LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Díaz Vázquez y otros v. Colón Peña y otros

2024 TSPR 113

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Díaz Vázquez y otros v. Colón Peña y otros

AC-2023-0063

25 de octubre de 2024 · Hon. Luis F. Estrella Martínez · Ley para la reforma del proceso de permisos de Puerto Rico – La parte contra la que se presenta un recurso de injunction estatutario bajo el Art. 14.1 de la Ley no tiene que ser el dueño del inmueble en que se originan las acciones que motivan la reclamación judicial.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Luis Díaz Vázquez y otros

Peticionarios

Certiorari

v.

2024 TSPR 113

Carlos Colón Peña y otros

214 DPR ___

Recurridos

Número del Caso:

Fecha:

AC-2023-0063

25 de octubre de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel III

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcdo. Thomas J. Ortiz Morales

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. Ramiro Rodríguez Ramos

Materia: Ley para la reforma del proceso de permisos de Puerto Rico – La

parte contra la que se presenta un recurso de injunction estatutario

bajo el Art. 14.1 de la Ley no tiene que ser el dueño del inmueble

en que se originan las acciones que motivan la reclamación judicial.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Luis Díaz Vázquez y

otros

Peticionarios

v.

AC-2023-0063

Certiorari

Carlos Colón Peña y otros

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor

ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2024.

El caso que está hoy ante nuestra consideración nos

exige clarificar el alcance del Art. 14.1 de la Ley para la

reforma del proceso de permisos de Puerto Rico, Ley Núm.

161-2009, infra. En particular si la parte contra la que se

presenta

un

recurso

de

injunction

estatutario

bajo

el

mencionado artículo tiene que ser obligatoriamente el dueño

titular en el inmueble en que se originan las acciones que

motivan la reclamación judicial. En virtud del propio Art.

14.1 y la normativa aplicable, contestamos en la negativa.

Expuesta

la

médula

de

la

controversia,

procedo

exponer los antecedentes fácticos que la originaron.

I

a

AC-2023-0063

2

El 25 de octubre de 2022, el Sr. José L. Díaz Vázquez,

su cónyuge, la Sra. Hilda Beltrán Cortés (señora Beltrán

Cortés) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos (en conjunto, Peticionarios) presentaron una demanda

jurada de injunction estatutario al amparo del Art. 14.1 de

la Ley Núm. 161-2009, infra, en contra del Sr. Carlos Colón

Peña (señor Colón Peña) y otros codemandados (en conjunto,

Recurridos).1

En

síntesis,

adujeron

que

los

Recurridos

realizaron una construcción y operan un taller de mecánica

y pintura en una propiedad colindante a la suya sin contar

con el permiso para ello, según es requerido por la Ley

para la reforma del proceso de permisos en Puerto Rico, Ley

Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 et seq., (Ley Núm. 1612009).2 Añadieron que el señor Colón Peña depositó material

de

relleno

que

agravó

el

riesgo

de

inundación

en

los

terrenos y que construyó una verja lateral colindante con

la propiedad de los Peticionarios que no cumple con las

1Se

incluyó a una codemandada de nombre desconocido y

a la Sociedad Legal de Gananciales por ambos compuesta. Los

Peticionarios

presentaron

también

una

Solicitud

de

Señalamiento para que se ordenara una vista evidenciaria

dentro del término dispuesto en el Art. 14.1 de la Ley Núm.

161-2009, infra.

2Asimismo,

los

Peticionarios

adujeron

el

incumplimiento

con

el

Reglamento

conjunto

para

la

evaluación y expedición de permisos relacionados al

desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios; la Ley

para el control de edificaciones en zonas susceptibles a

inundaciones, Ley Núm. 3 de 1961, 23 LPRA sec. 225 et seq.;

y el Reglamento Núm. 13 de la Junta de Planificación sobre

áreas especiales de riesgo a inundación.

AC-2023-0063

3

medidas y requerimientos de la ley.3 Por consiguiente,

solicitaron un injunction en virtud del Art. 14.1 de la Ley

Núm. 161-2009, para que se le ordenara al señor Colón Peña

remover todo el relleno depositado ilegalmente y a demoler

la porción de la verja que excedía la altura permitida.

Luego de múltiples incidentes procesales, el 2 de

noviembre

de

2022,

el

señor

Colón

Peña

presentó

una

Solicitud de desestimación. En resumen, alegó que no es el

vecino de los Peticionarios, puesto que los dueños del

predio colindante lo son sus padres, el Sr. Arístides Colón

Navarro y la Sra. Carmen Milagros Peña Rivera (matrimonio

Colón-Peña).4 A su vez, sostuvo que la jurisdicción primaria

es de la Oficina de Permisos del Municipio de Salinas donde

se está dilucidando la Querella Núm. 2022-SRQ-0104 sobre

los mismos hechos y alegaciones objeto de la demanda. Adujo,

3Los

Peticionarios alegaron que sus predios ubican en

zonas inundables.

4A

pesar de que el señor Colón afirmó que el matrimonio

Colón-Peña es el dueño titular del inmueble y que este fue

adquirido por ellos en septiembre de 2021, este no acompañó

su solicitud de desestimación con documentación en apoyo a

dicha alegación. No fue hasta el 6 de febrero de 2023, que

el señor Colón presentó copia de la Escritura de Compraventa

como anejo de la moción en la que anunció la prueba

documental que utilizaría durante la vista de injunction.

De la referida Escritura de Compraventa surge que el

inmueble adquirido por el matrimonio Colón-Peña es la

parcela identificada con el número C-16 ubicada en el Sector

Estero del Barrio Playita en Salinas. Véase, Recurso de

Apelación, Exhibit X, pág. 37. Según la descripción de la

propiedad que se hizo constar en la escritura, esta colinda

por el lado Oeste con el predio de los Peticionarios. Íd.,

pág. 38.

AC-2023-0063

4

además, que no procedía remedio alguno al amparo de la Ley

Núm. 161-2009.

Así

las

cosas,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

calendarizó una vista evidenciaria y argumentativa para el

8 de febrero de 2023.

En

el

ínterin,

los

Peticionarios

solicitaron

autorización para enmendar la demanda con el fin de incluir

como partes indispensables a los alegados titulares del

inmueble,5 que se presentara copia de la referida escritura

de compraventa y que la vista de injunction se convirtiera

en una sobre el estado de los procedimientos. Por su parte,

el señor Colón Peña reiteró su petición de desestimación,

se opuso a la solicitud de enmienda y solicitó se dejara

sin efecto la vista señalada por razón de que, por no poder

traerse otras partes a un procedimiento de esta naturaleza,

procedía que se incoara un pleito por la vía ordinaria. El

foro primario denegó la solicitud de conversión de vista a

una de estado de los procedimientos.

Tras

celebrar

la

vista,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia declaró con lugar la solicitud de desestimación

5Los

Peticionarios incluyeron en esa misma fecha una

Demanda enmendada jurada en la que alegaron que el señor

Colón Peña y su cónyuge efectuaban actos de posesión en el

inmueble que colinda con su propiedad y que eran quienes

operaban el negocio y realizaron la construcción sin

permiso. A su vez, adujeron que el matrimonio Colón-Peña

podrían tener un interés titular en la propiedad con cuya

anuencia y consentimiento los Recurridos actuaron.

AC-2023-0063

5

del señor Colón Peña y autorizó la enmienda a la demanda

para incluir al matrimonio Colón-Peña.6

Posteriormente, el 9 de marzo de 2023, el foro primario

dictó una Sentencia parcial. En síntesis, concluyó que el

procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 161-2009 no cobijaba

las reclamaciones respecto a la operación ilegal de un

negocio, como tampoco los daños causados a un contador

eléctrico o por el relleno en los predios, por lo que los

Peticionarios debían presentar un recurso de injunction

preliminar y permanente o un pleito ordinario. Resolvió,

además, que los Peticionarios debieron presentar una moción

de desistimiento por no ser el señor Colón Peña el dueño

del inmueble y el solar en disputa en vez de aguardar a la

celebración de la vista para solicitar la enmienda a la

demanda con el fin de incluir codemandados adicionales, por

lo que impuso el pago de honorarios de abogados.

Inconformes, los Peticionarios presentaron un recurso

de Apelación en el Tribunal de Apelaciones. En este adujeron

que el foro primario erró al desestimar la demanda en contra

de

los

Recurridos

siendo

estos

los

poseedores

de

la

propiedad colindante, quienes con sus actos y omisiones

dieron

vida

indispensable.

6El

a

la

De

causa

igual

de

acción

manera,

y

por

señalaron

ser

que

parte

erró

al

8 de marzo de 2023, el Tribunal de Primera

Instancia dictó una Orden en la que reiteró la autorización

a la presentación de la demanda enmendada y ordenó la

expedición de emplazamientos dirigidos al matrimonio ColónPeña y a la Sra. Jerrika Angleró Sánchez (cónyuge del señor

Colón Peña). Empero, no autorizó el emplazamiento del señor

Colón Peña.

AC-2023-0063

6

determinar la inaplicabilidad del Art. 14.1 de la Ley Núm.

161-2009 a los hechos del pleito. Por último, arguyeron que

abusó de su discreción al imponer el pago de honorarios.

El 30 de junio de 2023, el foro revisor intermedio

dictó

una

Sentencia

en

la

que

confirmó

el

dictamen

recurrido. En específico razonó que un remedio no era viable

bajo la Ley Núm. 161-2009 por existir controversia respecto

a los alegados daños a la propiedad de los Peticionarios.

Añadió que el señor Colón Peña no es el propietario de los

terrenos colindantes ni tiene un interés propietario en el

solar,

por

Finalmente,

lo

que

no

era

una

parte

confirmó

la

imposición

de

indispensable.

honorarios

por

presentarse un pleito carente de méritos y razonabilidad.

Insatisfechos,

los

Peticionarios

presentaron

un

recurso ante este Tribunal en el que plantean la comisión

de los siguientes errores:

1. Erró

el

Tribunal

de

Apelaciones

al

confirmar la sentencia apelada concluyendo

que la construcción de una verja sin permiso

y excediendo los parámetros de ley, así como

la operación de un negocio sin contar con

los

correspondientes

permisos

de

las

diferentes

agencias

reguladoras

no

constituyen acciones a las cuales le son

aplicables los parámetros del Art.14.1 de

la Ley Núm. 161-2009.

2. Erró al concluir que el señor Colón Peña,

su cónyuge, la señora Angleró Sánchez y la

Sociedad Legal de Gananciales no le es de

aplicación el Art. 14.1 de la Ley Núm. 1612009 por no tener un interés propietario en

el inmueble objeto de la controversia.

3. Erró al concluir que a la luz de los hechos

del caso procedía la desestimación al

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, supra.

4. Erró

al

confirmar

la

imposición

de

honorarios

de

abogado

e

ignorar

la

AC-2023-0063

7

existencia de mérito y razonabilidad de la

causa de acción y el remedio solicitado.7

Por su parte, el señor Colón Peña presentó su alegato

para, en esencia, argüir que el reclamo de los Peticionarios

es frívolo, temerario y contrario a lo determinado por los

foros

recurridos.

En

particular

argumentó

que

los

Peticionarios no presentaron prueba testifical o documental

en apoyo de sus alegaciones y que el recurso extraordinario

al amparo de la Ley Núm. 161-2009 no está disponible en

este

caso

por

no

haber

un

peligro

grave,

inminente

o

inmediato a la salud pública.

Evaluados los argumentos de ambas partes, procedemos

a

resolver

el

asunto,

no

sin

antes

pautar

el

Derecho

aplicable que rige esta controversia.

II

A.

La Ley para la reforma del proceso de permisos de

Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, supra, se aprobó con el

propósito de reformar y transformar el sistema de obtención

de permisos. Íd., Exposición de Motivos. A causa de ello,

se estableció como política pública el mejorar la calidad

y

eficiencia

de

evaluación

de

autorización

o

querellas,

la

administración

solicitudes

denegación

certificaciones,

de

para

de

los

el

licencias,

consultas,

procesos

de

otorgamiento,

inspecciones,

autorizaciones

y

cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en

7El

recurso fue acogido como una petición de certiorari

y expedido.

AC-2023-0063

la

operación

8

de

determinaciones

un

negocio

finales

y

en

Puerto

permisos

Rico,

para

así

como

desarrollos

de

proyectos de construcción. (Negrillas suplidas) Art. 1.2 de

la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 nota.

Por ello, hemos reconocido que la Ley Núm. 161-2009

“es la disposición legal que establece el marco jurídico y

administrativo que rige la solicitud, evaluación, concesión

y denegación de permisos por el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico”. Laureano v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420, 433

(2017).

Véase

también,

Horizon

v.

Jta.

Revisora,

RA

Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). Para cumplir con esto,

se creó la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”) como

una

Secretaría

Auxiliar

del

Departamento

de

Desarrollo

Económico y Comercio. Art. 2.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23

LPRA sec. 9012.

Por medio de este estatuto se le transfirió a la OGPe

la jurisdicción para evaluar, conceder y/o denegar permisos

relacionados con el desarrollo de obras de construcción y

el

uso

de

terrenos.

Esta

ley

también

confirió

dicha

autoridad a ciertos Municipios Autónomos (con jerarquía I

a la V a los cuales la Junta de Planificación les hubiese

transferido mediante convenio de delegación parcial o total

determinadas competencias sobre la ordenación territorial).

Véase la Exposición de Motivos, Art. 8.1 de la Ley Núm.

161-2009, 23 LPRA sec. 9018.

En lo aquí pertinente, la Ley Núm. 161-2009 permite

que una parte que tenga un interés propietario o personal

AC-2023-0063

9

que pudiese verse afectado, pueda presentar una solicitud

de recursos extraordinarios ante el Tribunal de Primera

Instancia con el fin de solicitar la revocación de un

permiso, la paralización de una obra, la demolición de

obras, entre otros remedios. Art. 14.1 de la Ley Núm. 1612009, LPRA sec. 9024. A esos fines, el Art. 14.1 dispone:

La Junta de Planificación, así como cualquier

Entidad Gubernamental Concernida, Municipio

Autónomo con Jerarquía de la I a la V o

cualquier otra dependencia o instrumentalidad

del Gobierno de Puerto Rico en representación

del interés público o una persona privada,

natural o jurídica, que tenga un interés

propietario o personal que podría verse

adversamente afectado, podrá presentar una

acción de injunction, mandamus, sentencia

declaratoria, o cualquier otra acción adecuada

para solicitar: 1) la revocación de un permiso

otorgado, cuya solicitud se haya hecho

utilizando información incorrecta o falsa; 2)

la paralización de una obra iniciada sin

contar con las autorizaciones y permisos

correspondientes, o incumpliendo con las

disposiciones y condiciones del permiso

otorgado; 3) la paralización de un uso no

autorizado;

4)

la

demolición

de

obras

construidas, que al momento de la presentación

del recurso y al momento de adjudicar el mismo

no cuenten con permiso de construcción, ya sea

porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha

sido revocado.

Indistintamente de haberse presentado una

querella administrativa ante la Junta de

Planificación,

Entidad

Gubernamental

Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía

de la I a la V o cualquier otra dependencia o

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico,

alegando

los

mismos

hechos,

una

parte

adversamente afectada podrá presentar un

recurso extraordinario en el Tribunal de

Primera

Instancia.

Una

vez

habiéndose

presentado el recurso extraordinario al amparo

del

presente

Artículo,

la

agencia

administrativa

perderá

jurisdicción

automáticamente sobre la querella y cualquier

actuación que llevare a cabo con respecto a la

misma será considerada ultra vires.

AC-2023-0063

10

El Tribunal de Primera Instancia deberá

celebrar vista dentro de un término no mayor

de diez (10) días naturales desde la

presentación del recurso y deberá dictar

sentencia en un término no mayor de veinte

(20) días naturales desde la celebración de la

vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la

paralización de una obra o uso, de ser la misma

ordenada por el Tribunal, se circunscribirá

única y exclusivamente a aquellos permisos,

obras o uso impugnado, mas no a ningún otro

que se lleve a cabo en la propiedad y que

cuente

con

un

permiso

o

autorización

debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados

contra la parte que presenta el recurso bajo

este Artículo si su petición resulta carente

de mérito y razonabilidad o se presenta con el

fin de paralizar una obra o permiso sin

fundamento en ley. Los honorarios de abogados

bajo este Artículo será[n] una suma igual a

los honorarios que las otras partes asumieron

para oponerse a la petición judicial. En el

caso que el Tribunal entienda que no es

aplicable la presente imposición de honorarios

de abogados, tendrá que así explicarlo en su

dictamen con los fundamentos para ello. Las

revisiones de los dictámenes bajo este

Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se

remitirán a los paneles especializados creados

mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días

para resolver el recurso de revisión desde la

presentación del mismo. (Negrillas suplidas).

Id.

De lo anterior, se desprende que el Art. 14.1 de la

Ley

Núm.

161-2009

reconocido

concepto

8“El

en

de

instituyó

un

procedimiento

nuestro

ordenamiento

jurídico

injunction

estatutario.8

Este

especial

bajo

el

recurso

se

injunction es un mandamiento judicial expedido por

escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se

requiere a una persona para que se abstenga de hacer, o de

permitir que se haga por otras bajo su intervención,

determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de

AC-2023-0063

caracteriza

11

por

independiente,

ser

sumario

“un

y

mecanismo

limitado”,

y

estatutario,

cuyo

propósito

fundamental es “hacer viable la efectividad de las leyes y

los reglamentos de planificación […]”. Véanse, CBS Outdoor

v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 408 (2010); Plaza las

Américas v. N & H, 166 DPR 631, 646 (2005); A.R.P.E. v.

Rivera, 159 DPR 429, 443 (2003); Luan Investment Corp. v.

Román, 125 DPR 533, 544 (1990).

De conformidad con la Regla 53 de Procedimiento Civil,

supra, todos los procedimientos legales especiales, los

recursos extraordinarios y cualquier otro procedimiento de

naturaleza especial (que no esté incluido en las Reglas 54

a 60 de Procedimiento Civil, supra) “se tramitarán en la

forma

prescrita

en

el

estatuto

correspondiente”

y

se

aplicarán las disposiciones de las Reglas de Procedimiento

Civil en todo aquello que no resulte incompatible, ni esté

en conflicto con dichos estatutos. Regla 53 de Procedimiento

Civil, supra. Es decir, las reglas procesales aplicarán de

manera supletoria en todo aquello que no sea incompatible

con el estatuto que crea el procedimiento especial, como lo

sería, por ejemplo, un injunction estatutario.9

otra”. Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA

sec. 3521.

9Así, por ejemplo, al evaluar el injunction tradicional

en virtud de la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra,

comenta el Profesor Hernández Colón que todo lo referente

a las partes, el emplazamiento, las alegaciones, el

descubrimiento de prueba, el juicio, etc., se gobierna por

las Reglas de Procedimiento Civil en tanto y en cuanto éstas

no conflijan con la naturaleza sumaria del remedio. R.

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho

AC-2023-0063

12

Si bien la Ley Núm. 161-2009 derogó la Ley Núm. 76 de

24 de junio de 1975, conocida como Ley orgánica de la

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe), 23 LPRA

ant sec. 71 et seq., al examinar el Art. 28, el cual estatuía

un procedimiento especial homólogo al del actual Art. 14.1,

reconocimos que

[l]as órdenes de paralización emitidas al

amparo del procedimiento especial constituyen

un remedio con cierta afinidad a los

injunctions preliminares. Sin embargo, no

gozan de la finalidad que caracteriza a los

injunctions

permanentes.

Las órdenes de

paralización

emitidas

al

amparo

del

procedimiento

especial

son

un

remedio

estatutario e independiente del injunction

tradicional.

Los requisitos del injunction tradicional son

más rigurosos que los requisitos exigidos al

injunction

estatutario. Para invocar el

injunction estatutario reconocido en el Art.

28 de la Ley Núm. 76, supra, sólo se requiere

que una parte legitimada alegue, por petición

jurada, que: (1) determinada persona está

realizando un uso u obra; (2) esa conducta

viola

una

ley

o

un

reglamento

de

planificación, y (3) ARPe tiene la obligación

de

velar

por

el

cumplimiento

de

esa

disposición. CBS Outdoor v. Billboard One,

Inc., supra, pág. 409 (citas omitidas).10

Procesal Civil, 6ta Ed., San Juan, LexisNexis, 2017, págs.

595-596.

10Recordemos

que al decidir si se expide una orden de

entredicho provisional o injunction preliminar en virtud de

la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, el tribunal

deberá considerar, entre otros, los siguientes factores:

(a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte

peticionaria; (b) la irreparabilidad del daño o la

inexistencia de un remedio adecuado en ley; (c) la

probabilidad de que la parte promovente prevalezca; (d) la

probabilidad de que la causa se torne en académica; (e) el

impacto sobre el interés público del remedio que se

solicita, y (f) la diligencia y la buena fe con que ha

obrado la parte peticionaria. Regla 57.3 de Procedimiento

Civil, supra. Véanse, además, Next Step Medical v.

AC-2023-0063

13

Entiéndase, el injunction estatutario para ordenar la

paralización o demolición de un uso u obra o la revocación

de un permiso al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 1612009 no se rige por los requisitos y criterios rigurosos

que aplican al injunction tradicional en virtud de la Regla

57 de Procedimiento Civil, supra, ni tampoco se le pueden

oponer las defensas tradicionales de la equidad. CBS Outdoor

v. Billboard One, Inc., supra, pág. 409. De esta forma,

hemos

reconocido

fundamentado

en

que

cuando

un

se

solicita

estatuto,

lo

un

injunction

determinante

preliminarmente es si la situación está o no cobijada por

dicho estatuto. Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc.,

124 DPR 896, 903 (1989).

En otras palabras, este remedio –al ser de carácter

estatutario y no surgir de la equidad– procede cuando se

demuestre

que

la

obra

o

el

uso

no

cuenta

con

las

autorizaciones y los permisos correspondientes o que se

realizó en contravención a lo dispuesto en el permiso

concedido.11 En fin, aunque este procedimiento especial

Bromedicon, et al., 190 DPR 474, 487 (2014); Asoc. De

Vecinos de Villa Caparra v. Asoc. Fomento Educativo, 173

DPR 304 (2008); Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355

(2000); Municipio de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776

(1994); P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR

200, 202 (1975); Franco v. Oppenheimer, 40 DPR 153 (1929).

Véase,

J.A.

Echevarría

Vargas,

Procedimiento

Civil

Puertorriqueño, 3ra ed., Ponce, Editorial Nomos, S.A.,

2023, págs. 458-467.

11 La Ley Núm. 161-2009 define el Permiso Único como

el “[p]ermiso para el inicio o continuación de la operación

de un negocio, construcción y/o actividad incidental al

mismo en el que se consolida permisos, licencias,

AC-2023-0063

14

provee para un remedio estatutario que tiene cierta afinidad

con un injunction preliminar, no le aplica el mismo rigor

de

ese

recurso

ni

tampoco

tiene

la

finalidad

de

un

injunction permanente. Véase, además, Next Step Med. v.

Bromedicon, supra, pág. 497.

Por otra parte, y en lo aquí material, los injunctions

constituyen un remedio in personam, puesto que la sentencia

o el mandamiento que se expida va dirigido contra la persona

demandada o contra quien se dirija la acción y no contra

sus bienes, ni en contra de la cuestión que es objeto del

injunction. R. Hernández Colón, op.cit., pág. 589; Mari v.

Junta

de

Planificación,

Urbanización

y

Zonificación

de

P.R., 65 DPR 636 (1946) (“Arguye el apelante que la acción

establecida es de carácter real y por tanto debe verse en

Mayagüez. No estamos de acuerdo. La demanda es una de

injunction, que es una acción in personam y no in rem. Veve

et

al.

v.

The

Fajardo

Development

Co.,

15

DPR

577

[(1909)]…”). Íd., pág. 639.

autorizaciones o certificaciones, el cual será expedido por

la Oficina de Gerencia de Permisos, o los Municipios

Autónomos con Jerarquía de la I a la V, conforme a lo

dispuesto en el Capítulo VIII de la Ley Núm. 161-2009. Art.

1.5 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011(59A). (“Todo

edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, así

como todo negocio nuevo o existente, obtendrá el Permiso

Único para iniciar o continuar sus operaciones, el cual

incluirá: permiso de uso; certificación de exclusión

categórica; certificación para la prevención de incendios;

certificación de salud ambiental; licencias sanitarias; y

cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable

requerida para la operación de la actividad o uso del

negocio”). Art. 8.4 A de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec.

9018c-1.

AC-2023-0063

15

B.

Nuestro ordenamiento procesal civil permite que una

persona

solicite

la

desestimación

de

una

reclamación

judicial presentada en su contra cuando de las alegaciones

de la demanda surja que alguna defensa afirmativa derrotará

la pretensión del demandante. Eagle Sec. Police, Inc. v.

Dorado, 211 DPR 70, 83 (2023) (citas omitidas).

En particular, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil,

supra, establece que una parte demandada puede presentar

una moción de desestimación en la que alegue las siguientes

defensas: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2)

falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia

del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento

del emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que

justifique la concesión de un remedio, y (6) dejar de

acumular

una

parte

indispensable.

Conde

Cruz

v.

Resto

Rodríguez, 205 DPR 1043, 1066 (2020). González Méndez v.

Acción Social, 196 DPR 213, 234 (2016).

En lo aquí concerniente, hemos reconocido que, al

resolver una solicitud de desestimación en virtud de esta

Regla, los tribunales están obligados a tomar como ciertos

todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan

sido aseverados de manera clara y concluyente. Eagle Sec.

Police, Inc. v. Dorado, supra, pág. 84; Cobra Acquisitions,

LLC v. Municipio de Yabucoa, 210 DPR 384, 396 (2022);

González Méndez v. Acción Social, supra, pág. 234.

AC-2023-0063

16

Por ello es norma reiterada que se exige evaluar las

alegaciones conjuntamente para auscultar si a la luz de la

situación más favorable al demandante, y resolviendo toda

duda

a

favor

de

este,

la

demanda

es

suficiente

para

constituir una reclamación válida. Eagle Sec. Police, Inc.

v. Dorado, supra, pág. 84; Cobra Acquisitions, LLC v.

Municipio de Yabucoa, supra, pág. 396; González Méndez v.

Acción Social, supra, pág. 234.

Como

resultado,

para

que

una

parte

demandada

prevalezca al presentar una moción de desestimación en

virtud de la Regla 10.2 (5), supra, debe establecer con

toda certeza que la parte demandante no tiene derecho a

remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que pueda

ser probado en apoyo a su reclamación, aun interpretando la

demanda de la forma más liberal posible a su favor. Rivera

Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49

(2015); Ortiz Matías v. Mora Dev., 187 DPR 649, 654 (2013).

Véase, J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil,

Tomo II, Publicaciones JTS, 2011, pág. 528. Ello, debido a

que lo que se ataca es un vicio intrínseco de la demanda,

no los hechos aseverados. R. Hernández Colón, op. cit.,

pág. 269.

A causa de lo anterior, hemos reiterado que una demanda

no debe ser desestimada a menos que la razón para solicitar

el remedio no proceda bajo supuesto de derecho alguno, ni

pueda

ser

enmendada

para

subsanar

cualquier

posible

deficiencia. Pressure Vessels of Puerto Rico vs. Empire Gas

AC-2023-0063

17

de Puerto Rico, 137 DPR 497 (1994); Clemente González v.

Departamento de la Vivienda, 114 DPR 763, 771 (1983).

III

En síntesis, los Peticionarios aducen que los foros

recurridos erraron al concluir: (1) que la construcción de

una

verja

sin

permiso

y

excediendo

los

parámetros

estatutarios, así como la operación de un negocio comercial

sin

el

correspondiente

reguladoras,

no

permiso

constituyen

de

las

a

las

acciones

entidades

cuales

les

aplican los remedios extraordinarios dispuestos en el Art.

14.1 de la Ley Núm. 161-2009; (2) que a la luz de las

alegaciones y los hechos del caso procedía la desestimación

de la acción en contra del señor Colón Peña por este no

poseer un interés propietario en el inmueble objeto de la

controversia y colindante con el de los Peticionarios, y

(3) que el pleito incoado carecía de mérito y razonabilidad,

razón por la cual procedía imponerle a los Peticionarios el

pago

de

honorarios

de

abogados.

Adelantamos

que

los

tribunales recurridos incurrieron en los errores señalados.

Veamos.

A.

Surge del derecho precitado que el Art. 1.2 de la Ley

Núm. 161-2009, supra, estableció como política pública el

mejorar

la

calidad

y

eficiencia

en

la

evaluación

de

solicitudes para, entre otros, la operación de un negocio

y

los

permisos

para

el

desarrollo

de

proyectos

de

construcción. A su vez, reseñamos que el Art. 14.1 de tal

AC-2023-0063

18

estatuto instituyó un procedimiento especial para que una

persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés

propietario

o

personal

que

podría

verse

adversamente

afectado, pueda presentar, entre otros recursos o acciones,

una acción de injunction para solicitar, entre otros, “la

paralización de un uso no autorizado” o “la demolición de

obras construidas, que al momento de la presentación del

recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con

permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o

porque el mismo ha sido revocado”. Íd.

En

otras

injunction

en

palabras,

virtud

al

de

presentarse

esta

un

recurso

disposición,

la

de

parte

demandante o peticionaria procura que el tribunal le ordene

a

la

parte

demandada

que

cese

de

incurrir

en

ciertas

conductas, acciones o actividades que aparentan estarse

realizando

sin

autorizaciones

concedido.

Por

los

o

en

correspondientes

aparente

consiguiente,

violación

se

puede

permisos

al

y

permiso

solicitar

la

paralización de un uso no autorizado, como lo sería el

operar un negocio comercial sin contar con un permiso para

ello, o la paralización y demolición de un proyecto de

construcción realizado sin permiso. Art. 14.1 de la Ley

Núm. 161-2009, supra. Véase, además el Art. 8.4 A de la Ley

Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 918c-1.

Nótese que estas fueron, precisamente, las alegaciones

presentadas por los Peticionarios tanto en la demanda jurada

como en la demanda enmendada. Estos adujeron que el señor

AC-2023-0063

19

Colón Peña construyó una verja sin permiso y en violación

a la altura máxima permitida, que depositó material de

relleno en zona inundable sin los permisos de las agencias

e instrumentalidades pertinentes y que opera un negocio

comercial

de

almacenaje,

reparación

y

pintura

de

embarcaciones sin contar con permiso para ello.

A la luz del Derecho antes reseñado, se desprende con

claridad

que

estas

alegaciones

constituyen

el

tipo

de

reclamo cobijado por el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

De nuevo, este remedio estatutario está disponible para

procurar

la

intervención

judicial

y

de

forma

sumaria,

independientemente de que puedan existir otros remedios o

cursos de acción para reparar el agravio.

Por

recurridos

ello,

al

determinamos

dictaminar

que

que

erraron

los

foros

los

Peticionarios

debían

presentar un recurso de injunction preliminar o permanente

en virtud de la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, y/o

una reclamación mediante el procedimiento ordinario.12

12A

su vez, tampoco tiene méritos la determinación de

los foros recurridos respecto a que los presuntos daños

alegados en la demanda jurada tornaban de plano en

improcedente la causa de acción en virtud del injunction

estatutario del Art. 14.1. Y es que, de una lectura sosegada

tanto de la demanda original como de la demanda enmendada,

surge que solamente se alegó que al realizarse la

construcción de la verja los Recurridos le causaron daños

al contador eléctrico de los Peticionarios y que tuvieron

que incurrir en gastos para la reparación. No obstante, se

clarifica que ni en la demanda original, ni la demanda

enmendada surge alguna causa de acción de daños y perjuicios

y/o reclamación monetaria respecto a estos presuntos daños.

En la alternativa, nada impediría que, cónsono con el

principio de economía procesal que rige todo pleito ante

nuestra consideración según consagrado en la Regla 1 de

AC-2023-0063

20

B.

Resuelto que los reclamos de los Peticionarios estaban

amparados bajo los remedios disponibles en el Art. 14.1,

procedemos a considerar la desestimación de la acción en

contra del señor Colón Peña bajo el fundamento de que no es

el

titular

del

inmueble

colindante

con

el

de

los

Peticionarios.

Según consignamos antes, el recurso de injunction,

indistintamente

de

si

se

trata

del

clásico

o

es

uno

estatutario, es en esencia una orden emitida por el tribunal

para requerirle a una persona natural o jurídica que se

abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo

su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique

el

derecho

de

otra.

Véase,

Art.

675

del

Código

de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421. A su vez, el

injunction es un remedio extraordinario que se caracteriza

por su perentoriedad dirigida a evitar la producción de un

daño inminente o a restablecer el régimen de ley quebrantado

por una conducta opresiva, ilegal o violenta. Mun. De Loíza

Procedimiento Civil, supra, y la normativa respecto a la

acumulación de reclamaciones consignada en la Regla 14 de

Procedimiento Civil, supra, tal reclamo de daños, de

haberlo, pudiera ser atendido mediante el procedimiento

ordinario tras resolverse el asunto interdictal. Recordemos

además que en materia de injunction estatutario no le es

aplicable la exigencia de ausencia de un remedio adecuado

en ley como requisito para su concesión a diferencia del

injunction tradicional bajo la Regla 57 de Procedimiento

Civil, supra. Véase, Next Step Medical v. Bromedicon, supra,

págs. 498-499.

AC-2023-0063

21

v. Sucns. De Suárez, 154 DPR 333, 366 (2001); Noriega v.

Gobernador, 130 DPR 919, 932 (1992).

En ese sentido, el Art. 14.1 contiene un mandato

legislativo expreso para viabilizar que ciertas personas,

entidades

o

instrumentalidades

tengan

el

acceso

y

la

legitimación para acudir a los tribunales y vindicar un

interés

propietario

o

personal

que

podría

verse

adversamente afectado por las acciones o conducta de un

tercero en aparente incumplimiento con las disposiciones de

la Ley Núm. 161-2009 y sus reglamentos. De esta forma, se

previenen las infracciones a las disposiciones de la Ley

Núm. 161-2009, se protege la política pública de mejorar la

calidad y eficiencia en materia de permisos y se protege el

derecho al disfrute de la propiedad.13

A

su

vez,

adviértase

que

la

legitimación

activa

estatutaria con relación a la parte que puede incoar la

acción judicial como demandante es que esta posea un interés

propietario

o

personal

que

podría

verse

adversamente

afectado si la parte demandada inició una obra sin contar

con los permisos correspondientes, está realizando un uso

13Sobre

este último, la Ley Núm. 161-2009, supra,

dispone que “[e]l derecho al disfrute de la propiedad,

garantizado bajo la Constitución de los Estados Unidos de

América y la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es

medular en el desarrollo socioeconómico de un pueblo y su

búsqueda de la felicidad (Constitución de los Estados Unidos

de América, Enmiendas Quinta y Decimocuarta; Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sección

7), y así deberán interpretarse las disposiciones de esta

Ley a favor del derecho al pleno disfrute de la propiedad

como derecho fundamental y amplio. Íd., Exposición de

Motivos.

AC-2023-0063

22

no autorizado, construyó unas obras sin el correspondiente

permiso

u

obtuvo

un

permiso

por

medio

de

información

incorrecta o falsa. Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009,

supra.

En cuanto a esto, y contrario a lo resuelto por los

foros recurridos, dicho estatuto no exige que la parte

demandada

posea

un

interés

propietario

o

titular

con

respecto al inmueble o propiedad donde se alegue que se

realizan las acciones o conductas que originaron la acción

judicial.

Es

procedimiento

contra

del

decir,

el

especial

titular

y

o

Art.

14.1

que

el

proceda

únicamente

en

inmueble

objeto

la

sumario

dueño

del

no

requiere

de

controversia.

Retomando al estándar de adjudicación ante una moción

de desestimación, mencionamos que nos corresponde examinar

la solicitud bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil,

supra, de la forma más favorable a los Peticionarios,

tomando como ciertos todos los hechos bien alegados en la

demanda

jurada

que

se

puedan

considerar

como

“hechos

demostrativos” en virtud de la Regla 6.1 de Procedimiento

Civil, supra, y formulando en su favor todas las inferencias

que puedan asistirle.

En este caso en particular, también debemos considerar

las

alegaciones

solicitado

por

en

los

atención

al

Peticionarios

remedio

y

al

particular

procedimiento

especial que invocaron al presentar la acción en virtud del

injunction estatutario del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-

AC-2023-0063

23

2009, supra. De esta forma, al tomar como ciertos los hechos

bien alegados en la demanda jurada y en su enmienda y hacer

todas las inferencias posibles a favor de los Peticionarios,

se desprenden los siguientes posibles hechos demostrativos

de la reclamación ante nos:

3. Por información y creencia los

demandados adquirieron… [la] propiedad que

colinda con los demandantes en o alrededor de

junio de 2021.

4. Con el propósito de establecer y

operar un negocio de cuidado y mantenimiento

de embarcaciones marinas los demandados

depositaron

cantidades

sustanciales

de

material de relleno en el predio.

5. Por información y creencia dicho

material de relleno fue depositado por los

demandados sin contar con los correspondientes

permisos

del

Departamento

de

Recursos

Naturales (DRNA).

[…]

7. En o en alrededor del mes de octubre

de 2021 el demandado Carlos Colón Peña comenzó

a levantar una verja lateral colindante con la

propiedad de los demandantes que no cumple con

las medidas y requerimientos de Ley, y bloquea

el flujo de aire hacia la propiedad de los

demandantes, e impide la visibilidad de esta.

[…]

9. La parte demandada mantiene en su

propiedad una operación comercial como parte

de la cual se dedica a reparar y pintar

embarcaciones.

10. Por información y creencia se afirma

que dicha operación comercial carece de los

permisos requeridos por ley.

11. La parte demandada hace uso de

compresores de aire para la aplicación de

pintura en las embarcaciones lo que tiene el

efecto de esparcir en el ambiente una nube de

pintura fugitiva que inunda la residencia de

los demandantes impidiéndoles el libre uso y

disfrute de su vivienda y afectando seriamente

su salud.

AC-2023-0063

24

12. La codemandante señora Hilda Beltrán

Cortés es sobreviviente de cáncer y paciente

de asma.14

[…]

Similarmente,

en

la

Demanda

enmendada

jurada

que

presentaron posteriormente los Peticionarios, además de

incluir como codemandados al matrimonio Colón-Peña, padres

del señor Colón Peña y titulares del inmueble colindante,

también enmendaron ciertas alegaciones de las cuales se

desprenden los posibles siguientes hechos demostrativos:15

b.I. [E]l señor Colón Peña, su esposa,

Jerikka Angleró Sánchez…están en posesión del

inmueble que colinda con la propiedad de la

parte demandante.

b.II. Los esposos Carmen Milagros Peña

Rivera

y

Arístides

Colón

Navarro…por

información y creencia son los dueños de la

propiedad que utilizan los poseedores antes

mencionados.

[…]

5. Por información y creencia los

codemandados Carlos Colón Peña, su esposa,

Jerrika Angleró Sánchez y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos efectúan actos

de posesión con la anuencia de los dueños de

[sic] [la propiedad] y operan un negocio en la

misma.

6. Por información y creencia los codemandados el señor Carlos Colón Peña su

esposa… con el propósito de establecer y

operar un negocio de cuidado y mantenimiento

de

embarcaciones

marinas

depositaron

cantidades sustanciales de material de relleno

en el predio.

[…]

(Negrillas suplidas). Recurso de Apelación, Demanda,

Apéndice III, págs. 17-18.

14

15Se

presentan los hechos alegados en la Demanda

original ya que el foro primario desestimó la acción en

contra del señor Colón Peña el mismo día en que autorizó la

presentación de la Demanda enmendada. Véase, Recurso de

Apelación, Minuta, Exhibit XIV, pág. 54. No obstante, se

clarifica que la Demanda enmendada se presentó dos (2) días

antes de la celebración de la vista y antes de dictarse la

Sentencia parcial por el foro primario.

AC-2023-0063

25

9. En o en alrededor del mes de octubre

de 2021 el co-demandado Carlos Colón Peña

comenzó

a

levantar

una

verja

lateral

colindante con la propiedad de los demandantes

que no cumple con las medidas y requerimientos

de Ley…

[…]

11. La parte co-demandada mantiene en su

propiedad una operación comercial…la cual se

dedica a reparar y pintar embarcaciones.

12. Por información y creencia se afirma

que dicha operación comercial carece de los

permisos requeridos por ley.

13. En la operación de su negocio la

parte co-demandada Carlos Colón Peña hace uso

de compresores de aire para la aplicación de

pintura en las embarcaciones lo que tiene el

efecto de esparcir en el ambiente una nube de

pintura fugitiva…[…]16

Resolvemos que, contrario a lo resuelto por los foros

recurridos, de una lectura sosegada de los escritos de los

Peticionarios se desprenden alegaciones suficientes y bien

hechas sobre la construcción de una verja, el depósito de

relleno y la operación de un negocio comercial sin aparente

permiso para ello atribuibles al codemandado señor Colón

Peña, que, de probarse en la vista evidenciaria para ello,

pudieran dar lugar a la concesión de un remedio interdictal

en virtud del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. Lo aquí

material, y dada las alegaciones y particularidades de este

caso, no es quién es el titular del inmueble, sino quien

presuntamente está en dominio, posesión y uso de este y a

su vez está llevando a cabo el comportamiento que se busca

proscribir mediante la intervención judicial.

16(Negrillas

suplidas). Recurso de apelación, Demanda

enmendada, Apéndice III, págs. 123-126.

AC-2023-0063

Así

las

26

cosas,

erraron

los

foros

recurridos

al

desestimar la demanda en contra del señor Colón Peña bajo

el fundamento que este no es el dueño del inmueble en

controversia.17

C.

En consecuencia, debemos resolver, además, que ambos

foros

recurridos

también

erraron

al

imponerle

a

los

Peticionarios la suma de $3,000.00 en concepto de honorarios

de abogado fundamentado en que la demanda de injunction

estatutario careció de mérito y razonabilidad. A juicio de

este Tribunal, su reclamo está cobijado bajo el Art. 14.1

de la Ley Núm. 161-2009 y, por ser los actos que se buscan

proscribir alegadamente ejercidos por el señor Colón Peña,

no fue irrazonable incluirlo como parte demandada.

IV.

Por todo lo anterior, se revoca la Sentencia Parcial

del

Tribunal

de

Primera

Instancia

y

la

Sentencia

del

Tribunal de Apelaciones. En particular, se deja sin efecto

la desestimación del recurso en contra del señor Colón Peña

y

la

imposición

de

honorarios

de

abogados

a

los

Peticionarios. En consecuencia, se devuelve el caso al

17Similarmente,

debemos tener presente que la Regla

16.1 de Procedimiento Civil, supra, regula el mecanismo

procesal para acumular una parte indispensable. Dicho

estatuto pretende: (1) proteger a las personas ausentes de

los posibles efectos perjudiciales que pueda ocasionarles

la resolución del caso; (2) emitir una determinación

completa;

y

(3)

evitar

la

multiplicidad

de

pleitos. (Negrillas suplidas). Fideicomiso de Conservación

de Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc. v. Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, 211 DPR 521 (2023); RPR & BJJ, Ex

parte, 207 DPR 389, 407 (2021).

AC-2023-0063

27

Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los

procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto,

con el procedimiento estatuido en el Art. 14.1 de la Ley

Núm. 161-2009 y la normativa aquí discutida.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Luis Díaz Vázquez y

otros

Peticionarios

v.

AC-2023-0063

Certiorari

Carlos Colón Peña y otros

Recurridos

Sentencia

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, se revoca la Sentencia Parcial del

Tribunal de Primera Instancia y la Sentencia del Tribunal

de Apelaciones y se deja sin efecto la desestimación del

recurso en contra del señor Colón Peña y la imposición de

honorarios

de

abogados

a

los

Peticionarios.

En

consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para que continúe con los procedimientos de forma

compatible con lo aquí resuelto, con el procedimiento

estatuido en el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 y la

normativa aquí discutida.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco

concurre sin opinión escrita. El Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo no intervino.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo