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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: José R. Meléndez Mulero

2022 TSPR 3

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: José R. Meléndez Mulero

CP-2016-20 (TS-7,023)

Conducta Profesional – Suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía por el término de un año por infringir los Cánones 9, 12, 18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2022 TSPR 03

José R. Meléndez Mulero

(TS-7,023)

Número del Caso:

Fecha:

208 DPR

CP-2016-0020

13 de enero de 2022

Oficina del Procurador General:

Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcdo. Joseph G. Feldstein del Valle

Subprocurador General

Lcda. Lorena Cortes Rivera

Subprocuradora General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Abogados del Querellado:

Lcdo. Gerardo E. Tirador Menéndez

Lcda. Daisy Calcaño López

Comisionado Especial:

Hon. Carlos Rodríguez Muñiz

Materia: Conducta Profesional - Suspensión inmediata del ejercicio

de la abogacía por el término de un año por infringir los Cánones

9, 12, 18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional. La suspensión

será efectiva 18 de enero 2022, fecha en que se le notificó al

abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

José R. Meléndez Mulero

(TS-7,023)

CP-2016-0020

Conducta

Profesional

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2022.

En esta ocasión, nos corresponde ejercer nuestro

poder disciplinario para evaluar la conducta del Lcdo.

José

Rafael

Meléndez

Mulero.

Concluimos

que

este

infringió los Cánones 9, 12, 18, 19 y 38 del Código de

Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Por eso, ordenamos

su suspensión del ejercicio de la abogacía por un año.

I

El licenciado Meléndez Mulero fue admitido al

ejercicio de la abogacía el 20 de noviembre de 1980 y

a la notaría el 22 de enero de 1981. En In re Meléndez

Mulero, 124 DPR 815 (1989), suspendimos a este del

ejercicio de la notaría por dos años y lo amonestamos

CP-2016-0020

2

severamente como abogado. Nuestra determinación se basó en su

incumplimiento con rendir ciertos informes notariales y por

su inobservancia a nuestras órdenes. Específicamente, el

licenciado Meléndez Mulero incumplió con los requerimientos

del

Director

de

Inspección

resoluciones

en

las

que

de

le

Notarías

ordenamos

y

con

varias

comparecer

ante

nosotros. En aquel momento le apercibimos que de incurrir en

el

futuro

en

conducta

análoga

estaría

sujeto

a

medidas

disciplinarias más severas.

En cuanto al tracto procesal de este recurso, el 2 de

abril

de

2008,

el

licenciado

Meléndez

Mulero,

en

representación de la Sra. Ileana Rodríguez Vallejo, presentó

una demanda por despido injustificado ante el Tribunal de

Primera Instancia, Caso Núm. KPE-2008-01186. El 27 de junio

de 2008, a solicitud de dos codemandados, el caso pasó al

Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de

Puerto Rico (tribunal federal). Entonces, en vista de que la

representación legal de los codemandados presentó una Moción

de paralización de los procedimientos, el Tribunal de Primera

Instancia dictó Sentencia el 3 de julio de 2008. En esta

decretó la paralización de los procedimientos y se reservó

jurisdicción para reabrir el caso a solicitud de alguna parte.

Luego de varios trámites interlocutorios en el tribunal

federal, el licenciado Meléndez Mulero compareció allí por

primera vez el 12 de enero de 2009. Solicitó que se le

relevara de representar legalmente a la señora Rodríguez

Vallejo. En esa misma fecha, ese foro denegó la solicitud e

CP-2016-0020

indicó

que

demandante,

3

no

permitiría

el

relevo

hasta

la señora Rodríguez Vallejo,

que

la

parte

obtuviera nueva

representación legal. Además, el tribunal expresó que la

señora Rodríguez Vallejo debía informar que obtuvo una nueva

representación en o antes del 2 de marzo de 2009.

Posteriormente

el

tribunal

reiteró

que

la

señora

Rodríguez Vallejo debía designar una nueva representación y

notificarlo en o antes del 20 de febrero de 2009. Sin embargo,

el 12 de febrero de 2009, el tribunal federal, mediante

Opinion and Order, concedió una solicitud de desestimación de

la parte demandada. Cabe destacar que esta solicitud no tuvo

oposición

de

la

señora

Rodríguez

Vallejo

ni

de

su

representación legal. Así, el tribunal federal desestimó la

causa de acción sin perjuicio.

El 14 de junio de 2010, la señora Rodríguez Vallejo

presentó la queja AB-2010-0139, contra el licenciado Meléndez

Mulero. Alegó que mantuvo comunicación con el letrado hasta

marzo de 2009,

cuando este le informó que solicitó una

extensión en el caso porque debía radicarlo en el tribunal

federal. Señaló que luego de esa fecha, en comunicaciones

esporádicas, el licenciado Meléndez Mulero le indicó que todo

estaba bien en el caso y que luego se verían en su oficina.

Sostuvo que en febrero de 2010, el letrado dejó de contestar

sus llamadas y que, al visitar la oficina de este, le decían

que no se encontraba. Esto fue así hasta que se comunicó con

la oficina el 14 de junio de 2010 y le informaron que el

licenciado Meléndez Mulero ya no trabajaba allí.

CP-2016-0020

4

El 30 de agosto de 2010, el licenciado Meléndez Mulero,

en reacción a la queja, expresó que la situación se debió a

un malentendido pues instruyó a su asistente que le enviara

correspondencia a la señora Rodríguez Vallejo. Alegó que no

pudo

hacer

gestiones

para

contactar

a

su

clienta

personalmente porque tuvo un accidente que lo mantuvo bajo

sedantes hasta marzo de 2009. Además, señaló que la señora

Rodríguez

Vallejo

se

sometió

a

varias

intervenciones

quirúrgicas lo que provocó que perdieran contacto. El letrado

arguyó que la causa de acción de la señora Rodríguez Vallejo

continuaba vigente y que hizo las gestiones necesarias para

el proceso sin que ella tuviese que satisfacer suma alguna.

Respecto a esto, la entonces Procuradora General, por

conducto

de

la

Procuradora

General

Auxiliar,

Minnie

H.

Rodríguez López, le requirió al licenciado Meléndez Mulero el

24 y 28 de marzo de 2014 que explicara en detalle lo expresado

y que sometiera prueba al respecto para poder evaluar las

alegaciones de la queja. No obstante, el licenciado Meléndez

Mulero

no

sometió

escrito

alguno.

Por

eso,

la

entonces

Procuradora General nos informó la falta de colaboración y

desatención del letrado. Posteriormente, esta presentó su

informe, en el que destacó que la señora Rodríguez Vallejo

informó que lo aseverado por el licenciado Meléndez Mulero,

en la reacción a la queja, no era correcto. Por ejemplo, la

señora Rodríguez Vallejo expresó que no se sometió a los

procedimientos quirúrgicos que el licenciado Meléndez Mulero

señaló. El informe también tomó en consideración que la señora

CP-2016-0020

5

Rodríguez Vallejo alegó que el licenciado Meléndez Mulero la

llamó para reclamarle y solicitarle que se retractara ante el

Tribunal Supremo.

Evaluado el informe que presentó la Procuradora General,

emitimos una Resolución en la que ordenamos a la Oficina del

Procurador General iniciar un proceso disciplinario. Ante

esto, la Procuradora General presentó una querella contra el

licenciado

Meléndez

Mulero.

En

esta,

se

imputó

que

el

licenciado Meléndez Mulero infringió los Cánones 9, 12, 18,

19 y 38. Los señalamientos de violaciones a los Cánones 9 y

12, se basaron en que el licenciado Meléndez Mulero desatendió

los

requerimientos

de

información

de

la

Oficina

del

Procurador General, lo que conllevó una dilación innecesaria

en

el

trámite

de

la

queja.

A

su

vez,

se

atribuyeron

infracciones a los Cánones 18 y 19 porque el letrado no

ejerció la diligencia necesaria en la protección de los

intereses

de

su

clienta

y

no

le

mantuvo

informada

adecuadamente de lo que sucedía en el caso. Por último, se

sostuvo que los hechos y la conducta desplegada por el letrado

dentro del trámite de la queja demostraban que se infringió

el Canon 38.

El 14 de febrero de 2017, el licenciado Meléndez Mulero

contestó

la

querella.

Sin

especificar

fecha,

alegó

que

comunicó a la señora Rodríguez Vallejo el traslado del caso

y que no practicaba ante el tribunal federal. Mencionó que

luego de la denegatoria del foro federal a su renuncia,

realizó gestiones con otros abogados para que representaran

CP-2016-0020

6

a la señora Rodríguez Vallejo, pero resultaron infructuosas.

También aludió que mientras la causa de acción era “viable”,

“en algún momento” luego de recibir la sentencia, informó a

la señora Rodríguez Vallejo que el tribunal federal desestimó

la causa de acción sin perjuicio.

Específicamente, el licenciado Meléndez Mulero alegó que

el 6 de septiembre de 2010 acompañó a la señora Rodríguez

Vallejo a la oficina del Lcdo. Carlos E. Géigel Bunker, y con

su anuencia le entregó el expediente del caso a este último,

con $600 para sellos y gastos. Expresó que su relación

abogado-cliente con la señora Rodríguez Vallejo culminó, a

más tardar, ese día. Por eso, a su entender, no incumplió los

Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra.

Además, arguyó que no infringió los Cánones 9 y 12 ya que no

recibió

los

requerimientos

de

la

Oficina

del

Procurador

General. Por último, enfatizó que incluyó una declaración

jurada

del

licenciado

Géigel

Bunker

que

derrotaba

la

imputación de infracción del Canon 38.

En ese contexto, designamos al Hon. Carlos Rodríguez

Muñiz, exjuez del Tribunal de Apelaciones, como Comisionado

Especial. Tras varios incidentes procesales, la vista en su

fondo se celebró el 11 de septiembre de 2018. El Comisionado

Especial sometió

un informe, en el que

concluyó que el

licenciado Meléndez Mulero violentó los Cánones 9, 12, 18, 19

y 38 del Código de Ética Profesional, supra. En resumen,

sostuvo que el licenciado Meléndez Mulero desatendió los

requerimientos de la Oficina del Procurador General, no fue

CP-2016-0020

7

competente ni diligente en la tramitación del caso, y no

mantuvo informada a su clienta. Luego de sopesar la conducta

desplegada,

así

como

las

circunstancias

atenuantes,

el

Comisionado

Especial,

agravantes

recomendó

y

que

suspendiéramos al licenciado Meléndez Mulero de la práctica

de la abogacía por un año.

Las partes no se expresaron respecto al informe. Ante

ese hecho, con el informe, el caso quedó sometido para que

emitamos la decisión final.

II

A.

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra,

codifica el mandato ético de que todo abogado tiene la

obligación de atender y obedecer las órdenes del Tribunal y

las de cualquier otro foro al que se encuentre obligado a

comparecer. In re Valentín Figueroa, 2021 TSPR 139, __ DPR __

(2021).

Esta

obligación

va

de

la

mano

con

que

el

comportamiento del abogado debe caracterizarse por el mayor

respeto hacia el Tribunal. In re Martell Jovet, 2021 TSPR

117, 207 DPR __ (2021); In re Acevedo Rivera, 2021 TSPR 67,

207 DPR __ (2021). Especialmente cuando se trata de procesos

disciplinarios, los integrantes de la profesión legal tienen

el deber de responder diligente y oportunamente a nuestros

requerimientos y órdenes. In re Martell Jovet, supra; In re

Lajara Radinson, 2021 TSPR 111, 207 DPR __ (2021); In re Colón

Rivera, 2021 TSPR 19, 206 DPR __ (2021).

Esa

responsabilidad

ineludible

se

extiende

a

los

requerimientos de otras entidades públicas que intervienen en

CP-2016-0020

8

el proceso disciplinario, como lo es la Oficina del Procurador

General. In re Malavé Haddock, 2021 TSPR 89, 207 DPR __

(2021); In re Martínez Jiménez, 2021 TSPR 61, 206 DPR __

(2021). “A tales efectos, el profesional legal que asuma una

actitud de dejadez y menosprecio a las órdenes tanto de este

Tribunal como a las del Procurador General infringe el Canon

9 de Ética Profesional”. (Citas omitidas). In re Carmona

Rodríguez, 2021 TSPR 50, 206 DPR __ (2021). Esta falta ética

es independiente de los méritos que pueda tener la queja

presentada contra el abogado. In re Malavé Haddock, supra.

“[D]esatender los requerimientos realizados en el curso

de

un

procedimiento

disciplinario

denota

indisciplina,

desobediencia, displicencia, falta de respeto y contumacia

hacia las autoridades, y revela una gran fisura del buen

carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal”.

(Citas omitidas). In re Jiménez Meléndez, 198 DPR 453, 457

(2017). Además, una afrenta de este tipo constituye una

infracción del Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra,

y es suficiente para decretar la separación inmediata e

indefinida de la profesión. In re López Pérez, 201 DPR 123,

126 (2018).

B.

Igualmente,

los

letrados

que

no

comparecen

para

responder una queja en su contra incurren en conducta impropia

contraria al Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra.

Este Canon impone a los abogados el deber de tramitar las

causas

encomendadas

de

manera

responsable,

puntual

y

diligente, así como de cumplir estrictamente con nuestras

CP-2016-0020

9

órdenes. In re Bermúdez Tejero, 206 DPR 86 (2021); In re

Rádinson Pérez et al., 204 DPR 522 (2020). Como parte de este

cometido ético, los miembros de la profesión legal deben

realizar todas las diligencias necesarias para asegurarse de

no entorpecer la tramitación y resolución de los casos de sus

clientes. In re Lugo Quiñones, 206 DPR 1 (2021); In re Cardona

Álvarez, 204 DPR 409, 420 (2020); In re Villalba Ojeda, 203

DPR 572, 578 (2019). Así, las actuaciones y omisiones que

pongan en riesgo la causa de acción de los clientes configuran

una infracción patente del Canon 12. In re López Santiago,

203 DPR 1015, 1026-1027 (2020); In re Carrasquillo Bermúdez,

203 DPR 847, 858 (2020).

C. El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, está

relacionado estrechamente con lo anterior. Establece que es

impropio que un abogado asuma “una representación profesional

cuando está [sic] consciente de que no puede rendir una labor

idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin

que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente

o a la administración de la justicia”. La obligación de

desempeñarse en forma capaz y diligente implica que los

togados, al aceptar la representación legal de una persona,

realizarán las gestiones encargadas en momento oportuno,

adecuadamente y sin dilaciones. In re Rádinson Pérez et al.,

supra; In re Peña Ríos, 202 DPR 5, 23 (2019).

Hemos reiterado que toda actuación negligente por parte

de un letrado, que pueda conllevar, o que conlleve el archivo

o desestimación de una causa de acción, configura una afrenta

CP-2016-0020

al

Canon

10

18.

In

re

Lugo

Quiñones,

supra;

In

re

Torres

Rodríguez, 201 DPR 1057, 1068 (2019); In re García Incera,

201 DPR 1043, 1049 (2019). “A esos efectos, un abogado no

debe asumir la representación legal de un cliente cuando es

consciente

de

que

no

podrá

rendir

sus

labores

con

la

competencia y diligencia que los estándares más altos de

profesionalismo requieren”. In re Cardona Álvarez, supra,

pág. 422.

Desatender o abandonar el caso, y permitir que expire el

término prescriptivo o jurisdiccional de una causa de acción,

así como permitir que la acción se desestime sin realizar

esfuerzos para evitarlo, son conductas que constituyen, de su

faz,

violaciones

del

deber

de

diligencia.

In

re

López

Santiago, supra, pág. 1027; In re Montalvo Delgado, 196 DPR

542, 552 (2016). Además, aceptar la representación legal de

un cliente y luego no realizar las gestiones profesionales

adecuadas, como lo es mantener al cliente informado del

desarrollo

del

caso,

incumple

irremediablemente

los

postulados básicos del Canon 18. In re Rivera Contreras, 202

DPR 73, 87 (2019); In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 637

(2016); In re Cotto Luna, 187 DPR 584, 589 (2012).

D. Como parte de sus postulados, el Canon 19 del Código de

Ética

Profesional,

mantener

a

su

supra,

cliente

compele

siempre

que

“el

informado

abogado

de

todo

debe

asunto

importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido

encomendado”. Este Canon contiene la norma de que las personas

que

ejerzan

la

profesión

legal

deben

sostener

una

CP-2016-0020

11

comunicación eficiente con sus clientes. In re Mondríguez

Rivera, 205 DPR 824, 831 (2020); In re González Rodríguez,

201 DPR 174, 210 (2018). Asimismo, los abogados deben informar

debidamente

al

cliente

todo

asunto

importante

en

la

tramitación del caso. In re Carrasquillo Bermúdez, supra,

pág. 849; In re Rivera Rodríguez, 202 DPR 1026, 1048 (2019).

Hemos afirmado que este postulado ético impone al abogado

el

deber

cliente.

unidireccional

de

In

Álvarez,

re

Cardona

comunicación

supra,

continua

pág.

con

426.

su

Como

consecuencia, se infringe el Canon 19 cuando el abogado: no

informa al cliente el estatus procesal del caso; se torna

inaccesible;

no

atiende

los

reclamos

de

información

del

cliente, o simplemente le niega información de su caso. In re

Carrasquillo Bermúdez, supra, pág. 862; In re Otero Calero,

200 DPR 561, 574 (2018). Además, la falta de diligencia del

abogado, que ocasione la pérdida de una causa de acción para

el cliente, conforma una transgresión impermisible de este

Canon. In re Villalba Ojeda, supra, pág. 580.

E. Por su parte, el Canon 38 del Código de Ética Profesional,

supra, enfatiza que en el ejercicio de la abogacía debe

prevalecer la dignidad y el honor. In re Stacholy Ramos, 2021

TSPR 102, 207 DPR __ (2021). Al mismo tiempo, instituye el

cometido de evitar hasta la apariencia razonable de conducta

profesional impropia. In re Villalona Viera, 2021 TSPR 27,

206 DPR __ (2021). En vista de que los abogados reflejan la

imagen de la profesión, estos deben conducirse con el más

escrupuloso sentido de responsabilidad que fija su función

CP-2016-0020

12

social. In re Pellot Córdova y otro, 204 DPR 814, 832 (2020);

In re Rodríguez Lugo, 201 DPR 729, 738 (2019).

“Aun cuando un abogado es disciplinado por violar otros

cánones, también puede ser sancionado por infringir el deber

de esforzarse, al máximo de su capacidad, en exaltar el honor

y la dignidad de la profesión, según dispuesto en el Canon

38”. (Citas omitidas). In re Colón Ortiz, 204 DPR 452, 460

(2020). Véase, además: In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966,

975-976

(2015).

Nótese

que,

en

nuestro

ordenamiento

deontológico de la profesión legal, una contravención de otro

Canon, por sí sola, no representa una violación del Canon 38

del Código de Ética Profesional, supra. In re Pietri Torres,

201 DPR 583, 599 (2018); In re Rodríguez López, 196 DPR 199,

208-209 (2016).

Pero

una

misma

conducta

puede

representar

el

incumplimiento con varios principios éticos. A manera de

ejemplo,

desatender

órdenes

del

tribunal,

con

el

efecto

directo de que se desestime la causa de acción del cliente,

atenta contra los principios que busca proteger el Canon 38

del Código de Ética Profesional, supra. In re Stacholy Ramos,

supra. Este Canon permite sancionar la conducta éticamente

reprochable, aunque esta pudiera subsumirse en otros Cánones.

In re Feliciano Rodríguez, 298 DPR 369, 386 (2017); In re

Fingerhut Mandry, 196 DPR 327, 333 (2016); In re Pagán Torres,

194 DPR 925, 930 (2016).

“Ciertamente,

el

carácter

imperativo

de

los

deberes

enmarcados en el Canon 38 no pueden pasar desapercibidos como

CP-2016-0020

13

si fueran un concepto etéreo. Por el contrario, el abogado y

la abogada deben esforzarse en trabajar al máximo de su

capacidad

para

que

ese

concepto

de

Justicia

no

quede

manchado”. (Citas omitidas). In re Hoffmann Mouriño, 194 DPR

179, 192 (2015).

III

Como norma general, las determinaciones del Comisionado

Especial que designamos para atender una querella instada

contra un abogado merecen deferencia. In re Colón Ortiz,

supra, pág. 461. De ordinario sostenemos las conclusiones de

derecho del Comisionado Especial a menos que se demuestre

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Soto Aguilú,

202

DPR

137,

146

(2019).

Sin

embargo,

podemos

adoptar,

modificar o rechazar el informe del Comisionado Especial. In

re Rivera Rodríguez, supra, pág. 1054.

Analizada

informe

del

la

normativa

Comisionado

aplicable

Especial,

y

conforme

surgen

con

el

fundamentos

suficientes para concluir que las actuaciones del licenciado

Meléndez Mulero son contrarias a los Cánones 9, 12, 18, 19 y

38 del Código de Ética Profesional, supra. Respecto a los

Cánones 9 y 12, el licenciado Meléndez Mulero no contestó los

requerimientos de información que le cursó la Oficina del

Procurador General. Esto retrasó el trámite investigativo de

la

queja

y

revela

un

alto

grado

de

indiferencia

a

las

obligaciones mínimas que acarrea la profesión togada.

Asimismo, no hay duda de que el letrado no ejerció la

diligencia necesaria para la protección de los intereses de

CP-2016-0020

su

14

clienta.

Tal

proceder

incide

sobre

los

postulados

consignados en el Canon 18 del Código de Ética Profesional,

supra. La desatención del licenciado Meléndez Mulero quedó

evidenciada por el “docket” del caso ante el tribunal federal

y por su omisión en intentar que se continuara ventilando la

demanda.

Este

actuó

con

indiferencia,

desidia,

despreocupación, inacción y displicencia en la tramitación

del caso que le fue encomendado.

Por otro lado, el letrado contravino el Canon 19 del

Código

de

Ética

Profesional,

supra,

al

no

mantener

debidamente informada a su clienta de lo que sucedía en el

caso. No fue hasta después de que la señora Rodríguez Vallejo

radicó la queja, que el licenciado Meléndez Mulero le comunicó

que el caso se desestimó. El Comisionado Especial determinó

que el licenciado Meléndez Mulero le ocultaba la verdad a la

señora Rodríguez Vallejo, pues las veces que esta se comunicó

con él le decía que se quedara tranquila, que el caso iba

bien.

También

Meléndez

concluimos

Mulero

que

reflejó

la

una

conducta

falta

de

del

licenciado

respeto

a

la

administración de la justicia y a su clienta, contraria al

Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Justipreciado

que

el

licenciado

Meléndez

Mulero

desatendió los requerimientos de la Oficina del Procurador

General, contravino su deber de diligencia, no mantuvo a su

clienta informada, ni exaltó la dignidad y el honor de la

profesión

legal,

nos

corresponde

decidir

la

sanción

disciplinaria que le aplicaremos. A estos efectos, debemos

CP-2016-0020

considerar:

15

el

historial

del

abogado;

si

goza

de

buena

reputación; si se trata de una conducta aislada; si constituye

su primera falta y ninguna parte resultó perjudicada; la

aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; el ánimo

de lucro que medió en su actuación; el resarcimiento al

cliente, y cualquier otro factor pertinente. In re Lajara

Radinson, supra; In re Stacholy Ramos, supra; In re Santiago

Rodríguez, 2021 TSPR 47, 206 DPR __ (2021).

El Comisionado Especial reconoció que en In re Padilla

Avilés,

203

DPR

1

(2019),

por

violaciones

similares,

suspendimos a un abogado del ejercicio de la abogacía y la

notaría por seis meses. Sin embargo, luego de evaluar la

gravedad de la conducta, así como los atenuantes de este caso,

nos

recomendó

que

suspendiéramos

al

licenciado

Meléndez

Mulero de la práctica de la abogacía por el término de un

año. Identificó como atenuantes que el letrado: goza de buena

reputación en la comunidad; pagó $600 a nombre de su clienta

al abogado que aceptó sustituirlo, y no se demostró que actuó

con ánimo de lucro. Por otro lado, el Comisionado Especial

detalló que contra el licenciado Meléndez Mulero pesa que:

fue suspendido anteriormente con apercebimiento de que de

incurrir

en

conducta

análoga

estaría

sujeto

a

medidas

disciplinarias severas; causó perjuicio a su clienta por la

desestimación de la demanda ante el tribunal federal y al no

llevar trámite alguno para que los procedimientos continuaran

ante el Tribunal de Primera Instancia; la defensa de su

conducta fue frívola, y no mostró arrepentimiento alguno,

CP-2016-0020

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sino que durante la vista se rió a carcajadas haciendo gestos

que demostraron no tener respeto por el proceso.

Ante estas circunstancias, coincidimos con la sanción

que recomendó el Comisionado Especial. A tono con lo anterior,

suspendemos inmediatamente al licenciado Meléndez Mulero del

ejercicio

de

la

abogacía

por

el

término

de

un

año.

Le

apercibimos que cualquier violación ética futura conllevará

sanciones más severas.

El señor Meléndez Mulero deberá notificar inmediatamente

a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar

representándolos. Asimismo, deberá devolverles cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en los que tenga algún asunto pendiente.

Igualmente, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento

con lo anterior dentro del término de treinta días a partir

de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. No

hacerlo podría conllevar que no se le reinstale a la práctica

de la profesión legal, de solicitarlo en un futuro.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia al señor Meléndez Mulero a través de la Oficina

del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

José R. Meléndez Mulero

(TS-7,023)

CP-2016-0020

Conducta

Profesional

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2022.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

esta

Sentencia,

se

suspende

inmediatamente

al

licenciado Meléndez Mulero del ejercicio de la

abogacía por el término de un año. Le apercibimos que

cualquier violación ética futura conllevará sanciones

más severas.

El señor Meléndez Mulero deberá notificar

inmediatamente a todos sus clientes sobre su

inhabilidad

para

continuar

representándolos.

Asimismo, deberá devolverles cualesquiera honorarios

recibidos por trabajos no realizados e informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales

y administrativos en los que tenga algún asunto

pendiente. Igualmente, deberá acreditar a este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del

término de treinta días a partir de la notificación de

esta Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo podría

conllevar que no se le reinstale a la práctica de la

profesión legal, de solicitarlo en un futuro.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per

Curiam y Sentencia al señor Meléndez Mulero a través

de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

CP-2016-0020

2

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco

suspendería al Lcdo. José R. Meléndez Mulero por un término

de seis (6) meses del ejercicio de la abogacía. El Juez

Asociado señor Rivera García no intervino.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo