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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Consejo de Titulares del Condominio Playa Azul II v. MAPFRE PRAICO Insurance Company

2024 TSPR 140

Poder Judicial de Puerto Rico

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Consejo de Titulares del Condominio Playa Azul II v. MAPFRE PRAICO Insurance Company

CC-2024-0110

26 de diciembre de 2024 · Hon. Mildred G. Pabón Charneco · Procedimiento Civil y Derecho de Seguros – Imposición del pago de intereses por mora sobre una suma ya determinada como líquida y exigible en un dictamen final y firme del Tribunal de Apelaciones; pago de honorarios bajo el Art. 27.165 del Código de Seguros, y la concesión de sanciones por temeridad al amparo de la Regla 44 de Procedimiento Civil.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo de Titulares del

Condominio Playa Azul II

Certiorari

Peticionario

2024 TSPR 140

v.

215 DPR ___

MAPFRE PRAICO Insurance Company

Recurrida

Número del Caso:

Fecha:

CC-2024-0110

26 de diciembre de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel XI-Especial

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcda. Claudia A. Rosa Ramos

Lcdo. Juan Saavedra Castro

Representantes legales de la parte recurrida:

Lcda. Claudia A. Juan García

Lcdo. Rafael A. Meléndez Barrionuevo

Lcda. Katherine Quiñones García

Materia: Procedimiento Civil y Derecho de Seguros: Imposición del

pago de intereses por mora sobre una suma ya determinada como

líquida y exigible en un dictamen final y firme del Tribunal de

Apelaciones; pago de honorarios bajo el Art. 27.165 del Código de

Seguros, y la concesión de sanciones por temeridad al amparo de la

Regla 44 de Procedimiento Civil.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo

de

Titulares

Condominio Playa Azul II

del

Peticionario

CC-2024-0110

v.

Mapfre Praico Insurance Company

Recurrida

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de diciembre de 2024.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de expresarnos

sobre varias controversias que se están suscitando en la

tramitación de reclamaciones contra aseguradoras por los

daños causados por el huracán María. Estas impactan la

cuantía de la indemnización que un asegurado puede recibir

y

la

tramitación

eficiente

de

estos

procedimientos

judiciales.

En

particular

examinaremos:

(1)

si

el

Tribunal

de

Primera Instancia podía imponer el pago de intereses por

mora sobre una suma ya determinada

como líquida y exigible

en un dictamen final y firme del Tribunal de Apelaciones

dentro del mismo proceso judicial; (2) si procede el pago de

honorarios bajo el Art. 27.165 del Código de Seguros, infra,

introducido por la Ley Núm. 247-2018; y (3) si ante los

CC-2024-0110

2

hechos particulares del caso se justifica la concesión de

sanciones

por

temeridad

al

amparo

de

la

Regla

44

de

Procedimiento Civil, infra.

Luego de examinar nuestra jurisprudencia respecto a los

intereses por mora, concluimos que el Tribunal de Primera

Instancia

no

tiene

moratorios

sobre

la

una

autoridad

deuda

que

de

es

conceder

declarada

intereses

líquida

y

exigible, luego de que la determinación del foro apelativo

intermedio se tornara final y firme. Además, conforme con lo

dispuesto en Cons. Tit. 76 Kings Court v. MAPFRE, infra,

concluimos que los honorarios de abogado del Art. 27.165 del

Código

de

Seguros,

infra,

están

únicamente

disponibles

cuando la aseguradora no remedia la situación notificada

dentro de los sesenta (60) días desde que la notificación

requerida por el Art. 27.164, infra, fuera hecha. Por último,

confirmamos los dictámenes recurridos en cuanto a no conceder

sanciones por temeridad.

Así las cosas, procedemos a relatar las incidencias

procesales relevantes.

I

El 19 de septiembre de 2019, el Consejo de Titulares

del

Condominio

Playa

Azul

II

(Consejo

o

peticionario)

presentó una Demanda contra Mapfre Praico Insurance Company

(Mapfre o recurrida).1 Alegó que contaba con una póliza de

seguro comercial expedida por Mapfre cuando el bien inmueble

1

Apéndice del Certiorari, págs. 430-438.

CC-2024-0110

3

sufrió daños a consecuencia del huracán María y que Mapfre

se rehusó a compensar los daños conforme con la póliza.2 Por

estas razones acumuló las causas de acción siguientes: (1)

incumplimiento de contrato; (2) daños y perjuicios; y (3)

violación al Código de Seguros.3 Asimismo, solicitó que el

tribunal:

B. Dicte Sentencia a favor de la Parte Demandante

por las violaciones al Código de Seguros, a tenor

con la sección 2716(d)(1) del Código de Seguros.

C.

Dicte

Sentencia

[...]

por

los

daños

contractuales, las costas judiciales y honorarios

razonables de abogados, a tenor con la disposición

de la sección 2716(d)(4) del Código de Seguros.

D. Dicte Sentencia [...] por concepto de daños

punitivos, a tenor con la sección 2716(d)(5) del

Código de Seguros.

E. Dicte Sentencia [...] por concepto de cualquier

otro remedio que el Tribunal entienda es

justificado por los hechos y proceda en derecho.4

Luego, el 5 de noviembre de 2019 y 10 de diciembre de

2019, el Consejo presentó,

respectivamente,

una Demanda

Enmendada y Segunda Demanda Enmendada.5 En lo pertinente al

caso de autos, el peticionario reclamó el pago de la suma de

El Consejo había contratado la Póliza Núm. 1600178001679 expedida por

Mapfre vigente para el 20 de septiembre de 2017. El Consejo presentó una

reclamación por los daños sufridos por la propiedad por una suma no

menor de $6,449,210.60. A esta reclamación se le asignó el número

20191273547. Mapfre estimó y ajustó el costo por la totalidad de la

reclamación por la suma de $1,709,386.76, que luego de restar las

partidas correspondientes ascendía a la suma neta de $1,277,386.76. Íd.,

págs. 170-171.

3 En particular a la causa de acción por violaciones al Código de Seguros

expresó: “La Parte Demandante se reserva el derecho a enmendar estas

alegaciones según se desarrolle la investigación, ajuste y resolución

de la reclamación presentada por la Parte Demandante ante el asegurador,

según se dispone la sección 2716b del Código de Seguros”. Íd., pág. 31.

4 Íd.

5 Íd., págs. 34-58.

2

CC-2024-0110

4

$1,277,386.76 que Mapfre ajustó.6 Además, en la Segunda

Demandada Enmendada, inter alia, solicitó:

F. Intereses pre-sentencia, por el dolo de la parte

Demandada y su temeridad en ajustar y pagar la

pérdida

de

la

Parte

Demandante

pronta

y

correctamente.

G. Cualquier otro remedio que el Tribunal entienda

justificado por los hechos y procedente en

derecho.7

El 23 de junio de 2020, el Consejo presentó una Moción

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial o, en la alternativa,

Solicitando Orden de Embargo en Aseguramiento de Sentencia.8

En la moción, solicitó el pago del ajuste realizado por

Mapfre. Argumentó que una vez la aseguradora hace un ajuste,

la cuantía incluida en este se convierte en una deuda líquida

que puede ser pagada al asegurado aun cuando quede pendiente

una porción ilíquida de la reclamación. Luego de varias

incidencias procesales, el 12 de noviembre de 2020, el

Tribunal de Primera emitió una Resolución.9 En esta declaró

No Ha Lugar la solicitud del Consejo, por entender que no

estaba ante una deuda líquida y exigible debido a que el

peticionario no aceptó la cantidad ofrecida por Mapfre.

Así las cosas, el 23 de noviembre de 2022, el Consejo

presentó

una

Solicitud

de

orden

de

pago

del

ajuste.10

Solicitó nuevamente el pago inmediato del ajuste emitido por

Además, el 19 de septiembre de 2019, el peticionario notificó a Mapfre

y a la Oficina del Comisionado de Seguros un Formulario de Notificación

Previo a Entablar una Acción Civil a Tenor con el Artículo 27.164 del

Código de Seguros de Puerto Rico. Íd., pág. 56.

7 Íd., págs. 461-462.

8 Íd., págs. 78-86.

9 Íd., págs. 168-177.

10 Íd., págs. 178-191.

6

CC-2024-0110

5

Mapfre, sin que se considerara una renuncia a los derechos

que le cobijan conforme a la póliza, el Código de Seguros y

su reglamento. Sobre este asunto el foro de primera instancia

emitió y notificó una Resolución el 20 de diciembre de 2022.11

En esta declaró Sin Lugar la solicitud de pago del Consejo.

Aún insatisfecho, el 8 de febrero de 2023, el peticionario

presentó

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

un

recurso

de Certiorari (KLCE202300122), donde suplicó que se revocará

la

Resolución

y

se

ordenará

a

Mapfre

a

pagar

la

suma

reconocida en su ajuste.12

El 30 de marzo de 2023, el foro apelativo intermedio

emitió una Sentencia (en adelante “Primera Sentencia”) en la

cual expidió el recurso y revocó al Tribunal de Primera

Instancia.13 Específicamente ordenó “a Mapfre [a] pagar de

inmediato al [Consejo] $1,277,104.32 dólares, según fue

previsto en el ajuste inicial de reclamación presentado

[sic]”.14 El foro apelativo intermedio entendió que conforme

con Feliciano Aguayo v. MAPFRE, 207 DPR 138 (2021) y Carpets

& Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 614 (2009), no era necesario

esperar por la resolución de todas las reclamaciones hechas

por

el

Consejo,

para

ordenar

el

pago

de

la

cantidad

identificada por Mapfre en el ajuste inicial.15 Concluyó que

la suma ofrecida en el ajuste era líquida por representar la

postura institucional de la aseguradora a la reclamación del

Íd., págs. 213-219.

Íd., págs. 237-260.

13 Íd., págs. 272-298.

14 Íd., pág. 298.

15 Íd., pág. 297.

11

12

CC-2024-0110

6

asegurado, por lo que era la suma mínima que esta tenía la

obligación de entregar.16

Tras solicitar sin éxito la reconsideración, Mapfre

recurrió en alzada ante este Tribunal mediante un recurso de

certiorari

(CC-2023-0343),

el

cual

fue

rechazado.17

El

Consejo no recurrió en alzada sobre los asuntos comprendidos

en

la

Primera

Sentencia.

El

mandato

del

Tribunal

de

Apelaciones fue remitido al Tribunal de Primera Instancia el

26 de octubre de 2023. Además, no existe contención de que

la suma de dinero por el ajuste inicial fue pagada por Mapfre

el 27 de octubre de 2023.18

El 3 de noviembre de 2023, el Consejo presentó ante el

Tribunal de Primera Instancia un Memorando Solicitando Pago

de Intereses, Costas y Honorarios de Abogad[o]s. En este

alegó

que,

sobre

la

suma

ordenada

por

el

Tribunal

de

Apelaciones, Mapfre no ha pagado los intereses por mora,

intereses legales ni honorarios de abogado, partidas que el

Consejo reclamó tener derecho a recibir.19 En primer lugar,

entendió que, conforme con el Art. 1061 del Código Civil de

1930, infra, tenía derecho al pago del interés moratorio

desde que radicó la Demanda Enmendada hasta la fecha en que

se

dictó

la

Primera

Sentencia.

Además,

arguyó

que

era

evidente la temeridad de Mapfre al negarse a pagar su ajuste

asumiendo una postura incompatible con la buena fe en el

Íd., págs. 296-297.

Íd., págs. 339 y 599.

18 Íd., págs. 340 y 382.

19 Íd., págs. 340-348.

16

17

CC-2024-0110

7

contexto de los contratos de seguro. Por otra parte, reclamó

que conforme a los términos del Art.

27.165 del Código de

Seguros, infra, era mandatorio imponer en contra de Mapfre

el pago de una suma razonable en concepto de honorarios de

abogado por la cuantía de la Primera Sentencia. Por último,

solicitó la imposición de intereses legales conforme con la

Regla 43.3(a) de Procedimiento Civil, infra.

Ante la solicitud del Consejo, el 13 de noviembre de

2023 Mapfre presentó una Oposición al memorando solicitando

pago de intereses, costas y honorarios de abogad[o]s. En

esta

se

opuso

a

la

solicitud

de

intereses

por

mora,

honorarios por temeridad y honorarios de abogado del Consejo.

No obstante, aceptó los intereses legales conforme a la Regla

44.3 de Procedimiento Civil, infra, sobre el principal a

partir de la Primera Sentencia y consignó el pago de estos

por el periodo de siete meses y medio.20

El 14 de noviembre de 2023, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Resolución concediendo en parte la

petición.21 En cuanto a los honorarios de abogado bajo el

Art. 27.165 del Código de Seguros, infra, entendió que,

debido

a

que

en

la

Primera

Sentencia

el

Tribunal

de

Apelaciones no abordó los elementos de este, no le competía

hacerlo. Además, entendió que procedían los intereses por

mora y ordenó su pago, calculados a partir de la presentación

de la Demanda Enmendada. De igual forma, ordenó el pago de

20

21

Íd., págs. 382-387.

Íd., págs. 598-601.

CC-2024-0110

8

los intereses legales, calculados a partir de la Primera

Sentencia, pero no hizo determinación sobre la solicitud de

temeridad.

Tras infructuosamente solicitar reconsideración, el 9

de enero de 2024, Mapfre presentó una Petición de Certiorari

(KLCE202400031) al Tribunal de Apelaciones, para revisar la

imposición de intereses por mora.22 Particularmente arguyó

que el Consejo renunció a estos intereses al no solicitarlos

mediante

la

presentación

oportuna

de

una

moción

de

reconsideración o un recurso de revisión luego de emitirse

la Primera Sentencia.

Un día después, el 10 de enero de 2024, el Consejo de

Titulares

presentó

(KLCE202400039)

al

una

Tribunal

Petición

de

de

Apelaciones

Certiorari

en

la

cual

argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al no

conceder honorarios de abogado al amparo del Código de

Seguros

y

sanciones

por

temeridad

bajo

las

Reglas

de

Procedimiento Civil.23 Según surge del recurso, el Consejo

razonó que el Art. 27.165 del Código de Seguros, infra, hace

mandatorio la imposición de honorarios de abogado cuando

recae una sentencia en donde el asegurado prevalece en el

tribunal.

Además,

argumentó

que

Mapfre

actuó

de

forma

temeraria al no emitir el pago del ajuste de manera oportuna.

Los recursos fueron consolidados y el 30 de enero de

2024,

22

23

el

Tribunal

Íd., págs. 1-21.

Íd., págs. 399-427.

de

Apelaciones

emitió

una

Sentencia

CC-2024-0110

9

(Segunda Sentencia) en donde expidió el recurso de Mapfre

(KLCE202400031), pero denegó el del Consejo (KLCE202400039).

Consecuentemente revocó la concesión de los intereses por

mora. Resaltó que por la cantidad adjudicada en la Primera

Sentencia el Consejo renunció a los intereses por mora al no

presentar su solicitud en ese recurso. Recalcó que estos

intereses, al no ser una parte integral e inherente de la

obligación principal, son un derecho personal del acreedor

y renunciable si este no recurre a un tribunal revisor de la

omisión de la primera instancia judicial en consignarlos.

Entendió que, al no solicitarlos mediante una moción de

reconsideración o acudiendo en alzada al Tribunal Supremo,

era forzoso concluir que el Consejo renunció a su derecho de

cobrar los intereses por mora. Así las cosas, el Consejo no

podía presentar su petición luego de que la Primera Sentencia

advino final y firme.

Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones concluyó que

el foro primario actuó correctamente al denegar la petición

de honorarios de abogado bajo el Art. 27.165 del Código de

Seguros y denegó ejercer su función revisora sobre ese

asunto. De igual forma, negó revisar si el Tribunal de

Primera Instancia debió imponer sanciones por temeridad.

Inconforme, el 1 de marzo de 2024, el Consejo compareció

ante este Tribunal mediante una Petición de Certiorari y le

imputó al Tribunal de Apelaciones haber cometido los errores

siguientes:

CC-2024-0110

10

(1) Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar al

Tribunal de Primera Instancia y resolver que no

procedía el pago de intereses por mora a favor de

la parte asegurada.

(2) Erraron el TPI y el TA al no conceder a favor

de la parte asegurada una partida en concepto de

costas y honorarios de abogado al amparo del

Artículo 27.165 del Código de Seguros.

(3) Erraron el TPI y el TA al no conceder a favor

de la parte asegurada los remedios provistos en la

Regla 44 de Procedimiento Civil, ante la conducta

temeraria de Mapfre.

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes,

y

habiéndose

expedido

el

auto

de

certiorari,

procedemos a resolver.

II

A.

En

primer

lugar,

examinamos

las

disposiciones

del

Código Civil de 1930 que conciernen la indemnización por

mora.24 En nuestro ordenamiento civil

fuentes

de

las

obligaciones

la

ley,

se reconocen

los

como

contratos

y

cuasicontratos, y los actos y omisiones ilícitos o en que

intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Art.

1042 de Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1042. Además,

una persona está sujeta a indemnizar los daños y perjuicios

causados cuando en el cumplimiento de una obligación incurre

en dolo, negligencia o morosidad. Art. 1054, Código Civil de

1930, 31 LPRA ant. sec. 3018.

El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado con la aprobación

del Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020, 31 LPRA sec.

5311 et seq. No obstante, por ser la ley vigente al momento de los hechos

se hace referencia al Código Civil derogado. Véase Arts. 1808 y 1812 del

Código Civil de 2020, 31 LPRA secs. 11713 y 11717.

24

CC-2024-0110

11

Así las cosas, el deudor incurre en mora cuando el

acreedor

exige,

judicial

o

extrajudicialmente,

el

cumplimiento de la obligación. Art. 1053 del Código Civil de

1930, 31 LPRA ant. sec. 3017. Sobre la mora en el cumplimento

de

una

obligación

los

comentaristas

señalan

que

deben

concurrir los requisitos siguientes: (1) una obligación de

dar o hacer; (2) que el acreedor requiera el cumplimiento al

deudor judicial o extrajudicialmente; (3) que la obligación

sea exigible y líquida, y esté vencida; (4) que el retraso

sea imputable al deudor, y (5) que el retraso en cumplir se

haya producido por la culpa del deudor. Véase, L. Díez-Picazo

y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 11ma ed., Madrid, Ed.

Tecnos, 2023, Volumen II, Tomo 1, págs. 191-192. J. Castán

Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 17ma ed.,

Madrid, Ed. Reus S.A., 2008, Tomo III, págs. 238-240.

El Art. 1061 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant.

sec. 3025, aborda que la indemnización en caso de mora

consiste en el pago de intereses. Este artículo dispone en

lo pertinente que:

Si la obligación consistiere en el pago de una

cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora,

la indemnización de daños y perjuicios, no

habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago

de los intereses convenidos, y a falta de convenio,

en el interés legal.

De igual forma, en Rivera v. Crescioni, 77 DPR 47, 56

(1954), expresamos que los intereses por mora “son una

indemnización independiente de daños y perjuicios, impuesta

como penalidad por la demora en el pago”. Por consiguiente,

estos “[n]o constituyen parte integrante e inherentemente

CC-2024-0110

inseparable

indemnización

12

de

la

por

obligación

intereses

principal”.

moratorios

es

Íd.

un

La

derecho

personal del acreedor, que puede ser renunciado. Íd. Así las

cosas, Castán Tobeñas señala:

Los efectos de la mora desaparecen por lo que se

llama purga de la misma (purgatio morae). Aunque

el Código Civil no la regula, puede decirse que la

mora cesa: 1) Por voluntad del acreedor, como en

los casos de renuncia al pago de la indemnización

debida, concesión de prórroga, novación de la

obligación, etc. [. . .] 2) por concesión de un

plazo legal al deudor (moratorias). 3) Por

incurrir también el acreedor en mora (compensatio

morae). J. Castán Tobeñas, op. sic., pág. 244.

Cuando

una

parte

incurre

en

mora,

el

Tribunal

sentenciador puede conceder intereses aun cuando estos no

hayan sido solicitados en la demanda. Fuentes v. Hull Dobbs

Co. of P.R., 88 DPR 562, 571(1963).25 No obstante el interés

moratorio

tiene

que

estar

expresamente

incluido

en

la

Sentencia para ser recobrado. Rivera v. Crescioni, supra.

Este

Tribunal

ha

considerado

cómo

debe

una

parte

proceder ante la omisión del Tribunal de Primera Instancia

en fijar en la Sentencia el interés moratorio. En Rivera v.

Crescioni, supra, pág. 55, expresamos que:

[E]l tribunal de primera instancia no incluyó en

su sentencia pronunciamiento alguno en cuanto a

intereses, no condenó al demandado a pagar

intereses al demandante. No obstante tal omisión,

el demandante no ha apelado ante este Tribunal de

la sentencia dictada por el tribunal a quo, no ha

Cabe resaltar que lo anterior está acorde con la norma reiterada de

que en la Demanda no hay que especificar bajo qué disposición legal se

reclama, pero de los hechos alegados debe surgir una causa de acción

bajo cualquier ley. Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 (1998).

De igual forma, la Regla 42.4, 32 LPRA Ap. V, dispone que “[t]oda

sentencia concederá el remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor

se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal remedio en sus

alegaciones”.

25

CC-2024-0110

13

impugnado ante este Tribunal la omisión del

tribunal sentenciador de condenar al demandado a

pagar intereses. Este Tribunal no puede añadir a

la sentencia determinada indemnización en daños y

perjuicios si la persona con derecho a tal

indemnización no ha apelado ante este Tribunal de

la omisión del tribunal de primera instancia de

incluir tal indemnización en su sentencia, esto

es, si la persona que hubiese de recibir el pago

de la indemnización no ha impugnado tal omisión

ante este Tribunal. Un tribunal de apelaciones no

puede aumentar la cuantía de una sentencia,

especialmente en cuanto a indemnizaciones por

daños y perjuicios, si la persona en cuyo favor se

haya dictado la sentencia no ha apelado la

sentencia y no ha presentado cuestión alguna ante

este tribunal en cuanto a la cuantía de la

sentencia.26

En síntesis, la parte con derecho a la indemnización

dispuesta en el Art. 1061 del Código Civil de 1930, supra,

tiene que recurrir de la omisión antes de que el dictamen se

torne final y firme, lo anterior mediante la presentación de

una moción de reconsideración o un recurso de revisión ante

un tribunal revisor. De no recurrir de manera oportuna se

entiende que la parte renunció a su derecho de cobrar estos

intereses.

B.

Según hemos reiterado, la Ley Núm. 247-2018, 26 LPRA

secs. 2716d, 2716e y 3805, fue aprobada luego de que la

Asamblea Legislativa examinara la respuesta de la industria

de seguros tras el paso de los huracanes Irma y María. De

De manera similar en P.R. & Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 84

DPR 621, 623 (1962) (Sentencia), resolvimos que:

Los intereses de mora no están en la misma categoría, sino

que se conceden como una indemnización que constituye un

derecho personal del acreedor, y que puede ser renunciado

por éste. Rivera v. Crescioni, supra. En el presente caso

la parte demandante no apeló de la sentencia que omitió

incluir tal pronunciamiento, y por tanto renunció a su

reclamación, de haber sido ésta procedente.

26

CC-2024-0110

14

esta forma, se catalogó el manejo de las reclamaciones por

parte de esta industria como “una plagada de retrasos, mal

manejos y de reiteradas violaciones a las disposiciones de

nuestro Código de Seguros”. Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 247-2018 (2018 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 2378–

2379). Ante esta realidad, la Legislatura decidió enmendar

el Código de Seguros para proveer protecciones y herramientas

“adicionales en beneficio de los asegurados para garantizar

el fiel cumplimiento de los fines del Código de Seguros y

así agilizar el proceso de recuperación de Puerto Rico”.

Consejo de Titulares v. MAPFRE, 208 DPR 761, 771–772 (2022).

27

En fin, la intención legislativa detrás de la Ley Núm.

247-2018 era:

promover la recuperación económica de Puerto Rico

(de sus hogares, comercios e infraestructura en

general) en consideración a las circunstancias

excepcionales que se suscitaron por los huracanes

Irma y María. Esto, mediante el fiel cumplimiento

de las disposiciones del Código de Seguros,

particularmente del cumplimiento con aquellos

deberes y responsabilidades a los que ya estaba

sujeta la industria de seguros, y garantizando a

los asegurados una oportunidad real de vindicar el

derecho a una indemnización justa, rápida y

equitativa, entre otros derechos reconocidos por

nuestro ordenamiento, cuya transgresión hasta ese

momento se atendía mediante las disposiciones

generales de las obligaciones y los contratos.

Íd., pág. 772.

Particularmente,

la

Asamblea

Legislativa

consideró

necesario que los asegurados tengan un mayor acceso a los

Véase, además, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 247-2018 (2018

[Parte 2] Leyes de Puerto Rico 2380–2381); Informe Positivo de la

Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas sobre el P.

de la C. 1645 de 17 de septiembre de 2018, pág. 4.

27

CC-2024-0110

15

tribunales para vindicar sus derechos. Exposición de Motivos

de la Ley Núm. 247-2018 (2018 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico

2381). Además, identificó los altos costos de llevar sus

reclamos

a

los

tribunales

como

una

de

las

principales

barreras para la vindicación de sus derechos. Íd.28

Cónsono

con

este

objetivo,

la

Ley

Núm.

247-2018,

incorpora al Código de Seguros dos disposiciones ordenando

el

pago

de

honorarios

por

parte

de

las

aseguradoras.

Específicamente, el inciso 4 del Art. 27.164 del Código de

Seguros, 26 LPRA sec. 2716d, artículo que crea una causa de

acción específica contra las aseguradoras por violaciones al

Código, dispone que: “[e]n caso de adjudicación adversa en

el juicio o luego de una apelación, el asegurador autorizado

será responsable de los daños, junto con costos judiciales

y

honorarios

razonables

de

abogados

incurridos

por

el

demandante”. Además, el Art. 27.165 del Código de Seguros,

26 LPRA sec. 2716e, expresa:

(1) Al recaer una sentencia o decreto por

cualquiera de los tribunales contra un asegurador

y en favor de cualquier asegurado nombrado o el

beneficiario designado bajo una póliza o contrato

ejecutado por el asegurador, el Tribunal de

Primera Instancia o, en el caso de una apelación

en la que prevalezca el asegurado o beneficiario,

el tribunal de apelación, deberá adjudicar o

decretar contra el asegurador y a favor del

asegurado o el abogado del beneficiario una suma

razonable como honorarios o compensación por haber

procesado la demanda en la que se obtuvo una

recuperación.

[. . .]

Véase Informe Positivo de la Comisión sobre Relaciones Federales,

Políticas y Económicas sobre el P. de la C. 1645 de 17 de septiembre de

2018, pág. 2.

28

CC-2024-0110

16

(3) Cuando se otorgue, la compensación u

honorarios del abogado se incluirán en la

sentencia o decreto dictado en el caso.

Por otra parte, en Cons. Tit. 76 Kings Court v. MAPFRE,

208 DPR 1018 (2022), interpretamos que el requisito de

notificación previa que instituye el inciso (3) del Art.

27.164

del

Código

de

Seguros,

supra,

era

de

carácter

jurisdiccional. Particularmente, armonizamos el propósito

reparador de la Ley Núm. 247-2018 de brindar a los asegurados

herramientas y remedios adicionales con las directrices

claras que provee esta ley para obtener estos beneficios.

Íd., págs. 1035, 1039-1040.

Así pues, notamos que el término de sesenta (60) días

para que la aseguradora remedie la violación notificada por

el asegurado es “ineludible e improrrogable”. Íd., pág.

1036.29 Siendo ello así, “[s]i la aseguradora opta por no

atender el reclamo dentro de esos sesenta días [...] entonces

podría enfrentar una demanda por daños y honorarios de

abogado amparada en el Código de Seguros”. Íd., pág. 1037.

Dicho de otra forma, no existía un remedio hasta que la

aseguradora tuviera la oportunidad de subsanar la violación.

Íd., pág. 1038 (citando a Talat Enterprises v. Aetna Cas. &

Sur. Co., 753 So. 2d 1278, 1283–1284 (Fla. 2000)).

En efecto, este Tribunal resolvió que bajo los términos

del Art. 27.164 del Código de Seguros, la causa de acción

Además, recalcamos que el depósito en el correo de la notificación

interrumpe los términos prescriptivos para presentar una reclamación

judicial por sesenta y cinco (65) días. Véase, Art. 27.164(3)(e) del

Código de Seguros, supra.

29

CC-2024-0110

17

por daños y honorarios de abogado al amparo de los Arts.

27.164 y 27.165 del Código de Seguros, supra, está disponible

únicamente si la aseguradora no remedia la situación dentro

del término de sesenta (60) días. Íd., págs. 1040-1041. Por

tanto, la acción civil instada antes de transcurrir el

mencionado término “despoja al tribunal de autoridad para

atender la reclamación, ya que nunca se configuró la causa

de acción”. (negrilla suplida) Íd. pág. 1041.

III

A.

En su primer señalamiento de error el Consejo arguyó

que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar que no

procedían

la

imposición

de

intereses

moratorios

por

la

cuantía ordenada a pagar en la Primera Sentencia. Según este,

la

determinación

del

foro

primario,

concediendo

los

intereses moratorios, era cónsona con el Mandato recibido

del

Tribunal

restablecer

lo

de

Apelaciones.

determinado

Siendo

por

el

así

nos

Tribunal

de

solicitó

Primera

Instancia.

En su Resolución el foro primario concluyó que procedían

los intereses por mora dado a que:

Según surge del mandato y de la Sentencia del

[Tribunal de Apelaciones], en el presente caso se

adjudicó de manera final, firme e inapelable, que

la deuda de $1,277,104.32 era líquida y exigible

a la fecha en que se presentó la Demanda de autos,

que MAPFRE estaba contractualmente obligado a

satisfacer el pago requerido y legalmente impedido

de retractarse del pago habiendo hecho un

reconocimiento de deuda.30

30

Apéndice del Certiorari, pág. 600.

CC-2024-0110

18

Por su parte el Tribunal de Apelaciones y el recurrido

entendieron

intereses

que

los

moratorios

peticionarios

por

no

renunciaron

solicitar

estos

a

durante

los

la

tramitación de la Primera Sentencia. Concluyeron que el

Tribunal de Primera Instancia no estaba facultado a conceder

los intereses moratorios sobre una suma determinada en una

Sentencia final y firme del Tribunal de Apelaciones. Lo

anterior

surge

en

vista

de

lo

resuelto

en

Rivera

v.

Crescioni, supra.

Luego de examinado el asunto, entendemos que el Tribunal

de

Apelaciones

resolvió

correctamente.

Veamos

con

más

detalle.

Este Tribunal ha sido enfático en que la presentación

prematura

o

tardía

de

un

recurso

o

una

apelación

“sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de

privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre”.

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007)

(citando a Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR

357, 366 (2003)); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub.,

183 DPR 1, 22-23 (2011).

Además, como norma general “los asuntos que han sido

objeto de adjudicación por el foro de instancia y/o por este

Tribunal

no

pueden

reexaminarse.

Esos

derechos

y

responsabilidades gozan de las características de finalidad

y firmeza con arreglo a la doctrina de la ‘ley del caso’”.

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 607 (2000).

Alterar un pronunciamiento final y firme es una medida

CC-2024-0110

19

excepcional; no debemos perder de perceptiva que tal acto

inquieta la estabilidad y certeza del derecho. Véase, Berkan

v. Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc., 204 DPR 183,

201-202 (2020); Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 9

(2016); Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 155, 157

(1981).

En esta ocasión, la Primera Sentencia emitida el 30 de

marzo de 2023, adjudicó de forma definitiva una de las causas

de acción presentadas por el Consejo. En particular resolvió

conceder el pago del ajuste y determinó que “no resulta

necesario esperar por el resultado de todas las reclamaciones

incoadas en la demanda presentada por el Consejo, para

ordenar el pago de la cantidad identificada por Mapfre en el

ajuste inicial entregado”.31 El Consejo no presentó Moción

de

Reconsideración

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

ni

recurrió en alzada ante nos. Además, el Mandato del Tribunal

de Apelaciones fue remitido al foro de primera instancia el

27 de octubre de 2023. No obstante, la petición de los

intereses moratorios fue presentada el 3 de noviembre de

2023, ante el Tribunal de Primera Instancia.

El conceder los intereses moratorios en esta etapa,

equivaldría a modificar la Primera Sentencia que es final y

firme, y por ende inapelable, para conceder una indemnización

adicional. La penalidad de pagar intereses moratorios al

amparo del Art. 1061 del Código Civil de 1930, supra, tiene

Íd., pág. 297; Consejo de Titulares del Condominio Playa Vista Azul

II v. Mapfre Praico Insurance Company, KLCE202300122, pág. 26 (30 de

marzo de 2023).

31

CC-2024-0110

20

que estar incluida en la Sentencia y no procede de forma

automática. La omisión de estos intereses tiene que ser

revisada a través de la presentación oportuna de una Moción

de Reconsideración ante el foro sentenciador o en alzada.

Por lo cual, nos vemos forzados a concluir que el Consejo

presentó

su

solicitud

de

intereses

moratorios

ante

el

Tribunal de Primera Instancia a destiempo. El curso de acción

a seguir era recurrir en alzada de la Primera Sentencia del

Tribunal de Apelaciones.

B.

Por otra parte, el peticionario señaló que los foros

recurridos erraron al no conceder honorarios de abogado bajo

el Art. 27.165 del Código de Seguro, supra, sobre la cuantía

concedida a su favor en la Primera Sentencia. El recurrido

sostiene que la petición del Consejo por los honorarios fue

presentada a destiempo, teniendo que levantar el asunto ante

el Tribunal de Apelaciones antes de que la Primera Sentencia

fuera final y firme. En la alternativa, sostuvo que el

Consejo incumplió con los términos de notificación previa

dispuestos en el Art. 27.164 del Código de Seguros, por lo

que conforme con Cons. Tit. 76 Kings Court v. MAPFRE, supra,

eran improcedentes los honorarios de abogado bajo el Art.

27.165 del Código de Seguros, supra. Le asiste la razón al

recurrido.

Según surge del expediente, el 19 de septiembre de 2019,

el Consejo notificó a Mapfre y a la Oficina del Comisionado

de Seguros un Formulario de Notificación Previo a Entablar

CC-2024-0110

21

una Acción Civil a Tenor con el Artículo 27.164 del Código

de Seguros de Puerto Rico.32 Lo anterior ocurrió, en la misma

fecha que radicó la Demanda contra Mapfre, en donde alegó

como

tercera

causa

de

acción

“Violación

del

Código

de

Seguros” y solicitó remedios al amparo del Art. 27.164.33

El proceder del Consejo privó a los tribunales de la

autoridad para conceder los honorarios de abogado dispuestos

en el Art. 27.165 del Código de Seguros. No hay cabida para

un resultado diferente. Al presentar la reclamación el mismo

día en que presentó la notificación, el Consejo ignoró las

directrices claras que dispone la Ley Núm. 247-2018, supra,

y despojó a la aseguradora de la oportunidad para remediar

el reclamo notificado y evitar una reclamación adicional por

daños.

C.

En su último señalamiento, el peticionario arguyó que

los foros recurridos erraron al no imponer sanciones por

temeridad. Reglas 44.1 (d) y 44.3 (b) de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V. Sostienen que, en cuanto a la suma que Mapfre

identificó en el ajuste, este desplegó una conducta contumaz

para no responder por sus obligaciones legales. El Tribunal

de Primera Instancia, en su Resolución del 14 de noviembre

de 2023, no hizo mención sobre sanciones por temeridad. A su

vez, el Tribunal de Apelaciones denegó intervenir con este

asunto. Entendemos que el error señalado no se cometió.

32

33

Apéndice del Certiorari, pág. 460.

Íd., pág. 31.

CC-2024-0110

Bajo

22

nuestras

Reglas

de

Procedimiento

Civil

la

imposición de sanciones por temeridad procede cuando el

tribunal realiza la correspondiente determinación de que una

parte ha actuado de esa manera. Santiago v. Sup. Grande, 166

DPR 796, 821 (2006); Puerto Rico Oil Company, Inc. v. Dayco

Products,

Inc.,

determinación

164

DPR

486,

511

(2005).

recae

en

la

discreción

Ahora,

del

esta

tribunal

sentenciador y el estándar de revisión aplicable es el de

claro abuso de discreción. Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR

796, 820-821 (2006).

A manera de ejemplo, hemos reseñado que una parte es

temeraria cuando insiste en alegar algo sin alguna prueba

fehaciente, niega los hechos que le constan o son de fácil

corroboración y dilata los procedimientos judiciales para no

responder por sus obligaciones. González Ramos v. Pacheco

Romero, 209 DPR 138, 149-150 (2022). Se trata de una actitud

que afecta el buen funcionamiento y la administración de la

justicia, que sujeta al litigante inocente a una innecesaria

ordalía judicial. Fernández v. San Juan Cement Co. Inc., 118

DPR 713, 718 (1987). No obstante, no existe temeridad “en

aquellos casos en que el litigante actúa de acuerdo a

la apreciación errónea de una cuestión de derecho y no hay

precedentes establecidos sobre la cuestión [...] o cuando

existe alguna desavenencia honesta en cuanto a quién favorece

el derecho aplicable a los hechos del caso”. Oliveras, Inc.

v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 936 (1996) (citas

omitidas).

CC-2024-0110

23

La postura de Mapfre durante la tramitación de la

reclamación por el ajuste cae dentro de estas conductas no

temerarias.

Este

sostuvo

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia que existía una controversia material que impedía

adjudicar

la

controversia

del

ajuste

y

presentó

sus

argumentos en derecho para sostener que no procedía el pago

de esta suma. Esta postura prevaleció en dos ocasiones en el

Tribunal de Primera Instancia y no fue hasta la Primera

Sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones

que

el

Consejo

prevaleció en su reclamo. Ante lo anterior, no vemos razón

para intervenir con la omisión del foro primario en conceder

sanciones por temeridad y así penalizar a un litigante que

defendió una postura que posteriormente fue rechazada por un

foro apelativo.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

determinación del Tribunal de Apelaciones y, a su vez,

ordenamos la devolución del caso al Tribunal de Primera

Instancia para que proceda conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo

de

Titulares

Condominio Playa Azul II

del

Peticionario

CC-2024-0110

v.

Mapfre Praico Insurance Company

Recurrida

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de diciembre de 2024.

Por los fundamentos expresados en la Opinión que

antecede, confirmamos la determinación del Tribunal de

Apelaciones y, a su vez, ordenamos la devolución del caso al

Tribunal de Primera Instancia para que proceda conforme a lo

aquí resuelto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez y el Juez Asociado señor Estrella Martínez no

intervinieron.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo