LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Martínez Maldonado v. Consejo de Seguridad y Recreación de Urbanización Villamar Este, Inc. (CONSERVE)

2024 TSPR 125

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Martínez Maldonado v. Consejo de Seguridad y Recreación de Urbanización Villamar Este, Inc. (CONSERVE)

CC-2023-0536

3 de diciembre de 2024 · Hon. Roberto Feliberti Cintrón · Código Municipal de Puerto Rico – Facultad del Consejo, Junta o Asociación de Residentes de una urbanización con control de acceso para establecer una partida no recurrente o cuota especial para gastos legales en la medida en que esta sea necesaria y cumpla con los requisitos y procesos de votación adoptados por los miembros.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor J. Martínez Maldonado

Recurrido

Certiorari

v.

2024 TSPR 125

Consejo de Seguridad y Recreación

de Urbanización Villamar Este,

Inc. (CONSERVE)

214 DPR ___

Peticionario

Número del Caso:

Fecha:

CC-2023-0536

3 de diciembre de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel VIII

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcdo. Alberto Aresti Franceschini

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. Miguel A. Negrón Matta

Materia: Código Municipal de Puerto Rico – Facultad del Consejo,

Junta o Asociación de Residentes de una urbanización con control de

acceso para establecer una partida no recurrente o cuota especial

para gastos legales en la medida en que esta sea necesaria y cumpla

con los requisitos y procesos de votación adoptados por los miembros.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor

Maldonado

J.

Martínez

Recurrido

v.

CC-2023-536

Certiorari

Consejo

de

Seguridad

y

Recreación de Urbanización

Villamar

Este,

Inc.

(CONSERVE)

Peticionario

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión

del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de diciembre de 2024.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de pautar si un

Consejo,

Junta

o

Asociación

de

Residentes

de

una

urbanización con control de acceso debidamente constituido

por ley puede establecer una partida no recurrente o cuota

especial para sufragar el pago de honorarios de abogado y

gastos legales sin contar con el voto unánime de sus

miembros.

Por los fundamentos que expondremos, adelantamos que,

a menos que se disponga lo contrario por ley o reglamento,

sí puede.

Veamos.

I

El 6 de julio de 2022, el Sr. Héctor J. Martínez

Maldonado (señor Martínez Maldonado o recurrido) presentó

una demanda sobre sentencia declaratoria en contra del

CC-2023-536

Consejo

de

2

Seguridad

y

Recreación

de

la

Urbanización

Villamar Este, Inc. (CONSERVE o Asociación de Residentes).1

En

síntesis,

el

recurrido

alegó

que

la

Asociación

de

Residentes impuso el pago de una “derrama”2 para honorarios

de abogado y gastos legales sin tener facultad para ello y

sin contar con los votos suficientes.3

Según razonó el

señor Martínez Maldonado, CONSERVE sólo podía proponer el

pago de una aportación voluntaria, sujeta al criterio de

cada propietario, debido a que no existe relación entre la

finalidad

para

la

que

fue

creada

la

Asociación

de

Residentes y la imposición de una “derrama” ilegal para

honorarios de abogado y gastos legales.4

Consistente con

1

La Urbanización Villamar Este (Urbanización) es una comunidad

residencial con control de acceso que consta de ciento cuatro (104)

unidades.

Reglamento de la Asociación del Consejo de Seguridad y

Recreación Villamar Este (Reglamento de la Asociación de Residentes),

Apéndice del certiorari, pág. 30.

2

Aunque las partes y los tribunales inferiores utilizaron el

término “derrama”, este Tribunal lo que examina es la imposición de

una partida no recurrente o especial dentro de la cuota anual que

aprobó el Consejo de Seguridad y Recreación de la Urbanización Villamar

Este, Inc. (CONSERVE o Asociación de Residentes). Por consiguiente,

al aludir al concepto de “derrama” nos referimos más bien a una

“partida no recurrente” o “cuota especial”.

3

La Asociación de Residentes convocó su Asamblea Anual de 2021 y

estableció una agenda en la que incluyó, entre otros asuntos nuevos,

la intención de aprobar una “derrama” para cubrir gastos legales.

Convocatoria a Asamblea Anual 2021, Apéndice del certiorari, pág. 18.

La referida Asamblea Anual se celebró el 1 de diciembre de 2021 con un

quórum de treinta y cuatro (34) votos.

Minuta, Apéndice del

certiorari, pág. 19. En cuanto a la derrama o cuota especial que se

aprobó para gastos y honorarios de abogado, la votación fue la

siguiente: veintitrés (23) votos a favor; diez (10) votos en contra,

y tres (3) abstenciones. Esta partida no recurrente se incluyó en la

cuota de mantenimiento de cada propiedad e implicaba el pago total de

$150.00, pagaderos en tres (3) plazos durante los meses de enero a

marzo de 2022. Minuta, Apéndice del certiorari, pág. 20.

4

En su demanda, el Sr. Héctor J. Martínez Maldonado (señor Martínez

Maldonado o recurrido) expuso que CONSERVE fue creada en virtud de la

Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según enmendada, conocida como Ley

de Control de Tráfico de Vehículos de Motor y Uso Público de Ciertas

Calles (Ley de Control de Acceso), 23 LPRA ant. seq. 64 et seq., con

el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes de la

CC-2023-536

3

esto, el recurrido le solicitó al foro primario que dictara

una

sentencia

declaratoria

a

su

favor,

declarara

que

CONSERVE no poseía facultad en ley para imponerle una

“derrama” a sus miembros, y le ordenara el pago de los

gastos legales incurridos por éste, así como honorarios de

abogado por temeridad.

El 22 de agosto de 2022, la Asociación de Residentes

presentó su contestación a la demanda.

En esencia, sostuvo

que la “derrama” impuesta fue aprobada en conformidad con

su Reglamento (Reglamento de la Asociación de Residentes),

mediante el voto mayoritario de los miembros que asistieron

a

la

Asamblea

Anual,

para

establecer

un

fondo

13

de

para

litigios.

Tras

varios

trámites

procesales,

el

octubre

de 2022, CONSERVE presentó una solicitud de sentencia

sumaria en la que expuso que la derrama se había aprobado

para satisfacer los gastos legales necesarios en los que

debía incurrir (tales como reclamaciones extrajudiciales y

judiciales en cobro de dinero por cuotas de mantenimiento

adeudadas,

entre

administración.

Primera

otras)

para

cumplir

con

su

deber

de

De ahí que le solicitara al Tribunal de

Instancia

la

ratificación

de

la

partida

no

recurrente de $150.00 y le ordenara al señor Martínez

Urbanización mediante el establecimiento de medidas de seguridad

personal y sobre la propiedad, tanto individual como pública, y para

promover, dirigir y patrocinar actividades recreativas, deportivas y

sociales. Demanda, Apéndice del certiorari, pág. 15.

CC-2023-536

4

Maldonado a cumplir con el pago de ésta, más las costas,

gastos y honorarios de abogado por $1,500.

En respuesta, el 2 de noviembre de 2020, el recurrido

presentó su oposición a la moción de sentencia sumaria.

A

su vez, solicitó que se dictara sentencia sumaria a su

favor.

Fundamentalmente,

el

señor

Martínez

Maldonado

reafirmó su contención en torno a la ilegalidad de la

“derrama” y argumentó que los actos de la Asociación de

Residentes atentaban contra su derecho de propiedad.

Luego de la presentación de otros escritos, el 7 de

diciembre de 2022, el Tribunal de Primera Instancia emitió

una Sentencia en la que declaró con lugar la demanda

incoada por el señor Martínez Maldonado.

En resumen,

dispuso que la Asociación de Residentes no tenía facultad

en ley para aprobar una “derrama” para gastos legales y,

además,

había

innecesariamente

gastos,

trabajos

actuado

al

con

recurrido

e

temeridad

a

asumir

inconvenientes

al

las

del

obligar

molestias,

pleito.

Por

consiguiente, el foro primario ordenó a CONSERVE a pagar

$2,500

por

concepto

de

honorarios

de

abogado

por

temeridad.5

5

El foro primario explicó que emitió su determinación a la luz de

las admisiones de CONSERVE, a saber: (1) las servidumbres de equidad

que crearon la Urbanización no autorizan la aprobación de “derramas”

para gastos legales; (2) el Art. 3.10 de la Ley Núm. 107-2020, según

enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto Rico (Código

Municipal), 31 LPRA sec. 7420, sólo faculta a la Asociación de

Residentes a imponer una cuota para cubrir los costos y gastos de

instalación, operación y mantenimiento del sistema de control de

acceso, y (3) el Reglamento de la Asociación de Residentes sólo

autoriza que se cobre una cuota mensual para el mantenimiento de las

facilidades del acceso controlado y no una “derrama”. Sentencia del

Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del certiorari, pág. 227.

CC-2023-536

5

Inconforme con la Sentencia del Tribunal de Primera

Instancia, el 23 de diciembre de 2022 la Asociación de

Residentes solicitó la reconsideración del dictamen.

Así,

y luego de contar con la posición del señor Martínez

Maldonado, el foro primario proveyó no ha lugar a la moción

de CONSERVE mediante una Resolución notificada el 3 de

febrero de 2023.

Aún en desacuerdo, el 6 de marzo de 2023, la Asociación

de Residentes presentó un recurso de apelación ante el

Tribunal de Apelaciones.

que

el

Tribunal

de

En su escrito, CONSERVE expuso

Primera

Instancia

había

errado

al

proveer no ha lugar a una moción sobre falta de parte

indispensable; al determinar que no podía cobrar la cuota

especial de $150.00 para gastos legales y al imponerle el

pago

de

honorarios

de

reclamación de $150.00.

abogado

por

$2,500

para

una

De esta manera, solicitó que el

foro apelativo intermedio revocara la determinación objeto

de revisión.

El recurrido, por su parte, presentó su

alegato en oposición el 5 de abril de 2023.

Sostuvo que

el foro primario no había cometido los errores señalados

por la Asociación de Residentes y solicitó la confirmación

del dictamen apelado más la imposición de costas, gastos y

honorarios de abogado por una cantidad no menor a $5,000,

así como una sanción económica por haberse presentado el

recurso de apelación para dilatar los procedimientos.

El 23 de junio de 2023, el Tribunal de Apelaciones

emitió una Sentencia en la que confirmó lo dispuesto por

CC-2023-536

6

el Tribunal de Primera Instancia por fundamentos distintos.

Tras

estimar

que

no

existían

hechos

medulares

en

controversia que impidieran disponer del pleito por la vía

sumaria, el foro apelativo intermedio evaluó si el tribunal

recurrido aplicó correctamente el derecho.

En esa línea,

y por entender que la disputa entre las partes giraba en

torno

al

uso

de

la

palabra

“derrama”,

consultó

la

definición del vocablo en la Real Academia Española.

Así

las cosas, el Tribunal de Apelaciones expuso que la palabra

“derrama” es definida como “el repartimiento de un gasto

eventual o una contribución temporal o extraordinaria”.

Teniendo

en

cuenta

lo

anterior,

el

foro

apelativo

intermedio examinó el Código Municipal de Puerto Rico,

infra, la Escritura Núm. 79 sobre Urbanización, otorgada

el

15

de

Reglamento

octubre

de

de

Asociación

la

1954

(Escritura

de

Núm.

79),

Residentes.

y

el

Tras

su

análisis, concluyó que, a pesar de que la palabra “derrama”

no

surgía

de

los

documentos

impedimento o prohibición para

aludidos,

no

existía

que CONSERVE, luego de

celebrar una asamblea debidamente convocada, aprobara una

contribución extraordinaria.

El Tribunal de Apelaciones

señaló que el Código Municipal de Puerto Rico, infra, y el

Reglamento de la Asociación de Residentes, sin mencionar

las

palabras

“derrama”

o

contribución

extraordinaria,

permitían la imposición de cuotas relacionadas con el

control de acceso.

Por esta razón, determinó que el foro

primario falló al resolver que el silencio reflejado en el

CC-2023-536

Código

7

Municipal

de

Puerto

Rico,

infra,

la

Escritura

Núm. 79 y el Reglamento de la Asociación de Residentes en

torno

a

la

aprobación

de

“derramas”

equivalía

a

una

prohibición para imponerlas.

No obstante, el foro apelativo intermedio dispuso que

la cuota extraordinaria impuesta por la Asociación de

Residentes fue aprobada por un porcentaje mínimo de los

titulares, lo que podría lacerar el derecho de éstos de

manera injustificada. 6

De igual forma, el Tribunal de

Apelaciones sostuvo que la imposición de honorarios de

abogado versaba sobre un asunto discrecional del Tribunal

de Primera Instancia y, además, que CONSERVE no lo colocó

en posición de determinar que el foro primario abusó de su

discreción.

Asociación

Inconforme,

de

Residentes

reconsideración,

la

cual

el

5

de

julio

de

2023,

la

presentó

una

solicitud

de

denegada

mediante

una

fue

Resolución del 6 de julio de 2023.

En desacuerdo con la determinación del foro apelativo

intermedio, el 9 de agosto de 2023, CONSERVE presentó una

petición de certiorari ante este Tribunal.

A grandes

rasgos, planteó que el Tribunal de Apelaciones erró al

resolver:

(1)

que

los

resultados

de

la

votación

para

aprobar la partida no recurrente o cuota especial eran

6

A pesar de que el Tribunal de Apelaciones reconoció que la Ley

Núm. 129-2020, según enmendada, conocida como Ley de Condominios de

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1921 et seq., no aplica al presente caso,

utilizó a modo persuasivo lo resuelto por este Tribunal en Pérez Riera

v. Con. Tit. Cond. Marymar, 197 DPR 197 (2017), para concluir que los

resultados de la votación para aprobar la “derrama” impuesta para

gastos legales resultaron insuficientes.

CC-2023-536

insuficientes

8

y

(2)

que

el

foro

primario

no

erró

al

imponerle honorarios de abogado por temeridad.7

Expedido el recurso, y tras la presentación de otros

escritos por las partes, el 19 de marzo de 2024, el señor

Martínez

Maldonado

presentó

su

alegato

en

oposición.

Consecuentemente, el caso quedó sometido en los méritos el

25 de marzo de 2024, por lo cual nos encontramos en posición

de resolver.

II

A.

El Código Municipal de Puerto Rico

i. El control de acceso

La Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como

Código Municipal de Puerto Rico (Código Municipal), 21 LPRA

sec. 7001 et seq., compila de manera sistemática, ordenada

y actualizada, todas las leyes existentes y vinculadas a

la organización, gobierno, administración y funcionamiento

de

los

municipios.

21 LPRA sec. 7002.

Art.

1.002

del

Código

Municipal,

El esquema legal puesto en vigor amplió

el grado de autonomía de los ayuntamientos con el propósito

de que éstos asumieran una función central y fundamental

en su desarrollo urbano, social y económico. Art. 1.003

del Código Municipal, 21 LPRA sec. 7003.

Como parte de

esta nueva estructura gubernamental, y tal y como ocurrió

con otros estatutos, se derogó la Ley Núm. 21 de 20 de mayo

7

Cabe señalar que en su petición de certiorari, CONSERVE no detalló

de manera breve y concisa los errores cometidos por el Tribunal de

Apelaciones. No obstante, en su escrito sí incluyó una sección

intitulada “S[eñalamiento] y D[iscusión] de E[rrores]” en la que expuso

sus planteamientos de manera integrada.

CC-2023-536

9

de 1987, según enmendada, conocida como Ley de Control de

Tráfico de Vehículos de Motor y Uso Público de Ciertas

Calles (Ley de Control de Acceso), 23 LPRA ant. sec. 64

et

seq.

Empero,

sus

disposiciones

se

mantuvieron

prácticamente inalteradas en el Código Municipal.8

A modo ilustrativo, la derogada Ley de Control de

Acceso fue concebida con el propósito de proveerle a las

comunidades un instrumento para combatir la criminalidad y

procurar su cooperación en la lucha contra el crimen.

Ley

de Control de Acceso (1987 Leyes de Puerto Rico 67).

Véanse, además: Jta. Residentes v. SLG Lora-Ayala, 206 DPR

248, 252 (2021); Dorado del Mar v. Weber et als., 203 DPR

31, 48 (2019); Alonso Piñero v. UNDARE, Inc., 199 DPR 32,

39-40

(2017);

Residentes

Sagrado

Corazón

v.

Arsuaga,

160 DPR 289, 300 (2003); Caquías v. Asoc. Res. Mansiones

Río Piedras, 134 DPR 181, 186 (1993).

Al

igual

que

ocurre

bajo

el

Código

Municipal,

el

derogado estatuto facultó a los municipios a conceder

permisos

a

las

comunidades

o

urbanizaciones

para

implementar los mecanismos necesarios para “controlar el

acceso

vehicular

residenciales”.

y

el

uso

público

de

sus

calles

Jta. Residentes v. SLG Lora-Ayala, supra,

pág. 252 (citando a Alonso Piñero v. UNDARE, Inc., supra,

8

El control de acceso de la Urbanización se estableció bajo la

derogada Ley de Control de Acceso. Teniendo en cuenta esto, y debido

a que el Código Municipal mantuvo básicamente intactas sus

disposiciones, aludimos al estatuto derogado, así como a su

jurisprudencia interpretativa, la cual es aplicable bajo el nuevo

esquema de ley.

CC-2023-536

10

pág. 40); Dorado del Mar v. Weber et als., supra, pág. 48.

Así

pues,

permiso

como

para

requisito

instaurar

para

el

solicitar

control

y

de

obtener

acceso,

el

las

comunidades y urbanizaciones deben cumplir con una serie

de

requisitos,

Consejo,

Junta

tales

o

como,

que

éstas

cuenten

Asociación

de

Residentes

con

un

debidamente

organizado y registrado ante el Departamento de Estado como

una entidad sin fines de lucro.9

Art. 3.002(a) del Código

Municipal, 21 LPRA sec. 7412.

ii. La cuota

Una vez adquiere personalidad jurídica, el Consejo,

Junta o Asociación de Residentes ostenta facultad para

imponer una cuota para sufragar los costos y gastos para

instalar, administrar y mantener el control de acceso,

incluyendo los salarios o jornales del personal que se

contrate.

Art. 3.010(a) del Código Municipal, 21 LPRA

sec. 7420. Asimismo, posee legitimación activa para cobrar

la

aludida

cuota

judicialmente.

Íd.

y

reclamar

el

pago

de

la

deuda

Las personas obligadas a pagar la

cuota son: (1) los propietarios de fincas en las que se

inscribió la autorización o permiso del control de acceso

en el Registro de la Propiedad; (2) los propietarios que

autorizaron la solicitud para establecer el control de

9

Sobre el requisito de incorporación ante el Departamento de

Estado, la profesora Margarita E. García Cárdenas nos explica que el

mismo responde a la necesidad de que las asociaciones de residentes

adquieran personalidad jurídica. Véase M.E. García Cárdenas, Derecho

de urbanizaciones: servidumbres en equidad, controles de acceso e

instalaciones vecinales, Puerto Rico, Ed. InterJuris, 2010, pág. 120.

CC-2023-536

11

acceso; (3) los propietarios que han adquirido una finca

en una urbanización, calle o comunidad a la que se le ha

autorizado el control de acceso o que, a la fecha de la

compraventa,

se

consentimiento

encontrara

de

tres

en

proceso

cuartas

(3/4)

de

obtener

partes

de

el

los

propietarios y así conste por escrito; (4) los que advengan

dueños

de

un

inmueble

establecimiento

del

cuando

control

de

la

solicitud

acceso

la

para

el

realice

el

urbanizador, desarrollador o constructor, y (5) los que no

autorizaron expresamente el establecimiento del sistema de

control de acceso, pero posteriormente se comprometieron

al pago por escrito.

Íd.

Dichos propietarios deben contribuir proporcionalmente

con los gastos señalados, mediante el pago de una cuota

mensual, la cual se determinará, fijará e impondrá al

principio de cada año calendario o fiscal.

Art. 3.010(b)

del Código Municipal, 21 LPRA sec. 7420.

Véase, además,

Caquías

v.

pág. 211.

Asoc.

Res.

Mansiones

Río

Piedras,

supra,

Sobre este tema, la profesora García Cárdenas

sostiene que un Consejo, Junta o Asociación de Residentes,

según sea el caso, no está limitado a cobrar únicamente la

cantidad necesaria para operar o mantener el control de

acceso.

M.E. García Cárdenas, Derecho de urbanizaciones:

servidumbres

en

equidad,

instalaciones

vecinales,

controles

Puerto

Rico,

de

acceso

e

Ed.

InterJuris,

2010, pág. 127. Según intuye, los miembros podrían aportar

una cantidad mensual adicional a lo necesario para el

CC-2023-536

12

control de acceso, la cual se puede establecer anualmente

y a base de las necesidades del ente jurídico, según lo

dispongan sus estatutos o reglamentos. Íd., págs. 127-128.

B.

La administración y el funcionamiento interno

Consejo, Junta o Asociación de Residentes

del

La Ley Núm. 164-2009, según enmendada, conocida como

Ley

General

de

Corporaciones

(Ley

de

Corporaciones),

14 LPRA sec. 3501 et seq., fue aprobada para promover el

desarrollo

económico,

agilizar

trámites,

y

la

gestión

expandir

corporativa,

simplificar

los

el

uso

tecnología.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 164-2009

(2009 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1117).

de

la

En armonía

con esta intención legislativa, las corporaciones gozan de

“flexibilidad en sus operaciones, en las actividades a las

que puedan dedicarse y para efectuar transacciones”.

Íd.,

pág. 1118.

De otra parte, por medio de los estatutos corporativos

se establecen los lineamientos respecto a la forma en que

operará el Consejo, Junta o Asociación de Residentes.

García Cárdenas, op. cit., pág. 122.

En esencia, éstos

constituyen el reglamento interno de la entidad en virtud

del

cual

se

establecen

las

normas

específicas

y

convenientes (incluso aquellas de autolimitación) para el

funcionamiento

de

la

entidad.

C.E.

Díaz

Olivo,

Corporaciones: tratado sobre derecho corporativo, 2.a ed.

rev., Colombia, Ed. Nomos, 2022, pág. 106.

Sobre este

particular, y en lo pertinente, la Ley de Corporaciones

establece que los estatutos pueden contener, entre otras,

CC-2023-536

13

disposiciones referentes a los negocios de la

persona

jurídica, a la marcha de sus asuntos, así como a sus

derechos o poderes siempre que no sean contrarios a la ley

o al certificado de incorporación.

Art. 1.08(b) de la Ley

de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3508.

Tampoco pueden ser

contrarios a la moral, el orden público o a la política

pública.

Díaz

Olivo,

op.

cit.,

pág.

106.

A

modo

ilustrativo, los estatutos suelen contener las fechas y la

forma de convocar a las reuniones, el quórum requerido para

éstas, las normas relativas a la toma de decisiones o

votaciones especiales, así como al funcionamiento interno

de

la

Junta

de

Directores.

Íd.

Véase,

además,

García

Cárdenas, op. cit., págs. 122-123 y 127.

Ahora bien, a pesar de que, como regla general, la

administración y el funcionamiento del Consejo, Junta o

Asociación de Residentes se lleva a cabo de acuerdo con lo

estipulado en el reglamento de la corporación, en aquellos

casos en los que este último guarde silencio, regirá -de

manera

supletoria-

la

Ley

Cárdenas, op. cit., pág. 183.

la

profesora

urbanizaciones

García

o

de

Corporaciones.

Al abundar sobre este punto,

Cárdenas

comunidades

García

con

añade

que

en

las

control

de

acceso

y

servidumbres en equidad no rige el estatuto referente al

régimen de propiedad horizontal.

Íd.

Según la autora, al

tratarse de una corporación, lo que ha de regir es la Ley

de Corporaciones y los estatutos de la empresa.

Íd.

CC-2023-536

C.

14

El Reglamento de la Asociación del Consejo de Seguridad

y Recreación Villamar Este

El

Reglamento

de

la

Asociación

de

Residentes

aprobado en el 1993 y enmendado en el 2021.10

fue

Dicho cuerpo

normativo fue adoptado con la finalidad de promover la sana

convivencia, seguridad y bienestar de los titulares y

residentes, de preservar el entorno físico de la comunidad11

y

de

implementar,

mantener

y

proveer

un

ambiente

de

privacidad y seguridad en las residencias y propiedad

comunal

mediante

un

sistema

de

acceso

controlado

en

conformidad con las disposiciones del Código Municipal.12

Entre las facultades y deberes de CONSERVE, se destacan

las siguientes:

g.

Otorgar contratos […].

h. Aprobar un plan de gastos e ingresos

previsible para cada año fiscal y el estado de

cuentas correspondiente al año que finaliza. El

año fiscal será desde el primero de noviembre de

cada año hasta el 31 de octubre de cada año.

[…]

k. Establecer

las

cuotas

mensuales

correspondientes a los [t]itulares, cobrarlas,

10

Reglamento de la

certiorari, pág. 27.

Asociación

de

Residentes,

Apéndice

del

11

Introducción del Reglamento de la Asociación de Residentes,

Apéndice del certiorari, pág. 30.

Valga señalar que CONSERVE fue

creada en el 1990 como una corporación sin fines de lucro al amparo de

la derogada Ley General de Corporaciones de 1956, Ley Núm. 3 de 9 de

enero de 1956 (1955-1956 [Quinta a Octava Sesiones Especiales] Leyes

de Puerto Rico 104). No obstante, la enmienda de su reglamento en

el 2021 se aprobó en virtud de la Ley Núm. 164-2009, según enmendada,

conocida como Ley General de Corporaciones (Ley de Corporaciones),

14 LPRA sec. 3501 et seq., y del Código Municipal. Incisos 1.1 y 3.1

del Reglamento de la Asociación de Residentes, Apéndice del certiorari,

pág. 30.

12

Inciso 6.1 del Reglamento de la Asociación de Residentes, Apéndice

del certiorari, pág. 33.

CC-2023-536

15

administrar dichos fondos

beneficio de la comunidad.

y

emplearlos

en

[…]

m. Emplear

o

contratar

aquellas

personas

naturales o jurídicas que estime conveniente

para el servicio de seguridad, limpieza,

mantenimiento general y ornato[,] etc.

n. La Asociación [de Residentes] es responsable,

a través del presidente(a) de su Junta de

Directores, de representar y acudir, de ser

necesario, a los tribunales (estatal o federal),

agencias administrativas (estatales, municipales

o federales), o foros pertinentes para hacer

valer las disposiciones de [] [su] Reglamento,

así como de cualquier ley, ordenanza o reglamento

aplicables, y evitar o impedir que cualquier

propietario viole las mismas.

[…]

v. Velar

porque

las

decisiones

o

determinaciones de la Asociación [de Residentes]

se lleven a cabo o se hagan de acuerdo con el

debido proceso de ley y de acuerdo con los

procesos democráticos establecidos en [] [su]

[R]eglamento.13 (Bastardilla omitida y negrilla

suplida).

Respecto a las cuotas, el inciso 14.1 del Reglamento

de la Asociación de Residentes establece que:

La cuota mensual para el mantenimiento de las

facilidades

del

acceso

controlado

de

la

Urbanización, serán aprobados para cada año en

la Asamblea Anual de residentes.

Dicha cuota

vence, en o antes del día diez (10) de cada mes.

Para esta aprobación deberá[n] tomarse en

consideración[:] [1] los costos por concepto de

administración y mantenimiento del sistema de

seguridad (control del acceso)[;] [2] [los]

gastos necesarios en áreas comunes[,] y [3]

cualquier otro gasto necesario que se tenga que

incurrir con el propósito de diligenciar y

13

Inciso 7.1 del Reglamento de la Asociación de Residentes, Apéndice

del certiorari, págs. 33-35.

CC-2023-536

16

cumplir con el propósito de[l] [] Reglamento.14

(Bastardilla omitida y negrilla suplida).

De otra parte, el inciso 18.3 del Reglamento de la

Asociación de Residentes dispone, en lo pertinente, lo

siguiente:

Los asuntos por considerarse en [] [la] Asamblea

[Anual] serán […]; la aprobación del presupuesto

anual de los gastos de administración del sistema

de acceso controlado y cualquier otro asunto que

propiamente se traiga a consideración en dicha

Asamblea [Anual]. Todas las Asambleas Anuales

serán

generales,

o

sea,

sujeta[s]

a

la

consideración de cualquier asunto dentro del

marco de autoridad de la Junta de Directores,

excepto en aquellos casos donde [] [el]

Reglamento requiera una notificación especial

sobre dicho asunto.15 (Bastardilla omitida).

El aludido reglamento indica, además, que el quórum de

las asambleas consistirá en por lo menos una tercera (1/3)

parte de todos los miembros activos de la Asociación de

Residentes.16

No obstante, cuando en una asamblea no se

obtenga el quórum requerido por falta de asistencia de los

titulares activos en la fecha indicada en la convocatoria,

se procederá a citar una nueva convocatoria mediante una

espera de treinta (30) minutos.17

En esa reunión, el quórum

14

Inciso 14.1 del Reglamento

Apéndice del certiorari, pág. 42.

de

la

Asociación

de

Residentes,

15

Inciso 18.3 del Reglamento

Apéndice del certiorari, pág. 45.

de

la

Asociación

de

Residentes,

16

Inciso 21.1 del Reglamento

Apéndice del certiorari, pág. 47.

de

la

Asociación

de

Residentes,

17

de

la

Asociación

de

Residentes,

Inciso 21.2 del Reglamento

Apéndice del certiorari, pág. 47.

CC-2023-536

17

se constituirá con los titulares activos presentes y los

acuerdos que así se tomen tendrán completa validez.18

Finalmente, los acuerdos se tomarán por mayoría de

votos.19

No obstante, para enmendar el Reglamento de la

Asociación de Residentes, se requerirá el voto de por lo

menos dos terceras (2/3) partes de los titulares o miembros

activos.20

D.

Los honorarios de abogado y la temeridad

La Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 44.1 (d), regula lo concerniente a la imposición de

honorarios de abogado.

Pérez Rodríguez v. López Rodríguez

et al., 210 DPR 163, 192 (2022).

Así pues, dispone que si

en un pleito cualquier parte o su abogado ha procedido con

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle el

pago de una suma por concepto de honorarios de abogado.

Íd.

La

determinación

de

si

una

parte

actuó

o

no

temerariamente es un asunto que descansa en la discreción

de los tribunales.

entiende

que

temeridad,

mandatoria.

Íd.

cualquier

la

Sin embargo, si el foro judicial

parte

imposición

de

en

un

litigio

honorarios

de

actuó

con

abogado

es

Íd., págs. 192-193.

Hemos expresado que la temeridad “conlleva aquellas

actuaciones de un litigante que lleven a un pleito que pudo

18

Íd.

19

Inciso 21.4 del Reglamento

Apéndice del certiorari, pág. 47.

de

la

Asociación

de

Residentes,

20

de

la

Asociación

de

Residentes,

Inciso 21.5 del Reglamento

Apéndice del certiorari, pág. 47.

CC-2023-536

evitarse,

18

que

provoquen

la

prolongación

indebida

del

trámite judicial o que obliguen a la otra parte a incurrir

en gastos innecesarios para hacer valer sus derechos”.

SLG González-Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138, 148

(2022).

La razón principal para imponer honorarios de

abogado es penalizar al litigante perdidoso que, por su

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte

a asumir, innecesariamente, las molestias, los gastos,

trabajo e inconvenientes de un pleito.

Pérez Rodríguez v.

López Rodríguez et al., supra, pág. 193; SLG GonzálezFigueroa v. SLG et al., supra, pág. 149; Fernández v.

San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).

Es

decir, constituye la mejor arma que poseen los tribunales

para garantizar la solución justa, rápida y económica de

los procedimientos judiciales, así como para proteger a

los

litigantes

de

la

dilación

y

gastos

innecesarios.

SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, pág. 149.

En línea con lo anterior, también hemos resuelto que

no es temerario aquel que plantea controversias o asuntos

complejos

o

novedosos

aún

no

resueltos

en

nuestra

jurisdicción, o cuando existe algún desacuerdo honesto

respecto al derecho aplicable a los hechos del caso.

Íd.

Ahora bien, toda vez que la imposición de honorarios de

abogado

es

un

asunto

discrecional,

los

tribunales

apelativos intervendrán únicamente cuando surja en tal

CC-2023-536

19

concesión un claro abuso de discreción.

Pérez Rodríguez

v. López Rodríguez et al., supra, pág. 193.

III

La Asociación de Residentes plantea que el Tribunal de

Apelaciones falló al concluir que los resultados de la

votación para aprobar la “derrama” para honorarios de

abogado y gastos legales fueron insuficientes, pues obtuvo

el voto mayoritario de los miembros, según lo dispone y

requiere su reglamento.

Le asiste la razón.

CONSERVE

también sostiene que el foro apelativo intermedio erró al

confirmar

la

imposición

temeridad

en

su

de

contra.

honorarios

de

Respecto

este

a

abogado

punto,

por

la

Asociación de Residentes indica que no actuó de manera

temeraria al defenderse de una reclamación que involucra

un asunto novel; en la que se cuestionaron sus actuaciones

y su reglamento, y en la que existen fundamentos legítimos

para hacer valer la imposición de la “derrama”.

También

le asiste la razón.

Por su parte, el recurrido plantea que CONSERVE no

posee

facultad

para

imponer

una

“derrama”,

independientemente de que la misma se apruebe por mayoría

o unanimidad de sus miembros.

A tono con esta postura, el

señor Martínez Maldonado sostiene que sí está conforme con

la determinación del Tribunal de Apelaciones al confirmar

al foro primario, pero no así con los fundamentos en

derecho de su dictamen.

Así pues, el recurrido argumenta

que el foro apelativo intermedio erró: (1) al aplicar las

CC-2023-536

20

reglas de hermenéutica, y (2) al resolver que CONSERVE

podía imponer una “derrama” para gastos legales debido a

que

las

asociaciones

de

residentes

poseen

facultades

limitadas y, además, ni el Código Municipal ni la Escritura

Núm. 79 ni el Reglamento de la Asociación de Residentes

proveen para ello.

Por otro lado, el señor Martínez Maldonado razona que,

a la luz del Art. 3.010 del Código Municipal, supra,

CONSERVE sólo puede imponer una cuota para cubrir los

costos y gastos de instalación, operación y mantenimiento

del sistema de control de acceso y no una “derrama” aparte

de la cuota mensual.

Es decir, el recurrido entiende que

el legislador fue claro al establecer que las asociaciones

de residentes sólo pueden imponer una cuota, lo que implica

una

prohibición

para

imponer

cualquier

otra

cuota.

Finalmente, el señor Martínez Maldonado sostiene que los

foros

inferiores

actuaron

correctamente

al

imponer

honorarios de abogado por temeridad.

Por

estar

estrechamente

relacionados

entre

sí,

discutiremos los señalamientos de error de la Asociación

de Residentes de manera conjunta.

En

el

confirmó

presente

la

caso,

determinación

el

Tribunal

del

Tribunal

Instancia, aunque por otros fundamentos.

foro

apelativo

intermedio

de

resolvió,

Apelaciones

de

Primera

En esencia, el

distinto

al

foro

primario, que CONSERVE ostenta facultad para imponerle a

sus

miembros

una

“derrama”

para

gastos

legales.

El

CC-2023-536

21

Tribunal de Apelaciones dispuso que, a pesar de que las

disposiciones

legales

aplicables

no

concepto

“derrama”,

tampoco

expresamente

el

prohíben

imposición,

su

asociación

de

por

residentes

lo

cual

contemplan

impiden

concluyó

debidamente

que

o

una

incorporada

y

convocada en asamblea sí puede aprobar una “derrama” o

contribución

extraordinaria

cuyo

beneficio de la comunidad. 21

propósito

Coincidimos

sea

en

con el

foro

apelativo intermedio en cuanto a que un Consejo, Junta o

Asociación de Residentes puede aprobar una partida no

recurrente o cuota especial para gastos legales y añadimos

que dicha facultad está comprendida dentro de los poderes

implícitos

de

las

asociaciones

de

residentes

administrar y mantener el control de acceso.

para

Nótese,

además, que CONSERVE ostenta facultad expresa (por vía de

su reglamento interno) para considerar en la cuota mensual

de

mantenimiento

cualquier

otro

gasto

en

el

que

necesariamente deba incurrir para diligenciar y cumplir

con

el

propósito

del

Reglamento

de

la

Asociación

de

Residentes.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones entendió que

el resultado de la votación (por mayoría de los miembros

presentes en la Asamblea Anual) para aprobar la cuota

especial fue insuficiente.

A modo persuasivo, el foro

apelativo intermedio resaltó lo resuelto por este Tribunal

21

Inciso 14.1 del Reglamento

Apéndice del certiorari, pág. 42.

de

la

Asociación

de

Residentes,

CC-2023-536

22

en Pérez Riera v. Con. Tit. Cond. Marymar, 197 DPR 197

(2017), para sustentar su determinación en cuanto a la

insuficiencia de la votación. Cabe señalar que en aquel

momento

atendimos

una

controversia

relacionada

con

el

régimen de propiedad horizontal en la que interpretamos, a

la luz de la derogada Ley Núm. 103-2003, según enmendada,

conocida como Ley de Condominios, 31 LPRA ant sec. 1291 et

seq., que un “Consejo de Titulares sólo puede aprobar obras

de mejoras que impliquen la imposición de una derrama

mediante el acuerdo unánime de los titulares”.

v.

Con.

Tit.

Cond.

Marymar,

supra,

Pérez Riera

págs.

199-200.

Entendimos que si un número reducido de los titulares (o

mayoría de los presentes) aprobaba una derrama vinculante

para todos los demás, se laceraría injustificadamente el

derecho

de

privativa.

los

titulares

a

disfrutar

de

su

propiedad

Íd., pág. 212.

Específicamente, la norma que allí pautamos tuvo el

propósito de

[…] protege[r] a los titulares de condominios

sometidos al régimen de propiedad horizontal al

evitar que, sin su consentimiento, se les

impongan gastos adicionales dirigidos a costear

obras que, por su propia naturaleza, no son

necesarias.

Se trata, pues, de una lectura

integral de la Ley de Condominios que toma en

consideración

el

fin

cardinal

de

la

horizontalidad: hacer viable el disfrute de la

propiedad individual.

Nuestra conclusión en

nada impide la aprobación de obras de mejora.

Más bien, […], si el condominio no cuenta con

los fondos suficientes, el Consejo de Titulares

deberá

hacer

los

ajustes

presupuestarios

necesarios para costear este tipo de obras sin

imponer a los titulares una carga económica

adicional, abrupta y no consentida.

Íd.,

pág. 213. (Negrilla y subrayado suplidos).

CC-2023-536

23

Valga aclarar, en primer término, que no estamos ante

un caso relacionado con el régimen de propiedad horizontal,

sino

frente

a

unas

controversias

que

involucran

a

la

Asociación de Residentes de una urbanización con control

de acceso, la cual por su naturaleza corporativa se rige y

gobierna por un esquema legal distinto al establecido en

la actual Ley Núm. 129-2020, según enmendada, conocida como

Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley de Condominios de

2020), 31 LPRA sec. 1921 et seq.

En segundo término,

tampoco estamos ante la aprobación de una derrama para

costear

obras

de

mejora

permanentes

que

no

sean

de

mantenimiento dirigidas a aumentar el valor de la propiedad

o a proveer mejores servicios para el disfrute del inmueble

o de áreas comunes, según lo establece el Art. 3 (q) de la

Ley de Condominios de 2020, 31 LPRA sec. 1921b (q). Estamos

más bien ante una partida o cuota especial no recurrente

para honorarios de abogado y gastos legales denominada

“derrama”, a ser satisfecha en el periodo de tres (3)

meses.

Establecida esta diferencia, y por tratarse de un

asunto que versa sobre el funcionamiento interno de la

corporación sin fines de lucro, regiremos nuestro análisis

conforme

a

las

disposiciones

del

Reglamento

de

la

Asociación de Residentes para determinar si era necesario

el voto mayoritario o unánime de los miembros de CONSERVE.

Veamos.

El Reglamento de la Asociación de Residentes dispone,

en lo pertinente, que establecido el quórum, los acuerdos

CC-2023-536

24

que se tomen serán por mayoría de votos.22

Esta norma cede

cuando se quiere enmendar dicho reglamento, para lo cual

es necesario el voto de por lo menos dos terceras (2/3)

partes de los titulares o miembros activos.23

No existe

controversia en el caso de autos respecto a que la partida

no recurrente de $150.00 fue aprobada mediante el voto

mayoritario de los miembros presentes en la Asamblea Anual

de

la

Asociación

de

Residentes.

Así

lo

consignó

el

Tribunal de Primera Instancia en las determinaciones de

hechos de la Sentencia del 7 de diciembre de 2022.24

No

obstante, el Tribunal de Apelaciones entendió que, por

tratarse de una contribución extraordinaria, no procedía

la aplicación de las disposiciones del Reglamento de la

Asociación

ordinarios.

de

Al

Residentes

así

relativas

resolver,

erró

a

el

los

asuntos

foro

apelativo

intermedio, pues no sólo anuló el resultado de una votación

válida,

por

mayoría,

la

cual

estuvo

apoyada

por

el

Reglamento de la Asociación de Residentes, sino que anuló

la voluntad de los titulares que estuvieron presentes en

la Asamblea Anual y que ejercieron su derecho al voto.

No encontramos fundamento legal alguno que nos lleve a

concluir que para aprobar una partida no recurrente o cuota

22

Incisos 21.1, 21.2 y 21.4 del Reglamento de la Asociación de

Residentes, supra. Apéndice del certiorari, pág. 47.

23

Inciso 21.5 del Reglamento de la Asociación de Residentes, supra.

Apéndice del certiorari, pág. 47.

24

Determinaciones de hechos de la Sentencia del Tribunal de Primera

Instancia, Apéndice del certiorari, pág. 220.

CC-2023-536

25

especial, bajo el contexto del presente caso, sea necesario

el voto unánime de los miembros de CONSERVE.

Por supuesto,

el requisito de mayoría o unanimidad dependerá en gran

medida de lo que establezcan las asociaciones de residentes

en sus reglamentos internos, pues, como entidades con

personalidad

jurídica,

poseen

amplia

flexibilidad

para

regular la operación y marcha de sus asuntos, así como para

imponer a sus miembros deberes y obligaciones, siempre que

no sean onerosos ni irrazonables o contrarios a la ley, la

moral o el orden público.

Respecto a la razonabilidad de la cuota especial que

se impuso añadimos que, como corporación sin fines de

lucro,

la

Asociación

comparecer

ante

de

Residentes

los

representación legal.

foros

se

ve

precisada

judiciales

a

mediante

Esto implica que si no contrata los

servicios profesionales de un abogado -quien fijará unos

honorarios e incurrirá en unos gastos-, no puede acudir a

los

tribunales

para

hacer

valer

los

derechos

de

sus

miembros, cumplir con sus deberes y obligaciones (entre

los

que

se

encuentran

mantener

el

control

de

acceso

operando) y defenderse de las reclamaciones que se insten

en su contra.

Entonces, ¿cómo se pagan estos gastos si

CONSERVE no posee los recursos económicos?

La respuesta

es simple, por medio de la aprobación de un fondo para

dichos fines, según se hizo.

En virtud de las facultades expresas que poseen los

Consejos,

Juntas

o

Asociaciones

de

Residentes

para

CC-2023-536

26

administrar y mantener el control de acceso, así como para

adoptar sus reglamentos internos y gobernar sus asuntos,

resolvemos

que

éstos

pueden

aprobar

una

partida

no

recurrente, cuota especial o cualquier otra, en la medida

en que ésta sea necesaria, y cumplan con los requisitos y

procesos de votación que hayan adoptado los miembros, salvo

que otra cosa se disponga mediante ley o reglamentación.

Téngase en cuenta que las determinaciones que tomen las

asociaciones de residentes en virtud de sus poderes y

facultades nunca podrán ser arbitrarias, irrazonables o

contrarias a la ley, la moral o el orden público.

Finalmente, surge del expediente que la Asociación de

Residentes se defendió vehementemente de una reclamación

con

controversias

legales

reales

para

hacer

valer

la

procedencia de la derrama aprobada, por lo cual corresponde

que dejemos sin efecto la imposición de honorarios de

abogado en ausencia de temeridad. Así pues, concluimos que

erró

el

Tribunal

de

Apelaciones

al

confirmar

la

determinación del foro primario sobre este asunto.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expresados,

se

confirma

aquella parte de la Sentencia emitida el 23 de junio

de 2023 por el foro apelativo intermedio en la que se

determinó

que

no

existe

limitación,

impedimento

o

prohibición en el Código Municipal ni el Reglamento de la

Asociación de Residentes para que CONSERVE, debidamente

convocada en asamblea, apruebe una partida no recurrente,

CC-2023-536

27

cuota especial o contribución extraordinaria como la aquí

envuelta.

No obstante, se revoca aquella parte de la

Sentencia en la que el Tribunal de Apelaciones resolvió

que

el

resultado

insuficiente.

especial

no

de

la

votación

en

cuestión

fue

A tales efectos, disponemos que la cuota

recurrente

impuesta

por

la

Asociación

de

Residentes es válida, pues ésta obtuvo el voto a favor de

una

mayoría

reglamento.

de

los

miembros,

según

lo

requiere

su

Consecuentemente, procede el pago de $150.00

por parte del señor Martínez Maldonado.

De igual forma,

se deja sin efecto la imposición de honorarios de abogado

contra CONSERVE.

Así modificada, se confirma la Sentencia

recurrida.

Se dictará Sentencia en conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor

Maldonado

J.

Martínez

Recurrido

v.

CC-2023-536

Certiorari

Consejo

de

Seguridad

y

Recreación de Urbanización

Villamar

Este,

Inc.

(CONSERVE)

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 3 de diciembre de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, se confirma aquella parte de la

Sentencia emitida el 23 de junio de 2023 por el foro

apelativo intermedio en la que se determinó que no existe

limitación, impedimento o prohibición en el Código

Municipal ni el Reglamento de la Asociación de Residentes

para que el Consejo de Seguridad y Recreación de la

Urbanización Villamar Este, Inc. (CONSERVE o Asociación de

Residentes), debidamente convocada en asamblea, apruebe

una partida no recurrente, cuota especial o contribución

extraordinaria como la aquí envuelta.

No obstante, se

revoca aquella parte de la Sentencia en la que el Tribunal

de Apelaciones resolvió que el resultado de la votación en

cuestión fue insuficiente.

A tales efectos, disponemos

que la cuota especial no recurrente impuesta por la

Asociación de Residentes es válida, pues ésta obtuvo el

voto a favor de una mayoría de los miembros, según lo

requiere su reglamento. Consecuentemente, procede el pago

de $150.00 por parte del señor Martínez Maldonado.

De

igual forma, se deja sin efecto la imposición de honorarios

de abogado contra CONSERVE. Así modificada, se confirma

la Sentencia recurrida.

CC-2023-536

2

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo