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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: María L. Pérez Vargas

2024 TSPR 117

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: María L. Pérez Vargas

TS-8,870

13 de noviembre de 2024 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría por craso incumplimiento con las órdenes y requerimientos del Tribunal Supremo y sus dependencias.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2024 TSPR 117

214 DPR ___

María L. Pérez Vargas

Número del Caso:

Fecha:

TS-8,870

13 de noviembre de 2024

Oficina de Inspección de Notarías

Lcda. Nilda Emmanuelli Muñiz

Directora Interina

Representante legal de María L. Pérez Vargas:

Lcda. Daisy Calcaño López

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la notaría por craso incumplimiento con las órdenes

y requerimientos del Tribunal Supremo y sus dependencias.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

María L. Pérez Vargas

TS-8,870

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2024.

Nos

corresponde

ejercer

nuestra

potestad

disciplinaria sobre una integrante del notariado. En el

día de hoy, separamos inmediata e indefinidamente a la

Lcda. María L. Pérez Vargas (licenciada Pérez Vargas o

promovida)

del

ejercicio

de

la

notaría

por

el

craso

incumplimiento con las órdenes y requerimientos de este

Tribunal y sus dependencias, respectivamente.

Veamos a continuación los fundamentos que sostienen

nuestro dictamen.

I

La licenciada Pérez Vargas fue admitida al ejercicio

de la abogacía el 5 de enero de 1988 y al notariado el 6

de abril de 1988. En lo que aquí nos concierne, el pasado

23 de julio de 2024 la Oficina de Inspección de Notarías

(ODIN) presentó ante nos una Moción urgente en solicitud

de incautación de obra notarial y en solicitud de remedios.

Según

adujo

nuestra

dependencia,

preocupación

sobre

el

procedente

de

serios

riesgo

existe

al

una

legítima

tráfico

jurídico

señalamientos

que

fueron

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2

identificados

en

más

de

un

centenar

de

instrumentos

públicos autorizados por la promovida.

Específicamente, la obra notarial de la promovida

para los años 2013 al 2020, inclusive, estaba presta a ser

inspeccionada por la ODIN a partir del 15 de marzo de

2021. Posteriormente, la inspección se dio entre el 29 de

marzo de 2021 y el 14 de mayo de 2021. Así las cosas, para

finales de julio de 2021, la inspectora, Lcda. Mariluz

Rivera

Ortiz

(licenciada

Rivera

Ortiz),

remitió

a

la

promovida ciertos Informes de Señalamientos Preliminares.

Transcurridos más de seis meses desde que se le

notificaron

los

señalamientos

a

la

licenciada

Pérez

Vargas, la licenciada Rivera Ortiz le cursó a esta primera

un

correo

electrónico

reinspección

promovida

para

afirmó

con

enero

que

se

el

de

fin

2022.

encontraba

de

coordinar

una

Inicialmente,

la

trabajando

la

con

subsanación de la obra, que debía comparecer al tribunal

durante la segunda semana del mes propuesto y que su

asistente se encontraba adoleciendo de COVID-19. Por ello

solicitó se reprogramara la visita para el 24 al 28 de

enero de 2022.

Sin embargo, la licenciada Pérez Vargas siguió su

comunicación con un segundo correo electrónico en el que

volvió a solicitar tiempo adicional y expuso que dada la

enfermedad de su asistente debía guardar cuarentena, por

lo que deseaba coordinar la visita para febrero o marzo

de 2022. Tras pasar más de catorce meses luego de este

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3

intercambio,1 la licenciada Rivera Ortiz retomó las tareas

de inspección y sostuvo conversaciones telefónicas con la

promovida en marzo, octubre y diciembre de 2023. Además,

se asignó a otro inspector, el Lcdo. José R. Santiago

Rodríguez

(licenciado

Santiago

Rodríguez)

para

que

inspeccionara la obra atinente a los años 2021 y 2022.

Así pues, ambos inspectores suscribieron un Informe

Especial de Deficiencias de la Obra Notarial de la Lcda.

María L. Pérez Vargas, Notaria Número 8870 el 1 de julio

de

2024.

Entre

las

faltas

encontradas

en

varios

instrumentos se destacan: (1) omitir el tracto o título,

(2) omitir descripciones de bienes inmuebles, (3) ausencia

de firmas e iniciales de uno o varios integrantes, (4)

omitir consignar la unidad de acto existiendo testigos

instrumentales, (5) poderes protocolizados que no fueron

autorizados por un notario, (6) uso de un poder ineficaz

en una compraventa y (7) una deuda arancelaria por sellos

omitidos ascendente a $5,248.00.2 Se informó además que en

todos estos casos sería imprescindible la ratificación de

los instrumentos otorgados.

A juicio de la ODIN, la situación irregular se agravó

por

el

extenso

tiempo

transcurrido

desde

que

se

le

examinaron los protocolos a la promovida, la desatención

demostrada por esta en los procesos en los que se le han

hecho señalamientos similares y que pese a conocer de estos

La ODIN reconoce que la dilación le es en parte atribuible.

Véase, Moción urgente en solicitud de incautación de obra notarial y

en solicitud de remedios, pág. 3.

2 Íd., págs. 4-5.

1

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errores

4

la

fedataria

continuó

plasmándolos

en

nuevos

instrumentos.

Por ello y como se intima del título de la moción

instada por la ODIN, se nos solicitó que ordenáramos la

incautación preventiva de la obra y sello de la licenciada

Pérez Vargas. Además, que le concediéramos a la promovida

un plazo de diez días para que mostrara causa por la cual

no debiéramos suspenderla inmediatamente del ejercicio de

la notaría.

A ello accedimos mediante Resolución del 29 de julio

de 2024, en la que también le concedimos a la promovida

un plazo perentorio de noventa días para que encaminara

la

subsanación

igualmente

de

de

su

obra

protocolar.

la

posibilidad

de

Le

advertimos

sanciones

mayores,

incluyendo la suspensión del ejercicio de la abogacía.

Posteriormente

recibimos

una

comparecencia

de

la

promovida en la que hizo ciertas aseveraciones sobre el

proceso de subsanación protocolar. En primer lugar, afirmó

que

fue

solamente

tras

la

solicitud

de

incautación

preventiva de la ODIN que advino en conocimiento de que

el licenciado Santiago Rodríguez había rendido un informe

de inspección correspondiente a los años 2021 y 2022 el 4

de diciembre de 2023.

La promovida también alegó que ha solicitado ayuda

para atender la subsanación y cumplir con sus obligaciones

como notaria. Igualmente sostiene que nunca ha sido objeto

de sanciones disciplinarias en sus treinta y seis años de

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5

carrera. Por último, intimó que muchas de las faltas

atinentes al primer informe de la licenciada Rivera Ortiz

fueron corregidas, pero que esta segunda no le dio tiempo

a la promovida para demostrar las correcciones pues tenía

pendiente inspeccionar la obra de otro notario.

Tras

recibir

estas

refutaciones,

le

concedimos

término a la ODIN para que replicara. Así las cosas, la

ODIN les solicitó a los inspectores que rindieran informes

actualizados

sobre

el

estado

de

la

subsanación.

Consecuentemente, la ODIN presentó un Informe del Estado

de la Obra Notarial Incautada […]. Allí reconoce que el

informe rendido por el licenciado Santiago Rodríguez en

efecto fue comunicado con la solicitud de incautación

preventiva, dada la cantidad de faltas allí identificadas.

Ahora bien, la ODIN reafirma que persisten múltiples

y serias deficiencias notariales, por lo cual no varía su

posición, pese a que la promovida ha comenzado a llevar a

cabo ciertas gestiones de subsanación. Resaltamos que la

licenciada Rivera Ortiz informó que la obra del 2024

presenta nuevamente una serie de omisiones, incluyendo una

deficiencia arancelaria de $446.50.3 Además, según expuso

el

licenciado

Santiago

Rodríguez,

falta

completar

la

subsanación de la obra de 2023, aunque se han comenzado a

subsanar ciertas deficiencias de los años 2021 y 2022.4

3 Informe del Estado de la Obra Notarial Incautada […], Anejo

I, pág. 1.

4 Íd., Anejo II, pág. 1.

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Expuesto

6

el

asunto

ante

nosotros,

procedemos

a

resolver.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional exige que

“[e]l abogado debe observar para con los tribunales una

conducta que se caracterice por el mayor respeto”.5 De

allí surge la obligación que tienen los abogados y abogadas

de

responder

oportuna

y

diligentemente

a

los

requerimientos de este Tribunal.6 Por ende, hemos resuelto

reiteradamente

que

la

desatención

a

nuestras

órdenes

acarrea la suspensión del ejercicio de la profesion.7 Por

tal razón, si luego de proveerle un término a un abogado

para que muestre causa por la cual no deba ser suspendido,

este

incumple

con

nuestro

mandato,

procede

que

sea

sancionado con la suspensión indefinida del ejercicio de

la abogacía y la notaría.8

Vale mencionar, que la obligación que surge del Canon

9 se extiende igualmente a las exigencias que pueda hacer

la ODIN.9 Por tanto, un abogado o abogada que desatiende

las

órdenes

de

este

Tribunal,

al

igual

que

los

requerimientos de la ODIN, viola el Canon 9.10 Por tanto,

los notarios, tienen el deber de subsanar con premura toda

falta señalada por la ODIN.11

Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

In re: Alers Morales, 204 DPR 515, 519 (2020).

7 Íd.

8 In re Amiama Laguardia, 196 DPR 844, 847 (2016).

9 In re Alers Morales, supra, pág. 519.

10 Íd.

11 In re Amiama Laguardia, supra, pág. 847.

5

6

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7

III

Ciertamente existen serias contenciones de parte de

la ODIN sobre la naturaleza de los presuntos errores y

omisiones que se identificaron en la obra notarial de la

licenciada Pérez Vargas. Sin embargo, en esta ocasión nos

corresponde únicamente atender la evidente displicencia

con la que la promovida ha procedido con la subsanación

de su obra protocolar. Y es que independientemente de si

el tiempo transcurrido desde las inspecciones iniciales

sea provocado en parte por la ODIN o por la promovida, lo

que no es menos cierto es que el pasar de los años sugiere

que

la

licenciada

Pérez

Vargas

no

ha

demostrado

un

compromiso activo con la labor correctiva.

Las comunicaciones que obran en el expediente, al

igual

que

los

informes

rendidos

por

los

inspectores,

denotan que la peticionaria no ha tomado con la debida

seriedad la cantidad impresionante de deficiencias que se

le han notificado en su obra protocolar. Nótese que la

dilación no surge de una disyuntiva interpretativa entre

la letrada y la ODIN. Dicho de otro modo, se desprende que

esta

reconoce

las

deficiencias

notificadas,

pero

no

observamos que haya hecho mayores esfuerzos para atender

los señalamientos.

Si bien es cierto que la promovida afirma, y la ODIN

concede en parte, que ha realizado cierta cantidad de

labores conducentes a subsanar su obra en las pasadas

semanas, no podemos obviar que ello dista del nivel de

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8

gestión que habríamos esperado tras haber transcurrido

sobre tres años desde que se inspeccionaron sus protocolos

por primera vez.

La

desatención

con

este

proceso,

y

aparente

reincidencia en la comisión de los errores que la ODIN ha

identificado nos mueven a separar a la promovida del

ejercicio de la notaría. Si bien reconocemos que esta no

ha

tenido

incidentes

disciplinarios

en

el

pasado,

no

obviamos que el incumplimiento con nuestras órdenes es,

en sí, razón suficiente para una suspensión sin infracción

adicional.12 En la medida que la licenciada Pérez Vargas

complete cabalmente la subsanación protocolar y atienda

responsivamente los requerimientos de la ODIN, estaremos

en posición de considerar una reinstalación al notariado.

IV

Por los fundamentos previamente expuestos en esta

Opinión Per Curiam, se decreta la suspensión inmediata e

indefinida de la Lcda. María L. Pérez Vargas del ejercicio

de la notaría, por su craso incumplimiento con nuestras

órdenes y los requerimientos de la Oficina de Inspección

de Notarías, como dependencia de este Tribunal.

En vista a que el Alguacil de este Tribunal ya incautó

preventivamente

el

sello

y

la

obra

notarial

de

la

licenciada Pérez Vargas, se procede a dar por terminada

la última fianza otorgada de conformidad con la Ley Núm.

69 de 9 de marzo de 1911, según enmendada, 30 LPRA sec.

12

In re Torres Román, 195 DPR 882, 890-91 (2016).

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9

1725 et seq. Así se garantizan las funciones notariales

de la promovida y la fianza se considerará buena y válida

por tres (3) años después de su terminación para los actos

realizados por la fiada durante el periodo en que estuvo

vigente.

Se

le

notifique

ordena

a

a

quienes

la

licenciada

hayan

Pérez

procurado

Vargas

sus

que

servicios

notariales de su inhabilidad para atender los trabajos

pendientes y que devuelva aquellos honorarios notariales

recibidos por trabajos aún no rendidos.

La licenciada Pérez Vargas deberá dar pronta atención

al proceso de subsanación de su obra protocolar, tomando

todas las medidas a su alcance, incluyendo la contratación

de un notario a su costo, dentro del plazo de noventa

días, contado a partir de la notificación de este dictamen.

El incumplimiento con esta orden podrá resultar en un

referido

al

Tribunal

de

Primera

Instancia

para

un

procedimiento de desacato civil. Se le advierte además que

la desatención a nuestras órdenes podrá resultar en un

referido al Departamento de Justicia por motivo de la deuda

arancelaria identificada en su obra.

El incumplimiento con todo lo anterior podrá resultar

en la imposición de sanciones más severas, incluyendo la

suspensión del ejercicio de la abogacía.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

María L. Pérez Vargas

TS-8,870

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2024.

Por los fundamentos previamente expuestos en esta Opinion

Per Curiam que antecede, se decreta la suspensión inmediata

e indefinida de la Lcda. María L. Pérez Vargas del

ejercicio de la notaría, por su craso incumplimiento con

nuestras órdenes y los requerimientos de la Oficina de

Inspección de Notarías, como dependencia de este Tribunal.

En vista a que el Alguacil de este Tribunal ya incautó

preventivamente el sello y la obra notarial de la

licenciada Pérez Vargas, se procede a dar por terminada la

última fianza otorgada de conformidad con la Ley Núm. 69

de 9 de marzo de 1911, según enmendada, 30 LPRA sec. 1725

et seq. Así se garantizan las funciones notariales de la

promovida y la fianza se considerará buena y válida por

tres (3) años después de su terminación para los actos

realizados por la fiada durante el periodo en que estuvo

vigente.

Se le ordena a la licenciada Pérez Vargas que notifique a

quienes hayan procurado sus servicios notariales de su

inhabilidad para atender los trabajos pendientes y que

devuelva aquellos honorarios notariales recibidos por

trabajos aún no rendidos.

La licenciada Pérez Vargas deberá dar pronta atención

al proceso de subsanación de su obra protocolar, tomando

todas las medidas a su alcance, incluyendo la contratación

de un notario a su costo, dentro del plazo de noventa días,

contado a partir de la notificación de este dictamen. El

incumplimiento con esta orden podrá resultar en un referido

al Tribunal de Primera Instancia para un procedimiento de

desacato civil. Se le advierte además que la desatención a

nuestras órdenes podrá resultar en un referido al

Departamento de Justicia por motivo de la deuda arancelaria

identificada en su obra.

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2

El incumplimiento con todo lo anterior podrá resultar

en la imposición de sanciones más severas, incluyendo la

suspensión del ejercicio de la abogacía.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo