LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Cosme Mena v. Departamento de la Vivienda y otros

2024 TSPR 131

Poder Judicial de Puerto Rico

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Cosme Mena v. Departamento de la Vivienda y otros

CC-2023-0658

10 de diciembre de 2024 · Sentencia con Opinión de Conformidad · Sentencia con Opinión de Conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Cosme Mena

Peticionaria

Apelación

v.

2024 TSPR 131

Departamento de la Vivienda y

otros

215 DPR ___

Recurridos

Número del Caso:

Fecha:

CC-2023-0658

10 de diciembre de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel Especial

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcda. Valéry López Torres

Oficina del Procurador General:

Hon. Fernando Figueroa Santiago

Procurador General

Lcdo. Omar Andino Figueroa

Subprocurador General

Lcda. Jannette Ortiz Acosta

Procuradora General Auxiliar

Materia: Sentencia con Opinión de Conformidad.

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Cosme Mena

Peticionaria

v.

CC-2023-0658

Certiorari

Departamento de la Vivienda y

otros

Recurrida

Sentencia

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2024.

Expedido el recurso de certiorari y evaluadas las

posturas de las partes, se revocan las sentencias recurridas

por ser incorrectas en Derecho y se devuelve el caso ante el

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez

emitió una Opinión de Conformidad a la cual se une el Juez

Asociado señor Colón Pérez. El Juez Asociado señor Martínez

Torres disiente y emite la siguiente expresión a la cual se

une el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón:

Disiento

respetuosamente.

La

prescripción

adquisitiva (usucapión) corre contra los bienes

patrimoniales del Estado, a menos que una ley

disponga expresamente lo contrario. Ayala v. Aut.

de Tierras de P.R., 116 DPR 337 (1985). En este

caso, el Art. 76 de la Ley de Tierras de Puerto

Rico, Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, 28 LPRA

sec. 553, dispone expresamente que cualquier

cesión ilegal de una parcela en usufructo según

la ley, "no conferirá derechos legales de clase

alguna a ningún supuesto adquirente...". Me parece

que esa prohibición es clara y expresa, al

descartar la adquisición de cualquier derecho.

Cualquiera significa cualquiera, por lo que

necesariamente incluye la usucapión. No es una

expresión

ambigua,

como

equivocadamente

aseveramos en Ayala. Por eso, confirmaría la

CC-2023-0658

2

sentencia del Tribunal de Apelaciones y revocaría

Ayala en cuanto resuelve lo contrario.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Cosme Mena

Peticionaria

v.

Departamento de la

otros

CC-2023-0658

Certiorari

Vivienda y

Recurrida

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado Señor

ESTRELLA MARTÍNEZ, a la cual se unen la Jueza Presidenta

ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado Señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2024.

Estoy conforme con el resultado al que ha arribado una

mayoría de mis compañeros de estrado en este caso. A mi

juicio, la controversia ante nuestra consideración exigía

meramente aplicar el precedente de Ayala v. Aut. de Tierras

de P.R., 116 DPR 337, 345 (1985). Entiéndase, evaluar ―bajo

el análisis exigido en etapa de desestimación― si el dominio

de un solar que es propiedad del Estado puede ser adquirido

a través de usucapión. Mi estudio de las circunstancias

particulares de este caso a la luz de la Ley de Tierras de

Puerto Rico, Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, 28 LPRA

sec.

241

et

seq.

(Ley

de

Tierras),

así

como

de

los

precedentes de este Tribunal sobre la materia, me lleva a

contestar en la afirmativa.

CC-2023-0658

2

Expuesta

la

médula

de

la

controversia,

veamos

los

antecedentes procesales que la originaron y las razones que

fundamentan mi postura.

I

En el 1952, el Departamento de la Vivienda, al amparo

de la Ley de Tierras, le cedió al Sr. Miguel Mena Ramos

(señor Mena Ramos) una parcela de 2,139.00 metros (Solar 54)

con el propósito de que construyera su casa en el barrio San

Antonio de Dorado. Luego, en el 1969, el señor Mena Ramos

decidió irse para Estados Unidos y, como no regresaría, le

cedió el solar a la Sra. Carmen Cosme Mena (señora Cosme

Mena o Peticionaria), su sobrina, para que lo hiciera suyo

ya que era ama de casa, estaba separada del padre de su hijo

recién nacido y no tenía donde vivir.

Desde

el

1969,

la

señora

Cosme

Mena

construyó

su

propiedad en cemento y zinc, realizó múltiples arreglos, le

instaló agua y luz e, incluso, recibió ayuda a su nombre

directamente

del

Departamento

de

la

Vivienda

para

la

reconstrucción de su casa tras el paso del Huracán Georges

en el 1998. Con el pasar del tiempo, efectuó múltiples

gestiones para inscribir el terreno a su nombre, mas fueron

infructuosas.

Por esta razón, en el 2016, la señora Cosme Mena retomó

sus esfuerzos para obtener el expediente del Solar 54 con la

intención de finalmente poder inscribir la propiedad a su

nombre. Ello implicó hasta la presentación de una acción de

mandamus para ordenarle al Departamento de la Vivienda que

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3

proveyera la información solicitada, lo cual culminó con una

Sentencia por estipulación accediendo al petitorio.

Sin

embargo, las gestiones realizadas no rindieron frutos.

Dado lo anterior, en el 2021, la señora Cosme Mena

presentó

una

Demanda

sobre

sentencia

declaratoria

y

usucapión en contra del Departamento de la Vivienda del

Gobierno de Puerto Rico (Estado o Gobierno) y la Sucesión

del Sr. Miguel Mena Ramos1 con la finalidad de que se

reconociera su titularidad sobre el terreno y la residencia

identificada como Solar 54 en Dorado. La señora Cosme Mena

expresó que tomó posesión del bien en el 1969 cuando su tío,

el señor Ramos Mena, le cedió el solar para que construyera

por razón de que esta no tenía donde vivir con su hijo recién

nacido. Así las cosas, la Peticionaria solicitó que se le

reconociera la titularidad de la propiedad en la que había

residido ininterrumpidamente por más de cincuenta (50) años

en concepto de dueña, de manera pública y pacífica.

En

respuesta,

el

Gobierno

presentó

una

Moción

de

desestimación en la que adujo que el Solar 54 fue otorgado

en usufructo al señor Ramos Mena por el programa de vivienda

de la Ley de Tierras y que ese estatuto prohíbe la cesión

sin

que medie autorización del Estado, lo cual aquí no

ocurrió.

Por

lo

anterior,

argumentó

que

la

usucapión

pretendida era improcedente.

1La

sucesión está compuesta por la Sra. Carmen L. Mena

Martínez, la Sra. Daisy Mena Martínez y el Sr. Fernando Mena

Martínez.

CC-2023-0658

4

El 27 de abril de 2022, el Tribunal de Primera Instancia

emitió

una

perjuicio

Sentencia

el

mediante

reclamo

de

la

la

cual

desestimó

con

señora

Cosme

Mena.

Específicamente, determinó que la cesión en cuestión fue

nula por haberse realizado sin el consentimiento de la

Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV),

según es exigido por la Ley de Tierras. Además, dictaminó

que la propiedad no es susceptible a la usucapión por mandato

expreso del legislador en la ley antes aludida.

En desacuerdo, la señora Cosme Mena acudió al Tribunal

de Apelaciones y señaló que el foro primario erró al resolver

que se requiere autorización del dueño anterior o justo

título para consumar la usucapión. Además, cuestionó la

conclusión de que la Ley de Tierras prohíba la usucapión del

bien en cuestión. El Gobierno se opuso por fundamentos

similares a los contenidos en el dictamen recurrido.

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones emitió una

Sentencia confirmando al Tribunal de Primera Instancia y en

la que concluyó que la cesión del Solar 54 fue ilegal por

razón de que la ADMV no autorizó el traspaso de la propiedad.

Asimismo, estimó que, toda vez que en la Ley de Tierras se

codificó

expresamente

que

todo

acto

legal

realizado

en

contravención a esta norma no tendría efecto legal alguno,

era improcedente la teoría de la usucapión planteada por la

señora Cosme Mena.

Aún

inconforme,

la

señora

Cosme

Mena

presentó

el

recurso ante nuestra consideración y señaló como único error

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5

que el Tribunal de Apelaciones falló

al confirmar al foro

primario con respecto a que se requiere autorización del

dueño

anterior

o

justo

título

para

la

usucapión

extraordinaria y que no se puede usucapir contra la Autoridad

de

Tierras.

Argumentó

que

lo

resuelto

por

los

foros

recurridos es contrario a lo pautado por este Tribunal en

Ayala v.

Aut. De Tierras de

P.R., infra.

Así las cosas, procedo a exponer el Derecho aplicable a la

controversia aquí reseñada.

II

A. Prescripción adquisitiva o usucapión

En Puerto Rico, la propiedad y los demás derechos reales

sobre los bienes pueden obtenerse mediante la prescripción

extraordinaria o, como también es conocida, la usucapión.2

El efecto principal cuando se consuma la usucapión es la

adquisición del dominio a favor de una persona con exclusión

de cualquiera otra.3

2Art.

549 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant.

sec. 1931; Art. 1830 del Código Civil de Puerto Rico, 31

LPRA ant. sec. 5241. Se aclara que, para fines de este

recurso, se hace referencia únicamente al Código Civil de

Puerto Rico de 1930 por ser la ley vigente y aplicable a la

controversia que nos ocupa. Véase, Art. 1814 del Código Civil

de 2020, 31 LPRA sec. 11719, el cual dispone que “[l]os

términos prescriptivos, de caducidad o de usucapión que

estén transcurriendo en el momento en que este Código entre

en vigor, tienen la duración dispuesta en la legislación

anterior; pero si el término queda interrumpido después de

la entrada en vigor de este Código, su duración será la

determinada en este”. Refiérase, además, al Art. 1808 del

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 11713.

3Adm.

(2012).

Terrenos v. SLG Rivera-Morales, 187 DPR 15, 26

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6

En ambos tipos de usucapión ―a saber, la ordinaria o la

extraordinaria― se requiere una posesión ininterrumpida,

pública, pacífica y en concepto de dueño por el término

fijado en la ley.4 En el caso de la prescripción adquisitiva

extraordinaria ―la pertinente en la controversia de autos―

no se requiere el elemento de buena fe ni justo título.5 Es

por esta razón que al poseedor se le exige un tiempo de

posesión más prolongado para que finalmente pueda adquirir

la cosa o el derecho, lo cual, en el caso de los bienes

inmuebles, es treinta (30) años.6

El requerimiento de que el bien se posea en concepto de

dueño subyace en que únicamente “la posesión que se adquiere

y se disfruta en concepto de dueño puede servir de título

para adquirir

el dominio”.7 Se

considera como dueño en

posesión de un inmueble aquel, de acuerdo con la opinión

general o la percepción pública entienden que es el dueño,

unido a los actos que tal persona realice con relación a la

propiedad, independientemente de la creencia que pueda tener

el propio poseedor del bien en cuestión.8

4Íd.,

pág. 29. Véase, además, Sanchez Gonzalez

Registrador, 106 DPR 361, 375 (1977) (citas omitidas).

5Adm.

v.

Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra, pág. 28.

6Íd.

7J.

Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed.,

Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. III, Vol. I, pág. 318.

8Adm.

Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra, pág. 28

(citando a Cordero v. Medina, 99 DPR 113, 119 (1970)). Véase,

además Art. 1850 del Código Civil, 31 LPRA sec. 527; Ramos

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7

Como condición para que la usucapión se materialice, es

indispensable que estemos ante una cosa o un bien susceptible

de apropiación por un tiempo determinado y en acorde con las

condiciones establecidas en la ley.9 En ese sentido, la norma

general es que son susceptibles a la usucapión todas las

cosas que están en el comercio, a excepción de los bienes de

dominio

públicos

y

aquellos

que

por

virtud

de

ley

se

establezca expresamente lo contrario.10

B. Ley de Tierras de Puerto Rico

La Ley de Tierras, supra, se creó con el propósito de

fomentar el bienestar de los habitantes a través de la

estabilidad y justicia social en la zona rural de Puerto

Rico. Al amparo de este estatuto se creó un programa cuyo

fin fue otorgarle un derecho de usufructo o parcelas a miles

de

familias

recursos,

puertorriqueñas

de

modo

que

trabajadoras

tuvieran

un

y

de

espacio

escasos

para

la

construcción de su hogar.11

En lo que concierne a la controversia bajo nuestra

consideración, el Art. 76 de la Ley de Tierras, 28 LPRA sec.

553, señala lo siguiente:

En las comunidades a establecerse, la

[ADMV] cederá en usufructo gratuitamente a

v. Ríos, 79 DPR 738, 740–741 (1956); Rivera v. Meléndez, 72

DPR 432, 439–440 (1951).

9Art.

1836 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 5247;

J.R. Vélez Torres, Los bienes y los derechos reales, Madrid,

Ed. Offirgraf, 1983, T. II, pág. 263.

10Arts.

1128

1830 y 1846, 31 LPRA secs. 5241, 5247.

LPRA secs. 521, 551.

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los agregados una parcela de terreno de un

área no menor de un cuadro ni mayor de tres

cuerdas, de acuerdo con la parcelación de

los terrenos que la [ADMV] haya creído

conveniente efectuar para llevar a cabo

los fines de la ley […]. Al agregado que

hubiere recibido una parcela en usufructo

se le otorgará un contrato de usufructo

que preparará al efecto la [ADMV], el cual

tendrá fuerza de ley, y en el cual se

establecerán las penalidades que la [ADMV]

juzgue conveniente imponer para el caso de

que se viole el contrato.

El usufructuario no podrá, bajo pena de

nulidad absoluta, vender, transferir,

permutar,

alquilar, ceder,

asignar,

arrendar ni en modo alguno enajenar o

gravar en todo o en parte, el derecho de

usufructo que se le conceda, ni la parcela

de terreno sobre la cual se le conceda

dicho derecho, ni las edificaciones,

accesiones o mejoras existentes, o que en

el futuro levante o introduzca en la

misma, ni

ningún

derecho,

título

o

privilegio

derivado

del

contrato

de

usufructo; Disponiéndose, que cualquier

violación de esta disposición no conferirá

derechos legales de clase alguna a ningún

supuesto

adquiriente,

cesionario o

acreedor, sino que, por el contrario,

producirá, sin que medie declaración

judicial al efecto, la confiscación a

favor de la [ADMV] del derecho de usufructo

concedido

al

usufructuario

sobre

la

parcela, así como de todo interés, derecho

y acción que sobre la parcela cedida en

usufructo,

o

sobre

las

mejoras,

edificaciones,

accesiones

o

siembras

existentes en la misma tuviera o pudiera

tener el supuesto cedente y/o cesionario,

acreedor

y/o

deudor,

vendedor

o

adquirente, quedando la [ADMV] en libertad

de

disponer

en

dicha

parcela,

construcción,

edificación,

siembra

o

mejoras, sin tener que indemnizar o pagar

cantidad de dinero a persona alguna por

ningún

concepto;

Disponiéndose,

sin

embargo,

que

la

Administración

de

Desarrollo y Mejoras de Viviendas en el

ejercicio

de

su

discreción,

podrá

autorizar expresamente y por escrito a un

usufructuario

a

transferir,

ceder,

permutar o asignar su derecho de usufructo

8

CC-2023-0658

9

a otra persona que cualifique como tal

usufructuario; Disponiéndose, además, que

cualquier derecho de usufructo sobre una

parcela, así como cualquier casa, mejora,

plantación,

siembra

o

edificación

enclavada

en

la

misma,

que

como

consecuencia de una violación a las

disposiciones de esta sección revierta o

pase a ser propiedad de la Administración

de Desarrollo y Mejoras de Viviendas como

antes se ha dicho, será sorteado entre el

número de agregados que la Administración

de Desarrollo y Mejoras de Viviendas

estime pertinente. Las disposiciones de

esta sección serán también aplicables a

los

sucesores

en

título

de

los

usufructuarios originales.

En aquellos casos en que el usufructuario

de la parcela haya dejado de ocuparla total

o parcialmente, y que otra persona no

autorizada por la [ADMV] esté ocupando

total o parcialmente dicha parcela, se

presumirá que ha habido una cesión

ilegal por parte del usufructuario de sus

derechos sobre dicha parcela, con las

correspondientes consecuencias a que se

hace referencia en esta Ley.12

Como puede verse, el Art. 76 de la Ley de Tierras,

supra, preceptúa una serie de normas sobre la forma de

instrumentar los bienes cedidos. Entre estas, se incluye una

prohibición expresa bajo pena de nulidad absoluta de ceder

a un tercero la propiedad otorgada en usufructo, salvo que

medie autorización del Estado.13 Igualmente, se precisa que

12Se

advierte que se optó por separar el párrafo antes

citado con el motivo exclusivo de facilitar la comprensión

de lo expuesto.

13Sobre

el requisito de consentimiento de la ADMV para

el traspaso de los bienes otorgados en usufructo, refiérase

al Art. 78 de la Ley de Tierras, 28 LPRA sec. 555, el cual,

en lo pertinente, dispone que “[n]o se podrá otorgar más de

un predio a un jefe de familia y aquellas personas solas que

cualifiquen

ni

estas

podrán

traspasarlo

sin

el

consentimiento de la [ADMV]”.

CC-2023-0658

10

quien se convierta en adquirente en violación de la ley no

obtendrá derecho legal alguno sino que, por el contrario, lo

que provacará es que el bien sea confiscado y pase nuevamente

a

ser

propiedad

de

la

ADMV

sin

que

sea

necesaria

la

intervención judicial.14 Con tales remedios se impide que los

derechos de usufructos o las parcelas otorgadas a la clase

obrera y de entradas anuales limitadas pasen a mano de

personas mejor acomodadas que no cumplen con la finalidad de

la ley.15

C. Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009

Por otro lado, nuestro ordenamiento procesal civil

permite que una persona contra quien se haya presentado un

reclamo judicial solicite su desestimación cuando de las

alegaciones de la demanda surja alguna defensa afirmativa

que

derrotaría

Específicamente,

la

en

pretensión

virtud

de

la

del

demandante.16

Regla

10.2(5)

de

Procedimiento Civil se viabiliza que la parte demandada

puede fundamentar la desestimación invocando la defensa de

que la petición judicial deja de exponer una reclamación que

justifique la concesión de un remedio. Bajo ese escenario,

14Romero

v. Canales, 102 DPR 587, 598 (1974).

15E.L.A.

v. Márquez, 93 DPR 393, 405 (1966).

16Eagle

Security v. Efron Dorado et al., 2011 DPR 83

(2023) (citando la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V; Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR

689, 701 (2012)).

CC-2023-0658

11

la desestimación pretendida se dirige a los méritos de la

controversia y no a los aspectos procesales del caso.17

Consecuentemente,

jurisprudenciales

han

nuestros

establecido

pronunciamientos

que,

al

resolver

una

solicitud de desestimación bajo el fundamento de que se deja

de exponer una reclamación que justifique un remedio, los

tribunales están obligados a tomar como ciertos, y de manera

más favorable para el demandante, todos los hechos bien

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera

clara y concluyente.18 Asimismo, están llamados a interpretar

las alegaciones en forma conjunta y liberal, de la manera

más

beneficiosa

posible

para

la

parte

que

prosigue

la

acción.19

Al respecto, hemos resuelto que para que proceda una

moción

de

desestimación

de

esta

naturaleza

tiene

que

demostrarse de forma certera que el demandante no tiene

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de Derecho

que se pudiese probar en apoyo a su reclamación, incluso

interpretándose la demanda lo más liberalmente a su favor.20

17Montañez

v. Hosp.

Metropolitano, 157 DPR 96, 104

(2002).

18Eagle

Security v. Efron Dorado et al., supra (citando

a González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234

(2016); Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193

DPR 38, 49 (2015)).

19González

Méndez v. Acción Social et al., supra, pág.

234.

20Casillas

Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247 (2022);

Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654

(2013); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).

CC-2023-0658

12

Entiéndase, los tribunales deben determinar si, a la luz de

la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda

duda a su favor, la demanda es suficiente para constituir

una reclamación válida.21

III

Según

se

adelantó,

la

controversia

requería

que

evaluáramos si procedía la desestimación de la Demanda que

incoó la señora Cosme Mena por esta dejar de exponer una

reclamación que justificara la concesión de un remedio.

Ello, con el objetivo de precisar si los foros recurridos

erraron al desestimar el reclamo de usucapión sobre el Solar

54, según fue argumentado por la Peticionaria en todas las

instancias judiciales.

Conforme a lo expuesto, el señor Mena Ramos era el

beneficiario del Solar 54 localizado en Dorado, el cual le

fue otorgado al amparo de la Ley de Tierras. En el 1969,

este decidió regalarle a su sobrina, la señora Cosme Mena,

el terreno en cuestión para que construyera y tuviera donde

vivir con su hijo recién nacido. Desde entonces, y hasta la

actualidad, la Peticionaria ha residido en tal propiedad.

A pesar de que la señora Cosme Mena ha realizado

múltiples gestiones para inscribir la propiedad a su nombre,

estas han sido infructuosas. Es por ello que, en el 2021,

esta presentó una Demanda para que se le reconociera su

titularidad sobre el terreno y la residencia por la que ha

residido por más de cincuenta (50) años.

21Casillas

Carrasquillo v. ELA, supra.

CC-2023-0658

Bajo

13

estas

circunstancias,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia se limitó a dictaminar que, toda vez que la Ley de

Tierras prohíbe la cesión sin autorización de la ADMV y el

señor Mena Ramos le transfirió el bien inmueble obviando ese

procedimiento, tal entrega fue ilegal y, por tanto, nula.

Asimismo, sentenció que la propiedad en controversia no es

susceptible de ser adquirida por usucapión debido al mandato

expreso del legislador en la Ley de Tierras.

Inconforme, la señora Cosme Mena elevó su reclamo al

Tribunal de Apelaciones. Así las cosas, el foro apelativo

intermedio confirmó el dictamen recurrido al determinar que

la cesión a favor de la señora Cosme Mena fue ineficaz por

haberse llevado a cabo de manera opuesta a lo codificado en

la ley. Igualmente, indicó que, debido a que la Ley de

Tierras

dispone

que

cualquier

acto

realizado

en

contravención a esta norma es nulo y no conferirá derecho

alguno, el terreno no es usucapible.

Aún

en

desacuerdo,

la

Peticionaria

acude

a

este

Tribunal y plantea que la conclusión de que el Solar 54 no

se puede usucapir por razón de que la Ley de Tierras prohíbe

la cesión es incorrecta en Derecho y contraria a lo resuelto

por este Tribunal en Ayala v.

Aut. De Tierras de

P.R.,

infra. A mi juicio, le asiste la razón. Veamos.

En primer lugar, cabe precisar que, tras examinar las

distintas disposiciones de la Ley de Tierras, me resulta

forzoso

concluir

que,

tal

y

como

se

desprende

de

las

alegaciones de las partes, el terreno cedido por el señor

CC-2023-0658

14

Mena Ramos en beneficio de la Peticionaria no fue conforme

a Derecho. Y es que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art.

78 de la Ley de Tierras, supra, el usufructo del Solar 54

fue cedido en beneficio del señor Mena Ramos y, para su

enajenación, se requería que la ADMV así lo autorizara. Aquí

no existe duda de que tal autorización no ocurrió y, por

consiguiente, la cesión fue ilegal. Véase, Art. 76 de la Ley

de Tierras. Superado ese aspecto, veamos cuáles son las

consecuencias de ese incumplimiento.

Sobre el particular, el Art. 76 de la Ley de Tierras,

supra, establece que una enajenación que incumpla con el

requisito

de

autorización

por

parte

del

Gobierno

no

conferirá derechos legales de clase alguna y, sin que medie

declaración judicial al efecto, se confiscará el bien a

favor del Gobierno. Es al amparo de lo anterior que el foro

apelativo intermedió estimó que la usucapión pretendida era

improcedente.

De entrada, conviene recordar que son susceptibles de

usucapión todos los bienes en el comercio, a menos que sea

de dominio público o una ley expresamente establezca lo

contrario. A tono con ello, en Ayala v. Aut. de Tierras de

P.R., 116 DPR 337, 345 (1985), este Tribunal revocó la

doctrina de nullus tempus imperante hasta ese momento, la

cual

fue

utilizada

en

una

multiplicidad

de

casos

para

justificar que la prescripción adquisitiva no operara contra

el

Gobierno.

sentenció que:

Al

desterrar

esta

doctrina,

el

Tribunal

CC-2023-0658

15

[b]ajo el Código Civil de Puerto Rico la

prescripción adquisitiva opera contra los

bienes patrimoniales del Estado y de los

municipios, a excepción, conforme lo dispuesto

en el Código Político, de los terrenos baldíos

pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico.

[…]

la

norma

que

favorece

la

prescripción

adquisitiva contra el Estado es de tal

fortaleza que únicamente se estimará que queda

modificada cuando la Asamblea Legislativa así

lo disponga en términos expresos, sujeto al

análisis constitucional que corresponda.22

Según lo resuelto en Ayala, “[este es] el principio

central que debe regir el examen de contenciones análogas a

las formuladas aquí por la Autoridad”. (Negrillas suplidas).

Íd., pág. 347. Por tanto, la norma es clara: los bienes del

Estado son susceptibles de usucapión y los tribunales así

deberán

declararlo

de

cumplirse

con

los

requisitos

doctrinales de la prescripción adquisitiva, a menos que una

22(Negrillas

y énfasis suplidos). Íd., págs. 345-347.

Nótese que, en el caso del Art. 9 del Código Político de

Puerto Rico, 1 LPRA sec. 6, se estableció expresamente tal

prohibición de usucapión:

Si

alguna persona, so pretexto de

algún

derecho

incompatible

con

la

jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico,

usurpare terrenos baldíos o no concedidos,

pertenecientes a Puerto Rico, el Fiscal

del distrito judicial en que radican

dichos terrenos informará de ello en el

acto al Gobernador, quien dispondrá que el

Secretario de Justicia adopte las medidas

necesarias para expulsar al usurpador. No

podrá

adquirirse

títulos

a

terrenos

baldíos estaduales por posesión adversa, o

contraria al título de otras personas.

CC-2023-0658

ley

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expresamente

disponga

lo

contrario

y

para

ello

no

bastarán inferencias ni textos imprecisos.23

Un examen minucioso de la Ley de Tierras revela que si

bien en los Arts. 76 y 78 de la Ley de Tierras, supra, se

prohibió la cesión y se establecieron las consecuencias en

caso de que cedan ilegalmente los bienes cedidos en usufructo

por la ADMV, en ninguna parte se prohibió su usucapión. El

hecho

de

que

estos

no

autorización no implica,

puedan

bajo

cederse

sin

la

debida

alguna circunstancia, que

tampoco puedan usucapirse. Los foros recurridos fallaron en

así reconocerlo.

En

fin,

tomando

como

ciertos

y

de

la

manera

más

favorable los hechos bien alegados por la Peticionaria en la

demanda y a la luz del estándar reconocido en Ayala, concluyo

que el Solar 54 ―el cual en la actualidad, de conformidad

con el Art. 76, pertenecería al Gobierno tras la rescisión

del

contrato

con

el

usufructuario―

puede

ser

adquirido

mediante usucapión por no haberse incluído en el texto de la

Ley

de

Tierras

entendido

una

prohibición

de

que

incluso

los

usucapibles.

Las

generalidades,

expresa

que

derrote

el

bienes

del

Estado

son

inferencias

y

textos

imprecisos identificados en la Ley de Tierras son, pues,

insuficientes para concluir lo contrario. Por consiguiente,

23Además,

en Ayala v. Aut. de Tierras de P.R., supra,

este Tribunal analizó las disposiciones implicadas en el

caso y sostuvo lo siguiente “[l]o cierto es que nada en la

ley o en la Constitución se encamina verdaderamente a derogar

parcialmente, como se hizo en el Art. 9 del Código Político,

sobre la prescripción adquisitiva”.

CC-2023-0658

17

procede que se le permita a la señora Cosme Mena el demostrar

su cumplimiento con los requisitos de la usucapión.

IV

Por todo lo anterior, estoy de acuerdo con el dictamen de

este Tribunal y con que se devuelva el caso ante el Tribunal de

Primera Instancia para la continuación de los procedimientos

conducentes

a

la

demostración

del

cumplimiento

con

los

requisitos de la prescripción adquisitiva extraordinaria.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado