Tribunal Supremo de Puerto Rico
Universal Insurance Company y otro v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
2023 TSPR 24
Poder Judicial de Puerto Rico
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Universal Insurance Company y otro v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
CC-2022-0172
7 de marzo de 2023 · Hon. Rivera García · Confiscaciones – Ausentes las circunstancias contempladas en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada por la Ley Núm. 287-2018, la figura del impedimento colateral por sentencia no puede ser invocada en un procedimiento de impugnación de confiscación como fundamento para obtener un dictamen sumario contra el Estado.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Universal Insurance Company y otro
Recurridos
Certiorari
v.
2023 TSPR 24
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y otros
211 DPR ___
Peticionarios
Número del Caso:
Fecha:
CC-2022-0172
7 de marzo de 2023
Tribunal de Apelaciones:
Panel V
Oficina del Procurador General:
Hon. Fernando Figueroa Santiago
Procurador General
Lcdo. Omar Andino Figueroa
Subprocurador General
Lcda. María Astrid Hernández Martín
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la parte recurrida:
Lcda. Keila M. Ortega Casals
Materia: Confiscaciones – Ausentes las circunstancias contempladas
en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada por
la Ley Núm. 287-2018, la figura del impedimento colateral por
sentencia no puede ser invocada en un procedimiento de impugnación
de confiscación como fundamento para obtener un dictamen sumario
contra el Estado.
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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Universal Insurance Company
y otro
Recurridos
CC-2022-0172
Certiorari
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros
Peticionarios
El Juez Asociado señor Rivera García emitió la Opinión del
Tribunal
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2023.
Por
años
esta
Curia
se
ha
enfrentado
ante
una
interrogante persistente en nuestro ordenamiento, a saber,
la procedencia de la figura del impedimento colateral por
sentencia en las acciones para impugnar una confiscación.
Como es conocido, nuestras decisiones durante la década
pasada no han producido un dictamen mayoritario y, en su
defecto, los tribunales de nuestra jurisdicción se han visto
precisados a resolver estas controversias sin el beneficio
de un precedente vinculante. Hasta el día de hoy.
Amparados
en
el
ordenamiento
estatutario
vigente,
resolvemos que, ausente las circunstancias contempladas en
la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, infra, según
fuera enmendada y aclarada por la Ley Núm. 287-2018, infra,
la figura del impedimento colateral por sentencia no puede
CC-2022-0172
ser
2
invocada
confiscación,
en
un
procedimiento
como
fundamento
para
de
impugnación
obtener
un
de
dictamen
sumario contra el Estado. Veamos.
I
El 1 de diciembre de 2019, Universal Insurance Company
y Popular Auto (recurridas) instaron una Demanda ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en
la cual impugnaron una confiscación efectuada por el Estado.
El objeto confiscado era un vehículo marca Jeep, modelo
Patriot, año 2015, con tablilla IWL-524.1 Dicho vehículo
estaba gravado por Popular Auto mediante un contrato de
venta
condicional
y
asegurado
por
Universal
Insurance
Company contra el riesgo de una confiscación.2
Según surge del expediente, el 20 de septiembre de
2019,
el
Estado
presuntamente,
ocupó
haber
sido
el
referido
utilizado
en
vehículo
violación
por,
al
Artículo 4(E) de la Ley Núm. 253-1995, Ley de Seguro de
Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, infra,
y el Artículo 215 del Código Penal de Puerto Rico, infra.3
Consta, además, que el automóvil fue inspeccionado para
fines de inventario y fue identificado como “ocupado para
investigación”.4 Posteriormente, el 10 de octubre de 2019,
se emitió una Orden de Confiscación.5
Demanda, Apéndice del Certiorari, pág. 69.
Íd.
3 Notificación de Confiscación, Apéndice del Certiorari, pág. 72.
4 Inventario de Vehículo, Apéndice del Certiorari, pág. 140.
5 Orden de Confiscación, Apéndice del Certiorari, pág. 111.
1
2
CC-2022-0172
3
Ahora bien, en conexión con estos hechos, el 24 de
septiembre de 2019, se presentaron dos (2) denuncias contra
el Sr. Juan R. Tirado Díaz (señor Tirado Díaz) por alegadas
infracciones
a
las
disposiciones
penales
previamente
reseñadas.6 En síntesis, los hechos alegados ocurrieron para
el 4 de septiembre de 2019 y exponían un alegado uso del
vehículo
ocupado
sin
el
pago
de
los
derechos
anuales
(marbete).7 No obstante, estas denuncias no prosperaron y
el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Bayamón,
hizo una determinación de no causa para arresto en ambos
cargos.8
Retornando al pleito de epígrafe, surge que el Estado
contestó
la
demanda
de
impugnación
y
sostuvo
que
la
confiscación debía presumirse legal y que le correspondía
a las aquí recurridas el peso de la prueba para derrotar la
legalidad
de
esta.9
Posteriormente,
se
suscitó
una
controversia respecto a la notificación de la confiscación
y
si
esta
se
había
cursado
oportunamente.10
Dicha
interrogante fue resuelta a favor del Estado.11
Denuncias, Apéndice del Certiorari, págs. 134-137.
Íd.
8
Íd. Las denuncias contra el señor Tirado Díaz fueron
clasificadas bajo los alfanuméricos BY2019CR01097-1 y BY2019CR01097-2.
Además, surge del expediente que existía otro caso contra el señor
Tirado Díaz, el caso criminal D LE2019M0110, Pueblo de Puerto Rico v.
Juan R. Tirado Díaz, el cual fue desestimado al amparo de la Regla 64
de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. I, R. 64. No surge de los autos
información ulterior sobre este último procesamiento.
9 Contestación a Demanda, Apéndice del Certiorari, pág. 77.
10 Véanse Moción Solicitando Sentencia Sumaria por Notificación
Tardía, Apéndice del Certiorari, págs. 93-98 y Réplica a Moción de
Sentencia Sumaria, Apéndice del Certiorari, págs. 105-07.
11
Véase Resolución del 9 de abril de 2021, Apéndice del
Certiorari, págs. 114-16. Surge de los autos que el vehículo fue ocupado
para fines de investigación el 20 de septiembre de 2019 y fue
6
7
CC-2022-0172
4
Concluidos estos trámites, las recurridas presentaron
una Moción Solicitando [que] se Dicte Sentencia Sumaria por
Impedimento
Colateral
por
Sentencia.
En
lo
pertinente,
resaltaron que los cargos contra el señor Tirado Díaz no
prosperaron.12
motivó
la
Así
pues,
confiscación
concluyeron
no
fue
que
cometido
el
delito
que
que,
por
y
consiguiente, no existía un nexo entre un acto delictivo y
el objeto confiscado.13 Por tanto, sostuvieron que se había
configurado
la
doctrina
de
impedimento
colateral
por
sentencia.14
En sentido contrario, el Estado presentó una Oposición
a
Solicitud
de
Sentencia
Sumaria
procedimiento
de
confiscación
es
y
uno
destacó
que
el
independiente
de
cualquier otro proceso penal, civil o administrativo contra
el dueño o poseedor de los bienes ocupados.15 Además, sostuvo
que el resultado de todo caso criminal por los mismos hechos
resulta irrelevante en el caso civil.16 A su entender, lo
pertinente, es que existe una presunción de legalidad y
corrección de la confiscación que en este caso no había
oficialmente confiscado el 10 de octubre de 2019. Así las cosas, la
notificación de la confiscación fue cursada el 1 de noviembre de 2019.
De este modo, la investigación y la orden de confiscación se completaron
dentro del término de noventa (90) días que establece el Artículo 13
de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724j.
Similarmente, la notificación de la confiscación fue remitida dentro
de los treinta (30) días posteriores a la conclusión de la investigación
y la emisión de la orden de confiscación, tal y como dispone la
disposición precitada.
12 Moción Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria por Impedimento
Colateral por Sentencia, Apéndice del Certiorari, pág. 148.
13 Íd., pág. 149.
14 Íd., pág. 154.
15
Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, Apéndice del
Certiorari, pág. 165.
16 Íd., pág. 167.
CC-2022-0172
sido
derrotada.17
encuentra
ausente
5
Finalmente,
una
argumentó
adjudicación
que
expresa
aquí
que
se
haya
determinado que el bien confiscado no fue utilizado en la
comisión de algún delito.18
Al cabo de estos trámites, el foro primario dictó una
Resolución en la cual declaró sin lugar la solicitud de
sentencia sumaria instada por las recurridas. Expuso que es
el demandante quien tiene que demostrar que se cometió un
delito en o con la propiedad confiscada.19 De este modo, “el
mero hecho de haberse desestimado la acción criminal por sí
solo no es suficiente para rebatir la presunción de que la
confiscación fue correcta”.20 Así, concluyó que en este caso
no
hay
prueba
aun
que
estableciera
la
falta
de
responsabilidad del señor Tirado Díaz.21 Particularmente,
recalcó que no surgía la razón por la cual la acción
criminal contra el señor Tirado Díaz no prosperó.22
Inconforme con este desenlace, Universal Insurance
Company acudió mediante petición de Certiorari ante el
Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, alegó que el
foro primario había errado al no haber aplicado la doctrina
de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral
por sentencia.23 Por su parte, el Estado, representado por
Íd.
Íd., pág. 176.
19 Resolución del 12 de octubre de 2021, Apéndice del Certiorari,
pág. 66.
20 Íd.
21 Íd.
22 Íd.
23
Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones,
Apéndice del Certiorari, pág. 38.
17
18
CC-2022-0172
6
la Oficina del Procurador General, compareció en oposición
mediante un Escrito en Cumplimiento de Orden.24
Examinadas
las
posturas
de
ambas
partes,
el
foro
intermedio expidió el auto y revocó el dictamen del Tribunal
de Primera Instancia. Razonó, que nuestra doctrina reconoce
que el desenlace del procedimiento civil está íntimamente
relacionado
a
la
causa
criminal.25
Además,
expuso
que,
aunque la acción de confiscación fuera una civil, esta, al
igual que un proceso criminal, tiene el fin de penalizar un
delito.26 Por tanto, razonó que, ante la determinación de
no causa y la desestimación de los cargos, el vehículo
confiscado se considera no utilizado en actividad criminal
alguna.27 En suma, concluyó que procedía la aplicación de
la
doctrina
de
impedimento
colateral
y
la
disposición
sumaria del caso en favor de las recurridas.28
Tras
fallar
en
su
intento
de
obtener
una
reconsideración de dicho dictamen, el Estado recurre ante
nos
mediante
Certiorari.
En
su
escrito,
le
imputa
al
Tribunal de Apelaciones la comisión del siguiente error:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al aplicar
la doctrina de impedimento colateral por sentencia
aun cuando no hubo adjudicación expresa en el proceso
penal que se celebró por los mismos hechos que dieron
lugar a la confiscación, en la cual se determinase
que el bien confiscado no fue utilizado en la comisión
de algún delito.
24
Escrito en Cumplimiento de Orden ante el Tribunal de
Apelaciones, Apéndice del Certiorari, pág. 184.
25 Sentencia del 19 de enero de 2022, Apéndice del Certiorari,
pág. 18.
26 Íd.
27 Íd.
28 Íd., pág. 19.
CC-2022-0172
7
El 27 de mayo de 2022, tras examinar el recurso, expedimos
el auto. Posteriormente, las partes presentaron sus respectivos
alegatos,
reiterando,
en
esencia,
los
planteamientos
antes
esbozados.
Perfeccionado
el
recurso
ante
nuestra
consideración,
procedemos a su adjudicación.
II
A. Confiscación civil o In Rem
Nuestra doctrina establece que la confiscación es el
acto de ocupación que lleva a cabo el Estado de todo derecho
de
propiedad
sobre
cualesquiera
bienes
que
hayan
sido
utilizados en relación con la comisión de ciertos delitos.29
Ante la seriedad que supone dicho acto gubernamental, hemos
enfatizado que la confiscación representa una privación de
la propiedad que debe satisfacer las garantías mínimas del
debido proceso de ley.30 Además, representa una excepción
al mandato constitucional que prohíbe que el Estado tome
propiedad
privada
para
fines
públicos
sin
justa
compensación.31
Sin duda, el fin de este tipo de procedimiento es
evidente, pues ciertamente la confiscación opera como una
sanción penal adicional contra los criminales.32 Aun así, a
29 Véanse: Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., 2022 TSPR 77,
209 DPR _ (2022); Figueroa Santiago et als. v. ELA, 207 DPR 923, 929
(2021); Reliable v. Depto. Justicia y ELA, 195 DPR 917 (2016).
30 Reliable v. Depto. Justicia y ELA, supra, págs. 924-25.
31 Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 180 DPR 655, 662-63 (2011).
32 Véanse: Doble Seis Sport v. Depto Hacienda, 190 DPR 763, 784
(2014); MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517, 525 (2013).
CC-2022-0172
8
lo largo de nuestra historia, hemos reconocido que la
clasificación del procedimiento de la confiscación como una
acción civil o criminal, precisa de un mayor análisis. Esto
es
así,
pues,
nuestro
ordenamiento
reconoce
dos
(2)
variantes de la confiscación: la confiscación in personam
y la confiscación in rem.33
La confiscación in personam se perfila como una acción
de índole penal, pues se produce como resultado de un
veredicto de culpabilidad en un procedimiento criminal.34
En ese caso, la confiscación representa una parte de la
sanción que se le impone al ofensor.35 Por otra parte, la
confiscación in rem parte de la premisa fundamental de que
esta es una acción distinta y separada de cualquier otro
procedimiento penal, o sea, dirigido contra la persona.36
Es decir, esta acción, por ficción legal, se insta contra
la cosa misma y no contra su dueño, poseedor, encargado u
otra persona con interés legal sobre ella.37
Ahora bien, tanto nuestra doctrina, como la doctrina
federal vinculante, reconocen que la mera designación de un
procedimiento de confiscación como criminal o civil no
resuelve la interrogante sobre su verdadera naturaleza. Por
el contrario, ante la duda sobre el tipo de confiscación
que ha de emplearse en una jurisdicción, es preciso recurrir
Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., supra, pág. 8.
Íd.
35 Íd.
36 MAPFRE v. ELA, supra, pág. 525.
37 Íd.
33
34
CC-2022-0172
9
a la sustancia del procedimiento estatuido. Como es de
esperarse,
la
contestación
importantes
efectos
confiscación
de
garantías
que
a
esta
prácticos.
naturaleza
ofrece
interrogante
Ciertamente,
criminal,
nuestro
se
tiene
ante
una
activan
las
ordenamiento
en
estas
instancias. Por el contrario, no ocurre esto cuando estamos
ante una confiscación civil.
Más aún, para entender este análisis, debemos recurrir
a
la
jurisprudencia
federal,
el
cual
vinculante
ha
tenido
del
Tribunal
repetidas
Supremo
ocasiones
para
considerar este dilema. Particularmente, debemos examinar
las siguientes opiniones: United States v. Ward, 448 US 242
(1980); United States v. One Assortment of 89 Firearms, 465
US 354 (1984) y United States v. Ursery, 518 US 267 (1996).
En United States v. Ward, supra, el Tribunal Supremo
federal
consideró
interrogante
sobre
los
si
elementos
un
que
estatuto,
que
resolverían
dispone
la
cierta
penalidad, es de naturaleza civil o criminal. En primer
lugar, debe determinarse si la legislatura ha expresado de
manera
expresa
o
implícita
la
preferencia
por
una
designación u otra.38 No obstante, aún habiéndose designado
la penalidad como civil, es necesario considerar si esta es
tan punitiva, en su propósito o en sus efectos, como para
derrotar esta intención.39 Respecto a esto, el Máximo Foro
federal ha dispuesto que solo la prueba más clara podría
38
39
United States v. Ward, supra, pág. 248.
Íd., págs. 248-49.
CC-2022-0172
10
proporcionar
los
fundamentos
para
derrotar
la
constitucionalidad de un estatuto bajo dicha pretensión.40
A su vez, en United States v. One Assortment of 89
Firearms, supra, el Tribunal Supremo federal se encontró
ante un estatuto de confiscaciones cuya naturaleza civil
fue cuestionada. De entrada, al recurrir a los elementos
discutidos en Ward, se expuso que las confiscaciones in rem
han
sido
vistas
tradicionalmente
como
procedimientos
civiles, donde la jurisdicción se asume a partir de la
ocupación de un objeto físico.41 Al examinar el estatuto en
controversia, se determinó que el fin de este era uno de
naturaleza remedial.42 En particular, el estatuto buscaba
mitigar el comercio indiscriminado de las armas de fuego.43
Según entendió la Corte Suprema federal, mantener las armas
de fuego fuera de las manos de vendedores no autorizados
era un fin remedial y no punitivo.44
Finalmente,
tanto
One
Assortment
of
89
Firearms,
supra, como United States v. Ursery, supra, despejaron
cualquier
duda
procedimientos
sobre
de
la
interacción
confiscación
y
la
entre
los
protección
constitucional contra la doble exposición. Sencillamente,
a menos que la sanción ⎯en este caso una confiscación⎯
fuera diseñada como un castigo y su efecto fuera de tal
40
41
Íd., pág. 249.
United States v. One Assortment of 89 Firearms, supra, pág.
363.
Íd., pág. 364.
Íd.
44 Íd.
42
43
CC-2022-0172
nivel
que
criminal
11
el
procedimiento
su
naturaleza,
en
se
la
tornara
doble
esencialmente
exposición
no
es
posible.45
Establecido lo anterior, reiteramos, que para que una
confiscación
in
rem
o
civil
sea
procedente
deben
satisfacerse dos (2) requisitos primordiales. Primeramente,
debe existir prueba suficiente y preponderante de que se ha
cometido un delito.46 Segundo, debe demostrarse que existe
un
nexo
entre
la
comisión
del
delito
y
la
propiedad
confiscada.47 Además, dada la naturaleza independiente de
la acción civil de la confiscación, esta puede instarse
antes de que se presente una acción criminal o, incluso,
antes de que se haya obtenido un veredicto de culpabilidad
o absolución.48 Lo crítico, es que el Estado demuestre que
la
propiedad
confiscada
se
utilizó
en
una
actividad
delictiva.49
B.
Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011
El análisis anterior nos confirma que la confiscación
in
rem
o
civil,
cuando
se
previamente
expuestos,
protecciones
constitucionales
rija
cumple
que
por
los
parámetros
cabalmente
imperan
con
en
las
nuestra
jurisdicción. En términos prácticos, esto implica que el
45 Véanse: United States v. Ursery, supra, págs. 277-78; United
States v. One Assortment of 89 Firearms, supra, pág. 362.
46 Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra, pags. 929-30.
47 Íd.
48 Véanse: Doble Seis Sport v. Depto Hacienda, supra, págs. 78485; Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, pág. 668.
49 Íd.
CC-2022-0172
diseño
e
12
instrumentación
de
este
procedimiento
recae
decididamente en manos del Poder Legislativo. A esos fines,
la
Asamblea
estatuto
Legislativa
rector
en
de
materia
Puerto
de
Rico
aprobó
confiscaciones,
nuestro
la
Ley
Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada.50
Surge de la exposición de motivos de dicha medida, que
la confiscación representa un disuasivo a la actividad
criminal
por
el
temor
que
infunde
la
pérdida
de
la
propiedad.51 Habida cuenta de ello, la ley provee las normas
que han de regir el proceso de la confiscación con el fin
de que este sea uno expedito, justo y uniforme.52 Además,
reitera que el procedimiento de confiscación, creado en
virtud de dicha ley, es uno “que garantiza el debido proceso
de ley a todo dueño de bienes confiscados”.53
En lo pertinente a lo que hoy nos ocupa, la ley dispone
expresamente la determinación de la Asamblea Legislativa
sobre
la
naturaleza
del
procedimiento
de
confiscación
estatuido en Puerto Rico. De esta manera, “se sostiene y
reafirma
la
naturaleza
in
rem
de
las
confiscaciones,
independiente de cualquier otra acción de naturaleza penal,
administrativa o de cualquier otra naturaleza”.54 (Énfasis
suplido). Además, de la exposición de motivos surge sin
Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA secs. 1724 et. seq.
2011 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1761.
52 Íd.
53 Íd., pág. 1762.
54 34 LPRA sec. 1724 nota.
50
51
CC-2022-0172
13
ambages lo que la Asamblea Legislativa entiende que implica
esta naturaleza independiente. En concreto,
[l]os procedimientos de confiscación civil pueden
llevarse a cabo y culminarse antes de que se acuse,
se declare culpable o se absuelva al acusado. Incluso,
pueden llevarse aun cuando no se haya presentado
ningún cargo. Esto debido a que la acción civil se
dirige contra la cosa en sí misma, en general, la
culpabilidad
o
inocencia
del
propietario
es
irrelevante en cuanto a la procedencia o no de la
confiscación civil.55 (Énfasis suplido).
De otra parte, con el fin de asegurar el debido proceso
a toda persona que ostente un interés propietario en el
objeto confiscado, la Ley Uniforme de Confiscaciones de
2011, supra, viabiliza un procedimiento mediante el cual se
permite
impugnar
las
confiscaciones
efectuadas
por
el
Estado.
A esos efectos, el Artículo 15 de la Ley Uniforme
de Confiscaciones de 2011 dispone que aquellas personas que
hubieran
sido
notificadas
de
una
confiscación,
y
que
demuestran ser dueñas de la propiedad incautada, pueden
instar una demanda contra el Gobierno de Puerto Rico.56
El
referido
artículo
también
establece
que
las
demandas de impugnación deben instarse dentro del término
de treinta (30) días a partir de la notificación de que el
objeto ha sido confiscado. Además, y de extrema pertinencia
en estos casos, es necesario puntualizar que “se presumirá
la
legalidad
y
independientemente
corrección
de
cualquier
de
la
otro
confiscación
caso
penal,
administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado
55
56
2011 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1762-63.
34 LPRA sec. 1724l.
CC-2022-0172
14
a los mismos hechos”.57 (Énfasis suplido). En conjunto con
ello, la ley le asigna al demandante “el peso de la prueba
para derrotar la legalidad de la confiscación”.58 (Énfasis
suplido).
C. Impedimento colateral por sentencia
Uniforme de Confiscaciones de 2011
y
la
Ley
Con esto en mente, nos adentramos en el tema medular
que enmarca el dictamen que hoy emitimos. Esto es, la
relación, si alguna, que debe guardar el procedimiento civil
de
la
confiscación,
lo
que
incluye
su
correspondiente
impugnación, con el desenlace de cualquier otra acción penal
por los mismos hechos. Reiteradamente, tal discusión nos ha
conducido a esgrimir la aplicación en estos casos de la
doctrina
de
impedimento
colateral
por
sentencia.
No
obstante, como es de conocimiento, en los pasados años este
tema ha promovido un vigoroso debate entre los miembros
pasados y presentes de esta Curia.59 Por ello, aclaramos,
que la norma que hoy pautamos se ciñe estrictamente al
derecho vigente. Esto es, al texto actual de la Ley Uniforme
de Confiscaciones de 2011, supra, según enmendada.
Todo estudio de este tema necesariamente debe partir
de un repaso de los elementos medulares de la doctrina de
impedimento colateral por sentencia. En principio, dicho
Íd.
Íd.
59 Véanse las opiniones de conformidad, concurrencia y disidencia
emitidas en los siguientes casos: MAPFRE et al. v. ELA, 2022 TSPR 80,
209 _ (2022); Mapfre et al. v. ELA, 198 DPR 88 (2017); Bco. Bilbao
Vizcaya et al. v. ELA, 195 DPR 39 (2016) y Mapfre Praico Ins. et al.
v. ELA, 195 DPR 86 (2016).
57
58
CC-2022-0172
15
precepto legal es una matización de la doctrina de cosa
juzgada, la cual persigue el fin de los litigios y garantiza
la certidumbre y seguridad de los derechos declarados.60 En
igual
sentido,
propósito
proteger
defenderse
ocasiones
el
promover
a
los
o
impedimento
colateral
“tiene
la
procesal
y
judicial,
que
representa
en
repetidas
economía
litigantes
probar
tratándose
sus
de
contra
lo
reclamaciones
la
misma
controversia,
como
evitar
litigios innecesarios y decisiones inconsistentes”.61
En términos prácticos, el impedimento colateral por
sentencia “impide que en un pleito posterior se relitiguen
cuestiones
de
hecho
o
derecho
necesarias
para
la
adjudicación de un pleito anterior, independientemente de
que haya sido por la misma causa de acción o por otra
distinta, siempre que sea entre las mismas partes o sus
causahabientes”.62
Para
que
aplique,
es
necesario
que
concurran los siguientes requisitos: (1) que el asunto de
hecho o derecho sea el mismo en ambos pleitos; (2) que se
haya
litigado
en
un
pleito
anterior;
(3)
que
se
haya
determinado mediante una sentencia final, y (4) que la
determinación haya sido esencial para el fallo.63
Partiendo de estas premisas, la Asamblea Legislativa
emprendió en un ejercicio aclaratorio con el fin de precisar
decididamente
la
aplicación
de
dicha
doctrina
en
los
Beníquez v. Vargas, 184 DPR 210, 225 (2012).
Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 277 (2012).
62 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 497 (2010).
63 Íd.
60
61
CC-2022-0172
procedimientos
16
de
impugnación
de
confiscación.
A
tal
efecto, se aprobó la Ley Núm. 247-2018,64 en virtud de la
cual se enmendó puntualmente el texto de la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011, supra.
De
entrada,
conviene
examinar
las
expresiones
que
denotan el propósito cardinal de nuestros legisladores al
aprobar
este
estatuto.
Así,
se
reafirma
que
“[l]a
confiscación es un proceso civil que va dirigido contra la
cosa, bajo la premisa que dicho bien fue utilizado en la
comisión de un delito...”.65 (Énfasis suplido) Ahora bien,
se reconoce que “dicha premisa ha creado confusión en cuanto
a su alcance, resultando esto en un debate continuo en los
tribunales de la Isla. Por ello, esta legislación busca
aclarar la intención legislativa al respecto, para así
ponerle fin a esta controversia”.66 (Énfasis suplido).
Expuesto lo anterior, la Ley Núm. 247-2018 enmendó el
Artículo 8 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,
supra, el cual citamos in extenso:
[s]e dispone que, no será de aplicación en los
procesos de confiscación, la doctrina de Impedimento
Colateral por Sentencia en las siguientes instancias:
a) Cuando el acusado haya hecho alegación de
culpabilidad;
b) cuando el acusado se someta a un programa de
desvío;
c) cuando el acusado fallezca antes o en medio
del proceso que se esté llevando a cabo contra su
persona;
d) en ausencia de alguna adjudicación expresa en
otro proceso penal, civil o administrativo, que se
celebre por los mismos hechos que dieron lugar a la
2018 LPR (Parte 3) 2916-2922.
Íd., pág. 2917.
66 Íd.
64
65
CC-2022-0172
17
confiscación, en la cual se determine que el bien
confiscado no fue utilizado en la comisión de algún
delito; y
e) en cualquier otra instancia que no se cumplan
con los requisitos de la doctrina.67 (Énfasis
suplido).
Sin duda, el lenguaje anterior aclara las instancias
en las cuales procede la aplicación de la doctrina de
impedimento colateral por sentencia en los casos donde se
impugna una confiscación civil. Si bien el legislador optó
por expresarse en un sentido negativo, el efecto no es otro
que el de delimitar taxativamente las circunstancias que
permitirían o impedirían la invocación de esta doctrina en
un procedimiento judicial al amparo de la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011, supra.
D. Moción de sentencia sumaria
Finalmente, es harto conocido que nuestro ordenamiento
procesal civil reconoce el uso y valor del mecanismo de la
sentencia sumaria como vehículo para asegurar la solución
justa, rápida y económica de un caso.68 Tal herramienta
posibilita la pronta resolución de una controversia cuando
no se requiera la celebración de un juicio en su fondo.
Ahora bien, para que proceda este mecanismo es necesario
que de los documentos no controvertidos surja que no hay un
controversia real y sustancial sobre los hechos del caso.69
Puesto de otra manera, que solo resta aplicar el derecho.70
34 LPRA sec. 1724e.
Véanse: Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015);
SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Ramos Pérez v.
Univisión, 178 DPR 200 (2010).
69 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.
70 Íd.
67
68
CC-2022-0172
18
Según hemos expresado, un hecho material “es aquel que puede
afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho
sustantivo aplicable”.71 (Énfasis suplido). Para que exista
una controversia sobre los hechos, esta debe ser real, es
decir, cualquier duda es insuficiente para derrotar una
moción de sentencia sumaria.72
Por su parte, la Regla 36 de Procedimiento Civil,73
exige ciertos requisitos de forma para la moción que se
inste y su respectiva oposición. Así, la parte que sostenga
que “la inexistencia de una controversia sustancial de
hechos esenciales y pertinentes” debe presentar una moción
que se funde en declaraciones juradas u otra evidencia
admisible.74 Además, tanto la moción como su oposición deben
presentar
una relación concisa, organizada y en párrafos
enumerados
de
todos
los
hechos
esenciales
y
pertinentes sobre los cuales no hay controversia
sustancial, con indicación de los párrafos o las
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba
admisible en evidencia donde se establecen estos
hechos, así como de cualquier otro documento admisible
en evidencia que se encuentre en el expediente del
tribunal.75
Si el cúmulo de la evidencia demuestra que en efecto
no
hay
controversia
sustancial
respecto
a
algún
hecho
esencial y pertinente, el tribunal deberá dictar sentencia
sumaria si procede como cuestión de derecho.76 Por ende, no
71 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Ramos Pérez
v. Univisión, supra, pág. 213.
72 Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-14.
73 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.
74 Íd.
75 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.
76 Íd.
CC-2022-0172
19
debe dictarse sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos
esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas
en la demanda que no hayan sido refutadas; (3) surja una
controversia real sobre algún hecho esencial o material de
los propios documentos que acompañan la moción, o (4) no
proceda como cuestión de derecho.77
Expuesto
el
marco
jurídico
que
delimita
la
controversia que hoy nos ocupa, resolvemos de conformidad.
III
De entrada, reiteramos nuestro afianzamiento en el
ordenamiento vigente y en el interés primordial de dar fiel
cumplimiento a la intención de la Asamblea Legislativa
cuando esto no incida en los valores constitucionales que
como Curia venimos obligados a custodiar. Veamos.
Según examinamos, los hechos de este caso no distan en
forma sustancial de aquellos que han ocupado a este Tribunal
en ocasiones previas. Nuevamente, nos enfrentamos ante una
invocación de la doctrina de impedimento colateral por
sentencia, como fundamento para disponer ⎯ sumariamente⎯
de una acción en la cual se impugna una confiscación civil.
Como ha sido la costumbre, tal reclamación se funda en el
hecho de que la acción penal contra el presunto autor de
los
hechos
delictivos,
por
diversos
fundamentos,
no
prosperó.
77
Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 595. (2013).
CC-2022-0172
Ahora
20
bien,
un
examen
detenido
del
ordenamiento
vigente confirma que nuestra Asamblea Legislativa, en un
ejercicio válido de sus prerrogativas constitucionales,
dispuso el tratamiento que se le debe dar a circunstancias
como las de autos. Sencillamente, al confrontarse con alguna
de las circunstancias que detalla el Artículo 8 de la Ley
Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, el tribunal
primario tiene que descartar la aplicación de la doctrina
de impedimento colateral por sentencia en un procedimiento
impugnatorio de una confiscación.
La lógica de este razonamiento es sólida, pues nuestro
estudio del derecho revela que dentro del propósito remedial
que
ostenta
nuestro
ordenamiento
de
confiscaciones,
el
interés latente del Poder Legislativo es el de asegurar la
agilidad y eficacia de los procedimientos confiscatorios.
Consecuentemente, la validez de toda confiscación sigue
dependiendo de la presencia de los elementos reseñados.
Esto es, (1) la prueba suficiente y preponderante de que se
ha cometido un delito y (2) la existencia de un nexo entre
la comisión del delito y la propiedad confiscada.
De otra parte, la fiel aplicación del ordenamiento
vigente tiene el efecto irremediable de obstaculizar la
procedencia del mecanismo de la sentencia sumaria, para
derrotar una confiscación, cuando su único fundamento es la
doctrina de impedimento colateral por sentencia y no se
manifiesta alguna circunstancia constitutiva excepcional.
CC-2022-0172
21
Lo anterior tiene un efecto decisivo en casos análogos a
este.
Como
sabemos,
el
elemento
neurálgico
de
toda
adjudicación sumaria es la ausencia de controversias sobre
los hechos esenciales y materiales del caso. El escollo que
encuentra un planteamiento como el que aquí levantaron las
recurridas es que, si no cuentan con prueba de que existe
una
excepción
a
la
inaplicabilidad
de
la
doctrina
de
impedimento colateral por sentencia, el desenlace de la
acción
penal
por
los
mismos
hechos
es
totalmente
impertinente. De este modo, tal hecho no podría ser el
fundamento legal de una moción de sentencia sumaria, pues
realmente no se trata de un hecho esencial y material. Por
el contrario, se trata de un hecho que el legislador ha
dispuesto
expresamente
que
no
debe
ser
objeto
de
consideración en el caso.
Del expediente de marras, no surge una adjudicación
expresa en otro procedimiento que establezca que el bien
confiscado no fue utilizado en la comisión de algún delito.
Tampoco
surge
circunstancia
alguna
que
motive
una
desviación de la norma general que establece la Ley Uniforme
de Confiscaciones de 2011, según enmendada, supra, la cual
prohíbe
colateral
la
aplicación
por
de
la
doctrina
sentencia.
En
dicho
de
impedimento
contexto,
actuó
incorrectamente el Tribunal de Apelaciones al revocar la
determinación
bien
fundada
del
foro
primario.
Evidentemente, las recurridas no cumplieron con el deber
CC-2022-0172
22
que les impone la ley de derrotar la presunción de legalidad
y corrección que asiste a una confiscación civil. No podían
⎯ sumariamente⎯ cuando
prevalecer
su
único
fundamento
legal proviene de una doctrina impertinente.
Por
tanto,
resolvemos,
conducente
a
derrotar
corrección
de
una
la
que
ausente
presunción
confiscación
civil,
de
evidencia
legalidad
no
puede
y
esta
impugnarse por medio de una solicitud de sentencia sumaria
que
se
funde
impedimento
⎯ exclusivamente⎯
colateral
por
en
sentencia.
la
doctrina
Claro
está,
de
el
litigante que impugne una confiscación podría prevalecer,
en la eventualidad
que cuente con prueba de que se ha
configurado una excepción a la prohibición que surge de la
Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra.
IV.
Por los fundamentos previamente expuestos, se revoca
la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se
reinstala la Resolución emitida por el Tribunal de Primera
Instancia. Continúense los procedimientos con la norma aquí
pautada.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Universal Insurance Company y
otro
Recurridos
CC-2022-0172 Certiorari
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2023.
Por los fundamentos previamente expuestos en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta
Sentencia, se revoca la Sentencia dictada por el Tribunal
de Apelaciones y se reinstala la Resolución emitida por
el Tribunal de Primera Instancia. Continúense los
procedimientos con la norma aquí pautada.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella
Martínez disiente con opinión escrita a la cual se une la
Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado señor
Colón Pérez disiente con opinión escrita. La Jueza
Asociada señora Pabón Charneco está conforme y emite las
expresiones siguientes:
“Por varios años este Tribunal ha estado
igualmente divido sobre la procedencia y
aplicación de la doctrina de impedimento
colateral
por
sentencia
en
casos
sobre
impugnación de confiscaciones. Durante este
tiempo, he mantenido una postura consistente
sobre las instancias en las que se permite el
uso de esta doctrina para la impugnación de una
confiscación civil o in rem. Véase Mapfre
Preferred Risk Insurance Co. & Popular Auto v.
ELA de PR, 209 DPR
910 (2022) (Sentencia);
Mapfre v. ELA, 198 DPR 88 (2017) (Sentencia);
Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA, 195 DPR 39
(2016) (Sentencia). Esto, debido a que con la
aprobación de la Ley Núm. 119-2011, infra, no
se incluyó disposición estatutaria alguna que
prohibiera la aplicación de la doctrina de
CC-2022-0172
2
impedimento colateral por sentencia en los
procedimientos de confiscaciones. Así las
cosas, ante las constantes controversias sobre
el presente asunto, he reiterado que no nos
compete, como parte de nuestra labor judicial,
suplir un silencio estatutario y prohibir el
uso de la referida doctrina.
No obstante, la Asamblea Legislativa,
mediante la Ley Núm. 287-2018, el 29 de
diciembre de 2018, tomó la iniciativa de
enmendar el Art. 8 de la Ley Núm. 119-2011 y
dispuso de forma clara y precisa las instancias
en las que no aplicaría la doctrina de
impedimento colateral por sentencia en los
procesos de confiscación. Específicamente y de
particular relevancia para el presente caso, la
enmienda dispuso que no se aplicaría la
doctrina “[…]en ausencia de alguna adjudicación
expresa en otro proceso penal, civil o
administrativo, que se celebre por los mismos
hechos que dieron lugar a la confiscación, en
el cual se determine que el bien confiscado no
fue utilizado en la comisión de algún delito”.
34 LPRA sec. 1724e.
Sin embargo, esta disposición no es de
aplicación
retroactiva.
Consecuentemente
solamente en aquellos casos cuyos hechos
ocurrieran con posterioridad al 29 de diciembre
de 2018, nos corresponde aplicar el citado
artículo según enmendado por la Asamblea
Legislativa. Por lo tanto, dado que los hechos
que nos ocupan ocurrieron el 20 de diciembre de
2019, posteriormente a la enmienda de la Ley
Núm. 119-2011, lo correcto era no aplicar la
doctrina de impedimento colateral por sentencia
en el presente caso. Así las cosas, en el
futuro, en aquellos casos que los hechos sean
con posterioridad a la enmienda realizada por
la Ley Núm. 287-2018, aplicaré el citado
artículo conforme a lo dispuesto por la
Asamblea Legislativa”.
La Jueza Presidenta Oronoz
emite las expresiones siguientes:
Rodríguez
disiente
“Disiento por los mismos fundamentos
esbozados en mi Opinión Disidente en MAPFRE
Preferred Risk Insurance Co. v. ELA, 209 DPR
910 (2022). Independientemente de que los
hechos
del
caso
de
epígrafe
se
hayan
desarrollado bajo la vigencia de la enmienda de
2018 a la Ley Uniforme de Confiscaciones, Ley
Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq., ello
no disipa la estrecha relación existente entre
y
CC-2022-0172
una causa criminal ─que inició por razón de una
confiscación in rem─ y una causa civil de
impugnación de confiscación. Al igual que en
MAPFRE v. ELA, supra, en el caso de epígrafe se
realizó una confiscación de un vehículo de
motor por la presunta ocurrencia de conducta
delictiva. Al procesar criminalmente al alegado
ofensor, se determinó que no había causa para
arresto. Ante ello ─y al amparo de la postura
que defendí en aquel pronunciamiento─, procedía
disponer del proceso de impugnación de la
confiscación que se incoó y declarar nula la
incautación practicada. En vista de la estrecha
relación de ambos procesos, aplicando la
doctrina de impedimento colateral por sentencia
correspondía resolver sumariamente que la
incautación no se realizó conforme a derecho
─pues, como cuestión de umbral, no se probó la
comisión de delito alguno─ y decretar su
invalidez.
Más allá de lo anterior, no se puede
perder de perspectiva que la confiscación in
rem, aunque se catalogue de naturaleza civil,
tiene un fin punitivo que busca penalizar la
conducta delictiva presuntamente ocurrida.
Coop. Seg. Mult. v. ELA, 180 DPR 655 (2011).
Esto, similar al propósito del procedimiento
criminal que se inicie. Ahí yace el vínculo
íntimo reseñado. Íd. Por ello, resulta muy
cuestionable validar una confiscación cuando en
el procedimiento criminal paralelo no se probó
conducta criminal alguna por parte de una
persona que es quien, en efecto, tiene la
capacidad
de
delinquir.
No
sujetar
el
procedimiento civil de impugnación a la causa
criminal relacionada, en esta tesitura, es
impráctico. Íd.
Según se ha concebido la confiscación in
rem, esta se ejecuta contra aquellos bienes que
fueron utilizados en la comisión de algún
delito. 34 LPRA sec. 1724f. Para sostener esta
incautación independientemente de la inocencia
o culpabilidad de la persona que se valió del
bien para un fin delictivo, se esgrime ─al
amparo de una ficción legal─ que el referido
bien es el “ofensor primario”. Suárez v. ELA,
162 DPR 43, 54 (2004). Es decir, que este en sí
mismo delinquió. Cónsono con lo que expresé en
MAPFRE v. ELA, supra, estimo que ello es un
contrasentido, pues solo las personas pueden
incurrir en conducta delictiva y, si esta no se
estableció,
necesariamente
no
se
puede
refrendar la confiscación del bien. Habida
3
CC-2022-0172
4
cuenta de que este criterio no prevaleció, no
puedo suscribir la Opinión mayoritaria.
Por
los
confirmado
la
Apelaciones”.
fundamentos
expuestos,
hubiese
determinación
del
Tribunal
de
María I. Colón Falcón
Secretaria del Tribunal Supremo Interina
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Universal Insurance Company
y otro
Recurridos
v.
CC-2022-0172
Certiorari
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros
Peticionarios
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor ESTRELLA
MARTÍNEZ, a la cual se une la Jueza Presidenta ORONOZ
RODRÍGUEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2023.
“Hasta el día de hoy”,1 lamentablemente, la Mayoría de
este Tribunal continúa lacerando la protección consagrada en
las Constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos que
garantiza que ninguna persona será privada de su propiedad
sin el debido proceso de ley y en ausencia de una justa
compensación.
Dándole la espalda a esos postulados, este Tribunal
resuelve en el día de hoy que una persona que obtuvo un
resultado
favorable
en
el
procedimiento
penal
no
puede
utilizar este hecho como fundamento suficiente para que se
concluya
sumariamente
que
la
confiscación
civil
fue
contraria a Derecho. Lo que es peor, la interpretación
mayoritaria
valida,
1(Negrillas
incluso,
que
ni
tan
siquiera
la
y énfasis suplido en el original). Opinión
mayoritaria, pág. 1.
CC-2022-0172
absolución
2
criminal
sea
suficiente
para
derrotar
la
confiscación por la vía sumaria, sino que es necesario,
además, que en la causa criminal se haya realizado una
adjudicación expresa a los efectos de que el bien en cuestión
no fue utilizado en la comisión de delito alguno.
En cambio, tal y como he expuesto consecuentemente,
afirmo
que,
independientemente
de
lo
que
se
disponga
estatutariamente, la confiscación en ausencia de una condena
penal constituye un impedimento colateral por sentencia en
el
pleito
civil
en
el
cual
se
impugna
la
incautación
efectuada por el Gobierno. Ello pues, sujetar a un juicio
plenario la confiscación civil de un bien lícito presupone
sostener de manera prima facie que ese “bien”, por sí mismo,
puede ser culpable de la comisión de un acto delictivo. No
puedo avalar este derrotero que engrandece insosteniblemente
una ficción en el campo de las confiscaciones civiles e
ignora el Derecho Constitucional aplicable. Me explico.
I
A.
Reiteradamente,
este
Tribunal
ha
definido
la
confiscación como aquel acto a través del cual el Gobierno
ocupa e inviste para sí todo derecho de propiedad sobre los
bienes utilizados en la comisión de ciertos delitos. Flores
Pérez v. ELA, 195 DPR 137, 146 (2016) (citando a Doble Seis
Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 784 (2014); Díaz Ramos
v. E.L.A. y otros, 174 DPR 194, 202 (2008); Del Toro Lugo v.
E.L.A., 136 DPR 973, 980–981 (1994)).
CC-2022-0172
3
La confiscación de bienes utilizados en una actividad
delictiva tiene dos (2) modalidades. La primera, la in
personam, que es de naturaleza penal, se lleva a cabo como
parte del proceso criminal y constituye una sanción adicional
a la pena para el presunto autor del delito, en caso de
encontrársele culpable. Mapfre v. E.L.A, 188 DPR 517, 525
(2013). La segunda, la in rem, va directamente contra la
cosa misma por el mal uso que se le ha dado y no contra la
persona con interés legal sobre la propiedad en cuestión.
Íd. La confiscación en su modalidad civil parte de la ficción
jurídica de que el bien confiscado en sí mismo es el ofensor
primario y que, este, como medio o producto de la ofensa, es
merecedor de responsabilidad independientemente del autor
del delito. Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA et al., 194
DPR 116, 156 (2015) (Voto particular disidente del Juez
Asociado Señor Estrella Martínez).
Al determinar si procede una confiscación civil, los
tribunales deben evaluar si existe: (1) prueba suficiente y
preponderante de que se cometió un delito, y (2) un nexo
entre la comisión del delito y la propiedad confiscada.
Véase, Doble Seis Sport. v. Depto. Hacienda, supra, pág.
784. Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 52 (2004); Del Toro Lugo
v. ELA, supra, pág. 983. Claro está, es al Gobierno y no a
la parte que impugna la incautación a quien le corresponde
demostrar que se cometió un delito y el nexo con la propiedad
confiscada. Rodríguez Ramos v. ELA, 174 DPR 194, 203 (2008).
De no establecerse lo anterior, el bien confiscado mantiene
CC-2022-0172
4
su naturaleza inocente y, por tanto, la confiscación civil
es improcedente.
B.
Como
es
conocido,
en
nuestro
ordenamiento
la
confiscación civil es instaurada a través de la Ley uniforme
de confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA secs.
1724-1724w (Ley de Confiscaciones). El Art. 9 de la Ley de
Confiscaciones,
supra,
dispone
que
estará
sujeta
a
ser
confiscada:
[T]oda propiedad que resulte, sea
producto o se utilice, durante la
comisión de delitos graves y de
aquellos delitos menos graves en los
que
por
ley
se
autorice
la
confiscación […].2
Nótese que lo determinante es que se haya cometido un
delito, lo cual necesariamente exige que así se pruebe —más
allá de duda razonable— en el correspondiente procedimiento
criminal.
No empece lo anterior, hoy la Mayoría se ancla en el
Art. 8 de la Ley de Confiscaciones, supra, según enmendado
por la Ley Núm. 287-2018, para concluir que la parte que
impugna una confiscación civil está impedida de utilizar la
doctrina
fundamento
de
impedimento
para
recobrar
colateral
por
la
por
vía
sentencia
sumaria
el
como
bien
incautado, si en el proceso penal que se celebre por los
mismos hechos no se realiza una adjudicación expresa a los
2(Negrillas
suplidas). 34 LPRA sec. 1724f.
CC-2022-0172
5
efectos de que el bien confiscado no fue utilizado en la
comisión de algún delito.3
Según adelanté, discrepo vehemente de esta conclusión.
Veamos, entonces, los fundamentos que orientan mi disenso.
II
Históricamente,
este
Tribunal
ha
condicionado
el
proceso civil de confiscación al resultado de la causa
criminal contra el alegado autor del delito que da base a la
confiscación. Véase, entre otros, Downs v. Porrata, Fiscal,
76 DPR 611 (1964); Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356
(1978); Del Toro Lugo v. E.L.A., supra; First Bank, Univ.
Ins. Co. v. E.L.A., 156 DPR 77 (2002); Suárez v. E.L.A.,
supra; Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735 (2008) y Díaz
Morales v. Depto. de Justicia, 174 DPR 956 (2008) (Per
curiam); Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., infra; Figueroa Santiago
3La
disposición aludida dispone, en lo pertinente, lo
siguiente:
[N]o será de aplicación en los procesos
de
confiscación,
la
doctrina
de
impedimento colateral por sentencia en
las siguientes instancias:
[…]
d) en ausencia de alguna adjudicación
expresa en otro proceso penal, civil o
administrativo, que se celebre por los
mismos hechos que dieron lugar a la
confiscación, en la cual se determine
que el bien confiscado no fue utilizado
en la comisión de algún delito.
34 LPRA sec. 1724e.
CC-2022-0172
6
et als. v. ELA, 207 DPR 923 (2021).4 Ello ha sido así por
razón de que el resultado favorable en el proceso penal es
suficiente
para
derrotar
la
presunción
de
legalidad
y
corrección de la confiscación efectuada. Máxime, ante el
hecho
de
que
la Ley
reconoce
que
la
de
Confiscaciones,
confiscación
civil
supra,
si
es
proceso
un
bien
independiente al de la acción penal, no contiene un lenguaje
que desvincule la confiscación de la comisión de un delito
para
hacer
posible
tal
pretensión.5
Ello
cobra
mayor
importancia ante el hecho de que la confiscación civil tiene
un amplio componente punitivo por lo que debemos interpretar
restrictivamente su alcance. Centeno Rodriguez v. E.L.A.,
170 DPR 907, 913 (2007).
A
tenor
con
lo
anterior,
correspondía
que
hoy
resolviéramos que el vehículo Jeep Patriot 2015 confiscado
por el “alegado uso […] sin el pago de los derechos anuales
(marbete)”6, tiene que regresársele al Sr. Juan R. Tirado
Díaz por razón de que las “denuncias no prosperaron y el
4Para
una exposición sucinta de lo resuelto en cada uno
de los casos precitados, véase, Cooperativa de Seguros
Múltiples y otro v. ELA y otros, 209 DPR 796, 820-821 (2022)
(Opinión disidente del Juez Asociado Señor Estrella
Martínez); Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, 194 DPR 116, 160-164
(2015) (Voto particular disidente del Juez Asociado Señor
Estrella Martínez.
5Véase,
esc. 2 (haciéndose referencia a 34 LPRA sec.
1724f).
6Opinión
mayoritaria, pág. 3.
CC-2022-0172
7
Tribunal de Primera Instancia […] hizo una determinación de
no causa para arresto en ambos cargos”.7
Entiéndase, en esta controversia, la determinación de
no
causa
advino
final
y
firme,
por
lo
que
no
existe
procedimiento penal alguno relacionado con el bien lícito
incautado. En ese sentido, tal determinación final y firme
de no causa que obtuvo el Sr. Juan R. Tirado Díaz en el
delito que habilitó la incautación, hace imposible que se
pruebe el segundo de los requisitos exigidos para validar la
confiscación civil. Es decir, no existe un nexo entre la
comisión del delito y el vehículo confiscado.8 Por tanto,
tal y como unánimemente resolvió el Tribunal de Apelaciones,
procedía declarar con lugar la demanda de impugnación de
confiscación y ordenar la devolución del vehículo de motor
confiscado.
Sin embargo, la Mayoría de este Tribunal opta por tomar
el camino contrario y continúa disociando irrazonablemente
la acción confiscatoria civil de la criminal bajo el pretexto
estatutario de que ahora la Ley de Confiscaciones, supra,
impide que se utilice el resultado del proceso penal como
razón suficiente para derrotar sumariamente la presunción de
corrección y legalidad de la confiscación civil.
7(Negrillas
8Recuérdese,
y énfasis suplidos en el original). Íd.
al
determinar
la
validez
de
una
confiscación civil, los tribunales deben evaluar si existe:
(1) prueba suficiente y preponderante de que se cometió un
delito, y (2) un nexo entre la comisión del delito y la
propiedad confiscada. Véase, Doble Seis Sport. v. Depto.
Hacienda, supra; Suárez v. E.L.A., supra; Del Toro Lugo v.
ELA, supra.
CC-2022-0172
8
En cambio, sostengo que la conexión inseparable entre
ambos
procesos
va
“independiente”
supra.
allá
dispuesta
Asimismo,
Legislativa
más
esta
codifique
en
de
la
etiqueta
la
Ley
de
trasciende
en
e
Confiscaciones,
lo
que
con
la
relación
“civil”
la
Asamblea
doctrina
de
impedimento colateral por sentencia y su aplicabilidad en la
esfera
civil.
nuestro
De
este
ordenamiento
modo,
interpretamos
jurídico
sin
integralmente
abstraernos
de
las
garantías constitucionales individuales.
Cónsono con este proceder, en Coop. Seg. Múlt. v.
E.L.A., 180 DPR 655 (2011), este Tribunal resolvió que la
extinción de la acción penal hacía improcedente el proceso
de confiscación civil. Esta conclusión tomó en cuenta el
carácter cuasicriminal de la Ley de Confiscaciones, supra,
y,
más
importante
aún,
la
necesidad
constitucional
de
vincular el resultado de la acción penal al proceso de
confiscación
civil.
Específicamente,
tal
raciocinio
se
fundamentó en que:
Al
amparo
de
nuestras
interpretaciones
constitucionales,
y
cónsono
con
la
normativa
federal
vigente, hemos vinculado el resultado
del proceso civil de confiscación al
desenlace de la causa criminal contra la
persona imputada del delito a base del
cual se justifica la confiscación.9
Nótese
que
la
vinculación
del
proceso
civil
de
confiscación a lo que finalmente ocurra en la causa penal,
9(Negrillas
y énfasis suplidos). Íd., pág. 680.
CC-2022-0172
9
según resuelto en Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, resulta
en extremo importante, pues:
En primer lugar, porque analiza de forma
grupal
las
decisiones
previas
del
Tribunal Supremo sobre el asunto e
identifica una línea consistente: el
vínculo férreo entre la acción penal y
el proceso civil de confiscación. Es
decir,
dicha
[O]pinión
anuncia
la
existencia de una norma que yacía
callada en varias decisiones previas y
la articula expresamente. En segundo
lugar, no cabe duda [de] que esta norma
es de naturaleza constitucional. Por
tanto, no depende únicamente de la
voluntad legislativa.10
Tal y como destaqué en Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA,
supra, la confiscación civil está atada al resultado de la
causa criminal aun en aquellos casos en que la absolución
criminal no sea en los méritos. Íd., pág. 164. Lo anterior
“‘no se trata únicamente de la aplicación de la doctrina de
impedimento colateral por sentencia, sino de excepciones a
la independencia del proceso in rem fundadas en la extinción
de
la
acción
penal
contra
la
persona
presuntamente
responsable del delito’”. Íd., (citando a Coop. Seg. Múlt.
v. E.L.A., supra, pág. 676). Ello, sobre todo, dadas las
garantías constitucionales locales y federales que están
presentes en los procesos de confiscación.11
10(Negrillas
suplidas y énfasis suplido en el
original). J. Farinacci Fernós, Derecho constitucional, 86
Rev. Jur. UPR 662, 680 (2017).
11Al
respecto, véase, Timbs v. Indiana, 139 S. Ct. 682
(2019) (estableciéndose, en el contexto de confiscaciones
civiles, la extensión de la Octava Enmienda a los estados
por virtud de la Decimocuarta Enmienda); Austin v. United
CC-2022-0172
10
Y es que la confiscación sin más de un bien naturalmente
lícito vulnera, además, la garantía constitucional de la
presunción de inocencia.12 Para evitar tal fricción, resulta
indispensable que se concluya que la falta de una condena
extingue la acción civil confiscatoria.13 Interpretar lo
contrario, implica una revocación sub silentio de nuestros
precedentes y, más importante aún, presenta serios problemas
constitucionales en la práctica.
De hecho, recientemente así lo adelanté en Cooperativa
de Seguros Múltiples y otro v. ELA y otros, 209 DPR 796, 812
(2022) (Opinión disidente del Juez Asociado Señor Estrella
Martínez). Específicamente, allí alerté que la modificación
estatutaria en la que hoy se ampara la Mayoría no alteraba
la norma de que la falta de una condena penal priva la
confiscación
civil
y
vulnera
múltiples
garantías
constitucionales.14
States, 509 US 602 (1993) (afirmándose que la Octava
Enmienda, la cual prohíbe los castigos crueles e inusitados,
aplica en los casos civiles de confiscación por razón del
propósito punitivo característico de este último); One 1958
Plymouth Sedan v. Com. of Pa., 380 US 693 (1965) (aplicándose
las salvaguardas constitucionales contra los registros
irrazonables
en
casos
criminales
a
un
proceso
de
confiscación civil). Refiérase, además, a los casos citados
en la Sec. II, págs. 5-6, junto con el esc. 4, de esta
Opinión disidente.
12Coop.
13Íd.,
14Para
Seg. Mult. v. E.L.A., supra, pág. 679.
pág. 681.
una exposición y análisis sobre la preocupación
de la Convención Constituyente con respecto al carácter
punitivo de las confiscaciones y la separación ficticia
entre ambos procesos, véase, Cooperativa de Seguros
Múltiples y otro v. ELA y otros, supra, págs. 818-820.
CC-2022-0172
A
esos
11
fines,
es
menester
citar
in
extenso
los
fundamentos que enmarcaron mi postura:
Esta enmienda, introducida por la Ley
Núm.
287-2018,
no
altera
nuestra
conclusión
de
que
la
falta
de
presentación de cargos o la absolución
en un proceso criminal tiene el efecto
de que no proceda la confiscación civil
de
un
bien
inherentemente
lícito.
Nótese, pues, que lo añadido preceptúa
que el proceso civil de confiscación
podrá llevarse a cabo y culminarse antes
de que se acuse, declare culpable o
absuelva al acusado. Por otra parte, y
muy a pesar de lo dispuesto a los efectos
de que la culpabilidad o inocencia del
acusado no deberá tomarse en cuenta en
el
proceso
de
confiscación
civil,
entendemos
que
esto,
igualmente,
establece la indispensabilidad de que
haya un proceso penal. Sin embargo,
adelantamos que la enmienda realizada se
ciñe principalmente a la aplicabilidad
de la doctrina de impedimento colateral
por sentencia. Mas, en la práctica,
potencialmente trasciende la realidad de
lo que es válido constitucionalmente y,
particularmente,
nuestros
pronunciamientos jurisprudenciales al
respecto.15
Así pues, debido a la naturaleza cuasicriminal de las
confiscaciones civiles, y por razón de las implicaciones que
tienen sobre los derechos constitucionales de la ciudadanía,
estas
no
deben
ser
favorecidas
por
los
tribunales
en
escenarios donde no exista una condena penal. Coop. Seg.
Múlt. v. E.L.A., supra, pág. 688 (citas omitidas). Solo así
se cumple con el principio de que las confiscaciones deben
15(Negrillas
suplidas y negrillas
original). Íd., pág. 818 (esc. 6).
suplidas
en
el
CC-2022-0172
12
interpretarse restrictivamente “y de forma compatible con la
justicia y los dictados de la razón natural”. Íd.16
En consecuencia, distinto a lo que concluye la Opinión
mayoritaria, ratifico que, ante un resultado favorable en el
procedimiento criminal, procede la resolución por la vía
sumaria de la impugnación de la confiscación realizada por
el Gobierno. Ello es así, en vista de que si el Gobierno
falló en probar en la esfera penal la conducta delictiva que
motivó la incautación, está ausente el nexo entre la comisión
del delito y la propiedad incautada, elemento esencial para
su validez. Por tanto, no existe justificación alguna en
Derecho
que
impida
sumariamente
en
la
que
una
parte
demandante
prevalezca
acción
civil
impugnatoria
de
la
confiscación.17
16Máxime,
cuando no cabe duda que estas confiscaciones
son civiles en su forma, pero punitivas en su naturaleza.
Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra, pág. 937 (Opinión
disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez).
17Sobre
este particular, resulta apropiado reproducir
lo que expresé en Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, supra:
A esos efectos, si procediera la
confiscación luego de un resultado
favorable en el caso criminal, el Estado
estaría utilizando su poder punitivo
para castigar a un ciudadano por la
comisión de un delito aunque éste no se
hubiera cometido. A todas luces, en la
medida en que el procedimiento civil no
es conforme a [D]erecho, el Estado
estaría incautando propiedad privada sin
que ésta se haya utilizado en actividad
criminal.
(Negrillas suplidas y énfasis suplido en el original).
Íd., pág. 172.
CC-2022-0172
13
En definitiva, reafirmo que en aquellos casos en que se
extingue la acción penal relacionada con los mismos hechos
que dieron lugar a la confiscación, y al acreditarse tal
hecho en la acción impugnatoria de confiscación civil, solo
restaba aplicar el Derecho. Dado que no se probó la comisión
de un delito, eso, indudablemente, debería conducirnos al
camino de liberar lo confiscado sin que fuese necesario la
celebración de un juicio.18
III
Hoy se siguen confiscando las esperanzas de que este
Tribunal
se
proyecte
como
garante
de
los
derechos
constitucionales de la ciudadanía. Ello, muy a pesar de que
el
precepto
normativo
que
debe
regir
es
claro
e
infranqueable: un resultado favorable en la causa penal es
suficiente para que se decrete sumariamente la invalidez de
la confiscación civil, sin perjuicio de lo que se disponga
estatutariamente. Únicamente de este modo se evita favorecer
18En
función de que se obligará a continuar litigando
la improcedencia de la confiscación, enfatizo que el foro
correspondiente deberá realizar un análisis de relación o
utilidad entre lo confiscado y la conducta delictiva que
motiva la confiscación. Si cumple con ese análisis, deberá
evaluar, en segundo lugar, si existe proporcionalidad entre
el valor de la propiedad con respecto a la gravedad del
delito alegadamente cometido. De este modo, se preserva la
máxima en contra de la imposición de multas excesivas
garantizado por las Constituciones de Puerto Rico y Estados
Unidos. Para una exposición y análisis sobre el particular,
véase, mi disenso en Cooperativa de Seguros Múltiples y otro
v. ELA y otros, supra, págs. 824-825. Adelanto que, tomando
en cuenta que aquí la alegada conducta delictiva se ciñe a
la presunta utilización de un vehículo sin marbete, la
confiscación de la Jeep Patriot 2015 potencialmente vulnera
la cláusula constitucional contra las multas excesivas antes
aludida.
CC-2022-0172
14
desmedidamente al Gobierno en la confiscación de propiedad
con un estándar menor y sin la plena observancia de las
garantías que se activan en los procesos penales.
Reitero,
nuestros
constitucionales
precedentes
aplicables
y
exigen
las
que,
garantías
tras
una
determinación favorable en el proceso penal, se determine
sin más que la confiscación en el proceso civil punitivo es
improcedente. Toda vez que bajo este escenario se opta por
someter
a
un
juicio
en
su
fondo
a
quien
impugna
la
confiscación, y con ello se categoriza prima facie al bien
confiscado como coautor de un crimen, disiento.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Universal Insurance Company y
otro
Recurridos
v.
CC-2022-0172
Certiorari
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros
Peticionarios
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2023.
Hace aproximadamente un año atrás, en Coop. Seg.
Múlt. et als. v. E.L.A. et als., 2022 TSPR 77, 209
DPR __ (2022), desde la disidencia, sostuvimos que la
ausencia
de
presentación
de
cargos
criminales
en
contra de persona alguna, por hechos que motivaron la
confiscación de determinada propiedad, invalidaba la
acción
confiscatoria
del
Estado
sobre
un
objeto
lícito. Allí razonamos que, “la ausencia de cargos
criminales en contra de persona alguna no solo t[enía]
el efecto de colocarnos ante un propietario o dueño
del bien confiscado protegido por la presunción de
inocencia, sino que también nos presenta[ba] una falta
de vínculo entre la propiedad confiscada y el delito
cometido, sumado a
la
naturaleza
legal
del
objeto
CC-2022-0172
2
confiscado”. (Énfasis suplido). Véase, Opinión disidente de
Colón Pérez en Coop. Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et als.,
supra.
Hoy, en un asunto de similar naturaleza, le correspondía
a los miembros de este Tribunal pasar juicio sobre si,
habiéndose encontrado no causa para arresto en contra de
determinada persona, por ciertos delitos que presuntamente
motivaron la confiscación de un bien perteneciente a éste,
procedía
que
el
Estado
privara
a
un
ciudadano
de
su
propiedad. Lamentablemente, una mayoría de mis compañeros y
compañera de Estrado, nuevamente, toman la ruta equivocada
y, en un juego de palabras, en esencia, vuelven a emplear
sub silentio la ficción jurídica que plantea que la cosa,
por si sola, es autora del delito.
Al
así
hacerlo,
--
en
palabras
sencillas
--,
erróneamente resuelven que la no determinación de causa por
los delitos que motivaron la confiscación impugnada en el
presente
litigio
no
invalida
automáticamente
la
acción
confiscatoria del Estado sobre un objeto lícito. Lo anterior,
pues, a su juicio, ello no es suficiente para derrotar la
presunción de legalidad y corrección de una confiscación
civil. Fallan malamente en dicha apreciación.
Y es que, independientemente que el presente litigio se
trámite bajo la Ley Núm. 287-2018, 2018 Leyes de Puerto Rico
(Parte 3) 2916-2922, la cual enmendó la Ley de Confiscaciones
de 2011, 34 LPRA sec. 1724e, -- tal y como lo hicimos en
CC-2022-0172
3
Coop. Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et als., supra, --,
insistimos en que la ficción jurídica que automáticamente
hoy emplea una mayoría de este Tribunal, para arribar a su
conclusión, requiere que alguien sea el autor del delito que
da paso a la confiscación. Es decir, “[a]lguien tiene que
utilizar la cosa delictiva”. Íd. Ello no se probó aquí.
Como bien se recoge en los hechos que forman parte de
la Opinión que hoy emite esta Curia, en el presente caso hubo
una adjudicación expresa, por parte del Tribunal de Primera
Instancia, de no causa para arresto en contra de determinada
persona por ciertos delitos que presuntamente motivaron la
confiscación de un bien perteneciente a éste. En específico,
no se encontró causa para arresto en contra del señor Tirado
Díaz por la presunta violación al Artículo 4(e) de la Ley
253-1995
(Disposiciones
Generales
del
Seguro
de
Responsabilidad Obligatorio), 26 LPRA sec. 8053, Ley de
Seguro
de
Responsabilidad
Obligatorio
para
Vehículos
de
Motor, Ley Núm. 253-1995, 26 LPRA et seq., y el Artículo 215
del Código Penal de Puerto Rico (Falsificación de licencias,
certificados
y
otra
documentación),
33
LPRA
sec.
5285,
delitos por los que le fue confiscado el vehículo de motor
perteneciente a éste. Dicho de otro modo, aquí no hubo
delito.
Ausente pues, ese “vínculo entre la propiedad confiscada
y el delito cometido”, y dada la histórica relación que
siempre ha existido entre el proceso criminal y el civil
CC-2022-0172
asociado
a
4
litigios
como
estos,
no
se
sostiene
la
confiscación realizada por el Estado del bien perteneciente
al señor Tirado Díaz. (Negrillas suplidas). Opinión disidente
de Colón Pérez en Coop. Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et als.,
supra. En consecuencia, el error señalado por el Estado no
se cometió.
Podían los aquí recurridos invocar, como efectivamente
lo hicieron,
ante los foros judiciales,
la doctrina de
impedimento colateral por sentencia, ello en aras de dar paso
a su Demanda sobre impugnación de confiscación. Recordemos
que la referida doctrina postula que su propósito es la
economía
procesal,
adversamente
afectada
particularmente,
por
una
que
una
determinación
parte
vuelva
a
relitigar su caso.
En específico, conforme a nuestro ordenamiento jurídico
la doctrina del impedimento colateral por sentencia opera
cuando un hecho esencial para el dictamen de una sentencia
se determina como uno final y firme y dicha determinación es
concluyente para un pleito subsiguiente entre las mismas
partes, aunque se trate de acciones distintas. Coop. Seg.
Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655, 673 (2011); Suárez v. E.L.A.,
162 DPR 43, 59 (2004); A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná,
110 DPR 753, 763 (1981).1 Tal es el caso de autos.
1
Vale señalar que, en Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973 (1994), al
aplicar la aludida doctrina, resolvimos que no procedía la confiscación
cuando hubo una determinación de no causa probable para acusar y la misma
advino final y firme sin que el Estado hubiese acudido en alzada. Íd.,
págs. 992–993. “La determinación de no causa final y firme de un imputado
constituye
una
determinación
judicial
que
deja
a
éste
libre,
CC-2022-0172
5
I.
Es,
pues,
por
los
fundamentos
antes
expuestos
que
enérgicamente disentimos.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado
independientemente de si es una determinación en los méritos o no lo es”.
(Negrillas suplidas)(Énfasis en el original). Suárez v. E.L.A., supra,
pág. 56, citando a Del Toro Lugo v. E.L.A., supra.