Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Iris N. Miranda Rovira
2024 TSPR 137
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Iris N. Miranda Rovira
AB-2023-0291 AB-2024-0045
26 de diciembre de 2024 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con las órdenes de este Tribunal.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2024 TSPR 137
Iris N. Miranda Rovira
(TS-14,819)
Número del Caso:
Fecha:
215 DPR ___
AB-2023-0291
AB-2024-0045
26 de diciembre de 2024
Oficina del Procurador General:
Lcda. Mabel Sotomayor Hernández
Subprocuradora General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Yara I. Alma Bonilla
Procuradora General Auxiliar
Representante legal de la promovida:
Por derecho propio
Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con las
órdenes de este Tribunal.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Conducta
Profesional
AB-2023-291
AB-2024-45
Iris N. Miranda Rovira
(TS-14,819)
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de diciembre de 2024.
Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestra
facultad
disciplinaria
para
suspender
de
forma
inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía
y la notaría a un integrante de la profesión legal
por incumplir con las órdenes de este Tribunal.
Al tomar en cuenta la conducta que reseñaremos,
adelantamos
que
suspendemos
inmediata
e
indefinidamente a la Lcda. Iris N. Miranda Rovira
(licenciada Miranda Rovira o abogada) del ejercicio
de la abogacía y la notaría.
AB-2023-291; AB-2024-45
2
I
La licenciada Miranda Rovira fue admitida al ejercicio
de la abogacía el 26 de enero de 2004 y prestó juramento
como notaria el 26 de febrero de 2004.
A. Trámite disciplinario en el AB-2023-291
El 1 de diciembre de 2023, el Sr. Reinaldo Reyes Carrión
(señor Reyes Carrión o promovente) presentó una Queja en
contra de la abogada.
Según alegó, el 14 de junio de 2022
le entregó a la licenciada Miranda Rovira un plano para el
trámite de una escritura y le pagó $500 para la gestión
correspondiente,
acordado.
pero
la
abogada
no
cumplió
con
lo
Además, expresó que no había conseguido a la
licenciada Miranda Rovira en su oficina ni a través de
correo electrónico.
Como parte del trámite de la Queja, el 28 de diciembre
de 2023, se le concedió a la abogada un término de diez
(10) días, contado a partir de la notificación de la
comunicación, para que contestara las alegaciones en su
contra.
Asimismo, se le apercibió que, de no comparecer
en el término provisto, la Queja sería referida al Pleno
del Tribunal para la acción correspondiente, incluyendo la
imposición de sanciones disciplinarias severas, como la
suspensión del ejercicio de la profesión legal.
Transcurrido el término concedido, el 1 de febrero
de 2024, la licenciada Miranda Rovira presentó una Moción
urgente en solicitud de prórroga.
Expresó que en esa misma
fecha supo de la Queja presentada en su contra, tras
AB-2023-291; AB-2024-45
3
solicitar una certificación negativa de queja o querella.
Añadió
que
la
concediéndole
comunicación
un
término
enviada
para
por
contestar
el
la
Tribunal
Queja
fue
notificada a su correo electrónico, pero el mensaje se
recibió en la bandeja de correo no deseado (“spam mail”).
También
indicó
que
el
incumplimiento
con
el
término
concedido fue por inadvertencia y que de ninguna manera
fue su intención atrasar el trámite de la Queja, por lo
que solicitó un término adicional de veinte (20) días para
contestar la Queja presentada.
Así pues, el 2 de febrero de 2024, le concedimos a la
abogada el término solicitado de veinte (20) días y se le
apercibió que, de no comparecer en el término provisto, la
Queja sería referida al Pleno del Tribunal para la acción
correspondiente,
incluyendo
la
imposición
de
sanciones
disciplinarias severas, como la suspensión del ejercicio
de la profesión legal.
El mismo día en que vencía el término concedido (el
22
de
febrero
de
2024),
la
licenciada
Miranda
Rovira
presentó ante este Tribunal una Moción en solicitud de
término
adicional
para
contestar.
En
ésta,
solicitó
nuevamente un término de veinte (20) días para “completar
la
investigación
preliminar
de
los
hechos
y
responsablemente contestar las alegaciones de la queja”.1
1
Véase Moción en solicitud de término adicional para contestar.
AB-2023-291; AB-2024-45
4
Así las cosas, el 23 de febrero de 2024, le concedimos
a la abogada el término solicitado de veinte (20) días.
Le
apercibimos, además, que si no comparecía en dicho término,
la Queja sería referida al Pleno del Tribunal para la
acción
correspondiente,
incluyendo
la
imposición
de
sanciones disciplinarias severas, como la suspensión del
ejercicio de la profesión legal.
Más adelante, el 14 de marzo de 2024, la licenciada
Miranda Rovira presentó una Moción en cumplimiento de orden
y
solicitando
la
desestimación.
Alegó
que
ya
había
completado la gestión para la cual fue contratada por el
señor Reyes Carrión.
Específicamente, nos indicó que el
23 de febrero de 2024 otorgó la Escritura sobre aceptación
de uso público ante el Alcalde de Juncos y, además, le
entregó
al
promovente
instrumento público.
una
copia
certificada
de
dicho
En consecuencia, la abogada solicitó
la desestimación de la Queja.
El 10 de abril de 2024, referimos el expediente de la
Queja a la Oficina del Procurador General (Procurador
General) para la correspondiente investigación e Informe.
Mientras la Queja estaba pendiente ante dicha Oficina, el
23 de abril de 2024, el promovente nos informó que la
licenciada Miranda Rovira lo había contactado y le entregó
los
documentos
que
había
solicitado,
lo
cual
dio
por
concluido el proceso y le agradeció a la abogada por su
gestión.
Ante esto, el 6 de mayo de 2024, le referimos al
AB-2023-291; AB-2024-45
5
Procurador General el escrito presentado por el señor Reyes
Carrión y expusimos lo siguiente en dicha comunicación:
Se le recuerda a la parte promovente y a la
parte promovida que deberán esperar a que la
Oficina del Procurador General realice su
investigación y les notifique copia de su
Informe sobre este asunto o les requiera
cualquier
información
o
documentación
adicional, de ser ello necesario.
(Negrilla
omitida).
El 5 de junio de 2024, el Procurador General presentó
un Escrito informativo y solicitud de término adicional,
en
el
cual
comunicaciones
Miranda
expuso
al
Rovira,
que:
correo
en
(1)
había
electrónico
particular
un
enviado
de
la
varias
licenciada
requerimiento
de
información el 30 de abril de 2024 y que debía contestar
en o antes del 15 de mayo de 2024, pero sólo se recibió un
mensaje que indicaba que la bandeja de entrada (inbox)
estaba llena; (2) al no tener éxito vía correo electrónico,
el mismo 30 de abril de 2024 se envió un requerimiento de
información por correo postal con acuse de recibo, pero el
28 de mayo de 2024 el sistema de correo postal devolvió la
carta enviada por correo certificado; (3) el 15 de mayo
de 2024 se volvió a enviar un requerimiento de información
al correo electrónico de la abogada y se le concedió un
nuevo término para responder hasta el 30 de mayo de 2024;
(4)
luego
de
haber
intentado
comunicación
por
la
vía
telefónica, la línea sonaba ocupada todo el tiempo, y (5)
el
31
de
mayo
de
2024
reiteró
el
requerimiento
de
información por correo electrónico y se concedió hasta el
10 de junio de 2024 para contestarlo.
AB-2023-291; AB-2024-45
6
Ante la concesión de un nuevo término -a vencerse el
10 de junio de 2023- para que la licenciada Miranda Rovira
contestara el requerimiento de información, el Procurador
General solicitó un término adicional de sesenta (60) días
para completar la investigación y presentar su Informe.
En
vista de lo anterior, el 17 de junio de 2024 emitimos una
Resolución en la que concedimos el término solicitado.2
El 18 de junio de 2024, el Procurador General presentó
otro Escrito informativo y solicitud de orden, en el cual
reiteró lo expuesto en su moción del 5 de junio de 2024
sobre las múltiples gestiones realizadas para contactar a
la abogada.
Añadió que el mensaje de correo electrónico
enviado el 31 de mayo de 2024 con el requerimiento de
información no fue rechazado por el sistema mediante un
mensaje automático que reflejara inactividad u otro motivo.
También, informó que la moción del 5 de junio de 2024 fue
enviada a la licenciada Miranda Rovira por correo postal
con acuse de recibo y ésta no fue devuelta por el correo
postal.
Ante dicho escenario, el Procurador General nos
solicitó que emitiéramos una orden para que la abogada
contestara
el
requerimiento
de
información
de
dicha
Oficina.
De esta manera, el 25 de junio de 2024, emitimos una
Resolución mediante la cual le concedimos a la abogada un
término
2
de
veinte
(20)
días
para
que
completara
los
El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 18 de junio
de 2024.
AB-2023-291; AB-2024-45
7
requerimientos cursados por el Procurador General. Además,
le apercibimos que su incumplimiento con lo ordenado podría
conllevar
la
imposición
de
sanciones
disciplinarias
severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la
profesión legal.3
Una vez transcurrido el término concedido, el 23 de
julio de 2024, el Procurador General presentó un Escrito
informativo sobre gestiones investigativas y en solicitud
de remedio.
En éste, expuso que la licenciada Miranda
Rovira no había comparecido ni se había comunicado con
dicha
Oficina
en
relación
con
lo
ordenado
ni
había
constancia de que hubiese presentado algún documento ante
este Tribunal.
En vista de lo anterior, el 6 de agosto de 2024,
emitimos una Resolución en la cual le concedimos a la
abogada un término adicional de diez (10) días para que
completara los requerimientos cursados por el Procurador
General.
Nuevamente, le apercibimos que su incumplimiento
con lo ordenado podría conllevar la imposición de sanciones
disciplinarias
severas,
incluyendo
ejercicio de la profesión legal.4
la
suspensión
del
En esta ocasión la
notificación del Tribunal fue diligenciada personalmente
por la Oficina del Alguacil General del Tribunal Supremo.5
3
El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 27 de junio
de 2024.
4
El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 9 de agosto
de 2024.
5
Según consta en el expediente de la Queja AB-2023-291, la
Lcda. Iris N. Miranda Rovira (licenciada Miranda Rovira o abogada)
AB-2023-291; AB-2024-45
8
Más adelante, el 16 de agosto de 2024, el Procurador
General
compareció
mediante
un
solicitud de término adicional.
Escrito
informativo
y
En dicha moción indicó
que el término concedido a la licenciada Miranda Rovira
aún no había transcurrido, pero el término concedido a su
Oficina
para
presentar
el
Informe
estaba
próximo
a
vencerse.
Ante este panorama, señaló que la información
requerida
era
indispensable
para
realizar
“una
investigación completa y responsable sobre las alegaciones
de la [Q]ueja”,6 por lo cual solicitó un término adicional
de cuarenta y cinco (45) días, contado a partir de que la
abogada notificara su contestación al requerimiento, para
presentar su Informe.
Con
el
propósito
de
conocer
si
la
abogada
había
contestado los requerimientos del Procurador General, el
24 de octubre de 2024, la Secretaría de este Tribunal envió
una comunicación a dicha Oficina.
Específicamente, la
Procuradora General Auxiliar encargada del caso informó
que la licenciada Miranda Rovira no había contestado sus
requerimientos y que una correspondencia que se le envió
por correo certificado fue devuelta el 27 de agosto de 2024
por el correo postal.
Transcurrido en exceso el término concedido, y aun
cuando
se
le
apercibió
que
su
incumplimiento
con
lo
firmó en el diligenciamiento de la Resolución del Tribunal el 9 de
agosto de 2024.
6
Véase
pág. 2.
Escrito
informativo
y
solicitud
de
término
adicional,
AB-2023-291; AB-2024-45
ordenado
podría
9
conllevar
disciplinarias
severas,
ejercicio
la
de
comparecido
ante
la
incluyendo
profesión
el
imposición
legal,
Procurador
de
sanciones
la
suspensión
del
la
abogada
ha
General
ni
no
ante
este
Tribunal.
B. Trámite disciplinario en el AB-2024-45
El 27 de febrero de 2024, la Sra. Julissa Cruz Correa
(señora Cruz Correa o promovente) presentó una Queja en
contra de la licenciada Miranda Rovira.
Según adujo, le
pagó $500 a la abogada para que ésta gestionara unas
escrituras,
pero
luego
de
esto
no
había
recibido
información sobre el estatus de dicho trámite.
Además,
indicó que había solicitado el expediente de su caso, ya
que se enteró que la oficina de la abogada llevaba cerrada
más de diez (10) meses y entendía que estaba en riesgo de
perder su récord; que las pocas veces que logró comunicarse
con
la
licenciada
Miranda
Rovira
para
solicitarle
el
expediente, ésta le indicaba que el trámite estaba en
proceso; que hacía más de tres (3) años y en medio de la
pandemia le indicó que si no podía trabajar con el caso
que
entonces
le
entregara
el
expediente;
que
los
expedientes de los clientes están abandonados allí en la
oficina sin servicio eléctrico y que la abogada no atendía
las llamadas ni los mensajes de correo electrónico que se
le enviaban.
Por tanto, la promovente expresó que le urgía
que la licenciada Miranda Rovira le entregara el expediente
de su caso.
AB-2023-291; AB-2024-45
10
Así pues, el 15 de marzo de 2024, le concedimos a la
abogada un término de diez (10) días para que contestara
la
Queja
presentada
por
la
señora
Cruz
Correa.
Transcurrido el término concedido, la licenciada Miranda
Rovira no compareció ante este Tribunal.
Así las cosas,
el 5 de abril de 2024, se le envió una segunda notificación
mediante la cual se le concedió un término adicional de
diez (10) días para que contestara la Queja.
Más adelante, el 30 de abril de 2024, emitimos una
Resolución mediante la cual le concedimos a la abogada un
término de diez (10) días para que compareciera y mostrara
causa por la cual no se le debía suspender del ejercicio
de la profesión legal por incumplir con las órdenes de este
Tribunal al no presentar su contestación a la Queja.7
Nuevamente,
transcurrido
el
término
concedido,
la
licenciada Miranda Rovira no compareció ante este Tribunal.
El 29 de mayo de 2024, emitimos una Resolución mediante la
cual le concedimos a la abogada un término final de diez
(10) días para que compareciera y mostrara causa por la
cual no debía ser suspendida del ejercicio de la profesión
legal
ante
su
incumplimiento
con
las
órdenes
de
este
Tribunal al no contestar la Queja presentada en su contra.8
En
esta
ocasión
la
notificación
del
Tribunal
fue
7
El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 3 de mayo
de 2024.
8
El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 11 de junio
de 2024.
AB-2023-291; AB-2024-45
11
diligenciada personalmente por la Oficina del Alguacil
General del Tribunal Supremo.9
En la misma fecha en que expiraba el término concedido
para contestar la Queja, el 21 de junio de 2024, la
licenciada Miranda Rovira presentó una Moción en solicitud
de término adicional para contestar.
En ésta expuso que
advino en conocimiento de la Queja en su contra el 11 de
junio de 2024 cuando se diligenció nuestra Resolución y
que
se
encontraba
documentación
en
el
necesaria
proceso
para
de
preparar
recopilar
una
la
respuesta
adecuada y completa a las alegaciones formuladas en su
contra.
En virtud de lo anterior, nos solicitó un término
adicional
de
veinte
(20)
días
para
presentar
su
contestación a la Queja.
Así las cosas, el 25 de junio de 2024, emitimos una
Resolución mediante la cual le concedimos a la abogada el
término
de
veinte
(20)
contestara la Queja.
días
que
solicitó
para
que
Transcurrido el término concedido,
la licenciada Miranda Rovira no ha comparecido ante este
Tribunal.
A la luz de los hechos esbozados, procedemos a exponer
el derecho aplicable previo a disponer del asunto ante
nuestra consideración.
9
Según consta en el expediente de la Queja AB-2024-45, la
licenciada Miranda Rovira firmó en el diligenciamiento de la Resolución
del Tribunal el 6 de junio de 2024.
AB-2023-291; AB-2024-45
12
II
Como
parte
fundamental
de
nuestra
autoridad
para
regular la profesión legal en Puerto Rico, este Tribunal
viene obligado a asegurarse que los profesionales del
Derecho que son admitidos al ejercicio de la abogacía y la
notaría
realicen
sus
funciones
responsable y diligente.
de
forma
competente,
In re Pérez Fernández, 2024 TSPR
42, 213 DPR ___ (2024); In re Sánchez Rivoleda, 2024 TSPR
32, 213 DPR ___ (2024); In re Montañez Morales, 212 DPR
781,
790
(2023);
In
re
Meléndez
Artau,
212
DPR
96,
101 (2023).
El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, requiere que todos los miembros de la profesión
jurídica se conduzcan ante los tribunales con una conducta
que se caracterice por el mayor respeto.
In re Vélez
Goveo, 2024 TSPR 77, 213 DPR ___ (2024); In re Nicot
Santana,
2024
TSPR
21,
213
DPR
___
(2024);
In re Valenzuela Flores, 2023 TSPR 143, 213 DPR ___ (2023);
In re Lajara Radinson, 207 DPR 854, 863 (2021).
Según
dicho mandato, hemos recalcado en el ineludible deber que
tienen todos los abogados de cumplir con diligencia y
prontitud las órdenes de este Tribunal, en particular
cuando se trata de procesos disciplinarios.
In re Vélez
Goveo, supra; In re Valenzuela Flores, supra; In re Wilamo
Guzmán, 212 DPR 104, 107 (2023); In re Bauzá Tirado,
211 DPR 633, 635 (2023); In re Maldonado Trinidad, 209 DPR
1032 (2022).
AB-2023-291; AB-2024-45
13
De igual forma, hemos expresado que el deber de cumplir
con nuestras órdenes se extiende a los requerimientos
realizados
por
Oficina
Inspección
de
Educación
la
Jurídica
Oficina
de
del
Procurador
Notarías
Continua.
In
y
re
el
General,
la
Programa
de
Bermúdez
Tejero,
206 DPR 86, 94 (2021); In re Malavé Haddock, 207 DPR 573,
582 (2021).
Específicamente, hemos manifestado que el desatender
los requerimientos que realizamos en el curso de un proceso
disciplinario
displicencia,
refleja
falta
de
indisciplina,
respeto
y
desobediencia,
contumacia
hacia
la
autoridad, además de que demuestra una gran fisura del buen
carácter que debe exhibir todo integrante de la profesión
legal.
In re Wilamo Guzmán, supra, pág. 107; In re Jiménez
Meléndez, 198 DPR 453, 457 (2017); In re Ortiz Medina,
198 DPR 26, 31 (2017).
Según
lo
antes
expresado,
hemos
catalogado
la
desatención de nuestras órdenes por parte de los abogados
como una afrenta a la autoridad de los tribunales, lo que
significa una violación al Canon 9 del Código de Ética
Profesional, supra, y dicha conducta es suficiente para
decretar
la
separación
abogacía y notaría.
inmediata
e
indefinida
de
la
In re Colón Olivo I, 211 DPR 633,
635-636 (2023); In re Bermúdez Tejero, supra, pág. 95;
In re López Pérez, 201 DPR 123, 126 (2018).
AB-2023-291; AB-2024-45
14
III
Según se puede constatar de los hechos reseñados, es
evidente
que
concedidos
a
han
transcurrido
la
licenciada
en
exceso
Miranda
los
Rovira
términos
para
que
cumpliera con nuestras Resoluciones del 6 de agosto de 2024
y del 25 de junio de 2024 en las Quejas AB-2023-291 y
AB-2024-45, respectivamente, y ésta no ha comparecido ante
el Procurador General (AB-2023-291) ni ante este Tribunal
(AB-2024-45).
abogada
que
conllevar
En ambas instancias, apercibimos a la
su
la
incumplimiento
imposición
de
con
lo
ordenado
sanciones
podría
disciplinarias
severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la
profesión legal.
Sin lugar a dudas, la licenciada Miranda Rovira ha
exhibido una conducta que refleja indiferencia y desidia
tanto a los requerimientos del Procurador General como a
las órdenes de este Tribunal.
Al así actuar, la abogada
ha incurrido en un craso incumplimiento con los postulados
del Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.
El
comportamiento
de
la
licenciada
Miranda
Rovira
denota indiferencia y un incumplimiento voluntario que se
distancia de la conducta de respeto hacia los tribunales
que exige el Canon 9 del Código de Ética Profesional,
supra, a todos los miembros de la profesión jurídica.
esa
realidad,
y
en
conformidad
al
poder
Ante
inherente
de
reglamentar el ejercicio de la abogacía que ostenta este
Tribunal, procedemos a decretar la suspensión inmediata e
AB-2023-291; AB-2024-45
15
indefinida de la abogada del ejercicio de la abogacía y la
notaría.
IV
Por las razones antes expuestas, suspendemos de forma
inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la
notaría
a
la
Lcda.
Iris
N.
Miranda
Rovira.
En
consecuencia, se ordena al Alguacil de este Tribunal a
incautar la obra notarial que se encuentra bajo su custodia
al igual que su sello notarial para entregarlos al Director
de
la
Oficina
de
Inspección
de
Notarías
para
el
correspondiente examen e Informe.
Además,
la
señora
Miranda
Rovira
deberá
notificar
inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad
para
continuar
devolver
a
sus
representándoles.
clientes
los
Asimismo,
expedientes
de
los
deberá
casos
pendientes y los honorarios recibidos por trabajos
no
realizados,
su
y
deberá
informar
inmediatamente
de
suspensión a cualquier foro judicial y administrativo en
los que tenga algún asunto pendiente.
De igual manera,
deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo
anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros
a los cuales les notificó de su suspensión, dentro del
término de treinta (30) días, contado a partir de la
notificación
de
esta
Opinión
Per
Curiam y
Sentencia.
No hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale a la
práctica
futuro.
de
la
profesión
legal,
de
solicitarlo
en
el
AB-2023-291; AB-2024-45
16
A su vez, en virtud de la suspensión inmediata del
ejercicio
de
la
notaría,
funciones
notariales
la
queda
fianza
que
garantiza
automáticamente
las
cancelada.
Esta fianza se considerará buena y válida por tres (3) años
después de su terminación, en cuanto a los actos realizados
durante el periodo en que ésta estuvo vigente.
Se dictará Sentencia en conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Iris N. Miranda Rovira
(TS-14,819)
AB-2023-291
AB-2024-45
Conducta
Profesional
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 26 de diciembre de 2024.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente Sentencia, suspendemos de forma
inmediata e indefinida a la Lcda. Iris N. Miranda
Rovira del ejercicio de la abogacía y la notaría.
En consecuencia, se ordena al Alguacil de este
Tribunal a incautar la obra notarial que se encuentra
bajo su custodia al igual que su sello notarial para
entregarlos al Director de la Oficina de Inspección
de Notarías para el correspondiente examen e informe.
Además, la señora Miranda Rovira deberá notificar
inmediatamente a todos sus clientes sobre su
inhabilidad
para
continuar
representándoles.
Asimismo, deberá devolver a sus clientes los
expedientes de los casos pendientes y los honorarios
recibidos por trabajos no realizados, y deberá
informar inmediatamente de su suspensión a cualquier
foro judicial y administrativo en los que tenga algún
asunto pendiente. De igual manera, deberá acreditar
a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,
incluyendo una lista de los clientes y los foros a
los cuales les notificó de su suspensión, dentro del
término de treinta (30) días, contado a partir de la
notificación de la Opinión Per Curiam y esta
Sentencia.
AB-2023-291; AB-2024-45
2
No hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale a
la práctica de la profesión legal, de solicitarlo en el
futuro.
A su vez, en virtud de la suspensión inmediata del
ejercicio de la notaría, la fianza que garantiza las
funciones notariales queda automáticamente cancelada.
Esta fianza se considerará buena y válida por tres (3) años
después de su terminación, en cuanto a los actos realizados
durante el periodo en que ésta estuvo vigente.
Notifíquese personalmente y por correo electrónico.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García no
intervino.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo