dispone que una parte adversamente afectada por
una orden o resolución final de una agencia y que haya
agotado todos los remedios provistos por la agencia o por
el organismo administrativo apelativo correspondiente puede
solicitar la revisión judicial de una orden o resolución
adjudicativa final dictada por una agencia.51 Además, como
regla general, las órdenes o resoluciones interlocutorias
emitidas por las agencias no serán revisables.52 En cuanto
al
alcance
de
la
revisión
judicial,
el
tribunal
podrá
conceder el remedio apropiado si determina que el recurrente
tiene derecho a un remedio.53
Por último, cualquier parte adversamente afectada por
una resolución del Tribunal de Apelaciones podrá solicitar
la revisión de la misma mediante la presentación de recurso
3 LPRA sec. 9601 et seq.
3 LPRA sec. 9672.
52 Íd.
53 3 LPRA sec. 9675.
50
51
CC-2019-0668
19
de Certiorari ante el Tribunal Supremo dentro del término
jurisdiccional. Siendo el Certiorari el vehículo apropiado
para revisar las sentencias del Tribunal de Apelaciones
emitidas
en
recursos
de
revisión
provenientes
de
las
agencias administrativas, conforme a la Ley de la Judicatura
de Puerto Rico, supra, y a la Regla 20 del Reglamento de
este Tribunal, esta Curia goza de jurisdicción para así
hacerlo.54 Con
el
marco
jurídico
esbozado,
procedemos
a
resolver la controversia del caso de marras.
III.
En su alegato, el peticionario arguye que la denegatoria
de
reproducir
sus
cartas
por
parte
de
la
institución
correccional infringió su derecho constitucional de acceso
a los tribunales, ya que se vería desprovisto de los medios
para preservar prueba de sus reclamos a las distintas ramas
del Gobierno, de tener que llegar a un tribunal. No obstante,
por resultar en una aplicación errada del estado de derecho
vigente a un reclamo hipotético y especulativo, no le asiste
la razón. Nos explicamos.
El silogismo a seguir es el siguiente: no todo documento
que un confinado intente fotocopiar necesariamente es uno
de índole legal mediante el cual se intenta acceder a los
tribunales, al amparo de su derecho constitucional. Por
consiguiente, en la medida en que el fin inmediato del
54
4 LPRA Ap. XXI–B.
CC-2019-0668
20
documento no sea lograr acceso a las cortes, este no será
uno cobijado por el derecho de acceder a los tribunales.
Actualmente el peticionario se encuentra confinado en
una
institución
penal
Corrección.
Es
decir,
restringida
que
nuestro
adscrita
bajo
una
estado
al
Departamento
condición
de
derecho
de
de
libertad
forzosamente
impone como pena luego de la comisión de un delito. No
obstante lo anterior, la institución correccional donde se
encuentra recluido el peticionario cuenta con una biblioteca
para propender a su misión rehabilitadora. A su vez, esta
tiene
disponible
equipo
de
impresión
y
reproducción
de
documentos en caso de que los reclusos necesitaren sacar
copias de algún documento legal —entiéndase alguna demanda,
moción
u
otro
comunicación
escrito
con
su
ante
un
tribunal,
representante
legal,
o
alguna
conforme
al
solicitó
al
Reglamento Acceso a Recursos Legales, supra.
En
este
contexto,
el
peticionario
le
sacar
copias
dirigidas
a
personal
de
la
biblioteca
permiso
para
ciertas
cartas
redactadas
por
y
él
a
unos
funcionarios públicos con relación a las condiciones de su
confinamiento.
Sin
dentro
definición
de
la
embargo,
al no
ser
contemplada
escritos
por
el
legales
Reglamento,
supra, su pedido fue denegado por el DCR.
Concretamente, el peticionario quería reproducir unas
cartas dirigidas a varios funcionarios públicos de las ramas
CC-2019-0668
21
ejecutiva
y
legislativa,
magistrado
alguno.
más
Tampoco
las
no
a
tribunal,
referidas
juez
misivas
o
iban
dirigidas a su abogado. Un examen detenido de estas revela
que el peticionario solicitaba que se legislara un proyecto
de ley que le facilitara rehabilitarlo y reintegrarlo a la
libre comunidad mediante el estudio de profesiones como
electricidad,
plomería,
carpintería,
y
albañilería.
Es
decir, dichas cartas no eran reclamaciones judiciales ni
extrajudiciales contra los funcionarios, así como tampoco
eran
comunicaciones
privilegiadas
con
su
representante
legal. En fin, del expediente no surge que el peticionario
estuviese tramitando acción civil o administrativa alguna
ante los foros judiciales de Puerto Rico.
Por su parte, el Estado señala que el reclamo del
peticionario es especulativo y abstracto, puesto que no
demostró que se coartó su derecho al acceso a los tribunales.
Como consecuencia, arguye que está ausente algún asunto
justiciable,
por
lo
que
actuó
correctamente
tanto
el
Departamento de Corrección, como el Tribunal de Apelaciones
al denegar el uso de la fotocopiadora.
Al repasar los preceptos legales relevantes, apreciamos
que, en primer lugar, el Art. VI(4) del Reglamento Acceso a
Recursos Legales, supra, permite a los reclusos “tener bajo
su control copias de las partes de libros, documentación
relacionada a casos activos en el tribunal por parte del
miembro
de
la
población
correccional
o
materiales
que
CC-2019-0668
22
necesiten y que estén relacionados a los recursos que estén
tramitando, provisto por su abogado”.55 Además, consideramos
que su Art. XI(6) dispone que “se les proveerán fotocopias
de
mociones
preparadas
por
el
miembro
de
la
población
correccional”.56 Es decir, aunque el Reglamento Acceso a
Recursos
Legales,
supra,
provee
acceso
y
tenencia
de
recursos legales, su reproducción (sacar copias) solo está
disponible para mociones preparadas por el confinado ⎯que
no es otra cosa que escritos dirigidos a un tribunal. Por
lo tanto, aprobar la reproducción de cualquier otro tipo de
documento se enmarca dentro de la facultad discrecional
conferida al Superintendente de Corrección.
De las referidas disposiciones reglamentarias claramente
se desprende la amplia oferta de servicios dirigida a que
los
confinados
tengan
acceso
a
los
tribunales
en
la
tramitación de sus reclamos. Ciertamente, ello responde a
la importancia de viabilizar cualquier reclamación sobre
violación de derechos civiles que pudiese ocurrir en una
institución penal. La ausencia de este mecanismo elemental
de denuncia se pudiera prestar para encubrir, y perpetuar
abusos de discreción y poder por parte de las autoridades
que custodian a los reclusos. De igual forma, el acceso a
recursos
legales
es
imperativo
para
poder
plantear
un
remedio post-sentencia cuando fuese meritorio. Lógicamente,
55 Art. VI(4), Reglamento Acceso a Recursos Legales, 14 de
diciembre de 2016.
56 Íd.
CC-2019-0668
23
ello forzosamente excluye el derecho a servicios dirigidos
a fines que no sean el acceso inmediato a los tribunales,
toda vez que ni la ley habilitadora del Departamento de
Corrección ni los reglamentos aplicables lo contemplan como
un derecho.
En
este
caso,
queda
patentemente
claro
que
el
peticionario no intentaba acceder a los foros judiciales
mediante las referidas cartas. Por lo tanto, resulta forzoso
concluir que la denegatoria de reproducir las cartas del
peticionario no pudo menoscabar el derecho de acceso a las
cortes. Como observamos, es evidente que el peticionario no
intentaba acceder a los tribunales o pretendía tener acceso
a un proceso de naturaleza judicial. Por consiguiente, no
era
un
derecho
susceptible
de
ser
violado
por
el
Departamento de Corrección. Es decir, en la medida en que
el señor Pérez López no intentaba reproducir un documento
cuyo fin inmediato fuese de acceder a las cortes, este no
ejercía el derecho que reclama. En vista de ello, no tenía
derecho a la reproducción mediante fotocopia de sus misivas,
tal y como aduce.
La ausencia de un derecho a fotocopiar documentos que no
están dirigidos a un tribunal no es óbice para que el
Departamento de Corrección, dentro del ejercicio de su sana
discreción reglamentaria, pueda honrarle ese pedido, pues
ciertamente, puede hacerlo, de la misma forma que puede
denegarlo, cuando así lo entienda prudente y guiado por el
CC-2019-0668
24
criterio de razonabilidad. Es decir, del estado de derecho
vigente se desprende que el Superintendente posee un marco
de
discreción
para
permitir
o
fotocopiadora
para
reproducir
denegar
el
cualquier
uso
otro
de
la
tipo
de
documento no dirigido a un tribunal. Resolver lo contrario
daría al traste con la discreción expresamente conferida por
la Asamblea Legislativa. A su vez, ello propendería al uso
irrestricto
de
los
recursos
reproducir
cualquier
limitados
documento
que
se
del
estado
alegue
para
tenga
el
potencial de estar relacionado a un posible pleito judicial.
En
el
análisis
sobre
el
alcance
de
la
facultad
discrecional del Departamento de Corrección para promulgar
y aplicar sus normas de administración interna, nos vemos
compelidos
a
puntualizar
que
la
discreción
del
Superintendente no puede anteponerse o restringir derechos
reconocidos
en
nuestro
ordenamiento
constitucional
o
estatutario. En el contexto fáctico pertinente, reafirmamos
que el Superintendente carece de discreción para impedir la
reproducción de escritos de un confinado dirigidos a un
tribunal
o
a
su
representación
legal,
o
que
le
sean
requeridos como parte de un proceso judicial, toda vez que
ello infringiría su derecho a acceder al sistema judicial
para
vindicar
sus
reclamos.
Además,
la
reproducción
de
mociones es necesaria para que el confinado pueda notificar
debidamente copias de sus escritos a todas las partes en el
litigio, así como a los tribunales y a la Secretaría del
CC-2019-0668
25
foro correspondiente. De esta forma, armonizamos el claro
texto
del
intención
marco
jurídico
legislativa
y
aplicable,
respetando
reglamentaria
que
le
así
ha
la
sido
delegada al Departamento de Corrección. Asimismo, honramos
un postulado fundamental del derecho, de facilitar el acceso
a
las
cortes
a
todos
los
correccional,
en
estricto
miembros
de
cumplimiento
con
la
población
la
política
pública que instituye nuestra Constitución en su Art. VI,
Sec. 19.
Conforme
al
estado
de
derecho
vigente
que
hemos
enunciado, resolvemos que el Departamento de Corrección
actuó correctamente dentro de la discreción conferida por
el Reglamento. A su vez, concluimos que la decisión agencial
no infringió derecho constitucional o estatutario alguno del
peticionario. En consecuencia, colegimos que el Tribunal de
Apelaciones actuó correctamente habida cuenta de que al
peticionario
no
le
asistía
causa
de
acción
alguna
que
surgiera bajo el palio de la Constitución o las leyes de
Puerto Rico.
IV.
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
se
confirma
la
determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia,
se sostiene la determinación del Departamento de Corrección
y Rehabilitación de Puerto Rico.
CC-2019-0668
26
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gabriel Pérez López
Peticionario
v.
CC-2019-0668
Certiorari
Departamento de Corrección
y Rehabilitación
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2022.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la que se hace formar parte íntegra de la presente
Sentencia, se confirma la Sentencia del Tribunal de
Apelaciones.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez
disiente con opinión escrita a la que se unen la Jueza
Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón
Pérez.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gabriel Pérez López
Peticionario
v.
CC-2019-0668
Certiorari
Departamento de Corrección
y Rehabilitación
Recurrido
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA
MARTÍNEZ, a la cual se unen la Jueza Presidenta ORONOZ
RODRÍGUEZ y el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2022.
Mediante el dictamen que hoy instrumenta una mayoría de
este Tribunal, desaprovechamos la oportunidad de precisar
razonablemente los contornos del ámbito discrecional que
confiere un reglamento al superintendente de una institución
carcelaria. En
cambio, bajo el
desmesurada
prácticamente
y
palio de una
irrestricta,
este
deferencia
Tribunal
validó la potestad absoluta de tal figura sobre la capacidad
de un confinado a fotocopiar ciertos documentos. Ello, a
través de una diferenciación altamente puntillosa de lo que
constituye o no un escrito de naturaleza legal.
A mi juicio, correspondía que este Tribunal resolviera,
en primer lugar, que el ejercicio de tal discreción por parte
del superintendente de la institución carcelaria está, en
CC-2019-0668
2
efecto, sujeta a la revisión judicial. Asimismo, en segundo
lugar,
procedía
que
tal
disposición
reglamentaria
fuese
descartada por rebasar los límites de la razonabilidad e
incluso
interferir
con
el
ejercicio
de
un
derecho
constitucional.
Ante el rechazo de la Mayoría a que las determinaciones
de un superintendente a estos fines sean revisables y por
entender que la determinación que hoy se imparte hace aún
más inaccesible el servicio de fotocopias para aquellos
privados de su libertad, disiento. Por consiguiente, procedo
a expresar las razones para mi postura, no sin antes exponer
la narrativa fáctica e inédita de la controversia.
I
El Sr. Gabriel Pérez López (señor Pérez López), quien
se encuentra privado de su libertad en una institución penal
del país, presentó una Solicitud de remedio administrativo
ante
el
Departamento
de
Corrección
y
Rehabilitación
(Corrección). En ésta, relató que acudió a la biblioteca con
la intención de fotocopiar ciertas cartas legales,1 pero que
allí, una bibliotecaria denegó el servicio y le informó que
sólo se fotocopiaban mociones legales con el permiso previo
1El
Sr. Gabriel Pérez López describió los documentos
como cartas legales dirigidas a ciertos funcionarios de las
Ramas Ejecutivas y Legislativas, con el fin de que “de parte
del Gobierno se atiendan asuntos de [su] confinamiento y
calidad de vida”. Indicó que se trata de copias que necesita
por si las originales se extravían o se traspapelan, en
caso de que las necesite como evidencia “como parte de
agotamiento de las ayudas que [ha] solicitado”. Véase,
Solicitud de remedio administrativo.
CC-2019-0668
3
del superintendente. El señor Pérez López argumentó que tal
actuación violó su derecho de acceso a la justicia.
Haciendo
referencia
a
concernida/superintendente,
la
Respuesta
Corrección
del
respondió
área
que
la
bibliotecaria en cuestión indicó que solamente se pueden
fotocopiar mociones legales y que el duplicado de cualquier
otro
tipo
de
documento
debe
ser
autorizado
por
el
solicitó
la
superintendente.
Inconforme,
el
señor
Pérez
López
reconsideración.
En
primer
lugar,
objetó
permitiera
una
de
personas
que
las
que
Corrección
involucradas
en
la
situación emitiera la respuesta a su reclamo. En segundo
lugar, planteó que los reglamentos tienen que ser cónsonos
con los derechos de los confinados, por lo que razonó que la
autorización para fotocopiar mociones y otros documentos no
puede descansar en la sola discreción del superintendente.
En
respuesta,
reconsideración
e
Corrección
insistió
denegó
en
que,
la
solicitud
por
de
disposición
reglamentaria, el superintendente tiene la discreción para
autorizar
la
reproducción
de
mociones.
Concluyó
que
la
petición era académica, toda vez que la superintendencia ya
había denegado el pedido del señor Pérez López.
En desacuerdo, el señor Pérez López presentó un recurso
de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Arguyó
que Corrección falló en proveerle un acceso real y adecuado
a sus servicios bibliotecarios y, consecuentemente, a los
tribunales. Reafirmó que el servicio de fotocopia debe estar
CC-2019-0668
4
a la disposición de los confinados y no sujeto a la discreción
del
superintendente,
pues
los
procedimientos
ante
los
tribunales requieren la notificación de múltiples copias.
Trabada
así
la
controversia,
el
foro
apelativo
intermedio emitió una sentencia mediante la cual desestimó
el
recurso
por
falta
de
jurisdicción.
Determinó
que
la
decisión recurrida no era revisable, pues no existía un
dictamen
adjudicativo,
sino
más
bien
una
respuesta
informativa sobre un asunto administrativo que caía dentro
de la discreción de Corrección.
Todavía inconforme, el señor Pérez López presentó un
recurso ante este Tribunal. En éste, planteó que el servicio
de fotocopias no debe estar sujeto a la discreción del
superintendente,
pues
ello
soslaya
los
derechos
de
los
confinados a tener un acceso libre a la justicia y a los
tribunales.
Por su parte, Corrección presentó un alegato.2 En éste,
argumentó que el señor Pérez López no demostró que la falta
de estas copias fuera a tener un impacto sustancial en sus
derechos. Razonó que la cuestión no ameritaba la intervención
judicial, pues se trataba de un cuestionamiento hipotético
al reglamento.
2Corrección
compareció a través del Procurador
General. Previo a presentar su alegato, éste instó una
Moción informativa y solicitud de desestimación mediante la
cual alegó que procedía la desestimación del recurso porque
el señor Pérez López no había presentado su alegato. Tras
un breve término concedido por este Tribunal, el señor Pérez
López solicitó que se tomara su petición de certiorari como
su alegato.
CC-2019-0668
5
Expuesta así la narrativa fáctica del caso, veamos el
Derecho aplicable a la controversia.
II
A.
La revisión judicial permite a los tribunales garantizar
que
las
agencias
administrativas
actúen
dentro
de
los
márgenes de aquellas facultades que le fueron delegadas por
ley. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Prop., 173 DPR 998,
1015 (2008). Asimismo, viabiliza el poder constatar que los
organismos
administrativos
constitucionales
que
rigen
“cumplan
el
con
ejercicio
de
los
mandatos
su
función,
especialmente con los requisitos del debido proceso de ley”,
de modo que los ciudadanos tengan “un foro al cual recurrir
para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente a las
actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd.
Por tal razón, el Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura,
Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24y, dispone
que,
por
conducto
del
recurso
de
revisión
judicial,
se
revisarán las decisiones, órdenes y resoluciones finales de
los organismos o agencias administrativas. Ello, de acuerdo
con el procedimiento instaurado en la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, Ley Núm. 38-2017, según enmendada,
3 LPRA sec. 9601 et seq. (LPAU). Por su parte, la LPAU reitera
lo anterior.3 A su vez, enfatiza el derecho que tiene la
parte que se vea afectada por una orden o resolución final
3Véase,
3 LPRA sec. 9671.
CC-2019-0668
6
de una agencia administrativa y que, a su vez, haya agotado
todos
los
remedios
provistos
por
ésta,
de
presentar
un
recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones.
3 LPRA sec. 9672.
Por lo cual, de dichos estatutos se desprende que para
ser revisable la determinación de la agencia debe ser, en
primer lugar, final y no interlocutoria. En segundo lugar,
para hacer efectivo su derecho a la revisión judicial, la
parte adversamente afectada debe haber agotado los remedios
provistos
por
la
agencia.
Depto.
Educ.
v.
Sindicato
Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543 (2006). Sólo de esta forma
los tribunales evitan una intromisión indebida y a destiempo
en el trámite administrativo. Comisionado de Seguros v.
Universal, 167 DPR 21, 29 (2006).
Conforme ya ha pautado este Tribunal, una determinación
final se caracteriza por lo siguiente: (1) la actuación de
la agencia representa la culminación de su proceso decisorio,
y
(2)
la
actuación
administrativa
determina
todos
los
derechos y las obligaciones de las partes o surgen de ésta
consecuencias
legales.
Depto.
Educ.
v.
Sindicato
Puertorriqueño, supra. Es decir,
[p]ara interponer el recurso, la decisión
administrativa tiene que ser ‘final’ y además debe
ser revisable. La decisión administrativa es final
cuando ha decidido todas las controversias y no deja
pendiente ninguna para ser decidida en el futuro.
Es revisable cuando la parte afectada por ella haya
cumplido con todos los requisitos y haya agotado
todos los remedios administrativos disponibles”.
Tosado v. A.E.E., 165 DPR 377, 384–85 (2005)
(citando
a
D.
Fernández
Quiñones,
Derecho
administrativo
y
Ley
de
Procedimiento
CC-2019-0668
7
Administrativo Uniforme, 2da ed.,
Forum, 2001, Sec. 9.3, pág. 533.).
Por
consiguiente,
“[l]a
Bogotá,
revisión
Ed.
judicial
aquí
dispuesta será el recurso exclusivo para revisar los méritos
de
una
decisión
administrativa
sea
ésta
de
naturaleza
adjudicativa o de naturaleza informal emitida al amparo de
esta Ley”. Íd. Asimismo, por mandamiento estatutario, los
procedimientos de esta índole deben ser de fácil acceso a
los ciudadanos, como también económicos y efectivos. 3 LPRA
sec.
9674.
En
desestimaciones,
consecuencia,
ya
sea
por
deben
defectos
evitarse
de
forma
las
o
de
notificación, y se debe permitir la comparecencia efectiva
de recurrentes por derecho propio y en forma pauperis. Íd.
Por
otro
lado,
el
Reglamento
para
atender
las
solicitudes de remedios administrativos radicadas por los
miembros de la población correccional, Reglamento Núm. 8583
de 4 de mayo de 2015, se creó con el fin de atender los
asuntos
relacionados
al
División
de
Administrativos
Remedios
confinamiento
y
habilitar
para
a
actuar
la
sobre
cualquier agravio o queja de los confinados, incluyendo el
uso de la biblioteca para fines recreativos. En lo pertinente
a esta controversia, el Artículo XV del reglamento precitado
dispone
que,
tras
una
determinación
inicial
y
una
reconsideración que le resultase adversa, el confinado puede
solicitar la revisión de la determinación administrativa ante
el Tribunal de Apelaciones.
CC-2019-0668
Cónsono
8
con
ello,
el
propio
cuerpo
normativo
del
Tribunal de Apelaciones indica que su función revisora se
ejerce sobre las decisiones, los reglamentos, las órdenes,
las resoluciones y las providencias finales dictadas por
organismos o agencias administrativas o por sus funcionarios
o funcionarias, ya sea en su función adjudicativa o cuasi
legislativa. Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA
Ap. XXII-B, R. 56.
En lo pertinente a este caso, este Tribunal ha expresado
que, al momento de evaluar las actuaciones administrativas,
corresponde determinar si las mismas se ajustan al ámbito
prescrito en su ley habilitadora o la Constitución. IFCO
Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 756 (2012).
Incluso, aun reglamentos creados dentro de los márgenes del
estatuto
orgánico
de
la
agencia
no
gozan
de
validez
automática, pues las reglas promulgadas por una agencia no
pueden ser caprichosas ni arbitrarias. López Leyro v. ELA,
173 DPR 15, 25 (2008).
Ahora,
en
el
cumplimiento
del
mandato
de
revisión
judicial, si bien los tribunales revisores están llamados a
conceder deferencia amplia a las determinaciones de las
agencias administrativas, tal norma no es absoluta. En otras
palabras, no puede imprimírsele un sello de corrección bajo
el
pretexto
de
interpretaciones
deferencia
a
aquellas
administrativas
que
determinaciones
son
o
irrazonables,
ilegales o contrarias a derecho. Super Asphalt Pavement,
Corp.
v.
Autoridad
para
el
Financiamiento
de
la
CC-2019-0668
9
Infraestructura de Puerto Rico, 2021 TSPR 45 (citando a
Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117,
126 (2019)).
Finalmente, al ejecutar nuestra función revisora, es
imperativo recordar que los tribunales deben ser “sensibles
a
la
realidad
de
los
distintos
componentes
de
nuestra
sociedad”, incluyendo los confinados. Álamo Romero v. Adm.
Corrección, 175 DPR 314, 322 (2009). Esto, pues, la propia
Ley
de
la
Judicatura
nos
impone
la
responsabilidad
de
propiciar a la ciudadanía el acceso inmediato y económico a
un sistema de justicia que es sensible a la realidad de los
distintos miembros de la sociedad. Exposición de Motivos de
la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico 2003 (2003 LPR 971); Fraya v. A.C.T., 162 DPR 182, 189
(2004). Consecuentemente, en nuestro ordenamiento prevalece
una política de apertura a los tribunales que fomenta la
atención
en
los
méritos
de
los
recursos
ante
nuestra
consideración. Por tal razón, este Tribunal ha sido enfático
“en
torno
a
la
necesidad
de
evitar
que
la
aplicación
automática e inflexible de los requisitos reglamentarios
prive
a
un
litigante
de
su
derecho
de
acceso
a
los
tribunales”. Álamo Romero v. Adm. Corrección, supra; Gran
Vista I v. Gutiérrez Santiago y otros, 170 DPR 174, 181
(2007).
B.
Como se sabe, en la Sección 19 de su Artículo VI, nuestra
Constitución consagra la política pública de “reglamentar las
CC-2019-0668
10
instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en
forma
efectiva
y
propender,
dentro
de
los
recursos
disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para
hacer posible su rehabilitación moral y social”. A la luz de
este mandato, se creó la Administración de Corrección,4 a la
cual le fueron conferidos aquellos poderes necesarios para
“maximizar la probabilidad de rehabilitación del delincuente,
y para viabilizar su pronta reintegración al núcleo familiar
y a la comunidad como ciudadano productivo y respetuoso de la
ley”. Posteriormente, se promulgó el Plan de Reorganización
del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, Plan
de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, 3 LPRA Ap.
XVIII, el cual retuvo el objetivo de entablar procesos de
rehabilitación moral y social a favor de los confinados para
fomentar su reincorporación a la sociedad.
En
lo
pertinente
a
esta
controversia,
el
Plan
de
Reorganización estableció entre las facultades, funciones y
deberes del Secretario el
adoptar, establecer, desarrollar, enmendar, derogar
e
implementar
reglas,
reglamentos,
órdenes,
manuales,
normas
y
procedimientos
para
el
funcionamiento efectivo del Departamento y de los
organismos bajo su jurisdicción, a los fines de
regir la seguridad, la disciplina interna y la
conducta de funcionarios, empleados y de la
clientela, así como los programas y servicios. 3
LPRA Ap. XVIII, Art. 7(aa).
4Ley
Orgánica de Administración de Corrección, Ley Núm.
116-1974, según enmendada, 4 LPRA sec. 1111 (derogada).
CC-2019-0668
11
Al amparo de tal delegación, Corrección creó y difundió
ciertos manuales y reglamentos mediante los cuales instauró
la disponibilidad de una biblioteca en sus instituciones
penales y reguló sus usos para beneficio de los confinados.
Por ejemplo, en la sección VI de la Primera Parte del Manual
de
orientación:
derechos
y
obligaciones
de
la
población
correccional, AC-DER-001 de 23 de abril de 1999, se reconoce
que “[l]os miembros de la población correccional tendrán
acceso a una biblioteca con material y referencia legal”. En
su Segunda Parte, sección I, inciso (G), se dispone que los
confinados tienen derecho “a usar los materiales de referencia
disponibles en la biblioteca legal para ayudarle a resolver
cualquier duda o problema legal”.
Por otra parte, el Manual de normas y procedimientos de
servicios bibliotecarios en instituciones correccionales del
Departamento de Corrección y Rehabilitación, Manual Núm. DCR2016-10 de 14 de diciembre de 2016 (Manual), indica que el
servicio bibliotecario a la población correccional “se ofrece
de conformidad con las necesidades de los miembros de la
población correccional y normas de seguridad”. En lo que
concierne a esta controversia, la sección VI, inciso 4, impone
el deber de que los recursos disponibles en la biblioteca
sean suficientes para asistir a los confinados en los procesos
legales relacionados a: cuestionar la validez de su convicción
o
confinamiento;
buscar
remedios
a
alegadas
condiciones
ilegales de su confinamiento; buscar remedio en relación a
CC-2019-0668
12
asuntos de naturaleza civil; y asegurar cualquier otro derecho
protegido constitucionalmente.
Finalmente,
el
Artículo
V
del
Reglamento
Acceso
a
Recursos Legales de 30 de abril de 2010, reitera la política
de Corrección de proveer a los confinados “acceso a los
tribunales y servicios legales que sean necesarios para la
protección de sus derechos constitucionales y legales”. A su
vez, en su Artículo VI, dispone que proveerá a los miembros
de la comunidad penal aquellos “recursos adecuados que les
faciliten la consecución de sus derechos y trámites de los
procesos legales”.
Tales
políticas
instituciones
confinados
penales
una
se
anclan
en
la
obligación
de
las
de
poner
a
la
disposición
de
los
y
sus
biblioteca
legal
recursos.
Esta
obligación surge del derecho que poseen los miembros de la
población corrección de acceso a las cortes.5
En su definición más simple, el derecho de acceso a las
cortes abarca todos los medios que un acusado o peticionario
pueda requerir para un juicio justo en los cargos traídos en
5En
Christopher v. Harbury, 536 US 403, 415 (2002), la
Corte Suprema de Estados Unidos reconoció que la fuente de
tal
derecho
es
imprecisa,
pues,
a
través
de
su
jurisprudencia, esta misma ha citado diversas cláusulas de
la Constitución de los Estados Unidos como la base del
derecho de acceso a las cortes, entre éstas: la cláusula de
privilegios e inmunidades, la primera enmienda, las
cláusulas de debido proceso de ley y la de igual protección
de las leyes.
CC-2019-0668
13
su contra o los agravios que éste puede tener.6 A nivel
federal, ya desde Ex parte Hull, 312 US 546 (1941), Johnson
v. Avery, 393 US 483 (1969) y Younger v. Gilmore, 404 US 15
(1971) (Per curiam), la Corte Suprema de los Estados Unidos
había reconocido consistentemente a favor de los confinados
el derecho a un acceso significativo a las cortes y, a su
vez, el deber del estado de no interferir con ello.7
Así lo reiteró en Bounds v. Smith, 430 US 817, 821
(1977), donde expresó que la jurisprudencia federal ya había
establecido más allá de toda duda que los confinados tienen
derecho
al
acceso
a
las
cortes.
Asimismo,
debido
a
la
importancia trascendental de tal derecho, afirmó que los
estados estaban obligados a “shoulder affirmative obligations
to assure all prisoners meaningful access to the courts”.
Íd., pág. 824. Entiéndase, reconoció que el alcance del
derecho de un confinado a las cortes impone al estado, no
sólo el deber de no interferir con tal ejercicio, sino también
la obligación de facilitarlo.8
6J.M.
Hill, An Overview of Prisoners' Rights: Part I,
Access to the Courts Under Section 1983, 14 St. Mary's L.J.
957, 961 (1983).
7J.A.
Schouten, Not So Meaningful Anymore: Why A Law
Library Is Required to Make A Prisoner's Access to the
Courts Meaningful, 45 Wm. & Mary L. Rev. 1195, 1199 (2004).
8C.E.
Smith, The Malleability of Constitutional
Doctrine and Its Ironic Impact on Prisoners' Rights, 11
B.U. Pub. Int. L.J. 73, 88 (2001). Ahora, es preciso
adelantar que las cortes estatales y federales han
interpretado consistentemente que el derecho de acceso a
la justicia incluye el derecho a los recursos necesarios
para preparar sus materiales legales. Sin embargo, “in
keeping with the holding in Bounds that access to the
CC-2019-0668
14
En consecuencia, la Máxima Corte federal resolvió que
“the fundamental constitutional right of access to the courts
requires
prison
authorities
to
assist
inmates
in
the
preparation and filing of meaningful legal papers by providing
prisoners with adequate law libraries or adequate assistance
from persons trained in the law”. Bounds v. Smith, supra,
pág. 828.
Posteriormente, en Lewis v. Casey, 518 US 343, 355
(1996), la Corte Suprema federal aclaró que las herramientas
que los estados deben suplir se limitan a aquellas que los
confinados necesiten para atacar con reclamos no frívolos sus
sentencias, directa o colateralmente, y para cuestionar las
condiciones de su confinamiento.9 Así, pautó que un confinado
courts only be “meaningful” and “adequate,” permitted
prison officials to put reasonable restrictions on this
right. Indigent prisoners have no right to unlimited
supplies of paper, nor do they have the right to unlimited
free postage or photocopying.” (Énfasis suplido). J.W.
Snyder, Jr., Inmate Access to Prison Computers for Legal
Work and the Right of Access to the Courts: Bryant v. Muth,
72 N.C. L. Rev. 1692, 1704–05 (1994).
9En
esencia, Lewis v. Casey, supra, aclara que Bounds
v. Smith, supra, no estableció un derecho afirmativo a una
biblioteca legal o asistencia de esta naturaleza, sino que
reconoció nuevamente el derecho de acceso a las cortes. Su
efecto neto fue que la Corte “recast the right merely as a
right to bring the grievance the prisoner wishes to
present.” M. Grandinetti, Ensuring Access to Justice for
Non-English-Speaking Criminal Defendants: Denial of Access
to Other-Language Legal Materials or Assistance As an
Extraordinary Circumstance for Equitable Tolling, 38 Seton
Hall L. Rev. 1479, 1489 (2008). Ahora, aunque bajo la
jurisprudencia de la Corte Suprema federal no existe un
derecho positivo de acceso a una biblioteca legal, los
confinados deben poseer la capacidad para presentar sus
reclamos ante las cortes, conforme el caso de Lewis v.
Casey, supra, sujeto al estándar de razonabilidad de Turner
v. Safley, infra. Íd., pág. 1491.
CC-2019-0668
15
que alega una violación a su derecho de acceso a las cortes
debe demostrar un perjuicio real,10 de modo que se pruebe que
las limitaciones en la biblioteca institucional o la ayuda
legal disponible entorpecieron o dificultaron sus esfuerzos
para perseguir un reclamo legal válido. Íd., pág. 351.
Ciertamente, el caso precitado tuvo el efecto de limitar
la
responsabilidad
afirmativa
de
proveer
una
biblioteca
adecuada y asistencia legal a los confinados a que sólo se
trate de un acceso significativo.11 Ahora, citando a Turner
10El
estándar de perjuicio claro se puede demostrar
cuando un reclamo que se pierde, es rechazado u obstruido.
The “actual injury” requirement, 3 Rights of Prisoners sec.
12:8 (5th ed.) (citando a Myers v. Hundley, 101 F.3d 542,
545 (8th Cir. 1996). Por consiguiente, el estándar de daño
puede alcanzarse si la obstrucción impidió que el confinado
litigara su reclamo. Así, aunque un confinado no pueda
probar que perdió su caso debido a las interferencias de
las instituciones penales, puede demostrar el claro
perjuicio si reclamo fue obstruido por ellas. Walters v.
Edgar, 163 F.3d 430, 434–35 (7th Cir. 1998).
Cónsono con ello, aunque Christopher v. Harbury,
supra, no trata específicamente sobre acceso a las cortes
dentro del contexto de la insuficiencia de una biblioteca
u otras deficiencias de una institución penal, la opinión
descansa principalmente en Lewis v. Casey, infra. Debido a
ello, comentaristas han planteado que tal caso establece
que “cases that were inadequately tried or settled, or
where a particular kind of relief could not be sought, as
a result of officials’ actions, could amount to denials of
court access, in addition to those that were dismissed or
never filed.” (Énfasis suplido). J. Boston, Overview of
Prisoners'
Rights,
145–146
(2014):
https://law.loyno.edu/sites/law.loyno.edu/files/Boston%20
PLRA%20Overview%20Nov%202013.pdf.
11Independientemente
de la limitación impuesta por Lewis
v. Casey, supra, es importante destacar que, aunque
in meeting the requirements defined in Lewis,
plaintiffs will be constrained to define exactly how
their access to court will be impeded if they are denied
CC-2019-0668
16
v. Safley, 482 US 78 (1987), Lewis v. Casey, supra, pág. 361,
afirmó que un reglamento institucional es válido si está
razonablemente
relacionado
a
intereses
penológicos
legítimos.12 Por consiguiente,
a regulation cannot be sustained where the logical
connection between the regulation and the asserted
goal is so remote as to render the policy arbitrary
or irrational. Moreover, the governmental objective
must be a legitimate and neutral one. […] A second
factor relevant in determining the reasonableness
of a prison restriction […] is whether there are
alternative means of exercising the right that
remain open to prison inmates. […] A third
consideration is the impact accommodation of the
asserted constitutional right will have on guards
and other inmates, and on the allocation of prison
resources generally. […] But if an inmate claimant
can point to an alternative that fully accommodates
the prisoner's rights at de minimis cost to valid
penological interests, a court may consider that as
evidence that the regulation does not satisfy the
law library services. While that task may be difficult,
it may not be impossible.
Nor should Lewis be taken as the “last word” on
how courts ought to analyze access-to-court issues.
Bounds v. Smith remains good law, and the mode of
analysis in Bounds is arguably as valid as that in
Lewis. In any case, it is evident that the future
viability of access-to-court cases, and specifically
those cases seeking systemic improvement of law library
services, will depend in large measure on whether courts
choose to adopt the reality-based approach of Bounds or
the more circumscribed approach of Lewis.
Certainly, the importance to prisoners of the right
of access to court has not been diminished. Indeed, now
more than ever, access to court continues to be “the
most fundamental right” that a prisoner holds.” (Énfasis
suplido). J. L. Gerken, Does Lewis v. Casey Spell the
End to Court-Ordered Improvement of Prison Law
Libraries?, 95 Law Libr. J. 491, 513 (2003).
12Según
Jones v. North Carolina Prisoners' Labor
Union, Inc., 433 US 119, 128 (1977), el estándar de
análisis
para
reglamentos
sobre
operaciones
institucionales debe ser razonable, pues uno estricto
“would seriously hamper their ability to anticipate
security problems and to adopt innovative solutions to the
intractable problems of prison administration”.
CC-2019-0668
17
reasonable relationship standard. Turner v. Safley,
supra, pág. 89–91.
En
consecuencia,
al
aplicarse
este
estándar
a
una
controversia sobre una violación al acceso a las cortes por
la vía de una reglamentación, debe interpretarse que
The operation of prison law library or legal
assistance programs is governed by the “reasonable
relationship” standard, which lets prison officials
adopt whatever practices or restrictions they
choose as long as they are reasonably related to
legitimate penological interests. That means that
even if restrictions do cause actual harm to
prisoners’ litigation, they don’t violate the right
of court access if they are reasonably related to
legitimate ends.13 (Énfasis suplido).
A la luz de esta realidad, los circuitos apelativos a
nivel federal han armonizado estos precedentes permitiendo
restricciones en el acceso del confinado a recursos legales
con
el
fin
de
acomodar
preocupaciones
administrativas
legítimas, tales como: la seguridad y el orden interno de la
institución penal; prevenir la introducción de contrabando;
prevenir
que
usuarios
bibliotecarios,
y
regulares
dominen
observar
las
los
servicios
restricciones
presupuestarias.14
Asimismo, y en lo pertinente a este caso, tanto cortes
de
circuito
como
estatales
han
determinado
que
las
instituciones penales no están obligadas a proveer a los
confinados acceso gratuito o ilimitado a una fotocopiadora,
13J.
Boston, op. cit., pág. 149.
14Substantive
Rights Retained by Prisoners, 38 Geo. L.J.
Ann. Rev. Crim. Proc. 967, 967–69 (2009).
CC-2019-0668
18
particularmente si existen otras alternativas adecuadas. Sin
embargo, sí es necesario que exista alguna medida de acceso
razonable a una fotocopiadora para proteger el derecho de
acceso a las cortes e, incluso, que es
irrazonable una
política institucional que no permita a los confinados sacar
fotocopias cuando éstos están dispuestos a pagar por ellas y
tienen los fondos para ello.15
Las determinaciones con respecto a reclamos de esta
índole
deben
obedecer
la
realidad
imperante
de
que
la
disponibilidad de recursos bibliotecarios y asistencia legal
en instituciones penales generalmente constituye el único
medio a través del cual los confinados pueden obtener acceso
a las cortes.16 Debido a los retos únicos que presenta el
confinamiento dentro del contexto del acceso a la justicia,
los confinados dependen del sistema institucional penal para
tener a su alcance los recursos legales necesarios. No puede
ser para menos, pues, a causa del aislamiento inherente a la
condición penal,
litigation is one of the few means by which
prisoners can bring public attention to serious
health and safety risks, including inadequate
health care, widespread violence, sexual assault,
and unsafe environmental conditions. Litigation is
1572
CJS Prisons sec. 113; Johnson v. Parke, 642 F.2d 377
(10th Cir. 1981); Robbins v. South, 595 F. Supp. 785 (D. Mont.
1984); Harrell v. Keohane, 621 F.2d 1059 (10th Cir. 1980);
Giles v. Tate, 907 F. Supp. 1135 (S.D. Ohio 1995); Hendricks
v. South Carolina Dept. of Corrections, 385 S.C. 625, 686
S.E.2d 191 (2009).
16J.
Feierman, "The Power of the Pen": Jailhouse
Lawyers, Literacy, and Civic Engagement, 41 Harv. C.R.-C.L.
L. Rev. 369, 370 (2006).
CC-2019-0668
19
also generally the only avenue available to a
prisoner seeking to overturn a wrongful sentence of
incarceration or even death.17
Por consiguiente, “[f]or a prisoner without the ability
to attain counsel […] anything less than a law library or an
alternative form of legal assistance (beyond making sure the
prisoner's complaints get out the door) meant that prisoners
were barred from having meaningful access to the courts”.18
En nuestra jurisdicción, la suficiencia de los servicios
bibliotecarios fue objeto del acuerdo alcanzado en Morales
Feliciano v. Fortuño Burset, Court Case No. 3:79-cv-00004
ante la Corte Federal del Distrito de Puerto Rico. En lo
pertinente, se acordó que, como parte del acceso a las cortes:
13. All members of the Plaintiff Class shall
be granted adequate, effective and meaningful
access to courts.
14. All DCR libraries will be open from Monday
to Friday, at least, for six hours a day, at hours
that meet the needs of the inmates at each
institution. The operating hours of the library
shall be posted outside the library and in all
inmate housing units.
15. All libraries shall provide inmates with
paper, pencils, pens and envelopes, as well as
provide access to typewriters and/or computers, and
all
other
materials
necessary
to
write
correspondence
and
draft
legal
documents.
Photocopies and postage stamps will be made
available for sale to all inmates, but will be
provided to indigent inmates at no cost to them.
En
fin,
el
ordenamiento
que
impera
exige
que
los
confinados tengan una oportunidad razonablemente adecuada de
17Íd.
18J.A.
Schouten, Not So Meaningful Anymore: Why A Law
Library Is Required to Make A Prisoner's Access to the
Courts Meaningful, 45 Wm. & Mary L. Rev. 1195, 1208 (2004).
CC-2019-0668
20
traer sus reclamos ante las cortes.19 Si bien el alcance de
este derecho constitucional es limitado, las instituciones
penales tienen la responsabilidad de facilitarlo y de no
interferir con el mismo.20
Expuesto el derecho aplicable, procedo a discutir cómo
éste fundamenta mi disenso.
III
En su petición ante este Tribunal, el señor Pérez López
objeta la desestimación de su recurso y sostiene que el
Tribunal de Apelaciones ignoró el impacto que el reglamento
impugnado tiene sobre sus derechos, particularmente en su
acceso a los tribunales y a los servicios bibliotecarios
dentro de la institución penal. Afirma que el superintendente
no debe tener discreción absoluta sobre la capacidad de los
confinados para fotocopiar sus documentos de índole legal.
Tiene razón.
Por su parte, Corrección no hace un esfuerzo concreto de
defender
el
reglamento
o
la
magnitud
de
la
discreción
concedida al superintendente. De hecho, sólo se limita a
cuestionar el derecho del señor Pérez López a objetar la
aplicación del reglamento, pues, según la agencia, éste no
demostró que se coartara su acceso a los tribunales. No
obstante, no sólo la mayoría de este Tribunal adoptó la
postura de Corrección y descartó el derecho del señor Pérez
19Boivin
20Íd.
v. Black, 225 F.3d 36, 42 (1st Cir. 2000).
CC-2019-0668
21
López para impugnar la validez de este reglamento, sino que
afirmó la visión restrictiva del Tribunal de Apelaciones con
respecto a su propia jurisdicción. Veamos.
Según se relató, el señor Pérez López acudió
a la
biblioteca para fotocopiar ciertos documentos, pero le fue
denegado el servicio bajo el argumento de que ello está
condicionado a la discreción del superintendente y al tipo de
documento que se interesa duplicar. En consecuencia, el señor
Pérez López solicitó la concesión de un remedio con respecto
a la disponibilidad del servicio de fotocopias.
Corrección
denegó
la
procedencia
de
un
remedio
y,
posteriormente, reafirmó su determinación durante la fase de
reconsideración. Es decir, el ente administrativo finalizó el
trámite de ambos reclamos al determinar que el superintendente
tiene discreción sobre la autorización de fotocopias. De esta
manera, concluyó que el señor Pérez López no tenía derecho a
remedio alguno, poniendo fin a la petición de éste. Ante ello,
el señor Pérez López prosiguió con solicitar la revisión
judicial de la determinación administrativa.
Conforme ya se discutió, la revisión judicial tiene como
catalizador el agotamiento de remedios administrativos y se
extiende a toda determinación administrativa que sea final.
Entiéndase, si el dictamen pone fin a la controversia ante la
agencia y la parte afectada utiliza sin éxito todos los
mecanismos provistos por el organismo para cuestionar tal
determinación,
se
activa
el
derecho
a
solicitar
que
un
CC-2019-0668
tribunal
22
apelativo
ejerza
su
facultad
revisora
sobre
la
decisión administrativa.
De entrada, no cabe duda de que nos encontramos ante una
determinación administrativa que es final. En primer lugar,
la decisión no dejó algún asunto pendiente de resolución ante
la agencia. En segundo lugar, el dictamen expresamente denegó
que el señor Pérez López tuviera derecho a remedio alguno.
Dicho de otro modo, el ente administrativo adjudicó que, por
disposición reglamentaria, no procedía conceder
al señor
Pérez López acceso a la fotocopiadora.
Asimismo, también es evidente que el señor Pérez López
cumplió
a
cabalidad
con
culminar
el
procedimiento
administrativo previo a solicitar la intervención de los
tribunales revisores. Según el
precitado Reglamento Núm.
8583, el trámite administrativo ante Corrección inicia cuando
el confinado presenta una solicitud de remedio administrativo
sobre
cualquier
asunto
relacionado
a
su
confinamiento,
incluyendo aquellos relacionados al uso de la biblioteca y
los materiales en ésta. De estar inconforme con la respuesta
de Corrección, el confinado debe solicitar la reconsideración
y, consecuentemente, el cauce administrativo culmina con la
determinación
de
Corrección
con
respecto
a
ésta.
En
consecuencia, de estar todavía en desacuerdo, el confinado
entonces tiene a su disposición el remedio de la revisión
judicial, el cual se manifiesta mediante un recurso presentado
ante el Tribunal de Apelaciones.
CC-2019-0668
23
Según se desprende del tracto procesal reseñado, el señor
Pérez López siguió el trámite reglamentario y, en efecto,
agotó los remedios disponibles a nivel administrativo, de
modo que superó los obstáculos que hubieran podido impedir la
revisión judicial. Por lo cual, la determinación de Corrección
con respecto a la solicitud del señor Pérez López es revisable
por la vía judicial.
No obstante, el Tribunal de Apelaciones descartó los
elementos
básicos
de
revisión
y
por
optó
una
determinación
engranarse
susceptible
en
un
a
la
ejercicio
de
autolimitación judicial excesivamente amplio. Anclando su
decisión
en
una
supuesta
ausencia
determinaciones
relacionadas
funcionario,
foro
el
a
apelativo
de
la
jurisdicción
discreción
intermedio
sobre
de
un
desestimó
el
recurso del señor Pérez López sin revisar la razonabilidad de
la respuesta de Corrección, conforme exige el ordenamiento
que rige.
Un dictamen que resulta en la denegación de un remedio
y rechaza, sin más, la existencia de una situación que afecta
el
confinamiento
naturaleza,
un
del
dictamen
peticionario
es,
adjudicativo,
por
pues
su
propia
resuelve
con
respecto a los derechos que le amparan al confinado y las
obligaciones que tiene Corrección en cuanto a éstos. Es decir,
la determinación es adjudicativa y, por ende, revisable, aun
cuando tal dictamen se fundamente meramente en que el asunto
recae dentro de la discreción de un funcionario. Son la
corrección de tal conclusión y la razonabilidad de la amplitud
CC-2019-0668
24
otorgada a la discreción del superintendente mediante el
reglamento lo que, precisamente, correspondía al Tribunal de
Apelaciones, y a este Tribunal, atender a nivel de revisión
judicial.
Recuérdese, la revisión judicial tiene el propósito de
garantizar, no sólo que las agencias administrativas actúen
dentro de los márgenes de aquellas facultades que le fueron
delegadas, sino también de asegurar que los ciudadanos tengan
un foro al cual acudir para vindicar sus derechos y obtener
un remedio frente a las actuaciones de las agencias. Al amparo
del
principio
de
apertura
responsabilidad
de
los
de
foros
los
tribunales,
revisores
es
la
salvaguardar
tal
derecho y atender los casos en los méritos con especial
atención y sensibilidad a las realidades de aquellas personas
que acuden a los tribunales en busca de auxilio.
Ahora, teniendo ante su consideración un claro ejercicio
de
autolimitación
Apelaciones,
así
extremo
basado
por
en
parte
una
del
lectura
Tribunal
errada
de
de
la
jurisprudencia aplicable que, a su vez, privó a una parte de
su derecho a que su reclamo fuera atendido en los méritos,
este Tribunal se rehusó a corregir tal situación. De hecho,
la Mayoría va más allá y concluye que el señor Pérez López no
sufrió
un
daño
que
justificara
su
cuestionamiento
del
reglamento. Se equivoca.
Conforme se indicó, a los confinados les ampara un
derecho
de
acceso
instituciones
a
penales
las
cortes,
el
deber
el
cual
de
impone
no
a
las
interferir
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irrazonablemente con los esfuerzos de los confinados para así
ejercerlo.
Asimismo,
bajo
Bounds
v.
Smith,
supra,
éstas
también tienen la obligación de tomar actos afirmativos para
así
propiciarlo,
ya
sea
a
través
de
una
biblioteca
atender
un
reclamo
o
asistencia legal.
Así,
al
momento
de
sobre
la
obstrucción de tal derecho, corresponde, en primer término,
atender el requerimiento de legitimación activa que designó
la Corte Suprema de los Estados Unidos en Lewis v. Casey,
supra. En síntesis, éste requiere que se demuestre que: (a)
el confinado sufrió o sufre un perjuicio al ser frustrado u
obstruido de, (b) presentar un reclamo que no es frívolo y,
(c) sobre su convicción o las condiciones de su confinamiento.
En
el
caso
específico
del
señor
Pérez
López,
éste
solicitó los servicios bibliotecarios para fotocopiar unas
cartas legales que dirigió a ciertos funcionarios públicos.
Corrección denegó el servicio de fotocopias bajo el argumento
de que los reglamentos pertinentes sólo permiten el duplicado
de mociones legales cuando se justifique su necesidad, el
confinado tenga fondos para pagarlas y, particularmente, que
la solicitud sea autorizada por el superintendente de la
institución.
En primer lugar, un estudio de los documentos cuya copia
solicitó el señor Pérez revela que los mismos tienen el
propósito de discutir varios aspectos de su confinamiento y
solicitar la ayuda de funcionarios de las Ramas Ejecutivas y
Legislativas para con ello. Entre otros asuntos, el señor
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Pérez López mencionó en las cartas legales: la irregularidad
de los permisos para visitas de sus familiares; la falta de
orientación
sobre
asuntos
relacionados
a
su
plan
institucional y la poca disponibilidad de programas para su
rehabilitación; las razones por las que permanece en custodia
máxima; quejas contra actuaciones de oficiales correccionales
y
otros
funcionarios
incumplimiento
con
dentro
las
de
la
disposiciones
institución;
relacionadas
a
el
la
recreación de los confinados; falta de disponibilidad de
recursos y enseres; deficiencias en el trámite de quejas; y
agravios con el sistema de bonificación en condenas de 99
años o más.21 Es decir, bajo el propio estándar de Lewis v.
Casey, supra, se trata de documentos dirigidos a obtener
remedios
con
directamente
respecto
a
relacionados
asuntos
a
válidos,
dimensiones
no
frívolos,
medulares
de
su
confinamiento.
En segundo lugar, el señor Pérez López explicó que su
interés en las copias se debe a que está conformando un récord
personal sobre las solicitudes que ha presentado en diversas
ramas de gobierno sobre las condiciones de su confinamiento,
orientadas a mejorar su calidad de vida y prospectos de
rehabilitación. Ello, de modo que pueda tener evidencia del
agotamiento de remedios para presentarlas, eventualmente,
ante un tribunal.22 Como cuestión de hecho, en todas sus
21Véase,
Apéndice del recurso.
22Véase,
nota al calce 1 de esta ponencia.
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comparecencias a través de este procedimiento, el señor Pérez
López ha sido contundente en su intención de llevar su reclamo
hasta los tribunales de resultar infructuoso el agotamiento
de todos los otros remedios a su alcance. Es decir, ello es
parte de sus esfuerzos para lograr su acceso a la corte. Nos
encontramos ante cartas de naturaleza legal que pueden ser
válidamente utilizadas como anejos o prueba documental para
un
reclamo
formalismo
ante
los
tribunales.
extremista
pautado
Lamentablemente,
coarta
ese
el
ejercicio
consustancial a importantes garantías constitucionales.
Por consiguiente, al negar sus copias, la actuación de
Corrección, en efecto, obstruyó la capacidad del señor Pérez
López
para
entablar
su
reclamo.
Ello,
pues
interfirió
directamente con el ejercicio de compilación de evidencia
documental
presentada
en
diversos
foros,
el
cual,
como
vislumbra el peticionario, culminará con toda probabilidad
ante los tribunales. No se trata, pues, de un cuestionamiento
hipotético como indica la Mayoría, toda vez que el señor Pérez
López está activamente preparando su caso y su esfuerzo fue
obstruido por una disposición reglamentaria con respecto al
uso del recurso bibliotecario que requiere para ello.
Entiéndase, a mi juicio, quedó establecida la presencia
de los requisitos para atender un recurso de esta índole bajo
el análisis realista establecido en Bounds v. Smith, supra.
En consecuencia, este Tribunal estaba en posición de analizar
la razonabilidad del reglamento impugnado, en específico, el
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inciso 6 del Artículo VI del Manual y el inciso 6 del Artículo
XI del Reglamento, el cual dispone que:
A discreción del superintendente, se les proveerán
fotocopias de mociones preparadas por el miembro de
la población correccional que tengan los fondos y
justifiquen la necesidad de utilizar las mismas. El
costo de las copias se establecerá mediante
reglamentación a esos efectos, pero nunca será
menos de $0.10 por copia, que será deducido de la
cuenta del miembro de la población correccional,
conforme los procedimientos establecidos.
En caso de miembros de la población correccional
indigentes, éstos solicitarán las copias de
mociones al personal a cargo de la biblioteca, libre
de costos, y en la solicitud indicará el propósito
de esta petición. Esto será con previa autorización
del superintendente o en quien él delegue.
Según
la
disposición
reglamentaria
aplicable,
un
confinado puede fotocopiar mociones legales si justifica la
necesidad del duplicado y tiene fondos para sufragar los
gastos de las mismas. Ello, sin embargo, también está bajo la
discreción del superintendente.
De nuevo, los reglamentos administrativos relacionados
al derecho de acceso a las cortes están sujetos a un análisis
de razonabilidad. Las instituciones penales pueden imponer
restricciones a la disponibilidad de recursos bibliotecarios,
siempre y cuando éstas respondan a intereses penológicos
legítimos, como lo son la seguridad y las restricciones
presupuestarias.
En este caso, del Reglamento o el Manual no surge el
propósito de la restricción al uso de la fotocopiadora, de
modo que se justifique la discreción absoluta que le confiere
al superintendente para autorizar o no el duplicado de un
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documento legal. Como cuestión de hecho, Corrección tampoco
articuló el raciocinio detrás de tal delegación de control
sobre la capacidad de los confinados de hacer uso de la
fotocopiadora,
en
particular
cuando
cumplen
con
los
requisitos de justificar la necesidad y cuentan con los fondos
para cubrir los gatos de las copias.
En consecuencia, la regla no permite identificar si la
discreción del superintendente protege la seguridad y el orden
de la institución o vela por restricciones presupuestarias.
Es decir,
contrario a lo que
resuelve la Mayoría, este
Tribunal nunca tuvo ante sí interés penológico legítimo y
manifiesto que se viera servido por el veto absoluto del cual
goza el superintendente sobre las copias que pueden obtener
los confinados.
Como agravante, un análisis de la disposición impugnada
tampoco revela el ejercicio de razonabilidad detrás de tal
poder ni aclara los criterios
para la impartición o la
denegación del uso de la fotocopiadora. El resultado de tal
delegación
de
autoridad
absoluta
propicia
el
ejercicio
arbitrario, caprichoso e irregular de la facultad, incidiendo
irrazonablemente sobre el derecho del confinado a no ver
obstruidos sus esfuerzos a expresarse libremente sobre su
confinamiento,
mantener
sus
récords
legales
y
buscar
la
reparación de sus agravios. Esto, pues, el ente contra el
cual
se
expresa
tiene
control
sobre
su
capacidad
para
canalizar su reclamo, máxime, cuando no existe una alternativa
CC-2019-0668
viable
para
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obtener
el
duplicado
de
los
documentos
que
requieren.
En este caso, se desprende diáfanamente del expediente
que las cartas cuya reproducción solicita el señor Pérez
López, no sólo son cruciales para la consecución de sus
reclamos, sino que las mismas tampoco representan una amenaza
para la seguridad de la institución penal u otros confinados
y sus derechos. Es decir, en presencia de la necesidad así
justificada y la disponibilidad de fondos, y en ausencia de
amenaza
a
concluir
la
seguridad
que
no
superintendente
o
recursos,
surge
ostente
la
la
este
Tribunal
razonabilidad
facultad
de
de
debió
que
el
desautorizar
la
reproducción de un documento legal. Al decidir lo contrario,
este
Tribunal
contribuyó
a
una
concesión
prácticamente
irrestricta de deferencia a la discreción del superintendente
en este aspecto, sin explicación alguna de su razonabilidad
por parte de Corrección, y a una visión mucho más restringida
de qué constituye una búsqueda de auxilio legal por parte de
un confinado.
Valga
aclarar
que
mi
postura
no
descansa
en
que
Corrección no puede restringir el uso de la fotocopiadora o
que los miembros de la población correccional tienen derecho
a
un
uso
irrestricto
de
tal
servicio.
Según
se
indicó
previamente, el deber de facilitar el acceso a las cortes
para los confinados mediante la disponibilidad de recursos
bibliotecarios puede ser restringido. Sin embargo,
tales
medidas restrictivas deben ser razonables y tienen que estar
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fundamentadas
en
intereses
legítimos
que
necesitan
ser
protegidos.
Aquí prevalece una ausencia marcada de una relación
razonable
entre
superintendente
la
delegación
sobre
la
absoluta
capacidad
de
de
discreción
al
los
confinados
de
fotocopiar documentos y algún interés legítimo de Corrección.
Por consiguiente, este Tribunal tenía que resolver que la
disposición
reglamentaria
constitucional
racional
obstante,
consideración
tal
que
no
sobrevive
exige
está
el
el
análisis
ordenamiento.
ausente
en
el
No
dictamen
mayoritario.
El derecho de acceso a las cortes es el más fundamental
de los derechos que posee un confinado, pues, sin éste, todos
sus otros derechos son ilusorios al depender enteramente del
capricho
o
antojo
del
superintendente
de
la
institución
penal.23 Ello fue ignorado por la mayoría de este Tribunal.
La disposición reglamentaria bajo protesta que hoy valida
este Tribunal, precisamente, da al traste el derecho de acceso
a las cortes y hace ilusoria la capacidad de un confinado
para fotocopiar documentos legales. Ello, pues, independiente
del cumplimiento con todos los criterios de necesidad y
disponibilidad
de
fondos,
deja
al
capricho
del
superintendente el uso de una herramienta indispensable para
el trámite de recursos legales por parte de los confinados.
23J.L.
Gerken, Does Lewis v. Casey Spell the End to
Court-Ordered Improvement of Prison Law Libraries?, 95 Law
Libr. J. 491, 492 (2003).
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Procedía que, demostrado el daño del señor Pérez López
al
amparo
de
una
disposición
reglamentaria
despojada
diáfanamente de razonabilidad, este Tribunal concluyera que
el inciso reglamentario impugnado incide irrazonablemente
sobre el derecho de todo miembro de la comunidad correccional
al libre acceso a tramitar sus asuntos legales. Sin embargo,
la Mayoría optó por encaminar la intervención de este Tribunal
en una dirección opuesta, desechando al vacío el reclamo
válido de una persona privada de su libertad que ve sus
esfuerzos
para
obtener
justicia
sofocados
por
la
propia
agencia que tiene el deber de ayudarle a tocar las puertas de
los tribunales. Por tal razón, me veo forzado a disentir.
IV
Por
los
fundamentos
antes
expresados,
disiento.
En
consecuencia, hubiera revocado el dictamen del Tribunal de
Apelaciones, en primer término, porque el tribunal recurrido
tenía jurisdicción para atender el caso en los méritos. En
segundo término, hubiera invalidado el inciso 6 del Artículo
VI del Manual y el inciso 6 del Artículo XI del Reglamento
por carecer de fundamento racional basado en un interés
legítimo de Corrección.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado