Tribunal Supremo de Puerto Rico
Consejo de Titulares del Condominio Playa Azul II v. MAPFRE PRAICO Insurance Company
2024 TSPR 140
Poder Judicial de Puerto Rico
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Consejo de Titulares del Condominio Playa Azul II v. MAPFRE PRAICO Insurance Company
CC-2024-0110
26 de diciembre de 2024 · Hon. Mildred G. Pabón Charneco · Procedimiento Civil y Derecho de Seguros – Imposición del pago de intereses por mora sobre una suma ya determinada como líquida y exigible en un dictamen final y firme del Tribunal de Apelaciones; pago de honorarios bajo el Art. 27.165 del Código de Seguros, y la concesión de sanciones por temeridad al amparo de la Regla 44 de Procedimiento Civil.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Consejo de Titulares del
Condominio Playa Azul II
Certiorari
Peticionario
2024 TSPR 140
v.
215 DPR ___
MAPFRE PRAICO Insurance Company
Recurrida
Número del Caso:
Fecha:
CC-2024-0110
26 de diciembre de 2024
Tribunal de Apelaciones:
Panel XI-Especial
Representantes legales de la parte peticionaria:
Lcda. Claudia A. Rosa Ramos
Lcdo. Juan Saavedra Castro
Representantes legales de la parte recurrida:
Lcda. Claudia A. Juan García
Lcdo. Rafael A. Meléndez Barrionuevo
Lcda. Katherine Quiñones García
Materia: Procedimiento Civil y Derecho de Seguros: Imposición del
pago de intereses por mora sobre una suma ya determinada como
líquida y exigible en un dictamen final y firme del Tribunal de
Apelaciones; pago de honorarios bajo el Art. 27.165 del Código de
Seguros, y la concesión de sanciones por temeridad al amparo de la
Regla 44 de Procedimiento Civil.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Consejo
de
Titulares
Condominio Playa Azul II
del
Peticionario
CC-2024-0110
v.
Mapfre Praico Insurance Company
Recurrida
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora
Pabón Charneco.
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de diciembre de 2024.
En esta ocasión tenemos la oportunidad de expresarnos
sobre varias controversias que se están suscitando en la
tramitación de reclamaciones contra aseguradoras por los
daños causados por el huracán María. Estas impactan la
cuantía de la indemnización que un asegurado puede recibir
y
la
tramitación
eficiente
de
estos
procedimientos
judiciales.
En
particular
examinaremos:
(1)
si
el
Tribunal
de
Primera Instancia podía imponer el pago de intereses por
mora sobre una suma ya determinada
como líquida y exigible
en un dictamen final y firme del Tribunal de Apelaciones
dentro del mismo proceso judicial; (2) si procede el pago de
honorarios bajo el Art. 27.165 del Código de Seguros, infra,
introducido por la Ley Núm. 247-2018; y (3) si ante los
CC-2024-0110
2
hechos particulares del caso se justifica la concesión de
sanciones
por
temeridad
al
amparo
de
la
Regla
44
de
Procedimiento Civil, infra.
Luego de examinar nuestra jurisprudencia respecto a los
intereses por mora, concluimos que el Tribunal de Primera
Instancia
no
tiene
moratorios
sobre
la
una
autoridad
deuda
que
de
es
conceder
declarada
intereses
líquida
y
exigible, luego de que la determinación del foro apelativo
intermedio se tornara final y firme. Además, conforme con lo
dispuesto en Cons. Tit. 76 Kings Court v. MAPFRE, infra,
concluimos que los honorarios de abogado del Art. 27.165 del
Código
de
Seguros,
infra,
están
únicamente
disponibles
cuando la aseguradora no remedia la situación notificada
dentro de los sesenta (60) días desde que la notificación
requerida por el Art. 27.164, infra, fuera hecha. Por último,
confirmamos los dictámenes recurridos en cuanto a no conceder
sanciones por temeridad.
Así las cosas, procedemos a relatar las incidencias
procesales relevantes.
I
El 19 de septiembre de 2019, el Consejo de Titulares
del
Condominio
Playa
Azul
II
(Consejo
o
peticionario)
presentó una Demanda contra Mapfre Praico Insurance Company
(Mapfre o recurrida).1 Alegó que contaba con una póliza de
seguro comercial expedida por Mapfre cuando el bien inmueble
1
Apéndice del Certiorari, págs. 430-438.
CC-2024-0110
3
sufrió daños a consecuencia del huracán María y que Mapfre
se rehusó a compensar los daños conforme con la póliza.2 Por
estas razones acumuló las causas de acción siguientes: (1)
incumplimiento de contrato; (2) daños y perjuicios; y (3)
violación al Código de Seguros.3 Asimismo, solicitó que el
tribunal:
B. Dicte Sentencia a favor de la Parte Demandante
por las violaciones al Código de Seguros, a tenor
con la sección 2716(d)(1) del Código de Seguros.
C.
Dicte
Sentencia
[...]
por
los
daños
contractuales, las costas judiciales y honorarios
razonables de abogados, a tenor con la disposición
de la sección 2716(d)(4) del Código de Seguros.
D. Dicte Sentencia [...] por concepto de daños
punitivos, a tenor con la sección 2716(d)(5) del
Código de Seguros.
E. Dicte Sentencia [...] por concepto de cualquier
otro remedio que el Tribunal entienda es
justificado por los hechos y proceda en derecho.4
Luego, el 5 de noviembre de 2019 y 10 de diciembre de
2019, el Consejo presentó,
respectivamente,
una Demanda
Enmendada y Segunda Demanda Enmendada.5 En lo pertinente al
caso de autos, el peticionario reclamó el pago de la suma de
El Consejo había contratado la Póliza Núm. 1600178001679 expedida por
Mapfre vigente para el 20 de septiembre de 2017. El Consejo presentó una
reclamación por los daños sufridos por la propiedad por una suma no
menor de $6,449,210.60. A esta reclamación se le asignó el número
20191273547. Mapfre estimó y ajustó el costo por la totalidad de la
reclamación por la suma de $1,709,386.76, que luego de restar las
partidas correspondientes ascendía a la suma neta de $1,277,386.76. Íd.,
págs. 170-171.
3 En particular a la causa de acción por violaciones al Código de Seguros
expresó: “La Parte Demandante se reserva el derecho a enmendar estas
alegaciones según se desarrolle la investigación, ajuste y resolución
de la reclamación presentada por la Parte Demandante ante el asegurador,
según se dispone la sección 2716b del Código de Seguros”. Íd., pág. 31.
4 Íd.
5 Íd., págs. 34-58.
2
CC-2024-0110
4
$1,277,386.76 que Mapfre ajustó.6 Además, en la Segunda
Demandada Enmendada, inter alia, solicitó:
F. Intereses pre-sentencia, por el dolo de la parte
Demandada y su temeridad en ajustar y pagar la
pérdida
de
la
Parte
Demandante
pronta
y
correctamente.
G. Cualquier otro remedio que el Tribunal entienda
justificado por los hechos y procedente en
derecho.7
El 23 de junio de 2020, el Consejo presentó una Moción
Solicitando Sentencia Sumaria Parcial o, en la alternativa,
Solicitando Orden de Embargo en Aseguramiento de Sentencia.8
En la moción, solicitó el pago del ajuste realizado por
Mapfre. Argumentó que una vez la aseguradora hace un ajuste,
la cuantía incluida en este se convierte en una deuda líquida
que puede ser pagada al asegurado aun cuando quede pendiente
una porción ilíquida de la reclamación. Luego de varias
incidencias procesales, el 12 de noviembre de 2020, el
Tribunal de Primera emitió una Resolución.9 En esta declaró
No Ha Lugar la solicitud del Consejo, por entender que no
estaba ante una deuda líquida y exigible debido a que el
peticionario no aceptó la cantidad ofrecida por Mapfre.
Así las cosas, el 23 de noviembre de 2022, el Consejo
presentó
una
Solicitud
de
orden
de
pago
del
ajuste.10
Solicitó nuevamente el pago inmediato del ajuste emitido por
Además, el 19 de septiembre de 2019, el peticionario notificó a Mapfre
y a la Oficina del Comisionado de Seguros un Formulario de Notificación
Previo a Entablar una Acción Civil a Tenor con el Artículo 27.164 del
Código de Seguros de Puerto Rico. Íd., pág. 56.
7 Íd., págs. 461-462.
8 Íd., págs. 78-86.
9 Íd., págs. 168-177.
10 Íd., págs. 178-191.
6
CC-2024-0110
5
Mapfre, sin que se considerara una renuncia a los derechos
que le cobijan conforme a la póliza, el Código de Seguros y
su reglamento. Sobre este asunto el foro de primera instancia
emitió y notificó una Resolución el 20 de diciembre de 2022.11
En esta declaró Sin Lugar la solicitud de pago del Consejo.
Aún insatisfecho, el 8 de febrero de 2023, el peticionario
presentó
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones
un
recurso
de Certiorari (KLCE202300122), donde suplicó que se revocará
la
Resolución
y
se
ordenará
a
Mapfre
a
pagar
la
suma
reconocida en su ajuste.12
El 30 de marzo de 2023, el foro apelativo intermedio
emitió una Sentencia (en adelante “Primera Sentencia”) en la
cual expidió el recurso y revocó al Tribunal de Primera
Instancia.13 Específicamente ordenó “a Mapfre [a] pagar de
inmediato al [Consejo] $1,277,104.32 dólares, según fue
previsto en el ajuste inicial de reclamación presentado
[sic]”.14 El foro apelativo intermedio entendió que conforme
con Feliciano Aguayo v. MAPFRE, 207 DPR 138 (2021) y Carpets
& Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 614 (2009), no era necesario
esperar por la resolución de todas las reclamaciones hechas
por
el
Consejo,
para
ordenar
el
pago
de
la
cantidad
identificada por Mapfre en el ajuste inicial.15 Concluyó que
la suma ofrecida en el ajuste era líquida por representar la
postura institucional de la aseguradora a la reclamación del
Íd., págs. 213-219.
Íd., págs. 237-260.
13 Íd., págs. 272-298.
14 Íd., pág. 298.
15 Íd., pág. 297.
11
12
CC-2024-0110
6
asegurado, por lo que era la suma mínima que esta tenía la
obligación de entregar.16
Tras solicitar sin éxito la reconsideración, Mapfre
recurrió en alzada ante este Tribunal mediante un recurso de
certiorari
(CC-2023-0343),
el
cual
fue
rechazado.17
El
Consejo no recurrió en alzada sobre los asuntos comprendidos
en
la
Primera
Sentencia.
El
mandato
del
Tribunal
de
Apelaciones fue remitido al Tribunal de Primera Instancia el
26 de octubre de 2023. Además, no existe contención de que
la suma de dinero por el ajuste inicial fue pagada por Mapfre
el 27 de octubre de 2023.18
El 3 de noviembre de 2023, el Consejo presentó ante el
Tribunal de Primera Instancia un Memorando Solicitando Pago
de Intereses, Costas y Honorarios de Abogad[o]s. En este
alegó
que,
sobre
la
suma
ordenada
por
el
Tribunal
de
Apelaciones, Mapfre no ha pagado los intereses por mora,
intereses legales ni honorarios de abogado, partidas que el
Consejo reclamó tener derecho a recibir.19 En primer lugar,
entendió que, conforme con el Art. 1061 del Código Civil de
1930, infra, tenía derecho al pago del interés moratorio
desde que radicó la Demanda Enmendada hasta la fecha en que
se
dictó
la
Primera
Sentencia.
Además,
arguyó
que
era
evidente la temeridad de Mapfre al negarse a pagar su ajuste
asumiendo una postura incompatible con la buena fe en el
Íd., págs. 296-297.
Íd., págs. 339 y 599.
18 Íd., págs. 340 y 382.
19 Íd., págs. 340-348.
16
17
CC-2024-0110
7
contexto de los contratos de seguro. Por otra parte, reclamó
que conforme a los términos del Art.
27.165 del Código de
Seguros, infra, era mandatorio imponer en contra de Mapfre
el pago de una suma razonable en concepto de honorarios de
abogado por la cuantía de la Primera Sentencia. Por último,
solicitó la imposición de intereses legales conforme con la
Regla 43.3(a) de Procedimiento Civil, infra.
Ante la solicitud del Consejo, el 13 de noviembre de
2023 Mapfre presentó una Oposición al memorando solicitando
pago de intereses, costas y honorarios de abogad[o]s. En
esta
se
opuso
a
la
solicitud
de
intereses
por
mora,
honorarios por temeridad y honorarios de abogado del Consejo.
No obstante, aceptó los intereses legales conforme a la Regla
44.3 de Procedimiento Civil, infra, sobre el principal a
partir de la Primera Sentencia y consignó el pago de estos
por el periodo de siete meses y medio.20
El 14 de noviembre de 2023, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una Resolución concediendo en parte la
petición.21 En cuanto a los honorarios de abogado bajo el
Art. 27.165 del Código de Seguros, infra, entendió que,
debido
a
que
en
la
Primera
Sentencia
el
Tribunal
de
Apelaciones no abordó los elementos de este, no le competía
hacerlo. Además, entendió que procedían los intereses por
mora y ordenó su pago, calculados a partir de la presentación
de la Demanda Enmendada. De igual forma, ordenó el pago de
20
21
Íd., págs. 382-387.
Íd., págs. 598-601.
CC-2024-0110
8
los intereses legales, calculados a partir de la Primera
Sentencia, pero no hizo determinación sobre la solicitud de
temeridad.
Tras infructuosamente solicitar reconsideración, el 9
de enero de 2024, Mapfre presentó una Petición de Certiorari
(KLCE202400031) al Tribunal de Apelaciones, para revisar la
imposición de intereses por mora.22 Particularmente arguyó
que el Consejo renunció a estos intereses al no solicitarlos
mediante
la
presentación
oportuna
de
una
moción
de
reconsideración o un recurso de revisión luego de emitirse
la Primera Sentencia.
Un día después, el 10 de enero de 2024, el Consejo de
Titulares
presentó
(KLCE202400039)
al
una
Tribunal
Petición
de
de
Apelaciones
Certiorari
en
la
cual
argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al no
conceder honorarios de abogado al amparo del Código de
Seguros
y
sanciones
por
temeridad
bajo
las
Reglas
de
Procedimiento Civil.23 Según surge del recurso, el Consejo
razonó que el Art. 27.165 del Código de Seguros, infra, hace
mandatorio la imposición de honorarios de abogado cuando
recae una sentencia en donde el asegurado prevalece en el
tribunal.
Además,
argumentó
que
Mapfre
actuó
de
forma
temeraria al no emitir el pago del ajuste de manera oportuna.
Los recursos fueron consolidados y el 30 de enero de
2024,
22
23
el
Tribunal
Íd., págs. 1-21.
Íd., págs. 399-427.
de
Apelaciones
emitió
una
Sentencia
CC-2024-0110
9
(Segunda Sentencia) en donde expidió el recurso de Mapfre
(KLCE202400031), pero denegó el del Consejo (KLCE202400039).
Consecuentemente revocó la concesión de los intereses por
mora. Resaltó que por la cantidad adjudicada en la Primera
Sentencia el Consejo renunció a los intereses por mora al no
presentar su solicitud en ese recurso. Recalcó que estos
intereses, al no ser una parte integral e inherente de la
obligación principal, son un derecho personal del acreedor
y renunciable si este no recurre a un tribunal revisor de la
omisión de la primera instancia judicial en consignarlos.
Entendió que, al no solicitarlos mediante una moción de
reconsideración o acudiendo en alzada al Tribunal Supremo,
era forzoso concluir que el Consejo renunció a su derecho de
cobrar los intereses por mora. Así las cosas, el Consejo no
podía presentar su petición luego de que la Primera Sentencia
advino final y firme.
Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones concluyó que
el foro primario actuó correctamente al denegar la petición
de honorarios de abogado bajo el Art. 27.165 del Código de
Seguros y denegó ejercer su función revisora sobre ese
asunto. De igual forma, negó revisar si el Tribunal de
Primera Instancia debió imponer sanciones por temeridad.
Inconforme, el 1 de marzo de 2024, el Consejo compareció
ante este Tribunal mediante una Petición de Certiorari y le
imputó al Tribunal de Apelaciones haber cometido los errores
siguientes:
CC-2024-0110
10
(1) Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar al
Tribunal de Primera Instancia y resolver que no
procedía el pago de intereses por mora a favor de
la parte asegurada.
(2) Erraron el TPI y el TA al no conceder a favor
de la parte asegurada una partida en concepto de
costas y honorarios de abogado al amparo del
Artículo 27.165 del Código de Seguros.
(3) Erraron el TPI y el TA al no conceder a favor
de la parte asegurada los remedios provistos en la
Regla 44 de Procedimiento Civil, ante la conducta
temeraria de Mapfre.
Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas
partes,
y
habiéndose
expedido
el
auto
de
certiorari,
procedemos a resolver.
II
A.
En
primer
lugar,
examinamos
las
disposiciones
del
Código Civil de 1930 que conciernen la indemnización por
mora.24 En nuestro ordenamiento civil
fuentes
de
las
obligaciones
la
ley,
se reconocen
los
como
contratos
y
cuasicontratos, y los actos y omisiones ilícitos o en que
intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Art.
1042 de Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1042. Además,
una persona está sujeta a indemnizar los daños y perjuicios
causados cuando en el cumplimiento de una obligación incurre
en dolo, negligencia o morosidad. Art. 1054, Código Civil de
1930, 31 LPRA ant. sec. 3018.
El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado con la aprobación
del Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020, 31 LPRA sec.
5311 et seq. No obstante, por ser la ley vigente al momento de los hechos
se hace referencia al Código Civil derogado. Véase Arts. 1808 y 1812 del
Código Civil de 2020, 31 LPRA secs. 11713 y 11717.
24
CC-2024-0110
11
Así las cosas, el deudor incurre en mora cuando el
acreedor
exige,
judicial
o
extrajudicialmente,
el
cumplimiento de la obligación. Art. 1053 del Código Civil de
1930, 31 LPRA ant. sec. 3017. Sobre la mora en el cumplimento
de
una
obligación
los
comentaristas
señalan
que
deben
concurrir los requisitos siguientes: (1) una obligación de
dar o hacer; (2) que el acreedor requiera el cumplimiento al
deudor judicial o extrajudicialmente; (3) que la obligación
sea exigible y líquida, y esté vencida; (4) que el retraso
sea imputable al deudor, y (5) que el retraso en cumplir se
haya producido por la culpa del deudor. Véase, L. Díez-Picazo
y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 11ma ed., Madrid, Ed.
Tecnos, 2023, Volumen II, Tomo 1, págs. 191-192. J. Castán
Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 17ma ed.,
Madrid, Ed. Reus S.A., 2008, Tomo III, págs. 238-240.
El Art. 1061 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant.
sec. 3025, aborda que la indemnización en caso de mora
consiste en el pago de intereses. Este artículo dispone en
lo pertinente que:
Si la obligación consistiere en el pago de una
cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora,
la indemnización de daños y perjuicios, no
habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago
de los intereses convenidos, y a falta de convenio,
en el interés legal.
De igual forma, en Rivera v. Crescioni, 77 DPR 47, 56
(1954), expresamos que los intereses por mora “son una
indemnización independiente de daños y perjuicios, impuesta
como penalidad por la demora en el pago”. Por consiguiente,
estos “[n]o constituyen parte integrante e inherentemente
CC-2024-0110
inseparable
indemnización
12
de
la
por
obligación
intereses
principal”.
moratorios
es
Íd.
un
La
derecho
personal del acreedor, que puede ser renunciado. Íd. Así las
cosas, Castán Tobeñas señala:
Los efectos de la mora desaparecen por lo que se
llama purga de la misma (purgatio morae). Aunque
el Código Civil no la regula, puede decirse que la
mora cesa: 1) Por voluntad del acreedor, como en
los casos de renuncia al pago de la indemnización
debida, concesión de prórroga, novación de la
obligación, etc. [. . .] 2) por concesión de un
plazo legal al deudor (moratorias). 3) Por
incurrir también el acreedor en mora (compensatio
morae). J. Castán Tobeñas, op. sic., pág. 244.
Cuando
una
parte
incurre
en
mora,
el
Tribunal
sentenciador puede conceder intereses aun cuando estos no
hayan sido solicitados en la demanda. Fuentes v. Hull Dobbs
Co. of P.R., 88 DPR 562, 571(1963).25 No obstante el interés
moratorio
tiene
que
estar
expresamente
incluido
en
la
Sentencia para ser recobrado. Rivera v. Crescioni, supra.
Este
Tribunal
ha
considerado
cómo
debe
una
parte
proceder ante la omisión del Tribunal de Primera Instancia
en fijar en la Sentencia el interés moratorio. En Rivera v.
Crescioni, supra, pág. 55, expresamos que:
[E]l tribunal de primera instancia no incluyó en
su sentencia pronunciamiento alguno en cuanto a
intereses, no condenó al demandado a pagar
intereses al demandante. No obstante tal omisión,
el demandante no ha apelado ante este Tribunal de
la sentencia dictada por el tribunal a quo, no ha
Cabe resaltar que lo anterior está acorde con la norma reiterada de
que en la Demanda no hay que especificar bajo qué disposición legal se
reclama, pero de los hechos alegados debe surgir una causa de acción
bajo cualquier ley. Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 (1998).
De igual forma, la Regla 42.4, 32 LPRA Ap. V, dispone que “[t]oda
sentencia concederá el remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor
se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal remedio en sus
alegaciones”.
25
CC-2024-0110
13
impugnado ante este Tribunal la omisión del
tribunal sentenciador de condenar al demandado a
pagar intereses. Este Tribunal no puede añadir a
la sentencia determinada indemnización en daños y
perjuicios si la persona con derecho a tal
indemnización no ha apelado ante este Tribunal de
la omisión del tribunal de primera instancia de
incluir tal indemnización en su sentencia, esto
es, si la persona que hubiese de recibir el pago
de la indemnización no ha impugnado tal omisión
ante este Tribunal. Un tribunal de apelaciones no
puede aumentar la cuantía de una sentencia,
especialmente en cuanto a indemnizaciones por
daños y perjuicios, si la persona en cuyo favor se
haya dictado la sentencia no ha apelado la
sentencia y no ha presentado cuestión alguna ante
este tribunal en cuanto a la cuantía de la
sentencia.26
En síntesis, la parte con derecho a la indemnización
dispuesta en el Art. 1061 del Código Civil de 1930, supra,
tiene que recurrir de la omisión antes de que el dictamen se
torne final y firme, lo anterior mediante la presentación de
una moción de reconsideración o un recurso de revisión ante
un tribunal revisor. De no recurrir de manera oportuna se
entiende que la parte renunció a su derecho de cobrar estos
intereses.
B.
Según hemos reiterado, la Ley Núm. 247-2018, 26 LPRA
secs. 2716d, 2716e y 3805, fue aprobada luego de que la
Asamblea Legislativa examinara la respuesta de la industria
de seguros tras el paso de los huracanes Irma y María. De
De manera similar en P.R. & Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 84
DPR 621, 623 (1962) (Sentencia), resolvimos que:
Los intereses de mora no están en la misma categoría, sino
que se conceden como una indemnización que constituye un
derecho personal del acreedor, y que puede ser renunciado
por éste. Rivera v. Crescioni, supra. En el presente caso
la parte demandante no apeló de la sentencia que omitió
incluir tal pronunciamiento, y por tanto renunció a su
reclamación, de haber sido ésta procedente.
26
CC-2024-0110
14
esta forma, se catalogó el manejo de las reclamaciones por
parte de esta industria como “una plagada de retrasos, mal
manejos y de reiteradas violaciones a las disposiciones de
nuestro Código de Seguros”. Exposición de Motivos de la Ley
Núm. 247-2018 (2018 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 2378–
2379). Ante esta realidad, la Legislatura decidió enmendar
el Código de Seguros para proveer protecciones y herramientas
“adicionales en beneficio de los asegurados para garantizar
el fiel cumplimiento de los fines del Código de Seguros y
así agilizar el proceso de recuperación de Puerto Rico”.
Consejo de Titulares v. MAPFRE, 208 DPR 761, 771–772 (2022).
27
En fin, la intención legislativa detrás de la Ley Núm.
247-2018 era:
promover la recuperación económica de Puerto Rico
(de sus hogares, comercios e infraestructura en
general) en consideración a las circunstancias
excepcionales que se suscitaron por los huracanes
Irma y María. Esto, mediante el fiel cumplimiento
de las disposiciones del Código de Seguros,
particularmente del cumplimiento con aquellos
deberes y responsabilidades a los que ya estaba
sujeta la industria de seguros, y garantizando a
los asegurados una oportunidad real de vindicar el
derecho a una indemnización justa, rápida y
equitativa, entre otros derechos reconocidos por
nuestro ordenamiento, cuya transgresión hasta ese
momento se atendía mediante las disposiciones
generales de las obligaciones y los contratos.
Íd., pág. 772.
Particularmente,
la
Asamblea
Legislativa
consideró
necesario que los asegurados tengan un mayor acceso a los
Véase, además, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 247-2018 (2018
[Parte 2] Leyes de Puerto Rico 2380–2381); Informe Positivo de la
Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas sobre el P.
de la C. 1645 de 17 de septiembre de 2018, pág. 4.
27
CC-2024-0110
15
tribunales para vindicar sus derechos. Exposición de Motivos
de la Ley Núm. 247-2018 (2018 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico
2381). Además, identificó los altos costos de llevar sus
reclamos
a
los
tribunales
como
una
de
las
principales
barreras para la vindicación de sus derechos. Íd.28
Cónsono
con
este
objetivo,
la
Ley
Núm.
247-2018,
incorpora al Código de Seguros dos disposiciones ordenando
el
pago
de
honorarios
por
parte
de
las
aseguradoras.
Específicamente, el inciso 4 del Art. 27.164 del Código de
Seguros, 26 LPRA sec. 2716d, artículo que crea una causa de
acción específica contra las aseguradoras por violaciones al
Código, dispone que: “[e]n caso de adjudicación adversa en
el juicio o luego de una apelación, el asegurador autorizado
será responsable de los daños, junto con costos judiciales
y
honorarios
razonables
de
abogados
incurridos
por
el
demandante”. Además, el Art. 27.165 del Código de Seguros,
26 LPRA sec. 2716e, expresa:
(1) Al recaer una sentencia o decreto por
cualquiera de los tribunales contra un asegurador
y en favor de cualquier asegurado nombrado o el
beneficiario designado bajo una póliza o contrato
ejecutado por el asegurador, el Tribunal de
Primera Instancia o, en el caso de una apelación
en la que prevalezca el asegurado o beneficiario,
el tribunal de apelación, deberá adjudicar o
decretar contra el asegurador y a favor del
asegurado o el abogado del beneficiario una suma
razonable como honorarios o compensación por haber
procesado la demanda en la que se obtuvo una
recuperación.
[. . .]
Véase Informe Positivo de la Comisión sobre Relaciones Federales,
Políticas y Económicas sobre el P. de la C. 1645 de 17 de septiembre de
2018, pág. 2.
28
CC-2024-0110
16
(3) Cuando se otorgue, la compensación u
honorarios del abogado se incluirán en la
sentencia o decreto dictado en el caso.
Por otra parte, en Cons. Tit. 76 Kings Court v. MAPFRE,
208 DPR 1018 (2022), interpretamos que el requisito de
notificación previa que instituye el inciso (3) del Art.
27.164
del
Código
de
Seguros,
supra,
era
de
carácter
jurisdiccional. Particularmente, armonizamos el propósito
reparador de la Ley Núm. 247-2018 de brindar a los asegurados
herramientas y remedios adicionales con las directrices
claras que provee esta ley para obtener estos beneficios.
Íd., págs. 1035, 1039-1040.
Así pues, notamos que el término de sesenta (60) días
para que la aseguradora remedie la violación notificada por
el asegurado es “ineludible e improrrogable”. Íd., pág.
1036.29 Siendo ello así, “[s]i la aseguradora opta por no
atender el reclamo dentro de esos sesenta días [...] entonces
podría enfrentar una demanda por daños y honorarios de
abogado amparada en el Código de Seguros”. Íd., pág. 1037.
Dicho de otra forma, no existía un remedio hasta que la
aseguradora tuviera la oportunidad de subsanar la violación.
Íd., pág. 1038 (citando a Talat Enterprises v. Aetna Cas. &
Sur. Co., 753 So. 2d 1278, 1283–1284 (Fla. 2000)).
En efecto, este Tribunal resolvió que bajo los términos
del Art. 27.164 del Código de Seguros, la causa de acción
Además, recalcamos que el depósito en el correo de la notificación
interrumpe los términos prescriptivos para presentar una reclamación
judicial por sesenta y cinco (65) días. Véase, Art. 27.164(3)(e) del
Código de Seguros, supra.
29
CC-2024-0110
17
por daños y honorarios de abogado al amparo de los Arts.
27.164 y 27.165 del Código de Seguros, supra, está disponible
únicamente si la aseguradora no remedia la situación dentro
del término de sesenta (60) días. Íd., págs. 1040-1041. Por
tanto, la acción civil instada antes de transcurrir el
mencionado término “despoja al tribunal de autoridad para
atender la reclamación, ya que nunca se configuró la causa
de acción”. (negrilla suplida) Íd. pág. 1041.
III
A.
En su primer señalamiento de error el Consejo arguyó
que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar que no
procedían
la
imposición
de
intereses
moratorios
por
la
cuantía ordenada a pagar en la Primera Sentencia. Según este,
la
determinación
del
foro
primario,
concediendo
los
intereses moratorios, era cónsona con el Mandato recibido
del
Tribunal
restablecer
lo
de
Apelaciones.
determinado
Siendo
por
el
así
nos
Tribunal
de
solicitó
Primera
Instancia.
En su Resolución el foro primario concluyó que procedían
los intereses por mora dado a que:
Según surge del mandato y de la Sentencia del
[Tribunal de Apelaciones], en el presente caso se
adjudicó de manera final, firme e inapelable, que
la deuda de $1,277,104.32 era líquida y exigible
a la fecha en que se presentó la Demanda de autos,
que MAPFRE estaba contractualmente obligado a
satisfacer el pago requerido y legalmente impedido
de retractarse del pago habiendo hecho un
reconocimiento de deuda.30
30
Apéndice del Certiorari, pág. 600.
CC-2024-0110
18
Por su parte el Tribunal de Apelaciones y el recurrido
entendieron
intereses
que
los
moratorios
peticionarios
por
no
renunciaron
solicitar
estos
a
durante
los
la
tramitación de la Primera Sentencia. Concluyeron que el
Tribunal de Primera Instancia no estaba facultado a conceder
los intereses moratorios sobre una suma determinada en una
Sentencia final y firme del Tribunal de Apelaciones. Lo
anterior
surge
en
vista
de
lo
resuelto
en
Rivera
v.
Crescioni, supra.
Luego de examinado el asunto, entendemos que el Tribunal
de
Apelaciones
resolvió
correctamente.
Veamos
con
más
detalle.
Este Tribunal ha sido enfático en que la presentación
prematura
o
tardía
de
un
recurso
o
una
apelación
“sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de
privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre”.
S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007)
(citando a Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR
357, 366 (2003)); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub.,
183 DPR 1, 22-23 (2011).
Además, como norma general “los asuntos que han sido
objeto de adjudicación por el foro de instancia y/o por este
Tribunal
no
pueden
reexaminarse.
Esos
derechos
y
responsabilidades gozan de las características de finalidad
y firmeza con arreglo a la doctrina de la ‘ley del caso’”.
Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 607 (2000).
Alterar un pronunciamiento final y firme es una medida
CC-2024-0110
19
excepcional; no debemos perder de perceptiva que tal acto
inquieta la estabilidad y certeza del derecho. Véase, Berkan
v. Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc., 204 DPR 183,
201-202 (2020); Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 9
(2016); Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 155, 157
(1981).
En esta ocasión, la Primera Sentencia emitida el 30 de
marzo de 2023, adjudicó de forma definitiva una de las causas
de acción presentadas por el Consejo. En particular resolvió
conceder el pago del ajuste y determinó que “no resulta
necesario esperar por el resultado de todas las reclamaciones
incoadas en la demanda presentada por el Consejo, para
ordenar el pago de la cantidad identificada por Mapfre en el
ajuste inicial entregado”.31 El Consejo no presentó Moción
de
Reconsideración
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones
ni
recurrió en alzada ante nos. Además, el Mandato del Tribunal
de Apelaciones fue remitido al foro de primera instancia el
27 de octubre de 2023. No obstante, la petición de los
intereses moratorios fue presentada el 3 de noviembre de
2023, ante el Tribunal de Primera Instancia.
El conceder los intereses moratorios en esta etapa,
equivaldría a modificar la Primera Sentencia que es final y
firme, y por ende inapelable, para conceder una indemnización
adicional. La penalidad de pagar intereses moratorios al
amparo del Art. 1061 del Código Civil de 1930, supra, tiene
Íd., pág. 297; Consejo de Titulares del Condominio Playa Vista Azul
II v. Mapfre Praico Insurance Company, KLCE202300122, pág. 26 (30 de
marzo de 2023).
31
CC-2024-0110
20
que estar incluida en la Sentencia y no procede de forma
automática. La omisión de estos intereses tiene que ser
revisada a través de la presentación oportuna de una Moción
de Reconsideración ante el foro sentenciador o en alzada.
Por lo cual, nos vemos forzados a concluir que el Consejo
presentó
su
solicitud
de
intereses
moratorios
ante
el
Tribunal de Primera Instancia a destiempo. El curso de acción
a seguir era recurrir en alzada de la Primera Sentencia del
Tribunal de Apelaciones.
B.
Por otra parte, el peticionario señaló que los foros
recurridos erraron al no conceder honorarios de abogado bajo
el Art. 27.165 del Código de Seguro, supra, sobre la cuantía
concedida a su favor en la Primera Sentencia. El recurrido
sostiene que la petición del Consejo por los honorarios fue
presentada a destiempo, teniendo que levantar el asunto ante
el Tribunal de Apelaciones antes de que la Primera Sentencia
fuera final y firme. En la alternativa, sostuvo que el
Consejo incumplió con los términos de notificación previa
dispuestos en el Art. 27.164 del Código de Seguros, por lo
que conforme con Cons. Tit. 76 Kings Court v. MAPFRE, supra,
eran improcedentes los honorarios de abogado bajo el Art.
27.165 del Código de Seguros, supra. Le asiste la razón al
recurrido.
Según surge del expediente, el 19 de septiembre de 2019,
el Consejo notificó a Mapfre y a la Oficina del Comisionado
de Seguros un Formulario de Notificación Previo a Entablar
CC-2024-0110
21
una Acción Civil a Tenor con el Artículo 27.164 del Código
de Seguros de Puerto Rico.32 Lo anterior ocurrió, en la misma
fecha que radicó la Demanda contra Mapfre, en donde alegó
como
tercera
causa
de
acción
“Violación
del
Código
de
Seguros” y solicitó remedios al amparo del Art. 27.164.33
El proceder del Consejo privó a los tribunales de la
autoridad para conceder los honorarios de abogado dispuestos
en el Art. 27.165 del Código de Seguros. No hay cabida para
un resultado diferente. Al presentar la reclamación el mismo
día en que presentó la notificación, el Consejo ignoró las
directrices claras que dispone la Ley Núm. 247-2018, supra,
y despojó a la aseguradora de la oportunidad para remediar
el reclamo notificado y evitar una reclamación adicional por
daños.
C.
En su último señalamiento, el peticionario arguyó que
los foros recurridos erraron al no imponer sanciones por
temeridad. Reglas 44.1 (d) y 44.3 (b) de Procedimiento Civil,
32 LPRA Ap. V. Sostienen que, en cuanto a la suma que Mapfre
identificó en el ajuste, este desplegó una conducta contumaz
para no responder por sus obligaciones legales. El Tribunal
de Primera Instancia, en su Resolución del 14 de noviembre
de 2023, no hizo mención sobre sanciones por temeridad. A su
vez, el Tribunal de Apelaciones denegó intervenir con este
asunto. Entendemos que el error señalado no se cometió.
32
33
Apéndice del Certiorari, pág. 460.
Íd., pág. 31.
CC-2024-0110
Bajo
22
nuestras
Reglas
de
Procedimiento
Civil
la
imposición de sanciones por temeridad procede cuando el
tribunal realiza la correspondiente determinación de que una
parte ha actuado de esa manera. Santiago v. Sup. Grande, 166
DPR 796, 821 (2006); Puerto Rico Oil Company, Inc. v. Dayco
Products,
Inc.,
determinación
164
DPR
486,
511
(2005).
recae
en
la
discreción
Ahora,
del
esta
tribunal
sentenciador y el estándar de revisión aplicable es el de
claro abuso de discreción. Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR
796, 820-821 (2006).
A manera de ejemplo, hemos reseñado que una parte es
temeraria cuando insiste en alegar algo sin alguna prueba
fehaciente, niega los hechos que le constan o son de fácil
corroboración y dilata los procedimientos judiciales para no
responder por sus obligaciones. González Ramos v. Pacheco
Romero, 209 DPR 138, 149-150 (2022). Se trata de una actitud
que afecta el buen funcionamiento y la administración de la
justicia, que sujeta al litigante inocente a una innecesaria
ordalía judicial. Fernández v. San Juan Cement Co. Inc., 118
DPR 713, 718 (1987). No obstante, no existe temeridad “en
aquellos casos en que el litigante actúa de acuerdo a
la apreciación errónea de una cuestión de derecho y no hay
precedentes establecidos sobre la cuestión [...] o cuando
existe alguna desavenencia honesta en cuanto a quién favorece
el derecho aplicable a los hechos del caso”. Oliveras, Inc.
v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 936 (1996) (citas
omitidas).
CC-2024-0110
23
La postura de Mapfre durante la tramitación de la
reclamación por el ajuste cae dentro de estas conductas no
temerarias.
Este
sostuvo
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia que existía una controversia material que impedía
adjudicar
la
controversia
del
ajuste
y
presentó
sus
argumentos en derecho para sostener que no procedía el pago
de esta suma. Esta postura prevaleció en dos ocasiones en el
Tribunal de Primera Instancia y no fue hasta la Primera
Sentencia
del
Tribunal
de
Apelaciones
que
el
Consejo
prevaleció en su reclamo. Ante lo anterior, no vemos razón
para intervenir con la omisión del foro primario en conceder
sanciones por temeridad y así penalizar a un litigante que
defendió una postura que posteriormente fue rechazada por un
foro apelativo.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la
determinación del Tribunal de Apelaciones y, a su vez,
ordenamos la devolución del caso al Tribunal de Primera
Instancia para que proceda conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Consejo
de
Titulares
Condominio Playa Azul II
del
Peticionario
CC-2024-0110
v.
Mapfre Praico Insurance Company
Recurrida
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de diciembre de 2024.
Por los fundamentos expresados en la Opinión que
antecede, confirmamos la determinación del Tribunal de
Apelaciones y, a su vez, ordenamos la devolución del caso al
Tribunal de Primera Instancia para que proceda conforme a lo
aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez y el Juez Asociado señor Estrella Martínez no
intervinieron.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo