LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Amadeo Ocasio y otros v. Pierluisi Urrutia y otros

2023 TSPR 17

Poder Judicial de Puerto Rico

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Amadeo Ocasio y otros v. Pierluisi Urrutia y otros

AC-2022-0070

16 de febrero de 2023 · Sentencia con Opiniones de Conformidad · Sentencia con Opiniones de Conformidad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lourdes Amadeo Ocasio; Miguel

Marrero, ambos por sí y en

representación de sus hijos

A.M.A, M.M.A. y otros

Recurridos

Certiorari

v.

2023 TSPR 17

Pedro Pierluisi Urrutia en su

capacidad como Gobernador del

Gobierno de Puerto Rico;

Departamento de Salud, por

conducto de su Secretario, Dr.

Carlos Mellado López

211 DPR ___

Peticionarios

Número del Caso:

Fecha:

AC-2022-0070

16 de febrero de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel I

Oficina del Procurador General:

Hon. Fernando Figueroa Santiago

Lcdo. Omar Andino Figueroa

Lcda. Mariola Abreu Acevedo

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Adrián O. Díaz Díaz

Abogados del Amicus Curiae:

Lcdo. Jorge Martínez Luciano

Lcdo. Emil Rodríguez Escudero

Materia:

Sentencia con Opiniones de Conformidad.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lourdes Amadeo Ocasio; Miguel

Marrero, ambos por sí y en

representación de sus hijos

A.M.A, M.M.A. y otros

Recurridos

v.

AC-2022-0070

Pedro Pierluisi Urrutia en su

capacidad como Gobernador del

Gobierno de Puerto Rico;

Departamento de Salud, por

conducto de su Secretario,

Dr. Carlos Mellado López

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2023.

Examinado el recurso de apelación presentado por la

parte peticionaria, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia y otros,

el cual fue acogido como una petición de certiorari, por ser

el vehículo procesal adecuado, así como la oposición al mismo

presentado por la parte recurrida, la Sra. Lourdes Amadeo

Ocasio y otros, se expide el auto de certiorari y se revoca

la Sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres

emitió una Opinión de Conformidad a la que se unen los Jueces

Asociados señores Kolthoff Caraballo, Rivera García y

Feliberti Cintrón. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco

emitió una Opinión de Conformidad a la que se une el Juez

Asociado señor Rivera García. El Juez Asociado señor

Estrella Martínez emitió una Opinión de Conformidad. El Juez

Asociado

señor

Colón

Pérez

emitió

una

Opinión

de

Conformidad.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lourdes Amadeo Ocasio; Miguel

Marrero, ambos por sí y en

representación de sus hijos

A.M.A., M.M.A. y otros

Recurridos

v.

AC-2022-0070

Pedro Pierluisi Urrutia en su

capacidad como Gobernador del

Gobierno

de

Puerto

Rico;

Departamento de Salud, por

conducto de su Secretario,

Dr. Carlos Mellado López

Peticionarios

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES, a la que se unieron los Jueces Asociados

señor KOLTHOFF CARABALLO, señor RIVERA GARCÍA y señor

FELIBERTI CINTTÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2023.

Estoy conforme con la Sentencia que hoy se certifica.

Con

esta

revocamos

un

dictamen

erróneo.

Como

punto

de

partida estábamos obligados a ponderar si la controversia

era

justiciable.

En

esta

ocasión,

por

principios

de

academicidad y legitimación activa no nos corresponde (ni

estamos

en

posición

de)

determinar

si

la

emergencia

disminuyó o cesó. En ausencia de una controversia viva y

real, tampoco podemos pasar juicio sobre las facultades del

Gobernador

Cualquier

para

promulgar

expresión

de

ciertas

nuestra

órdenes

parte

ejecutivas.

respecto

asuntos equivaldría a una opinión consultiva.

a

esos

AC-2022-0070

2

Distinto a lo expresado por algunos compañeros, al

examinar los sucesos fácticos vemos que las controversias

se tornaron académicas, casi por completo. Queda claro que

los requisitos de uso de mascarillas y vacunación, tal como

fueron

impugnados,

se

eliminaron.

De

hecho,

actualmente

solo se mantiene la medida de vacunación compulsoria contra

COVID-19 para los estudiantes de 16 años o más. Por otro

lado, la declaración de emergencia por sí misma no causa un

peligro potencial a los demandantes.

En esa dirección, la única controversia viva es la

validez

del

mandato

de

vacunación

impuesto

a

los

estudiantes de 16 años o más. Para resolverla bastaba con

examinar la fuente principal bajo la que se instituyó el

requisito, la Ley. Núm. 25 de 25 de septiembre de 1983,

infra. Tras realizar este análisis —el único necesario—

resulta evidente que la ley invistió al Secretario de Salud

con

la

facultad

para

establecer

los

requisitos

de

vacunación de la población estudiantil. Esta conclusión es

suficiente para disponer de la controversia.

Aunque podría parecer tentador expresarnos sobre el

estado

de

emergencia

y

la

separación

de

poderes

en

el

contexto de una pandemia, este caso —como todos— requiere

un análisis riguroso de los elementos de justiciabilidad.

No

tendría

sentido,

y

por

imperativo

constitucional

no

podemos, pasar juicio sobre la constitucionalidad de unos

requisitos

que

desaparecieron.

Sería

ordenar el cese de algo que ya cesó.

absurdo

y

fútil

AC-2022-0070

3

Hoy correctamente evitamos adentrarnos —a destiempo—

en

un

análisis

de

las

facultades

del

Gobernador

para

concluir que el nivel de la emergencia disminuyó. En un

ejercicio

méritos

de

de

una

contundente

Ejecutivo

prudencia

sensatez

controversia

conclusión

no

y

de

deberá

rehuimos

académica

que,

en

utilizar

para

un

evaluar

llegar

futuro,

órdenes

el

los

a

la

Primer

ejecutivas

para

dirigir al territorio en lo relacionado al COVID-19. Por

eso, estoy conforme.

I

En 2021, el matrimonio compuesto por la Sra. Lourdes

Amadeo

Ocasio

y

el

representación

de

sus

cientos

de

Sr.

Miguel

hijos

demandantes,

Marrero,

menores

instaron

de

una

por

sí

y

en

edad,

junto

a

demanda

sobre

sentencia declaratoria, interdicto y daños contra el Hon.

Pedro

Pierluisi

Urrutia,

en

su

capacidad

oficial

de

Gobernador de Puerto Rico, y el Dr. Carlos Mellado López,

en

su

capacidad

síntesis,

el

de

Secretario

matrimonio

de

Marrero

Salud.

En

extrema

Amadeo

impugnó

la

constitucionalidad de ciertas medidas dirigidas a atender

la crisis de salud pública causada por la pandemia del

COVID-19.

Particularmente, alegó que mediante la Orden Ejecutiva

2021-504,

el

Gobernador

sostuvo

la

declaración

de

emergencia y delegó al Secretario de Salud el poder para

establecer

directrices

relacionadas

al

COVID-19,

en

AC-2022-0070

4

violación a la doctrina de separación de poderes. Asimismo,

arguyó que a través de las Órdenes Administrativas 2021-508

y 2021-509, el Secretario de Salud instauró el requisito de

uso

de

mascarillas

COVID-19

para

y

los

la

vacunación

estudiantes

de

12

compulsoria

años

o

contra

más

y

el

personal escolar, como condición para el regreso presencial

a clases. A su

entender, esto

transgredía sus derechos

constitucionales.

Por

otro

lado,

Esgrimió

que

el

el

Gobierno

matrimonio

solicitó

Marrero

desestimación.

Amadeo

no

tenía

legitimación activa pues no demostró que las órdenes en

controversia

le

causaron

daños.

Además,

sostuvo

que

el

Gobernador actuó dentro de sus facultades estatutarias y

que las medidas instauradas eran razonables para proteger

el interés apremiante del Estado.

Tras varios trámites, el Tribunal de Primera Instancia

dictó sentencia y desestimó la demanda. Concluyó que los

demandantes no lograron acreditar que sufrieron o sufrirían

un

daño

particularizado

el

e

irreparable.

Gobernador

y

Secretario

autoridad,

según

delegada

por

Asimismo,

razonó

que

medidas

las

Resolvió

que

el

ejercieron

su

de

Salud

la

Asamblea

en

Legislativa.

controversia

eran

necesarias para adelantar el interés apremiante del Estado

en proteger la salud pública.

Inconforme, el matrimonio Marrero Amadeo presentó una

apelación ante el Tribunal de Apelaciones. En suma, reiteró

AC-2022-0070

5

que la política de vacunación obligatoria atentaba contra

sus derechos fundamentales.

Por su parte, el Gobierno solicitó la desestimación

del recurso ya que, a su entender, las controversias eran

académicas. Adujo que la Orden Ejecutiva 2022-19 y la Orden

Administrativa 2022-533 dejaron sin efecto los mandatos de

vacunación

según

impugnados.

A

la

par,

defendió

la

autoridad delegada al Gobernador para atender el estado de

emergencia.

En oposición, el matrimonio Marrero Amadeo expresó que

la

controversia

declaración

no

del

era

estado

académica

de

porque

emergencia.

subsistía la

Respecto

a

la

separación de poderes, indicó que el Art. 5.10 de la Ley

del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Ley

Núm. 20-2017, 25 LPRA sec. 3650, era inconstitucional pues

otorgaba poderes irrestrictos al Gobernador en situaciones

de emergencia.

Perfeccionado el recurso, el foro apelativo intermedio

sentenció

que

la

controversia

permanecía

el

requisito

requisito

de

vacunación,

de

no

uso

aunque

era

de

académica

mascarillas

modificado.

Si

porque

y

el

bien

confirmó la desestimación de las causas de acción sobre

interdicto y daños, determinó que el matrimonio Marrero

Amadeo

ostentaba

legitimación

activa

para

cuestionar

la

forma en que se promulgaron las directrices y el contenido

de estas. A la vez, tras evaluar la controversia en sus

méritos, el foro apelativo intermedio validó la política de

AC-2022-0070

vacunación

6

compulsoria

contra

COVID-19.

Concluyó,

no

obstante, que

(i) el Gobernador no está autorizado por la Ley

20-2017 para emitir orden alguna, relacionada

con la pandemia provocada por el COVID-19, que

afecte los derechos y obligaciones de terceros y

(ii) el Secretario de Salud, en cuanto disponga

sobre medidas que afecten los derechos y

obligaciones de terceros, deberá actuar de

conformidad con el proceso dispuesto en la Ley

38-2017 sobre adopción de reglamentos. Ap. 1159.

Insatisfecho, el Gobierno presentó ante nos un Recurso

de

apelación

jurisdicción.

y

una

Así,

Urgente

acogimos

moción

el

en

recurso

auxilio

como

uno

de

de

certiorari y ordenamos la paralización de los efectos de la

sentencia del Tribunal de Apelaciones.1

En lo pertinente, el Procurador General reconoció que

no había una controversia real y viva que ameritara algún

dictamen judicial. Afirmó que no era necesario adjudicar

cuáles

son

emergencia

las

facultades

porque

los

del

Gobernador

demandantes

estarían

durante

una

sujetos

al

mandato de vacunación por virtud de la Ley Núm. 25 de 25 de

septiembre de 1983, infra, y no sujeto a la declaración de

emergencia.

En contraste, el matrimonio Marrero Amadeo arguyó que

posee legitimación activa para impugnar los poderes del

Gobernador

para

gobernar

por

decreto.

Especuló

que

la

declaración de emergencia dejaba la puerta abierta para

decretar otras órdenes. En síntesis, reiteró que había un

Sala de Verano compuesta por el Juez Asociado señor Martínez Torres,

la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados señores

Rivera García y Colón Pérez.

1

AC-2022-0070

7

peligro potencial y palpable porque la Orden Administrativa

Núm.

2022-533

imponía

la

obligatoriedad

del

uso

de

mascarillas en las instituciones educativas, así como el

requisito de vacunación contra el COVID-19.

En

el

interín

autorizamos

la

comparecencia

de

la

Cámara de Representantes de Puerto Rico como amicus curiae.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, este

Tribunal expidió el recurso de certiorari y atinadamente

revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Procedo

a

explicar

mi

conformidad

con

esta

precepto

de

determinación.

II

A. Legitimación activa y sentencia declaratoria

Hemos

reiterado

justiciabilidad,

“[l]a

que,

bajo

el

intervención

de

los

tribunales

tendrá lugar sólo si existe una controversia genuina entre

partes opuestas que tienen un interés real en obtener un

remedio que afecte sus relaciones jurídicas”. Hernández,

Santa v. Srio. de Hacienda, 208 DPR 727, 738 (2022). Uno de

los aspectos que tenemos que evaluar para ejercer nuestro

poder

adjudicativo

es

si

la

parte

tiene

legitimación

activa, esto es, la capacidad para realizar eficazmente

actos procesales, demandar, y la tenencia de un interés

legítimo

en

la

controversia.

Pérez

Rodríguez

v.

López

Rodríguez et al., 2022 TSPR 92, 210 DPR __ (2022); Ramos,

Méndez v. García García, 203 DPR 379, 393–394 (2019).

AC-2022-0070

8

Así, quien solicita un remedio judicial debe demostrar

que: (1) sufrió un daño claro y palpable; (2) el daño es

real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3)

existe una relación causal razonable entre el daño y la

acción ejercida, y (4) la causa de acción surge al palio de

la Constitución o de una ley. Hernández, Santa v. Srio. de

Hacienda, supra, pág. 739; Ramos, Méndez v. García García,

supra, págs. 394-395. Desde luego, cuando se presenta una

acción contra una agencia o un funcionario gubernamental

los

tribunales

interpretan

estos

criterios

de

manera

liberal y flexible. Ramos Rivera v. García García, supra,

pág. 395; Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 69

(2017).

Ahora bien, el sujeto activo de la impugnación de una

actuación

gubernamental

alegación

de

Srio.

Hacienda,

de

no

puede

inconstitucionalidad.

supra,

pág.

valerse

de

una

mera

Hernández,

Santa

v.

741.

bien,

su

Más

legitimación activa debe estar sustentada a través de todas

las

etapas

procesales

del

pleito.

Hernández

Torres

v.

Hernández Colón et al., 131 DPR 593, 602 (1992).

La persona cuyos derechos se afectan por un estatuto u

ordenanza puede solicitar una sentencia declaratoria. Regla

59.2(a)

de

Procedimiento

Civil,

32

LPRA

Ap.

V;

Beltrán

Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 109 (2020). Este

mecanismo

se

utiliza

para

declarar

derechos,

estados

y

otras relaciones jurídicas, aunque existan otros remedios

disponibles.

Regla

59.1

de

Procedimiento

Civil,

supra.

AC-2022-0070

9

Particularmente,

disipar

la

la

sentencia

incertidumbre

declaratoria

jurídica

cuando

sirve

para

los

hechos

alegados demuestran que existe una controversia sustancial

—suficientemente inmediata, madura y real— entre partes con

intereses legales adversos, sin que medie lesión previa.

Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et al., 187 DPR 245, 254

(2012); Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481, 492 (1954). Véase,

además, R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 6ta

ed., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, 2017, Sec.

6001, pág. 623.

Como

es

lógico,

aunque

la

sentencia

declaratoria

permite dilucidar los méritos de una reclamación ante un

peligro

potencial,

como

quiera

quien

la

solicita

debe

cumplir con los criterios de legitimación activa. Senado v.

Tribunal Supremo y otros, 208 DPR 115, 134 (2021). Véanse,

además, Rosario Rodríguez v. Rosario Colomer et al., 208

DPR

419,

427-428

(2021);

Colón et al., supra.

de

la

sentencia

Hernández

Torres

v.

Hernández

Así, no cabe duda de que en el ámbito

declaratoria

el

reclamante

tiene

que

establecer su legitimación activa —un interés particular e

individualizado—

para

que

proceda

la

impugnación

de

un

estatuto. Senado v. Tribunal Supremo y otros, supra, págs.

128-129.

Es

correcto

concluir

que

los

demandantes

tenían

legitimación activa para cuestionar la validez procesal y

sustantiva de las órdenes ejecutivas. Lo que sucede es que

esa legitimación no se extiende a toda orden ejecutiva que

AC-2022-0070

10

no les afecte, por el mero hecho de que fuera promulgada

para atender la crisis de salud provocada por el COVID-19.

En

este

caso

era

imprescindible

delimitar

que

la

legitimación está atada a los daños reales, inmediatos y

precisos,

e

incluso

potenciales,

pero

no

abstractos

o

hipotéticos, que los demandantes adujeron.

Desde

una

mirada

amplia

y

liberal,

se

percibe

que

algunos de los demandantes poseen legitimación activa ya

que precisaron el peligro potencial de sufrir ciertos daños

por los mandatos entonces vigentes de vacunación y uso de

mascarillas.2 Véase, Ap. 318. Por ejemplo, algunos padres

particularizaron que, por virtud de las órdenes ejecutivas,

se exigió que sus hijos menores de edad cumplieran con el

uso de mascarillas y/o el requisito de vacunación contra el

COVID-19 para recibir servicios educativos. Íd.

En esa dirección, lo correcto sería resolver que los

demandantes tenían legitimación activa para cuestionar dos

requisitos en particular: los mandatos de vacunación contra

COVID-19

y

de

uso

de

mascarillas.

Esto

incluye,

por

supuesto, impugnar la forma en que se adoptaron, así como

su contenido. Sin embargo, esa legitimación no se extiende

Aunque en la demanda, y durante el pleito, se hicieron alegaciones

generales sobre, entre otros asuntos, limitaciones de acceso a

establecimientos y servicios, los demandantes no proveyeron detalles ni

instancias específicas que nos puedan llevar a concluir que poseen

legitimación activa para impugnar esos asuntos. Además, correctamente

el Tribunal de Primera Instancia indicó que no quedaba clara la

legitimación activa de los demandantes para cuestionar las medidas

impuestas por terceros y sus patronos, e incluso, faltarían partes

indispensables. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Ap., pág.

544, esc. 2.

2

AC-2022-0070

a

toda

11

posible

ramificación

hipotética

de

la

crisis

este

caso

provocada por el COVID-19.

Sobrepasado

el

asunto

de

legitimación,

presentaba un problema de academicidad.

B. Academicidad

Para determinar si la controversia entre las partes

sigue viva y subsiste en el tiempo tenemos que evaluar los

eventos

anteriores

que

dieron

inicio

al

pleito,

la

adversidad presente y los eventos futuros. Super Asphalt v.

AFI y otro, 206 DPR 803, 816 (2021); Asoc. Fotoperiodistas

v.

Rivera

Schatz,

180

DPR

920,

933

(2011);

U.P.R.

v.

Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010). Una

controversia

es

académica

cuando

los

acontecimientos

y

cambios fácticos tornan en ficticia su solución, de tal

modo

que

un

fallo

del

tribunal

no

tendría

efectos

prácticos. Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 74;

Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268, 282-283 (2014);

San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 DPR 640, 652

(2008).

Conforme

hemos

expresado,

los

tribunales

deben

abstenerse de resolver los méritos de un asunto académico

pues este deja de ser justiciable y, por lo tanto, no apto

para la intervención judicial. Amador Roberts et als. v.

ELA, supra; Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 618 (2010);

Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 975 (2010). “[I]f in

the course of litigation a court finds that it can no

AC-2022-0070

12

longer provide a plaintiff with any effectual relief, the

case generally is moot”. Uzuegbunam v. Preczewski, 141 S.

Ct. 792, 796 (2021).

Claro

está,

la

academicidad

admite

excepciones

que

deben invocarse con mesura. Pueblo v. Díaz, Rivera, 204 DPR

472,

481

(2020);

S.L.G.

Szendrey-Ramos

v.

Consejo

Titulares, 184 DPR 133, 151 (2011); Moreno v. Pres. U.P.R.

II, supra, pág. 974. Estas operan cuando: (1) se plantea

una cuestión recurrente que tienda a evadir la revisión

judicial; (2) la situación de hechos ha sido modificada por

el demandado, pero el cambio no aparenta ser permanente, y

(3)

subsisten

consecuencias

colaterales

vigentes.

Bhatia

Gautier v. Gobernador, supra, págs. 74-75; Torres Santiago

v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 983 (2011).

La

excepción

de

recurrencia

aplica

“en

aquellas

instancias en las que es razonable pensar que la misma

controversia puede surgir en el futuro y que nuevamente se

tornará

académica

antes

de

que

algún

tribunal

pueda

adjudicarla”. (Negrilla suplida). Pueblo v. Díaz, Rivera,

supra,

BBVAPR,

pág.

482.

Véase,

185

DPR

Carrasquillo,

166

probabilidad

de

además,

307,

DPR

que

334-335

70,

el

IG

Builders

et

(2012);

P.N.P.

76

(2005).

Nótese

asunto

evada

la

al.

que

v.

v.

la

intervención

judicial no es que escape llegar al Tribunal Supremo, sino

que las circunstancias frustren que se pueda obtener un

remedio en algún tribunal. Pueblo v. Díaz, Rivera, supra.

AC-2022-0070

13

Por otro lado, la excepción de cesación voluntaria sin

visos de permanencia dispone que “un caso es académico solo

si: (1) puede asegurarse que la violación alegada no va a

volver a ocurrir y (2) el remedio provisional concedido o

los

eventos

acaecidos

irrevocablemente

los

han

efectos

erradicado

de

la

completa

violación

e

alegada”.

(Negrilla suplida). U.P.R. v. Laborde Torres y otros I,

supra, pág. 283. En otras palabras, el caso es académico si

se puede probar que no existe una expectativa razonable de

que la conducta impugnada se repita. Íd., pág. 284.

Si bien el peso de la prueba recae en quien alega que

el pleito es académico, nuestro estudio de la excepción de

cesación voluntaria no debe adentrarse en el campo de la

especulación.

Véase,

Asoc.

Fotoperiodistas

v.

Rivera

Schatz, supra, pág. 938. Tan es así que, en deferencia

hacia un poder hermano, no adjudicaremos un hecho que hasta

el momento sea puramente figurativo. Íd.

Respecto

a

las

restricciones

durante

la

pandemia

causada por COVID-19, en Tandon v. Newsom, 141 S Ct. 1294

(2021),

el

máximo

foro

demandantes

tenían

derecho

federal

a

un

adjudicó

remedio

que

ciertos

interdictal

de

emergencia (“emergency injunctive relief”), pendiente una

apelación.

En

lo

pertinente,

ese

foro

interpretó

que

retirar o modificar una restricción de COVID durante el

AC-2022-0070

14

curso del litigio, no necesariamente convierte el caso en

académico.3 Íd., pág. 1297.

Este pronunciamiento se basó en Roman Cath. Diocese of

Brooklyn v. Cuomo, 141 S. Ct. 63, 68 (2020), otro caso en

el que concluyó que un remedio interdictal (“injunctive

relief”) no era académico porque los solicitantes estaban

bajo la amenaza constante de que se reimpusiera la medida

impugnada.

cambiaba

Nótese

la

que

allí

el

gobernador

clasificación

de

ciertas

constantemente

áreas

sin

aviso

previo.4 Íd.

Recientemente,

algunos

tribunales

federales,

en

escenarios similares al de aquí, han determinado que la

excepción de cesación voluntaria no aplica luego de que se

eliminan

los

mandatos

impugnados.

De

ese

modo,

han

concluido que la controversia se vuelve académica una vez

la

medida

impugnada

se

retira.

En

otras

palabras,

los

tribunales federales han resuelto que las controversias son

académicas y no aplica la excepción de cesación voluntaria

cuando lo que se impugnó dejó de surtir efecto. Véanse,

Weisshaus v. Hochul, Núm. 21-64-CV, 2022 WL 17256755 (2do

Cir. 2022); Clark v. Governor of New Jersey, 53 F. 4th 769

(3er Cir. 2022); Resurrection Sch. v. Hertel, 35 F. 4th 524

(6to Cir. 2022), cert. denegado, 143 S. Ct. 372 (2022). Es

más, a igual conclusión se ha llegado aunque subsista (como

La cita original reza: “even if the government withdraw or modifies a

COVID restriction in the course of litigation, that does not

necessarily moot the case”.

4

La cita original dispone: “The Governor regularly changes the

classification of particular areas without prior notice”.

3

AC-2022-0070

15

en Puerto Rico) una declaración de estado de emergencia.

Eden, LLC v. Justice, 36 F. 4th 166, 171-172 (4to Cir.

2022); Brach v. Newsom, 38 F.4th 6 (9no Cir. 2022); Hinkle

Fam. Fun Ctr., LLC v. Grisham, 586 F. Supp. 3d 1118 (D.N.M.

2022).

A la luz de este marco doctrinal, me veo obligado a

afirmar

que

las

controversias

son,

en

su

mayoría,

académicas. Más allá de la declaración de emergencia, las

medidas

particulares

impugnadas

se

eliminaron.

La

vacunación compulsoria para los estudiantes de 16 años o

más es el único requisito de este tipo que se mantiene.

En cambio, el Tribunal de Apelaciones razonó que la

controversia

no

requisito

uso

de

era

vacunación,

aunque

Procurador

General

académica

de

permanecía

el

y

el

requisito

de

otra

parte,

el

controversia

se

mascarillas

modificado.

sí

porque

reconoció

Por

que

la

tornó académica. Afirmó que adentrarnos a adjudicar cuáles

son

las

facultades

que

tiene

el

Gobernador

durante

una

emergencia

tiene

cero

efectos

prácticos

sobre

los

demandantes porque aún si se concluyera que el

Gobernador no puede regular ese aspecto durante

una emergencia, estos continuarían sujetos a la

regulación de la vacunación promulgada por una

fuente

legal

totalmente

independiente

al

Gobernador que es la Ley Núm. 25-1983, la cual no

ha sido impugnada. (Énfasis en el original). Sol.

Cert., pág. 3.

En contraste, el matrimonio Marrero Amadeo arguyó que

la declaración de emergencia subsiste, y que eso deja la

AC-2022-0070

puerta

16

abierta

para

decretar

otras

órdenes.

En

suma,

reiteró que había un “peligro, no solamente potencial, sino

palpable”

porque

la

Orden

Administrativa

Núm.

2022-533

imponía la obligatoriedad del uso de mascarillas en las

instituciones

educativas,

así

como

el

requisito

de

vacunación contra el COVID-19.5

Ahora bien, a través de la OE-2022-19 de 7 de marzo de

2022,

el

Gobernador

eliminó,

entre

otras

cosas,

los

requerimientos de uso de mascarillas en la mayoría de las

áreas

y

efecto

los

mandatos

cualquier

de

otra

vacunación.

orden

También,

ejecutiva

dejó

que

sin

fuera

incompatible con esta.

Cónsono

con

esto,

mediante

la

OA-2022-533

de

8

de

marzo de 2022, el Secretario de Salud dejó sin efecto todas

las

órdenes

administrativas

que

establecían

medidas

de

prevención contra el COVID-19. No obstante, dispuso que los

estudiantes

de

16

años

o

más

estarían

sujetos

al

requerimiento de inmunización contra el COVID-19, según los

Requisitos de vacunación para el curso escolar 2022-2023 a

tenor

de

la

Ley

Núm.

25

de

25

de

septiembre

de

1983.

Posteriormente, también eliminó la obligatoriedad del uso

de mascarillas en las instituciones educativas. Véase, OA2022-548 de 13 de septiembre de 2022.

Esto

demuestra

que

las

órdenes

ejecutivas

que

generaron todas las controversias no mantienen vigencia hoy

Como se aprecia más adelante, el requisito de uso de mascarillas en

estas instituciones se eliminó.

5

AC-2022-0070

17

día. En realidad, las “órdenes vigentes” son órdenes que

retiraron los requisitos impugnados —vacunación contra el

COVID-19 y el uso de mascarillas—. Véanse, OA-2022-533 y

OA-2022-548. El único requisito que se mantiene es el de

vacunación para los estudiantes de 16 años o más. Las otras

controversias son académicas.6

Resulta

insoslayable

reconocer

que

el

decreto

de

estado de emergencia, por sí mismo, no impone obligación

alguna

a

los

demandantes,

ni

implementa

requisitos

o

medidas específicas. Más bien, se limita a explicar que

tiene el fin de facultar al gobierno a “llevar a cabo todos

los

esfuerzos

e

implementar

todas

aquellas

medidas

necesarias” para salvaguardar la salud pública frente al

COVID-19. Boletín Administrativo Núm. OE-2020-020 de 12 de

marzo de 2020. Por lo tanto, la declaración de emergencia

no causa un daño real o particular a los demandantes, ni

tiene, por sí sola, la posibilidad de lesionar los derechos

de las partes.7

Incluso, aquí no aplica alguna de las excepciones a la

academicidad. No se trata de una cuestión recurrente que

tienda

a

evadir

la

revisión

judicial.

Reconozco

que

Aunque algunos de los demandantes son maestros de instituciones

educativas, no surge que actualmente no están sujetos a requisito de

vacunación alguno relacionado con el COVID-19.

7

Reconozco que podría ser cuestionable que el decreto de emergencia

haya durado aproximadamente tres años sin que medie la intervención del

Poder Legislativo. Sin embargo, ante la academicidad de este litigio,

ese cuestionamiento habría que hacerlo en otro pleito. La Asamblea

Legislativa no es parte de este pleito. No estamos ante una

controversia en la que ese Poder busque reivindicar sus prerrogativas

constitucionales. Aunque nada impide que inste un pleito a esos

efectos, la Cámara de Representantes de Puerto Rico se limitó a

presentar un alegato como amicus curiae.

6

AC-2022-0070

mientras

18

subsista

una

declaración

de

emergencia,

la

sustitución de una orden ejecutiva o medida por otra no

necesariamente convierte la controversia en académica de

forma automática. Véase, Tropical Chill Corp. v. Pierluisi

Urrutia, Civil Núm. 21-1411(RAM), 2022 WL 2712538, pág. *5

(D.P.R. 2022). Sin embargo, la controversia no deja de ser

académica por el mero hecho de que el decreto de emergencia

continúe en vigor.

Aun bajo una interpretación en extremo amplia de que

la declaración de emergencia subsiste y del proceder del

Poder

Ejecutivo

de

promulgar

directrices

a

través

de

órdenes, no es razonable pensar que la misma controversia

surgirá

en

tribunal.

reclamos

el

El

de

futuro

y

evadirá

trámite

de

este

las

partes

fueron

la

revisión

de

caso

demuestra

que

atendidos

en

su

algún

los

momento.

Carecemos de fundamentos para sostener que no se proveerá

algún remedio judicial a tiempo, de adoptarse nuevamente

este tipo de medidas. Por eso, reitero que no aplica la

excepción de cuestión recurrente que escape la revisión en

los tribunales.

El análisis objetivo y ponderado de las circunstancias

de autos demuestra que tampoco aplica la excepción de cese

voluntario sin visos de permanencia. Resolver lo contrario

conlleva especular que las medidas eliminadas se volverán a

promulgar.

Para

concluir

eso

tendríamos

que

adjudicar

hechos que en este momento son puramente figurativos. Desde

el 7 de marzo de 2022 —y podría decirse que desde antes— el

AC-2022-0070

19

patrón es claro: eliminar restricciones y requisitos. No

tenemos certeza alguna de que eso cambiará.

Asimismo,

y

no

menos

importante,

al

examinar

la

excepción de cesación voluntaria tenemos que reconocer que

nada en el expediente apunta a que la flexibilización y

eliminación de las medidas se debió a este pleito. Más

bien,

el

cambio

desvinculado

de

en

las

acciones

este

litigio.

del

Por

Gobernador

último,

está

distinto

a

Tandon, supra, y Roman Cath. Diocese of Brooklyn, supra,

aquí el Gobernador no cambia los requisitos constantemente

sin aviso previo. El tracto fáctico de la controversia que

hoy nos ocupa no revela una amenaza constante de que el

gobierno reinstalará las directrices impugnadas; todo lo

contrario.

Es menester recalcar que, aunque la declaración de

emergencia persiste por sí sola, no impone obligaciones a

las

partes.

Las

controversias

son

académicas.

Solo

nos

correspondía evaluar la única directriz que se impuso y

continúa

en

vigor:

el

requisito

de

vacunación

a

los

estudiantes de 16 años en adelante. En términos simples,

bajo el supuesto de que al menos uno de los demandantes es

un estudiante de 16 años o más al que le aplica el mandato

de vacunación para asistir a las instituciones educativas,

teníamos que examinar si este requisito se instauró de una

AC-2022-0070

forma

20

legítima.8

Adelanto

que

procede

contestar

en

la

Departamento

de

afirmativa.

III

El

Art.

1

de

la

Ley

Orgánica

del

Salud, Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, 3 LPRA sec. 171,

preceptúa que el Secretario de Salud tendrá a su cargo

todos

los

asuntos

que

se

le

encomienden

por

ley

relacionados con la salud pública. Entre estos asuntos se

le concedió la facultad para tomar las medidas que juzgue

necesarias para combatir epidemias. Art. 5 de la Ley Núm.

81-1912, 3 LPRA sec. 175.

En lo que respecta a la controversia medular de autos,

la Ley Núm. 25 de 25 de septiembre de 1983, conocida como

la

Ley

de

Estudiantes,

Inmunizaciones

(Ley

Núm.

25),

a

24

Niños

LPRA

Preescolares

sec.

182

et

y

seq.,

estatuye la política general de que todos los estudiantes

deberán estar debidamente inmunizados para ser admitidos o

matriculados en las escuelas. Conviene aclarar que, la ley

define el término “inmunización” como “la administración al

cuerpo humano de la vacuna o toxoide por medio de inyección

o

administración

oral

para

mantenerse

inmunizado

de

aquellas enfermedades según sea requerida por el Secretario

de Salud en la publicación anual[...]”. (Negrilla suplida).

Art. 1 de la Ley Núm. 25, 24 LPRA sec. 182.

Aunque el foro primario no adjudicó expresamente que algunos de los

estudiantes tenían 16 años o más, surge del expediente que entre los

demandantes hay estudiantes de estas edades. Es decir, no está en

controversia que en el pleito hay estudiantes de 16 años en adelante.

8

AC-2022-0070

21

A la par, el estatuto dispone que el Secretario de

Salud

deberá

publicar

anualmente,

tres

meses

antes

del

comienzo de cada curso escolar, las enfermedades contra las

que los estudiantes tendrán que inmunizarse. Art. 10 de la

Ley Núm. 25, 24 LPRA sec. 182i. Estas inmunizaciones, así

como la forma y frecuencia con que se administran, deberán

ajustarse

a

las

prácticas

médicas

reconocidas.

Íd.

Del

texto de la ley surge con meridiana claridad que en el

ámbito escolar el Secretario de Salud: (1) podrá requerir

cualquier inmunización —vacuna— que tenga a bien, y (2)

vendrá obligado a publicar estos requisitos anualmente. Íd.

Si bien la Ley Núm. 25 contempla que el Secretario de

Salud

podrá

necesarios

dictar

para

las

su

reglas

y

cumplimiento,

reglamentos

esto

no

que

estime

significa

que

tiene que seguir el procedimiento general de reglamentación

para publicar los requisitos de vacunación para cada año

escolar. Véase, Art. 13 de la Ley Núm. 25, 24 LPRA sec.

182l. En ese aspecto, lo único que este estatuto dictamina

es que se haga una publicación anual. Es decir, esta ley no

limita

la

publicar

forma

en

anualmente

que

los

el

Secretario

requisitos.

Por

de

Salud

puede

lo

general,

la

publicación se hace a través de un aviso a la comunidad

escolar.

Véase,

para

el

Aviso

de

Requisitos

curso

escolar

http://www.salud.pr.gov/CMS/DOWNLOAD/6220

27

de

diciembre

vacunación

para

de

2022);

el

de

Aviso

curso

de

vacunación

2022-2023,

(última

visita,

Requisitos

escolar

de

2020-2021,

AC-2022-0070

22

https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/121

(última

visita,

27 de diciembre de 2022).

Ciertamente,

el

Secretario

de

Salud

tiene

amplia

discreción para determinar cuáles serán los requisitos de

vacunación para los estudiantes y para escoger la forma en

que estos se publican. Esta facultad no está atada, ni se

circunscribe, a una declaración de estado de emergencia. En

cambio, esta potestad emana de una delegación válida hecha

por la Asamblea Legislativa como parte del poder de razón

del Estado (“police power”).

Sabemos

que

los

funcionarios

de

la

Rama

Ejecutiva

efectúan el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes

mediante el ejercicio del poder de razón del Estado. Nieves

v. AM Contractors, 166 DPR 399, 412 (2005). Al amparo de

este “los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger

la salud, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Es

por ello que, tradicionalmente, gozan de gran discreción

para legislar sobre asuntos relacionados con estas áreas de

interés”.

ELA

v.

Northwestern

Selecta,

185

DPR

40,

60

(2012). Véase, además, Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR

II, 191 DPR 791, 835 (2014).

Desde Jacobson v. Massachusetts, 197 US 11 (1905), es

norma

firmemente

establecida

que

los

estados

tienen

discreción para exigir la vacunación de sus ciudadanos en

pos de la salud pública. Véase, además, Zucht v. King, 260

US 174, 176-177 (1922). Asimismo, hemos reconocido que “el

Estado

puede

aprobar

leyes

que

requieran

de

manera

AC-2022-0070

compulsoria

23

ciertas

vacunas

ante

la

amenaza

de

una

epidemia”. Lozada Tirado v. Testigos de Jehová, 177 DPR

893, 918, esc. 13 (2010).

Por otro lado, mediante el principio cardinal de la

inviolabilidad de la dignidad del ser humano, nuestra Carta

Magna reconoce el derecho fundamental a la intimidad y la

protección

contra

familiar.

Art.

ataques

II,

Sec.

abusivos

1,

Const.

a

la

vida

P.R.,

privada

LPRA,

Tomo

y

1;

Lozada Tirado v. Testigos de Jehová, supra, pág. 910. Hemos

interpretado que el derecho de todo paciente a consentir o

rechazar tratamiento médico emana de estos preceptos y de

la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal. Lozada

Tirado v. Testigos de Jehová, supra, pág. 911. Sin embargo,

no se trata de un derecho absoluto. Íd., pág. 916. Cuando

está en controversia los tribunales deben hacer un balance

entre este y ciertos intereses del Estado. Íd.

Por ejemplo, los foros judiciales deben considerar el

interés

del

Estado

cierto

tratamiento

en

que

médico

los

ciudadanos

durante

una

se

crisis

sometan

de

a

salud

pública con el fin de proteger a terceros. Íd., pág. 918.

Esto es así pues la doctrina del rechazo a tratamiento

médico no debe sobrepasar asuntos apremiantes como la salud

de la población general, y mucho menos, la salud de los

menores. Entiéndase que no procede invocar esta doctrina

como evasiva de un requisito de inmunización firmemente

arraigado y razonable como el de la Ley Núm. 25. Esta ley

AC-2022-0070

24

provee espacio para las respectivas exenciones razonables

por motivos religiosos o clínicos.

Con relación a la única controversia que queda viva,

el

Procurador

Secretario

de

General

Salud

enfatizó

para

que

requerir

la

la

facultad

vacunación

del

en

el

contexto escolar no está atada a un estado de emergencia o

a alguna delegación hecha por el Gobernador.

Como contrapartida, los demandantes arguyeron que la

Ley Núm. 25 no faculta al Secretario de Salud a requerir la

vacunación

contra

el

COVID-19

porque

la

vacuna

no

está

aprobada, ni inmuniza. En síntesis, manifestaron que esa

ley

no

resuelve

el

problema

de

la

ilegalidad

de

la

vacunación compulsoria ya que el estatuto no permite que se

impongan

mandatos

de

vacunación

sin

un

reglamento,

de

productos no aprobados, y a personas mayores de 21 años o

más. No le asiste la razón.

Indiscutiblemente la inmunización según requerida por

el

Secretario

vacunación

de

para

Salud

el

en

curso

el

Aviso

escolar

de

Requisitos

2022-2023,

es

de

válida

porque se hizo mediante la publicación anual que exige la

Ley Núm. 25. En suma, requerir que los estudiantes de 16

años en adelante cuenten con dos dosis de la vacuna contra

el COVID-19, es un ejercicio válido de las potestades que

la Asamblea Legislativa delegó al Secretario de Salud. Esta

facultad es independiente de la declaración de un estado de

emergencia.

AC-2022-0070

25

A los foros judiciales no nos corresponde determinar

cuál es la política de sanidad idónea. De hecho, aunque los

demandantes se nieguen a aceptarlo, la vacuna contra el

COVID-19 está autorizada por la FDA. Además, no se necesita

reglamento alguno para instaurar este requisito. Si bien el

estado de emergencia por la pandemia es uno de los factores

que

hace

evidente

la

favorabilidad

de

esta

política

de

vacunación, la crisis de salud pública no es una condición

necesaria para que el requisito sea válido.

Luego de examinar los argumentos de las partes, es

forzoso concluir que en este caso no se está violentando

algún derecho fundamental. El requisito de vacunación en

controversia

está

relacionado

razonablemente

con

el

fin

legítimo de proteger la salud pública y se impuso con la

facultad en ley para ello. Recordemos que los estudiantes

cobijados por alguna excepción médica o religiosa aplicable

están exceptuados de este requisito. Véase, OA-2022-533,

pág. 10.

No

hay

motivo

para

distinguir

la

vacuna

contra

el

COVID-19 del resto de las vacunas que se requieren para

cada curso escolar. Aunque el Art. 13 de la Ley Núm. 25,

supra, menciona que el Secretario de Salud y el Secretario

de

Educación

dictarán

las

reglas

y

los

reglamentos

que

estimen necesarios para el cumplimiento de la ley, esto no

debe interpretarse como que se necesita un reglamento para

instituir las exigencias de vacunación en las instituciones

escolares. Esta ley no impone requisitos de forma. En la

AC-2022-0070

práctica,

26

sería

absurdo

afirmar

que

se

necesita

un

reglamento para requerir que un estudiante esté vacunado

contra el tétano, por ejemplo. Lo mismo aplica a la vacuna

contra el COVID-19.

Entonces, como aquí la Ley Núm. 25 es una fuente de

autoridad suficiente e independiente para requerir que los

estudiantes de 16 años o más reciban la vacuna contra el

COVID-19, no es necesario ni adecuado adentrarnos en las

órdenes

ejecutivas

interpretación

y

los

permite

poderes

del

resolver

Gobernador.

Esta

completo

la

por

controversia de autos. Es norma reiterada que el proceso

político entre las Ramas hermanas debe seguir su cauce, y

que

“[e]n

ausencia

de

circunstancias

que

ameriten

la

intervención judicial, no estamos en posición de emitir

directrices con el propósito de guiar al Ejecutivo y al

Legislativo”. Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167

DPR

149,

161-162

(2006).

Véase,

además,

Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 939.

IV

De lo expuesto vemos que algunos de los demandantes

tenían legitimación activa para cuestionar la aplicación de

ciertas medidas ejecutivas. Empero, como tiende a pasar

durante

situaciones

de

emergencia,

el

Poder

Ejecutivo

atemperó las medidas para atender la crisis causada por el

COVID-19. Al examinar los sucesos fácticos advertimos que

las

controversias

completo.

Tal

como

se

tornaron

indica

el

académicas,

Juez

Asociado

casi

por

señor

Colón

AC-2022-0070

27

Pérez en su Opinión de conformidad, “el Poder Ejecutivo

eliminó la cuarentena, el distanciamiento físico, el uso

obligatorio de mascarillas, el cernimiento en contra del

COVID-19,

la

vacunación

obligatoria,

el

requisito

de

evidencia de resultado negativo de pruebas de detección de

COVID-19

y

la

limitación

de

aforo

en

ciertos

establecimientos comerciales”. Op. de conformidad del Juez

Asociado señor Colón Pérez, pág. 70.

En realidad, el remedio que los demandantes buscaban

era que se paralizaran las directrices emitidas mediante

ciertas órdenes ejecutivas. No obstante, no podemos ordenar

el cese de algo que ya terminó. En vista de que estamos

imposibilitados

emitir

una

de

opinión

conceder

este

remedio,

sería

fútil

a

luces

consultiva

para

pasar

todas

juicio sobre la constitucionalidad de algo que desapareció.

La

declaración

de

emergencia

intrínsecamente,

y

por

separado, no causa un peligro potencial a los demandantes.

En

este

momento,

la

única

controversia

viva

es

el

mandato de vacunación impuesto a los estudiantes de 16 años

o más. Para resolverla bastaba con examinar la Ley Núm. 25

y, con ello, concluir que el Secretario de Salud tiene la

facultad

para

imponer

requisitos

de

vacunación

a

la

población estudiantil. Naturalmente, teníamos que arribar a

la determinación de que esta facultad incluye requerir la

vacuna contra el COVID-19, tal como sucede con el resto de

las vacunas.

AC-2022-0070

28

No albergo duda de que este análisis —relativamente

sencillo—

nos

permitía

adjudicar

correctamente

las

controversias de este caso. Por el contrario, es equivocado

indicar

que

en

este

caso

nos

correspondía

delimitar

el

alcance de las prerrogativas que tiene el Gobernador para

promulgar

determinadas

controversia

académica,

invitación

a

pasar

declaración

de

órdenes

era

juicio

emergencia.

ejecutivas.

imprescindible

sobre

los

Únicamente

Ante

una

rechazar

la

límites

podríamos

de

la

atender

estos temas en el contexto de un caso y controversia real y

vigente. La Constitución no nos faculta para embarcarnos

ahora en un análisis abstracto de estos asuntos.

Recuérdese que este pleito comenzó esencialmente como

un pleito de sentencia declaratoria de daños e injunction.

Igualmente, nótese que no se trata del Poder Legislativo

reclamando sus prerrogativas constitucionales. Por último,

no olvidemos que los demandantes cuentan con la oportunidad

de acudir a los tribunales, de verse afectados en el futuro

por alguna medida.

Puede ser tentador emitir una opinión sobre un tema

novedoso, atractivo y del que poco o nada se ha escrito. No

obstante, en un ejercicio de templanza y circunspección hoy

reconocemos que no debemos adentrarnos en el vertiginoso

campo de la especulación. Por más curiosa que nos parezca

la trama de la declaración de emergencia y de las órdenes

ejecutivas, este caso, como todos, requiere un análisis

riguroso

de

los

elementos

de

justiciabilidad.

En

tal

AC-2022-0070

29

gestión, era indispensable limitarnos a concluir que el

Secretario de Salud —por virtud de ley— puede requerir la

vacunación de la población estudiantil.

Ante la situación fáctica que presenta este caso, no

es el Poder Judicial el llamado a determinar y pautar la

deseabilidad o no de una declaración de emergencia. Ese es

un asunto de política pública que no nos corresponde a

nosotros. A pesar de lo cuestionable que le pueda parecer a

alguien

mantener

un

estado

de

emergencia

por

casi

tres

años, hoy declinamos forzar un caso para expresarnos al

respecto.

Para

salvaguardar

los

procesos

democráticos

nuestro

sistema

republicano

de

gobierno,

siempre

necesario

aplicar

los

principios

de

y

será

autolimitación

judicial.

Por todo lo anterior estoy conforme. Sin duda, debemos

revocar la sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones

debido a que las controversias son académicas. En cuanto a

la

única

controversia

viva,

ameritaba

resolver

que

por

virtud de la Ley Núm. 25, el Secretario de Salud puede

requerir la vacunación de los estudiantes.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lourdes

Amadeo

Ocasio;

Miguel Marrero, ambos por sí

y en representación de sus

hijos A.M.A., M.M.A. y otros

Recurridos

v.

AC-2022-0070

Pedro Pierluisi Urrutia en

su capacidad como Gobernador

del Gobierno de Puerto Rico;

Departamento de Salud, por

conducto de su Secretario,

Dr. Carlos Mellado López

Peticionarios

Opinión de Conformidad emitida por la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera

García.

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2023.

En esta ocasión, nos enfrentamos a una controversia

novel, relacionada al alcance de las facultades del Primer

Ejecutivo

para

promulgar

Órdenes

Ejecutivas

ante

una

emergencia sanitaria sin precedente: la pandemia del COVID19. De este modo, estoy conforme con la Sentencia que hoy se

certifica específicamente porque la controversia ante la

consideración este Tribunal se ha tornado académica y por

tal

razón

no

es

justiciable.

En

cuanto

a

la

única

controversia que entendemos se encuentra viva, respecto al

AC-2022-0070

2

mandato de vacunación impuesto a los estudiantes de 16 años

o más, concluimos que la misma se sostiene fundamentado en

la Ley Núm. 25 de 25 de septiembre de 1983, infra.

Asimismo,

discrepo

de

lo

expresado

por

algunos

compañeros de este Tribunal respecto a declarar que la

emergencia por COVID-19 ha disminuido o cesado. Adjudicar

este asunto laceraría la doctrina de separación de poderes,

la cual estamos llamados a proteger. Tampoco coincido con el

mecanismo

propuesto por algunos compañeros y que le sugiere

al Poder Ejecutivo cómo debe atender en adelante alguna

crisis de salud provocada por esta pandemia. De esta forma

se pretende que seamos nosotros, el Poder Judicial, quienes

le

indiquemos

al

Poder

Ejecutivo

y

Legislativo

cómo

trabajar. Cuando, por el contrario, nuestro trabajo se debe

limitar a analizar si una rama de gobierno ha usurpado los

poderes de otra y no en dictar política pública.

Hoy

correctamente

este

Tribunal

revocar

al

foro

apelativo

análisis

en

los

méritos

de

una

prudencia

sus

poderes

ejerciendo

con

se

intermedio

circunscribe

sin

realizar

controversia

y

a

un

ficticia,

velando

por

un

ejercicio sano y correcto de la separación de poderes. De

esta forma, evitamos actuar desacertadamente convirtiéndonos

en un foro que emite opiniones consultivas.

Por los hechos del presente caso encontrarse expuestos

correctamente en la Opinión de Conformidad del Juez Asociado

señor

Martínez

Torres,

procedo

adoptar

los

mismos

y

a

AC-2022-0070

discutir

3

brevemente

los

hechos

procesales

de

mayor

relevancia, el derecho aplicable y mi postura al respecto.

I.

Los recurridos en el caso de autos presentaron una

demanda

ante

propósito

de

el

Tribunal

impugnar

la

de

Primera

Instancia

constitucionalidad

de

con

el

ciertas

Órdenes Administrativas emitidas por el Secretario de Salud

de Puerto Rico en repuesta a la pandemia del COVID-19 que

enfrentaba Puerto Rico y el mundo entero. Específicamente,

se solicitó al foro primario que dejara sin efecto los

poderes otorgados al Secretario de Salud mediante la Orden

Ejecutiva 2021-054 para establecer las “guías, directrices,

protocolos

y

recomendaciones

para

atender

–

de

forma

particularizada por cada servicio, negocio, actividad o

área, según sea necesario conforme al riesgo de contagio –

la emergencia del COVID-19”.1

También solicitaron se le ordenara al Secretario de

Salud cesar y desistir de continuar con la implantación de

las

Órdenes

Administrativas

2021-508

y

2021-509

que

requerían la vacunación compulsoria contra el COVID-19 para

estudiantes

mayores

de

doce

(12)

años

en

las

escuelas

públicas y privadas y las universidades de Puerto Rico y sus

1

Esta delegación de poder, debemos resaltar, también proviene de la Ley

Orgánica del Departamento de Salud, Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912,

mediante la cual el Poder Legislativo en su Artículo 5 delegó al

Secretario del Departamento de Salud el poder de tomar todas la medidas

que juzgue necesarias para combatir alguna epidemia.

AC-2022-0070

empleados,

4

así

como

el

En

adición

circunstancias.2

uso

de

a

mascarillas

esto,

en

ciertas

solicitaron

se

le

concediera una compensación en daños y que se ordenara a la

Asamblea Legislativa a atender los asuntos relacionados a la

emergencia del COVID-19 que pudiera tener efectos sobre los

derechos de los ciudadanos.

Respecto a la vacunación compulsoria de los estudiantes

de doce (12) años en adelante, el Secretario de Salud expresó

en la Orden Administrativa Núm. 2021-509 que este requisito

desempeñaba un papel imprescindible en el control de la

pandemia y que permitía proveer un ambiente más seguro en el

entorno educativo. A manera de excepción, y de conformidad

con la Ley Núm. 25 de 25 de septiembre de 1983, conocida

como Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Preescolares y Estudiantes del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, quedaron exentos de la vacunación contra el COVID-19,

los

estudiantes

comprometidos,

contradicciones

igualmente

cuyos

fueran

alérgicos

médicas

exentos

sistemas

los

a

la

a

inmunes

estuvieran

las

vacunas,

u

vacuna.

Además,

quedaron

estudiantes

que

por

otras

motivos

de

creencias religiosas no pudieran ser vacunados.

La vacunación compulsoria se extendió, de igual forma,

al personal docente y no docente de las escuelas, centros

2

De igual forma, las Órdenes Administrativas referidas imponían órdenes

de cuarentena y aislamiento, medidas cautelares individuales, el

requisito de evidencia de vacunación o resultado negativo de una prueba

antígeno de COVID-19 para eventos que recibieran público de más de

quinientas (500) personas.

AC-2022-0070

5

educativos y universidades públicas y privadas. No obstante,

aplicaron las mismas excepciones sobre motivos religiosos y

motivos de salud establecidos en la Ley Núm. 25 de 25 de

septiembre de 1983, supra.

Ahora bien, el 7 de marzo de 2022, el Gobernador de

Puerto Rico firmó la Orden Ejecutiva Núm. OE-2022-019 donde

eliminó el mandato de vacunación contra el COVID-19.3 Sin

embargo, el Secretario de Salud continuaría haciendo las

determinaciones necesarias relacionadas a los certificados

de salud y la vacunación de los estudiantes.

La OE-2021-019 dio paso a la aprobación de la Orden

Administrativa Núm. 2022-533 del Departamento de Salud. En

ella, el Secretario de Salud de Puerto Rico eliminó el

mandato de utilización de mascarillas en áreas exteriores e

interiores.4 En cuanto a la vacunación compulsoria, mandato

eliminado por el Gobernador en la Orden Ejecutiva antes

mencionada, dispuso que los estudiantes menores de edad

estarían sujetos a la vacunación obligatoria, de conformidad

con la Ley Núm. 25 de 25 de septiembre de 1983, supra,

incluyendo la vacuna contra el COVID-19 en la lista de

3

Además, permitió todas las actividades multitudinarias. En los casos

de actividades multitudinarias de más de mil (1,000) personas, ordenó

al Secretario de Salud a promulgar los protocolos que fueran necesarios.

Mediante esta Orden Ejecutiva, eliminó de igual forma los requisitos de

cernimiento sobre estatus de vacunación o pruebas para detectar el COVID19 a los visitantes en los restaurantes, barras, chinchorros, cafetines,

cines, centros comunales, gimnasios, salones de belleza, casinos, entre

otros. Por último, eliminó las normas que debían seguir los viajeros que

llegaran a Puerto Rico.

4 De igual forma, la Orden Administrativa Núm. 2022-548 flexibilizó aún

más el uso de las mascarillas.

AC-2022-0070

6

enfermedades que requieren inmunización. No obstante, están

exentos de esta vacunación los estudiantes de cinco (5) a

quince (15) años y los estudiantes que tengan una excepción

médica o religiosa.

II.

De

forma

exhaustiva

este

Tribunal

ha

expresado

y

reafirmado que podemos evaluar únicamente aquellos casos que

son justiciables. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz,

180 DPR 920, 931 (2011); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I,

180 DPR 253, 279-280 (2010); Noriega v. Hernández Colón, 135

DPR 406, 420 (1994). Incluso, es este uno de los primeros

temas discutidos en las Escuelas de Derecho, por lo que es

de

vasto

conocimiento

para

toda

la

comunidad

de

profesionales legales.

Los tribunales solo estamos llamados a intervenir en

controversias reales y vivas, en las cuales las partes que

posean un interés puedan obtener un remedio conforme a

derecho. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958). “En vista

de que la justiciabilidad es una doctrina autoimpuesta, los

propios tribunales deben preguntarse y evaluar si es o no

apropiado

entender

en

un

determinado

caso,

mediante

un

análisis que les permite ejercer su discreción en cuanto al

límite de su poder constitucional”. Smyth, Puig v. Oriental

Bank, 170 DPR 73, 76 (2007).

Para

evaluar

tal

que

análisis,

no

existen

permiten

que

cinco

(5)

elementos

una

controversia

a

sea

AC-2022-0070

7

justiciable: (1) cuando se trata de resolver una cuestión

política; (2) cuando una de las partes no tiene legitimación

activa; (3) cuando hechos posteriores al inicio del pleito

lo convierten en académico; (4) las partes buscan obtener

una opinión consultiva, o (5) se promueve un pleito que no

está maduro. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra,

pág. 932.

Específicamente,

evitar

el

uso

la

doctrina

innecesario

de

de

los

academicidad

recursos

busca

judiciales,

“asegurar que haya la adversidad suficiente para que las

controversias

se

vigorosamente”

e

presenten

impedir

y

que

se

defiendan

dicten

competente

precedentes

y

que

resulten superfluos. Íd; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I,

supra,

pág.

convertirse

280.

en

Así

pues,

una

controversia

cuando

los

cambios

académica

puede

fácticos

o

judiciales acaecidos durante el trámite judicial tornan en

ficticia su solución, lo que resultaría en una opinión

consultiva. San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 DPR

640, 652-653 (2008).

Sin embargo, esto no implica que toda controversia que

se torna académica está impedida de ser resuelta. Nuestro

marco judicial nos presenta ciertas excepciones que nos

permiten la consideración de un caso que, de otro modo,

resultaría

académico.

Así

pues,

los

tribunales

podrán

considerar controversias que se han tornado académicas si

cumple con cualquiera de estas excepciones: (1) una cuestión

AC-2022-0070

8

recurrente o susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando el

demandado ha modificado la situación de hechos, pero el

cambio no aparenta ser permanente, y (3) cuando aspectos de

la

controversia

se

tornan

académicos,

pero

subsisten

consecuencias colaterales que tiene vigencia y actualidad.

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 933. Sin

embargo, los tribunales deberán utilizar estas excepciones

con gran mesura, puesto que no se pueden obviar los límites

constitucionales que inspiran la doctrina de academicidad.

Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 974 (2010).

En el caso de autos, luego de evaluar los petitorios de

la parte recurrida, soy de la postura que las controversias

se han tornado académicas. Más aún, estoy convencida que el

presente caso es un clásico ejemplo a estudiar sobre las

instancias en las que una controversia se torna académica

por hechos que ocurrieron posteriormente al haber comenzado

el pleito. De este modo, como disponen los elementos de

justiciabilidad,

estamos

impedidos

de

entender

en

el

presente caso.

Contrario a lo dispuesto por algunos compañeros de este

Tribunal

que

Administrativas

concluyen

que

que

motivaron

las

Órdenes

Ejecutivas

y

el

presente

litigio

aún

continúan vigentes, somos de la postura que las mismas no

mantienen

vigencia

por

las

razones

que

discutiremos

a

continuación. Como ya discutimos, la Orden Ejecutiva (OE2021-054) y las Órdenes Administrativas (OA-2021-508 y OA-

AC-2022-0070

9

2021-509) impugnadas en la Demanda ordenaban el uso de

mascarillas y la vacunación compulsoria para los estudiantes

mayores de doce (12) años como requisito de admisión a las

escuelas y universidades públicas y privadas. Este requisito

de igual forma se extendía al personal docente y no docente

de

las

escuelas,

centros

educativos

y

universidades,

públicas y privadas.

No obstante, debemos puntualizar, que los reclamos de

los recurridos ya se han tornado académicos conforme a lo

dispuesto en la OE-2021-019 (la cual eliminó el mandato de

vacunación) y las Órdenes Administrativa Núm. 2022-533 y

Núm. 2022-548 (las cuales eliminaron el uso de mascarillas

e incluyó algunas excepciones a la vacunación de estudiantes

menores de edad). De este modo, aunque la parte recurrida

argumente

que

la

controversia

sobre

la

vacunación

compulsoria para los estudiantes de 16 años o más sigue viva

y el litigio no se ha tornado académico, este mandato de

vacunación viene cobijado por las disposiciones de la Ley

Núm. 25 de 25 de septiembre de 1983, supra, y no por el

supuesto del manejo de una emergencia.

Particularmente, el Artículo 10 de la referida Ley,

establece que el Secretario de Salud vendrá obligado a

publicar anualmente, tres (3) meses antes del comienzo de

cada curso escolar las enfermedades contra las cuales los

estudiantes deben ser inmunizados. 24 LPRA sec. 182i. A tenor

con las facultades que le confiere la ley, el Secretario de

AC-2022-0070

10

Salud incluyó el COVID-19 entre la lista de enfermedades que

requieren inmunización. Así pues, el Secretario de Salud

hace uso de los poderes válidamente delegados en él por la

Asamblea

Legislativa

para

determinar

cuáles

serán

los

requisitos de vacunaciones requeridos para los estudiantes.

Siendo este mandato de vacunación a estudiantes de 16 años

o más el único asunto en controversia que se encuentra vivo

y por encontrarse el mismo fundamentado y cobijado por las

disposiciones de la Ley Núm. 25 de 25 de septiembre de 1983,

supra, no nos queda otro asunto ante nuestra consideración

por resolver.

Todo lo antes discutido me conduce a concluir que los

asuntos que en alguna instancia estuvieron en controversia

y abrieron paso a la litigación de este caso, hoy son un

asunto completamente académico. Como Tribunal Supremo, es

nuestro deber velar por la justiciabilidad de los casos ante

nuestra consideración. Somos nosotros quienes debemos dar el

ejemplo a los foros inferiores y a la clase togada que los

tribunales siempre actuarán con prudencia y nos limitaremos

a intervenir solo en controversias genuinas, vivas, que

tengan

efecto

sobre

las

relaciones

jurídicas

entre

las

partes. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898 (2012);

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; Noriega v.

Hernández Colón, supra.

No

ignorando

podemos

nuestra

cegarnos

y

actuar

jurisprudencia

y

desacertadamente,

precedentes,

para

AC-2022-0070

11

expresarnos sobre una cuestión que en estos momentos no nos

corresponde. Sabido es y ha sido hartamente discutido por

este Tribunal que la propia doctrina de academicidad nos

ofrece

excepciones

para

que,

en

los

casos

que

así

lo

ameriten, podamos intervenir conforme a derecho. Empero a

esto, el caso ante nuestra atención no trata sobre una

controversia

recurrente

que

tienda

a

evadir

revisión

judicial. De igual forma, no ha sido modificada sin visos de

permanencia.

colaterales

Además,

que

tampoco

tengan

subsisten

vigencia

y

consecuencias

actualidad.

Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 933; U.P.R. v.

Laborde Torres y otros I, supra; Moreno v. Pres. U.P.R. II,

supra. En fin, no cumple con ninguna de las excepciones a la

doctrina de academicidad.

Aún

bajo

el

raciocinio

de

que

la

declaración

de

emergencia por el COVID-19 subsista y el Gobernador de Puerto

Rico

continúe

promulgando

directrices

mediante

Órdenes

Ejecutivas, no es correcto determinar que este tipo de

controversia evadirá revisión judicial en el futuro. El así

hacerlo

es

una

simple

especulación

de

nuestra

parte.

Recordemos que los foros judiciales están facultados para

atender reclamos referentes a medidas como las que hoy están

en controversia. Más aún, el propio trámite judicial del

caso de autos demuestra que los reclamos de ambas partes

fueron atendidos en su momento conforme a derecho. Por lo

que no es correcto, apuntalar que, en el futuro, de surgir

AC-2022-0070

12

una controversia similar a la presente, no se proveerá un

remedio judicial a tiempo. Así pues, ¿por qué empeñarse en

intervenir en un asunto que no lo amerita?

III.

La Constitución de Puerto Rico consagra expresamente el

principio

de

separación

de

poder

entre

las

ramas

constitucionales de gobierno. Art. 1, Sec. 2, Const. PR,

LPRA, Tomo 1. La doctrina de separación de poderes “aspira

a establecer las responsabilidades y enmarcar el ámbito de

acción de las ramas constitucionales de gobierno”. Rivera

Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 802 (2014). Esto

pues, con el propósito de asegurar que ninguna de las tres

ramas de gobierno domine o interfiera indebidamente con la

otra. Dalmau Santiago v. Oronoz Rodríguez, 208 DPR 115, 135

(2021). Sin embargo, esta doctrina no pretende delimitar de

forma absoluta el poder que le corresponde a cada rama de

gobierno. Íd. A contrario sensu, se trata en sí de un sistema

de pesos y contrapesos que evita que las actuaciones de una

rama

de

gobierno

causen

detrimento

en

otro.

Íd.

Díaz

Carrasquillo v. García Pailla, 191 DPR 97, 110 (2014).

Por tal razón, al toparnos con una controversia que

requiere un pronunciamiento sobre la aplicabilidad de la

doctrina

de

separación

de

poderes,

debemos

de

forma

obligatoria analizar, en el contexto histórico, si el poder

que

ha

sido

concentración

delegado

de

poder

“tiende

a

desembocar

en

indebida

en

una

ramas”.

de

las

una

AC-2022-0070

13

Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 405, 426 (1990). Para

este análisis se requiere que examinemos: (1) si la función

específica ha sido expresamente asignada por la Constitución

de

Puerto

Rico

a

la

rama

gubernamental

que

trata

de

ejercerla, o (2) si su ejecución por tal rama es un incidente

necesario para otras funciones que le fueron conferidas.

Misión Ind. P.R. v. J.P, 146 DPR 64, 91 (1998).

Como he dispuesto en el pasado, la utilización de la

doctrina de separación de poderes no es un ejercicio fácil

pues, en ocasiones, conlleva a un cierto grado de tensión

entre las ramas de gobierno. Alvarado Pacheco y otros v.

ELA, 188 DPR 594, 628 (2013) (voto particular de conformidad

emitido por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco). No

obstante,

se

presume

existen

funcionarios

y

ciudadanos

valientes dispuestos a defender los poderes de las Ramas que

le fueron encomendadas. Íd. Consecuentemente, este Tribunal

no ha vacilado en el pasado

en mantener un equilibrio

constitucional cuando una rama irrumpe en las facultades

intrínsecas de otra. Íd.

Como

Tribunal

de

última

instancia,

es

nuestra

obligación y responsabilidad velar por el sagrado principio

de la separación de poderes. AAR, Ex Parte, 187 DPR 835

(2013). Por esta razón, no debemos nunca tomar a la ligera

o de forma liviana la mera apariencia de una violación a

este principio. Así pues, nos corresponde utilizar nuestro

nivel de juicio contundente y ecuánimemente. Esto, incluso,

AC-2022-0070

14

ante la posible transgresión de esta doctrina por nuestra

parte, en el ejercicio de proteger a otra rama de gobierno.

IV.

Ahora bien, es menester dejar claro que en el pasado

esta Curia ha reconocido el uso de las Órdenes Ejecutivas

como una actuación consustancial a las facultades delegadas

por la Constitución de Puerto Rico al Poder Ejecutivo.

Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 DPR 121, 138 (2009).

En este sentido, estoy de acuerdo con los dispuesto por

algunos compañeros de este Tribunal que correspondía validar

las Órdenes Ejecutivas promulgadas por el Gobernador de

Puerto Rico referente a la emergencia por el COVID-19. Esto

pues, las Órdenes Ejecutivas “solo tienen fuerza de ley

cuando

descansan

en

una

autoridad

conferida

por

la

Constitución o las leyes”. Vázquez Irizarry, supra, pág.

1029. Enfocado en las circunstancias donde el Gobernador de

Puerto Rico emite Órdenes Ejecutivas de conformidad a los

poderes delegados por la Asamblea Legislativa, el caso de

autos es un vivo ejemplo de estas instancias.

Primeramente, la Ley Núm. 157 de 10 de mayo de 1938,

conocida como Ley sobre la declaración de epidemias, le

delegó al Gobernador de Puerto Rico la facultad para actuar

ante emergencias provocadas por epidemias. 24 LPRA sec. 354.

En adición, dispuso que el Secretario de Salud estaría a

cargo de la declaración de la epidemia. Íd.

AC-2022-0070

15

No obstante, quizás el estatuto de mayor importancia y

que

mejor

habilita

al

Primer

Ejecutivo

a

manejar

una

emergencia o desastre en Puerto Rico es la Ley Núm. 20-2017,

conocida como Ley del Departamento de Seguridad Pública de

Puerto Rico. 25 LPRA sec. 3501. Mediante este estatuto la

Asamblea Legislativa delegó en la figura del Gobernador

poderes

extraordinarios

para

responder

a

emergencias

o

desastres. Esta medida definió la palabra “emergencia” como

“cualquier

situación

o

circunstancia

para

la

cual

sean

necesarios los esfuerzos estatales y municipales encaminados

a salvar vidas y proteger propiedades, la salud y seguridad

pública o para minimizar o evitar el riesgo de que ocurra un

desastre en cualquier parte de Puerto Rico”. 25 LPRA sec.

3643 (e). De forma complementaria, facultó al Gobernador de

Puerto

Rico

a

dictar,

enmendar

o

revocar

aquellos

reglamentos, y emitir, enmendar y rescindir aquellas órdenes

que estime convenientes para regir durante el estado de

emergencia. 25 LPRA 3650 (b).

Cónsono con los poderes extraordinarios que le fueron

delegados por la Asamblea Legislativa, el Gobernador de

Puerto Rico ha emitido Órdenes Ejecutivas para controlar la

propagación del COVID-19 en protección de los ciudadanos. La

clara intención de la Asamblea Legislativa al delegar estos

poderes fue facultar al Poder Ejecutivo a responder con

prontitud

y

disposición.

utilizando

los

mejores

recursos

a

su

AC-2022-0070

16

Ahora bien, esto de ninguna manera significa que la

Asamblea Legislativa está impedida de utilizar sus poderes

legislativos para atender los asuntos relacionados con la

pandemia del COVID-19. De ninguna de las Órdenes Ejecutivas

o Administrativas surge que el Poder Ejecutivo le haya

impedido

al

Poder

Legislativo

ejercer

su

facultad

de

promulgar leyes con el fin de atender la emergencia provocada

por el COVID-19. Por el contrario, resulta forzoso concluir

que la Asamblea Legislativa avaló las actuaciones del Primer

Ejecutivo.5 Así pues, el Gobernador de Puerto Rico ha actuado

dentro de las facultades que la Asamblea Legislativa le

otorgó mediante ley y no en una usurpación de poderes que

pudiera lacerar la separación de poderes entre las ramas de

gobierno. Al analizar si una rama de gobierno ha usurpado

los poderes de otra, debemos tomar en consideración si existe

un dominio de una rama sobre otra, si las acciones de una

rama

resultan

en

el

detrimento

de

la

otra

o

si

nos

encontramos antes una concentración de poder indebida. Las

actuaciones del Gobernador de Puerto Rico para manejar la

pandemia

5

del

COVID-19,

dentro

de

la

histeria

y

el

La Cámara de Representantes de Puerto Rico presentó un alegato en el

caso de autos como amicus curiae, en el que planteó que la Ley del

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, supra, adolece de

vicios constitucionales. Sin embargo, expresaron que reconocían la

autoridad del Gobernador para ordenar la vacunación compulsoria. No

obstante, alegan que sus derechos fueron “entregados” por la Decimoctava

Asamblea Legislativa cuando aprobó la Ley del Departamento de Seguridad

Pública de Puerto Rico, supra. Aun así, no han presentado un recurso

ante nuestros foros judiciales que nos ponga en posición de emitir una

determinación a estos efectos.

AC-2022-0070

17

desconocimiento, nos resultan cónsonas con el intento de

velar por el mejor bienestar de la ciudadanía.

Por otra parte, lo expresado por algunos compañeros de

este Tribunal al determinar que la emergencia del COVID-19

ha disminuido o cesado me parece no tan solo irrazonable e

irresponsable sino una lesión a la doctrina de separación de

poderes.

Como

bien

dispuso

el

Gobernador

mediante

sus

Órdenes Ejecutivas, es el Secretario de Salud de Puerto Rico

quien mejor está facultado para concluir si la pandemia está

controlada o extinguida, y que hasta tanto esta declaración

no ocurra el estado de emergencia se mantendrá vigente. Así

pues, ¿qué conocimiento de salud o seguridad ostentamos

nosotros

como

Tribunal

Supremo

para

realizar

una

determinación como esta? Es mi parecer que al sugerir esta

actuación somos nosotros los que usurpamos los poderes que

no nos fueron delegados. Más aún, cuando se pretende declarar

que la emergencia ha disminuido o culminado mediante un caso

que su controversia se ha tornado académica.

Basta con observar en las calles, centros comerciales,

supermercados,

escuelas,

universidades

y

otros

lugares

públicos como la población aún toma medidas protectoras,

practican

el

distanciamiento

social,

utilizan

las

mascarillas, entre otras cosas. Para muchos la pandemia aún

es un asunto delicado, de preocupación que no ha terminado.

De un simple vistazo al Informe del Departamento de Salud de

Puerto Rico podemos apreciar que aún nos enfrentamos a

AC-2022-0070

18

niveles de transmisión elevados. No pretendemos pasar por

alto el avance y la mejoría que ha tenido Puerto Rico y el

resto del mundo en el manejo de la pandemia. No obstante,

nos parece una transgresión a la doctrina de separación de

poderes el pretender determinar de manera simplista en una

Opinión que esta emergencia ha disminuido o concluido, más

aún cuando la entidad que fue designada para tomar esta

decisión presentó evidencia que demuestra lo contrario.

De igual forma, difiero de lo sugerido por algunos

compañeros

de

instrucciones

este

al

Tribunal

Poder

que

pretenden

Ejecutivo

de

impartirle

cómo

atender

prospectivamente los asuntos referentes a la emergencia del

COVID-19. El Gobernador de Puerto Rico cuenta con un equipo

de trabajo experto en el tema, el Departamento de Salud, que

le

brindará

los

consejos

necesarios

para

atender

la

emergencia, como lo ha hecho hasta este momento. No obstante,

como mencioné anteriormente, la Asamblea Legislativa no está

impedida de ejercer sus poderes y legislar sobre el asunto.

Por el contrario, ambas ramas de gobierno pueden estar

trabajando conjuntamente para atender la emergencia del

COVID-19. No le corresponde al Poder Judicial obligar a las

ramas de gobierno a trabajar colectivamente.

V.

De este modo, estoy conforme con el proceder de este

Tribunal de revocar el dictamen emitido por el Tribunal de

AC-2022-0070

Apelaciones

19

por

considerar

que

las

controversias

ante

nuestra consideración se han tornado académica.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lourdes Amadeo Ocasio;

Miguel Marrero, ambos por

sí y en representación de

sus hijos A.M.A., M.M.A. y

otros

Recurridos

v.

AC-2022-0070

Pedro Pierluisi Urrutia en

su capacidad como

Gobernador del Gobierno de

Puerto Rico; Departamento

de Salud, por conducto de

su Secretario, Dr. Carlos

Mellado López

Peticionarios

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado Señor

ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2023.

La

controversia

representaba

el

que

escenario

hoy

atiende

ideal

para

este

que

Tribunal

ejerciéramos

nuestro rol y pautáramos normas claras en torno a la validez

de las órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador de

Puerto Rico durante una de las emergencias de salud pública

de mayor envergadura en nuestra historia reciente.

En ese sentido, resultaba imperativo que precisáramos,

de una vez y por todas, que el Gobernador de Puerto Rico

posee

la

facultad

de

promulgar

órdenes

ejecutivas

relacionadas con la emergencia del COVID-19 en aras de

proteger el bienestar, la salud y la seguridad de las y los

puertorriqueños. Además, correspondía que afirmáramos que,

AC-2022-0070

2

en virtud de los poderes delegados y las leyes vigentes, el

Ejecutivo puede encomendar válidamente ciertas facultades en

el Secretario de Salud para que sea este quien recomiende

las medidas apropiadas para combatir la pandemia del COVID19 y sus variantes.

Empero,

sobre

la

al

prevalecer

una

perspectiva

y

la

justiciabilidad

conservadora

academicidad

de

la

controversia, la determinación de este Tribunal no alcanzó

a

validar

la

forma

en

que

se

promulgaron

ejecutivas

en

cuestión,

así

como

tampoco

las

su

órdenes

contenido

sustantivo. En cambio, a la luz de mi visión liberal con

respecto al principio de justiciabilidad, soy del criterio

de que los cambios fácticos y jurídicos acaecidos en este

caso no hacen de este recurso uno académico. Como veremos,

estamos frente a una controversia viva y presente que exigía

brindar certeza en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto

al requisito de vacunación compulsoria y el uso obligatorio

de mascarillas como medidas para combatir la pandemia del

COVID-19 y propiciar el retorno presencial a los centros

educativos públicos y privados en Puerto Rico.

A pesar de esta divergencia de criterios, estoy de

acuerdo con el efecto ulterior de la determinación a la que

hoy arribamos, esto es, dejar sin efecto el dictamen del

Tribunal de Apelaciones mediante el cual se concluyó que el

Gobernador no tiene la capacidad de emitir orden alguna

relacionada con la pandemia provocada por el COVID-19 que

afecte los derechos y las obligaciones de la ciudadanía.

AC-2022-0070

3

No obstante, toda vez que se mantienen en vilo las

órdenes ejecutivas que el Primer Ejecutivo ha promulgado de

tiempo en tiempo para atender la emergencia del COVID-19, me

veo en la obligación de hacer constar que este Tribunal debió

emitir una Opinión y ejercer su rol de pautar el Derecho y

no limitarse a emitir una Sentencia. Me explico.

I

El 29 julio de 2021, un grupo compuesto por madres y

padres

de

estudiantes

de

edad

escolar,

estudiantes

universitarios y maestras y maestros de escuelas públicas y

privadas (Demandantes) cuestionó la validez de la Orden

Ejecutiva Núm. OE-2021-054 promulgada por el Gobernador de

Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia (Gobernador), y de

las Órdenes Administrativas Núm. OA-2021-508, OA-2021-508A

y OA-2021-509, emitidas por el Secretario del Departamento

de Salud de Puerto Rico, Dr. Carlos Mellado López (Secretario

de Salud o Secretario).

En

particular,

los

Demandantes

plantearon

que

los

mandatos establecidos a través de estas órdenes restringían

el derecho constitucional de estos y sus hijos a la dignidad,

a

la

integridad

corporal,

a

la

autodeterminación

y

al

disfrute de la vida sin sujeción a coacción gubernamental.

Además, arguyeron que a esa fecha no se justificaba que el

Gobierno continuara imponiendo restricciones relacionadas al

COVID-19 a través de decretos, sino que este debía acudir a

la Asamblea Legislativa por imperativo del principio de la

separación de poderes.

AC-2022-0070

Para

un

4

mejor

entendimiento

de

la

controversia,

examinemos brevemente el contenido de tales órdenes.

A. Orden Ejecutiva Núm. OE-2021-054

En esencia, mediante la Orden Ejecutiva Núm. OE-2021054, se expuso que los estudios científicos validaban que

las vacunas eran efectivas contra el COVID-19. Así las cosas,

el Gobernador delegó en el Secretario de Salud “el poder de

establecer

las

guías,

directrices,

protocolos

y

recomendaciones para atender —de forma particularizada por

cada servicio, negocio, actividad o área, según sea necesario

según el riesgo de contagio— la emergencia del COVID-19” y

estableció que “las medidas adoptadas por el Secretario de

Salud aplicarán a la población en general”.1 Lo anterior se

fundamentó en que “aún continúa el estado de emergencia en

todo Puerto Rico decretado para atender la pandemia, según

declarado en el Boletín Administrativo Núm. OE-2020-020”,

por lo que, hasta que el Secretario determinara que la

1Véase,

Orden Ejecutiva Núm. OE-2021-054, pág. 3.

Nótese que el Boletín Administrativo Núm. OE-2020-020 de 12

de marzo de 2020 continúa en vigor y, a su amparo, se decretó

el primer “estado de emergencia” en todo Puerto Rico para

atender el brote del COVID-19. Según surge de esta orden

ejecutiva, tal actuación encontró apoyo en lo dispuesto en

la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico,

infra, estatuto mediante el cual la Asamblea Legislativa le

delegó al Gobernador la facultad para decretar un estado de

emergencia o desastre. A raíz del estado de emergencia

decretado, se facultó al gobierno a llevar a cabo todos los

esfuerzos e implementar todas aquellas medidas necesarias

para salvaguardar la salud pública ante la pandemia del

COVID-19. Íd., pág. 1.

AC-2022-0070

5

pandemia cesó o estaba controlada “dicha declaración de

estado de emergencia se mantendrá vigente”.2

B. Órdenes Administrativas Núm. OA-2021-508, OA-2021508A y OA-2021-509

En virtud del poder delegado, el Secretario de Salud

aprobó las Órdenes Administrativas Núm. OA-2021-508, OA2021-508A y OA-2021-509 (Directrices de Salud) que aquí se

impugnan. Mediante estas, se ordenó, entre otros asuntos, el

uso de mascarillas y la vacunación compulsoria contra el

COVID-19 como requisitos para que el estudiantado mayor de

doce (12) años y el personal docente regresaran de forma

presencial a las escuelas o universidades.

Es, pues, por razón de la Orden Ejecutiva Núm. OE-2021054 y las Directrices de Salud que los Demandantes arguyeron

que los mandatos instaurados mediante estas restringían sus

derechos

constitucionales.

restricciones

debían

ser

Además,

alegaron

promulgadas

por

que

la

tales

Asamblea

Legislativa, no por el Gobernador.

Con posterioridad a la Orden Ejecutiva Núm. OE-2021-054

y las Directrices de Salud, se promulgó la Orden Ejecutiva

Núm.

OE-2022-19

de

Administrativas

Núm.

7

de

marzo

de

2022

y

OA-2022-53

de

8

marzo

de

las

Órdenes

de

2022

(Directriz 533)3 y OA-2022-548 de 13 de septiembre de 2022

2Véase,

3Véase,

Orden Ejecutiva Núm. OE-2021-054, pág. 3.

http://www.salud.pr.gov/CMS/DOWNLOAD/5952

(última visita, 14 de febrero de 2023).

AC-2022-0070

(Directriz

6

548),4

las

cuales

eliminaron

la

política

de

vacunación y el uso de las mascarillas impugnado.

A la luz de estas, un sector de este Tribunal concluye

que el recurso se tornó académico casi en su totalidad por

motivo de la aprobación de esas normas.5 Difiero de esta

conclusión.

II

A.

Como

es

conocido,

la

academicidad

es

una

de

las

doctrinas que autolimita la intervención judicial en una

controversia. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180

DPR 920, 932 (2011). Generalmente, se invoca la doctrina

4Véase,

https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/6576

(última visita, 14 de febrero de 2023).

5Además,

aunque algunos miembros de este Tribunal

correctamente reconocen la legitimación activa de los

Demandantes para cuestionar la validez procesal y sustantiva

de las órdenes ejecutivas en cuestión, se proyecta una visión

limitante a esta doctrina. Discrepo de ello, principalmente,

pues, desde la perspectiva de los Demandantes, existe un

peligro potencial de que el Estado interfiera ilegítimamente

con sus garantías constitucionales. Independientemente de la

validez en los méritos de tal reclamo, el mecanismo de la

sentencia declaratoria habilita la impugnación de su faz de

las órdenes ejecutivas cuestionadas, controversia que

venimos llamados a atender los tribunales. Véase, Senado de

PR v. ELA, 203 DPR 62 (2019) (disponiéndose que la sentencia

declaratoria es un “mecanismo remedial y profiláctico que

permite anticipar la dilucidación de los méritos de

cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando

exista un peligro potencial contra quien la solicita”).

(Negrillas suplidas). Íd., pág. 71 (citas omitidas); Rámos,

Méndez v. García García, 203 DPR 379, 394 (2019)

(estableciéndose que “[c]uando la causa de acción de

presenta

en

contra

de

agencias

y

funcionarios

gubernamentales, los tribunales interpretarán los criterios

de la legitimación activa de manera más flexible y liberal”).

(Negrillas y énfasis suplidos en el original). Íd., pág.

395.

AC-2022-0070

7

como una norma que limita la intervención judicial en aras

de “evitar el uso innecesario de los recursos judiciales e

impedir precedentes que resulten superfluos”. Íd.

Específicamente, la academicidad de una controversia

surge cuando los cambios fácticos o judiciales ocurridos

tornan ficticia su solución. Super Asphalt v. AFI y otro;

206 DPR 803, 816 (2021); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, supra, págs. 932-933; Com. de la Mujer v. Srio. de

Justicia, 109 DPR 715, 724–725 (1980). Dicho de otro modo,

un caso no es justiciable —o sea, académico— en ausencia de

una

controversia

real,

o

cuando,

por

alguna

razón,

el

dictamen a emitirse no tendría efectos prácticos sobre el

pleito existente. San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe.,

174 DPR 640, 652 (2008).

En

ese

sentido,

una

controversia

puede

tornarse

académica cuando su condición viva cesa por el transcurso

del tiempo, por lo que se hace innecesario el uso de los

recursos judiciales en la emisión de un precedente superfluo

que no provocará diferencia alguna en los intereses legales

de las partes. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR

253, 281 (2010); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz,

supra. Ahora bien, al evaluar la academicidad de un pleito,

hay que centrarse en la relación existente entre los eventos

pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad presente.

Véase,

Super

Asphalt

v.

AFI

y

otro,

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra.

supra;

Asoc.

AC-2022-0070

8

Además, “[e]n vista de que la justiciabilidad es una

doctrina

autoimpuesta,

los

propios

tribunales

deben

preguntarse y evaluar si es o no apropiado entender en un

determinado caso, mediante un análisis que les permit[a]

ejercer

su

discreción

en

cuanto

al

límite

de su

poder

constitucional”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz,

supra, pág. 931 (citando a Smyth, Puig v. Oriental Bank, 170

DPR 73, 76 (2007) (Voto de conformidad del Juez Presidente

Hernández Denton)).

Precisamente, esa introspección y evaluación debe ser

constante. Por tanto, reitero que, bajo mi prisma liberal

en

torno

a

la

autolimitación

judicial

por

razones

de

justiciabilidad, es menester no perder de perspectiva las

siguientes realidades: (1) que “[a]lgunos estados de Estados

Unidos […], al igual que Puerto Rico, no tienen un requisito

textual

de

caso

o

controversia

en

sus

respectivas

constituciones estatales”; (2) que algunos estados de los

Estados

Unidos

“han

rechazado

incorporar

las

normas

federales de justiciabilidad”, y (3) que “las diferencias

textuales, estructurales, históricas y funcionales entre

nuestro ordenamiento jurídico y el federal” no pueden ser

ignoradas

totalmente

justiciabilidad.6

A

al

fin

realizar

de

una

cuentas,

evaluación

tal

sobre

autolimitación

judicial se trata, más que todo, de una norma de prudencia

6(Negrillas

suplidas y énfasis en el original omitido).

J. M. Farinacci Fernós, Cualquier persona: La facultad

plenaria

de

la

Asamblea

Legislativa

para

otorgar

legitimación activa por la vía estatutaria, 84 Rev. Jur. UPR

359, 366 (2015).

AC-2022-0070

9

en cuanto a la intervención judicial en una controversia en

particular.

Establecido lo anterior, resalto que el pleito ante

nuestra consideración presenta controversias que tendrán un

efecto

real

consecuencia,

en

el

esta

interés

legal

controversia

no

de

las

partes.

es

académica

En

como

interpreta un sector de este Tribunal.

Por una parte, si bien a través de la Orden Ejecutiva

Núm. OE-2022-019 y la Directriz 533 se eliminó el mandato de

vacunación, esto no aplica a toda la población estudiantil

en iguales términos.7 A consecuencia de la Directriz 533,

únicamente “[l]os estudiantes entre los cinco (5) a quince

(15) años quedan exceptuados del requisito de vacunación

compulsoria”.8

Esto,

por

sí

solo,

demuestra

que

la

controversia ante nuestra consideración, en lo que respecta

al mandato de vacunación compulsoria en aquellos estudiantes

con 16 años o más, no es académica. En apoyo a lo que

antecede, adviértase que en un Aviso importante [sobre los

r]equisitos de vacunación para el curso escolar 2022-2023

7Según

se indicó, la Directriz 548 eliminó el requisito

del uso obligatorio de mascarillas. Tal y como expondremos

más adelante, sostengo que el hecho de que ahora el uso de

las mascarillas sea opcional no hace académica esta

controversia en particular, pues son de aplicabilidad

algunas de las excepciones a tal doctrina. Para una discusión

al respecto, véase las págs. 11 a la 19 de esta Opinión de

conformidad.

8Al

igual que las órdenes y directrices predecesoras,

se mantuvo la norma de que los estudiantes que tengan una

excepción médica o religiosa no están obligados a cumplir

con el requisito de vacunación compulsoria.

AC-2022-0070

10

emitido por el Departamento de Salud, se reitera que “todos

los estudiantes que se matriculen en cualquier institución

del país pública o privada, deben tener administradas “[d]os

(2) dosis de la vacuna contra el Covid-19 a partir de los 16

años

en

adelante”.9

Por

tal

razón,

además,

existe

una

controversia viva con respecto a aquellos estudiantes de 16

años o más que continúan con la obligación de cumplir con el

mandato

vigente

de

vacunación

compulsoria.

Contrario

al

razonamiento de un sector de este Tribunal, esta no es la

única controversia que mantiene su vigencia.

Ello, pues, esta disputa tampoco se ha tornado académica

en cuanto al cuestionamiento de los Demandantes sobre la

validez de la facultad y la forma en que el Gobernador y el

Secretario promulgaron la Orden Ejecutiva Núm. OE-2021-054

y las Directrices de Salud en cuestión. Ello, máxime, por

razón de que, posterior a que se iniciara este pleito, se

han aprobado una multiplicidad de órdenes análogas con el

fin

de

modificar

las

medidas

dirigidas

a

atender

la

emergencia del COVID-19. Lo expuesto contrasta directamente

con la determinación del Tribunal de Apelaciones a los fines

de que:

[1] el Gobernador no está autorizado por [ley]

para emitir orden alguna, relacionada con la

pandemia provocada por el COVID-19, que afecte los

derechos y obligaciones de terceros[,] y [2] el

Secretario de Salud, en cuanto disponga sobre

medidas que afecten los derechos y obligaciones de

9Véase,

Aviso importante [sobre los] Requisitos de

vacunación

para

el

curso

escolar

2022-2022,

https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/6220 (última visita,

14 de febrero de 2023).

AC-2022-0070

11

terceros, deberá actuar de conformidad con el

proceso dispuesto en la [Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, infra] sobre adopción de

reglamentos.10

Por

ende,

se

mantiene

vigente

la

interrogante

relacionada con el poder que tiene el Gobernador para emitir

órdenes ejecutivas en el contexto de la emergencia del COVID19 y, si a la luz del poder conferido, este puede delegar

ciertas facultades en el Secretario de Salud.

B.

Por otra parte, ante el planteamiento de que algunas de

las controversias se tornaron ficticias por el transcurso

del tiempo, valga recordar que la doctrina de la academicidad

no limita nuestras facultades revisoras absolutamente. En

ese sentido, la academicidad en sí misma reconoce una serie

de excepciones que nos permiten atender un caso que, de otro

modo, técnicamente sería académico en cuanto a su resultado

o efecto inmediato. P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 676

(1995).

Expuesto lo anterior, puntualizo que en la controversia

de

autos

se

configuran,

a

lo

menos,

dos

(2)

de

las

excepciones a la doctrina de la academicidad. Estas son,

cuando: (1) la controversia es una cuestión recurrente o

susceptible de volver a ocurrir, y (2) la situación de hechos

ha sido cambiada por el demandado, pero no tiene visos de

permanencia. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184

10Véase,

30.

Sentencia [del Tribunal de Apelaciones], pág.

AC-2022-0070

12

DPR 133, 151 (2011); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I,

supra.

Veamos, entonces, la aplicación de estas excepciones a

los hechos de este caso.

i. Cuestión recurrente

Primeramente, es norma reiterada por este Tribunal que

la excepción de cuestión recurrente aplica si están presentes

los

requisitos

siguientes:

(1)

la

probabilidad

de

la

recurrencia; (2) la identidad de las partes involucradas, y

(3) la probabilidad de que el asunto sea capaz de evadir la

revisión judicial. Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185

DPR 307, 334-335 (2012); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, supra, pág. 934.

Si

bien

estos

elementos

se

interrelacionan,

“la

probabilidad de la recurrencia […] es el factor primario en

el proceso de concluir si una determinación afirmativa de

academicidad

promoverá

la

finalidad

de

la

economía

o

autolimitación judicial”.11 Con menor prelación, le sigue el

factor que exige la probabilidad de que el asunto sea capaz

de evadir la revisión judicial, lo cual se manifiesta “con

mayor frecuencia en aquellas controversias que son de por sí

de muy corta duración”.12 Por último, y en cuanto a la

identidad de las partes, basta con que sea “susceptible de

surgir

nuevamente

11(Negrillas

aunque

no

sea

entre

los

mismos

suplidas).

Asoc.

de

Periodistas

González, 127 DPR 704, 721 (1991) (citas omitidas).

12Íd.

v.

AC-2022-0070

13

protagonistas”.13 De concurrir estos factores, la excepción

de cuestión recurrente salvaría un reclamo de un desafío de

academicidad.

Bajo este marco, destaco que existe una probabilidad

razonable de que el Gobernador o el Secretario de Salud, a

la luz del surgimiento de nuevas variantes o de un alza

exponencial en los contagios o fatalidades causadas por el

COVID-19, reinstale una directriz relacionada con el uso

obligatorio

de

la

mascarilla

en

el

plantel

escolar

y,

entonces, se repita la controversia.14 A tal efecto, existe

una expectativa legítima de que los aquí Demandantes, el

padre

de

un

menor

o

algún

maestro,

se

afecten

por

la

imposición de las órdenes ejecutivas cuestionadas o aquellas

de similar naturaleza que se implementen posteriormente.15

Asimismo, toda vez que la reimposición del uso obligatorio

de mascarillas puede responder a una estrategia a corto plazo

del Ejecutivo dirigida a evitar la propagación de la pandemia

13Íd.

(Énfasis suplido en el original omitido) (cita

omitida).

14Para

una referencia actualizada sobre el COVID-19 y

sus nuevas variantes a nivel mundial, véase, Rastreador de

datos del COVID de los Centros para el Control y la

Prevención

de

Enfermedades,

https://espanolcovid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-summary

(última

visita, 14 de febrero de 2023).

15Dado

el alto interés público y la estrecha relación

entre lo cuestionado y ciertas garantías constitucionales de

la más alta jerarquía, no es necesaria la observancia

estricta de tal identidad. Lozada Tirado et al. v. Testigos

Jehova, 177 DPR 893, 909 (2010) (citando a P.N.P. v.

Carrasquillo, 166 DPR 70, 77 (2005)).

AC-2022-0070

14

del COVID-19, es razonablemente plausible que esta se torne

académica antes de que sea revisada por los tribunales.

Sobre

el

cumplimiento

con

este

último

requisito,

adviértase que la pandemia del COVID-19 ha requerido una

modificación constante de las medidas implementadas, lo cual

potencializa que la polémica en torno al uso compulsorio de

mascarillas eluda la adjudicación o revisión judicial. Como

evidencia de lo anterior, destáquese que, en un periodo entre

los dos (2) y tres (3) años desde que se decretó la primera

orden ejecutiva relacionada con el COVID-19, el Ejecutivo ha

promulgado

más

de

60

órdenes

adicionales

con

fines

análogos.16

Siendo ello así, resulta indudable que la controversia

relacionada con el uso de las mascarillas representa una

cuestión susceptible de volver a ocurrir, por lo que esta no

se ha tornado académica.

ii. Cesación voluntaria

Por su parte, la excepción de la cesación voluntaria

sin visos de permanencia se fundamenta en que un caso es

académico solo si: (1) puede asegurarse que la infracción

alegada no volverá a ocurrir, y (2) los eventos ocurridos

han erradicado completa e irrevocablemente los efectos de la

infracción alegada. Véase, U.P.R. v. Laborde Torres y otros,

supra, pág. 283. Ello se logra requiriendo a quien alegue la

16Véase,

Órdenes Ejecutivas, Departamento de Estado,

https://www.estado.pr.gov/en/executive-orders/

(última

visita, 14 de febrero de 2023).

AC-2022-0070

15

academicidad que demuestre afirmativamente que el cese de la

conducta

tiene

un

carácter

permanente.

Véase,

Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 938; El Vocero

v. Junta de Planificación, 121 DPR 115, 124 (1988).17

A esos efectos, en Tandon v. Newsom, 141 S. Ct. 1294

(2021), el Tribunal Supremo federal precisó que el hecho de

que una restricción del Estado por razón del COVID-19 sea

dejada

sin

efecto

durante

el

curso

de

un

litigio

“no

necesariamente hace que el caso sea académico”. Ello, pues,

si la parte afectada “sigue estando bajo la constante amenaza

de que los funcionarios gubernamentales usarán su poder para

reinstaurar

las

restricciones

cuestionadas”,

el

reclamo

puede superar la academicidad de la controversia.18

17Recuérdese

que:

El peso de la prueba recae en la parte

que alega que el pleito es académico. Es

decir, corresponde a ésta demostrar que el

cambio

de

conducta

para

culminar

la

controversia es permanente y no es razonable

esperar que revierta. En ese sentido, si la

parte demandada puede probar que no existe

una expectativa razonable de que la conducta

impugnada se repita, entonces el caso es

académico.

U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, págs. 283284 (cita depurada).

18(Traducción

suplida). El texto íntegro lee como sigue:

[E]ven if the government withdraws or

modifies a COVID restriction in the course

of litigation, that does not necessarily

moot the case. And so long as a case is not

moot,

litigants

otherwise

entitled

to

emergency injunctive relief remain entitled

to such relief where the applicants “remain

under a constant threat” that government

AC-2022-0070

Bajo

16

este

levantamiento

contexto,

de

la

afirmo

que,

a

en

el

obligatoriedad

pesar

del

uso

la

de

mascarilla, este no tiene visos de permanencia. Como muestra

de que la reimposición del uso de la mascarilla puede ocurrir

en

cualquier

momento,

detallo,

primeramente,

que

el

Departamento de Salud mantiene un Sistema de vigilancia de

COVID-19

en

instituciones

educativas:

Informe

de

casos

activos de COVID-19 entre los miembros de las comunidades

escolares y de las pruebas para la detección de COVID-19 en

las escuelas K-12 (Sistema de Vigilancia o Informe de COVID19 Escolar).19

Mediante este Informe de COVID-19 Escolar, el cual ha

sido realizado desde etapas tempranas de la pandemia y se

continúa preparando hasta el día de hoy, se contabiliza

bisemanalmente el total de: (1) casos confirmados; (2) casos

probables; (3) casos detectados por el sistema de vigilancia;

(4) instituciones con brotes K-12; (5) brotes K-12 activos,

y (6) casos asociados a brotes K-12. Nótese que el último

Informe de Covid-19 Escolar fue publicado tan reciente como

el 20 de enero de 2023 y recopila las Semanas Epidemiológicas

officials will use their power to reinstate

the challenged restrictions. Roman Catholic

Diocese [of Brooklyn v. Cuomo], 592 U. S.,

at ––––, 141 S.Ct. [63], at 68; see also High

Plains Harvest Church v. Polis, 592 U. S. –

–––, 141 S.Ct. 527, 208 L.Ed.2d 503 (2020).

Íd., pág. 1297.

19Véase,

https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/7221

(última visita, 14 de febrero de 2023).

AC-2022-0070

17

del 1 al 7 de enero de 2023 y del 8 al 14 de enero de 2023.

Ello,

sin

duda alguna,

Departamento

de

Salud

es

prueba

continúa

fehaciente

de

con

recolección

“la

que

el

sistemática, continua, oportuna y confiable de los datos, y

el análisis e interpretación de estos, para la toma de

decisiones y su diseminación”.20

Lo anterior, junto con el hecho de que aún se mantiene

vigente la declaración de emergencia del COVID-19,21 propende

a que, ante un repunte exponencial en los casos de COVID-19,

se reinstale fácilmente la obligatoriedad del uso de la

mascarilla para prevenir y detener la propagación del virus.

Máxime cuando la flexibilización del uso de la mascarilla

entró en vigor el pasado 13 de septiembre de 2022 y, según

surge de la propia orden administrativa, fue producto de la

baja tasa porcentual de contagiados en ese entonces.22

20(Negrillas

y énfasis suplidos). Íd., pág. 3.

21Refiérase

al esc. 1 de esta Opinión de conformidad

(haciéndose alusión a la Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-020,

la cual sigue vigente y constituyó la primera declaración de

emergencia del COVID-19. Tal declaración de emergencia,

incluso, ha sido reafirmada consecuentemente hasta la

actualidad).

22Específicamente,

la

Directriz

548

dispuso

siguiente:

Con

la

presente

Orden

Administrativa,

enmendamos la OA Núm. 2020-533, para

eliminar la obligatoriedad del uso de la

mascarilla en las instituciones educativas

en la Isla. Entendemos que las iniciativas

a favor de la vacunación, así como el

porciento de personas que ha sido contagiada

durante los pasados meses, permite que se

pueda flexibilizar este requisito.

(Negrillas suplidas). Íd., pág. 4.

lo

AC-2022-0070

18

Lo que es más, el Ejecutivo no rebatió el peso de la

prueba en cuanto a que el uso de la mascarilla en las escuelas

o

universidades

reinstauración

no

de

volverá

tal

a

ser

restricción,

requerido

tal

y

porque

como

ha

la

sido

siempre, dependerá de que las circunstancias particulares

del COVID-19 y su evolución lo exijan.

Ante la imposibilidad de que exista garantía alguna con

respecto a la no reimposición del uso de mascarillas mientras

subsista la emergencia del COVID-19, el cese acaecido no

hace académica esta controversia. No puede ser de otra forma.

Recordemos que las excepciones a la doctrina de la

academicidad adquieren una prominencia mayor cuando se trata

de controversias como la de autos en las que existe un alto

interés público, se pretende proteger los intereses de la

justicia y están en juego cuestiones constitucionales de la

más alta jerarquía. Rosa Lydia Vélez v. Departamento de

Educación, 209 DPR 79, 98 (2022) (citando a Consejo de

Titulares v. Chamah Martínez, 202 DPR 173, 218 (2019) (Voto

particular

disidente

del

Juez

Asociado

Señor

Estrella

Martínez); Pueblo v. Jorge Moreu, 201 DPR 799, 812 (2019)

(Voto particular disidente del Juez Asociado Señor Estrella

Martínez); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra,

pág. 725).

Así las cosas, afirmo nuevamente que las normas de

autolimitación

judicial

constituyen

un

ejercicio

de

prudencia, pero estas no pueden servir de impedimento, y

AC-2022-0070

19

mucho menos de excusa, para otorgar remedios judiciales

adecuados, completos y oportunos en controversias como la

que nos ocupa. Máxime cuando su aplicabilidad errónea provoca

la

activación

de

las

consecuencias

negativas

que

precisamente persiguen evitar las excepciones de la doctrina

de la academicidad.

Procedía,

controversia

entonces,

era

que

justiciable

declaráramos

y,

que

la

consecuentemente,

la

atendiéramos en sus méritos. Toda vez que no se adoptó ese

curso de acción correcto, expongo las razones por las que,

de

forma

fundamentada,

revocaría

el

dictamen

del

foro

apelativo intermedio.

III

Según adelantado, el Tribunal de Apelaciones invalidó

la

forma

en

que

las

órdenes

ejecutivas

y

directrices

administrativas fueron promulgadas por el Gobernador y el

Secretario

de

Salud,

respectivamente.

El

foro

apelativo

intermedio razonó que la fuente de ley en la que se apoyaron

tales órdenes —esto es, la Ley del Departamento de Seguridad

Pública de Puerto Rico, infra,— no contiene un principio

inteligible, por lo que el Gobernador no está autorizado a

emitir orden alguna que afecte derechos de terceros al amparo

de esta ley. De este modo, concluyó que toda reglamentación

de aplicación a la ciudadanía debía realizarse mediante la

aprobación de un reglamento conforme a Derecho. Discrepo de

este raciocinio.

AC-2022-0070

20

A.

Como parte del principio de separación de poderes que

rige en nuestro ordenamiento jurídico, al Primer Ejecutivo

se le delegó, entre otros deberes, funciones o atribuciones,

el poder de “[c]umplir y hacer cumplir las leyes”. Art. IV,

Secc. 4, Const. PR, LPRA, Tomo 1. En la práctica, una de las

herramientas utilizadas por el Gobernador para instrumentar

tales poderes delegados son las órdenes ejecutivas.23

En ese sentido, resulta incuestionable la facultad que

posee

el

Gobernador

para

emitir

órdenes

ejecutivas.

Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 463-464

(2014); Otero de Ramos v. Srio. de Hacienda, 156 DPR 876,

892 (2002) (disponiéndose que “un gobernador tiene el poder

inherente de emitir órdenes ejecutivas”). Ahora bien, la

promulgación de tales órdenes tiene que realizarse a tenor

con los poderes conferidos por la Constitución o una ley.24

Cónsono

con

ello,

la

Asamblea

Legislativa

históricamente ha delegado debidamente en el Poder Ejecutivo

poderes de naturaleza cuasilegislativa para la atención de

23J.

M. Farinacci Fernós, Las órdenes ejecutivas, el

poder legislativo y las emergencias, 3 Amicus, Rev. Pol.

Púb. y Leg. UIPR 190, 192 (2020).

24Para

un análisis detallado sobre los poderes del

gobernador y el uso de las órdenes ejecutivas como

instrumento de acción del Ejecutivo, véase, W. Vázquez

Irizarry, Los poderes del Gobernador de Puerto Rico y el uso

de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur. UPR 951 (2007).

AC-2022-0070

21

ciertas emergencias, las cuales, dicho sea de paso, suelen

ser atendidas mediante órdenes ejecutivas.25

De hecho, tan reciente como en el 2017, se aprobó la

Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico,

Ley

Núm.

20-2017,

25

LPRA

sec.

3501

et

seq.

(Ley

del

Departamento de Seguridad Pública). En virtud de esta ley se

facultó

al

emergencia,26

ejecutiva.

Gobernador

para

que,

este

pueda

decretarlo

así

Específicamente,

se

en

situaciones

mediante

estableció

que,

de

orden

“[e]n

situaciones de emergencia o desastre, el Gobernador de Puerto

Rico podrá decretar, mediante proclama, que existe un estado

de emergencia o desastre, según sea el caso, en todo el

territorio de Puerto Rico o en parte del mismo”.27

25Véase,

a modo de ejemplo, la Ley sobre declaración de

epidemias, infra. Asimismo, refiérase a la Ley de

procedimientos para situaciones o eventos de emergencia, Ley

Núm.

76-2000,

3

LPRA

sec.

1941

(disponiéndose

la

flexibilización de ciertas medidas “[d]urante el periodo de

tiempo que dure una emergencia así declarada mediante Orden

Ejecutiva por el Gobernador de Puerto Rico” en aras de

salvaguardar la vida, la salud y el bienestar de la

ciudadanía). (Negrillas suplidas). Íd.

26Esta

ley define emergencia como sigue:

Significa

cualquier

situación

o

circunstancia para la cual sean necesarios

los

esfuerzos

estatales

y

municipales

encaminados a salvar vidas y proteger

propiedades, la salud y seguridad pública,

o para minimizar o evitar el riesgo de que

ocurra un desastre en cualquier parte de

Puerto Rico.

25 LPRA sec. 3643(e). Para la definición de desastre,

refiérase a la sec. 3643(c).

27(Negrillas

suplidas). 25 LPRA sec. 3650.

AC-2022-0070

22

Por medio del Art. 5.10 de la Ley del Departamento de

Seguridad Pública, supra, se dotó al Ejecutivo de ciertos

poderes

extraordinarios

para

atender

la

emergencia

así

declarada.28 Así pues, la intención clara de la Asamblea

Legislativa es, y siempre ha sido, facultar al Gobernador

para

que

este

pueda

eficiencia

en

aquellas

promulgación

de

una

actuar

con

mayor

circunstancias

orden

flexibilidad

que

ejecutiva

motivan

decretando

y

la

una

emergencia.

No cabe duda de que la pandemia del COVID-19 está

cobijada por la definición de emergencia estatuida en la Ley

del Departamento de Seguridad Pública, supra. Más allá de la

amplitud de su definición, la intención de la Asamblea

Legislativa ha sido tan evidente que, el 5 de abril de 2020,

aprobó la Ley Núm. 35-2020 con el propósito de penalizar el

incumplimiento de la ciudadanía a una orden ejecutiva del

Gobernador

estableciendo

un

decreto

de

emergencia

o

desastre. Véase, 25 LPRA sec. 3654(e). Según surge de la

Exposición de Motivos, la enmienda aludida respondió al

interés del Estado de que

no

se “obvi[en] las

medidas

dispuestas por el Gobierno de Puerto Rico en protección de

sus ciudadanos con el fin de evitar la propagación del

virus”.29

28Véase,

Íd., sec. 3650.

29(Negrillas

suplidas). Íd., pág. 1.

AC-2022-0070

23

Evidentemente, contrario a lo resuelto por el Tribunal

de Apelaciones, la Asamblea Legislativa, en virtud de la Ley

del

Departamento

de

Seguridad

Pública,

supra,

facultó

válidamente al Gobernador para que este emita una orden

ejecutiva declarando una emergencia y le confirió ciertos

poderes extraordinarios para atenderla. Ello, con el fin de

que “los ciudadanos [tengan] la confianza de que, en caso de

una emergencia, el Gobierno estatal estará disponible y listo

para prestarle auxilio inmediato y adecuado para salvar su

vida, su salud, su familia y su propiedad”.30

Aclarado este extremo, procedo a exponer porqué las

órdenes ejecutivas promulgadas por el Gobernador se ubican

dentro de la facultad que se le delegó a través de la Ley

del Departamento de Seguridad Pública, supra.

B.

En el pasado, este Tribunal ha examinado controversias

relacionadas con la validez de los poderes cuasilegislativos

delegados al Ejecutivo en virtud de una ley bajo la doctrina

de la delegación de poderes.31

Al

así

hacerlo,

reiteradamente

se

ha

validado

la

delegación de poderes por parte de la Asamblea Legislativa

al

Ejecutivo

siempre

y

cuando:

(1)

medie

un

principio

30(Negrillas

suplidas). Exposición de Motivos de la Ley

del Departamento de Seguridad Pública, supra, pág. 2.

31Nótese

que este análisis es independiente, y sin

perjuicio, de los criterios establecidos en la esfera

federal a partir de Youngstown Sheet & Tube Co. V. Sawyer,

343 US 579 (1952).

AC-2022-0070

24

inteligible; (2) el Poder Ejecutivo actúe dentro de los

parámetros conferidos en la ley habilitadora, y (3) las

actuaciones

ejecutivas

no

resulten

arbitrarias

o

caprichosas. Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et al., 184

DPR 95, 119–122 (2011); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I,

178 DPR 1, 93 (2010).32

La determinación de si cierta legislación en cuestión

contiene un principio inteligible requiere un “análisis caso

a caso en el que se ausculte la delegación conferida y los

criterios establecidos por el legislador”. Sánchez et al. v.

Depto.

Vivienda

et

al.,

supra,

pág.

122.

Ahora

bien,

reitérese que:

[N]ada impide que la Legislatura apruebe una

ley con unas “normas generales que sean

amplias y que dejen al [Ejecutivo] un

adecuado

margen

de

libertad

para

complementar

las

normas

legislativas

mediante la utilización de un juicio

especializado, que se pueda desarrollar

conforme a un análisis, apreciación y

32Al

respecto, el profesor Jorge M. Farinacci Fernós,

expone lo siguiente:

Para

que

una

delegación

sea

constitucionalmente

válida,

esta

debe

cumplir con ciertas exigencias. Entre estas

podemos identificar: (1) que se trate de un

poder delegable, (2) que, en efecto, se haya

llevado a cabo la delegación, (3) que se

acompañen

suficientes

principios

inteligibles para guiar el ejercicio del

poder cuasi-legislativo delegado, (4) que la

entidad a la que se le otorga el poder actúe

dentro de los límites establecidos por la

ley, y (5) que el ejercicio de dicho poder

no sea arbitrario o caprichoso.

J. M. Farinacci Fernós, Las órdenes ejecutivas, el poder

legislativo y las emergencias, supra.

AC-2022-0070

25

discreción [ejecutiva] que tenga una base de

razonabilidad.33

Es por esto que, consecuentemente, hemos dispuesto que

los criterios del principio inteligible “no tienen que ser

expresos,

pueden

surgir,

inclusive,

del

historial

legislativo y pueden ser amplios y generales; si tiene un

fin

o

interés

público,

por

lo

general

es

suficiente

justificación para que se sostenga la delegación”. (Énfasis

suplido en el original). Domínguez Castro et al. v. E.L.A.

I, supra (citando a Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275

(1992); M. & B.S., Inc. V. Depto. de Agricultura, 118 DPR

319 (1987); Hernández Montero v. Cuevas, 88 DPR 785 (1963);

López v. Junta de Planificación, 80 DPR 646 (1958); Hiltons

Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670 (1953); Luce

& Co. v. Junta de Salario Mínimo, 62 DPR 452 (1944)).

Generalmente, la delegación al Ejecutivo de poderes

cuasilegislativos culmina con la aprobación de un reglamento

legislativo con fuerza de ley y de aplicación general. Sin

embargo, nada impide que, “[s]i, en efecto, la Asamblea

Legislativa ha delegado debidamente [al Gobernador] poderes

cuasi-legislativos, [este] pued[a] ejercerlos a través de

33Domínguez

Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 94.

Apréciese que el planteamiento sobre la alegada delegación

inconstitucional de poderes en Domínguez, según el profesor

William Vázquez Irizarry, fue resuelto “de manera cónsona

con la práctica de dar una lectura en extremo generosa al

estatuto impugnado para así identificar los principios

inteligibles que validan la delegación”. (Negrillas en el

original). W. Vázquez Irizarry, Derecho administrativo, 80

Rev. Jur. UPR 637, 663 (2011) (citando a Demetrio Fernández

Quiñones, Derecho administrativo y ley de procedimiento

administrativo uniforme 33-54 (2da ed. 2001)).

AC-2022-0070

una

orden

reglamento

26

ejecutiva.

Se

legislativo

trata

del

adoptado

equivalente

de

por

agencia

una

un

administrativa”.34 Eso, precisamente, fue lo que ocurrió en

el caso de autos.

Nos corresponde, entonces, evaluar si la actuación del

Gobernador al delegar en el Secretario de Salud la imposición

del mandato de vacunación compulsoria y el uso obligatorio

de la mascarilla como medidas para atender la emergencia del

COVID-19 en las escuelas y universidades, encuentra apoyo en

los

poderes

delegados

por

la

Asamblea

Legislativa

al

Ejecutivo. Adelanto que sí. Veamos.

IV

Según expuesto, a través de la Ley del Departamento de

Seguridad Pública, supra, se delegó en el Gobernador la

facultad de, mediante orden ejecutiva, declarar un estado de

emergencia.

De conformidad con la Orden Ejecutiva Núm. OE-2021-054

impugnada por los Demandantes, su promulgación se realizó al

amparo del Art. 5.10, de la Ley del Departamento de Seguridad

Pública, supra, la cual dota al Ejecutivo para que, en

momentos de emergencia, cuente con los poderes siguientes:

b) Podrá dictar, enmendar y revocar aquellos

reglamentos y emitir, enmendar y rescindir

aquellas órdenes que estime convenientes

34J.

M. Farinacci Fernós, Las órdenes ejecutivas, el

poder legislativo y las emergencias, supra, pág. 193. Véase,

además, W. Vázquez Irizarry, Los poderes del Gobernador de

Puerto Rico y el uso de órdenes ejecutivas, supra, pág. 1052

(estableciéndose que “[l]a orden ejecutiva emitida conforme

a una facultad dispuesta en ley constituye, al igual que la

adopción de un reglamento por una agencia, un ejercicio de

poderes delegados por la Asamblea Legislativa”).

AC-2022-0070

27

para regir durante el estado de emergencia

o desastre. Los reglamentos dictados u

órdenes emitidas durante un estado de

emergencia o desastre tendrán fuerza de ley

mientras dure dicho estado de emergencia o

desastre.

(c)

Podrá

darle

vigencia

a

aquellos

reglamentos, órdenes, planes o medidas

estatales para situaciones de emergencia o

desastre o variar los mismos a su juicio.35

De

lo

anterior

surge

diáfanamente

que

la

Asamblea

Legislativa actuó para otorgar al Gobernador el poder de

emitir, modificar y revocar reglamentos y órdenes durante un

estado

de

emergencia.

25

LPRA

sec.

3650(b).

Asimismo,

predispuso que aquellos reglamentos u órdenes promulgados a

tenor con la facultad conferida en el estatuto antes citado,

tendrán fuerza de ley entre las partes. Íd.

Los parámetros provistos por la Asamblea Legislativa

fueron amplios. Al examinar la Ley del Departamento de

Seguridad Pública, supra, vemos que se facultó al Gobernador

para que emitiera aquellas órdenes “que estime convenientes”

durante

una

emergencia,

así

decretada

mediante

orden

ejecutiva, y lo habilitó para modificarlas a su discreción.

25 LPRA sec. 2650 (b)-(c).

Ahora bien, recordemos que la Ley del Departamento de

Seguridad Pública, supra, se promulgó con el propósito de

que “el Gobierno estatal est[é] disponible y listo para

prestarle auxilio inmediato y adecuado para salvar [la] vida

[y] [la] salud” de la ciudadanía en casos de emergencia o

35(Negrillas

y énfasis suplidos). 25 LPRA 3650.

AC-2022-0070

28

desastre.36 La propia definición de emergencia también fue

construida en términos amplios, ya que aplica a “cualquier

situación o circunstancia para la cual sean necesarios los

esfuerzos estatales y municipales encaminados a salvar vidas

y proteger propiedades, la salud y seguridad pública […]”.

25 LPRA sec. 3643(e).

Indubitablemente, el COVID-19 se ubica entre ese tipo

de situaciones de emergencia que requieren esfuerzos por

parte del Ejecutivo para salvaguardar vidas y proteger la

salud y seguridad pública. Si bien sería deseable una mayor

especificidad en este principio inteligible, se sostiene su

validez dado a la preeminencia del interés público que se

pretende proteger mediante la política general legislativa

contenida en la Ley del Departamento de Seguridad Pública,

supra. Lo contrario —es decir, exigir un marco legislativo

detallado como condición para validar las acciones tomadas—

potencialmente ataría de manos al Ejecutivo en la atención

de

la

multiplicidad

de

emergencias

que

pueden

surgir,

atentándose así contra el auxilio inmediato y adecuado que

procura brindar la ley.

Así pues, en virtud de la Orden Ejecutiva Núm. OE-2021054 impugnada, la cual fue debidamente promulgada en virtud

de la Ley del Departamento de Seguridad Pública, supra, se

continuó

con

la

política

de

la

adopción

de

medidas

compulsorias y, además, se delegó en el Secretario de Salud

36Exposición

de Motivos de la Ley del Departamento de

Seguridad Pública, supra, pág. 2.

AC-2022-0070

29

la promulgación de directrices específicas para combatir la

pandemia del COVID-19. A tenor con ello, el Secretario de

Salud emitió la Orden Administrativa Núm. OA-2021-509, la

cual dispone que para que un algún estudiante de doce (12)

años o más pueda asistir de forma presencial a la escuela o

universidad, este tendrá que estar vacunado contra el COVID19 y usar mascarilla.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que el

Secretario de Salud no contaba con esta facultad por razón

de que su promulgación no se hizo conforme a los parámetros

de reglamentación tradicionales delineados en la Ley de

procedimiento administrativo uniforme del Gobierno de Puerto

Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq. (LPAU).

Empero, esta conclusión pasa por alto que la autoridad

del Ejecutivo para delegar en el Secretario de Salud ciertas

particularidades en el manejo de la epidemia del COVID-19

emana tanto del poder horizontal que tiene el Gobernador

para instrumentar su poder constitucional de cumplir y hacer

cumplir

las

leyes,

como

también

de

múltiples

leyes

debidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa. Véase,

Art. IV, Secc. 4, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

En ese sentido, según expone la propia Orden Ejecutiva

Núm. OE-2021-054, tal delegación también está autorizada por

la Ley sobre declaración de epidemias, Ley Núm. 157 de 10 de

mayo de 1938, 24 LPRA sec. 354 et seq., y la Ley orgánica

del Departamento de Salud, Ley Núm. 81 de 14 de marzo de

1912, 3 LPRA sec. 171 et seq.

AC-2022-0070

30

Así pues, la Ley sobre declaración de epidemias, supra,

reconoce el poder del Gobernador para actuar mediante órdenes

ejecutivas

en

caso

de

una

epidemia

y,

específicamente,

designa al Secretario de Salud como el funcionario que tendrá

a cargo la respuesta del Estado mientras dure la emergencia.37

Además, las Secs. 5 y 6 del Art. V de la Constitución

de Puerto Rico y la Ley orgánica del Departamento de Salud,

supra, disponen que el Secretario de Salud es el oficial

ejecutivo a cargo del Departamento de Salud y tiene a su

cargo

todos

los asuntos

que

por

ley

se

le

encomienden

relacionados con la salud, sanidad y beneficencia pública.

Particularmente, el Art. 5 de la ley antes citada dispone

que, en caso de que alguna emergencia amenace la salud en

Puerto Rico, “el Secretario de Salud tomará las medidas que

juzgue necesarias para combatirla”. 3 LPRA sec. 175. Como

parte de estas medidas, la Ley orgánica del Departamento de

Salud,

supra,

específicamente

reconoce

el

poder

del

Secretario de emitir, derogar y enmendar reglamentos con el

fin de, entre otros, prevenir epidemias y proteger la salud

pública. Íd., sec. 179. Consecuentemente, también reconoce

la vacunación obligatoria como una medida para combatir una

epidemia. Id., sec. 353.

37Véase,

Orden Ejecutiva Núm. OE-2021-054, pág. 2. En

síntesis, la Ley sobre declaración de epidemias, supra,

dispone que, “[c]uando una epidemia sea declarada en uno o

varios municipios, mediante proclama del Gobernador de

Puerto Rico, el Secretario de Salud se hará cargo

inmediatamente de la declaración de la epidemia […]”.

(Negrillas suplidas). Íd.

AC-2022-0070

Por

su

31

parte,

la

Ley

de

inmunizaciones

a

niños

preescolares y estudiantes, Ley Núm. 25 de 25 de septiembre

de 1983, 24 LPRA sec. 182 et seq., establece el requisito de

vacunación compulsoria para todos los estudiantes en los

centros educativos del País como condición para la asistencia

a clases presenciales y delega en el Secretario la autoridad

y el deber de establecer para cuáles enfermedades se exigirá

la inoculación obligatoria. 24 LPRA secs. 182, 182a, 182i.

Apréciese que, más allá del poder de razón del Estado

inherente al Gobernador para manejar una emergencia de salud

pública en circunstancias extraordinarias, consecuentemente

la Asamblea Legislativa le ha conferido amplios poderes al

Ejecutivo a través de la aprobación de, entre otras, las

diversas leyes antes discutidas.

Evidentemente,

la

delegación

realizada

por

el

Gobernador en la figura del Secretario de Salud para que sea

este último quien —con su juicio especializado y en virtud

de la data científica disponible— precise la razonabilidad

del uso de mascarilla y la vacunación compulsoria como

medidas para combatir el COVID-19, constituyó un ejercicio

válido

de

los

amplios

poderes

conferidos

al

Ejecutivo

mediante la Ley del Departamento de Seguridad Pública, supra.

Recordemos, pues, que, para propósitos de la doctrina de la

delegación

de

poderes,

es

el

Ejecutivo

quien,

con

su

AC-2022-0070

32

experiencia y conocimientos especiales, puede implementar la

política general que inspira la ley antes citada.38

Para

ello,

apelativo

contrario

intermedio,

a

lo

dispuesto

resulta

por

deseable,

el

foro

mas

no

indispensable, la promulgación de un reglamento conforme a

Derecho.

En

ese

sentido,

sujetar

al

Gobernador

al

cumplimiento obligatorio con un reglamento similar a lo

exigido por la LPAU, supra, o a que los poderes políticos

aprueben una ley en específico, podría causar consecuencias

nefastas para la salud pública. Ello, además, atentaría

contra la intención legislativa de la Ley del Departamento

de

Seguridad

Gobernador

Pública,

pueda

supra,

brindar

una

a

los

efectos

respuesta

de

rápida

que

el

ante

la

emergencia existente, sin sujeción al requerimiento de la

38Refiérase

a lo dispuesto por este Tribunal al analizar

la doctrina de la delegación de poderes:

[L]a legislatura está imposibilitada de

anticipar

legislativamente,

en

forma

detallada,

minuciosa

o

específica,

la

multiplicidad de situaciones que puedan

surgir de esas relaciones complejas, siendo

suficiente el que la ley en cuestión señale

o establezca normas amplias y generales que

sirvan de guía o dirección a entidades

administrativas expertas, para que éstas,

con

su

experiencia

y

conocimientos

especiales,

apliquen

esas

normas

concretamente a los hechos que puedan surgir

y ultimen los detalles que implementen la

política general legislativa.

Hiltons Hotels v. Junta de Salario Mínimo, supra,

págs. 692-693. Nótese que estos pronunciamientos fueron

reiterados tan recientes como en el 2011 en Sánchez et al.

v. Depto. Vivienda et al., supra, págs. 119–122 (2011).

AC-2022-0070

33

aprobación de un reglamento de conformidad con lo dispuesto

en la LPAU, supra.39

39Adviértase

que, pocos meses después del inicio de la

emergencia del COVID-19, el entonces Secretario de Salud,

Dr. Lorenzo González Feliciano, promulgó el Reglamento para

establecer medidas preventivas para el manejo de la pandemia

del COVID-19 y multas administrativas por incumplimiento,

Reglamento Núm. 9210 de 21 de agosto de 2020. Mediante este,

entre otras medidas preventivas, se dispuso que “toda

persona natural deberá” cubrir “su nariz y su boca en todo

momento mediante el uso de mascarillas mientras se encuentre

fuera del hogar”. Íd., pág. 3. El cuerpo normativo antes

aludido fue aprobado como un reglamento de emergencia, a

tono con lo dispuesto en la Sec. 2.13 de la LPAU, supra, por

lo que su entrada en vigor empezó a regir sin dilación

alguna.

Véase,

https://cfpr.org/files/Reglamento%20Num.%209210.pdf (última

visita, 14 de febrero de 2023).

Luego de que se cumpliera con los requisitos

tradicionales exigidos al aprobarse un reglamento dispuestos

en la LPAU, se aprobó un nuevo reglamento que derogó al

anterior, y el cual entró en vigor el verano pasado. Véase,

Reglamento para establecer las medidas preventivas para el

manejo de la pandemia del COVID-19 y multas administrativas

por incumplimiento con las mismas, Reglamento Núm. 9376 de

30

de

mayo

de

2022,

https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/5882

o

https://aldia.microjuris.com/wpcontent/uploads/2022/05/9376.pdf

(última visita, 14 de

febrero de 2023).

Si bien una búsqueda en la página digital del

Departamento de Salud demuestra que el Reglamento Núm. 9376

sigue en vigor, el actual Secretario de Salud, mediante la

Declaración de política pública sobre el reglamento 9376

para establecer las medidas preventivas para el manejo de la

pandemia del covid-19 y multas administrativas por

incumplimiento con las mismas, Carta Circular Núm. 2022-010

de 6 de mayo de 2022, aclaró que “no se estará ejecutando el

presente reglamento” por haber cesado las circunstancias que

propiciaron

su

promulgación.

Refiérase

a,

https://www.salud.gov.pr/menuInst/download/1318

(última

visita, 14 de febrero de 2023).

No obstante, no consta ante nos certeza de su

derogación, pues el último registro encontrado se limita a

un Aviso al público con el fin de anunciar que el 27 de mayo

de 2022 se celebraría una vista pública para atender la

derogación del Reglamento Núm. 9376. Accédase

vía,

AC-2022-0070

34

En ese sentido, la imposición del mandato de vacunación

y

el

uso

de

mascarillas

como

requisitos

de

admisión

presencial escolar o universitario constituyen medidas para

contrarrestar la propagación del virus COVID-19 y garantizar

el bienestar, la seguridad y la salud de la ciudadanía. Dicho

de otro modo, corresponden a un interés apremiante del

Estado. Toda vez que, según surge de la Orden Ejecutiva Núm.

OE-2021-054 y las Directrices de Salud impugnadas estuvieron

basadas en la evidencia científica disponible en ese momento,

estas no son arbitrarias ni caprichosas.

Sobre esto último, adviértase que la implantación de

órdenes para controlar la emergencia del COVID-19 tiene que

guardar una relación estricta con el interés que se persigue

lograr.

Por su pertinencia, hacemos eco de las expresiones

realizadas por el Magistrate Judge del Tribunal Federal para

el Distrito de Puerto Rico, Hon. Marcos E. López, al emitir

un Report and Recommendation en un caso relacionado con,

entre

otros

ejecutivas

asuntos,

y

la

impugnación

administrativas

de

unas

órdenes

relacionadas

al

COVID-19

emitidas en virtud de la Ley del Departamento de Seguridad

Pública, supra. Específicamente, en Tropical Chill Corp. v.

Pierluisi Urrutia, 2022 WL 2374976, (D. P.R. 2022), tras

analizar la delegación de poderes estatuida en la ley antes

citada, el Magistrate Judge expresó lo siguiente:

https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/6110 (última visita,

14 de febrero de 2023).

AC-2022-0070

35

A word of caution, however, is in order.

The grant of power to the Governor must be

closely tied to the scientific and factual

evidence triggering the state of emergency.

Where “local officials are actively shaping

their response to changing facts on the

ground” and “[w]hen those official undertake

[] to act in areas fraught with medial and

scientific uncertainties, their latitude

must be especially broad.” S. Bay United

Pentecostal

Church,

140

S.

Ct.

at

1613 (Roberts, C.J., concurring). We now

know much more about COVID-19 and the virus

that causes it than when S. Bay Pentecostal

Church was decided in May 2020. As more

knowledge is gained about the pandemic,

scientific uncertainty may become less of a

justification

for

expansive

government

powers and the curtailing of rights.40

Ciertamente, para que se sostenga la validez de las

restricciones o los mandatos impuestos por el Gobernador

estos

deben

estar

estrechamente

relacionados

con

la

evidencia científica y factual que generan el estado de

emergencia.

A pesar de lo aquí expuesto, nada impide que la Asamblea

Legislativa promueva la legislación que estime adecuada y

necesaria

bajo

los

métodos

de

aprobación

ordinarios

y

extraordinarios reconocidos por la Constitución de Puerto

Rico. Ahora bien, la ausencia de esa aprobación no puede

conducirnos a pautar un limbo jurídico en una situación que

persiste a nivel mundial y local con la consecuencia de que

se nulifiquen los poderes legítimamente delegados por la

Asamblea Legislativa al Ejecutivo para una ágil atención de

40(Negrillas

suplidas). Íd., pág. 25. Destáquese que,

posteriormente, tal Report and Recommendation fue adoptado

y validado por el Chief Distric Judge, Hon. Raúl M. AriasMarxuach. Véase, Tropical Chill Corp. v. Pierluisi Urrutia,

2022 WL 2712538, (D. P.R. 2022).

AC-2022-0070

36

la emergencia del COVID-19. Ello operaría en detrimento de

la Ley del Departamento de Seguridad Pública, supra, y, peor

aún,

daría

un

golpe

en

la

médula

de

los

poderes

del

Gobernador para atender una emergencia y promulgar aquellas

medidas

necesarias

en

protección

de

la

seguridad,

el

bienestar y la salud de la ciudadanía.

V

Ante ese cuadro, los fundamentos expuestos en esta

Opinión

de

conformidad

evidencian

que

estamos

ante

una

controversia justiciable y un asunto de alto interés público

que amerita revocar al Tribunal de Apelaciones. En ese

aspecto estoy conforme. Ahora bien, consigno el caveat de

que también debimos ejercer nuestro rol de pautar el Derecho

y revocar en los méritos al Tribunal de Apelaciones, mediante

una Opinión fundamentada. Al no ser ese el curso de acción,

se abona a que la única certeza sobre los poderes del

Ejecutivo y

el curso futuro de la pandemia del COVID-19 es,

hasta el día de hoy, la incertidumbre.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lourdes Amadeo Ocasio; Miguel

Marrero, ambos por sí y en

representación de sus hijos

A.M.A., M.M.A. y otros

Recurridos

AC-2022-0070

v.

Pedro Pierluisi Urrutia en su

capacidad como Gobernador del

Gobierno de Puerto

Rico;

Departamento de Salud, por

conducto de su Secretario, Dr.

Carlos Mellado López

Peticionarios

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor COLÓN

PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2023.

Estamos conformes con la Sentencia que hoy emite

este Tribunal, en la cual se revoca el dictamen

suscrito por el foro apelativo intermedio. Ahora

bien, dada la importancia de los asuntos ante nuestra

consideración,

entendemos

necesario

emitir

la

presente Opinión de Conformidad.

Y

es

que,

en

esta

ocasión

nos

correspondía

delimitar el alcance de las facultades que tiene un

gobernante

para

promulgar

determinadas

órdenes

ejecutivas. Ello, en el contexto de cierta emergencia

que se vivió en el País como consecuencia de la

pandemia del COVID-19.

AC-2022-0070

2

Cuál es la naturaleza del documento que se conforma a

esos fines; cómo se llega a la aprobación de éste; por

cuánto tiempo se extiende su vigencia; cuáles son los

potenciales conflictos que, tras su aprobación, -- y en

virtud de la doctrina de separación de poderes --, se

pueden generar con las otras ramas de gobierno; son las

consideraciones que, a nuestro juicio, estábamos llamados

a atender para, con ello, adjudicar correctamente los

asuntos traídos ante nuestra consideración en el presente

caso. Veamos.

I.

Allá para el 29 de julio de 2019, la Sra. Lourdes

Amadeo Ocasio y el Sr. Miguel Marrero, -- por sí y en

representación de sus hijos menores de edad A.M.A. y M.M.A.

-- y otros (en

conjunto, “matrimonio Marrero

Amadeo”)

instaron ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda

en contra del Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, en su capacidad

oficial como Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico (en adelante, “Gobernador de Puerto Rico”), y del Dr.

Carlos Mellado López, en su capacidad de Secretario del

Departamento

de

Salud

de

Puerto

Rico

(en

adelante,

“Secretario de Salud” y, en conjunto, “ELA”). En esta, a

grandes rasgos, el matrimonio Marrero Amadeo cuestionó la

constitucionalidad de la Orden Ejecutiva OE-2021-054 y de

las Órdenes Administrativas Núm. OA-2021-508, OA-2021-508A

y OA-2021-509, mediante las cuales el Primer Ejecutivo

AC-2022-0070

3

implementó ciertas medidas restrictivas en respuesta a la

situación de salud pública que se vivía en el País como

consecuencia de la pandemia del COVID-19.

En específico, el matrimonio Marrero Amadeo señaló

que, mediante la Orden Ejecutiva OE-2021-054, el Gobernador

de Puerto Rico le delegó al Secretario de Salud amplios

poderes para adoptar aquellas medidas necesarias -- las

cuales vincularían a toda la población -- con el fin de

atender la pandemia del COVID-19. Precisó que, en virtud

del mencionado poder delegado, el Secretario de Salud

ordenó la vacunación compulsoria en contra del COVID-19

para el estudiantado mayor de 12 años, así como para el

personal docente y no docente, como medida para combatir

la

pandemia

y

propiciar

el

retorno

presencial

a

las

escuelas, universidades y centros educativos públicos y

privados.

En ese contexto, el matrimonio Marrero Amadeo arguyó,

entre

otras

cosas,

que

el

Gobernador

de

Puerto

Rico,

mediante sus continuas actuaciones, -- en particular, al

implementar

una

política

pública

sobre

vacunación

compulsoria --, infringió el principio de separación de

poderes consagrado en la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. Ello, pues, a su juicio, -- en el

momento en que se emitían tales directrices -- habían

cesado las circunstancias extraordinarias que justificaban

prescindir de la intervención de la Asamblea Legislativa

AC-2022-0070

4

en la emergencia. En igual tono, el referido matrimonio

señaló

que

dispuesto

dichas

en

la

actuaciones

Federal

Food,

eran

contrarias

a

lo

Drug,

and

Cosmetic

Act

(FDAC), 21 U.S.C. sec. 301 et seq., la cual, a su entender,

ocupaba el campo y transgredían derechos constitucionales

fundamentales como, por ejemplo, el derecho a la dignidad,

a la integridad corporal, a la autodeterminación, a la

educación y al disfrute de la vida en sociedad sin sujeción

a coacción gubernamental alguna.

Es, pues, por todo ello, que el matrimonio Marrero

Amadeo

solicitó

sentencia

al

foro

declaratoria

primario

en

la

que

que

se

se

emitiera

una

decretara

la

inconstitucionalidad de la Orden Ejecutiva OE-2021-054 y,

en consecuencia, mediante el mecanismo de interdicto se

paralizaran los efectos de las directrices emitidas por el

Gobernador de Puerto Rico por virtud de las referidas

órdenes

ejecutivas,

específicamente,

el

requisito

de

vacunación compulsoria como condición para lograr acceso a

determinados servicios. Asimismo, requirió que se ordenara

al

Secretario

de

Salud

el

cese

y

desista

de

la

implementación de dicha política pública, y que se le

compensara con una suma no menor de $70,000.00 por concepto

de daños morales, angustias mentales, violación de derechos

civiles, más honorarios de abogado.

Evaluada

la

demanda

presentada

por

el

matrimonio

Marrero Amadeo, el 29 de julio de 2021 el Tribunal de

AC-2022-0070

5

Primera Instancia notificó una Orden y Citación mediante

la cual señaló una vista para el 3 de agosto de 2021, en

la

cual

se

dilucidaría

si

procedía

o

no

el

interdictal

solicitado.

Entretanto,

el

foro

remedio

primario

emitió una Resolución y Orden mediante la cual denegó la

petición

de

cierta

orden

de

entredicho

provisional

presentada por el matrimonio Marrero Amadeo.

Así las cosas, el 3 de agosto de 2021 -- fecha en que

se

celebró

la

representación

Secretario

de

vista

del

de

interdicto

Gobernador

Salud

--

de

--

el

ELA

--

en

Puerto

Rico

y

el

Moción

de

presentó

una

desestimación. En síntesis, sostuvo que las controversias

pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia no eran

justiciables. Sustentó dicha alegación en que el matrimonio

Marrero Amadeo carecía de legitimación activa para incoar

la demanda, pues no había demostrado haber sufrido un daño

particular,

claro

y

palpable

como

consecuencia

de

lo

dispuesto en la Orden Ejecutiva OE-2021-054 y su progenie.

Por lo tanto, el ELA arguyó que, como cuestión de derecho,

era improcedente el remedio extraordinario del interdicto

solicitado por el referido matrimonio.

En la alternativa, el ELA rechazó la contención del

matrimonio Marrero Amadeo a los efectos de que la Orden

Ejecutiva OE-2021-054 era inconstitucional por infringir

el principio de separación de poderes. Al respecto, indicó

que, debido a que Puerto Rico aún se encontraba bajo el

AC-2022-0070

6

estado de emergencia decretado para atender la pandemia

del COVID-19, el Gobernador de Puerto Rico había actuado

dentro de sus prerrogativas estatutarias al promulgar la

referida Orden Ejecutiva, es decir, de conformidad con las

facultades que le fueron delegadas mediante la Ley del

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, infra.

En esa línea, sostuvo la razonabilidad de las medidas

implementadas ante el interés apremiante del Estado en

salvaguardar y proteger la salud, seguridad y vida de la

ciudadanía.

Enterado de lo anterior, el matrimonio Marrero Amadeo

presentó

una

Oposición

esencia,

sostuvo

que

a

moción

la

de

desestimación.

En

vigencia

del

de

requisito

vacunación

compulsoria

impuesto

mediante

decreto

representaba

una

a

de

derechos

amenaza

varios

sus

fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, lo que

suponía un daño real, concreto y no especulativo, por lo

que ostentaba legitimación activa para incoar la demanda.

En consonancia, el matrimonio Marrero Amadeo aseguró que

concurrían

los

elementos

necesarios

para

que

el

foro

primario expidiera el remedio interdictal solicitado.

Evaluados

los

planteamientos

de

ambas

partes,

el

Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia mediante

la cual desestimó la demanda instada por el matrimonio

Marrero Amadeo. Lo anterior, tras razonar que éste no logró

acreditar

el

haber

sufrido,

o

que

sufriría,

un

daño

AC-2022-0070

7

particularizado

e

irreparable

como

consecuencia

de

lo

dispuesto en las órdenes impugnadas.

En particular, el foro primario concluyó que la Orden

Ejecutiva OE-2021-054 emitida por el Gobernador de Puerto

Rico y las Órdenes Administrativas OA-2021-508, OA-2021508A y OA-2021-509 promulgadas por el Secretario de Salud

constituyeron un ejercicio válido de la autoridad delegada

por la Asamblea Legislativa a dichos funcionarios públicos

para atender y mitigar la emergencia del COVID-19. Precisó,

además, que la autoridad del Poder Ejecutivo para emitir

las referidas órdenes dimana de lo dispuesto en el Artículo

IV, Sección 4, de la Constitución del Estado Libre Asociado

de

Puerto

Rico,

infra,

el

Art.

6.10

de

la

Ley

del

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, infra,

la Ley Núm. 157 de 10 de mayo de 1938, infra, la Ley

Orgánica del Departamento de Salud, infra, y la Ley Núm.

25 del 25 de septiembre de 1983, infra.

Así pues, tras aplicar un escrutinio estricto, el

Tribunal de Primera Instancia, en ese momento, determinó

que

el

mandato

de

vacunación

compulsoria

para

el

estudiantado y el personal de las instituciones educativas

en el País -- incluyendo el uso de mascarillas, lavado

frecuente de manos, distanciamiento físico, entre otras - constituyó una medida necesaria para adelantar el interés

apremiante

del

Estado

de

proteger

la

salud

pública,

garantizar efectivamente la educación, mitigar los efectos

AC-2022-0070

nocivos

8

de

la

pandemia

finalmente

--

la

del

COVID-19

inmunidad

de

y

rebaño

alcanzar

en

--

nuestra

jurisdicción. Además, -- y luego de advertir que el poder

del gobierno no es irrestricto ni tan siquiera en un estado

de emergencia como el provocado por la pandemia del COVID19

--,

el

foro

primario

sentenció

que

el

mandato

de

vacunación compulsoria era el medio menos oneroso para

alcanzar los objetivos gubernamentales antes mencionados.

Consecuentemente,

justificaran

dispuso

expedir

que

el

no

existían

remedio

razones

que

extraordinario

del

interdicto.

Inconforme con el proceder del Tribunal de Primera

Instancia, el matrimonio Marrero Amadeo acudió al Tribunal

de Apelaciones. En resumen, adujo que el foro primario

había

errado

al

concluir,

en

clara

abstracción

del

principio de separación de poderes, que las actuaciones

del Gobernador de Puerto Rico y del Secretario de Salud

constituían un ejercicio válido de la autoridad delegada

por ley. Asimismo, impugnó la determinación del Tribunal

de Primera Instancia respecto a la validez de la política

de vacunación obligatoria impuesta por el ELA.

Vista la comparecencia del matrimonio Marrero Amadeo,

el 18 de marzo de 2022 el ELA solicitó la desestimación

del

recurso

política

de

de

apelación.

vacunación

En

resumen,

compulsoria

se

explicó

había

que

la

eliminado

mediante la aprobación de la Orden Ejecutiva OE-2022-019 y

AC-2022-0070

9

la Orden Administrativa OA-2022-533. Así pues, sostuvo que

las controversias relacionadas con el presente litigio se

habían tornado académicas.

Oportunamente, el matrimonio Marrero Amadeo se opuso

a la petición del ELA. En su escrito, indicó que las

controversias no se habían tornado académicas ya que, al

amparo de la Orden Ejecutiva OE-2022-019, aún subsistía un

estado de emergencia en Puerto Rico y, por consiguiente,

se mantenían vigentes ciertas medidas dirigidas a evitar

la propagación del COVID-19 como, por ejemplo, el mandato

del uso de mascarillas. Además, apuntó que el Artículo 5.10

de la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto

Rico, infra, -- disposición legal en la cual el Gobernador

de

Puerto

Rico

apoyaba

su

autoridad

para

emitir

las

referidas órdenes ejecutivas -- era inconstitucional por

adolecer de vaguedad y amplitud. Lo anterior, pues, a

juicio del referido matrimonio, la mencionada disposición

estatutaria

Ejecutivo

en

le

otorgó

poderes

situaciones

de

irrestrictos

emergencia

y

al

le

Primer

permitió

continuar gobernando por decreto sin la intervención de la

Asamblea Legislativa.

Posteriormente,

el

ELA

presentó

su

alegato

en

oposición al recurso de apelación. En suma, reiteró sus

planteamientos anteriores a los efectos de que las órdenes

ejecutivas impugnadas fueron promulgadas por el Gobernador

de Puerto Rico y el Secretario de Salud de conformidad con

AC-2022-0070

la

10

autoridad

que

le

fue

delegada

por

la

Asamblea

Legislativa para atender el estado de emergencia provocado

por la pandemia del COVID-19.

Tras

analizar

los

alegatos

de

ambas

partes,

el

Tribunal de Apelaciones notificó una Sentencia. En primer

lugar, descartó que la controversia se hubiese tornado

académica. Ello, al sentenciar que, en la demanda, se

impugnó la forma -- mediante órdenes ejecutivas y órdenes

administrativas

--

en

que

el

Poder

Ejecutivo

había

promulgado las directrices para atender la emergencia desde

el

inicio

de

la

pandemia

contenido

de

éstas

--

en

del

COVID-19,

particular,

el

así

como

el

requisito

de

vacunación compulsoria --, controversias que no habían

advenido académicas.

En segundo lugar, el foro apelativo intermedio señaló

que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente

al desestimar las causas de acción sobre interdicto y

daños. Esto, pues, a juicio del foro de referencia, el

matrimonio Marrero Amadeo no alegó haber sufrido un daño

irreparable que justificara la concesión del mencionado

remedio extraordinario ni ningún daño específico y concreto

que pudiese ser resarcible.

No obstante, el Tribunal de Apelaciones dispuso que

el foro primario erró al concluir que la controversia de

epígrafe

no

era

justiciable

y,

con

ello,

denegar

la

solicitud sobre sentencia declaratoria presentada por el

AC-2022-0070

11

matrimonio Marrero Amadeo. Dicho foro razonó que existían

intereses legales adversos entre las partes objeto del

presente litigio con relación al requisito de vacunación y

al uso obligatorio de mascarillas. Por lo tanto, resolvió

que el matrimonio Marrero Amadeo ostentaba legitimación

activa

para

presentar

una

petición

de

sentencia

declaratoria como la que aquí nos ocupa.

En

tercer

lugar,

y

ya

aclarados

los

asuntos

jurisdiccionales, el Tribunal de Apelaciones validó la

política sobre vacunación compulsoria impuesta por el ELA

para atender la pandemia del COVID-19. Al así hacerlo,

apuntó que las medidas cuestionadas no lesionaban ningún

derecho fundamental y adelantaban el interés legítimo del

Estado de mitigar la propagación del COVID-19.

Sin embargo, y no empece a lo antes sentenciado, el

foro apelativo intermedio determinó que las directrices

promulgadas por el Poder Ejecutivo, las cuales inciden en

la conducta de toda la ciudadanía y de terceras personas,

no

fueron

decretadas

conforme

a

derecho.

Sobre

el

particular, subrayó que el Artículo 5.10 de la Ley del

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, infra,

el cual faculta al Gobernador de Puerto Rico a decretar un

estado de emergencia mediante una proclama y a dictar,

enmendar

y

revocar

aquellos

reglamentos

que

estime

convenientes para atender dicha emergencia, es sumamente

amplio y no limita de forma alguna el poder del Primer

AC-2022-0070

Ejecutivo.

12

Al

respecto,

resolvió

que

el

artículo

de

referencia suponía una total e inválida abdicación del

Poder

Legislativo

detrimento

del

a

favor

del

Gobernador

en

completo

principio

de

separación

de

poderes

consagrado en nuestra Constitución.

En esa línea, el Tribunal de Apelaciones apuntó que,

“a dos años y medio de haber comenzado la pandemia”, el

tipo de emergencia que justificaba las actuaciones del

Poder Ejecutivo mediante decreto y sin la intervención de

la Asamblea Legislativa había culminado. Véase, Apéndice

del recurso de apelación, pág. 1157. En consecuencia,

concluyó que, pasada la emergencia, la Ley del Departamento

de Seguridad Pública de Puerto Rico, infra, no faculta al

Gobernador de Puerto Rico a emitir órdenes

ejecutivas

relacionadas con la pandemia del COVID-19 que afecten los

derechos y las obligaciones de terceras personas.

En

esa

dirección,

el

foro

apelativo

intermedio

sentenció que aquellas órdenes ejecutivas que hubiesen sido

promulgadas de forma contraria a lo previamente dispuesto

no tendrían efecto alguno a partir del domingo, 31 de julio

de 2022.

Insatisfecho

con

el

dictamen

del

Tribunal

de

Apelaciones, el ELA compareció ante nos mediante un Recurso

de Apelación y Urgente moción en auxilio de jurisdicción.

En suma, además de cuestionar la jurisdicción del foro a

quo, señaló que éste incidió al concluir que el Artículo

AC-2022-0070

13

5.10 de la Ley del Departamento de Seguridad Pública de

Puerto Rico, infra, no faculta al Gobernador de Puerto Rico

a emitir órdenes ejecutivas para atender la emergencia

provocada por la pandemia del COVID-19.

El 22 de julio de 2022 una Sala de Verano de este

Tribunal acogió la apelación presentada por el ELA como un

recurso

de

certiorari,

por

ser

el

vehículo

procesal

adecuado.1 Así las cosas, declaró ha lugar la Urgente moción

en auxilio de jurisdicción presentada también por el ELA

y, en consecuencia, ordenó la paralización de los efectos

de la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones,

hasta que esta Curia tuviera la oportunidad de expresarse

sobre los méritos de los asuntos traídos ante nuestra

consideración.

En el interín, el 17 de agosto de 2022, en ánimo de

vindicar

sus

prerrogativas

legislativas,

la

Cámara

de

Representantes de Puerto Rico presentó ante este Tribunal

una Moción para solicitar autorización para comparecer como

amicus curiae. A juicio del referido cuerpo legislativo,

las órdenes ejecutivas que desde marzo de 2020 pretenden

regular la conducta de personas privadas -- naturales y

jurídicas --, exceden los límites de ese mecanismo y genera

una genuina controversia sobre separación de poderes que

amerita nuestra intervención.

Sala de verano compuesta por el Juez Asociado señor Martínez Torres,

la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados señores

Rivera García y Colón Pérez.

1

AC-2022-0070

14

En específico, la Cámara de Representantes de Puerto

Rico alega que, si bien concurre con el Poder Ejecutivo

respecto a la necesidad de establecer esquemas regulatorios

para proteger a la ciudadanía de los efectos de la primera

pandemia decretada en más de un siglo, no está de acuerdo

con utilizar las órdenes ejecutivas para tales fines. Lo

anterior, por entender que dicha actuación invade las

prerrogativas de la Asamblea Legislativa. En esa dirección,

el referido cuerpo legislativo apunta que, superada la

etapa más crítica de la emergencia de salud, el presente

recurso presenta una acción justiciable para reiterar los

linderos firmemente establecidos entre el Poder Ejecutivo

y el Poder Legislativo.

Evaluada la referida solicitud, el 28 de octubre de

2022 emitimos una Resolución mediante la cual declaramos

con

lugar

la

Moción

para

solicitar

autorización

para

comparecer como amicus curiae presentada por la Cámara de

Representantes de Puerto Rico. Además, en la referida

resolución le concedimos al matrimonio Marrero Amadeo un

término de veinte (20) días para que mostrara causa por la

cual no debíamos revocar la Sentencia del Tribunal de

Apelaciones.

En cumplimiento con lo ordenado, el 30 de noviembre

de 2022 el matrimonio Marrero Amadeo compareció ante nos

mediante Alegato en oposición a recurso de apelación. En

éste, en primer lugar, descarta la contención del ELA

AC-2022-0070

15

respecto a que carece de legitimación activa para instar

la acción de sentencia declaratoria. Sobre el particular,

el matrimonio Marrero Amadeo arguye que desde el inicio

del presente litigio ha impugnado los poderes que le otorga

la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto

Rico, infra, al Gobernador de Puerto Rico para gobernar

por decreto sin la intervención de la Asamblea Legislativa.

En específico, insiste en que la delegación de poderes

irrestricto

al

Gobernador

de

Puerto

Rico

mediante

el

estatuto de referencia ha permitido que éste continúe

emitiendo

órdenes

ejecutivas

que

han

incidido

y

que

mantienen su capacidad de incidir sobre la vida privada y

los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lo anterior

pues, a juicio del matrimonio Marrero Amadeo, aun cuando

se

eliminó

el

mandato

de

vacunación,

subsiste

la

declaración de emergencia. “[P]or lo tanto, [a su modo de

ver] queda abierta la puerta para que puedan decretarse

órdenes

futuras

significativo

a

de

esos

fines:

casos,

por

el

ya

sea

por

un

aumento

surgimiento

de

nuevas

variantes del virus o por cualquier otra consideración que

el

Gobernador

‘enfrentar’

la

[de

Puerto

Rico]

‘emergencia’,

estime

según

necesaria

reza

la

[Ley

para

del

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, infra]”.

Véase, Alegato en oposición a recurso de apelación, pág.

3.

AC-2022-0070

16

Trabada así la controversia, este Tribunal expidió el

recurso ante nos y, con el beneficio de la comparecencia

de todas las partes con interés en el litigio, revocó el

dictamen emitido por el foro apelativo intermedio. Como ya

adelantamos,

estamos

conformes

con

dicho

proceder.

Explicamos por qué.

II.

Como cuestión de umbral, y previo a disponer del caso

que nos ocupa, debíamos, en primer lugar, atender aquellos

posibles señalamientos relacionados a la justiciabilidad

de este asunto, para así determinar: 1) si la controversia

ante nuestra consideración se había tornado académica2 y

2)

si

el

matrimonio

Marrero

Amadeo

poseía,

o

no,

legitimación activa para presentar la petición de sentencia

declaratoria objeto del presente litigio.

Como es sabido, en nuestra jurisdicción los tribunales

estamos

llamados

a

atender

únicamente

aquellas

controversias que sean justiciables. P.I.P. v. E.L.A. et

al., 186 DPR 1, 11 (2012); Lozada Sánchez et al. v. JCA,

184 DPR 898, 916 (2012); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011). Es decir, conforme a esta

doctrina adoptada por vía jurisprudencial, los tribunales

Si bien ninguna de las partes del presente litigio ha argumentado

que el mismo se ha tornado académico, es norma bien establecida que

“los propios tribunales debe[mos] preguntar[nos] y evaluar si es o no

apropiado entender en un determinado caso, mediante un análisis que

[nos] permita ejercer [nuestra] discreción en cuanto al límite de

[nuestro] poder constitucional”. Smyth, Puig v. Oriental Bank, 170 DPR

73, 76 (2007).

2

AC-2022-0070

17

sólo debemos intervenir en controversias genuinas y vivas,

donde existan intereses opuestos y que, al resolverse,

tengan efecto sobre las relaciones jurídicas entre las

partes en el pleito. Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra,

pág. 913; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra;

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 421 (1994). Dicho

de otro modo, para el ejercicio válido del poder judicial

se requiere la existencia de una caso o controversia real.

P.I.P. v. E.L.A. et al., supra; U.P.R. v. Laborde Torres y

otros I, 180 DPR 253, 279-280 (2010); Noriega v. Hernández

Colón, supra, pág. 420.

Por ello, hemos señalado que no será justiciable

aquella controversia en la que: 1) se trata de resolver

una cuestión política; 2) una de las partes carece de

legitimación activa; 3) después de comenzado un pleito,

hechos posteriores lo convierten en académico; 4) las

partes buscan obtener una opinión consultiva, o 5) se

promueve

un

pleito

que

no

está

maduro.

Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 932; U.P.R.

v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 280; Cruz v.

Administración, 164 DPR 341, 348 (2005).

A.

Como se desprende de lo anterior, la academicidad

constituye una de las manifestaciones del principio de

justiciabilidad, la cual acota los límites de la función

judicial. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969,

AC-2022-0070

18

982 (2011); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, pág.

280; Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10, 19 (2000). En

esencia, esta limitación sobre el poder de los tribunales

procura

evitar

el

uso

innecesario

de

los

recursos

judiciales; asegurar que haya la adversidad suficiente para

que las controversias se presenten y defiendan competente

y vigorosamente, y evitar precedentes innecesarios. Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 932; Torres

Santiago v. Depto. Justicia, supra; U.P.R. v. Laborde

Torres y otros I, supra, pág. 281.

En consonancia con ello, en el pasado hemos señalado

que un caso es académico cuando el paso del tiempo o los

cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite

judicial

causan

que

el

pleito

pierda

su

carácter

adversativo, es decir, que torna en ficticia su solución.

Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra, págs. 912-913; Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, págs. 932-933;

Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra. Conforme a ello,

“una controversia puede convertirse en académica cuando su

condición viva cesa por el transcurso del tiempo”. U.P.R.

v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 281.

En

esa

línea,

esta

Curia

ha

sentenciado

que,

al

examinar si una controversia se ha tornado en académica,

es

menester

evaluar

“la

relación

existente

entre

los

eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad

presente”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra,

AC-2022-0070

19

pág. 933 citando a P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643,

676 (1995). Es decir, al realizar el referido ejercicio lo

tribunales

debemos

próximos

futuros,

y

considerar

para

los

dirimir

eventos

si

su

anteriores,

condición

de

controversia viva y presente subsiste con el transcurso

del tiempo. Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra,

págs. 982-983; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra;

Cruz v. Administración, supra, pág. 349.

Lo anterior, pues, de determinarse que ha desaparecido

el carácter adversativo entre los intereses de las partes

involucradas

en

el

pleito,

jurisdicción

y,

por

lo

los

tribunales

pierden

su

tanto,

están

impedidos

de

intervenir.3 U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra;

Cruz v. Administración, supra; C.E.E. v. Depto. de Estado,

134 DPR 927, 935 (1993). Por ello, y como norma general,

los tribunales tienen el deber de desestimar aquellos

pleitos académicos, entiéndase, esos casos en los cuales

“los hechos o el derecho aplicable ha[n] variado de tal

forma que ya no existe una controversia vigente entre

Ahora bien, esta Curia ha reconocido “una serie de excepciones a la

doctrina de academicidad que permiten la consideración de un caso que,

de otro modo, resultaría académico en cuanto a su resultado o efecto

inmediato”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 933

citando a P.P.D. v. Gobernador I, supra. Entre las excepciones a la

doctrina de academicidad se encuentran las siguientes: 1) cuando se

trata de una controversia recurrente y capaz de evadir revisión

judicial; 2) cuando el demandado ha modificado la situación de hechos,

pero no tiene visos de permanencia, y 3) cuando aspectos de la

controversia se han tornado académicos, pero subsisten consecuencias

colaterales que tienen vigencia y actualidad. Asoc. Fotoperiodistas v.

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 933 (2011); U.P.R. v. Laborde Torres y

otros I, 180 DPR 253, 281 (2010); Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR

969, 974 (2010).

3

AC-2022-0070

20

partes adversas”. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969,

974 (2010) citando a P.N.P. v. Carrasquillo, 166 DPR 70,

75 (2005).

Realizado el ejercicio antes descrito, y en lo que a

la causa de epígrafe se refiere, bastaba con señalar que

las

órdenes

controversias

ejecutivas

que

que

motivaron

el

generaron

todas

las

presente

litigio

aún

mantienen su vigencia. Véase, a modo de ejemplo Boletín

Administrativo Núm. OE-2020-020 de 12 de marzo de 2020;

Boletín Administrativo Núm. OE-2021-054 de 1 de julio de

2021; Boletín Administrativo Núm. OE-2022-019 de 7 de marzo

de 2022; Orden Administrativa Núm. 2022-533 de 8 de marzo

de

2022;

Orden

Administrativa

Núm.

2022-548

de

13

de

septiembre de 2022. Lo anterior, por sí solo hacía que el

caso ante nuestra consideración no fuera uno académico.

De forma específica, la Orden Ejecutiva Núm. OE-2020020 es aquella mediante la cual el Poder Ejecutivo declaró

un estado de emergencia en todo Puerto Rico respecto a la

pandemia del COVID-19, y a través de la cual se han

implementado -- mediante otras órdenes ejecutivas --

una

serie de medidas para controlar los contagios producidas

por ésta, -- tales como: 1) cuarentena; 2) distanciamiento

físico; 3) uso obligatorio de mascarillas; 4) cernimiento

contra

el

COVID-19

en

varios

sectores;

5)

vacunación

obligatoria; 6) evidencia de resultado negativo de pruebas

de detención de COVID-19, y 7) limitación de aforo en

AC-2022-0070

21

ciertos establecimientos comerciales --, aún mantiene su

vigencia. Boletín Administrativo Núm. OE-2020-020 de 12 de

marzo de 2020. Es, precisamente, de esta última orden

ejecutiva de la cual se derivan las controversias que

estábamos llamados a atender.

B.

Atendido

aquello

relacionado

al

tema

de

la

academicidad, y en aras de auscultar si el matrimonio

Marrero Amadeo poseía, o no, legitimación activa para

presentar la petición de sentencia declaratoria objeto del

presente

litigio,

--

asunto

también

concerniente

al

principio de justiciabilidad -- conviene comenzar esta

parte de nuestro análisis recordando que la sentencia

declaratoria es un “mecanismo remedial y profiláctico que

permite

anticipar

la

dilucidación

de

los

méritos

de

cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando

exista un peligro potencial contra quien la solicita”.

Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 109

(2020), citando a Senado de PR v. ELA, 203 DPR 62, 71

(2019), que a su vez cita a Alcalde de Guayama v. ELA, 192

DPR

329,

333

(2015).

En

particular,

“[l]a

sentencia

declaratoria es aquella que se dicta en un proceso en el

cual

los

hechos

alegados

demuestran

que

existe

una

controversia sustancial entre partes que tienen intereses

legales adversos, sin que medie lesión previa de los mismos

con el propósito de disipar la incertidumbre jurídica y

AC-2022-0070

22

contribuir a la paz social”. (Énfasis suplido). Beltrán

Cintrón et al. v. ELA et al., supra, pág. 109, citando a

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis,

2017, pág. 623.

En nuestro ordenamiento jurídico, es la Regla 59 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la que regula todo lo

concerniente

al

recurso

declaratoria.

De

forma

Procedimiento

Civil,

tribunal

que

para

extraordinario

específica,

supra,

declare

le

la

de

Regla

confiere

derechos,

sentencia

59.1

de

facultad

al

estados

y

otras

relaciones jurídicas independientemente de que se solicite

o

pueda

solicitarse

otro

remedio.

Regla

59.1

de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Respecto a quiénes podrán hacer uso del referido

mecanismo

remedial,

la

Regla

59.2(a)

de

Procedimiento

Civil, supra, preceptúa que el mismo estará disponible para

aquellas

personas

“cuyos

derechos,

estado[s]

u

otras

relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto,

ordenanza municipal, un contrato o una franquicia”. Regla

59.2(a) de Procedimiento Civil, supra. Al respecto, precisa

señalar que los escenarios antes reseñados no limitan o

restringen la facultad de los foros inferiores para emitir

una sentencia o un decreto “en cualquier procedimiento en

que se solicite un remedio declaratorio”, siempre que ello

AC-2022-0070

23

ponga fin a una controversia o despeje una incertidumbre.

Regla 59.2(c) de Procedimiento Civil, supra.

Así, por ejemplo, esta Curia ha expresado que “el

mecanismo de sentencia declaratoria es el adecuado para

adjudicar controversias de índole constitucional […] y,

conforme

a

la

doctrina

prevaleciente,

debe

utilizarse

cuando permite finalizar situaciones de incertidumbre o

inseguridad en cuanto a derechos”. Suárez v. C.E.E. I, 163

DPR 347, 354 (2004). Véase, además, Asoc. de Periodistas

v. González, 127 DPR 704, 723-724 (1991). Por ello, se ha

sugerido que el mecanismo de sentencia declaratoria es el

adecuado para impugnar o cuestionar una orden ejecutiva

emitida

por

el

Gobernador

de

Puerto

Rico.

W.

Vázquez

Irizarry, Los poderes del Gobernador de Puerto Rico y el

uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur. UPR 951, 1061

(2007).

En ese sentido, mediante el mecanismo de sentencia

declaratoria, las personas afectadas por situaciones de

incertidumbre e inseguridad en cuanto a sus derechos podrán

solicitar al foro primario lo siguiente: a) que decida

sobre cualquier divergencia en la interpretación o validez

de un estatuto, ordenanza, contrato o franquicia y, además,

b) que dicte una declaración de los derechos, estados u

otras relaciones jurídicas que de aquéllos se deriven.

Véase, Regla 59.1 de Procedimiento Civil, supra.

AC-2022-0070

24

Además, y ya más en lo relacionado a la controversia

de índole jurisdiccional que nos ocupa, este Tribunal ha

sentenciado

que

la

parte

que

solicita

una

sentencia

declaratoria está sujeta al cumplimiento de los criterios

de legitimación activa. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et

al., 187 DPR 245, 254-255 (2012); Romero Barceló v. E.L.A.,

169 DPR 460, 475 (2006); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia

et al., supra, pág. 384. En consecuencia, el promovente de

la acción deberá demostrar que: 1) ha sufrido un daño claro

y palpable; 2) el daño es real, inmediato y preciso, no

abstracto e hipotético; 3) existe una conexión entre el

daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y 4) la causa

de acción surge al palio de la Constitución o de una ley.

Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda, 208 DPR 727 (2022);

Ramos, Méndez v. García García, supra, págs. 394-395;

Bathia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 69 (2017).

Sobre el particular, cabe mencionar que esta Curia ha

expresado que, en el contexto de una acción en contra de

funcionarios

gubernamentales,

los

criterios

de

legitimación activa deben interpretarse de manera flexible

y liberal para la parte promovente del pleito. Ramos,

Méndez v. García García, supra, pág. 395; Bhatia Gautier

v. Gobernador, supra, págs. 69-70; Asoc. de Maestros v.

Srio. de Educación, 156 DPR 754, 765 (2002).

En esa dirección, y de conformidad con la naturaleza

y propósitos que se persigue con la sentencia declaratoria,

AC-2022-0070

hemos

25

dispuesto

que,

para

que

dicho

mecanismo

sea

justiciable, la controversia entre las partes que tengan

intereses

legales

adversos

debe

ser

sustancial,

entiéndase, “de suficiente inmediación, madurez y realidad

para

que

hagan

aconsejables

el

remedio

declaratorio”.

Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481, 492 (1954). Es decir, debe

demostrarse que los intereses de la justicia serán bien

servidos y que la sentencia que en su día se dicte será

efectiva y adecuada. Íd., pág. 494.

Establecido lo anterior, y como ya anticipamos, en el

caso de autos, el ELA -- como primer señalamiento de error

-- sostiene que el matrimonio Marrero Amadeo carece de

legitimación activa para solicitarle al Tribunal que emita

una

sentencia

declaratoria

que

establezca

derechos

o

estados y otras relaciones jurídicas en el marco de las

controversias traídas ante su consideración. No le asiste

la razón.

Y es que, de los hechos procesales que dan margen a

este caso, claramente se desprende que la solicitud de

sentencia declaratoria realizada por el matrimonio Marrero

Amadeo se hizo a los únicos fines de cuestionar la validez

-- procesal y sustantiva -- de las órdenes ejecutivas

promulgadas por el Gobernador de Puerto Rico en el contexto

de la pandemia del COVID-19, las cuales por sus propios

términos obligan a la ciudadanía en general, incluyendo a

éstos. Órdenes que, a todas luces, y como bien plantea el

AC-2022-0070

26

referido matrimonio -- de no establecer en tiempo los

derechos, estados y obligaciones jurídicas, si alguna, que

se derivan de la misma -- pudieran llegar al punto de

afectar su empleo y/o los servicios educativos que reciben

sus hijos. No podemos cuestionar que se trata aquí de

intereses legales adversos.

Es, precisamente, la sentencia declaratoria, -- por

definición --, el mecanismo idóneo para disponer de este

tipo de controversia. Ostenta, pues, el matrimonio Marrero

Amadeo legitimación activa para instar tal petición ante

los tribunales.

Aclarado

los

asuntos

jurisdiccionales

de

umbral,

pasamos a exponer el derecho aplicable a la controversia

sustantiva que nos ocupa.

III.

Como es sabido, el Artículo I, Sección 2 de nuestra

Carta Magna dispone que “[e]l gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus

Poderes

Legislativo,

establecen

por

esta

Ejecutivo

y

Judicial,

según

se

Constitución,

estarán

igualmente

subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico”.

Art. I, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág.

273. De esta forma, desde la aprobación de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico allá para el 1952,

adoptamos en nuestra jurisdicción un sistema republicano

de gobierno fundamentado en la separación de poderes entre

AC-2022-0070

27

las mencionadas ramas de gobierno. Díaz Carrasquillo v.

García Padilla, 191 DPR 97, 109 (2014); Brau, Linares v.

ELA et als., 190 DPR 315, 340 (2014); Córdova y otros v.

Cámara Representantes, 171 DPR 789, 799 (2007).

En términos generales, en este sistema republicano de

gobierno, el Poder Legislativo aprueba las leyes, el Poder

Ejecutivo las ejecuta y pone en vigor, y el Poder Judicial

las interpreta. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406,

458 (1994); Banco Popular de Puerto Rico, Liquidador v.

Corte, 63 DPR 66, 70 (1944). Véase, además, H. L. Acevedo,

Puerto Rico y su Gobierno: estructura, retos y dinámicas,

Puerto Rico, Ed. SM, 2016, págs. 345-346. Así, y para el

descargue

dispone

de

la

dichas

investidura

funciones,

de

los

nuestra

Constitución

precitados

poderes

de

gobierno en una Asamblea Legislativa, un Gobernador y un

Tribunal

Supremo,

respectivamente.

Vázquez

Irizarry,

supra, 1005 (2007). Véase, además, Art. III, IV y V, Sec.

1, Const. ELA, supra.

“Al distribuir los poderes entre tres ramas iguales e

independientes, la Constitución evitó la concentración del

poder en una de ellas, y garantizó la libertad individual

y colectiva de [la ciudadanía]”. Noriega v. Hernández

Colón, supra, págs. 458-459. Véase, además, Senado de PR

v. ELA, supra, pág. 84; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR

64, 88 (1998). Lo anterior, claro está, sin ignorar que la

doctrina de separación de poderes no se concibió como una

AC-2022-0070

28

estructura de naturaleza inmutable en que cada poder de

gobierno funcionaría en un vacío e independiente de los

otros. Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875, 883 (2005);

Noriega v. Hernández Colón, supra, pág. 459; Nogueras v.

Hernández Colón, 127 DPR 405, 426 (1990). Por el contrario,

se procuró que la interacción entre los tres (3) poderes

de gobierno promueva un sistema de pesos y contrapesos con

el propósito de “generar un equilibrio dinámico entre

poderes coordinados y de igual rango, y evitar así que

ninguno de éstos amplíe su autoridad a expensas de otro”.

Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 89. Véase, también,

Acevedo Vilá v. Meléndez, supra; Nogueras v. Hernández

Colón, supra.

Por ello, -- y para dar vida a esos principios -nuestra

Constitución

no

solo

proveyó

un

esquema

de

separación de poderes, sino que dispuso el ámbito de acción

de

cada

uno

de

éstos.

Córdova

y

otros

v.

Cámara

Representantes, supra. En lo pertinente, nuestra Carta

Magna “adoptó un Poder Ejecutivo unitario al investir a un

solo funcionario -el Gobernador- con la autoridad suprema

en la Rama Ejecutiva”. Santana v. Gobernadora, 165 DPR 28,

47 (2005). De las memorias de la Convención Constituyente,

surge que sus miembros rechazaron el sistema parlamentario

y

procuraron,

en

vez,

fortalecer

el

Poder

Ejecutivo

concediéndole al Gobernador de Puerto Rico poderes que le

permitieran responder a las eventualidades que surgieran

AC-2022-0070

29

en el País. J. Trías Monge, Historia Constitucional de

Puerto Rico, Río Piedras, Ed. UPR, 1982, Vol. III, págs.

116-117.

Véase,

además,

3

Diario

de

Sesiones

de

la

Convención Constituyente de Puerto Rico 2272-2277 (2003).

Sobre el particular, este Tribunal ha sentenciado que

“investir al Gobernador [de Puerto Rico] de la facultad y

autoridad suprema con el Poder Ejecutivo […] requiere […]

que, como mínimo, el Primer Ejecutivo tenga la autoridad

legal para impartir instrucciones u órdenes de carácter

obligatorio a los funcionarios de la Rama Ejecutiva […]

[y]

para

[tomar]

aquellas

medidas

que,

a

su

juicio,

adelanten la política pública del Gobierno”. Santana v.

Gobernadora, supra, pág. 47. Cónsono con ello, esta Curia

ha reconocido el uso de las órdenes ejecutivas como una

actuación consustancial a las facultades del Gobernador de

Puerto Rico como autoridad máxima del Poder Ejecutivo.

Hernández, Romero v. Pol. De P.R., 177 DPR 121, 138 (2009);

Guzmán v. Calderón, 164 DPR 220, 266 (2005) (Rivera Pérez,

opinión

de

conformidad);

Otero

De

Ramos

v.

Srio.

de

Hacienda, 156 DPR 876, 892 (2002).

A.

En esa dirección, es menester mencionar aquí que, en

nuestro ordenamiento jurídico el Primer Ejecutivo puede

emitir

directrices

escritos,

a

saber:

a

través

de

proclamas,

diversos

memorandos

documentos

y,

según

adelantamos, mediante órdenes ejecutivas. J. M. Gaffney,

AC-2022-0070

Executive

30

Order:

An

Introduction,

U.S.

Congressional

Research Service, (R46738, Mar. 8, 2021), pág. 1. Estas

últimas,

entiéndase

las

órdenes

ejecutivas,

son

el

instrumento utilizado por el Gobernador de Puerto Rico para

ejercer sus poderes ejecutivos, J. M. Farinacci Fernós,

Las

Órdenes

Ejecutivas,

el

Poder

Legislativo

y

las

Emergencias, 3 Amicus, Rev. Pol. Púb. y Leg. UIPR 190, 192

(2020), y, en la mayoría de las ocasiones se dictan para

impartir instrucciones u órdenes de carácter obligatorio a

los funcionarios de la Rama Ejecutiva.

Ahora bien, una orden ejecutiva tendrá fuerza de ley

si descansa en la autoridad conferida al Primer Ejecutivo

por: 1) nuestra Constitución, o 2) algún poder -- expreso

o

implícito

--

delegado

por

la

Asamblea

Legislativa.

Vázquez Irizarry, supra, pág. 1029. En específico, y sobre

el primero de estos escenarios, el Artículo IV, Sección 4,

de nuestra Carta Magna, preceptúa claramente que el Primer

Ejecutivo ejercerá los siguientes deberes, funciones y/o

atribuciones:

Cumplir y hacer cumplir las leyes.

Convocar la Asamblea Legislativa o el Senado a

sesión extraordinaria cuando a su juicio los

intereses públicos así lo requieran.

Nombrar, en la forma que se disponga por esta

Constitución o por ley, a todos los funcionarios

para cuyo nombramiento esté facultado. […]

Ser comandante en jefe de la milicia.

AC-2022-0070

31

Llamar a la milicia y convocar el posse comitatus

a fin de impedir o suprimir cualquier grave

perturbación del orden público, rebelión o

invasión.

Proclamar la ley marcial cuando la seguridad

pública lo requiera en casos de rebelión o

invasión o inminente peligro de ellas. La

Asamblea

Legislativa

deberá

inmediatamente

reunirse por iniciativa propia para ratificar o

revocar la proclama.

Suspender la ejecución de sentencias en casos

criminales, conceder indultos, conmutar penas y

condonar

total

o

parcialmente

multas

y

confiscaciones

por

delitos

cometidos

en

violación de las leyes de Puerto Rico. […]

Sancionar o desaprobar con arreglo a esta

Constitución, las resoluciones conjuntas y los

proyectos de ley aprobados por la Asamblea

Legislativa.

Presentar a la Asamblea Legislativa, al comienzo

de cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la

situación del Estado y someterle además un

informe sobre las condiciones del Tesoro de

Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el

año económico siguiente. […]

Ejercer las otras facultades y atribuciones y

cumplir los demás deberes que se le señalen por

esta Constitución o por ley. Art. IV, Sec. 4,

Const. ELA, supra, págs. 417-418.

Por

otro

lado,

y

como

hemos

ido

adelantando,

el

segundo de los escenarios antes reseñado contempla aquellas

instancias donde el Gobernador de Puerto Rico emite órdenes

ejecutivas de conformidad con los poderes delegados a éste

por la Asamblea Legislativa.4 De manera que, una “orden

Mediante el Código Político de Puerto Rico, infra, la Asamblea

Legislativa reafirmó las facultades constitucionalmente delegadas al

Gobernador de Puerto Rico. Allí, se estableció que el Primer Ejecutivo

ejecutará fielmente las leyes; procurará que todos los cargos estén

debidamente cubiertos y que se cumplan con las obligaciones de dichos

cargos, y ejercerá aquellas facultades y cumplirá con las obligaciones

4

AC-2022-0070

32

ejecutiva emitida conforme a una facultad dispuesta en ley

constituye […] un ejercicio de poderes delegados por la

Asamblea Legislativa”. Vázquez Irizarry, supra, pág. 1052.

Y es que, históricamente, y en lo aquí pertinente, el

referido

poder

de

gobierno,

--

entiéndase

el

ha

delegado

en

el

Ejecutivo

Legislativo

--,

determinados

poderes

extraordinarios

Primer

para

Poder

responder

a

emergencias o desastres. Para ello, el Poder Legislativo

ha viabilizado el uso de las órdenes ejecutivas como la

herramienta

principal

a

disposición

del

Gobernador

de

Puerto Rico para que éste último, entre otras cosas, pueda

implementar su política pública o dar directrices al Poder

Ejecutivo durante circunstancias extraordinarias. J. E.

Hernández Acevedo, op. cit., pág. 439.

Así,

por

Legislativa

ejemplo,

aprobó

la

en

el

año

Ley

Sobre

1938,

la

la

Asamblea

Declaración

de

Epidemias, Ley Núm. 157 de 10 de mayo de 1938, 24 LPRA sec.

354 et seq., mediante la cual le delegó al Gobernador de

Puerto Rico la facultad para actuar ante una emergencia

provocada específicamente por una epidemia. En particular,

se dispuso que “[c]uando una epidemia sea declarada en uno

o varios municipios, mediante proclama del Gobernador de

Puerto

Rico,

el

Secretario

de

Salud

se

hará

cargo

inmediatamente de la declaración de la epidemia […]”.

que le fuesen asignadas por las leyes de Estados Unidos y las leyes de

Puerto Rico. Art. 48 del Código Político de Puerto Rico de 1902, 3

LPRA sec. 1.

AC-2022-0070

33

(Énfasis nuestro). Sec. 1 de la Ley sobre la Declaración

de Epidemias, 24 LPRA sec. 354. Ahora bien, al conceder

dicho poder, la Asamblea Legislativa advirtió que “tan

pronto

la

epidemia

sea

extinguida,

se

declarará

así

oficialmente por el Gobernador de Puerto Rico a propuesta

del Secretario de Salud, y cesarán entonces los efectos

legales

de

nuestro).

[dicha

Sec.

5

declaración

de

de

sobre

la

Ley

epidemia]”.

la

(Énfasis

Declaración

de

Epidemias, 24 LPRA sec. 358.

Décadas más tarde, pero con igual lógica, mediante la

Ley

de

Procedimientos

para

Situaciones

o

Eventos

de

Emergencia, infra, la Asamblea Legislativa autorizó al

Gobernador de Puerto Rico a promulgar, enmendar o revocar

aquellos

reglamentos,

convenios,

órdenes,

contratos

o

parte de éstos que entendiera necesario para gobernar

durante un estado de emergencia. Art. 1 de la Ley de

Procedimientos para Situaciones o Eventos de Emergencia,

Ley Núm. 76-2000, 3 LPRA sec. 1941. Específicamente, la

aludida pieza legislativa disponía que:

[d]urante el período de tiempo que dure una

emergencia

así

declarada

mediante

Orden

Ejecutiva por el Gobernador de Puerto Rico al

amparo [de la Ley Núm. 20-2017, infra,] o el

Presidente de los Estados Unidos de América,

aquellas obras íntimamente ligadas al problema o

que respondan a una solución inmediata a la

situación

creada

por

la

emergencia,

que

conlleven la expedición de algún permiso,

endoso, consulta y/o certificación, […] se les

dispensará del cumplimiento de los términos y

procedimientos

establecidos

[…].

(Énfasis

nuestro). Art. 2 de la Ley de Procedimientos para

AC-2022-0070

34

Situaciones o Eventos de Emergencia, Ley Núm.

76-2000, 3 LPRA sec. 1932.

A tenor con lo antes dispuesto, el referido poder

gubernamental también limitó la vigencia de las órdenes

ejecutivas promulgadas por el Gobernador de Puerto Rico al

amparo de dicho estatuto a un término de seis (6) meses.

Art. 12 de la Ley de Procedimientos para Situaciones o

Eventos de Emergencia, Ley Núm. 76-2000, 3 LPRA sec. 1942.

Sobre

el

particular,

la

Ley

de

Procedimientos

para

Situaciones o Eventos de Emergencia, supra, dispuso que:

[l]as

Órdenes

Ejecutivas

para

declarar

emergencias emitidas por el Gobernador al amparo

de las disposiciones de esta Ley, tendrán una

vigencia no mayor de seis (6) meses. El

Gobernador podrá, mediante Orden Ejecutiva,

extender el estado de emergencia por el tiempo

que estime necesario, sin exceder el término de

su incumbencia […]. Dentro de dicho periodo de

tiempo, la Asamblea Legislativa, de entenderlo

necesario, pasará juicio sobre el contenido de

las mismas y podrá delimitar sus alcances a

través

del

mecanismo

de

la

Resolución

Concurrente. Íd.

Por

último,

controversia

que

y

ya

nos

más

en

ocupa,

lo

relacionado

precisa

señalar

a

la

que,

recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm.

20-2017,

mejor

conocida

como

Ley

del

Departamento

de

Seguridad Pública de Puerto Rico, (en adelante, “Ley del

Departamento de Seguridad Pública”), 25 LPRA sec. 3501 et

seq., con el propósito de brindar a la ciudadanía “la

confianza de que, en caso de una emergencia, el Gobierno

estatal estar[ía] disponible y listo para prestarle auxilio

AC-2022-0070

35

inmediato y adecuado para salvar su vida, su salud, su

familia y su propiedad”. Exposición de Motivos de la Ley

del Departamento de Seguridad Pública, Ley Núm. 20-2017

(2017

Leyes

de

Puerto

Rico).

En

consecuencia,

y

para

instrumentar tales propósitos, la Ley del Departamento de

Seguridad

Pública,

supra,

determinados

poderes

emergencias

o

delegó

al

extraordinarios

desastres.

Art.

Primer

para

5.10

de

Ejecutivo

responder

la

Ley

a

del

Departamento de Seguridad Pública, Ley Núm. 20-2017, 25

LPRA sec. 3650.

En ese sentido, el Gobernador de Puerto Rico podrá

actuar -- conforme a la definición de emergencia dispuesta

en la aludida disposición legal -- en aquellas situaciones

o

circunstancias

en

las

cuales

son

“necesarios

los

esfuerzos estatales y municipales encaminados a salvar

vidas y proteger propiedades, la salud y seguridad pública,

o para minimizar o evitar el riesgo de que ocurra un

desastre en cualquier parte de Puerto Rico”. Art. 5.03(e)

de la Ley del Departamento de Seguridad Pública, Ley Núm.

20-2017, 25 LPRA sec. 3643(e). De igual forma, el Primer

Ejecutivo podrá emplear sus poderes extraordinarios en

respuesta a un desastre o, lo que es igual, ante la

ocurrencia

de

“un

evento

propiedad,

muertos

y/o

que

resulte

lesionados

en

en

daños

una

a

o

la

más

comunidades”. Art. 5.03(c) de la Ley del Departamento de

Seguridad Pública, Ley Núm. 20-2017, 25 LPRA sec. 3643(c).

AC-2022-0070

36

En lo que nos atañe, el Art. 5.10 del referido cuerpo

de ley dispone que el Gobernador de Puerto Rico podrá

“decretar

mediante

proclama,

que

existe

un

estado

de

emergencia o desastre, según sea el caso, en todo el

territorio de Puerto Rico o en parte del mismo”. (Énfasis

nuestro).

25

LPRA

sec.

3650.

Asimismo,

el

precitado

artículo preceptúa que el Primer Ejecutivo, mientras dure

dicho estado de emergencia o desastre, tendrá -- además de

los poderes conferidos por otras leyes -- los poderes

siguientes:

(b) Podrá dictar, enmendar y revocar aquellos

reglamentos y emitir, enmendar y rescindir

aquellas órdenes que estime convenientes para

regir durante el estado de emergencia o desastre.

Los reglamentos dictados u órdenes emitidas

durante un estado de emergencia o desastre

tendrán fuerza de ley mientras dure dicho estado

de emergencia o desastre.

(c) Podrá darle vigencia a aquellos reglamentos,

órdenes, planes o medidas estatales para

situaciones de emergencia o desastre o variar

los mismos a su juicio. Íd.

En fin, de un análisis detenido de las disposiciones

antes expuestas, claramente podemos colegir que -- a través

del tiempo y en escenarios como los que hoy nos ocupan -la intención de la Asamblea Legislativa ha sido dotar al

Gobernador

de

extraordinarios

Puerto

para

Rico

de

ciertos

poderes

responder

con

prontitud

a

las

situaciones de emergencia o desastre que surgen en el País

mediante decreto y por un periodo de tiempo determinado.

AC-2022-0070

37

Así pues, habiendo establecido que el Gobernador de

Puerto Rico puede emitir órdenes ejecutivas en virtud de

las facultades otorgadas a éste en nuestra Constitución o

vía delegación estatutaria, procede, entonces, evaluar en

detalle la naturaleza y el alcance de este tipo de acción

ejecutiva.

B.

i.

Como se sabe, la facultad del Gobernador de Puerto

Rico para emitir órdenes ejecutivas encuentra su origen en

el

ejercicio

de

dicha

prerrogativa

por

parte

de

los

Presidentes de Estados Unidos.5 J. J. Álvarez González,

Derecho

constitucional

de

Puerto

Rico

y

relaciones

constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis,

Tomo 1, 2009, pág. 257. En el ámbito federal, se ha

dispuesto que:

Presidents have used the executive order in one

form or another since the founding of this

country. Historically, the standard occasions of

these executive orders have been ceremonial

purposes (such as a holiday proclamation);

routine administrative matter of the executive

branch; and presidential directives in his role

as Commander-in-Chief (e.g., national security

or

emergency

matter,

including

war

and

international affairs). Particularly in the

context of military and foreign policy, the

President´s

use

of

executive

orders

to

effectuate policy and regulation affecting a

Sobre ello, el Profesor William Vázquez Irizarry comenta que “[c]on

mayor o menor debate, y más o menos intensidad en su uso, todos los

Gobernadores han emitido órdenes [ejecutivas] como parte de sus

funciones en La Fortaleza. Esta realidad está ligada al uso del

instrumento por parte del Presidente de los Estados Unidos”. Vázquez

Irizarry, supra, pág. 3.

5

AC-2022-0070

38

variety of sectors has been widely accepted. B.

A. Liang, “A zone of twilight”: executive orders

in the modern policy state, Washington, D.C.,

National Legal Center for the Public Interest,

Vol. 3, Núm. 3, 1999, págs. 2-4.

Así pues, desde el año 1789, -- fecha en que George

Washington,

expresidente

de

Estados

Unidos,

emitió

la

primera orden ejecutiva -- los referidos decretos han sido

utilizados por el Primer Ejecutivo como un vehículo de

acción unilateral para responder a determinados momentos

históricos.

E.

Kagan,

Presidential

Administration,

114

Harv. L. Rev. 2245, 2291-2292 (2001). Por ejemplo, las

órdenes

ejecutivas

han

sido

utilizadas,

entre

otras

instancias, para establecer los campamentos que albergaron

a

los

japoneses

americanos

durante

la

Segunda

Guerra

Mundial, suspender el auto de hábeas corpus durante la

Guerra Civil y erradicar el discrimen basado en raza,

color, religión, entre otros (“to establish internment

camps that housed Japanese Americans during World War II;

suspend the writ of habeas corpus during the Civil War;

and bar discrimination based on race, color, religion, or

national origin in the armed forces.”). J. M. Gaffney,

Executive

Order:

An

Introduction,

U.S.

Congressional

Research Service, (R46738, Mar. 8, 2021), págs. 1-2.

Ahora bien, aun cuando históricamente se ha reconocido

la

facultad

del

Primer

Ejecutivo

para

emitir

órdenes

ejecutivas, en nuestra jurisdicción no existen parámetros

constitucionales o estatutarios que regulen este poder.

AC-2022-0070

39

Hernández,

Romero

v.

Pol.

(Hernández

Denton,

opinión

De

P.R.,

disidente).

supra,

pág.

Véase,

167

también,

Vázquez Irizarry, supra, pág. 1020; Gaffney, supra, pág.

2. Por tanto, se trata de un mecanismo cuyo origen lo

encontramos en la práctica. Álvarez González, op. cit.,

pág. 257.

En ese sentido, existe un entendido general respecto

a que una orden ejecutiva es “un mandato dirigido a uno de

los brazos auxiliares del poder ejecutivo, conforme a

nuestra

Constitución

y

el

ordenamiento

jurídico

estatutario”. Hernández, Romero v. Pol. De P.R., supra,

pág. 138. Dicho de otro modo, es “un mandato del Gobernador

a la rama ejecutiva”. Vázquez Irizarry, supra, pág. 1020.

Sobre ello, el Profesor Farinacci Fernós nos comenta

que las órdenes ejecutivas son una de las principales

herramientas a disposición de un gobernante “para ejercer

sus

poderes

ejecutivos,

surjan

estos

explícita

o

implícitamente de la Constitución, o que sean de naturaleza

inherente

por

virtud

de

su

rol

como

Primer(a)

Ejecutivo(a)”. Farinacci Fernós, supra, pág. 192. Por ende,

la facultad del Gobernador de Puerto Rico para emitir

órdenes

ejecutivas,

mediante

las

cuales

dispone

la

realización de determinados actos, emana de los poderes

inherentes a su cargo por virtud de la Constitución o de

aquellos

delegados

estatutariamente

por

el

Poder

AC-2022-0070

40

Legislativo.6 Op. Sec. Just. Núm. 7 de 12 de febrero de

2008; Op. Sec. De Just. Núm. 25 de 3 de octubre de 1991;

Op. Sec. Just. Núm. 10 de 29 de marzo de 1985.

Particularmente, se ha dispuesto que algunas órdenes

ejecutivas

encuentran

apoyo

legal

en

la

obligación

constitucional del Primer Ejecutivo de: 1) cumplir y hacer

cumplir las leyes; 2) vigilar y supervisar la conducta

oficial del funcionariado del Poder Ejecutivo, y 3) de

cuidar que éste cumpla con los deberes y las obligaciones

de su cargo de acuerdo con la ley. Hernández Romero v. Pol.

De P.R., supra; Guzmán v. Calderón, supra, pág. 266 (Rivera

Pérez, opinión de conformidad). Véase, además, Op. Sec.

Just. Núm. 5 de 27 de febrero de 1985. Se trata, pues, de

un instrumento disponible al Gobernador de Puerto Rico para

que éste ejerza su facultad de supervisión y dirección de

los componentes del Poder Ejecutivo. Asoc. Alcaldes v.

Contralor, 176 DPR 150, esc. 7 (2009).

A esos efectos, las órdenes ejecutivas constituyen,

sin lugar a duda, un útil mecanismo de poder a disposición

del Primer Ejecutivo. Vázquez Irizarry, supra, pág. 953.

Ello, debido a que no están inmediatamente limitadas al

proceso exhaustivo y delicado del bicameralismo, ni a las

En el ámbito federal, “executive orders, which can derive their power

from congressional delegations of authority to the President

(explicit, implicit, or anticipated), from the President´s independent

authority under Article II of the Constitution, or from some vague

combinations of the two, are generally enforceable by courts against

private citizens.” E. Newland, Executive Order in Court, 124 Yale L.J.

2026, 2031 (2015). Véase, además, Gaffney, supra, págs. 4-7.

6

AC-2022-0070

41

limitaciones de la ley del procedimiento administrativo

(“they

are

wrought

not

and

immediately

constrained

by

exhaustively

considered

the

finely

process

of

bicameralism and presentment, nor are they subject to the

hoop

and

constraints

of

the

Administrative

Procedure

Act.”). E. Newland, Executive Order in Court, 124 Yale L.J.

2026, 2031-2032 (2015). Sobre esto último, se ha dispuesto

que:

[i]n

contrast

to

legislation

or

agency

regulation,

there

are

almost

no

legally

enforceable procedural requirements that the

president must satisfy before issuing (or

repealing)

an

executive

order

or

other

presidential directive. That, no doubt, is

central to their appeal to presidents [and

governors]. They rid the president of the need

to assemble majorities in both houses of

Congress, or to wait through administrative

processes,

such

as

notice-and-comment

rulemaking, to initiate policy. K. M. Stack, The

Statutory President, 90 Iowa L. Rev. 539, 552553 (2005).

ii.

Delineada

la

naturaleza

de

este

tipo

de

acción

ejecutiva, conviene también señalar que en ninguna parte

de nuestra Constitución, ni en ley alguna, se estatuye el

procedimiento o los requisitos de forma para promulgar una

orden ejecutiva. Gaffney, supra, pág. 2. De manera que,

las formalidades y los atributos propios de las órdenes

ejecutivas son producto de su uso y costumbre, plasmado

precisamente en el contenido de éstas. Vázquez Irizarry,

supra, pág. 1020. Véase, además, Hernández, Romero v. Pol

AC-2022-0070

42

de P.R., supra, págs. 167-168 (Hernández Denton, opinión

disidente).

Sobre lo antes expuesto precisa señalar que, en los

Estados

Unidos,

allá

para

el

año

1962,

el

entonces

Presidente John F. Kennedy promulgó la Orden Ejecutiva Núm.

11,030 mediante la cual prescribió las normas que regirían

la preparación, presentación, archivo y publicación de las

proclamas y de las órdenes ejecutivas.7 Gaffney, supra,

pág. 3. En cambio, en Puerto Rico, las reglas que gobiernan

el

procedimiento

de

aprobación

y

divulgación

de

las

proclamas y órdenes ejecutivas están recogidas en la Orden

Ejecutiva Núm. 5550 promulgada el 29 de enero de 1990.

Vázquez

Irizarry,

supra,

pág.

1022.

Véase,

además,

Hernández, Romero v. Pol de P.R., supra, págs. 167-168

(Hernández Denton, opinión disidente).

En términos generales, la Orden Ejecutiva Núm. 5550

preceptúa que los decretos que emita un gobernante deberán

cumplir con las siguientes formalidades:

1) un título que resuma su propósito; 2)

preparada a doble espacio en un papel de tamaño

y márgenes legales; 3) hará referencia en la

parte superior al Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y al lugar donde se firma y se otorga; 4)

proveerá

para

un

número

de

Boletín

Administrativo; 5) seguirá un formato de

cláusulas “POR CUANTO” a manera de exposición de

motivos, seguida por una parte dispositiva con

cláusulas “POR TANTO”; 6) se establecerá si la

facultad para emitir surge de la Constitución,

legislación específica o “en virtud de los

poderes inherentes al cargo de Gobernador”; 7)

Para una discusión sobre el procedimiento dispuesto en la orden

ejecutiva de referencia, véase, Gaffney, supra, pág. 3.

7

AC-2022-0070

43

contendrá una recitación final indicando que se

firma en una fecha dada y que se estampa el Gran

Sello del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;

8) la firma del Gobernador; 9) el Sello Oficial

de Puerto Rico; 10) una cláusula de promulgación

y, 11) finalmente, la firma del Secretario de

Estado. Vázquez Irizarry, supra, pág. 1023.

Véase, además, Orden Ejecutiva Núm. 5550 de 29

de enero de 1990.

Como se puede apreciar, una orden ejecutiva siempre

tiene que hacer referencia a la disposición legal que

autoriza su ejercicio. Farinacci Fernós, supra, pág. 193;

Vázquez Irizarry, supra, pág. 1024. Ello, pues, según

adelantamos, una orden ejecutiva solo tiene fuerza de ley

cuando ha sido promulgada de acuerdo con la autoridad

conferida al Primer Ejecutivo en la Constitución del Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

o

por

la

Asamblea

Legislativa.8 Hernández, Romero v. Pol. De P.R., supra,

Sobre el particular, en el ámbito federal se ha dicho que “[b]ecause

an executive order is an exercise of presidential power, its legal

effect depends upon its reliance on a valid source of presidential

authority. Thus, it is ‘black letter law’ that for an executive order

to have legal effect, its authority ‘must stem either from an act of

Congress or from the Constitution itself’.” Gaffney, supra, pág. 4-5.

Particularmente, en dicha esfera se ha señalado que,

8

[t]here are two sources of authority though which executive

orders may claim “the force and effect of law.” The first

is Article II of the Constitution. Article II authorizes

presidents to issue executive orders that operate within

areas exclusively subject to presidential power. Article II

also authorizes the President to issue executive orders that

(a) operate in areas of concurrent congressional-executive

authority and (b) do not contravene the “expressed or

implied will of Congress”. The second source of authority

trough which executive orders assume the force and effect

of law is statutory -that is, congressional delegation of

power. Newland, supra, pág. 2050.

A modo de ejemplo, la Orden Ejecutiva Núm. 14,014, 86 Fed. Reg. 9429

(Feb. 10, 2021), dispone que la autoridad del Presidente para emitir

dicha orden surge del International Emergency Economic Powers Act, 50

U.S.C. 1701 et seq., del National Emergencies Act, 50 U.S.C. 1601 et

seq., de la sección 212(f) del Immigration and Nationality Act of 1952,

8 U.S.C. 1182(f), y de la sección 301 del Título 3 del United States

AC-2022-0070

44

pág. 138. Véase, también, Vázquez Irizarry, supra, pág.

1029.

Por consiguiente, una orden ejecutiva que sea ambigua

respecto a la fuente legal que la autoriza puede oscurecer

los contornos del poder delegado (“[a]n executive order

that is ambiguous about the statutory source(s) of its

claimed authority can obscure the contours of its power.”).

Newland, supra, pág. 2050. Ahora bien, “el [hecho de] que

una orden ejecutiva no tenga fuerza de ley no quiere decir

que esta sea un ejercicio ilegal de parte del Gobernador,

[pues de] lo que se trata es de las consecuencias que tenga

el

incumplimiento

con

la

orden”.9

A.

Acevedo

Vilá,

Separación de Poderes en Puerto Rico: entre la teoría y la

práctica, Ed. SITUM, 2018, pág. 97. Es decir:

[h]ay

órdenes

ejecutivas,

como

las

de

declaración de estados de emergencia, que emanan

de delegaciones específicas legisladas y que

tienen consecuencias legales y su incumplimiento

puede exigirse en los tribunales. Hay otras que

meramente

hacen

declaraciones

de

política

pública o una expresión de parte del Gobernador

que no tiene mayores consecuencias legales.

Ahora, hay unas órdenes ejecutivas, en las cuales

el Gobernador les da instrucciones específicas a

las agencias de la Rama Ejecutiva, que, aunque

Code. Asimismo, la Orden Ejecutiva Núm. 13,963, 85 Fed. Reg. 81,331

(Dec. 10, 2020), establece que la misma se promulga conforme a la

autoridad conferida al Presidente en la “Constitution and the laws of

the United States of America, including the Federal Vacancies Reform

Act of 1998, as amended, 5 U.S.C. 3345 et seq.”

Sobre el particular, se ha dispuesto que, aun cuando una orden

ejecutiva haya sido promulgada originalmente sin autoridad legal, una

acción posterior del Congreso puede conferirle tal autoridad de manera

retroactiva (“[a]ccordingly, even if the executive order was

originally issued without statutory authority, later action by

Congress retroactively conferred that authority”). Gaffney, supra,

pág. 8. Véase, además, United States v. Alaska, 521 US 1, 36 (1997).

9

AC-2022-0070

45

no puedan ponerse en vigor a través de los

tribunales, pueden conllevar cambios de política

pública o énfasis en la ejecución de políticas

públicas y, aunque no otorguen derechos a

tercero,

pueden

conllevar

consecuencias

disciplinarias dentro de la Rama Ejecutiva. A.

Acevedo Vilá, op. cit., págs. 97-98.

iii.

Por último, y en esta tarea de auscultar la naturaleza

y el alcance de las órdenes ejecutivas, debemos subrayar

que estos decretos, como regla general, no pueden tener el

efecto de ser obligatorios para persona o entidad privada

alguna, ajena a la propia Rama Ejecutiva, o fuera del

ámbito legal jurisdiccional del Gobernador de Puerto Rico.

Op. Sec. Just. Núm. 2 de 6 de febrero de 1968, esc. 1. “La

orden que pretenda afectar conducta de terceros ciudadanos

particularmente

con

efectos

sobre

sus

derechos

y

obligaciones, constituye en potencia un acto estatal de

naturaleza

legislativa”.

Vázquez

Irizarry,

supra,

pág.

1030.

En ese sentido, tratadistas del tema han comentado

que, para que una orden ejecutiva pueda aplicar a personas

privadas y exigir algún tipo de conducta a la ciudadanía,

ésta debe ser producto del ejercicio de algún poder cuasilegislativo

debidamente

delegado

por

la

Asamblea

Legislativa mediante estatuto. Farinacci Fernós, supra,

pág.

194.

De

lo

contrario,

“estaríamos

ante

un

acto

patentemente inconstitucional, por violar la Separación de

Poderes”. Íd. En cuanto a ello y, en definitiva:

AC-2022-0070

46

[u]na orden ejecutiva no puede intervenir con

derechos constitucionalmente protegidos. Sólo se

permitiría tal acción en casos de extrema

emergencia y por tiempo limitado. Permitir tal

actuación constituiría un abuso de poder por

parte de la Rama Ejecutiva. Además, tal

abrogación

de

poder

podría

resultar

inconstitucional por lesionar el sistema de

pesos

y

contrapesos

establecido

en

la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico. Hernández, Romero v. Pol. De P.R., supra,

pág. 138.

En ese contexto, en determinadas instancias se ha

cuestionado

el

uso

de

las

órdenes

ejecutivas,

particularmente, en lo relacionado a “si -al emitirlas- el

Gobernador

está

usurpando

los

poderes

de

la

Asamblea

Legislativa de legislar”. Acevedo Vilá, op. cit., pág. 94.

Es decir, si “el primer ejecutivo […] ha invadido esferas

tradicionalmente

consideradas

propias

del

poder

legislativo”. Álvarez González, op. cit., pág. 257.

Así las cosas, y en aras de lograr un acercamiento

completo al estado de derecho que gobierna los asuntos ante

nuestra consideración, no podemos culminar este análisis

sin antes reseñar el procedimiento judicial, -- derivado

en parte de la jurisprudencia federal --, para atender

aquellas controversias que surgen cuando un gobernante hace

uso de su facultad -- mediante la vía constitucional o

estatutaria -- de emitir órdenes ejecutivas y, con ello,

se genera un choque con el Poder Legislativo. Ello, pues,

como

advertimos,

escenarios,

al

se

emitir

ha

considerado

este

tipo

de

que,

en

decreto

diversos

el

Primer

AC-2022-0070

47

Ejecutivo pudiese estar usurpando poderes constitucionales

expresamente delegados al Poder Legislativo.

C.

Dicho ello, precisa señalar aquí que, aun cuando en

nuestra jurisdicción se han emitido órdenes ejecutivas

desde

tiempos

inmemorables,

“[l]a

jurisprudencia

puertorriqueña en unas pocas ocasiones ha tenido ante sí o

ha

mencionado

órdenes

ejecutivas

específicas,

en

circunstancias que no presentaban problemas de separación

de

poderes,

bien

porque

respondían

a

una

delegación

legislativa […], o canalizaban el ejercicio de poderes que

la Constitución confiere al Gobernador [de Puerto Rico]”.

Álvarez González, op. cit., pág. 257. El Tribunal se ha

limitado a señalar meramente la existencia de órdenes

ejecutivas, sin entrar a un análisis detallado en, El

Pueblo

v.

Arrillaga,

30

DPR

940

(1922);

Landrón

v.

Domenech, Tes., 61 DPR 242 (1943); Buscaglia, Tes. v.

Tribl. De Contribuciones, 67 DPR 28, 29 (1947); Sosa v.

Tribunal de Distrito, 70 DPR 62 (1949); Pueblo v. Vidal,

78 DPR 76 (1955); Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650

(1988); Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR

864 (1990); Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1 (2001),

y Otero de Ramos v. Srio. de Hacienda, 156 DPR 876 (2002).10

Íd.

Para una discusión detallada de los casos que han aludido a órdenes

ejecutivas en Puerto Rico, véase, Álvarez González, op. cit., págs.

257-259.

10

AC-2022-0070

48

Sin embargo, en el ámbito federal han sido múltiples

las controversias que se han generado en torno a las

órdenes ejecutivas, particularmente en cuanto a la validez

de este tipo de acción ejecutiva. Gaffney, supra, pág. 8;

Newland, supra, pág. 2034. En términos generales, algunas

de esas controversias estriban, precisamente, en dilucidar

de

dónde

emana

determinada

el

orden

poder

del

Presidente

para

emitir

si

sus

poderes

ejecutiva;

de

constitucionales o de aquellos delegados por el Congreso.

Íd. En este último escenario, también se ha cuestionado si

cierta

acción

del

Primer

Ejecutivo,

--

implementada

mediante una orden ejecutiva --, está o no dentro del

alcance

de

la

facultad

que

le

ha

sido

expresamente

conferida por el Congreso. Íd. En esa dirección, se ha

planteado por igual la pregunta sobre cuándo “una orden

ejecutiva

constituye

un

ejecutivo

o

una

bien

ejercicio

legítimo

usurpación

de

de

poder

facultades

legislativas”. Vázquez Irizarry, supra, pág. 1046.

En el normativo caso Youngstown Sheet & Tube Co. v.

Sawyer, 343 US 579, 582 (1952), por ejemplo, el Tribunal

Supremo

de

los

Estados

Unidos

estableció

el

marco

de

análisis que debe emplearse para disponer de controversias

como las antes descritas. En esa ocasión, el Máximo Foro

Judicial federal tuvo la oportunidad de dirimir si el

Presidente de los Estados Unidos tenía o no la autoridad

para emitir la Orden Ejecutiva Núm. 10,340, a los fines de

AC-2022-0070

49

ordenar al Secretario de Comercio ha incautar y operar la

mayoría de las minas de acero de la Nación, en aras de

garantizar la producción continua de dicho material y

evitar los efectos de una huelga de trabajadores durante

la Guerra de Corea. Íd. En palabras del propio Tribunal

Supremo de Estados Unidos:

[w]e are asked to decide the President was acting

within his constitutional power when he issued

an order directing the Secretary of Commerce to

take possession of and operate most of the

Nation´s steel mills. The mill owners argue that

the President´s order amounts to lawmaking, a

legislative function which the Constitution

expressly confided to the Congress and no to the

President. The Government’s position is that the

order was made on finding of the President that

his action was necessary to avert a national

catastrophe which would inevitably result from a

stoppage of steel production, and that in meeting

this grave emergency the President was acting

within the aggregate of his constitutional

powers as the Nation´s Chief Executive and the

Commander in Chief of the Armed Forces of the

United States. Íd.

Tras

evaluar

detenidamente

los

poderes

constitucionales del Presidente de los Estados Unidos y

aquellos delegados por el Congreso a éste, el Tribunal

Supremo federal, por voz del Juez Black, emitió una Opinión

mediante la cual declaró inconstitucional la precitada

orden ejecutiva. Íd. Fundamentó su determinación en que

“the President´s power to see that laws are faithfully

execute refute the idea that he is to be a lawmaker.” Íd.,

pág. 587.

AC-2022-0070

50

Es decir, el Máximo Foro Judicial federal razonó que

la autoridad del Primer Ejecutivo para emitir la orden

ejecutiva

en

controversia,

o

cualquiera

otra,

debía

provenir de las facultades que se le delegaron en la

Constitución o vía estatuto aprobado por el Congreso. Íd.,

pág. 585. Al ello no existir en ese caso, procedía, pues,

declarar la inconstitucionalidad de la orden ejecutiva bajo

estudio.

Así pues, en el mencionado caso el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos razonó que el decreto emitido por el

Presidente constituyó un acto legislativo, pues ninguna

disposición constitucional o estatutaria autorizaba dicha

acción.11 Íd. En consecuencia, el Máximo Foro Judicial

federal concluyó que la orden ejecutiva en cuestión violó

la doctrina de separación de poderes consagrada en la

Constitución federal. Íd. A esos efectos, apuntó que “[t]he

Founders of this Nation entrusted the law making power to

the Congress alone in both good and bad times”. Íd., pág.

589.

11 Sobre

el particular el Tribunal Supremo federal dispuso lo siguiente:

[t]he order cannot properly be sustained as an exercise of

the President´s military power as Commander in Chief of the

Armed Forces. […]. Nor can the seizure order be sustained

because of the several constitutional provisions that grant

executive power to the Presidents. […] The President’s order

does not direct that a congressional policy be executed in

a manner prescribed by Congress -it directs that a

presidential policy be executed in a manner prescribe by

the President. Íd., págs. 587-588.

AC-2022-0070

51

Nótese que el análisis empleado por la mayoría en

Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, supra, es uno que,

como cuestión de umbral, cuestiona de dónde emana el poder

del Presidente de los Estados Unidos para promulgar la

orden ejecutiva en controversia, si de la Constitución o

de una delegación del Congreso. De concluirse que no existe

fuente alguna que le delegue dicho poder, -- es decir, que

valide

la

actuación

del

Primer

Ejecutivo

--,

procede

entonces que se declare la inconstitucionalidad de la

referida actuación por ser contraria a la doctrina de

separación de poderes.

Respecto

al

análisis

antes

reseñado,

es

menester

mencionar que, en Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer,

supra, el Juez Jackson emitió una Opinión concurrente a

los efectos de proponer un esquema de análisis -- de tres

escenarios -- para determinar el acercamiento que le va a

hacer el Tribunal a la conducta en controversia del Primer

Ejecutivo. Estos tres escenarios requieren evaluar si: 1)

el Primer Ejecutivo actúa por virtud de una autorización

legislativa expresa o implícita (“[w]hen the President acts

pursuant

to

an

express

or

implied

authorization

of

Congress”); 2) el Primer Ejecutivo actúa en ausencia de

autorización

poderes

o

prohibición

constitucionales

estatutaria

independientes

y

alude

a

sus

(“[w]hen

the

Presidents acts in absence of either a congressional grant

or denial of authority, he can only rely upon his own

AC-2022-0070

52

independent powers”), o 3) el Primer Ejecutivo actúa de

forma

contraria

implícita

a

la

voluntad

(“[w]hen

incompatible

with

the

the

legislativa

President

expressed

or

expresa

o

takes

measures

implied

will

of

Congress”). Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, supra,

págs.

635-638

(Jackson,

opinión

concurrente).

Véase,

además, E. Chemerinsky, Constitutional Law: principles and

policies, 5th ed., New York, Wolters Kluwer, 2015, pág.

355; L. Fisher y otros, American Constitutional Law, 10th

ed., North Carolina, Carolina Academic Press, 2013, Vol.

I, págs. 273-274.

En

cuanto

al

primero

de

los

escenarios,

el

Juez

Jackson apuntó que la autoridad del Primer Ejecutivo para

emitir órdenes ejecutivas bajo este supuesto -- entiéndase,

cuando

el

Presidente

actúa

al

amparo

de

la

autoridad

expresa o implícita delegada por el Congreso -- es total,

pues incluye todo el poder que posee como Primer Ejecutivo

y

aquel

que

le

ha

sido

delegado

por

la

legislatura.

Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, supra, págs. 635638 (Jackson, opinión concurrente). Por lo que, de dicha

acción ser impugnada, estará “supported by the strongest

of

presumptions

and

the

widest

latitude

of

judicial

interpretation, and the burden of persuasion would rest

heavily upon any who might attack it.” Íd., pág. 636.

Sobre el segundo escenario, -- a saber, cuando el

Primer Ejecutivo emite órdenes ejecutivas en ausencia de

AC-2022-0070

53

autorización o prohibición estatutaria -- el Juez Jasckson

destacó que se trata de una zona de penumbra en la que el

Presidente de los Estados Unidos y el Congreso pueden tener

autoridad concurrente o donde la distribución de dicha

autoridad es incierta.12 Íd., pág. 637. Sobre este escenario

en particular, el profesor William Vázquez Irizarry explica

que:

[s]e trata de una zona gris creada por el hecho

de que el interés público requiere tomar acción

gubernamental

pero

no

existe

una

clara

designación

de

responsabilidades

en

la

Constitución, ni el propio poder legislativo ha

expresado su voluntad sobre el tema. En tal caso

las experiencias históricas pueden ser un factor

determinante, así como la acción o inacción de

la rama legislativa ante conductas del ejecutivo

tendientes a querer afirmar o utilizar las

facultades en controversia. En este renglón, el

silencio legislativo ante una reiterada práctica

del

primer

ejecutivo

de

emitir

órdenes

ejecutivas sobre determinado tema puede ser un

elemento a ser considerado en favor de la

existencia de un entendido constitucional entre

las dos ramas. Vázquez Irizarry, supra, pág.

1047.

Por último, el tercer escenario -- esto es, cuando el

Primer

Ejecutivo

emite

órdenes

ejecutivas

de

forma

contraria a la voluntad legislativa expresa o implícita - “supone un choque frontal entre el poder ejecutivo y el

legislativo”. Íd. Al respecto, el Juez Jackson señala que

cuando el Primer Ejecutivo actúa bajo este supuesto se

entenderá que su autoridad está en su punto más débil;

En United States v. Midwest Oil Co., 236 U.S. 459, 470-471 (1915)

el Tribunal Supremo federal avaló el “President´s power to create

reservations, notwithstanding that no specific statute conferred that

power.”

12

AC-2022-0070

54

contrario a lo que sucede cuando se está ante el primer

escenario. Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, supra,

pág. 637 (Jackson, opinión concurrente). Lo anterior, pues

la única base legal en la cual el Primer Ejecutivo podría

sustentar su pretensión en este tercer escenario sería al

amparo

de

sus

poderes

constitucionales

o

mediante

un

reclamo de poderes inherentes. Íd., págs. 637-638. Véase,

además, Vázquez Irizarry, supra, pág. 1047. En ese sentido,

el Juez Jackson advirtió que “[p]residential claim to a

power

at

once

so

conclusive

and

preclusive

must

be

scrutinized with caution, for what is at stake is the

equilibrium

established

by

our

constitutional

system.”

Íd., pág. 638.

Así las cosas, tras aplicar el análisis al que hemos

hecho

referencia,

el

Juez

Jackson

concluyó

que

la

incautación de las minas de acero por parte del Presidente

de los Estados Unidos, mediante órdenes ejecutivas, se

trató de una acción -- como la descrita en el tercer

escenario -- incompatible con la voluntad del Congreso,

debido a que el “Congress has not left seizure of private

property

statutory

an

open

policies

field

but

has

inconsistent

covered

with

it

this

by

three

seizure.”

Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, supra, pág. 639

(Jackson,

opinión

concurrente).

Subrayó,

además,

que

“[t]he Executive, except for recommendation and veto, has

no legislative power. The executive action we have here

AC-2022-0070

55

originates in the individual will of the President and

represents an exercise of authority without law.” Íd., pág.

655.

Desde entonces, el análisis de los tres escenarios

propuesto por el Juez Jackson ha sido empleado por los

tribunales federales inferiores e inclusive por el propio

Tribunal Supremo de los Estados Unidos, para dirimir la

validez de las acciones del Presidente con relación a la

autoridad

delegada

a

éste

ya

sea

en

virtud

de

la

Constitución o vía legislación del Congreso.13 Gaffney,

supra, pág. 8; Vázquez Irizarry, supra, pág. 1046; Liang,

supra, pág. 26. Sobre ello, nos comenta el tratadista Erwin

Chemerinsky que:

[a]nalysis of presidential power often starts

with

Justice

Jackson´s

three-part

test.

Interestingly, his first and third zones involve

situations in which Congress has acted, and thus

the issue is the constitutionality of the federal

law. The second approach concerns inherent

powers -when the president is acting without

constitutional or statutory authority. This is

the situation in issue such as executive

privilege, impoundment, rescission of treaties,

executive agreements, removal of executive

officials from office, and the like. (Énfasis

suplido). Chemerinsky, op. cit., pág. 355.

Dicho ello, es preciso aclarar que si bien el análisis

empleado en el precitado caso de Youngstown Sheet & Tube

Co. v. Sawyer, supra, así como el de los tres escenarios

Véase, a modo de ejemplo Zivotofsky v. Kerry, 576 US 1 (2015) donde

el Máximo Foro Judicial federal dispuso que “[i]n considering claims

of Presidentials power this Court refers to Justice Jackson’s familiar

tripartite framework.”

13

AC-2022-0070

posibles

56

propuesto

por

el

Juez

Jackson

en

su

Opinión

concurrente, ha sido y es relevante a la hora de dirimir

si una acción del Primer Ejecutivo mediante una orden

ejecutiva es válida, existen otras consideraciones que

ameritan ser mencionadas. Gaffney, supra, pág. 11. Así,

por ejemplo, hay controversias en las cuales existe una

delegación expresa por parte del Poder Legislativo

--

entiéndase, el primer escenario de la Opinión concurrente

del Juez Jackson --, no obstante, se cuestiona si la acción

del Primer Ejecutivo está o no dentro del alcance del poder

que le ha sido conferido por ley y si dicha acción viola o

no lo dispuesto en la Constitución. Gaffney, supra, pág.

12.

Para

los

escenarios

como

el

antes

descrito,

jurisprudencialmente se ha establecido que el análisis que

debe guiar a los tribunales para considerar si la actuación

del Primer Ejecutivo es válida o no siempre deberá tener

presente: el texto del estatuto o legislación que le delegó

el poder al Presidente de los Estados Unidos; el alcance

del poder delegado por el Congreso en dicho estatuto; el

poder que tradicionalmente ostenta el Presidente de los

Estados Unidos en el tema particular bajo estudio; y la

acción o inacción del Congreso, tras un patrón prologado

de la acción del Primer Ejecutivo ejercitada al amparo de

AC-2022-0070

57

determinado estatuto.14 (“will begin with the text of the

statute delegating power to the President to determine the

scope of Congress´s delegation of power. Courts will also

consider the amount of power typically afforded to the

President in the particular subject area at issue. In

limited circumstances, courts may also consider whether

Congress has failed to act after a consistent and longstanding

pattern

of

executive

action

taken

under

the

statute. If so, then a court may view Congress as having

acquiesced

to

the

President´s

power

to

act

under

the

statute.”). Íd.

Recientemente, en Trump v. Hawaii, 138 S.Ct. 2392

(2018), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos empleó

el precitado análisis al evaluar una proclama emitida por

el Presidente Trump, mediante la cual éste suspendió la

entrada

de

ciertos

inmigrantes

a

Estados

Unidos.

En

esencia, el Presidente Trump argumentó que, por virtud de

la Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. sec. 1101 et

seq., el Congreso le había delegado el poder para suspender

o

restringir

la

entrada

de

inmigrantes

al

País

en

determinadas circunstancias, por lo que arguyó que el

Es decir, si el Poder Legislativo se ha cruzado de brazos y, con su

silencio, ha avalado la actuación ejecutiva. Así, por ejemplo, en Zemel

v. Rusk, 381 US 1, 11 (1965), el Máximo Foro Judicial federal sentenció

que “[u]nder some circumstances, Congress’s failure to repeal or revise

in the face of such administrative interpretation has been held to

constitute persuasive evidence that interpretation is the one intended

by Congress. In this case, however, the inference is supported by more

than mere congressional inaction.”

14

AC-2022-0070

58

referido decreto constituía un ejercicio válido de poder.

Trump v. Hawaii, supra, pág. 2407.

El razonamiento articulado por el Presidente Trump

fue acogido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

al sentenciar que, la Immigration and Nationality Act,

supra, -- debido a su lenguaje sencillo -- otorgaba al

Presidente amplia discreción para suspender la entrada de

determinados inmigrantes a Estados Unidos. Íd., pág. 2408.

A esos efectos, la Corte determinó que “[t]he President

lawfully exercised that discretion based on his findings following a worldwide, multi-agency review- that entry of

the covered aliens would be detrimental to the national

interest.” Íd.

En lo pertinente, y respecto al análisis empleado por

el Máximo Foro Judicial federal, conviene destacar que

dicho Foro federal, en primer lugar, examinó el texto de

la Immigration and Nationality Act, supra, estatuto en el

cual el Presidente Trump sustentaba su autoridad. Íd. De

forma

específica,

evaluó

la

Sección

1182(f)

de

la

Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C sec. 1182(f), la

cual preceptuaba que:

[w]henever the President finds that the entry of

any aliens or of any class of aliens into the

United States would be detrimental to the

interests of the United States, he may by

proclamation, and for such period as he shall

deem necessary, suspend the entry of all aliens

or any class of aliens as immigrants or

nonimmigrants, or impose on the entry of aliens

any restrictions he may deem to be appropriate.

AC-2022-0070

59

Al realizar dicho ejercicio, el Máximo Foro Judicial

federal resolvió que, mediante la aludida disposición legal

el Congreso, en efecto, le había otorgado al Presidente de

los Estados Unidos amplia discreción para suspender la

entrada de determinados inmigrantes al País. Íd., pág.

2408. Así, concluyó que el texto de la Immigration and

Nationality

Act,

supra,

le

permitía

al

Presidente

establecer “whether and when to suspend entry […]; whose

entry to suspend […]; for how long […]; and on what

conditions […].” Íd.

En segundo lugar, el Tribunal Supremo de Estados

Unidos evaluó si la acción del Presidente de los Estados

Unidos -- de suspender la entrada de ciertos inmigrantes - estaba intrínsicamente relacionada con las facultades

que le habían sido delegadas mediante la Immigration and

Nationality Act, supra. Íd. Evaluado el particular, ese

Tribunal

determinó

que

la

proclama

emitida

por

el

Presidente Trump se enmarcaba dentro del alcance de la

autoridad delegada por el Congreso. Íd.

Por

último,

y,

en

tercer

lugar,

el

Máximo

Foro

Judicial federal analizó el poder que tradicionalmente el

Primer Ejecutivo ostentaba en determinada materia, en ese

caso

sobre

realizar

inmigración

dicho

y

ejercicio,

seguridad

el

nacional.

Tribunal

Supremo

Íd.

Al

de

los

Estados Unidos rechazó una petición presentada por los

AC-2022-0070

60

demandantes, a los fines de que se indagara sobre las

razones que el Presidente había articulado en la proclama

para

justificar

suspenderles

la

entrada

al

País,

al

entender que ello era contrario a la amplia deferencia que

tradicionalmente se le había reconocido al Presidente en

dichas materias (“searching inquiry […] is inconsistent

with

the

broad

statutory

text

and

the

deference

traditionally accorded the President in this sphere.”).

Íd., pág. 2409.

Así pues, el caso de Trump v. Hawaii, supra, ilustra

el análisis que los tribunales debemos emplear cuando se

cuestiona si determinada actuación ejecutiva está o no

dentro del alcance del poder expresamente delegado por el

Congreso. Eso es, “analyzing the scope of the granted power

(here the [Immigration and Nationality Act, supra]) and

whether the particular action (here, the proclamation)

falls within that grant of power.” Gaffney, supra, pág.

13.

En

fin,

luego

de

examinar

el

desarrollo

jurisprudencial relacionado al análisis que se debe emplear

cuando se cuestiona la facultad de un gobernante para

emitir una orden ejecutiva, en resumen, queda claro que,

debemos evaluar si el referido decreto ha sido promulgado

al amparo de los poderes constitucionales delegados al

Primer Ejecutivo o de aquellos delegados por el Poder

Legislativo a éste.

AC-2022-0070

61

Realizado

dicho

ejercicio,

y

estando

ante

una

delegación de poder estatutaria, corresponde dirimir si la

acción del Primer Ejecutivo está o no enmarcada dentro de

la facultad que expresamente le ha sido conferida por la

legislatura. A esos fines, es menester examinar: 1) el

texto del estatuto que, presuntamente, le delega el poder

al Primer Ejecutivo; 2) el alcance del poder delegado por

la legislatura en el estatuto bajo estudio; 3) el poder

que

tradicionalmente

se

le

ha

reconocido

al

Primer

Ejecutivo en la materia o asunto en controversia, y 4) la

acción o inacción del Poder Legislativo tras un patrón

prolongado

del

Primer

Ejecutivo

ejecutando

determinada

acción en virtud de dicho estatuto.15

Por último, resulta necesario añadir que, al evaluar

la validez de una orden ejecutiva, en ocasiones no bastará

con examinar el estatuto del cual se aduce emana el poder

del Primer Ejecutivo para actuar en determinada situación,

sino que también puede resultar necesario interpretar la

orden ejecutiva misma para la correcta disposición de una

controversia

de

esta

naturaleza.

Lo

anterior,

con

el

Además, el Tribunal Supremo de Estado Unidos ha sentenciado que el

Primer Ejecutivo no puede incurrir en una acción inconstitucional aún

cuando el Poder Legislativo haya autorizado tal acción. Gaffney, supra,

pág. 11. De forma específica, en Clinton v. New York, 524 U.S. 417

(1998) el Máximo Foro Judicial federal determinó que, aún cuando el

Congreso le había otorgado al Presidente la facultad de vetar

disposiciones particulares de un proyecto de ley, dicha delegación de

poder violaba la “Presentment Clause of the U.S. Constitución”, y, por

tanto, no podía ejercerse. Íd., pág. 436.

15

AC-2022-0070

propósito

62

de

determinar

el

alcance

y

el

impacto

del

aquí

en

referido decreto. Gaffney, supra, pág. 14.

IV.

Para

concluir,

es

menester

recordar

que

diciembre de 2019 surgió una nueva enfermedad infecciosa

conocida como COVID-19, perteneciente a una extensa familia

de virus llamados coronavirus. El 11 de marzo de 2020 la

Organización Mundial de Salud (OMS) catalogó la enfermedad

del COVID-19 como una pandemia debido a su alto nivel de

contagio,

es

internacional.

decir,

una

emergencia

Consecuentemente,

la

de

salud

OMS

sugirió

pública

a

los

países adoptar aquellas medidas necesarias para impedir la

proliferación del virus.

A tenor con lo anterior, el 12 de marzo de 2020 la

entonces Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez

Garced, -- ante el llamado de la OMS -- promulgó la Orden

Ejecutiva Núm. OE-2022-019, -- la cual está vigente al

momento de disponer del presente caso --, mediante la cual

declaró

un

estado

de

emergencia

en

todo

Puerto

Rico

respecto al brote del COVID-19. Boletín Administrativo Núm.

OE-2020-020 de 12 de marzo de 2020. Apoyó su actuación en

lo

dispuesto

en

la

Ley

del

Departamento

de

Seguridad

Pública, supra, mediante la cual, como adelantamos, la

Asamblea Legislativa le delegó al Primer Ejecutivo la

facultad para decretar un estado de emergencia o desastre.

AC-2022-0070

63

Íd. En la orden ejecutiva de referencia se dispuso que la

misma se promulgaba con el fin de:

llevar a cabo todos los esfuerzos e implementar

todas

aquellas

medidas

necesarias

para

salvaguardar la salud, bienestar y seguridad

pública de nuestra ciudadanía, a los fines de

minimizar o evitar el riesgo de que ocurra

cualquier situación que represente o constituya

una amenaza de salud o seguridad pública a

consecuencia del brote del COVID-19. Íd.

Así

las

cosas,

desde

la

referida

declaración

de

emergencia hasta el presente -- entiéndase, hace ya más de

dos (2) años --, en Puerto Rico se han emitido alrededor

de sesenta y tres (63) órdenes ejecutivas para atender la

emergencia provocada por la pandemia del COVID-19.16 En

esencia,

mediante

los

referidos

decretos

el

ELA

ha

implementado diversas medidas restrictivas con el fin de

De forma específica, se han promulgado las siguientes órdenes

ejecutivas relacionadas a la pandemia del COVID-19: 1) OE-2020-020

“para declarar un estado de emergencia ante el inminente impacto del

Coronavirus (COVID-19)”; 2) OE-2020-021; 3) OE-2020-022; 4) OE-2020023; 5) OE-2020-024; 6) OE-2020-025; 7) OE-2020-026; 8) OE-2020-029;

9) OE-2020-030; 10) OE-2020-031; 11) OE-2020-033; 12) OE-2020-035; 13)

OE-2020-036; 14) OE-2020-038; 15) OE-2020-039; 16) OE-2020-041; 17)

OE-2020-044; 18) OE-2020-045; 19) OE-2020-048; 20) OE-2020-054; 21)

OE-2020-057; 22) OE-2020-060; 23) OE-2020-061; 24) OE-2020-062; 25)

OE-2020-066; 26) OE-2020-068; 27)OE-2020-076; 28) OE-2020-077; 29) OE2020-079; 30) OE-2020-080; 31) OE-2020-081; 32) OE-2020-086; 33) OE2020-087; 34) OE-2021-001; 35) OE-2021-010; 36) OE-2021-014; 37) OE2021-019; 38) OE-2021-026; 39) OE-2021-027; 40) OE-2021-028; 41) OE2021-032; 42) OE-2021-036; 43) OE-2021-043; 44) OE-2021-044; 45) OE2021-054 “delegar en el Secretario del Departamento de Salud el poder

de implementar medidas para enfrentar la emergencia causada por el

COVID-19 en Puerto Rico y para derogar el boletín administrativo Núm.

OE-2021-043”; 46) OE-2021-058; 47) OE-2021-062; 48) OE-2021-063; 49)

OE-2021-064; 50) OE-2021-065; 51) OE-2021-075; 52) OE-2021-080; 53)

OE-2021-081; 54) OE-2021-082; 55) OE-2021-086; 56) OE-2021-087; 57)

OE-2022-003; 58) OE-2022-006; 59) OE-2022-007; 60) OE-2022-010; 61)

OE-2022-011; 62) OE-2022-015; 63) OE-2022-019 “a los fines de modificar

las medidas implementadas contra el COVID-19, y para derogar los

Boletines Administrativos núms. OE- 2021-075, OE-2021-082, OE-2021087, OE-2022-003, OE- 2022-006, OE-2022-009, OE-2022-010, OE-2022-011

y OE- 2022-015”. Órdenes Ejecutivas, Departamento de Estado,

https://www.estado.pr.gov/en/executive-orders/ (última visita, 25 de

agosto de 2022).

16

AC-2022-0070

64

controlar los contagios del COVID-19 en el País. Así, por

ejemplo, se impuso el “uso obligatorio de mascarillas, el

distanciamiento

físico

y

el

requerimiento

a

ciertos

sectores importantes de la sociedad de estar vacunados

contra

el

referido

virus

o

el

presentar

un

resultado

negativo a una prueba de detección de COVID-19”. Boletín

Administrativo Núm. OE-2022-019 de 7 de marzo de 2022.

En lo pertinente al asunto que nos ocupa, el 1 de

julio de 2021 el actual Gobernador de Puerto Rico, Hon.

Pedro Pierluisi Urrutia, emitió -- también al amparo de la

autoridad delegada a éste por la Asamblea Legislativa en

la Ley del Departamento de Seguridad Pública, supra -- la

Orden Ejecutiva Núm. OE-2021-054 objeto de la presente

controversia, la cual -- al momento de disponer de la causa

de epígrafe -- no ha sido derogada. Mediante la referida

orden ejecutiva el Gobernador de Puerto Rico decretó lo

siguiente:

delego en el Secretario del Departamento de Salud

el poder de establecer las guías, directrices,

protocolos y recomendaciones para atender -de

forma

particularizada

por

cada

servicio,

negocio, actividad o área, según sea necesario

conforme al riesgo de contagio- la emergencia

del COVID-19. Las medidas adoptadas por el

Secretario de Salud aplicarán a la población en

general, así como a los patronos y entidades en

el sector público y privado.

No obstante, aún continúa el estado de emergencia

en todo Puerto Rico decretado para atender la

pandemia,

según

declarado

en

el

Boletín

Administrativo Núm. OE-2020-020. Hasta tanto el

Secretario de Salud no concluya que la pandemia

está controlada o extinguida, dicha declaración

AC-2022-0070

65

de estado de emergencia se mantendrá vigente.17

(Énfasis nuestro). Boletín Administrativo Núm.

OE-2021-054 de 1 de julio de 2021.

Posteriormente, el 7 de marzo de 2022 el Gobernador

de Puerto Rico emitió una nueva orden ejecutiva, -- la cual

al escribir estas líneas también se encuentra vigente --,

en ésta si bien dejó en vigor la Orden Ejecutiva Núm. OE2021-054,

flexibilizó

ciertas

medidas

que

se

habían

implementado dirigidas a reducir la propagación del COVID19.

En específico, eliminó el mandato de mascarillas, el

cernimiento en contra del COVID-19 en varios sectores, la

limitación de aforo en establecimientos comerciales, los

mandatos de vacunación obligatoria, entre otras. Boletín

Administrativo Núm. OE-2022-019 de 7 de marzo de 2022.

A tales efectos, el Secretario del Departamento de Salud, el Dr.

Carlos Mellado López, de conformidad con la autoridad que le confirió

“la Ley Núm. 81 del 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida

como la Ley Orgánica del Departamento de Salud, la Constitución de

Puerto Rico, y el Boletín Administrativo Núm. OE-2021-054” promulgó

las órdenes administrativas números 2021-508, 508A y 509. Boletín

Administrativo Núm. 2021-508 de 1 de julio de 2021; Boletín

Administrativo Núm. 2021-508A de 8 de julio de 2021; Boletín

Administrativo Núm. 2021-509 de 22 de julio de 2021. En término

generales, mediante los aludidos boletines administrativos el

Secretario del Departamento de Salud estableció las medidas de

prevención, contención y mitigación relacionadas al COVID-19 que

aplicarían a la población en general. Entre ellas, el aislamiento

físico, la cuarentena y el uso de mascarillas. Particularmente, a

través del Boletín Administrativo 2021-509 el Secretario del

Departamento de Salud impuso la vacunación obligatoria como un

requisito de admisión presencial escolar y universitario. A su vez,

exigió la prueba de vacunación de forma obligatoria al personal docente

y no docente de las escuelas, los centros educativos y las

universidades públicas y privadas. No obstante, exoneró de dicho

requisito de vacunación a aquellas personas cuyos sistemas inmunes

estuvieran comprometidos y los que por motivos religiosos no pudiesen

vacunarse. Orden Administrativa Núm. 2021-509 de 22 de julio de 2021.

17

AC-2022-0070

66

Ahora bien, aún cuando el Primer Ejecutivo dejó sin

efecto los mandatos de vacunación contra el COVID-19, toda

vez que la gran mayoría de la población estaba vacunada,

reiteró que el Secretario del Departamento de Salud era el

encargado

de

“emitir

por

sobre

la

recomendaciones

vía

administrativa

vacunación

para

toda

las

la

población”. Íd. Además, dispuso que el Secretario del

Departamento

de

certificados

de

Salud

salud

determinaría

y

la

lo

relativo

vacunación

a

los

para

los

estudiantes.18 Íd.

En respuesta, el Secretario del Departamento de Salud promulgó la

Orden Administrativa Núm. 2022-533 -- la cual al momento de disponer

del caso de marras no ha sido derogada --, mediante la cual dispuso

las nuevas medidas de salud pública que imperarían en Puerto Rico

relacionadas al COVID-19. A esos efectos, el Secretario del

Departamento de Salud eliminó el mandato de utilización de mascarillas

en área exteriores e interiores, salvo para aquellas personas que

trabajen o visiten facilidades de salud, hogares de cuidado prolongado,

que laboren o se encuentren en una institución correccional o utilicen

el transporte público. Además, en cuanto al uso de mascarillas en los

centros de cuidos de niños, escuelas públicas o privadas y las

universidades ordenó “el uso obligatorio de mascarilla en salones de

clases o lugares cerrados, de conformidad con las guías de los CDCs”.

Orden Administrativa Núm. 2022-533 de 8 de marzo de 2022.

18

Sobre el requisito de vacunación, si bien el Secretario del

Departamento de Salud reconoció que la OE-2022-019 promulgada por el

Gobernador de Puerto Rico eliminó dicho requisito, señaló que cada

operador privado o gubernamental, a su discreción, podría exigir

evidencia de vacunación a los empleados o visitantes, sujeto a las

excepciones médicas y religiosas aplicables. Asimismo, en cuanto a la

vacunación de los estudiantes menores de edad contra el COVID-19

estableció que éstos estaban sujetos a la vacunación obligatoria, de

conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 25 del 25 de septiembre de

1983, mejor conocida como Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los

Niños Pre-escolares y Estudiantes en el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, 24 LPRA sec. 182 et seq. Ahora bien, quedaron exceptuados del

requisito de vacunación obligatoria los estudiantes entre cinco (5) a

quince (15) años y aquellos estudiantes a los cuales les eran

aplicables las excepciones médicas o religiosas. Orden Administrativa

Núm. 2022-533 de 8 de marzo de 2022.

Posteriormente, el Secretario del Departamento de Salud, -- por virtud

de la autoridad delegada a éste mediante los Boletines Administrativos

OE-2021-054 y OE-2022-019 --, promulgó la Orden Administrativa Núm.

2022-548 mediante la cual enmendó la Orden Administrativa Núm. 2022-

AC-2022-0070

67

El Gobernador de Puerto Rico justificó dicha actuación

con el poder de razón de estado el cual “faculta al gobierno

a tomar las medidas necesarias para proteger la salud y

seguridad de la población. [A su modo de ver] […], es el

poder inherente del Estado el que [le ha permitido] crear

y promover regulación con el fin de proteger la salud, la

seguridad y el bienestar general”.19 Íd.

533 para disponer que el uso de mascarillas en las instituciones

educativas del País sería opcional. Además, mediante la referida orden,

también, eliminó la obligatoriedad del uso de mascarillas en las

instituciones correccionales y en el servicio de transporte público.

Orden Administrativa Núm. 2022-548 de 13 de septiembre de 2022.

Sobre ello, es preciso apuntar que, como correctamente señaló el

Gobernador de Puerto Rico en la orden ejecutiva de referencia, es norma

bien establecida que el Estado está investido de autoridad para

implementar medidas dirigidas a salvaguardar la salud y la seguridad

pública. Barnes v. Glen Theatre, Inc., 501 US 560, 569 (1991); Jacobson

v. Commonwealth of Massachusetts, 197 US 11 (1905). En esa dirección,

desde el normativo caso de Jacobson v. Commonwealth of Massachusetts,

supra,

se

han

validado

políticas

de

vacunación

dirigidas,

precisamente, a salvaguardar la salud y la seguridad pública. Así, por

ejemplo, en Zucht v. King, 260 US 174 (1922), el Tribunal Supremo de

Estados Unidos sostuvo la validez del requisito de vacunación impuesto

a ciertos estudiantes como condición para asistir a las escuelas

públicas o privadas.

19

Consecuentemente, y en lo aquí pertinente, es menester señalar que los

tribunales inferiores federales, al enfrentarse a controversias como

las que hoy nos ocupan y tras aplicar lo dispuesto en Jacobson v.

Massachusetts, supra, y su progenie, han validado el requisito de

vacunación obligatoria en distintos escenarios como medida para

mitigar los efectos de la emergencia provocada por la pandemia del

COVID-19.

Véase, por ejemplo, Klaasen v. Trusteed of Indiana University, 7 F.4th

592 (2021) (donde se validó una política de vacunación en contra del

COVID-19 como requisito para que los estudiantes pudieran asistir de

forma presencial a clase); Harris v. University of Massachusetts, 557

F. Sup.3d 304 (D.Mass. 2021) (donde se validó el requisito de

vacunación impuesto por una universidad a sus estudiantes como

condición para asistir de forma presencial); Maniscalco v. New York

City Dept. of Education, 563 F. Supp.3d 33 (E.D.N.Y. 2021) (donde se

validó el requisito de vacunación impuesto a los empleados y

contratistas del Departamento de Educación de la ciudad de New York

que trabajaran de manera presencial en las escuelas de dicho sistema);

Johnson v. Brown, 567 F. Supp.3d 1230 (D.Ore. 2021) (donde se sostuvo

la validez de un mandato de vacunación a empleados públicos y privados

en áreas relacionadas con salud y educación).

AC-2022-0070

68

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que

procedemos a disponer de las controversias ante nuestra

consideración.

V.

Como mencionamos anteriormente, a nuestro juicio, en

el presente caso se cuestionaba 1) si el Primer Ejecutivo

del País, en medio de la emergencia que representó la

pandemia del COVID-19, tenía la facultad o no para emitir

órdenes ejecutivas dirigidas a atender la misma, y 2) si la

acción del Primer Ejecutivo de promulgar órdenes ejecutivas

-- a casi tres años de decretado el estado de emergencia por

la pandemia del COVID-19 -- está o no dentro del alcance de

la

facultad

que

expresamente

le

fue

conferida

por

la

legislatura en la aludida disposición legal. De conformidad

con

la

normativa

interrogante

debió

antes

expuesta,

entendemos

ser

contestada

en

la

la

primera

afirmativa,

la

segunda en la negativa.

Ahora bien, sobre el requisito de vacunación obligatoria en Puerto

Rico, llama la atención lo esbozado por este Tribunal en el escolio

número trece (13) en Lozada Tirado et al. v. Testigo Jehová, 177 DPR

893 (2010), donde se dispuso lo siguiente:

el interés del Estado en proteger a terceros inocentes

puede ser invocado en casos de emergencia de salud pública.

Así, se ha reconocido que el Estado puede aprobar leyes

que requieran de manera compulsoria ciertas vacunas ante

la amenaza de una epidemia. […] En Puerto Rico, por

ejemplo, la Ley Núm. 25 de 25 de septiembre de 1983 regula

lo concerniente a la inmunización de estudiantes y niños

de edad preescolar y permite que se exima de dicho

requisito a los niños que demuestren que ellos o sus padres

pertenecen a una religión que no permite la inmunización.

24 LPRA sec. 182d. No obstante, dicha exención quedará sin

efecto en caso de una epidemia declarada por el

Departamento de Salud. (Énfasis nuestro). Lozada Tirado et

al. v. Testigo Jehová, supra, esc. 13.

AC-2022-0070

69

Y es que, sobre la facultad del Primer Ejecutivo del

País para, en medio de la emergencia que representó la

pandemia del COVID-19 emitir órdenes ejecutivas dirigidas a

atender la misma, ha quedado claramente demostrado que nos

encontramos ante una delegación de poder a éste que emana

de una ley, en específico, de lo dispuesto en Ley del

Departamento de Seguridad Pública, supra. Por tanto, estamos

ante el primero de los escenarios identificados por el Juez

Jackson en su Opinión concurrente en el caso de Youngstown

Sheet & Tube

delegación

Co. v. Sawyer,

de

autoridad

supra;

expresa

esto es,

por

parte

ante una

del

Poder

Legislativo al Gobernador de Puerto Rico.

Siendo

ello

así,

las

órdenes

ejecutivas

aquí

en

controversia son válidas. No podía, pues, el Tribunal de

Apelaciones dejarlas sin efecto.

Ahora bien, y para consideraciones futuras, en cuanto

a si la acción del Primer Ejecutivo de promulgar órdenes

ejecutivas -- a casi tres años de decretado el estado de

emergencia por la pandemia del COVID-19 -- está o no dentro

del alcance de la facultad que expresamente le fue conferida

por la legislatura en la aludida disposición legal, no

podemos llegar a igual conclusión. Para ello, basta con

señalar que de una revisión detenida del texto de la Ley del

Departamento

de

Seguridad

Pública,

supra,

surge

que

la

Asamblea Legislativa le delegó al Gobernador de Puerto Rico

poderes extraordinarios para responder exclusivamente a una

AC-2022-0070

70

emergencia o desastre. Y mientras durara dicho estado de

emergencia o desastre.20

Pasados casi tres años de declarada la emergencia,

somos de la opinión que el nivel de emergencia disminuyó.

Tanto es así que, el Centro para el Control y la Prevención

de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) flexibilizó

las restricciones relacionadas al COVID-19 y, en Puerto

Rico, al 3 de agosto de 2021, el 75.6% de la población se

había vacunado con al menos una dosis, y el propio Gobernador

A través de la referida legislación, la Asamblea Legislativa procuró:

1) que el Gobernador de Puerto Rico respondiera con prontitud y

celeridad ante una emergencia o desastre; 2) viabilizó el uso de órdenes

ejecutivas para responder a dichas situaciones, y 3) delimitó el alcance

de los poderes allí delegados únicamente para que pudiesen ser invocados

por el Primer Ejecutivo mientras durara dicha emergencia o desastre, es

decir, sujeto a un requisito de temporalidad.

20

Sobre esto último, es menester precisar que la Asamblea Legislativa

intentó limitar el poder delegado al ejecutivo para responder a una

emergencia. Ello, al aprobar el Proyecto de la Cámara 515 -- el cual

se presentó el 9 de febrero de 2021 -- que procuró crear la Ley para

la Fiscalización y Rendición de Cuentas en Tiempos de Emergencia. P.

de la C. 515 de 9 de febrero de 2021, 1era Sesión Ordinaria, 19na.

Asamblea Legislativa. En particular, la referida medida pretendía:

establecer los términos de un estado de emergencia;

prohibir la suspensión de leyes con motivo de un estado de

emergencia

mientras

la

Asamblea

Legislativa

se

encontr[ara] en sesión; establecer el deber del Gobernador

o Gobernadora de someter informes cada quince (15) días a

la Asamblea Legislativa si un estado de emergencia se

extiende por más de treinta (30) días; establecer el deber

de divulgación de acciones de la Rama Ejecutiva realizadas

al amparo de una declaración de estado de emergencia;

establecer el deber del Gobernador o Gobernadora o su

representante de comparecer a una vista pública ante la

Asamblea Legislativa si un estado de emergencia se

extiende por más de treinta (30) días; establecer las

obligaciones del Gobernador o Gobernadora cuando un estado

de emergencia se extienda por más de sesenta (60) días;

establecer los requisitos para extender un estado de

emergencia por más de seis (6) meses; y para otros fines

relacionados. Íd., pág. 1.

No obstante, el 30 de diciembre de 2022, el Gobernador de Puerto Rico

vetó el referido proyecto legislativo. Véase, Veto del Gobernador de

Puerto Rico de 30 de diciembre de 2021.

AC-2022-0070

71

de Puerto Rico reconoció en la Orden Ejecutiva Número OE2022-019 que procedía flexibilizar las medidas implementadas

para

atender

la

pandemia

del

COVID-19

debido

a

la

disminución de contagios en el País. En específico, a esa

fecha,

el

Poder

Ejecutivo

eliminó

la

cuarentena,

el

distanciamiento físico, el uso obligatorio de mascarillas,

el

cernimiento

en

contra

del

COVID-19,

la

vacunación

obligatoria, el requisito de evidencia de resultado negativo

de pruebas de detención de COVID-19 y la limitación de aforo

en ciertos establecimientos comerciales.

Dicho de otra forma, el nivel de la emergencia que en

su día justificó que el Gobernador de Puerto Rico actuara

unilateralmente en su rol como autoridad máxima en el Poder

Ejecutivo, y que permitió prescindir de la intervención de

la Asamblea Legislativa para salvaguardar la vida y salud

de

la

ciudadanía

disminuido.

Por

consideraciones

ante

la

pandemia

tanto,

a

nuestro

futuras

como

ya

del

COVID-19,

juicio,

mencionamos,

y

el

ha

para

Primer

Ejecutivo no debe continuar dirigiendo los destinos del País

-- en lo relacionado a ese asunto -- mediante órdenes

ejecutivas o decretos.

Es así, y únicamente así, que cumplimos con nuestra

función constitucional de procurar mantener el sistema de

pesos y contrapesos imperante en nuestro sistema republicano

de gobierno. Resolver lo contrario equivaldría a preterir

el curso ordinario de los procesos democráticos.

AC-2022-0070

72

VI.

Procedía, pues, revocar el dictamen emitido por el

foro apelativo intermedio. Como ese fue el curso de acción

seguido

por

una

mayoría

de

este

Tribunal,

estamos

conformes.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado