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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Universal Insurance Company y otro v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

2023 TSPR 24

Poder Judicial de Puerto Rico

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Universal Insurance Company y otro v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

CC-2022-0172

7 de marzo de 2023 · Hon. Rivera García · Confiscaciones – Ausentes las circunstancias contempladas en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada por la Ley Núm. 287-2018, la figura del impedimento colateral por sentencia no puede ser invocada en un procedimiento de impugnación de confiscación como fundamento para obtener un dictamen sumario contra el Estado.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Universal Insurance Company y otro

Recurridos

Certiorari

v.

2023 TSPR 24

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

y otros

211 DPR ___

Peticionarios

Número del Caso:

Fecha:

CC-2022-0172

7 de marzo de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel V

Oficina del Procurador General:

Hon. Fernando Figueroa Santiago

Procurador General

Lcdo. Omar Andino Figueroa

Subprocurador General

Lcda. María Astrid Hernández Martín

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la parte recurrida:

Lcda. Keila M. Ortega Casals

Materia: Confiscaciones – Ausentes las circunstancias contempladas

en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada por

la Ley Núm. 287-2018, la figura del impedimento colateral por

sentencia no puede ser invocada en un procedimiento de impugnación

de confiscación como fundamento para obtener un dictamen sumario

contra el Estado.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Universal Insurance Company

y otro

Recurridos

CC-2022-0172

Certiorari

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y otros

Peticionarios

El Juez Asociado señor Rivera García emitió la Opinión del

Tribunal

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2023.

Por

años

esta

Curia

se

ha

enfrentado

ante

una

interrogante persistente en nuestro ordenamiento, a saber,

la procedencia de la figura del impedimento colateral por

sentencia en las acciones para impugnar una confiscación.

Como es conocido, nuestras decisiones durante la década

pasada no han producido un dictamen mayoritario y, en su

defecto, los tribunales de nuestra jurisdicción se han visto

precisados a resolver estas controversias sin el beneficio

de un precedente vinculante. Hasta el día de hoy.

Amparados

en

el

ordenamiento

estatutario

vigente,

resolvemos que, ausente las circunstancias contempladas en

la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, infra, según

fuera enmendada y aclarada por la Ley Núm. 287-2018, infra,

la figura del impedimento colateral por sentencia no puede

CC-2022-0172

ser

2

invocada

confiscación,

en

un

procedimiento

como

fundamento

para

de

impugnación

obtener

un

de

dictamen

sumario contra el Estado. Veamos.

I

El 1 de diciembre de 2019, Universal Insurance Company

y Popular Auto (recurridas) instaron una Demanda ante el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en

la cual impugnaron una confiscación efectuada por el Estado.

El objeto confiscado era un vehículo marca Jeep, modelo

Patriot, año 2015, con tablilla IWL-524.1 Dicho vehículo

estaba gravado por Popular Auto mediante un contrato de

venta

condicional

y

asegurado

por

Universal

Insurance

Company contra el riesgo de una confiscación.2

Según surge del expediente, el 20 de septiembre de

2019,

el

Estado

presuntamente,

ocupó

haber

sido

el

referido

utilizado

en

vehículo

violación

por,

al

Artículo 4(E) de la Ley Núm. 253-1995, Ley de Seguro de

Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, infra,

y el Artículo 215 del Código Penal de Puerto Rico, infra.3

Consta, además, que el automóvil fue inspeccionado para

fines de inventario y fue identificado como “ocupado para

investigación”.4 Posteriormente, el 10 de octubre de 2019,

se emitió una Orden de Confiscación.5

Demanda, Apéndice del Certiorari, pág. 69.

Íd.

3 Notificación de Confiscación, Apéndice del Certiorari, pág. 72.

4 Inventario de Vehículo, Apéndice del Certiorari, pág. 140.

5 Orden de Confiscación, Apéndice del Certiorari, pág. 111.

1

2

CC-2022-0172

3

Ahora bien, en conexión con estos hechos, el 24 de

septiembre de 2019, se presentaron dos (2) denuncias contra

el Sr. Juan R. Tirado Díaz (señor Tirado Díaz) por alegadas

infracciones

a

las

disposiciones

penales

previamente

reseñadas.6 En síntesis, los hechos alegados ocurrieron para

el 4 de septiembre de 2019 y exponían un alegado uso del

vehículo

ocupado

sin

el

pago

de

los

derechos

anuales

(marbete).7 No obstante, estas denuncias no prosperaron y

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Bayamón,

hizo una determinación de no causa para arresto en ambos

cargos.8

Retornando al pleito de epígrafe, surge que el Estado

contestó

la

demanda

de

impugnación

y

sostuvo

que

la

confiscación debía presumirse legal y que le correspondía

a las aquí recurridas el peso de la prueba para derrotar la

legalidad

de

esta.9

Posteriormente,

se

suscitó

una

controversia respecto a la notificación de la confiscación

y

si

esta

se

había

cursado

oportunamente.10

Dicha

interrogante fue resuelta a favor del Estado.11

Denuncias, Apéndice del Certiorari, págs. 134-137.

Íd.

8

Íd. Las denuncias contra el señor Tirado Díaz fueron

clasificadas bajo los alfanuméricos BY2019CR01097-1 y BY2019CR01097-2.

Además, surge del expediente que existía otro caso contra el señor

Tirado Díaz, el caso criminal D LE2019M0110, Pueblo de Puerto Rico v.

Juan R. Tirado Díaz, el cual fue desestimado al amparo de la Regla 64

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. I, R. 64. No surge de los autos

información ulterior sobre este último procesamiento.

9 Contestación a Demanda, Apéndice del Certiorari, pág. 77.

10 Véanse Moción Solicitando Sentencia Sumaria por Notificación

Tardía, Apéndice del Certiorari, págs. 93-98 y Réplica a Moción de

Sentencia Sumaria, Apéndice del Certiorari, págs. 105-07.

11

Véase Resolución del 9 de abril de 2021, Apéndice del

Certiorari, págs. 114-16. Surge de los autos que el vehículo fue ocupado

para fines de investigación el 20 de septiembre de 2019 y fue

6

7

CC-2022-0172

4

Concluidos estos trámites, las recurridas presentaron

una Moción Solicitando [que] se Dicte Sentencia Sumaria por

Impedimento

Colateral

por

Sentencia.

En

lo

pertinente,

resaltaron que los cargos contra el señor Tirado Díaz no

prosperaron.12

motivó

la

Así

pues,

confiscación

concluyeron

no

fue

que

cometido

el

delito

que

que,

por

y

consiguiente, no existía un nexo entre un acto delictivo y

el objeto confiscado.13 Por tanto, sostuvieron que se había

configurado

la

doctrina

de

impedimento

colateral

por

sentencia.14

En sentido contrario, el Estado presentó una Oposición

a

Solicitud

de

Sentencia

Sumaria

procedimiento

de

confiscación

es

y

uno

destacó

que

el

independiente

de

cualquier otro proceso penal, civil o administrativo contra

el dueño o poseedor de los bienes ocupados.15 Además, sostuvo

que el resultado de todo caso criminal por los mismos hechos

resulta irrelevante en el caso civil.16 A su entender, lo

pertinente, es que existe una presunción de legalidad y

corrección de la confiscación que en este caso no había

oficialmente confiscado el 10 de octubre de 2019. Así las cosas, la

notificación de la confiscación fue cursada el 1 de noviembre de 2019.

De este modo, la investigación y la orden de confiscación se completaron

dentro del término de noventa (90) días que establece el Artículo 13

de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724j.

Similarmente, la notificación de la confiscación fue remitida dentro

de los treinta (30) días posteriores a la conclusión de la investigación

y la emisión de la orden de confiscación, tal y como dispone la

disposición precitada.

12 Moción Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria por Impedimento

Colateral por Sentencia, Apéndice del Certiorari, pág. 148.

13 Íd., pág. 149.

14 Íd., pág. 154.

15

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, Apéndice del

Certiorari, pág. 165.

16 Íd., pág. 167.

CC-2022-0172

sido

derrotada.17

encuentra

ausente

5

Finalmente,

una

argumentó

adjudicación

que

expresa

aquí

que

se

haya

determinado que el bien confiscado no fue utilizado en la

comisión de algún delito.18

Al cabo de estos trámites, el foro primario dictó una

Resolución en la cual declaró sin lugar la solicitud de

sentencia sumaria instada por las recurridas. Expuso que es

el demandante quien tiene que demostrar que se cometió un

delito en o con la propiedad confiscada.19 De este modo, “el

mero hecho de haberse desestimado la acción criminal por sí

solo no es suficiente para rebatir la presunción de que la

confiscación fue correcta”.20 Así, concluyó que en este caso

no

hay

prueba

aun

que

estableciera

la

falta

de

responsabilidad del señor Tirado Díaz.21 Particularmente,

recalcó que no surgía la razón por la cual la acción

criminal contra el señor Tirado Díaz no prosperó.22

Inconforme con este desenlace, Universal Insurance

Company acudió mediante petición de Certiorari ante el

Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, alegó que el

foro primario había errado al no haber aplicado la doctrina

de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral

por sentencia.23 Por su parte, el Estado, representado por

Íd.

Íd., pág. 176.

19 Resolución del 12 de octubre de 2021, Apéndice del Certiorari,

pág. 66.

20 Íd.

21 Íd.

22 Íd.

23

Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones,

Apéndice del Certiorari, pág. 38.

17

18

CC-2022-0172

6

la Oficina del Procurador General, compareció en oposición

mediante un Escrito en Cumplimiento de Orden.24

Examinadas

las

posturas

de

ambas

partes,

el

foro

intermedio expidió el auto y revocó el dictamen del Tribunal

de Primera Instancia. Razonó, que nuestra doctrina reconoce

que el desenlace del procedimiento civil está íntimamente

relacionado

a

la

causa

criminal.25

Además,

expuso

que,

aunque la acción de confiscación fuera una civil, esta, al

igual que un proceso criminal, tiene el fin de penalizar un

delito.26 Por tanto, razonó que, ante la determinación de

no causa y la desestimación de los cargos, el vehículo

confiscado se considera no utilizado en actividad criminal

alguna.27 En suma, concluyó que procedía la aplicación de

la

doctrina

de

impedimento

colateral

y

la

disposición

sumaria del caso en favor de las recurridas.28

Tras

fallar

en

su

intento

de

obtener

una

reconsideración de dicho dictamen, el Estado recurre ante

nos

mediante

Certiorari.

En

su

escrito,

le

imputa

al

Tribunal de Apelaciones la comisión del siguiente error:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al aplicar

la doctrina de impedimento colateral por sentencia

aun cuando no hubo adjudicación expresa en el proceso

penal que se celebró por los mismos hechos que dieron

lugar a la confiscación, en la cual se determinase

que el bien confiscado no fue utilizado en la comisión

de algún delito.

24

Escrito en Cumplimiento de Orden ante el Tribunal de

Apelaciones, Apéndice del Certiorari, pág. 184.

25 Sentencia del 19 de enero de 2022, Apéndice del Certiorari,

pág. 18.

26 Íd.

27 Íd.

28 Íd., pág. 19.

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7

El 27 de mayo de 2022, tras examinar el recurso, expedimos

el auto. Posteriormente, las partes presentaron sus respectivos

alegatos,

reiterando,

en

esencia,

los

planteamientos

antes

esbozados.

Perfeccionado

el

recurso

ante

nuestra

consideración,

procedemos a su adjudicación.

II

A. Confiscación civil o In Rem

Nuestra doctrina establece que la confiscación es el

acto de ocupación que lleva a cabo el Estado de todo derecho

de

propiedad

sobre

cualesquiera

bienes

que

hayan

sido

utilizados en relación con la comisión de ciertos delitos.29

Ante la seriedad que supone dicho acto gubernamental, hemos

enfatizado que la confiscación representa una privación de

la propiedad que debe satisfacer las garantías mínimas del

debido proceso de ley.30 Además, representa una excepción

al mandato constitucional que prohíbe que el Estado tome

propiedad

privada

para

fines

públicos

sin

justa

compensación.31

Sin duda, el fin de este tipo de procedimiento es

evidente, pues ciertamente la confiscación opera como una

sanción penal adicional contra los criminales.32 Aun así, a

29 Véanse: Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., 2022 TSPR 77,

209 DPR _ (2022); Figueroa Santiago et als. v. ELA, 207 DPR 923, 929

(2021); Reliable v. Depto. Justicia y ELA, 195 DPR 917 (2016).

30 Reliable v. Depto. Justicia y ELA, supra, págs. 924-25.

31 Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 180 DPR 655, 662-63 (2011).

32 Véanse: Doble Seis Sport v. Depto Hacienda, 190 DPR 763, 784

(2014); MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517, 525 (2013).

CC-2022-0172

8

lo largo de nuestra historia, hemos reconocido que la

clasificación del procedimiento de la confiscación como una

acción civil o criminal, precisa de un mayor análisis. Esto

es

así,

pues,

nuestro

ordenamiento

reconoce

dos

(2)

variantes de la confiscación: la confiscación in personam

y la confiscación in rem.33

La confiscación in personam se perfila como una acción

de índole penal, pues se produce como resultado de un

veredicto de culpabilidad en un procedimiento criminal.34

En ese caso, la confiscación representa una parte de la

sanción que se le impone al ofensor.35 Por otra parte, la

confiscación in rem parte de la premisa fundamental de que

esta es una acción distinta y separada de cualquier otro

procedimiento penal, o sea, dirigido contra la persona.36

Es decir, esta acción, por ficción legal, se insta contra

la cosa misma y no contra su dueño, poseedor, encargado u

otra persona con interés legal sobre ella.37

Ahora bien, tanto nuestra doctrina, como la doctrina

federal vinculante, reconocen que la mera designación de un

procedimiento de confiscación como criminal o civil no

resuelve la interrogante sobre su verdadera naturaleza. Por

el contrario, ante la duda sobre el tipo de confiscación

que ha de emplearse en una jurisdicción, es preciso recurrir

Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., supra, pág. 8.

Íd.

35 Íd.

36 MAPFRE v. ELA, supra, pág. 525.

37 Íd.

33

34

CC-2022-0172

9

a la sustancia del procedimiento estatuido. Como es de

esperarse,

la

contestación

importantes

efectos

confiscación

de

garantías

que

a

esta

prácticos.

naturaleza

ofrece

interrogante

Ciertamente,

criminal,

nuestro

se

tiene

ante

una

activan

las

ordenamiento

en

estas

instancias. Por el contrario, no ocurre esto cuando estamos

ante una confiscación civil.

Más aún, para entender este análisis, debemos recurrir

a

la

jurisprudencia

federal,

el

cual

vinculante

ha

tenido

del

Tribunal

repetidas

Supremo

ocasiones

para

considerar este dilema. Particularmente, debemos examinar

las siguientes opiniones: United States v. Ward, 448 US 242

(1980); United States v. One Assortment of 89 Firearms, 465

US 354 (1984) y United States v. Ursery, 518 US 267 (1996).

En United States v. Ward, supra, el Tribunal Supremo

federal

consideró

interrogante

sobre

los

si

elementos

un

que

estatuto,

que

resolverían

dispone

la

cierta

penalidad, es de naturaleza civil o criminal. En primer

lugar, debe determinarse si la legislatura ha expresado de

manera

expresa

o

implícita

la

preferencia

por

una

designación u otra.38 No obstante, aún habiéndose designado

la penalidad como civil, es necesario considerar si esta es

tan punitiva, en su propósito o en sus efectos, como para

derrotar esta intención.39 Respecto a esto, el Máximo Foro

federal ha dispuesto que solo la prueba más clara podría

38

39

United States v. Ward, supra, pág. 248.

Íd., págs. 248-49.

CC-2022-0172

10

proporcionar

los

fundamentos

para

derrotar

la

constitucionalidad de un estatuto bajo dicha pretensión.40

A su vez, en United States v. One Assortment of 89

Firearms, supra, el Tribunal Supremo federal se encontró

ante un estatuto de confiscaciones cuya naturaleza civil

fue cuestionada. De entrada, al recurrir a los elementos

discutidos en Ward, se expuso que las confiscaciones in rem

han

sido

vistas

tradicionalmente

como

procedimientos

civiles, donde la jurisdicción se asume a partir de la

ocupación de un objeto físico.41 Al examinar el estatuto en

controversia, se determinó que el fin de este era uno de

naturaleza remedial.42 En particular, el estatuto buscaba

mitigar el comercio indiscriminado de las armas de fuego.43

Según entendió la Corte Suprema federal, mantener las armas

de fuego fuera de las manos de vendedores no autorizados

era un fin remedial y no punitivo.44

Finalmente,

tanto

One

Assortment

of

89

Firearms,

supra, como United States v. Ursery, supra, despejaron

cualquier

duda

procedimientos

sobre

de

la

interacción

confiscación

y

la

entre

los

protección

constitucional contra la doble exposición. Sencillamente,

a menos que la sanción ⎯en este caso una confiscación⎯

fuera diseñada como un castigo y su efecto fuera de tal

40

41

Íd., pág. 249.

United States v. One Assortment of 89 Firearms, supra, pág.

363.

Íd., pág. 364.

Íd.

44 Íd.

42

43

CC-2022-0172

nivel

que

criminal

11

el

procedimiento

su

naturaleza,

en

se

la

tornara

doble

esencialmente

exposición

no

es

posible.45

Establecido lo anterior, reiteramos, que para que una

confiscación

in

rem

o

civil

sea

procedente

deben

satisfacerse dos (2) requisitos primordiales. Primeramente,

debe existir prueba suficiente y preponderante de que se ha

cometido un delito.46 Segundo, debe demostrarse que existe

un

nexo

entre

la

comisión

del

delito

y

la

propiedad

confiscada.47 Además, dada la naturaleza independiente de

la acción civil de la confiscación, esta puede instarse

antes de que se presente una acción criminal o, incluso,

antes de que se haya obtenido un veredicto de culpabilidad

o absolución.48 Lo crítico, es que el Estado demuestre que

la

propiedad

confiscada

se

utilizó

en

una

actividad

delictiva.49

B.

Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011

El análisis anterior nos confirma que la confiscación

in

rem

o

civil,

cuando

se

previamente

expuestos,

protecciones

constitucionales

rija

cumple

que

por

los

parámetros

cabalmente

imperan

con

en

las

nuestra

jurisdicción. En términos prácticos, esto implica que el

45 Véanse: United States v. Ursery, supra, págs. 277-78; United

States v. One Assortment of 89 Firearms, supra, pág. 362.

46 Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra, pags. 929-30.

47 Íd.

48 Véanse: Doble Seis Sport v. Depto Hacienda, supra, págs. 78485; Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, pág. 668.

49 Íd.

CC-2022-0172

diseño

e

12

instrumentación

de

este

procedimiento

recae

decididamente en manos del Poder Legislativo. A esos fines,

la

Asamblea

estatuto

Legislativa

rector

en

de

materia

Puerto

de

Rico

aprobó

confiscaciones,

nuestro

la

Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada.50

Surge de la exposición de motivos de dicha medida, que

la confiscación representa un disuasivo a la actividad

criminal

por

el

temor

que

infunde

la

pérdida

de

la

propiedad.51 Habida cuenta de ello, la ley provee las normas

que han de regir el proceso de la confiscación con el fin

de que este sea uno expedito, justo y uniforme.52 Además,

reitera que el procedimiento de confiscación, creado en

virtud de dicha ley, es uno “que garantiza el debido proceso

de ley a todo dueño de bienes confiscados”.53

En lo pertinente a lo que hoy nos ocupa, la ley dispone

expresamente la determinación de la Asamblea Legislativa

sobre

la

naturaleza

del

procedimiento

de

confiscación

estatuido en Puerto Rico. De esta manera, “se sostiene y

reafirma

la

naturaleza

in

rem

de

las

confiscaciones,

independiente de cualquier otra acción de naturaleza penal,

administrativa o de cualquier otra naturaleza”.54 (Énfasis

suplido). Además, de la exposición de motivos surge sin

Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA secs. 1724 et. seq.

2011 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1761.

52 Íd.

53 Íd., pág. 1762.

54 34 LPRA sec. 1724 nota.

50

51

CC-2022-0172

13

ambages lo que la Asamblea Legislativa entiende que implica

esta naturaleza independiente. En concreto,

[l]os procedimientos de confiscación civil pueden

llevarse a cabo y culminarse antes de que se acuse,

se declare culpable o se absuelva al acusado. Incluso,

pueden llevarse aun cuando no se haya presentado

ningún cargo. Esto debido a que la acción civil se

dirige contra la cosa en sí misma, en general, la

culpabilidad

o

inocencia

del

propietario

es

irrelevante en cuanto a la procedencia o no de la

confiscación civil.55 (Énfasis suplido).

De otra parte, con el fin de asegurar el debido proceso

a toda persona que ostente un interés propietario en el

objeto confiscado, la Ley Uniforme de Confiscaciones de

2011, supra, viabiliza un procedimiento mediante el cual se

permite

impugnar

las

confiscaciones

efectuadas

por

el

Estado.

A esos efectos, el Artículo 15 de la Ley Uniforme

de Confiscaciones de 2011 dispone que aquellas personas que

hubieran

sido

notificadas

de

una

confiscación,

y

que

demuestran ser dueñas de la propiedad incautada, pueden

instar una demanda contra el Gobierno de Puerto Rico.56

El

referido

artículo

también

establece

que

las

demandas de impugnación deben instarse dentro del término

de treinta (30) días a partir de la notificación de que el

objeto ha sido confiscado. Además, y de extrema pertinencia

en estos casos, es necesario puntualizar que “se presumirá

la

legalidad

y

independientemente

corrección

de

cualquier

de

la

otro

confiscación

caso

penal,

administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado

55

56

2011 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1762-63.

34 LPRA sec. 1724l.

CC-2022-0172

14

a los mismos hechos”.57 (Énfasis suplido). En conjunto con

ello, la ley le asigna al demandante “el peso de la prueba

para derrotar la legalidad de la confiscación”.58 (Énfasis

suplido).

C. Impedimento colateral por sentencia

Uniforme de Confiscaciones de 2011

y

la

Ley

Con esto en mente, nos adentramos en el tema medular

que enmarca el dictamen que hoy emitimos. Esto es, la

relación, si alguna, que debe guardar el procedimiento civil

de

la

confiscación,

lo

que

incluye

su

correspondiente

impugnación, con el desenlace de cualquier otra acción penal

por los mismos hechos. Reiteradamente, tal discusión nos ha

conducido a esgrimir la aplicación en estos casos de la

doctrina

de

impedimento

colateral

por

sentencia.

No

obstante, como es de conocimiento, en los pasados años este

tema ha promovido un vigoroso debate entre los miembros

pasados y presentes de esta Curia.59 Por ello, aclaramos,

que la norma que hoy pautamos se ciñe estrictamente al

derecho vigente. Esto es, al texto actual de la Ley Uniforme

de Confiscaciones de 2011, supra, según enmendada.

Todo estudio de este tema necesariamente debe partir

de un repaso de los elementos medulares de la doctrina de

impedimento colateral por sentencia. En principio, dicho

Íd.

Íd.

59 Véanse las opiniones de conformidad, concurrencia y disidencia

emitidas en los siguientes casos: MAPFRE et al. v. ELA, 2022 TSPR 80,

209 _ (2022); Mapfre et al. v. ELA, 198 DPR 88 (2017); Bco. Bilbao

Vizcaya et al. v. ELA, 195 DPR 39 (2016) y Mapfre Praico Ins. et al.

v. ELA, 195 DPR 86 (2016).

57

58

CC-2022-0172

15

precepto legal es una matización de la doctrina de cosa

juzgada, la cual persigue el fin de los litigios y garantiza

la certidumbre y seguridad de los derechos declarados.60 En

igual

sentido,

propósito

proteger

defenderse

ocasiones

el

promover

a

los

o

impedimento

colateral

“tiene

la

procesal

y

judicial,

que

representa

en

repetidas

economía

litigantes

probar

tratándose

sus

de

contra

lo

reclamaciones

la

misma

controversia,

como

evitar

litigios innecesarios y decisiones inconsistentes”.61

En términos prácticos, el impedimento colateral por

sentencia “impide que en un pleito posterior se relitiguen

cuestiones

de

hecho

o

derecho

necesarias

para

la

adjudicación de un pleito anterior, independientemente de

que haya sido por la misma causa de acción o por otra

distinta, siempre que sea entre las mismas partes o sus

causahabientes”.62

Para

que

aplique,

es

necesario

que

concurran los siguientes requisitos: (1) que el asunto de

hecho o derecho sea el mismo en ambos pleitos; (2) que se

haya

litigado

en

un

pleito

anterior;

(3)

que

se

haya

determinado mediante una sentencia final, y (4) que la

determinación haya sido esencial para el fallo.63

Partiendo de estas premisas, la Asamblea Legislativa

emprendió en un ejercicio aclaratorio con el fin de precisar

decididamente

la

aplicación

de

dicha

doctrina

en

los

Beníquez v. Vargas, 184 DPR 210, 225 (2012).

Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 277 (2012).

62 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 497 (2010).

63 Íd.

60

61

CC-2022-0172

procedimientos

16

de

impugnación

de

confiscación.

A

tal

efecto, se aprobó la Ley Núm. 247-2018,64 en virtud de la

cual se enmendó puntualmente el texto de la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2011, supra.

De

entrada,

conviene

examinar

las

expresiones

que

denotan el propósito cardinal de nuestros legisladores al

aprobar

este

estatuto.

Así,

se

reafirma

que

“[l]a

confiscación es un proceso civil que va dirigido contra la

cosa, bajo la premisa que dicho bien fue utilizado en la

comisión de un delito...”.65 (Énfasis suplido) Ahora bien,

se reconoce que “dicha premisa ha creado confusión en cuanto

a su alcance, resultando esto en un debate continuo en los

tribunales de la Isla. Por ello, esta legislación busca

aclarar la intención legislativa al respecto, para así

ponerle fin a esta controversia”.66 (Énfasis suplido).

Expuesto lo anterior, la Ley Núm. 247-2018 enmendó el

Artículo 8 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,

supra, el cual citamos in extenso:

[s]e dispone que, no será de aplicación en los

procesos de confiscación, la doctrina de Impedimento

Colateral por Sentencia en las siguientes instancias:

a) Cuando el acusado haya hecho alegación de

culpabilidad;

b) cuando el acusado se someta a un programa de

desvío;

c) cuando el acusado fallezca antes o en medio

del proceso que se esté llevando a cabo contra su

persona;

d) en ausencia de alguna adjudicación expresa en

otro proceso penal, civil o administrativo, que se

celebre por los mismos hechos que dieron lugar a la

2018 LPR (Parte 3) 2916-2922.

Íd., pág. 2917.

66 Íd.

64

65

CC-2022-0172

17

confiscación, en la cual se determine que el bien

confiscado no fue utilizado en la comisión de algún

delito; y

e) en cualquier otra instancia que no se cumplan

con los requisitos de la doctrina.67 (Énfasis

suplido).

Sin duda, el lenguaje anterior aclara las instancias

en las cuales procede la aplicación de la doctrina de

impedimento colateral por sentencia en los casos donde se

impugna una confiscación civil. Si bien el legislador optó

por expresarse en un sentido negativo, el efecto no es otro

que el de delimitar taxativamente las circunstancias que

permitirían o impedirían la invocación de esta doctrina en

un procedimiento judicial al amparo de la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2011, supra.

D. Moción de sentencia sumaria

Finalmente, es harto conocido que nuestro ordenamiento

procesal civil reconoce el uso y valor del mecanismo de la

sentencia sumaria como vehículo para asegurar la solución

justa, rápida y económica de un caso.68 Tal herramienta

posibilita la pronta resolución de una controversia cuando

no se requiera la celebración de un juicio en su fondo.

Ahora bien, para que proceda este mecanismo es necesario

que de los documentos no controvertidos surja que no hay un

controversia real y sustancial sobre los hechos del caso.69

Puesto de otra manera, que solo resta aplicar el derecho.70

34 LPRA sec. 1724e.

Véanse: Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015);

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200 (2010).

69 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.

70 Íd.

67

68

CC-2022-0172

18

Según hemos expresado, un hecho material “es aquel que puede

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho

sustantivo aplicable”.71 (Énfasis suplido). Para que exista

una controversia sobre los hechos, esta debe ser real, es

decir, cualquier duda es insuficiente para derrotar una

moción de sentencia sumaria.72

Por su parte, la Regla 36 de Procedimiento Civil,73

exige ciertos requisitos de forma para la moción que se

inste y su respectiva oposición. Así, la parte que sostenga

que “la inexistencia de una controversia sustancial de

hechos esenciales y pertinentes” debe presentar una moción

que se funde en declaraciones juradas u otra evidencia

admisible.74 Además, tanto la moción como su oposición deben

presentar

una relación concisa, organizada y en párrafos

enumerados

de

todos

los

hechos

esenciales

y

pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial, con indicación de los párrafos o las

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba

admisible en evidencia donde se establecen estos

hechos, así como de cualquier otro documento admisible

en evidencia que se encuentre en el expediente del

tribunal.75

Si el cúmulo de la evidencia demuestra que en efecto

no

hay

controversia

sustancial

respecto

a

algún

hecho

esencial y pertinente, el tribunal deberá dictar sentencia

sumaria si procede como cuestión de derecho.76 Por ende, no

71 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Ramos Pérez

v. Univisión, supra, pág. 213.

72 Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-14.

73 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.

74 Íd.

75 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.

76 Íd.

CC-2022-0172

19

debe dictarse sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos

esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas

en la demanda que no hayan sido refutadas; (3) surja una

controversia real sobre algún hecho esencial o material de

los propios documentos que acompañan la moción, o (4) no

proceda como cuestión de derecho.77

Expuesto

el

marco

jurídico

que

delimita

la

controversia que hoy nos ocupa, resolvemos de conformidad.

III

De entrada, reiteramos nuestro afianzamiento en el

ordenamiento vigente y en el interés primordial de dar fiel

cumplimiento a la intención de la Asamblea Legislativa

cuando esto no incida en los valores constitucionales que

como Curia venimos obligados a custodiar. Veamos.

Según examinamos, los hechos de este caso no distan en

forma sustancial de aquellos que han ocupado a este Tribunal

en ocasiones previas. Nuevamente, nos enfrentamos ante una

invocación de la doctrina de impedimento colateral por

sentencia, como fundamento para disponer ⎯ sumariamente⎯

de una acción en la cual se impugna una confiscación civil.

Como ha sido la costumbre, tal reclamación se funda en el

hecho de que la acción penal contra el presunto autor de

los

hechos

delictivos,

por

diversos

fundamentos,

no

prosperó.

77

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 595. (2013).

CC-2022-0172

Ahora

20

bien,

un

examen

detenido

del

ordenamiento

vigente confirma que nuestra Asamblea Legislativa, en un

ejercicio válido de sus prerrogativas constitucionales,

dispuso el tratamiento que se le debe dar a circunstancias

como las de autos. Sencillamente, al confrontarse con alguna

de las circunstancias que detalla el Artículo 8 de la Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, el tribunal

primario tiene que descartar la aplicación de la doctrina

de impedimento colateral por sentencia en un procedimiento

impugnatorio de una confiscación.

La lógica de este razonamiento es sólida, pues nuestro

estudio del derecho revela que dentro del propósito remedial

que

ostenta

nuestro

ordenamiento

de

confiscaciones,

el

interés latente del Poder Legislativo es el de asegurar la

agilidad y eficacia de los procedimientos confiscatorios.

Consecuentemente, la validez de toda confiscación sigue

dependiendo de la presencia de los elementos reseñados.

Esto es, (1) la prueba suficiente y preponderante de que se

ha cometido un delito y (2) la existencia de un nexo entre

la comisión del delito y la propiedad confiscada.

De otra parte, la fiel aplicación del ordenamiento

vigente tiene el efecto irremediable de obstaculizar la

procedencia del mecanismo de la sentencia sumaria, para

derrotar una confiscación, cuando su único fundamento es la

doctrina de impedimento colateral por sentencia y no se

manifiesta alguna circunstancia constitutiva excepcional.

CC-2022-0172

21

Lo anterior tiene un efecto decisivo en casos análogos a

este.

Como

sabemos,

el

elemento

neurálgico

de

toda

adjudicación sumaria es la ausencia de controversias sobre

los hechos esenciales y materiales del caso. El escollo que

encuentra un planteamiento como el que aquí levantaron las

recurridas es que, si no cuentan con prueba de que existe

una

excepción

a

la

inaplicabilidad

de

la

doctrina

de

impedimento colateral por sentencia, el desenlace de la

acción

penal

por

los

mismos

hechos

es

totalmente

impertinente. De este modo, tal hecho no podría ser el

fundamento legal de una moción de sentencia sumaria, pues

realmente no se trata de un hecho esencial y material. Por

el contrario, se trata de un hecho que el legislador ha

dispuesto

expresamente

que

no

debe

ser

objeto

de

consideración en el caso.

Del expediente de marras, no surge una adjudicación

expresa en otro procedimiento que establezca que el bien

confiscado no fue utilizado en la comisión de algún delito.

Tampoco

surge

circunstancia

alguna

que

motive

una

desviación de la norma general que establece la Ley Uniforme

de Confiscaciones de 2011, según enmendada, supra, la cual

prohíbe

colateral

la

aplicación

por

de

la

doctrina

sentencia.

En

dicho

de

impedimento

contexto,

actuó

incorrectamente el Tribunal de Apelaciones al revocar la

determinación

bien

fundada

del

foro

primario.

Evidentemente, las recurridas no cumplieron con el deber

CC-2022-0172

22

que les impone la ley de derrotar la presunción de legalidad

y corrección que asiste a una confiscación civil. No podían

⎯ sumariamente⎯ cuando

prevalecer

su

único

fundamento

legal proviene de una doctrina impertinente.

Por

tanto,

resolvemos,

conducente

a

derrotar

corrección

de

una

la

que

ausente

presunción

confiscación

civil,

de

evidencia

legalidad

no

puede

y

esta

impugnarse por medio de una solicitud de sentencia sumaria

que

se

funde

impedimento

⎯ exclusivamente⎯

colateral

por

en

sentencia.

la

doctrina

Claro

está,

de

el

litigante que impugne una confiscación podría prevalecer,

en la eventualidad

que cuente con prueba de que se ha

configurado una excepción a la prohibición que surge de la

Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra.

IV.

Por los fundamentos previamente expuestos, se revoca

la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se

reinstala la Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia. Continúense los procedimientos con la norma aquí

pautada.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Universal Insurance Company y

otro

Recurridos

CC-2022-0172 Certiorari

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y otros

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2023.

Por los fundamentos previamente expuestos en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta

Sentencia, se revoca la Sentencia dictada por el Tribunal

de Apelaciones y se reinstala la Resolución emitida por

el Tribunal de Primera Instancia. Continúense los

procedimientos con la norma aquí pautada.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella

Martínez disiente con opinión escrita a la cual se une la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado señor

Colón Pérez disiente con opinión escrita. La Jueza

Asociada señora Pabón Charneco está conforme y emite las

expresiones siguientes:

“Por varios años este Tribunal ha estado

igualmente divido sobre la procedencia y

aplicación de la doctrina de impedimento

colateral

por

sentencia

en

casos

sobre

impugnación de confiscaciones. Durante este

tiempo, he mantenido una postura consistente

sobre las instancias en las que se permite el

uso de esta doctrina para la impugnación de una

confiscación civil o in rem. Véase Mapfre

Preferred Risk Insurance Co. & Popular Auto v.

ELA de PR, 209 DPR

910 (2022) (Sentencia);

Mapfre v. ELA, 198 DPR 88 (2017) (Sentencia);

Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA, 195 DPR 39

(2016) (Sentencia). Esto, debido a que con la

aprobación de la Ley Núm. 119-2011, infra, no

se incluyó disposición estatutaria alguna que

prohibiera la aplicación de la doctrina de

CC-2022-0172

2

impedimento colateral por sentencia en los

procedimientos de confiscaciones. Así las

cosas, ante las constantes controversias sobre

el presente asunto, he reiterado que no nos

compete, como parte de nuestra labor judicial,

suplir un silencio estatutario y prohibir el

uso de la referida doctrina.

No obstante, la Asamblea Legislativa,

mediante la Ley Núm. 287-2018, el 29 de

diciembre de 2018, tomó la iniciativa de

enmendar el Art. 8 de la Ley Núm. 119-2011 y

dispuso de forma clara y precisa las instancias

en las que no aplicaría la doctrina de

impedimento colateral por sentencia en los

procesos de confiscación. Específicamente y de

particular relevancia para el presente caso, la

enmienda dispuso que no se aplicaría la

doctrina “[…]en ausencia de alguna adjudicación

expresa en otro proceso penal, civil o

administrativo, que se celebre por los mismos

hechos que dieron lugar a la confiscación, en

el cual se determine que el bien confiscado no

fue utilizado en la comisión de algún delito”.

34 LPRA sec. 1724e.

Sin embargo, esta disposición no es de

aplicación

retroactiva.

Consecuentemente

solamente en aquellos casos cuyos hechos

ocurrieran con posterioridad al 29 de diciembre

de 2018, nos corresponde aplicar el citado

artículo según enmendado por la Asamblea

Legislativa. Por lo tanto, dado que los hechos

que nos ocupan ocurrieron el 20 de diciembre de

2019, posteriormente a la enmienda de la Ley

Núm. 119-2011, lo correcto era no aplicar la

doctrina de impedimento colateral por sentencia

en el presente caso. Así las cosas, en el

futuro, en aquellos casos que los hechos sean

con posterioridad a la enmienda realizada por

la Ley Núm. 287-2018, aplicaré el citado

artículo conforme a lo dispuesto por la

Asamblea Legislativa”.

La Jueza Presidenta Oronoz

emite las expresiones siguientes:

Rodríguez

disiente

“Disiento por los mismos fundamentos

esbozados en mi Opinión Disidente en MAPFRE

Preferred Risk Insurance Co. v. ELA, 209 DPR

910 (2022). Independientemente de que los

hechos

del

caso

de

epígrafe

se

hayan

desarrollado bajo la vigencia de la enmienda de

2018 a la Ley Uniforme de Confiscaciones, Ley

Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq., ello

no disipa la estrecha relación existente entre

y

CC-2022-0172

una causa criminal ─que inició por razón de una

confiscación in rem─ y una causa civil de

impugnación de confiscación. Al igual que en

MAPFRE v. ELA, supra, en el caso de epígrafe se

realizó una confiscación de un vehículo de

motor por la presunta ocurrencia de conducta

delictiva. Al procesar criminalmente al alegado

ofensor, se determinó que no había causa para

arresto. Ante ello ─y al amparo de la postura

que defendí en aquel pronunciamiento─, procedía

disponer del proceso de impugnación de la

confiscación que se incoó y declarar nula la

incautación practicada. En vista de la estrecha

relación de ambos procesos, aplicando la

doctrina de impedimento colateral por sentencia

correspondía resolver sumariamente que la

incautación no se realizó conforme a derecho

─pues, como cuestión de umbral, no se probó la

comisión de delito alguno─ y decretar su

invalidez.

Más allá de lo anterior, no se puede

perder de perspectiva que la confiscación in

rem, aunque se catalogue de naturaleza civil,

tiene un fin punitivo que busca penalizar la

conducta delictiva presuntamente ocurrida.

Coop. Seg. Mult. v. ELA, 180 DPR 655 (2011).

Esto, similar al propósito del procedimiento

criminal que se inicie. Ahí yace el vínculo

íntimo reseñado. Íd. Por ello, resulta muy

cuestionable validar una confiscación cuando en

el procedimiento criminal paralelo no se probó

conducta criminal alguna por parte de una

persona que es quien, en efecto, tiene la

capacidad

de

delinquir.

No

sujetar

el

procedimiento civil de impugnación a la causa

criminal relacionada, en esta tesitura, es

impráctico. Íd.

Según se ha concebido la confiscación in

rem, esta se ejecuta contra aquellos bienes que

fueron utilizados en la comisión de algún

delito. 34 LPRA sec. 1724f. Para sostener esta

incautación independientemente de la inocencia

o culpabilidad de la persona que se valió del

bien para un fin delictivo, se esgrime ─al

amparo de una ficción legal─ que el referido

bien es el “ofensor primario”. Suárez v. ELA,

162 DPR 43, 54 (2004). Es decir, que este en sí

mismo delinquió. Cónsono con lo que expresé en

MAPFRE v. ELA, supra, estimo que ello es un

contrasentido, pues solo las personas pueden

incurrir en conducta delictiva y, si esta no se

estableció,

necesariamente

no

se

puede

refrendar la confiscación del bien. Habida

3

CC-2022-0172

4

cuenta de que este criterio no prevaleció, no

puedo suscribir la Opinión mayoritaria.

Por

los

confirmado

la

Apelaciones”.

fundamentos

expuestos,

hubiese

determinación

del

Tribunal

de

María I. Colón Falcón

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Universal Insurance Company

y otro

Recurridos

v.

CC-2022-0172

Certiorari

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y otros

Peticionarios

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor ESTRELLA

MARTÍNEZ, a la cual se une la Jueza Presidenta ORONOZ

RODRÍGUEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2023.

“Hasta el día de hoy”,1 lamentablemente, la Mayoría de

este Tribunal continúa lacerando la protección consagrada en

las Constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos que

garantiza que ninguna persona será privada de su propiedad

sin el debido proceso de ley y en ausencia de una justa

compensación.

Dándole la espalda a esos postulados, este Tribunal

resuelve en el día de hoy que una persona que obtuvo un

resultado

favorable

en

el

procedimiento

penal

no

puede

utilizar este hecho como fundamento suficiente para que se

concluya

sumariamente

que

la

confiscación

civil

fue

contraria a Derecho. Lo que es peor, la interpretación

mayoritaria

valida,

1(Negrillas

incluso,

que

ni

tan

siquiera

la

y énfasis suplido en el original). Opinión

mayoritaria, pág. 1.

CC-2022-0172

absolución

2

criminal

sea

suficiente

para

derrotar

la

confiscación por la vía sumaria, sino que es necesario,

además, que en la causa criminal se haya realizado una

adjudicación expresa a los efectos de que el bien en cuestión

no fue utilizado en la comisión de delito alguno.

En cambio, tal y como he expuesto consecuentemente,

afirmo

que,

independientemente

de

lo

que

se

disponga

estatutariamente, la confiscación en ausencia de una condena

penal constituye un impedimento colateral por sentencia en

el

pleito

civil

en

el

cual

se

impugna

la

incautación

efectuada por el Gobierno. Ello pues, sujetar a un juicio

plenario la confiscación civil de un bien lícito presupone

sostener de manera prima facie que ese “bien”, por sí mismo,

puede ser culpable de la comisión de un acto delictivo. No

puedo avalar este derrotero que engrandece insosteniblemente

una ficción en el campo de las confiscaciones civiles e

ignora el Derecho Constitucional aplicable. Me explico.

I

A.

Reiteradamente,

este

Tribunal

ha

definido

la

confiscación como aquel acto a través del cual el Gobierno

ocupa e inviste para sí todo derecho de propiedad sobre los

bienes utilizados en la comisión de ciertos delitos. Flores

Pérez v. ELA, 195 DPR 137, 146 (2016) (citando a Doble Seis

Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 784 (2014); Díaz Ramos

v. E.L.A. y otros, 174 DPR 194, 202 (2008); Del Toro Lugo v.

E.L.A., 136 DPR 973, 980–981 (1994)).

CC-2022-0172

3

La confiscación de bienes utilizados en una actividad

delictiva tiene dos (2) modalidades. La primera, la in

personam, que es de naturaleza penal, se lleva a cabo como

parte del proceso criminal y constituye una sanción adicional

a la pena para el presunto autor del delito, en caso de

encontrársele culpable. Mapfre v. E.L.A, 188 DPR 517, 525

(2013). La segunda, la in rem, va directamente contra la

cosa misma por el mal uso que se le ha dado y no contra la

persona con interés legal sobre la propiedad en cuestión.

Íd. La confiscación en su modalidad civil parte de la ficción

jurídica de que el bien confiscado en sí mismo es el ofensor

primario y que, este, como medio o producto de la ofensa, es

merecedor de responsabilidad independientemente del autor

del delito. Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA et al., 194

DPR 116, 156 (2015) (Voto particular disidente del Juez

Asociado Señor Estrella Martínez).

Al determinar si procede una confiscación civil, los

tribunales deben evaluar si existe: (1) prueba suficiente y

preponderante de que se cometió un delito, y (2) un nexo

entre la comisión del delito y la propiedad confiscada.

Véase, Doble Seis Sport. v. Depto. Hacienda, supra, pág.

784. Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 52 (2004); Del Toro Lugo

v. ELA, supra, pág. 983. Claro está, es al Gobierno y no a

la parte que impugna la incautación a quien le corresponde

demostrar que se cometió un delito y el nexo con la propiedad

confiscada. Rodríguez Ramos v. ELA, 174 DPR 194, 203 (2008).

De no establecerse lo anterior, el bien confiscado mantiene

CC-2022-0172

4

su naturaleza inocente y, por tanto, la confiscación civil

es improcedente.

B.

Como

es

conocido,

en

nuestro

ordenamiento

la

confiscación civil es instaurada a través de la Ley uniforme

de confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA secs.

1724-1724w (Ley de Confiscaciones). El Art. 9 de la Ley de

Confiscaciones,

supra,

dispone

que

estará

sujeta

a

ser

confiscada:

[T]oda propiedad que resulte, sea

producto o se utilice, durante la

comisión de delitos graves y de

aquellos delitos menos graves en los

que

por

ley

se

autorice

la

confiscación […].2

Nótese que lo determinante es que se haya cometido un

delito, lo cual necesariamente exige que así se pruebe —más

allá de duda razonable— en el correspondiente procedimiento

criminal.

No empece lo anterior, hoy la Mayoría se ancla en el

Art. 8 de la Ley de Confiscaciones, supra, según enmendado

por la Ley Núm. 287-2018, para concluir que la parte que

impugna una confiscación civil está impedida de utilizar la

doctrina

fundamento

de

impedimento

para

recobrar

colateral

por

la

por

vía

sentencia

sumaria

el

como

bien

incautado, si en el proceso penal que se celebre por los

mismos hechos no se realiza una adjudicación expresa a los

2(Negrillas

suplidas). 34 LPRA sec. 1724f.

CC-2022-0172

5

efectos de que el bien confiscado no fue utilizado en la

comisión de algún delito.3

Según adelanté, discrepo vehemente de esta conclusión.

Veamos, entonces, los fundamentos que orientan mi disenso.

II

Históricamente,

este

Tribunal

ha

condicionado

el

proceso civil de confiscación al resultado de la causa

criminal contra el alegado autor del delito que da base a la

confiscación. Véase, entre otros, Downs v. Porrata, Fiscal,

76 DPR 611 (1964); Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356

(1978); Del Toro Lugo v. E.L.A., supra; First Bank, Univ.

Ins. Co. v. E.L.A., 156 DPR 77 (2002); Suárez v. E.L.A.,

supra; Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735 (2008) y Díaz

Morales v. Depto. de Justicia, 174 DPR 956 (2008) (Per

curiam); Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., infra; Figueroa Santiago

3La

disposición aludida dispone, en lo pertinente, lo

siguiente:

[N]o será de aplicación en los procesos

de

confiscación,

la

doctrina

de

impedimento colateral por sentencia en

las siguientes instancias:

[…]

d) en ausencia de alguna adjudicación

expresa en otro proceso penal, civil o

administrativo, que se celebre por los

mismos hechos que dieron lugar a la

confiscación, en la cual se determine

que el bien confiscado no fue utilizado

en la comisión de algún delito.

34 LPRA sec. 1724e.

CC-2022-0172

6

et als. v. ELA, 207 DPR 923 (2021).4 Ello ha sido así por

razón de que el resultado favorable en el proceso penal es

suficiente

para

derrotar

la

presunción

de

legalidad

y

corrección de la confiscación efectuada. Máxime, ante el

hecho

de

que

la Ley

reconoce

que

la

de

Confiscaciones,

confiscación

civil

supra,

si

es

proceso

un

bien

independiente al de la acción penal, no contiene un lenguaje

que desvincule la confiscación de la comisión de un delito

para

hacer

posible

tal

pretensión.5

Ello

cobra

mayor

importancia ante el hecho de que la confiscación civil tiene

un amplio componente punitivo por lo que debemos interpretar

restrictivamente su alcance. Centeno Rodriguez v. E.L.A.,

170 DPR 907, 913 (2007).

A

tenor

con

lo

anterior,

correspondía

que

hoy

resolviéramos que el vehículo Jeep Patriot 2015 confiscado

por el “alegado uso […] sin el pago de los derechos anuales

(marbete)”6, tiene que regresársele al Sr. Juan R. Tirado

Díaz por razón de que las “denuncias no prosperaron y el

4Para

una exposición sucinta de lo resuelto en cada uno

de los casos precitados, véase, Cooperativa de Seguros

Múltiples y otro v. ELA y otros, 209 DPR 796, 820-821 (2022)

(Opinión disidente del Juez Asociado Señor Estrella

Martínez); Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, 194 DPR 116, 160-164

(2015) (Voto particular disidente del Juez Asociado Señor

Estrella Martínez.

5Véase,

esc. 2 (haciéndose referencia a 34 LPRA sec.

1724f).

6Opinión

mayoritaria, pág. 3.

CC-2022-0172

7

Tribunal de Primera Instancia […] hizo una determinación de

no causa para arresto en ambos cargos”.7

Entiéndase, en esta controversia, la determinación de

no

causa

advino

final

y

firme,

por

lo

que

no

existe

procedimiento penal alguno relacionado con el bien lícito

incautado. En ese sentido, tal determinación final y firme

de no causa que obtuvo el Sr. Juan R. Tirado Díaz en el

delito que habilitó la incautación, hace imposible que se

pruebe el segundo de los requisitos exigidos para validar la

confiscación civil. Es decir, no existe un nexo entre la

comisión del delito y el vehículo confiscado.8 Por tanto,

tal y como unánimemente resolvió el Tribunal de Apelaciones,

procedía declarar con lugar la demanda de impugnación de

confiscación y ordenar la devolución del vehículo de motor

confiscado.

Sin embargo, la Mayoría de este Tribunal opta por tomar

el camino contrario y continúa disociando irrazonablemente

la acción confiscatoria civil de la criminal bajo el pretexto

estatutario de que ahora la Ley de Confiscaciones, supra,

impide que se utilice el resultado del proceso penal como

razón suficiente para derrotar sumariamente la presunción de

corrección y legalidad de la confiscación civil.

7(Negrillas

8Recuérdese,

y énfasis suplidos en el original). Íd.

al

determinar

la

validez

de

una

confiscación civil, los tribunales deben evaluar si existe:

(1) prueba suficiente y preponderante de que se cometió un

delito, y (2) un nexo entre la comisión del delito y la

propiedad confiscada. Véase, Doble Seis Sport. v. Depto.

Hacienda, supra; Suárez v. E.L.A., supra; Del Toro Lugo v.

ELA, supra.

CC-2022-0172

8

En cambio, sostengo que la conexión inseparable entre

ambos

procesos

va

“independiente”

supra.

allá

dispuesta

Asimismo,

Legislativa

más

esta

codifique

en

de

la

etiqueta

la

Ley

de

trasciende

en

e

Confiscaciones,

lo

que

con

la

relación

“civil”

la

Asamblea

doctrina

de

impedimento colateral por sentencia y su aplicabilidad en la

esfera

civil.

nuestro

De

este

ordenamiento

modo,

interpretamos

jurídico

sin

integralmente

abstraernos

de

las

garantías constitucionales individuales.

Cónsono con este proceder, en Coop. Seg. Múlt. v.

E.L.A., 180 DPR 655 (2011), este Tribunal resolvió que la

extinción de la acción penal hacía improcedente el proceso

de confiscación civil. Esta conclusión tomó en cuenta el

carácter cuasicriminal de la Ley de Confiscaciones, supra,

y,

más

importante

aún,

la

necesidad

constitucional

de

vincular el resultado de la acción penal al proceso de

confiscación

civil.

Específicamente,

tal

raciocinio

se

fundamentó en que:

Al

amparo

de

nuestras

interpretaciones

constitucionales,

y

cónsono

con

la

normativa

federal

vigente, hemos vinculado el resultado

del proceso civil de confiscación al

desenlace de la causa criminal contra la

persona imputada del delito a base del

cual se justifica la confiscación.9

Nótese

que

la

vinculación

del

proceso

civil

de

confiscación a lo que finalmente ocurra en la causa penal,

9(Negrillas

y énfasis suplidos). Íd., pág. 680.

CC-2022-0172

9

según resuelto en Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, resulta

en extremo importante, pues:

En primer lugar, porque analiza de forma

grupal

las

decisiones

previas

del

Tribunal Supremo sobre el asunto e

identifica una línea consistente: el

vínculo férreo entre la acción penal y

el proceso civil de confiscación. Es

decir,

dicha

[O]pinión

anuncia

la

existencia de una norma que yacía

callada en varias decisiones previas y

la articula expresamente. En segundo

lugar, no cabe duda [de] que esta norma

es de naturaleza constitucional. Por

tanto, no depende únicamente de la

voluntad legislativa.10

Tal y como destaqué en Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA,

supra, la confiscación civil está atada al resultado de la

causa criminal aun en aquellos casos en que la absolución

criminal no sea en los méritos. Íd., pág. 164. Lo anterior

“‘no se trata únicamente de la aplicación de la doctrina de

impedimento colateral por sentencia, sino de excepciones a

la independencia del proceso in rem fundadas en la extinción

de

la

acción

penal

contra

la

persona

presuntamente

responsable del delito’”. Íd., (citando a Coop. Seg. Múlt.

v. E.L.A., supra, pág. 676). Ello, sobre todo, dadas las

garantías constitucionales locales y federales que están

presentes en los procesos de confiscación.11

10(Negrillas

suplidas y énfasis suplido en el

original). J. Farinacci Fernós, Derecho constitucional, 86

Rev. Jur. UPR 662, 680 (2017).

11Al

respecto, véase, Timbs v. Indiana, 139 S. Ct. 682

(2019) (estableciéndose, en el contexto de confiscaciones

civiles, la extensión de la Octava Enmienda a los estados

por virtud de la Decimocuarta Enmienda); Austin v. United

CC-2022-0172

10

Y es que la confiscación sin más de un bien naturalmente

lícito vulnera, además, la garantía constitucional de la

presunción de inocencia.12 Para evitar tal fricción, resulta

indispensable que se concluya que la falta de una condena

extingue la acción civil confiscatoria.13 Interpretar lo

contrario, implica una revocación sub silentio de nuestros

precedentes y, más importante aún, presenta serios problemas

constitucionales en la práctica.

De hecho, recientemente así lo adelanté en Cooperativa

de Seguros Múltiples y otro v. ELA y otros, 209 DPR 796, 812

(2022) (Opinión disidente del Juez Asociado Señor Estrella

Martínez). Específicamente, allí alerté que la modificación

estatutaria en la que hoy se ampara la Mayoría no alteraba

la norma de que la falta de una condena penal priva la

confiscación

civil

y

vulnera

múltiples

garantías

constitucionales.14

States, 509 US 602 (1993) (afirmándose que la Octava

Enmienda, la cual prohíbe los castigos crueles e inusitados,

aplica en los casos civiles de confiscación por razón del

propósito punitivo característico de este último); One 1958

Plymouth Sedan v. Com. of Pa., 380 US 693 (1965) (aplicándose

las salvaguardas constitucionales contra los registros

irrazonables

en

casos

criminales

a

un

proceso

de

confiscación civil). Refiérase, además, a los casos citados

en la Sec. II, págs. 5-6, junto con el esc. 4, de esta

Opinión disidente.

12Coop.

13Íd.,

14Para

Seg. Mult. v. E.L.A., supra, pág. 679.

pág. 681.

una exposición y análisis sobre la preocupación

de la Convención Constituyente con respecto al carácter

punitivo de las confiscaciones y la separación ficticia

entre ambos procesos, véase, Cooperativa de Seguros

Múltiples y otro v. ELA y otros, supra, págs. 818-820.

CC-2022-0172

A

esos

11

fines,

es

menester

citar

in

extenso

los

fundamentos que enmarcaron mi postura:

Esta enmienda, introducida por la Ley

Núm.

287-2018,

no

altera

nuestra

conclusión

de

que

la

falta

de

presentación de cargos o la absolución

en un proceso criminal tiene el efecto

de que no proceda la confiscación civil

de

un

bien

inherentemente

lícito.

Nótese, pues, que lo añadido preceptúa

que el proceso civil de confiscación

podrá llevarse a cabo y culminarse antes

de que se acuse, declare culpable o

absuelva al acusado. Por otra parte, y

muy a pesar de lo dispuesto a los efectos

de que la culpabilidad o inocencia del

acusado no deberá tomarse en cuenta en

el

proceso

de

confiscación

civil,

entendemos

que

esto,

igualmente,

establece la indispensabilidad de que

haya un proceso penal. Sin embargo,

adelantamos que la enmienda realizada se

ciñe principalmente a la aplicabilidad

de la doctrina de impedimento colateral

por sentencia. Mas, en la práctica,

potencialmente trasciende la realidad de

lo que es válido constitucionalmente y,

particularmente,

nuestros

pronunciamientos jurisprudenciales al

respecto.15

Así pues, debido a la naturaleza cuasicriminal de las

confiscaciones civiles, y por razón de las implicaciones que

tienen sobre los derechos constitucionales de la ciudadanía,

estas

no

deben

ser

favorecidas

por

los

tribunales

en

escenarios donde no exista una condena penal. Coop. Seg.

Múlt. v. E.L.A., supra, pág. 688 (citas omitidas). Solo así

se cumple con el principio de que las confiscaciones deben

15(Negrillas

suplidas y negrillas

original). Íd., pág. 818 (esc. 6).

suplidas

en

el

CC-2022-0172

12

interpretarse restrictivamente “y de forma compatible con la

justicia y los dictados de la razón natural”. Íd.16

En consecuencia, distinto a lo que concluye la Opinión

mayoritaria, ratifico que, ante un resultado favorable en el

procedimiento criminal, procede la resolución por la vía

sumaria de la impugnación de la confiscación realizada por

el Gobierno. Ello es así, en vista de que si el Gobierno

falló en probar en la esfera penal la conducta delictiva que

motivó la incautación, está ausente el nexo entre la comisión

del delito y la propiedad incautada, elemento esencial para

su validez. Por tanto, no existe justificación alguna en

Derecho

que

impida

sumariamente

en

la

que

una

parte

demandante

prevalezca

acción

civil

impugnatoria

de

la

confiscación.17

16Máxime,

cuando no cabe duda que estas confiscaciones

son civiles en su forma, pero punitivas en su naturaleza.

Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra, pág. 937 (Opinión

disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez).

17Sobre

este particular, resulta apropiado reproducir

lo que expresé en Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, supra:

A esos efectos, si procediera la

confiscación luego de un resultado

favorable en el caso criminal, el Estado

estaría utilizando su poder punitivo

para castigar a un ciudadano por la

comisión de un delito aunque éste no se

hubiera cometido. A todas luces, en la

medida en que el procedimiento civil no

es conforme a [D]erecho, el Estado

estaría incautando propiedad privada sin

que ésta se haya utilizado en actividad

criminal.

(Negrillas suplidas y énfasis suplido en el original).

Íd., pág. 172.

CC-2022-0172

13

En definitiva, reafirmo que en aquellos casos en que se

extingue la acción penal relacionada con los mismos hechos

que dieron lugar a la confiscación, y al acreditarse tal

hecho en la acción impugnatoria de confiscación civil, solo

restaba aplicar el Derecho. Dado que no se probó la comisión

de un delito, eso, indudablemente, debería conducirnos al

camino de liberar lo confiscado sin que fuese necesario la

celebración de un juicio.18

III

Hoy se siguen confiscando las esperanzas de que este

Tribunal

se

proyecte

como

garante

de

los

derechos

constitucionales de la ciudadanía. Ello, muy a pesar de que

el

precepto

normativo

que

debe

regir

es

claro

e

infranqueable: un resultado favorable en la causa penal es

suficiente para que se decrete sumariamente la invalidez de

la confiscación civil, sin perjuicio de lo que se disponga

estatutariamente. Únicamente de este modo se evita favorecer

18En

función de que se obligará a continuar litigando

la improcedencia de la confiscación, enfatizo que el foro

correspondiente deberá realizar un análisis de relación o

utilidad entre lo confiscado y la conducta delictiva que

motiva la confiscación. Si cumple con ese análisis, deberá

evaluar, en segundo lugar, si existe proporcionalidad entre

el valor de la propiedad con respecto a la gravedad del

delito alegadamente cometido. De este modo, se preserva la

máxima en contra de la imposición de multas excesivas

garantizado por las Constituciones de Puerto Rico y Estados

Unidos. Para una exposición y análisis sobre el particular,

véase, mi disenso en Cooperativa de Seguros Múltiples y otro

v. ELA y otros, supra, págs. 824-825. Adelanto que, tomando

en cuenta que aquí la alegada conducta delictiva se ciñe a

la presunta utilización de un vehículo sin marbete, la

confiscación de la Jeep Patriot 2015 potencialmente vulnera

la cláusula constitucional contra las multas excesivas antes

aludida.

CC-2022-0172

14

desmedidamente al Gobierno en la confiscación de propiedad

con un estándar menor y sin la plena observancia de las

garantías que se activan en los procesos penales.

Reitero,

nuestros

constitucionales

precedentes

aplicables

y

exigen

las

que,

garantías

tras

una

determinación favorable en el proceso penal, se determine

sin más que la confiscación en el proceso civil punitivo es

improcedente. Toda vez que bajo este escenario se opta por

someter

a

un

juicio

en

su

fondo

a

quien

impugna

la

confiscación, y con ello se categoriza prima facie al bien

confiscado como coautor de un crimen, disiento.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Universal Insurance Company y

otro

Recurridos

v.

CC-2022-0172

Certiorari

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y otros

Peticionarios

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2023.

Hace aproximadamente un año atrás, en Coop. Seg.

Múlt. et als. v. E.L.A. et als., 2022 TSPR 77, 209

DPR __ (2022), desde la disidencia, sostuvimos que la

ausencia

de

presentación

de

cargos

criminales

en

contra de persona alguna, por hechos que motivaron la

confiscación de determinada propiedad, invalidaba la

acción

confiscatoria

del

Estado

sobre

un

objeto

lícito. Allí razonamos que, “la ausencia de cargos

criminales en contra de persona alguna no solo t[enía]

el efecto de colocarnos ante un propietario o dueño

del bien confiscado protegido por la presunción de

inocencia, sino que también nos presenta[ba] una falta

de vínculo entre la propiedad confiscada y el delito

cometido, sumado a

la

naturaleza

legal

del

objeto

CC-2022-0172

2

confiscado”. (Énfasis suplido). Véase, Opinión disidente de

Colón Pérez en Coop. Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et als.,

supra.

Hoy, en un asunto de similar naturaleza, le correspondía

a los miembros de este Tribunal pasar juicio sobre si,

habiéndose encontrado no causa para arresto en contra de

determinada persona, por ciertos delitos que presuntamente

motivaron la confiscación de un bien perteneciente a éste,

procedía

que

el

Estado

privara

a

un

ciudadano

de

su

propiedad. Lamentablemente, una mayoría de mis compañeros y

compañera de Estrado, nuevamente, toman la ruta equivocada

y, en un juego de palabras, en esencia, vuelven a emplear

sub silentio la ficción jurídica que plantea que la cosa,

por si sola, es autora del delito.

Al

así

hacerlo,

--

en

palabras

sencillas

--,

erróneamente resuelven que la no determinación de causa por

los delitos que motivaron la confiscación impugnada en el

presente

litigio

no

invalida

automáticamente

la

acción

confiscatoria del Estado sobre un objeto lícito. Lo anterior,

pues, a su juicio, ello no es suficiente para derrotar la

presunción de legalidad y corrección de una confiscación

civil. Fallan malamente en dicha apreciación.

Y es que, independientemente que el presente litigio se

trámite bajo la Ley Núm. 287-2018, 2018 Leyes de Puerto Rico

(Parte 3) 2916-2922, la cual enmendó la Ley de Confiscaciones

de 2011, 34 LPRA sec. 1724e, -- tal y como lo hicimos en

CC-2022-0172

3

Coop. Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et als., supra, --,

insistimos en que la ficción jurídica que automáticamente

hoy emplea una mayoría de este Tribunal, para arribar a su

conclusión, requiere que alguien sea el autor del delito que

da paso a la confiscación. Es decir, “[a]lguien tiene que

utilizar la cosa delictiva”. Íd. Ello no se probó aquí.

Como bien se recoge en los hechos que forman parte de

la Opinión que hoy emite esta Curia, en el presente caso hubo

una adjudicación expresa, por parte del Tribunal de Primera

Instancia, de no causa para arresto en contra de determinada

persona por ciertos delitos que presuntamente motivaron la

confiscación de un bien perteneciente a éste. En específico,

no se encontró causa para arresto en contra del señor Tirado

Díaz por la presunta violación al Artículo 4(e) de la Ley

253-1995

(Disposiciones

Generales

del

Seguro

de

Responsabilidad Obligatorio), 26 LPRA sec. 8053, Ley de

Seguro

de

Responsabilidad

Obligatorio

para

Vehículos

de

Motor, Ley Núm. 253-1995, 26 LPRA et seq., y el Artículo 215

del Código Penal de Puerto Rico (Falsificación de licencias,

certificados

y

otra

documentación),

33

LPRA

sec.

5285,

delitos por los que le fue confiscado el vehículo de motor

perteneciente a éste. Dicho de otro modo, aquí no hubo

delito.

Ausente pues, ese “vínculo entre la propiedad confiscada

y el delito cometido”, y dada la histórica relación que

siempre ha existido entre el proceso criminal y el civil

CC-2022-0172

asociado

a

4

litigios

como

estos,

no

se

sostiene

la

confiscación realizada por el Estado del bien perteneciente

al señor Tirado Díaz. (Negrillas suplidas). Opinión disidente

de Colón Pérez en Coop. Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et als.,

supra. En consecuencia, el error señalado por el Estado no

se cometió.

Podían los aquí recurridos invocar, como efectivamente

lo hicieron,

ante los foros judiciales,

la doctrina de

impedimento colateral por sentencia, ello en aras de dar paso

a su Demanda sobre impugnación de confiscación. Recordemos

que la referida doctrina postula que su propósito es la

economía

procesal,

adversamente

afectada

particularmente,

por

una

que

una

determinación

parte

vuelva

a

relitigar su caso.

En específico, conforme a nuestro ordenamiento jurídico

la doctrina del impedimento colateral por sentencia opera

cuando un hecho esencial para el dictamen de una sentencia

se determina como uno final y firme y dicha determinación es

concluyente para un pleito subsiguiente entre las mismas

partes, aunque se trate de acciones distintas. Coop. Seg.

Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655, 673 (2011); Suárez v. E.L.A.,

162 DPR 43, 59 (2004); A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná,

110 DPR 753, 763 (1981).1 Tal es el caso de autos.

1

Vale señalar que, en Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973 (1994), al

aplicar la aludida doctrina, resolvimos que no procedía la confiscación

cuando hubo una determinación de no causa probable para acusar y la misma

advino final y firme sin que el Estado hubiese acudido en alzada. Íd.,

págs. 992–993. “La determinación de no causa final y firme de un imputado

constituye

una

determinación

judicial

que

deja

a

éste

libre,

CC-2022-0172

5

I.

Es,

pues,

por

los

fundamentos

antes

expuestos

que

enérgicamente disentimos.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado

independientemente de si es una determinación en los méritos o no lo es”.

(Negrillas suplidas)(Énfasis en el original). Suárez v. E.L.A., supra,

pág. 56, citando a Del Toro Lugo v. E.L.A., supra.