Tribunal Supremo de Puerto Rico
Martínez Maldonado v. Consejo de Seguridad y Recreación de Urbanización Villamar Este, Inc. (CONSERVE)
2024 TSPR 125
Poder Judicial de Puerto Rico
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Martínez Maldonado v. Consejo de Seguridad y Recreación de Urbanización Villamar Este, Inc. (CONSERVE)
CC-2023-0536
3 de diciembre de 2024 · Hon. Roberto Feliberti Cintrón · Código Municipal de Puerto Rico – Facultad del Consejo, Junta o Asociación de Residentes de una urbanización con control de acceso para establecer una partida no recurrente o cuota especial para gastos legales en la medida en que esta sea necesaria y cumpla con los requisitos y procesos de votación adoptados por los miembros.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor J. Martínez Maldonado
Recurrido
Certiorari
v.
2024 TSPR 125
Consejo de Seguridad y Recreación
de Urbanización Villamar Este,
Inc. (CONSERVE)
214 DPR ___
Peticionario
Número del Caso:
Fecha:
CC-2023-0536
3 de diciembre de 2024
Tribunal de Apelaciones:
Panel VIII
Representante legal de la parte peticionaria:
Lcdo. Alberto Aresti Franceschini
Representante legal de la parte recurrida:
Lcdo. Miguel A. Negrón Matta
Materia: Código Municipal de Puerto Rico – Facultad del Consejo,
Junta o Asociación de Residentes de una urbanización con control de
acceso para establecer una partida no recurrente o cuota especial
para gastos legales en la medida en que esta sea necesaria y cumpla
con los requisitos y procesos de votación adoptados por los miembros.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor
Maldonado
J.
Martínez
Recurrido
v.
CC-2023-536
Certiorari
Consejo
de
Seguridad
y
Recreación de Urbanización
Villamar
Este,
Inc.
(CONSERVE)
Peticionario
El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión
del Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de diciembre de 2024.
En esta ocasión tenemos la oportunidad de pautar si un
Consejo,
Junta
o
Asociación
de
Residentes
de
una
urbanización con control de acceso debidamente constituido
por ley puede establecer una partida no recurrente o cuota
especial para sufragar el pago de honorarios de abogado y
gastos legales sin contar con el voto unánime de sus
miembros.
Por los fundamentos que expondremos, adelantamos que,
a menos que se disponga lo contrario por ley o reglamento,
sí puede.
Veamos.
I
El 6 de julio de 2022, el Sr. Héctor J. Martínez
Maldonado (señor Martínez Maldonado o recurrido) presentó
una demanda sobre sentencia declaratoria en contra del
CC-2023-536
Consejo
de
2
Seguridad
y
Recreación
de
la
Urbanización
Villamar Este, Inc. (CONSERVE o Asociación de Residentes).1
En
síntesis,
el
recurrido
alegó
que
la
Asociación
de
Residentes impuso el pago de una “derrama”2 para honorarios
de abogado y gastos legales sin tener facultad para ello y
sin contar con los votos suficientes.3
Según razonó el
señor Martínez Maldonado, CONSERVE sólo podía proponer el
pago de una aportación voluntaria, sujeta al criterio de
cada propietario, debido a que no existe relación entre la
finalidad
para
la
que
fue
creada
la
Asociación
de
Residentes y la imposición de una “derrama” ilegal para
honorarios de abogado y gastos legales.4
Consistente con
1
La Urbanización Villamar Este (Urbanización) es una comunidad
residencial con control de acceso que consta de ciento cuatro (104)
unidades.
Reglamento de la Asociación del Consejo de Seguridad y
Recreación Villamar Este (Reglamento de la Asociación de Residentes),
Apéndice del certiorari, pág. 30.
2
Aunque las partes y los tribunales inferiores utilizaron el
término “derrama”, este Tribunal lo que examina es la imposición de
una partida no recurrente o especial dentro de la cuota anual que
aprobó el Consejo de Seguridad y Recreación de la Urbanización Villamar
Este, Inc. (CONSERVE o Asociación de Residentes). Por consiguiente,
al aludir al concepto de “derrama” nos referimos más bien a una
“partida no recurrente” o “cuota especial”.
3
La Asociación de Residentes convocó su Asamblea Anual de 2021 y
estableció una agenda en la que incluyó, entre otros asuntos nuevos,
la intención de aprobar una “derrama” para cubrir gastos legales.
Convocatoria a Asamblea Anual 2021, Apéndice del certiorari, pág. 18.
La referida Asamblea Anual se celebró el 1 de diciembre de 2021 con un
quórum de treinta y cuatro (34) votos.
Minuta, Apéndice del
certiorari, pág. 19. En cuanto a la derrama o cuota especial que se
aprobó para gastos y honorarios de abogado, la votación fue la
siguiente: veintitrés (23) votos a favor; diez (10) votos en contra,
y tres (3) abstenciones. Esta partida no recurrente se incluyó en la
cuota de mantenimiento de cada propiedad e implicaba el pago total de
$150.00, pagaderos en tres (3) plazos durante los meses de enero a
marzo de 2022. Minuta, Apéndice del certiorari, pág. 20.
4
En su demanda, el Sr. Héctor J. Martínez Maldonado (señor Martínez
Maldonado o recurrido) expuso que CONSERVE fue creada en virtud de la
Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según enmendada, conocida como Ley
de Control de Tráfico de Vehículos de Motor y Uso Público de Ciertas
Calles (Ley de Control de Acceso), 23 LPRA ant. seq. 64 et seq., con
el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes de la
CC-2023-536
3
esto, el recurrido le solicitó al foro primario que dictara
una
sentencia
declaratoria
a
su
favor,
declarara
que
CONSERVE no poseía facultad en ley para imponerle una
“derrama” a sus miembros, y le ordenara el pago de los
gastos legales incurridos por éste, así como honorarios de
abogado por temeridad.
El 22 de agosto de 2022, la Asociación de Residentes
presentó su contestación a la demanda.
En esencia, sostuvo
que la “derrama” impuesta fue aprobada en conformidad con
su Reglamento (Reglamento de la Asociación de Residentes),
mediante el voto mayoritario de los miembros que asistieron
a
la
Asamblea
Anual,
para
establecer
un
fondo
13
de
para
litigios.
Tras
varios
trámites
procesales,
el
octubre
de 2022, CONSERVE presentó una solicitud de sentencia
sumaria en la que expuso que la derrama se había aprobado
para satisfacer los gastos legales necesarios en los que
debía incurrir (tales como reclamaciones extrajudiciales y
judiciales en cobro de dinero por cuotas de mantenimiento
adeudadas,
entre
administración.
Primera
otras)
para
cumplir
con
su
deber
de
De ahí que le solicitara al Tribunal de
Instancia
la
ratificación
de
la
partida
no
recurrente de $150.00 y le ordenara al señor Martínez
Urbanización mediante el establecimiento de medidas de seguridad
personal y sobre la propiedad, tanto individual como pública, y para
promover, dirigir y patrocinar actividades recreativas, deportivas y
sociales. Demanda, Apéndice del certiorari, pág. 15.
CC-2023-536
4
Maldonado a cumplir con el pago de ésta, más las costas,
gastos y honorarios de abogado por $1,500.
En respuesta, el 2 de noviembre de 2020, el recurrido
presentó su oposición a la moción de sentencia sumaria.
A
su vez, solicitó que se dictara sentencia sumaria a su
favor.
Fundamentalmente,
el
señor
Martínez
Maldonado
reafirmó su contención en torno a la ilegalidad de la
“derrama” y argumentó que los actos de la Asociación de
Residentes atentaban contra su derecho de propiedad.
Luego de la presentación de otros escritos, el 7 de
diciembre de 2022, el Tribunal de Primera Instancia emitió
una Sentencia en la que declaró con lugar la demanda
incoada por el señor Martínez Maldonado.
En resumen,
dispuso que la Asociación de Residentes no tenía facultad
en ley para aprobar una “derrama” para gastos legales y,
además,
había
innecesariamente
gastos,
trabajos
actuado
al
con
recurrido
e
temeridad
a
asumir
inconvenientes
al
las
del
obligar
molestias,
pleito.
Por
consiguiente, el foro primario ordenó a CONSERVE a pagar
$2,500
por
concepto
de
honorarios
de
abogado
por
temeridad.5
5
El foro primario explicó que emitió su determinación a la luz de
las admisiones de CONSERVE, a saber: (1) las servidumbres de equidad
que crearon la Urbanización no autorizan la aprobación de “derramas”
para gastos legales; (2) el Art. 3.10 de la Ley Núm. 107-2020, según
enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto Rico (Código
Municipal), 31 LPRA sec. 7420, sólo faculta a la Asociación de
Residentes a imponer una cuota para cubrir los costos y gastos de
instalación, operación y mantenimiento del sistema de control de
acceso, y (3) el Reglamento de la Asociación de Residentes sólo
autoriza que se cobre una cuota mensual para el mantenimiento de las
facilidades del acceso controlado y no una “derrama”. Sentencia del
Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del certiorari, pág. 227.
CC-2023-536
5
Inconforme con la Sentencia del Tribunal de Primera
Instancia, el 23 de diciembre de 2022 la Asociación de
Residentes solicitó la reconsideración del dictamen.
Así,
y luego de contar con la posición del señor Martínez
Maldonado, el foro primario proveyó no ha lugar a la moción
de CONSERVE mediante una Resolución notificada el 3 de
febrero de 2023.
Aún en desacuerdo, el 6 de marzo de 2023, la Asociación
de Residentes presentó un recurso de apelación ante el
Tribunal de Apelaciones.
que
el
Tribunal
de
En su escrito, CONSERVE expuso
Primera
Instancia
había
errado
al
proveer no ha lugar a una moción sobre falta de parte
indispensable; al determinar que no podía cobrar la cuota
especial de $150.00 para gastos legales y al imponerle el
pago
de
honorarios
de
reclamación de $150.00.
abogado
por
$2,500
para
una
De esta manera, solicitó que el
foro apelativo intermedio revocara la determinación objeto
de revisión.
El recurrido, por su parte, presentó su
alegato en oposición el 5 de abril de 2023.
Sostuvo que
el foro primario no había cometido los errores señalados
por la Asociación de Residentes y solicitó la confirmación
del dictamen apelado más la imposición de costas, gastos y
honorarios de abogado por una cantidad no menor a $5,000,
así como una sanción económica por haberse presentado el
recurso de apelación para dilatar los procedimientos.
El 23 de junio de 2023, el Tribunal de Apelaciones
emitió una Sentencia en la que confirmó lo dispuesto por
CC-2023-536
6
el Tribunal de Primera Instancia por fundamentos distintos.
Tras
estimar
que
no
existían
hechos
medulares
en
controversia que impidieran disponer del pleito por la vía
sumaria, el foro apelativo intermedio evaluó si el tribunal
recurrido aplicó correctamente el derecho.
En esa línea,
y por entender que la disputa entre las partes giraba en
torno
al
uso
de
la
palabra
“derrama”,
consultó
la
definición del vocablo en la Real Academia Española.
Así
las cosas, el Tribunal de Apelaciones expuso que la palabra
“derrama” es definida como “el repartimiento de un gasto
eventual o una contribución temporal o extraordinaria”.
Teniendo
en
cuenta
lo
anterior,
el
foro
apelativo
intermedio examinó el Código Municipal de Puerto Rico,
infra, la Escritura Núm. 79 sobre Urbanización, otorgada
el
15
de
Reglamento
octubre
de
de
Asociación
la
1954
(Escritura
de
Núm.
79),
Residentes.
y
el
Tras
su
análisis, concluyó que, a pesar de que la palabra “derrama”
no
surgía
de
los
documentos
impedimento o prohibición para
aludidos,
no
existía
que CONSERVE, luego de
celebrar una asamblea debidamente convocada, aprobara una
contribución extraordinaria.
El Tribunal de Apelaciones
señaló que el Código Municipal de Puerto Rico, infra, y el
Reglamento de la Asociación de Residentes, sin mencionar
las
palabras
“derrama”
o
contribución
extraordinaria,
permitían la imposición de cuotas relacionadas con el
control de acceso.
Por esta razón, determinó que el foro
primario falló al resolver que el silencio reflejado en el
CC-2023-536
Código
7
Municipal
de
Puerto
Rico,
infra,
la
Escritura
Núm. 79 y el Reglamento de la Asociación de Residentes en
torno
a
la
aprobación
de
“derramas”
equivalía
a
una
prohibición para imponerlas.
No obstante, el foro apelativo intermedio dispuso que
la cuota extraordinaria impuesta por la Asociación de
Residentes fue aprobada por un porcentaje mínimo de los
titulares, lo que podría lacerar el derecho de éstos de
manera injustificada. 6
De igual forma, el Tribunal de
Apelaciones sostuvo que la imposición de honorarios de
abogado versaba sobre un asunto discrecional del Tribunal
de Primera Instancia y, además, que CONSERVE no lo colocó
en posición de determinar que el foro primario abusó de su
discreción.
Asociación
Inconforme,
de
Residentes
reconsideración,
la
cual
el
5
de
julio
de
2023,
la
presentó
una
solicitud
de
denegada
mediante
una
fue
Resolución del 6 de julio de 2023.
En desacuerdo con la determinación del foro apelativo
intermedio, el 9 de agosto de 2023, CONSERVE presentó una
petición de certiorari ante este Tribunal.
A grandes
rasgos, planteó que el Tribunal de Apelaciones erró al
resolver:
(1)
que
los
resultados
de
la
votación
para
aprobar la partida no recurrente o cuota especial eran
6
A pesar de que el Tribunal de Apelaciones reconoció que la Ley
Núm. 129-2020, según enmendada, conocida como Ley de Condominios de
Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1921 et seq., no aplica al presente caso,
utilizó a modo persuasivo lo resuelto por este Tribunal en Pérez Riera
v. Con. Tit. Cond. Marymar, 197 DPR 197 (2017), para concluir que los
resultados de la votación para aprobar la “derrama” impuesta para
gastos legales resultaron insuficientes.
CC-2023-536
insuficientes
8
y
(2)
que
el
foro
primario
no
erró
al
imponerle honorarios de abogado por temeridad.7
Expedido el recurso, y tras la presentación de otros
escritos por las partes, el 19 de marzo de 2024, el señor
Martínez
Maldonado
presentó
su
alegato
en
oposición.
Consecuentemente, el caso quedó sometido en los méritos el
25 de marzo de 2024, por lo cual nos encontramos en posición
de resolver.
II
A.
El Código Municipal de Puerto Rico
i. El control de acceso
La Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como
Código Municipal de Puerto Rico (Código Municipal), 21 LPRA
sec. 7001 et seq., compila de manera sistemática, ordenada
y actualizada, todas las leyes existentes y vinculadas a
la organización, gobierno, administración y funcionamiento
de
los
municipios.
21 LPRA sec. 7002.
Art.
1.002
del
Código
Municipal,
El esquema legal puesto en vigor amplió
el grado de autonomía de los ayuntamientos con el propósito
de que éstos asumieran una función central y fundamental
en su desarrollo urbano, social y económico. Art. 1.003
del Código Municipal, 21 LPRA sec. 7003.
Como parte de
esta nueva estructura gubernamental, y tal y como ocurrió
con otros estatutos, se derogó la Ley Núm. 21 de 20 de mayo
7
Cabe señalar que en su petición de certiorari, CONSERVE no detalló
de manera breve y concisa los errores cometidos por el Tribunal de
Apelaciones. No obstante, en su escrito sí incluyó una sección
intitulada “S[eñalamiento] y D[iscusión] de E[rrores]” en la que expuso
sus planteamientos de manera integrada.
CC-2023-536
9
de 1987, según enmendada, conocida como Ley de Control de
Tráfico de Vehículos de Motor y Uso Público de Ciertas
Calles (Ley de Control de Acceso), 23 LPRA ant. sec. 64
et
seq.
Empero,
sus
disposiciones
se
mantuvieron
prácticamente inalteradas en el Código Municipal.8
A modo ilustrativo, la derogada Ley de Control de
Acceso fue concebida con el propósito de proveerle a las
comunidades un instrumento para combatir la criminalidad y
procurar su cooperación en la lucha contra el crimen.
Ley
de Control de Acceso (1987 Leyes de Puerto Rico 67).
Véanse, además: Jta. Residentes v. SLG Lora-Ayala, 206 DPR
248, 252 (2021); Dorado del Mar v. Weber et als., 203 DPR
31, 48 (2019); Alonso Piñero v. UNDARE, Inc., 199 DPR 32,
39-40
(2017);
Residentes
Sagrado
Corazón
v.
Arsuaga,
160 DPR 289, 300 (2003); Caquías v. Asoc. Res. Mansiones
Río Piedras, 134 DPR 181, 186 (1993).
Al
igual
que
ocurre
bajo
el
Código
Municipal,
el
derogado estatuto facultó a los municipios a conceder
permisos
a
las
comunidades
o
urbanizaciones
para
implementar los mecanismos necesarios para “controlar el
acceso
vehicular
residenciales”.
y
el
uso
público
de
sus
calles
Jta. Residentes v. SLG Lora-Ayala, supra,
pág. 252 (citando a Alonso Piñero v. UNDARE, Inc., supra,
8
El control de acceso de la Urbanización se estableció bajo la
derogada Ley de Control de Acceso. Teniendo en cuenta esto, y debido
a que el Código Municipal mantuvo básicamente intactas sus
disposiciones, aludimos al estatuto derogado, así como a su
jurisprudencia interpretativa, la cual es aplicable bajo el nuevo
esquema de ley.
CC-2023-536
10
pág. 40); Dorado del Mar v. Weber et als., supra, pág. 48.
Así
pues,
permiso
como
para
requisito
instaurar
para
el
solicitar
control
y
de
obtener
acceso,
el
las
comunidades y urbanizaciones deben cumplir con una serie
de
requisitos,
Consejo,
Junta
tales
o
como,
que
éstas
cuenten
Asociación
de
Residentes
con
un
debidamente
organizado y registrado ante el Departamento de Estado como
una entidad sin fines de lucro.9
Art. 3.002(a) del Código
Municipal, 21 LPRA sec. 7412.
ii. La cuota
Una vez adquiere personalidad jurídica, el Consejo,
Junta o Asociación de Residentes ostenta facultad para
imponer una cuota para sufragar los costos y gastos para
instalar, administrar y mantener el control de acceso,
incluyendo los salarios o jornales del personal que se
contrate.
Art. 3.010(a) del Código Municipal, 21 LPRA
sec. 7420. Asimismo, posee legitimación activa para cobrar
la
aludida
cuota
judicialmente.
Íd.
y
reclamar
el
pago
de
la
deuda
Las personas obligadas a pagar la
cuota son: (1) los propietarios de fincas en las que se
inscribió la autorización o permiso del control de acceso
en el Registro de la Propiedad; (2) los propietarios que
autorizaron la solicitud para establecer el control de
9
Sobre el requisito de incorporación ante el Departamento de
Estado, la profesora Margarita E. García Cárdenas nos explica que el
mismo responde a la necesidad de que las asociaciones de residentes
adquieran personalidad jurídica. Véase M.E. García Cárdenas, Derecho
de urbanizaciones: servidumbres en equidad, controles de acceso e
instalaciones vecinales, Puerto Rico, Ed. InterJuris, 2010, pág. 120.
CC-2023-536
11
acceso; (3) los propietarios que han adquirido una finca
en una urbanización, calle o comunidad a la que se le ha
autorizado el control de acceso o que, a la fecha de la
compraventa,
se
consentimiento
encontrara
de
tres
en
proceso
cuartas
(3/4)
de
obtener
partes
de
el
los
propietarios y así conste por escrito; (4) los que advengan
dueños
de
un
inmueble
establecimiento
del
cuando
control
de
la
solicitud
acceso
la
para
el
realice
el
urbanizador, desarrollador o constructor, y (5) los que no
autorizaron expresamente el establecimiento del sistema de
control de acceso, pero posteriormente se comprometieron
al pago por escrito.
Íd.
Dichos propietarios deben contribuir proporcionalmente
con los gastos señalados, mediante el pago de una cuota
mensual, la cual se determinará, fijará e impondrá al
principio de cada año calendario o fiscal.
Art. 3.010(b)
del Código Municipal, 21 LPRA sec. 7420.
Véase, además,
Caquías
v.
pág. 211.
Asoc.
Res.
Mansiones
Río
Piedras,
supra,
Sobre este tema, la profesora García Cárdenas
sostiene que un Consejo, Junta o Asociación de Residentes,
según sea el caso, no está limitado a cobrar únicamente la
cantidad necesaria para operar o mantener el control de
acceso.
M.E. García Cárdenas, Derecho de urbanizaciones:
servidumbres
en
equidad,
instalaciones
vecinales,
controles
Puerto
Rico,
de
acceso
e
Ed.
InterJuris,
2010, pág. 127. Según intuye, los miembros podrían aportar
una cantidad mensual adicional a lo necesario para el
CC-2023-536
12
control de acceso, la cual se puede establecer anualmente
y a base de las necesidades del ente jurídico, según lo
dispongan sus estatutos o reglamentos. Íd., págs. 127-128.
B.
La administración y el funcionamiento interno
Consejo, Junta o Asociación de Residentes
del
La Ley Núm. 164-2009, según enmendada, conocida como
Ley
General
de
Corporaciones
(Ley
de
Corporaciones),
14 LPRA sec. 3501 et seq., fue aprobada para promover el
desarrollo
económico,
agilizar
trámites,
y
la
gestión
expandir
corporativa,
simplificar
los
el
uso
tecnología.
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 164-2009
(2009 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1117).
de
la
En armonía
con esta intención legislativa, las corporaciones gozan de
“flexibilidad en sus operaciones, en las actividades a las
que puedan dedicarse y para efectuar transacciones”.
Íd.,
pág. 1118.
De otra parte, por medio de los estatutos corporativos
se establecen los lineamientos respecto a la forma en que
operará el Consejo, Junta o Asociación de Residentes.
García Cárdenas, op. cit., pág. 122.
En esencia, éstos
constituyen el reglamento interno de la entidad en virtud
del
cual
se
establecen
las
normas
específicas
y
convenientes (incluso aquellas de autolimitación) para el
funcionamiento
de
la
entidad.
C.E.
Díaz
Olivo,
Corporaciones: tratado sobre derecho corporativo, 2.a ed.
rev., Colombia, Ed. Nomos, 2022, pág. 106.
Sobre este
particular, y en lo pertinente, la Ley de Corporaciones
establece que los estatutos pueden contener, entre otras,
CC-2023-536
13
disposiciones referentes a los negocios de la
persona
jurídica, a la marcha de sus asuntos, así como a sus
derechos o poderes siempre que no sean contrarios a la ley
o al certificado de incorporación.
Art. 1.08(b) de la Ley
de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3508.
Tampoco pueden ser
contrarios a la moral, el orden público o a la política
pública.
Díaz
Olivo,
op.
cit.,
pág.
106.
A
modo
ilustrativo, los estatutos suelen contener las fechas y la
forma de convocar a las reuniones, el quórum requerido para
éstas, las normas relativas a la toma de decisiones o
votaciones especiales, así como al funcionamiento interno
de
la
Junta
de
Directores.
Íd.
Véase,
además,
García
Cárdenas, op. cit., págs. 122-123 y 127.
Ahora bien, a pesar de que, como regla general, la
administración y el funcionamiento del Consejo, Junta o
Asociación de Residentes se lleva a cabo de acuerdo con lo
estipulado en el reglamento de la corporación, en aquellos
casos en los que este último guarde silencio, regirá -de
manera
supletoria-
la
Ley
Cárdenas, op. cit., pág. 183.
la
profesora
urbanizaciones
García
o
de
Corporaciones.
Al abundar sobre este punto,
Cárdenas
comunidades
García
con
añade
que
en
las
control
de
acceso
y
servidumbres en equidad no rige el estatuto referente al
régimen de propiedad horizontal.
Íd.
Según la autora, al
tratarse de una corporación, lo que ha de regir es la Ley
de Corporaciones y los estatutos de la empresa.
Íd.
CC-2023-536
C.
14
El Reglamento de la Asociación del Consejo de Seguridad
y Recreación Villamar Este
El
Reglamento
de
la
Asociación
de
Residentes
aprobado en el 1993 y enmendado en el 2021.10
fue
Dicho cuerpo
normativo fue adoptado con la finalidad de promover la sana
convivencia, seguridad y bienestar de los titulares y
residentes, de preservar el entorno físico de la comunidad11
y
de
implementar,
mantener
y
proveer
un
ambiente
de
privacidad y seguridad en las residencias y propiedad
comunal
mediante
un
sistema
de
acceso
controlado
en
conformidad con las disposiciones del Código Municipal.12
Entre las facultades y deberes de CONSERVE, se destacan
las siguientes:
g.
Otorgar contratos […].
h. Aprobar un plan de gastos e ingresos
previsible para cada año fiscal y el estado de
cuentas correspondiente al año que finaliza. El
año fiscal será desde el primero de noviembre de
cada año hasta el 31 de octubre de cada año.
[…]
k. Establecer
las
cuotas
mensuales
correspondientes a los [t]itulares, cobrarlas,
10
Reglamento de la
certiorari, pág. 27.
Asociación
de
Residentes,
Apéndice
del
11
Introducción del Reglamento de la Asociación de Residentes,
Apéndice del certiorari, pág. 30.
Valga señalar que CONSERVE fue
creada en el 1990 como una corporación sin fines de lucro al amparo de
la derogada Ley General de Corporaciones de 1956, Ley Núm. 3 de 9 de
enero de 1956 (1955-1956 [Quinta a Octava Sesiones Especiales] Leyes
de Puerto Rico 104). No obstante, la enmienda de su reglamento en
el 2021 se aprobó en virtud de la Ley Núm. 164-2009, según enmendada,
conocida como Ley General de Corporaciones (Ley de Corporaciones),
14 LPRA sec. 3501 et seq., y del Código Municipal. Incisos 1.1 y 3.1
del Reglamento de la Asociación de Residentes, Apéndice del certiorari,
pág. 30.
12
Inciso 6.1 del Reglamento de la Asociación de Residentes, Apéndice
del certiorari, pág. 33.
CC-2023-536
15
administrar dichos fondos
beneficio de la comunidad.
y
emplearlos
en
[…]
m. Emplear
o
contratar
aquellas
personas
naturales o jurídicas que estime conveniente
para el servicio de seguridad, limpieza,
mantenimiento general y ornato[,] etc.
n. La Asociación [de Residentes] es responsable,
a través del presidente(a) de su Junta de
Directores, de representar y acudir, de ser
necesario, a los tribunales (estatal o federal),
agencias administrativas (estatales, municipales
o federales), o foros pertinentes para hacer
valer las disposiciones de [] [su] Reglamento,
así como de cualquier ley, ordenanza o reglamento
aplicables, y evitar o impedir que cualquier
propietario viole las mismas.
[…]
v. Velar
porque
las
decisiones
o
determinaciones de la Asociación [de Residentes]
se lleven a cabo o se hagan de acuerdo con el
debido proceso de ley y de acuerdo con los
procesos democráticos establecidos en [] [su]
[R]eglamento.13 (Bastardilla omitida y negrilla
suplida).
Respecto a las cuotas, el inciso 14.1 del Reglamento
de la Asociación de Residentes establece que:
La cuota mensual para el mantenimiento de las
facilidades
del
acceso
controlado
de
la
Urbanización, serán aprobados para cada año en
la Asamblea Anual de residentes.
Dicha cuota
vence, en o antes del día diez (10) de cada mes.
Para esta aprobación deberá[n] tomarse en
consideración[:] [1] los costos por concepto de
administración y mantenimiento del sistema de
seguridad (control del acceso)[;] [2] [los]
gastos necesarios en áreas comunes[,] y [3]
cualquier otro gasto necesario que se tenga que
incurrir con el propósito de diligenciar y
13
Inciso 7.1 del Reglamento de la Asociación de Residentes, Apéndice
del certiorari, págs. 33-35.
CC-2023-536
16
cumplir con el propósito de[l] [] Reglamento.14
(Bastardilla omitida y negrilla suplida).
De otra parte, el inciso 18.3 del Reglamento de la
Asociación de Residentes dispone, en lo pertinente, lo
siguiente:
Los asuntos por considerarse en [] [la] Asamblea
[Anual] serán […]; la aprobación del presupuesto
anual de los gastos de administración del sistema
de acceso controlado y cualquier otro asunto que
propiamente se traiga a consideración en dicha
Asamblea [Anual]. Todas las Asambleas Anuales
serán
generales,
o
sea,
sujeta[s]
a
la
consideración de cualquier asunto dentro del
marco de autoridad de la Junta de Directores,
excepto en aquellos casos donde [] [el]
Reglamento requiera una notificación especial
sobre dicho asunto.15 (Bastardilla omitida).
El aludido reglamento indica, además, que el quórum de
las asambleas consistirá en por lo menos una tercera (1/3)
parte de todos los miembros activos de la Asociación de
Residentes.16
No obstante, cuando en una asamblea no se
obtenga el quórum requerido por falta de asistencia de los
titulares activos en la fecha indicada en la convocatoria,
se procederá a citar una nueva convocatoria mediante una
espera de treinta (30) minutos.17
En esa reunión, el quórum
14
Inciso 14.1 del Reglamento
Apéndice del certiorari, pág. 42.
de
la
Asociación
de
Residentes,
15
Inciso 18.3 del Reglamento
Apéndice del certiorari, pág. 45.
de
la
Asociación
de
Residentes,
16
Inciso 21.1 del Reglamento
Apéndice del certiorari, pág. 47.
de
la
Asociación
de
Residentes,
17
de
la
Asociación
de
Residentes,
Inciso 21.2 del Reglamento
Apéndice del certiorari, pág. 47.
CC-2023-536
17
se constituirá con los titulares activos presentes y los
acuerdos que así se tomen tendrán completa validez.18
Finalmente, los acuerdos se tomarán por mayoría de
votos.19
No obstante, para enmendar el Reglamento de la
Asociación de Residentes, se requerirá el voto de por lo
menos dos terceras (2/3) partes de los titulares o miembros
activos.20
D.
Los honorarios de abogado y la temeridad
La Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
V, R. 44.1 (d), regula lo concerniente a la imposición de
honorarios de abogado.
Pérez Rodríguez v. López Rodríguez
et al., 210 DPR 163, 192 (2022).
Así pues, dispone que si
en un pleito cualquier parte o su abogado ha procedido con
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle el
pago de una suma por concepto de honorarios de abogado.
Íd.
La
determinación
de
si
una
parte
actuó
o
no
temerariamente es un asunto que descansa en la discreción
de los tribunales.
entiende
que
temeridad,
mandatoria.
Íd.
cualquier
la
Sin embargo, si el foro judicial
parte
imposición
de
en
un
litigio
honorarios
de
actuó
con
abogado
es
Íd., págs. 192-193.
Hemos expresado que la temeridad “conlleva aquellas
actuaciones de un litigante que lleven a un pleito que pudo
18
Íd.
19
Inciso 21.4 del Reglamento
Apéndice del certiorari, pág. 47.
de
la
Asociación
de
Residentes,
20
de
la
Asociación
de
Residentes,
Inciso 21.5 del Reglamento
Apéndice del certiorari, pág. 47.
CC-2023-536
evitarse,
18
que
provoquen
la
prolongación
indebida
del
trámite judicial o que obliguen a la otra parte a incurrir
en gastos innecesarios para hacer valer sus derechos”.
SLG González-Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138, 148
(2022).
La razón principal para imponer honorarios de
abogado es penalizar al litigante perdidoso que, por su
terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una
actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte
a asumir, innecesariamente, las molestias, los gastos,
trabajo e inconvenientes de un pleito.
Pérez Rodríguez v.
López Rodríguez et al., supra, pág. 193; SLG GonzálezFigueroa v. SLG et al., supra, pág. 149; Fernández v.
San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).
Es
decir, constituye la mejor arma que poseen los tribunales
para garantizar la solución justa, rápida y económica de
los procedimientos judiciales, así como para proteger a
los
litigantes
de
la
dilación
y
gastos
innecesarios.
SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, pág. 149.
En línea con lo anterior, también hemos resuelto que
no es temerario aquel que plantea controversias o asuntos
complejos
o
novedosos
aún
no
resueltos
en
nuestra
jurisdicción, o cuando existe algún desacuerdo honesto
respecto al derecho aplicable a los hechos del caso.
Íd.
Ahora bien, toda vez que la imposición de honorarios de
abogado
es
un
asunto
discrecional,
los
tribunales
apelativos intervendrán únicamente cuando surja en tal
CC-2023-536
19
concesión un claro abuso de discreción.
Pérez Rodríguez
v. López Rodríguez et al., supra, pág. 193.
III
La Asociación de Residentes plantea que el Tribunal de
Apelaciones falló al concluir que los resultados de la
votación para aprobar la “derrama” para honorarios de
abogado y gastos legales fueron insuficientes, pues obtuvo
el voto mayoritario de los miembros, según lo dispone y
requiere su reglamento.
Le asiste la razón.
CONSERVE
también sostiene que el foro apelativo intermedio erró al
confirmar
la
imposición
temeridad
en
su
de
contra.
honorarios
de
Respecto
este
a
abogado
punto,
por
la
Asociación de Residentes indica que no actuó de manera
temeraria al defenderse de una reclamación que involucra
un asunto novel; en la que se cuestionaron sus actuaciones
y su reglamento, y en la que existen fundamentos legítimos
para hacer valer la imposición de la “derrama”.
También
le asiste la razón.
Por su parte, el recurrido plantea que CONSERVE no
posee
facultad
para
imponer
una
“derrama”,
independientemente de que la misma se apruebe por mayoría
o unanimidad de sus miembros.
A tono con esta postura, el
señor Martínez Maldonado sostiene que sí está conforme con
la determinación del Tribunal de Apelaciones al confirmar
al foro primario, pero no así con los fundamentos en
derecho de su dictamen.
Así pues, el recurrido argumenta
que el foro apelativo intermedio erró: (1) al aplicar las
CC-2023-536
20
reglas de hermenéutica, y (2) al resolver que CONSERVE
podía imponer una “derrama” para gastos legales debido a
que
las
asociaciones
de
residentes
poseen
facultades
limitadas y, además, ni el Código Municipal ni la Escritura
Núm. 79 ni el Reglamento de la Asociación de Residentes
proveen para ello.
Por otro lado, el señor Martínez Maldonado razona que,
a la luz del Art. 3.010 del Código Municipal, supra,
CONSERVE sólo puede imponer una cuota para cubrir los
costos y gastos de instalación, operación y mantenimiento
del sistema de control de acceso y no una “derrama” aparte
de la cuota mensual.
Es decir, el recurrido entiende que
el legislador fue claro al establecer que las asociaciones
de residentes sólo pueden imponer una cuota, lo que implica
una
prohibición
para
imponer
cualquier
otra
cuota.
Finalmente, el señor Martínez Maldonado sostiene que los
foros
inferiores
actuaron
correctamente
al
imponer
honorarios de abogado por temeridad.
Por
estar
estrechamente
relacionados
entre
sí,
discutiremos los señalamientos de error de la Asociación
de Residentes de manera conjunta.
En
el
confirmó
presente
la
caso,
determinación
el
Tribunal
del
Tribunal
Instancia, aunque por otros fundamentos.
foro
apelativo
intermedio
de
resolvió,
Apelaciones
de
Primera
En esencia, el
distinto
al
foro
primario, que CONSERVE ostenta facultad para imponerle a
sus
miembros
una
“derrama”
para
gastos
legales.
El
CC-2023-536
21
Tribunal de Apelaciones dispuso que, a pesar de que las
disposiciones
legales
aplicables
no
concepto
“derrama”,
tampoco
expresamente
el
prohíben
imposición,
su
asociación
de
por
residentes
lo
cual
contemplan
impiden
concluyó
debidamente
que
o
una
incorporada
y
convocada en asamblea sí puede aprobar una “derrama” o
contribución
extraordinaria
cuyo
beneficio de la comunidad. 21
propósito
Coincidimos
sea
en
con el
foro
apelativo intermedio en cuanto a que un Consejo, Junta o
Asociación de Residentes puede aprobar una partida no
recurrente o cuota especial para gastos legales y añadimos
que dicha facultad está comprendida dentro de los poderes
implícitos
de
las
asociaciones
de
residentes
administrar y mantener el control de acceso.
para
Nótese,
además, que CONSERVE ostenta facultad expresa (por vía de
su reglamento interno) para considerar en la cuota mensual
de
mantenimiento
cualquier
otro
gasto
en
el
que
necesariamente deba incurrir para diligenciar y cumplir
con
el
propósito
del
Reglamento
de
la
Asociación
de
Residentes.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones entendió que
el resultado de la votación (por mayoría de los miembros
presentes en la Asamblea Anual) para aprobar la cuota
especial fue insuficiente.
A modo persuasivo, el foro
apelativo intermedio resaltó lo resuelto por este Tribunal
21
Inciso 14.1 del Reglamento
Apéndice del certiorari, pág. 42.
de
la
Asociación
de
Residentes,
CC-2023-536
22
en Pérez Riera v. Con. Tit. Cond. Marymar, 197 DPR 197
(2017), para sustentar su determinación en cuanto a la
insuficiencia de la votación. Cabe señalar que en aquel
momento
atendimos
una
controversia
relacionada
con
el
régimen de propiedad horizontal en la que interpretamos, a
la luz de la derogada Ley Núm. 103-2003, según enmendada,
conocida como Ley de Condominios, 31 LPRA ant sec. 1291 et
seq., que un “Consejo de Titulares sólo puede aprobar obras
de mejoras que impliquen la imposición de una derrama
mediante el acuerdo unánime de los titulares”.
v.
Con.
Tit.
Cond.
Marymar,
supra,
Pérez Riera
págs.
199-200.
Entendimos que si un número reducido de los titulares (o
mayoría de los presentes) aprobaba una derrama vinculante
para todos los demás, se laceraría injustificadamente el
derecho
de
privativa.
los
titulares
a
disfrutar
de
su
propiedad
Íd., pág. 212.
Específicamente, la norma que allí pautamos tuvo el
propósito de
[…] protege[r] a los titulares de condominios
sometidos al régimen de propiedad horizontal al
evitar que, sin su consentimiento, se les
impongan gastos adicionales dirigidos a costear
obras que, por su propia naturaleza, no son
necesarias.
Se trata, pues, de una lectura
integral de la Ley de Condominios que toma en
consideración
el
fin
cardinal
de
la
horizontalidad: hacer viable el disfrute de la
propiedad individual.
Nuestra conclusión en
nada impide la aprobación de obras de mejora.
Más bien, […], si el condominio no cuenta con
los fondos suficientes, el Consejo de Titulares
deberá
hacer
los
ajustes
presupuestarios
necesarios para costear este tipo de obras sin
imponer a los titulares una carga económica
adicional, abrupta y no consentida.
Íd.,
pág. 213. (Negrilla y subrayado suplidos).
CC-2023-536
23
Valga aclarar, en primer término, que no estamos ante
un caso relacionado con el régimen de propiedad horizontal,
sino
frente
a
unas
controversias
que
involucran
a
la
Asociación de Residentes de una urbanización con control
de acceso, la cual por su naturaleza corporativa se rige y
gobierna por un esquema legal distinto al establecido en
la actual Ley Núm. 129-2020, según enmendada, conocida como
Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley de Condominios de
2020), 31 LPRA sec. 1921 et seq.
En segundo término,
tampoco estamos ante la aprobación de una derrama para
costear
obras
de
mejora
permanentes
que
no
sean
de
mantenimiento dirigidas a aumentar el valor de la propiedad
o a proveer mejores servicios para el disfrute del inmueble
o de áreas comunes, según lo establece el Art. 3 (q) de la
Ley de Condominios de 2020, 31 LPRA sec. 1921b (q). Estamos
más bien ante una partida o cuota especial no recurrente
para honorarios de abogado y gastos legales denominada
“derrama”, a ser satisfecha en el periodo de tres (3)
meses.
Establecida esta diferencia, y por tratarse de un
asunto que versa sobre el funcionamiento interno de la
corporación sin fines de lucro, regiremos nuestro análisis
conforme
a
las
disposiciones
del
Reglamento
de
la
Asociación de Residentes para determinar si era necesario
el voto mayoritario o unánime de los miembros de CONSERVE.
Veamos.
El Reglamento de la Asociación de Residentes dispone,
en lo pertinente, que establecido el quórum, los acuerdos
CC-2023-536
24
que se tomen serán por mayoría de votos.22
Esta norma cede
cuando se quiere enmendar dicho reglamento, para lo cual
es necesario el voto de por lo menos dos terceras (2/3)
partes de los titulares o miembros activos.23
No existe
controversia en el caso de autos respecto a que la partida
no recurrente de $150.00 fue aprobada mediante el voto
mayoritario de los miembros presentes en la Asamblea Anual
de
la
Asociación
de
Residentes.
Así
lo
consignó
el
Tribunal de Primera Instancia en las determinaciones de
hechos de la Sentencia del 7 de diciembre de 2022.24
No
obstante, el Tribunal de Apelaciones entendió que, por
tratarse de una contribución extraordinaria, no procedía
la aplicación de las disposiciones del Reglamento de la
Asociación
ordinarios.
de
Al
Residentes
así
relativas
resolver,
erró
a
el
los
asuntos
foro
apelativo
intermedio, pues no sólo anuló el resultado de una votación
válida,
por
mayoría,
la
cual
estuvo
apoyada
por
el
Reglamento de la Asociación de Residentes, sino que anuló
la voluntad de los titulares que estuvieron presentes en
la Asamblea Anual y que ejercieron su derecho al voto.
No encontramos fundamento legal alguno que nos lleve a
concluir que para aprobar una partida no recurrente o cuota
22
Incisos 21.1, 21.2 y 21.4 del Reglamento de la Asociación de
Residentes, supra. Apéndice del certiorari, pág. 47.
23
Inciso 21.5 del Reglamento de la Asociación de Residentes, supra.
Apéndice del certiorari, pág. 47.
24
Determinaciones de hechos de la Sentencia del Tribunal de Primera
Instancia, Apéndice del certiorari, pág. 220.
CC-2023-536
25
especial, bajo el contexto del presente caso, sea necesario
el voto unánime de los miembros de CONSERVE.
Por supuesto,
el requisito de mayoría o unanimidad dependerá en gran
medida de lo que establezcan las asociaciones de residentes
en sus reglamentos internos, pues, como entidades con
personalidad
jurídica,
poseen
amplia
flexibilidad
para
regular la operación y marcha de sus asuntos, así como para
imponer a sus miembros deberes y obligaciones, siempre que
no sean onerosos ni irrazonables o contrarios a la ley, la
moral o el orden público.
Respecto a la razonabilidad de la cuota especial que
se impuso añadimos que, como corporación sin fines de
lucro,
la
Asociación
comparecer
ante
de
Residentes
los
representación legal.
foros
se
ve
precisada
judiciales
a
mediante
Esto implica que si no contrata los
servicios profesionales de un abogado -quien fijará unos
honorarios e incurrirá en unos gastos-, no puede acudir a
los
tribunales
para
hacer
valer
los
derechos
de
sus
miembros, cumplir con sus deberes y obligaciones (entre
los
que
se
encuentran
mantener
el
control
de
acceso
operando) y defenderse de las reclamaciones que se insten
en su contra.
Entonces, ¿cómo se pagan estos gastos si
CONSERVE no posee los recursos económicos?
La respuesta
es simple, por medio de la aprobación de un fondo para
dichos fines, según se hizo.
En virtud de las facultades expresas que poseen los
Consejos,
Juntas
o
Asociaciones
de
Residentes
para
CC-2023-536
26
administrar y mantener el control de acceso, así como para
adoptar sus reglamentos internos y gobernar sus asuntos,
resolvemos
que
éstos
pueden
aprobar
una
partida
no
recurrente, cuota especial o cualquier otra, en la medida
en que ésta sea necesaria, y cumplan con los requisitos y
procesos de votación que hayan adoptado los miembros, salvo
que otra cosa se disponga mediante ley o reglamentación.
Téngase en cuenta que las determinaciones que tomen las
asociaciones de residentes en virtud de sus poderes y
facultades nunca podrán ser arbitrarias, irrazonables o
contrarias a la ley, la moral o el orden público.
Finalmente, surge del expediente que la Asociación de
Residentes se defendió vehementemente de una reclamación
con
controversias
legales
reales
para
hacer
valer
la
procedencia de la derrama aprobada, por lo cual corresponde
que dejemos sin efecto la imposición de honorarios de
abogado en ausencia de temeridad. Así pues, concluimos que
erró
el
Tribunal
de
Apelaciones
al
confirmar
la
determinación del foro primario sobre este asunto.
IV
Por
los
fundamentos
antes
expresados,
se
confirma
aquella parte de la Sentencia emitida el 23 de junio
de 2023 por el foro apelativo intermedio en la que se
determinó
que
no
existe
limitación,
impedimento
o
prohibición en el Código Municipal ni el Reglamento de la
Asociación de Residentes para que CONSERVE, debidamente
convocada en asamblea, apruebe una partida no recurrente,
CC-2023-536
27
cuota especial o contribución extraordinaria como la aquí
envuelta.
No obstante, se revoca aquella parte de la
Sentencia en la que el Tribunal de Apelaciones resolvió
que
el
resultado
insuficiente.
especial
no
de
la
votación
en
cuestión
fue
A tales efectos, disponemos que la cuota
recurrente
impuesta
por
la
Asociación
de
Residentes es válida, pues ésta obtuvo el voto a favor de
una
mayoría
reglamento.
de
los
miembros,
según
lo
requiere
su
Consecuentemente, procede el pago de $150.00
por parte del señor Martínez Maldonado.
De igual forma,
se deja sin efecto la imposición de honorarios de abogado
contra CONSERVE.
Así modificada, se confirma la Sentencia
recurrida.
Se dictará Sentencia en conformidad.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor
Maldonado
J.
Martínez
Recurrido
v.
CC-2023-536
Certiorari
Consejo
de
Seguridad
y
Recreación de Urbanización
Villamar
Este,
Inc.
(CONSERVE)
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 3 de diciembre de 2024.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente Sentencia, se confirma aquella parte de la
Sentencia emitida el 23 de junio de 2023 por el foro
apelativo intermedio en la que se determinó que no existe
limitación, impedimento o prohibición en el Código
Municipal ni el Reglamento de la Asociación de Residentes
para que el Consejo de Seguridad y Recreación de la
Urbanización Villamar Este, Inc. (CONSERVE o Asociación de
Residentes), debidamente convocada en asamblea, apruebe
una partida no recurrente, cuota especial o contribución
extraordinaria como la aquí envuelta.
No obstante, se
revoca aquella parte de la Sentencia en la que el Tribunal
de Apelaciones resolvió que el resultado de la votación en
cuestión fue insuficiente.
A tales efectos, disponemos
que la cuota especial no recurrente impuesta por la
Asociación de Residentes es válida, pues ésta obtuvo el
voto a favor de una mayoría de los miembros, según lo
requiere su reglamento. Consecuentemente, procede el pago
de $150.00 por parte del señor Martínez Maldonado.
De
igual forma, se deja sin efecto la imposición de honorarios
de abogado contra CONSERVE. Así modificada, se confirma
la Sentencia recurrida.
CC-2023-536
2
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo