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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Iris N. Miranda Rovira

2024 TSPR 137

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Iris N. Miranda Rovira

AB-2023-0291 AB-2024-0045

26 de diciembre de 2024 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con las órdenes de este Tribunal.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2024 TSPR 137

Iris N. Miranda Rovira

(TS-14,819)

Número del Caso:

Fecha:

215 DPR ___

AB-2023-0291

AB-2024-0045

26 de diciembre de 2024

Oficina del Procurador General:

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández

Subprocuradora General

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Yara I. Alma Bonilla

Procuradora General Auxiliar

Representante legal de la promovida:

Por derecho propio

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con las

órdenes de este Tribunal.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Profesional

AB-2023-291

AB-2024-45

Iris N. Miranda Rovira

(TS-14,819)

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de diciembre de 2024.

Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestra

facultad

disciplinaria

para

suspender

de

forma

inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía

y la notaría a un integrante de la profesión legal

por incumplir con las órdenes de este Tribunal.

Al tomar en cuenta la conducta que reseñaremos,

adelantamos

que

suspendemos

inmediata

e

indefinidamente a la Lcda. Iris N. Miranda Rovira

(licenciada Miranda Rovira o abogada) del ejercicio

de la abogacía y la notaría.

AB-2023-291; AB-2024-45

2

I

La licenciada Miranda Rovira fue admitida al ejercicio

de la abogacía el 26 de enero de 2004 y prestó juramento

como notaria el 26 de febrero de 2004.

A. Trámite disciplinario en el AB-2023-291

El 1 de diciembre de 2023, el Sr. Reinaldo Reyes Carrión

(señor Reyes Carrión o promovente) presentó una Queja en

contra de la abogada.

Según alegó, el 14 de junio de 2022

le entregó a la licenciada Miranda Rovira un plano para el

trámite de una escritura y le pagó $500 para la gestión

correspondiente,

acordado.

pero

la

abogada

no

cumplió

con

lo

Además, expresó que no había conseguido a la

licenciada Miranda Rovira en su oficina ni a través de

correo electrónico.

Como parte del trámite de la Queja, el 28 de diciembre

de 2023, se le concedió a la abogada un término de diez

(10) días, contado a partir de la notificación de la

comunicación, para que contestara las alegaciones en su

contra.

Asimismo, se le apercibió que, de no comparecer

en el término provisto, la Queja sería referida al Pleno

del Tribunal para la acción correspondiente, incluyendo la

imposición de sanciones disciplinarias severas, como la

suspensión del ejercicio de la profesión legal.

Transcurrido el término concedido, el 1 de febrero

de 2024, la licenciada Miranda Rovira presentó una Moción

urgente en solicitud de prórroga.

Expresó que en esa misma

fecha supo de la Queja presentada en su contra, tras

AB-2023-291; AB-2024-45

3

solicitar una certificación negativa de queja o querella.

Añadió

que

la

concediéndole

comunicación

un

término

enviada

para

por

contestar

el

la

Tribunal

Queja

fue

notificada a su correo electrónico, pero el mensaje se

recibió en la bandeja de correo no deseado (“spam mail”).

También

indicó

que

el

incumplimiento

con

el

término

concedido fue por inadvertencia y que de ninguna manera

fue su intención atrasar el trámite de la Queja, por lo

que solicitó un término adicional de veinte (20) días para

contestar la Queja presentada.

Así pues, el 2 de febrero de 2024, le concedimos a la

abogada el término solicitado de veinte (20) días y se le

apercibió que, de no comparecer en el término provisto, la

Queja sería referida al Pleno del Tribunal para la acción

correspondiente,

incluyendo

la

imposición

de

sanciones

disciplinarias severas, como la suspensión del ejercicio

de la profesión legal.

El mismo día en que vencía el término concedido (el

22

de

febrero

de

2024),

la

licenciada

Miranda

Rovira

presentó ante este Tribunal una Moción en solicitud de

término

adicional

para

contestar.

En

ésta,

solicitó

nuevamente un término de veinte (20) días para “completar

la

investigación

preliminar

de

los

hechos

y

responsablemente contestar las alegaciones de la queja”.1

1

Véase Moción en solicitud de término adicional para contestar.

AB-2023-291; AB-2024-45

4

Así las cosas, el 23 de febrero de 2024, le concedimos

a la abogada el término solicitado de veinte (20) días.

Le

apercibimos, además, que si no comparecía en dicho término,

la Queja sería referida al Pleno del Tribunal para la

acción

correspondiente,

incluyendo

la

imposición

de

sanciones disciplinarias severas, como la suspensión del

ejercicio de la profesión legal.

Más adelante, el 14 de marzo de 2024, la licenciada

Miranda Rovira presentó una Moción en cumplimiento de orden

y

solicitando

la

desestimación.

Alegó

que

ya

había

completado la gestión para la cual fue contratada por el

señor Reyes Carrión.

Específicamente, nos indicó que el

23 de febrero de 2024 otorgó la Escritura sobre aceptación

de uso público ante el Alcalde de Juncos y, además, le

entregó

al

promovente

instrumento público.

una

copia

certificada

de

dicho

En consecuencia, la abogada solicitó

la desestimación de la Queja.

El 10 de abril de 2024, referimos el expediente de la

Queja a la Oficina del Procurador General (Procurador

General) para la correspondiente investigación e Informe.

Mientras la Queja estaba pendiente ante dicha Oficina, el

23 de abril de 2024, el promovente nos informó que la

licenciada Miranda Rovira lo había contactado y le entregó

los

documentos

que

había

solicitado,

lo

cual

dio

por

concluido el proceso y le agradeció a la abogada por su

gestión.

Ante esto, el 6 de mayo de 2024, le referimos al

AB-2023-291; AB-2024-45

5

Procurador General el escrito presentado por el señor Reyes

Carrión y expusimos lo siguiente en dicha comunicación:

Se le recuerda a la parte promovente y a la

parte promovida que deberán esperar a que la

Oficina del Procurador General realice su

investigación y les notifique copia de su

Informe sobre este asunto o les requiera

cualquier

información

o

documentación

adicional, de ser ello necesario.

(Negrilla

omitida).

El 5 de junio de 2024, el Procurador General presentó

un Escrito informativo y solicitud de término adicional,

en

el

cual

comunicaciones

Miranda

expuso

al

Rovira,

que:

correo

en

(1)

había

electrónico

particular

un

enviado

de

la

varias

licenciada

requerimiento

de

información el 30 de abril de 2024 y que debía contestar

en o antes del 15 de mayo de 2024, pero sólo se recibió un

mensaje que indicaba que la bandeja de entrada (inbox)

estaba llena; (2) al no tener éxito vía correo electrónico,

el mismo 30 de abril de 2024 se envió un requerimiento de

información por correo postal con acuse de recibo, pero el

28 de mayo de 2024 el sistema de correo postal devolvió la

carta enviada por correo certificado; (3) el 15 de mayo

de 2024 se volvió a enviar un requerimiento de información

al correo electrónico de la abogada y se le concedió un

nuevo término para responder hasta el 30 de mayo de 2024;

(4)

luego

de

haber

intentado

comunicación

por

la

vía

telefónica, la línea sonaba ocupada todo el tiempo, y (5)

el

31

de

mayo

de

2024

reiteró

el

requerimiento

de

información por correo electrónico y se concedió hasta el

10 de junio de 2024 para contestarlo.

AB-2023-291; AB-2024-45

6

Ante la concesión de un nuevo término -a vencerse el

10 de junio de 2023- para que la licenciada Miranda Rovira

contestara el requerimiento de información, el Procurador

General solicitó un término adicional de sesenta (60) días

para completar la investigación y presentar su Informe.

En

vista de lo anterior, el 17 de junio de 2024 emitimos una

Resolución en la que concedimos el término solicitado.2

El 18 de junio de 2024, el Procurador General presentó

otro Escrito informativo y solicitud de orden, en el cual

reiteró lo expuesto en su moción del 5 de junio de 2024

sobre las múltiples gestiones realizadas para contactar a

la abogada.

Añadió que el mensaje de correo electrónico

enviado el 31 de mayo de 2024 con el requerimiento de

información no fue rechazado por el sistema mediante un

mensaje automático que reflejara inactividad u otro motivo.

También, informó que la moción del 5 de junio de 2024 fue

enviada a la licenciada Miranda Rovira por correo postal

con acuse de recibo y ésta no fue devuelta por el correo

postal.

Ante dicho escenario, el Procurador General nos

solicitó que emitiéramos una orden para que la abogada

contestara

el

requerimiento

de

información

de

dicha

Oficina.

De esta manera, el 25 de junio de 2024, emitimos una

Resolución mediante la cual le concedimos a la abogada un

término

2

de

veinte

(20)

días

para

que

completara

los

El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 18 de junio

de 2024.

AB-2023-291; AB-2024-45

7

requerimientos cursados por el Procurador General. Además,

le apercibimos que su incumplimiento con lo ordenado podría

conllevar

la

imposición

de

sanciones

disciplinarias

severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la

profesión legal.3

Una vez transcurrido el término concedido, el 23 de

julio de 2024, el Procurador General presentó un Escrito

informativo sobre gestiones investigativas y en solicitud

de remedio.

En éste, expuso que la licenciada Miranda

Rovira no había comparecido ni se había comunicado con

dicha

Oficina

en

relación

con

lo

ordenado

ni

había

constancia de que hubiese presentado algún documento ante

este Tribunal.

En vista de lo anterior, el 6 de agosto de 2024,

emitimos una Resolución en la cual le concedimos a la

abogada un término adicional de diez (10) días para que

completara los requerimientos cursados por el Procurador

General.

Nuevamente, le apercibimos que su incumplimiento

con lo ordenado podría conllevar la imposición de sanciones

disciplinarias

severas,

incluyendo

ejercicio de la profesión legal.4

la

suspensión

del

En esta ocasión la

notificación del Tribunal fue diligenciada personalmente

por la Oficina del Alguacil General del Tribunal Supremo.5

3

El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 27 de junio

de 2024.

4

El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 9 de agosto

de 2024.

5

Según consta en el expediente de la Queja AB-2023-291, la

Lcda. Iris N. Miranda Rovira (licenciada Miranda Rovira o abogada)

AB-2023-291; AB-2024-45

8

Más adelante, el 16 de agosto de 2024, el Procurador

General

compareció

mediante

un

solicitud de término adicional.

Escrito

informativo

y

En dicha moción indicó

que el término concedido a la licenciada Miranda Rovira

aún no había transcurrido, pero el término concedido a su

Oficina

para

presentar

el

Informe

estaba

próximo

a

vencerse.

Ante este panorama, señaló que la información

requerida

era

indispensable

para

realizar

“una

investigación completa y responsable sobre las alegaciones

de la [Q]ueja”,6 por lo cual solicitó un término adicional

de cuarenta y cinco (45) días, contado a partir de que la

abogada notificara su contestación al requerimiento, para

presentar su Informe.

Con

el

propósito

de

conocer

si

la

abogada

había

contestado los requerimientos del Procurador General, el

24 de octubre de 2024, la Secretaría de este Tribunal envió

una comunicación a dicha Oficina.

Específicamente, la

Procuradora General Auxiliar encargada del caso informó

que la licenciada Miranda Rovira no había contestado sus

requerimientos y que una correspondencia que se le envió

por correo certificado fue devuelta el 27 de agosto de 2024

por el correo postal.

Transcurrido en exceso el término concedido, y aun

cuando

se

le

apercibió

que

su

incumplimiento

con

lo

firmó en el diligenciamiento de la Resolución del Tribunal el 9 de

agosto de 2024.

6

Véase

pág. 2.

Escrito

informativo

y

solicitud

de

término

adicional,

AB-2023-291; AB-2024-45

ordenado

podría

9

conllevar

disciplinarias

severas,

ejercicio

la

de

comparecido

ante

la

incluyendo

profesión

el

imposición

legal,

Procurador

de

sanciones

la

suspensión

del

la

abogada

ha

General

ni

no

ante

este

Tribunal.

B. Trámite disciplinario en el AB-2024-45

El 27 de febrero de 2024, la Sra. Julissa Cruz Correa

(señora Cruz Correa o promovente) presentó una Queja en

contra de la licenciada Miranda Rovira.

Según adujo, le

pagó $500 a la abogada para que ésta gestionara unas

escrituras,

pero

luego

de

esto

no

había

recibido

información sobre el estatus de dicho trámite.

Además,

indicó que había solicitado el expediente de su caso, ya

que se enteró que la oficina de la abogada llevaba cerrada

más de diez (10) meses y entendía que estaba en riesgo de

perder su récord; que las pocas veces que logró comunicarse

con

la

licenciada

Miranda

Rovira

para

solicitarle

el

expediente, ésta le indicaba que el trámite estaba en

proceso; que hacía más de tres (3) años y en medio de la

pandemia le indicó que si no podía trabajar con el caso

que

entonces

le

entregara

el

expediente;

que

los

expedientes de los clientes están abandonados allí en la

oficina sin servicio eléctrico y que la abogada no atendía

las llamadas ni los mensajes de correo electrónico que se

le enviaban.

Por tanto, la promovente expresó que le urgía

que la licenciada Miranda Rovira le entregara el expediente

de su caso.

AB-2023-291; AB-2024-45

10

Así pues, el 15 de marzo de 2024, le concedimos a la

abogada un término de diez (10) días para que contestara

la

Queja

presentada

por

la

señora

Cruz

Correa.

Transcurrido el término concedido, la licenciada Miranda

Rovira no compareció ante este Tribunal.

Así las cosas,

el 5 de abril de 2024, se le envió una segunda notificación

mediante la cual se le concedió un término adicional de

diez (10) días para que contestara la Queja.

Más adelante, el 30 de abril de 2024, emitimos una

Resolución mediante la cual le concedimos a la abogada un

término de diez (10) días para que compareciera y mostrara

causa por la cual no se le debía suspender del ejercicio

de la profesión legal por incumplir con las órdenes de este

Tribunal al no presentar su contestación a la Queja.7

Nuevamente,

transcurrido

el

término

concedido,

la

licenciada Miranda Rovira no compareció ante este Tribunal.

El 29 de mayo de 2024, emitimos una Resolución mediante la

cual le concedimos a la abogada un término final de diez

(10) días para que compareciera y mostrara causa por la

cual no debía ser suspendida del ejercicio de la profesión

legal

ante

su

incumplimiento

con

las

órdenes

de

este

Tribunal al no contestar la Queja presentada en su contra.8

En

esta

ocasión

la

notificación

del

Tribunal

fue

7

El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 3 de mayo

de 2024.

8

El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 11 de junio

de 2024.

AB-2023-291; AB-2024-45

11

diligenciada personalmente por la Oficina del Alguacil

General del Tribunal Supremo.9

En la misma fecha en que expiraba el término concedido

para contestar la Queja, el 21 de junio de 2024, la

licenciada Miranda Rovira presentó una Moción en solicitud

de término adicional para contestar.

En ésta expuso que

advino en conocimiento de la Queja en su contra el 11 de

junio de 2024 cuando se diligenció nuestra Resolución y

que

se

encontraba

documentación

en

el

necesaria

proceso

para

de

preparar

recopilar

una

la

respuesta

adecuada y completa a las alegaciones formuladas en su

contra.

En virtud de lo anterior, nos solicitó un término

adicional

de

veinte

(20)

días

para

presentar

su

contestación a la Queja.

Así las cosas, el 25 de junio de 2024, emitimos una

Resolución mediante la cual le concedimos a la abogada el

término

de

veinte

(20)

contestara la Queja.

días

que

solicitó

para

que

Transcurrido el término concedido,

la licenciada Miranda Rovira no ha comparecido ante este

Tribunal.

A la luz de los hechos esbozados, procedemos a exponer

el derecho aplicable previo a disponer del asunto ante

nuestra consideración.

9

Según consta en el expediente de la Queja AB-2024-45, la

licenciada Miranda Rovira firmó en el diligenciamiento de la Resolución

del Tribunal el 6 de junio de 2024.

AB-2023-291; AB-2024-45

12

II

Como

parte

fundamental

de

nuestra

autoridad

para

regular la profesión legal en Puerto Rico, este Tribunal

viene obligado a asegurarse que los profesionales del

Derecho que son admitidos al ejercicio de la abogacía y la

notaría

realicen

sus

funciones

responsable y diligente.

de

forma

competente,

In re Pérez Fernández, 2024 TSPR

42, 213 DPR ___ (2024); In re Sánchez Rivoleda, 2024 TSPR

32, 213 DPR ___ (2024); In re Montañez Morales, 212 DPR

781,

790

(2023);

In

re

Meléndez

Artau,

212

DPR

96,

101 (2023).

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, requiere que todos los miembros de la profesión

jurídica se conduzcan ante los tribunales con una conducta

que se caracterice por el mayor respeto.

In re Vélez

Goveo, 2024 TSPR 77, 213 DPR ___ (2024); In re Nicot

Santana,

2024

TSPR

21,

213

DPR

___

(2024);

In re Valenzuela Flores, 2023 TSPR 143, 213 DPR ___ (2023);

In re Lajara Radinson, 207 DPR 854, 863 (2021).

Según

dicho mandato, hemos recalcado en el ineludible deber que

tienen todos los abogados de cumplir con diligencia y

prontitud las órdenes de este Tribunal, en particular

cuando se trata de procesos disciplinarios.

In re Vélez

Goveo, supra; In re Valenzuela Flores, supra; In re Wilamo

Guzmán, 212 DPR 104, 107 (2023); In re Bauzá Tirado,

211 DPR 633, 635 (2023); In re Maldonado Trinidad, 209 DPR

1032 (2022).

AB-2023-291; AB-2024-45

13

De igual forma, hemos expresado que el deber de cumplir

con nuestras órdenes se extiende a los requerimientos

realizados

por

Oficina

Inspección

de

Educación

la

Jurídica

Oficina

de

del

Procurador

Notarías

Continua.

In

y

re

el

General,

la

Programa

de

Bermúdez

Tejero,

206 DPR 86, 94 (2021); In re Malavé Haddock, 207 DPR 573,

582 (2021).

Específicamente, hemos manifestado que el desatender

los requerimientos que realizamos en el curso de un proceso

disciplinario

displicencia,

refleja

falta

de

indisciplina,

respeto

y

desobediencia,

contumacia

hacia

la

autoridad, además de que demuestra una gran fisura del buen

carácter que debe exhibir todo integrante de la profesión

legal.

In re Wilamo Guzmán, supra, pág. 107; In re Jiménez

Meléndez, 198 DPR 453, 457 (2017); In re Ortiz Medina,

198 DPR 26, 31 (2017).

Según

lo

antes

expresado,

hemos

catalogado

la

desatención de nuestras órdenes por parte de los abogados

como una afrenta a la autoridad de los tribunales, lo que

significa una violación al Canon 9 del Código de Ética

Profesional, supra, y dicha conducta es suficiente para

decretar

la

separación

abogacía y notaría.

inmediata

e

indefinida

de

la

In re Colón Olivo I, 211 DPR 633,

635-636 (2023); In re Bermúdez Tejero, supra, pág. 95;

In re López Pérez, 201 DPR 123, 126 (2018).

AB-2023-291; AB-2024-45

14

III

Según se puede constatar de los hechos reseñados, es

evidente

que

concedidos

a

han

transcurrido

la

licenciada

en

exceso

Miranda

los

Rovira

términos

para

que

cumpliera con nuestras Resoluciones del 6 de agosto de 2024

y del 25 de junio de 2024 en las Quejas AB-2023-291 y

AB-2024-45, respectivamente, y ésta no ha comparecido ante

el Procurador General (AB-2023-291) ni ante este Tribunal

(AB-2024-45).

abogada

que

conllevar

En ambas instancias, apercibimos a la

su

la

incumplimiento

imposición

de

con

lo

ordenado

sanciones

podría

disciplinarias

severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la

profesión legal.

Sin lugar a dudas, la licenciada Miranda Rovira ha

exhibido una conducta que refleja indiferencia y desidia

tanto a los requerimientos del Procurador General como a

las órdenes de este Tribunal.

Al así actuar, la abogada

ha incurrido en un craso incumplimiento con los postulados

del Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.

El

comportamiento

de

la

licenciada

Miranda

Rovira

denota indiferencia y un incumplimiento voluntario que se

distancia de la conducta de respeto hacia los tribunales

que exige el Canon 9 del Código de Ética Profesional,

supra, a todos los miembros de la profesión jurídica.

esa

realidad,

y

en

conformidad

al

poder

Ante

inherente

de

reglamentar el ejercicio de la abogacía que ostenta este

Tribunal, procedemos a decretar la suspensión inmediata e

AB-2023-291; AB-2024-45

15

indefinida de la abogada del ejercicio de la abogacía y la

notaría.

IV

Por las razones antes expuestas, suspendemos de forma

inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la

notaría

a

la

Lcda.

Iris

N.

Miranda

Rovira.

En

consecuencia, se ordena al Alguacil de este Tribunal a

incautar la obra notarial que se encuentra bajo su custodia

al igual que su sello notarial para entregarlos al Director

de

la

Oficina

de

Inspección

de

Notarías

para

el

correspondiente examen e Informe.

Además,

la

señora

Miranda

Rovira

deberá

notificar

inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad

para

continuar

devolver

a

sus

representándoles.

clientes

los

Asimismo,

expedientes

de

los

deberá

casos

pendientes y los honorarios recibidos por trabajos

no

realizados,

su

y

deberá

informar

inmediatamente

de

suspensión a cualquier foro judicial y administrativo en

los que tenga algún asunto pendiente.

De igual manera,

deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo

anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros

a los cuales les notificó de su suspensión, dentro del

término de treinta (30) días, contado a partir de la

notificación

de

esta

Opinión

Per

Curiam y

Sentencia.

No hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale a la

práctica

futuro.

de

la

profesión

legal,

de

solicitarlo

en

el

AB-2023-291; AB-2024-45

16

A su vez, en virtud de la suspensión inmediata del

ejercicio

de

la

notaría,

funciones

notariales

la

queda

fianza

que

garantiza

automáticamente

las

cancelada.

Esta fianza se considerará buena y válida por tres (3) años

después de su terminación, en cuanto a los actos realizados

durante el periodo en que ésta estuvo vigente.

Se dictará Sentencia en conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Iris N. Miranda Rovira

(TS-14,819)

AB-2023-291

AB-2024-45

Conducta

Profesional

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 26 de diciembre de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente Sentencia, suspendemos de forma

inmediata e indefinida a la Lcda. Iris N. Miranda

Rovira del ejercicio de la abogacía y la notaría.

En consecuencia, se ordena al Alguacil de este

Tribunal a incautar la obra notarial que se encuentra

bajo su custodia al igual que su sello notarial para

entregarlos al Director de la Oficina de Inspección

de Notarías para el correspondiente examen e informe.

Además, la señora Miranda Rovira deberá notificar

inmediatamente a todos sus clientes sobre su

inhabilidad

para

continuar

representándoles.

Asimismo, deberá devolver a sus clientes los

expedientes de los casos pendientes y los honorarios

recibidos por trabajos no realizados, y deberá

informar inmediatamente de su suspensión a cualquier

foro judicial y administrativo en los que tenga algún

asunto pendiente. De igual manera, deberá acreditar

a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,

incluyendo una lista de los clientes y los foros a

los cuales les notificó de su suspensión, dentro del

término de treinta (30) días, contado a partir de la

notificación de la Opinión Per Curiam y esta

Sentencia.

AB-2023-291; AB-2024-45

2

No hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale a

la práctica de la profesión legal, de solicitarlo en el

futuro.

A su vez, en virtud de la suspensión inmediata del

ejercicio de la notaría, la fianza que garantiza las

funciones notariales queda automáticamente cancelada.

Esta fianza se considerará buena y válida por tres (3) años

después de su terminación, en cuanto a los actos realizados

durante el periodo en que ésta estuvo vigente.

Notifíquese personalmente y por correo electrónico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García no

intervino.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo