Tribunal Supremo de Puerto Rico
Cosme Mena v. Departamento de la Vivienda y otros
2024 TSPR 131
Poder Judicial de Puerto Rico
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Cosme Mena v. Departamento de la Vivienda y otros
CC-2023-0658
10 de diciembre de 2024 · Sentencia con Opinión de Conformidad · Sentencia con Opinión de Conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Cosme Mena
Peticionaria
Apelación
v.
2024 TSPR 131
Departamento de la Vivienda y
otros
215 DPR ___
Recurridos
Número del Caso:
Fecha:
CC-2023-0658
10 de diciembre de 2024
Tribunal de Apelaciones:
Panel Especial
Representante legal de la parte peticionaria:
Lcda. Valéry López Torres
Oficina del Procurador General:
Hon. Fernando Figueroa Santiago
Procurador General
Lcdo. Omar Andino Figueroa
Subprocurador General
Lcda. Jannette Ortiz Acosta
Procuradora General Auxiliar
Materia: Sentencia con Opinión de Conformidad.
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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Cosme Mena
Peticionaria
v.
CC-2023-0658
Certiorari
Departamento de la Vivienda y
otros
Recurrida
Sentencia
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2024.
Expedido el recurso de certiorari y evaluadas las
posturas de las partes, se revocan las sentencias recurridas
por ser incorrectas en Derecho y se devuelve el caso ante el
Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los
procedimientos.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez
emitió una Opinión de Conformidad a la cual se une el Juez
Asociado señor Colón Pérez. El Juez Asociado señor Martínez
Torres disiente y emite la siguiente expresión a la cual se
une el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón:
Disiento
respetuosamente.
La
prescripción
adquisitiva (usucapión) corre contra los bienes
patrimoniales del Estado, a menos que una ley
disponga expresamente lo contrario. Ayala v. Aut.
de Tierras de P.R., 116 DPR 337 (1985). En este
caso, el Art. 76 de la Ley de Tierras de Puerto
Rico, Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, 28 LPRA
sec. 553, dispone expresamente que cualquier
cesión ilegal de una parcela en usufructo según
la ley, "no conferirá derechos legales de clase
alguna a ningún supuesto adquirente...". Me parece
que esa prohibición es clara y expresa, al
descartar la adquisición de cualquier derecho.
Cualquiera significa cualquiera, por lo que
necesariamente incluye la usucapión. No es una
expresión
ambigua,
como
equivocadamente
aseveramos en Ayala. Por eso, confirmaría la
CC-2023-0658
2
sentencia del Tribunal de Apelaciones y revocaría
Ayala en cuanto resuelve lo contrario.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Cosme Mena
Peticionaria
v.
Departamento de la
otros
CC-2023-0658
Certiorari
Vivienda y
Recurrida
Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado Señor
ESTRELLA MARTÍNEZ, a la cual se unen la Jueza Presidenta
ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado Señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2024.
Estoy conforme con el resultado al que ha arribado una
mayoría de mis compañeros de estrado en este caso. A mi
juicio, la controversia ante nuestra consideración exigía
meramente aplicar el precedente de Ayala v. Aut. de Tierras
de P.R., 116 DPR 337, 345 (1985). Entiéndase, evaluar ―bajo
el análisis exigido en etapa de desestimación― si el dominio
de un solar que es propiedad del Estado puede ser adquirido
a través de usucapión. Mi estudio de las circunstancias
particulares de este caso a la luz de la Ley de Tierras de
Puerto Rico, Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, 28 LPRA
sec.
241
et
seq.
(Ley
de
Tierras),
así
como
de
los
precedentes de este Tribunal sobre la materia, me lleva a
contestar en la afirmativa.
CC-2023-0658
2
Expuesta
la
médula
de
la
controversia,
veamos
los
antecedentes procesales que la originaron y las razones que
fundamentan mi postura.
I
En el 1952, el Departamento de la Vivienda, al amparo
de la Ley de Tierras, le cedió al Sr. Miguel Mena Ramos
(señor Mena Ramos) una parcela de 2,139.00 metros (Solar 54)
con el propósito de que construyera su casa en el barrio San
Antonio de Dorado. Luego, en el 1969, el señor Mena Ramos
decidió irse para Estados Unidos y, como no regresaría, le
cedió el solar a la Sra. Carmen Cosme Mena (señora Cosme
Mena o Peticionaria), su sobrina, para que lo hiciera suyo
ya que era ama de casa, estaba separada del padre de su hijo
recién nacido y no tenía donde vivir.
Desde
el
1969,
la
señora
Cosme
Mena
construyó
su
propiedad en cemento y zinc, realizó múltiples arreglos, le
instaló agua y luz e, incluso, recibió ayuda a su nombre
directamente
del
Departamento
de
la
Vivienda
para
la
reconstrucción de su casa tras el paso del Huracán Georges
en el 1998. Con el pasar del tiempo, efectuó múltiples
gestiones para inscribir el terreno a su nombre, mas fueron
infructuosas.
Por esta razón, en el 2016, la señora Cosme Mena retomó
sus esfuerzos para obtener el expediente del Solar 54 con la
intención de finalmente poder inscribir la propiedad a su
nombre. Ello implicó hasta la presentación de una acción de
mandamus para ordenarle al Departamento de la Vivienda que
CC-2023-0658
3
proveyera la información solicitada, lo cual culminó con una
Sentencia por estipulación accediendo al petitorio.
Sin
embargo, las gestiones realizadas no rindieron frutos.
Dado lo anterior, en el 2021, la señora Cosme Mena
presentó
una
Demanda
sobre
sentencia
declaratoria
y
usucapión en contra del Departamento de la Vivienda del
Gobierno de Puerto Rico (Estado o Gobierno) y la Sucesión
del Sr. Miguel Mena Ramos1 con la finalidad de que se
reconociera su titularidad sobre el terreno y la residencia
identificada como Solar 54 en Dorado. La señora Cosme Mena
expresó que tomó posesión del bien en el 1969 cuando su tío,
el señor Ramos Mena, le cedió el solar para que construyera
por razón de que esta no tenía donde vivir con su hijo recién
nacido. Así las cosas, la Peticionaria solicitó que se le
reconociera la titularidad de la propiedad en la que había
residido ininterrumpidamente por más de cincuenta (50) años
en concepto de dueña, de manera pública y pacífica.
En
respuesta,
el
Gobierno
presentó
una
Moción
de
desestimación en la que adujo que el Solar 54 fue otorgado
en usufructo al señor Ramos Mena por el programa de vivienda
de la Ley de Tierras y que ese estatuto prohíbe la cesión
sin
que medie autorización del Estado, lo cual aquí no
ocurrió.
Por
lo
anterior,
argumentó
que
la
usucapión
pretendida era improcedente.
1La
sucesión está compuesta por la Sra. Carmen L. Mena
Martínez, la Sra. Daisy Mena Martínez y el Sr. Fernando Mena
Martínez.
CC-2023-0658
4
El 27 de abril de 2022, el Tribunal de Primera Instancia
emitió
una
perjuicio
Sentencia
el
mediante
reclamo
de
la
la
cual
desestimó
con
señora
Cosme
Mena.
Específicamente, determinó que la cesión en cuestión fue
nula por haberse realizado sin el consentimiento de la
Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV),
según es exigido por la Ley de Tierras. Además, dictaminó
que la propiedad no es susceptible a la usucapión por mandato
expreso del legislador en la ley antes aludida.
En desacuerdo, la señora Cosme Mena acudió al Tribunal
de Apelaciones y señaló que el foro primario erró al resolver
que se requiere autorización del dueño anterior o justo
título para consumar la usucapión. Además, cuestionó la
conclusión de que la Ley de Tierras prohíba la usucapión del
bien en cuestión. El Gobierno se opuso por fundamentos
similares a los contenidos en el dictamen recurrido.
Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones emitió una
Sentencia confirmando al Tribunal de Primera Instancia y en
la que concluyó que la cesión del Solar 54 fue ilegal por
razón de que la ADMV no autorizó el traspaso de la propiedad.
Asimismo, estimó que, toda vez que en la Ley de Tierras se
codificó
expresamente
que
todo
acto
legal
realizado
en
contravención a esta norma no tendría efecto legal alguno,
era improcedente la teoría de la usucapión planteada por la
señora Cosme Mena.
Aún
inconforme,
la
señora
Cosme
Mena
presentó
el
recurso ante nuestra consideración y señaló como único error
CC-2023-0658
5
que el Tribunal de Apelaciones falló
al confirmar al foro
primario con respecto a que se requiere autorización del
dueño
anterior
o
justo
título
para
la
usucapión
extraordinaria y que no se puede usucapir contra la Autoridad
de
Tierras.
Argumentó
que
lo
resuelto
por
los
foros
recurridos es contrario a lo pautado por este Tribunal en
Ayala v.
Aut. De Tierras de
P.R., infra.
Así las cosas, procedo a exponer el Derecho aplicable a la
controversia aquí reseñada.
II
A. Prescripción adquisitiva o usucapión
En Puerto Rico, la propiedad y los demás derechos reales
sobre los bienes pueden obtenerse mediante la prescripción
extraordinaria o, como también es conocida, la usucapión.2
El efecto principal cuando se consuma la usucapión es la
adquisición del dominio a favor de una persona con exclusión
de cualquiera otra.3
2Art.
549 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant.
sec. 1931; Art. 1830 del Código Civil de Puerto Rico, 31
LPRA ant. sec. 5241. Se aclara que, para fines de este
recurso, se hace referencia únicamente al Código Civil de
Puerto Rico de 1930 por ser la ley vigente y aplicable a la
controversia que nos ocupa. Véase, Art. 1814 del Código Civil
de 2020, 31 LPRA sec. 11719, el cual dispone que “[l]os
términos prescriptivos, de caducidad o de usucapión que
estén transcurriendo en el momento en que este Código entre
en vigor, tienen la duración dispuesta en la legislación
anterior; pero si el término queda interrumpido después de
la entrada en vigor de este Código, su duración será la
determinada en este”. Refiérase, además, al Art. 1808 del
Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 11713.
3Adm.
(2012).
Terrenos v. SLG Rivera-Morales, 187 DPR 15, 26
CC-2023-0658
6
En ambos tipos de usucapión ―a saber, la ordinaria o la
extraordinaria― se requiere una posesión ininterrumpida,
pública, pacífica y en concepto de dueño por el término
fijado en la ley.4 En el caso de la prescripción adquisitiva
extraordinaria ―la pertinente en la controversia de autos―
no se requiere el elemento de buena fe ni justo título.5 Es
por esta razón que al poseedor se le exige un tiempo de
posesión más prolongado para que finalmente pueda adquirir
la cosa o el derecho, lo cual, en el caso de los bienes
inmuebles, es treinta (30) años.6
El requerimiento de que el bien se posea en concepto de
dueño subyace en que únicamente “la posesión que se adquiere
y se disfruta en concepto de dueño puede servir de título
para adquirir
el dominio”.7 Se
considera como dueño en
posesión de un inmueble aquel, de acuerdo con la opinión
general o la percepción pública entienden que es el dueño,
unido a los actos que tal persona realice con relación a la
propiedad, independientemente de la creencia que pueda tener
el propio poseedor del bien en cuestión.8
4Íd.,
pág. 29. Véase, además, Sanchez Gonzalez
Registrador, 106 DPR 361, 375 (1977) (citas omitidas).
5Adm.
v.
Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra, pág. 28.
6Íd.
7J.
Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed.,
Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. III, Vol. I, pág. 318.
8Adm.
Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra, pág. 28
(citando a Cordero v. Medina, 99 DPR 113, 119 (1970)). Véase,
además Art. 1850 del Código Civil, 31 LPRA sec. 527; Ramos
CC-2023-0658
7
Como condición para que la usucapión se materialice, es
indispensable que estemos ante una cosa o un bien susceptible
de apropiación por un tiempo determinado y en acorde con las
condiciones establecidas en la ley.9 En ese sentido, la norma
general es que son susceptibles a la usucapión todas las
cosas que están en el comercio, a excepción de los bienes de
dominio
públicos
y
aquellos
que
por
virtud
de
ley
se
establezca expresamente lo contrario.10
B. Ley de Tierras de Puerto Rico
La Ley de Tierras, supra, se creó con el propósito de
fomentar el bienestar de los habitantes a través de la
estabilidad y justicia social en la zona rural de Puerto
Rico. Al amparo de este estatuto se creó un programa cuyo
fin fue otorgarle un derecho de usufructo o parcelas a miles
de
familias
recursos,
puertorriqueñas
de
modo
que
trabajadoras
tuvieran
un
y
de
espacio
escasos
para
la
construcción de su hogar.11
En lo que concierne a la controversia bajo nuestra
consideración, el Art. 76 de la Ley de Tierras, 28 LPRA sec.
553, señala lo siguiente:
En las comunidades a establecerse, la
[ADMV] cederá en usufructo gratuitamente a
v. Ríos, 79 DPR 738, 740–741 (1956); Rivera v. Meléndez, 72
DPR 432, 439–440 (1951).
9Art.
1836 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 5247;
J.R. Vélez Torres, Los bienes y los derechos reales, Madrid,
Ed. Offirgraf, 1983, T. II, pág. 263.
10Arts.
1128
1830 y 1846, 31 LPRA secs. 5241, 5247.
LPRA secs. 521, 551.
CC-2023-0658
los agregados una parcela de terreno de un
área no menor de un cuadro ni mayor de tres
cuerdas, de acuerdo con la parcelación de
los terrenos que la [ADMV] haya creído
conveniente efectuar para llevar a cabo
los fines de la ley […]. Al agregado que
hubiere recibido una parcela en usufructo
se le otorgará un contrato de usufructo
que preparará al efecto la [ADMV], el cual
tendrá fuerza de ley, y en el cual se
establecerán las penalidades que la [ADMV]
juzgue conveniente imponer para el caso de
que se viole el contrato.
El usufructuario no podrá, bajo pena de
nulidad absoluta, vender, transferir,
permutar,
alquilar, ceder,
asignar,
arrendar ni en modo alguno enajenar o
gravar en todo o en parte, el derecho de
usufructo que se le conceda, ni la parcela
de terreno sobre la cual se le conceda
dicho derecho, ni las edificaciones,
accesiones o mejoras existentes, o que en
el futuro levante o introduzca en la
misma, ni
ningún
derecho,
título
o
privilegio
derivado
del
contrato
de
usufructo; Disponiéndose, que cualquier
violación de esta disposición no conferirá
derechos legales de clase alguna a ningún
supuesto
adquiriente,
cesionario o
acreedor, sino que, por el contrario,
producirá, sin que medie declaración
judicial al efecto, la confiscación a
favor de la [ADMV] del derecho de usufructo
concedido
al
usufructuario
sobre
la
parcela, así como de todo interés, derecho
y acción que sobre la parcela cedida en
usufructo,
o
sobre
las
mejoras,
edificaciones,
accesiones
o
siembras
existentes en la misma tuviera o pudiera
tener el supuesto cedente y/o cesionario,
acreedor
y/o
deudor,
vendedor
o
adquirente, quedando la [ADMV] en libertad
de
disponer
en
dicha
parcela,
construcción,
edificación,
siembra
o
mejoras, sin tener que indemnizar o pagar
cantidad de dinero a persona alguna por
ningún
concepto;
Disponiéndose,
sin
embargo,
que
la
Administración
de
Desarrollo y Mejoras de Viviendas en el
ejercicio
de
su
discreción,
podrá
autorizar expresamente y por escrito a un
usufructuario
a
transferir,
ceder,
permutar o asignar su derecho de usufructo
8
CC-2023-0658
9
a otra persona que cualifique como tal
usufructuario; Disponiéndose, además, que
cualquier derecho de usufructo sobre una
parcela, así como cualquier casa, mejora,
plantación,
siembra
o
edificación
enclavada
en
la
misma,
que
como
consecuencia de una violación a las
disposiciones de esta sección revierta o
pase a ser propiedad de la Administración
de Desarrollo y Mejoras de Viviendas como
antes se ha dicho, será sorteado entre el
número de agregados que la Administración
de Desarrollo y Mejoras de Viviendas
estime pertinente. Las disposiciones de
esta sección serán también aplicables a
los
sucesores
en
título
de
los
usufructuarios originales.
En aquellos casos en que el usufructuario
de la parcela haya dejado de ocuparla total
o parcialmente, y que otra persona no
autorizada por la [ADMV] esté ocupando
total o parcialmente dicha parcela, se
presumirá que ha habido una cesión
ilegal por parte del usufructuario de sus
derechos sobre dicha parcela, con las
correspondientes consecuencias a que se
hace referencia en esta Ley.12
Como puede verse, el Art. 76 de la Ley de Tierras,
supra, preceptúa una serie de normas sobre la forma de
instrumentar los bienes cedidos. Entre estas, se incluye una
prohibición expresa bajo pena de nulidad absoluta de ceder
a un tercero la propiedad otorgada en usufructo, salvo que
medie autorización del Estado.13 Igualmente, se precisa que
12Se
advierte que se optó por separar el párrafo antes
citado con el motivo exclusivo de facilitar la comprensión
de lo expuesto.
13Sobre
el requisito de consentimiento de la ADMV para
el traspaso de los bienes otorgados en usufructo, refiérase
al Art. 78 de la Ley de Tierras, 28 LPRA sec. 555, el cual,
en lo pertinente, dispone que “[n]o se podrá otorgar más de
un predio a un jefe de familia y aquellas personas solas que
cualifiquen
ni
estas
podrán
traspasarlo
sin
el
consentimiento de la [ADMV]”.
CC-2023-0658
10
quien se convierta en adquirente en violación de la ley no
obtendrá derecho legal alguno sino que, por el contrario, lo
que provacará es que el bien sea confiscado y pase nuevamente
a
ser
propiedad
de
la
ADMV
sin
que
sea
necesaria
la
intervención judicial.14 Con tales remedios se impide que los
derechos de usufructos o las parcelas otorgadas a la clase
obrera y de entradas anuales limitadas pasen a mano de
personas mejor acomodadas que no cumplen con la finalidad de
la ley.15
C. Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009
Por otro lado, nuestro ordenamiento procesal civil
permite que una persona contra quien se haya presentado un
reclamo judicial solicite su desestimación cuando de las
alegaciones de la demanda surja alguna defensa afirmativa
que
derrotaría
Específicamente,
la
en
pretensión
virtud
de
la
del
demandante.16
Regla
10.2(5)
de
Procedimiento Civil se viabiliza que la parte demandada
puede fundamentar la desestimación invocando la defensa de
que la petición judicial deja de exponer una reclamación que
justifique la concesión de un remedio. Bajo ese escenario,
14Romero
v. Canales, 102 DPR 587, 598 (1974).
15E.L.A.
v. Márquez, 93 DPR 393, 405 (1966).
16Eagle
Security v. Efron Dorado et al., 2011 DPR 83
(2023) (citando la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V; Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR
689, 701 (2012)).
CC-2023-0658
11
la desestimación pretendida se dirige a los méritos de la
controversia y no a los aspectos procesales del caso.17
Consecuentemente,
jurisprudenciales
han
nuestros
establecido
pronunciamientos
que,
al
resolver
una
solicitud de desestimación bajo el fundamento de que se deja
de exponer una reclamación que justifique un remedio, los
tribunales están obligados a tomar como ciertos, y de manera
más favorable para el demandante, todos los hechos bien
alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera
clara y concluyente.18 Asimismo, están llamados a interpretar
las alegaciones en forma conjunta y liberal, de la manera
más
beneficiosa
posible
para
la
parte
que
prosigue
la
acción.19
Al respecto, hemos resuelto que para que proceda una
moción
de
desestimación
de
esta
naturaleza
tiene
que
demostrarse de forma certera que el demandante no tiene
derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de Derecho
que se pudiese probar en apoyo a su reclamación, incluso
interpretándose la demanda lo más liberalmente a su favor.20
17Montañez
v. Hosp.
Metropolitano, 157 DPR 96, 104
(2002).
18Eagle
Security v. Efron Dorado et al., supra (citando
a González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234
(2016); Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193
DPR 38, 49 (2015)).
19González
Méndez v. Acción Social et al., supra, pág.
234.
20Casillas
Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247 (2022);
Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654
(2013); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).
CC-2023-0658
12
Entiéndase, los tribunales deben determinar si, a la luz de
la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda
duda a su favor, la demanda es suficiente para constituir
una reclamación válida.21
III
Según
se
adelantó,
la
controversia
requería
que
evaluáramos si procedía la desestimación de la Demanda que
incoó la señora Cosme Mena por esta dejar de exponer una
reclamación que justificara la concesión de un remedio.
Ello, con el objetivo de precisar si los foros recurridos
erraron al desestimar el reclamo de usucapión sobre el Solar
54, según fue argumentado por la Peticionaria en todas las
instancias judiciales.
Conforme a lo expuesto, el señor Mena Ramos era el
beneficiario del Solar 54 localizado en Dorado, el cual le
fue otorgado al amparo de la Ley de Tierras. En el 1969,
este decidió regalarle a su sobrina, la señora Cosme Mena,
el terreno en cuestión para que construyera y tuviera donde
vivir con su hijo recién nacido. Desde entonces, y hasta la
actualidad, la Peticionaria ha residido en tal propiedad.
A pesar de que la señora Cosme Mena ha realizado
múltiples gestiones para inscribir la propiedad a su nombre,
estas han sido infructuosas. Es por ello que, en el 2021,
esta presentó una Demanda para que se le reconociera su
titularidad sobre el terreno y la residencia por la que ha
residido por más de cincuenta (50) años.
21Casillas
Carrasquillo v. ELA, supra.
CC-2023-0658
Bajo
13
estas
circunstancias,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia se limitó a dictaminar que, toda vez que la Ley de
Tierras prohíbe la cesión sin autorización de la ADMV y el
señor Mena Ramos le transfirió el bien inmueble obviando ese
procedimiento, tal entrega fue ilegal y, por tanto, nula.
Asimismo, sentenció que la propiedad en controversia no es
susceptible de ser adquirida por usucapión debido al mandato
expreso del legislador en la Ley de Tierras.
Inconforme, la señora Cosme Mena elevó su reclamo al
Tribunal de Apelaciones. Así las cosas, el foro apelativo
intermedio confirmó el dictamen recurrido al determinar que
la cesión a favor de la señora Cosme Mena fue ineficaz por
haberse llevado a cabo de manera opuesta a lo codificado en
la ley. Igualmente, indicó que, debido a que la Ley de
Tierras
dispone
que
cualquier
acto
realizado
en
contravención a esta norma es nulo y no conferirá derecho
alguno, el terreno no es usucapible.
Aún
en
desacuerdo,
la
Peticionaria
acude
a
este
Tribunal y plantea que la conclusión de que el Solar 54 no
se puede usucapir por razón de que la Ley de Tierras prohíbe
la cesión es incorrecta en Derecho y contraria a lo resuelto
por este Tribunal en Ayala v.
Aut. De Tierras de
P.R.,
infra. A mi juicio, le asiste la razón. Veamos.
En primer lugar, cabe precisar que, tras examinar las
distintas disposiciones de la Ley de Tierras, me resulta
forzoso
concluir
que,
tal
y
como
se
desprende
de
las
alegaciones de las partes, el terreno cedido por el señor
CC-2023-0658
14
Mena Ramos en beneficio de la Peticionaria no fue conforme
a Derecho. Y es que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art.
78 de la Ley de Tierras, supra, el usufructo del Solar 54
fue cedido en beneficio del señor Mena Ramos y, para su
enajenación, se requería que la ADMV así lo autorizara. Aquí
no existe duda de que tal autorización no ocurrió y, por
consiguiente, la cesión fue ilegal. Véase, Art. 76 de la Ley
de Tierras. Superado ese aspecto, veamos cuáles son las
consecuencias de ese incumplimiento.
Sobre el particular, el Art. 76 de la Ley de Tierras,
supra, establece que una enajenación que incumpla con el
requisito
de
autorización
por
parte
del
Gobierno
no
conferirá derechos legales de clase alguna y, sin que medie
declaración judicial al efecto, se confiscará el bien a
favor del Gobierno. Es al amparo de lo anterior que el foro
apelativo intermedió estimó que la usucapión pretendida era
improcedente.
De entrada, conviene recordar que son susceptibles de
usucapión todos los bienes en el comercio, a menos que sea
de dominio público o una ley expresamente establezca lo
contrario. A tono con ello, en Ayala v. Aut. de Tierras de
P.R., 116 DPR 337, 345 (1985), este Tribunal revocó la
doctrina de nullus tempus imperante hasta ese momento, la
cual
fue
utilizada
en
una
multiplicidad
de
casos
para
justificar que la prescripción adquisitiva no operara contra
el
Gobierno.
sentenció que:
Al
desterrar
esta
doctrina,
el
Tribunal
CC-2023-0658
15
[b]ajo el Código Civil de Puerto Rico la
prescripción adquisitiva opera contra los
bienes patrimoniales del Estado y de los
municipios, a excepción, conforme lo dispuesto
en el Código Político, de los terrenos baldíos
pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico.
[…]
la
norma
que
favorece
la
prescripción
adquisitiva contra el Estado es de tal
fortaleza que únicamente se estimará que queda
modificada cuando la Asamblea Legislativa así
lo disponga en términos expresos, sujeto al
análisis constitucional que corresponda.22
Según lo resuelto en Ayala, “[este es] el principio
central que debe regir el examen de contenciones análogas a
las formuladas aquí por la Autoridad”. (Negrillas suplidas).
Íd., pág. 347. Por tanto, la norma es clara: los bienes del
Estado son susceptibles de usucapión y los tribunales así
deberán
declararlo
de
cumplirse
con
los
requisitos
doctrinales de la prescripción adquisitiva, a menos que una
22(Negrillas
y énfasis suplidos). Íd., págs. 345-347.
Nótese que, en el caso del Art. 9 del Código Político de
Puerto Rico, 1 LPRA sec. 6, se estableció expresamente tal
prohibición de usucapión:
Si
alguna persona, so pretexto de
algún
derecho
incompatible
con
la
jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico,
usurpare terrenos baldíos o no concedidos,
pertenecientes a Puerto Rico, el Fiscal
del distrito judicial en que radican
dichos terrenos informará de ello en el
acto al Gobernador, quien dispondrá que el
Secretario de Justicia adopte las medidas
necesarias para expulsar al usurpador. No
podrá
adquirirse
títulos
a
terrenos
baldíos estaduales por posesión adversa, o
contraria al título de otras personas.
CC-2023-0658
ley
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expresamente
disponga
lo
contrario
y
para
ello
no
bastarán inferencias ni textos imprecisos.23
Un examen minucioso de la Ley de Tierras revela que si
bien en los Arts. 76 y 78 de la Ley de Tierras, supra, se
prohibió la cesión y se establecieron las consecuencias en
caso de que cedan ilegalmente los bienes cedidos en usufructo
por la ADMV, en ninguna parte se prohibió su usucapión. El
hecho
de
que
estos
no
autorización no implica,
puedan
bajo
cederse
sin
la
debida
alguna circunstancia, que
tampoco puedan usucapirse. Los foros recurridos fallaron en
así reconocerlo.
En
fin,
tomando
como
ciertos
y
de
la
manera
más
favorable los hechos bien alegados por la Peticionaria en la
demanda y a la luz del estándar reconocido en Ayala, concluyo
que el Solar 54 ―el cual en la actualidad, de conformidad
con el Art. 76, pertenecería al Gobierno tras la rescisión
del
contrato
con
el
usufructuario―
puede
ser
adquirido
mediante usucapión por no haberse incluído en el texto de la
Ley
de
Tierras
entendido
una
prohibición
de
que
incluso
los
usucapibles.
Las
generalidades,
expresa
que
derrote
el
bienes
del
Estado
son
inferencias
y
textos
imprecisos identificados en la Ley de Tierras son, pues,
insuficientes para concluir lo contrario. Por consiguiente,
23Además,
en Ayala v. Aut. de Tierras de P.R., supra,
este Tribunal analizó las disposiciones implicadas en el
caso y sostuvo lo siguiente “[l]o cierto es que nada en la
ley o en la Constitución se encamina verdaderamente a derogar
parcialmente, como se hizo en el Art. 9 del Código Político,
sobre la prescripción adquisitiva”.
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17
procede que se le permita a la señora Cosme Mena el demostrar
su cumplimiento con los requisitos de la usucapión.
IV
Por todo lo anterior, estoy de acuerdo con el dictamen de
este Tribunal y con que se devuelva el caso ante el Tribunal de
Primera Instancia para la continuación de los procedimientos
conducentes
a
la
demostración
del
cumplimiento
con
los
requisitos de la prescripción adquisitiva extraordinaria.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado