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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico v. Cortés Flores y otros

2024 TSPR 96

Poder Judicial de Puerto Rico

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Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico v. Cortés Flores y otros

AC-2023-0087

4 de septiembre de 2024 · Hon. Mildred G. Pabón Charneco · Ley de Expropiación Forzosa – El pago de intereses aplicable al determinar la justa compensación en casos de expropiación forzosa es uno capitalizado desde el momento de la ocupación material del bien expropiado.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados de Puerto Rico

Apelación

Apelada

2024 TSPR 96

v.

214 DPR ___

Rosa Cortés Flores y otros

Apelantes

Número del Caso:

Fecha:

AC-2023-0087

4 de septiembre de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel V

Representante legal de la parte apelante:

Lcdo. Edgardo Delgado Bras

Representantes legales de la parte apelada:

Lcdo. Enrique R. Adames Soto

Lcdo. Ricardo Burgos Vargas

Materia: Ley de Expropiación Forzosa – El pago de intereses

aplicable al determinar la justa compensación en casos de

expropiación forzosa es uno capitalizado desde el momento de la

ocupación material del bien expropiado.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados

de

Puerto

Rico

Apelación

Apelada

AC-2023-0087

v.

Rosa Cortés Flores y otros

Apelantes

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de septiembre de 2024.

El recurso presentado requiere que examinemos nuestras

expresiones en Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c II, 172 DPR

1050 (2008), y la posterior promulgación de la Ley 167-2015

(32 LPRA sec. 2908). Esto tiene el propósito de determinar

si el pago de intereses de una propiedad ocupada por el

Estado 25 años antes de la petición de expropiación forzosa,

es a base de un interés simple o compuesto.

Reconociendo nuestra responsabilidad constitucional de

determinar una justa compensación en casos de expropiación

forzosa, concluimos que el pago de intereses aplicable es

uno capitalizado desde el momento de la ocupación material.

Esto es conforme con nuestras expresiones en Aut. Carreteras

v. 8,554.741 m/c II, supra. Por lo tanto, la aplicación del

pago de intereses simple de la Sec. 5B de la Ley de 12 de

marzo

de

1903,

según

enmendada,

conocida

como

Ley

de

AC-2023-0087

2

Expropiación Forzosa, 32 LPRA sec. 2901 et seq., no limita

la determinación del tribunal, pues no cumple adecuadamente

con el requisito constitucional de justa compensación de la

parte con interés.

I

El 8 de marzo de 2013, la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) presentó una Petición

sobre Expropiación Forzosa para adquirir una parcela en pleno

dominio y un predio en servidumbre (propiedad) en el barrio

Malezas de Mayagüez. Esto tenía el fin de construir el

proyecto “Tanque Malezas Mayagüez”.

La AAA identificó a la

Sra. Rosa Julia Cortés Flores (apelante) como la única parte

con interés propietario sobre la propiedad y consignó en la

Secretaría del Tribunal la suma de $43,967.00 en concepto de

justa compensación.

La compensación fue desglosada de la manera siguiente:1

Propietaria

ROSA CORTÉS FLORES, t/c/p

Rosa Luisa Cortés Flores

Compensación

Water Tank

$13,581.00

Serv. de Paso

10,017.00

Remanente

20,369.00

Total $43,967.00

La Resolución de investidura fue emitida el 18 de marzo

de 2013. Así las cosas, el 26 de junio de 2013, la señora

Cortés Flores compareció y solicitó el retiro de los fondos

consignados. En sus comparecencias, la señora Cortés Flores

aceptó la valoración de la AAA, pero cuestionó la fecha de

la incautación por lo que solicitó el pago de rentas desde

el 1988. El 2 de octubre de 2014, el foro primario permitió

1

Apéndice, pág. 51.

AC-2023-0087

3

levantar el dinero consignado por lo que, luego de deducidas

las contribuciones adeudadas, la cantidad de $41,793.90 fue

transferida a la cuenta de la señora Cortés Flores el 22 de

octubre de 2014.2

Así las cosas, las partes estipularon que la ocupación

había ocurrido el 1 junio de 1988. Por ello, la AAA solicitó

enmendar el Informe a los efectos de presentar una nueva

tasación a esta fecha. Mediante Informe presentado el 6 de

mayo de 2015, la AAA informó que el valor de la propiedad

que correspondía a la nueva fecha de incautación era por la

cantidad total de $28,349.91.

Según explicó la AAA, para el

cómputo utilizó la tasa aplicable a sentencias judiciales

preparada por la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras y a base de un interés compuesto.3 El desglose

de esta cantidad fue el siguiente:

PERSONAS O ENTIDADES CON INTERÉS

ROSA CORTÉS FLORES, t/c/p

Water Tank

Rosa Luisa Cortés Flores

Serv. de Paso

Remanente

Intereses

COMPENSACIÓN

$ 3,276.00

$ 2,417.00

$ 4,914.00

$17,742.91

$28,349.91

Esta enmienda fue autorizada. Por lo tanto, ante la

diferencia de $15,617.09 entre la cuantía original y la

enmienda autorizada, la AAA solicitó a la señora Cortés

Flores la consignación del exceso de la compensación.

Mientras las partes discutían sobre la nueva tasación

de la propiedad, el 8 de octubre de 2015 se promulgó la Ley

167-2015

2

3

(32

LPRA

sec.

Apéndice, págs. 103 y 243.

Apéndice, pág. 151.

2908),

que

dispone

que

en

los

AC-2023-0087

4

procedimientos de expropiación forzosa “los intereses se

computarán

de

forma

simple

y

no

compuesta”.

Con

este

referente y luego de múltiples trámites procesales, la vista

se celebró el 21 de septiembre de 2021. En ella, el Sr.

Esteban Núñez Camacho, tasador de la AAA y único testigo que

declaró en la vista, hizo el cómputo de intereses a base de

un interés simple desde la fecha de la ocupación hasta la

presentación de la Petición de Expropiación para un total de

$10,610.00.

Por lo tanto, la AAA requirió la devolución de

$22,785.25 que representaba el exceso entre la cantidad

consignada y la justa compensación estimada.

El 27 de marzo de 2023, el foro primario emitió una

Sentencia en la que determinó que la valoración enmendada

era la correcta debido a que conforme a la jurisprudencia

vigente, la fecha de la ocupación material de la propiedad

es la determinante. Además, sostuvo el pago de intereses

compuestos

ya

que

la

expropiación

ocurrió

antes

de

la

vigencia de la Ley 167-2015, supra, y debido a la dilación

sustancial entre la incautación y la consignación del justo

valor del bien expropiado. Por ello, remitió a la AAA a

computar

los

intereses

conforme

a

Aut.

Carreteras

v.

8,554.741 m/c II, supra, y de existir controversia entre las

partes en cuanto al cómputo, advirtió que serían referidos

a la Unidad de Cuentas para la recomendación correspondiente.

Oportunamente, la AAA presentó un recurso de apelación.4

En esencia, señaló como error que el foro de instancia no

Además, señaló como error que el foro de instancia no ordenara a la

Sra. Rosa Julia Cortés Flores a reintegrar a la AAA la cantidad en exceso

al valor de la justa compensación según el estimado presentado.

4

AC-2023-0087

5

aplicó los intereses simples conforme a la Ley 167-2015,

supra.

Sobre

este

particular

reconoció

que

de

nuestras

expresiones en Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c II, supra,

se puede “inferir que el cómputo de intereses debe ser

compuesto”.5 No obstante, sostuvo que “el TPI evadió su

obligación de aplicar lo dispuesto en el Artículo 5(b) de la

Ley General de Expropiaciones[…]. Este artículo claramente,

dispone que los intereses a pagarse con motivo de una

expropiación si alguno, se determinarán a partir de que se

dicte la sentencia y se computarán de forma simple” tanto

para los casos de expropiación directa como de expropiación

a la inversa.6

Sostuvo también que no existe violación a la

Doctrina de Separación de Poderes ya que nuestras expresiones

“en Rexco demuestran, que compete a la legislatura determinar

la forma y manera en que se computarán los intereses con

motivo de una expropiación” y tampoco a la norma general de

irretroactividad de las leyes puesto que “cualquier enmienda

legislativa que se efectúe respecto al cómputo de intereses,

tiene que estimarse como una modificación estrictamente

procesal que puede tener efecto retroactivo sobre casos

inconclusos,

sin

la

posibilidad

de

quebrantar

derechos

adquiridos”.7

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia mediante

la que modificó el dictamen del foro recurrido y concluyó

5

Apéndice, pág. 32.

6

Apéndice, págs. 21 y 32.

7

Id. págs. 36 y 38.

AC-2023-0087

6

que los intereses deben computarse de manera simple, pues al

momento

de

la

disposiciones

emisión

de

la

de

Ley

la

Sentencia

167-2015,

ya

supra,

regían

que

las

prohíben

expresamente imponer el cómputo de los intereses de forma

compuesta.

Razonó

que

el

procedimiento

de

expropiación

forzosa es de naturaleza civil y se debe llevar a cabo en

conformidad con la Ley de Expropiación Forzosa, supra, y la

Regla 58 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Inconforme, la señora Cortés Flores recurre ante nos y

señala

como

errores

que

el

foro

apelativo

intermedio

fundamentara en la Ley Núm. 167-2015, supra, el cómputo de

los intereses a base de un interés simple.

Sostiene que el

foro recurrido obvió la jurisprudencia que establece que

estos deben ser capitalizados, que la ocupación ocurrió antes

de

su

aprobación,

y

su

planteamiento

sobre

la

inconstitucionalidad de la ley.

El 8 de diciembre de 2023, expedimos el auto.

Contando

con la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de

resolver.

II

A.

Nuestra Constitución reconoce el derecho fundamental al

disfrute de la propiedad. Art. II, Sec. 7 Const. PR, LPRA,

Tomo I. No obstante, este derecho no es absoluto. Cede ante

el poder de dominio eminente del Estado en beneficio del

bienestar general. Este, a su vez, está sujeto al pago de

una justa compensación y a que se realice de acuerdo con las

leyes que regulan la expropiación forzosa. Art. II, Sec. 9,

AC-2023-0087

7

Const. PR, LPRA, Tomo 1.

Véase además, SLG Ortiz-Mateo v.

ELA, 211 DPR 772 (2023); ELA v. El Ojo de Agua Development,

205 DPR 502 (2020).

El procedimiento a seguir está establecido en la Ley de

Expropiación

Forzosa,

supra,

y

las

Reglas

58

y

60

de

Procedimiento Civil, supra. En esencia, requiere que una

entidad gubernamental inicie formalmente el procedimiento

judicial de expropiación forzosa y consigne el pago de la

justa compensación estimada. De cumplir con los requisitos,

el título de dominio le queda investido. Transcurrido el

procedimiento, el tribunal adjudica la compensación final.

No obstante, en casos excepcionales el Estado puede

ocupar una propiedad previo al inicio del procedimiento

judicial

y

la

consignación

correspondiente.8

Para

estas

situaciones existe a beneficio de la parte afectada la acción

de expropiación a la inversa.

A estos casos los tribunales

también les hemos aplicado “las mismas normas y principios

que rigen la acción de expropiación instada por el Estado”.9

SLG Ortiz-Mateo v. ELA, supra, pág. 793; Amador Roberts et

als. v. ELA, 191 DPR 268 (2014); Culebra Enterprises Corp.

v. ELA, 143 DPR 935, 946-947 esc. 14 (1997).

En cuanto a los demás aspectos de una expropiación,

hemos señalado que la controversia sobre qué propiedad es

SLG Ortiz-Mateo v. ELA, 211 DPR 772, 787 2023)(“[E]l Estado está

obligado a compensar a un propietario en los escenarios siguientes: (1)

cuando se ejerce el poder de dominio eminente al presentar un recurso

de expropiación; (2) cuando ocurre una incautación de hecho mediante

ocupación física, o (3) cuando se reglamenta el uso de una propiedad”.)

8

Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268, 282 (2014)(“[P]resentada

una acción de expropiación a la inversa, si el Estado presenta una de

expropiación forzosa directa sobre el terreno en controversia y consigna

el pago de la justa compensación, la de expropiación a la inversa queda

fundida en el pleito de expropiación forzosa instado por el Estado”.)

9

AC-2023-0087

necesaria

8

para

propósitos

públicos

es

una

de

carácter

político y legislativo. Sin embargo, hemos sido enfáticos en

que

la

determinación

de

lo

que

constituye

una

justa

compensación es un ejercicio judicial y no legislativo. SLG

Ortiz-Mateo v. ELA, supra; Adm. Terrenos v. Ponce Bayland,

207 DPR 586 (2021); Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c II,

supra; E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., 137 DPR 683 (1994).

La justa compensación a la que tiene derecho la parte

con interés en el bien expropiado es aquella que lo coloca

en una situación económica equivalente a la que estaría de

no

haberse

cantidad

expropiado

que

la

representa

el

propiedad,

es

decir,

valor

el

mercado

en

aquella

de

la

propiedad al tiempo de la incautación. Adm. Terrenos v. Ponce

Bayland, supra; Amador Roberts et als. v. ELA, supra.

Sin embargo, varias fechas pueden tener un efecto en

esta

compensación.

Estas

son:

(1)

el

momento

de

la

incautación, (2) la fecha del depósito en los tribunales de

la compensación estimada y (3) la del pago total de la

compensación finalmente adjudicada. En vista de que estas

fechas pueden distar las unas de las otras, además del valor

del bien, hemos reconocido que el pago de intereses por esta

demora es parte integral del mandato constitucional de justa

compensación.10 ELA v. El Ojo de Agua Development, supra;

E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra. De igual forma, “la

Ley de Expropiación ordena el pago de intereses cuando existe

Desde la Ley Núm. 2 de 1 de abril de 1941 se proveyó para el pago de

interés por expropiación. ELA v. El Ojo de Agua Development, 205 DPR 502

(2020); E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., 137 DPR 683 (1994).

10

AC-2023-0087

9

una diferencia entre la suma fijada por la parte que solicita

la expropiación y la cantidad que determine el Tribunal como

justa compensación”. Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c II,

supra, pág 1061. Específicamente, los intereses se computan

desde la fecha en que ocurrió la expropiación hasta la fecha

en que se pague totalmente la compensación. Así, por ejemplo,

“(e)n las expropiaciones de hecho o de ocupación física de

la

propiedad,

previo

a

la

consignación

de

la

justa

compensación, la fecha de la expropiación será la de la

ocupación, y no la fecha en que se radica la demanda”. C.

Torres Torres, La expropiación forzosa de Puerto Rico: ley,

jurisprudencia, estudio y guía práctica, San Juan, [ed.

Autor], 2002, pág. 179. Véase, SLG Ortiz-Mateo v. ELA, supra,

pág. 790; Culebra Enterprise Corp. v. ELA, supra. Por lo

tanto, el valor se determina a la fecha de la ocupación

física y los intereses se computarán desde entonces hasta

que se pague la totalidad de la compensación.

En cuanto

al tipo de interés,

en E.L.A. v. Rexco

Industries, Inc., supra, descartamos la aplicación de un

interés fijo estatutario que no tome en consideración las

variaciones en el mercado y, por ello, declaramos que hasta

que la Asamblea Legislativa enmendara la ley de acuerdo con

nuestros pronunciamientos, los tribunales utilizarán para

este ejercicio las tasas de interés que fije por Reglamento

la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

(OCIF).11 De esta forma, reconocimos la interrelación entre

El Reglamento 78-1 de la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras dispone de una tasa equivalente al rédito de los “US Treasury

11

AC-2023-0087

las

ramas

También,

10

en

cuanto

al

poder

de

expropiación

en la medida de lo posible,

forzosa.

recurrimos a

una

interpretación razonable de la ley antes de declarar su

inconsitucionalidad, pero sin negar la función última de los

tribunales de proteger la justa compensación de la persona

expropiada.

De

igual

forma,

hemos

reconocido

que

del

periodo

comprendido entre la fecha de expropiación y la del pago

total del bien expropiado exceder un semestre, el foro de

instancia tiene que considerar las variaciones en las tasas

de

interés

durante

los

distintos

semestres,

según

determinados por la OCIF. Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c

II, supra; Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, 172 DPR 278

(2007). Ambos aspectos, tanto el que se utilicen las tasas

de interés determinadas por la OCIF como que se consideren

las variaciones entre estas tasas, fueron acogidos por la

Asamblea Legislativa en las enmiendas posteriores a la Ley

de Expropiación Forzosa.

Por otro lado, en Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c II,

supra, concluimos que ante el esquema desarrollado -que tiene

como objetivo que las tasas de intereses aplicables a los

casos de expropiación forzosa reflejen las fluctuaciones en

el

mercado

de

valores

y

se

cumpla

con

el

mandato

constitucional de satisfacer una justa compensación- se

tienen

que

distintas

computar

tasas

de

progresivamente

interés

sobre

aplicables

a

la

los

base

de

semestres

Bills” con vencimiento a seis (6) meses redondeados al 12 punto más

cercano.

AC-2023-0087

11

comprendidos entre la incautación y el pago total. Por ello,

adoptamos la capitalización del interés y aclaramos que al

valor resultante, el tribunal debe añadirle:

[L]a tasa de interés anual prevaleciente en el

correspondiente semestre, según se establece en el

documento que emite OCIF (Reglamento 78-1), por los

correspondientes meses hasta el final del semestre.

Al valor que resulte se le aplica la tasa de interés

anual prevaleciente en el siguiente semestre, según

se establece en el documento que emite OCIF

(Reglamento 78-1), por los correspondientes meses

del semestre. Este proceso se repite hasta la

consignación final del valor de la propiedad

expropiada que así resulte. Id., págs. 1064-65.

Véanse

además,

E.

Rivera

Ramos,

Derecho

Constitucional, 78 Rev. Jur. UPR 625 (2008); C.

Hernández Colón, La validez de la incautación

rápida en el tiempo de la crisis, 57 Rev. Der. Pur.

273 (2018).

No

obstante,

con

posterioridad

a

nuestros

pronunciamientos se promulgó la Ley Núm. 167-2015, supra, la

cual enmienda la Sec. 5B de la Ley de Expropiación Forzosa,

supra. Esta sección dispone en lo pertinente que:

En los casos donde el periodo entre la incautación

y el pago total del Estado exceda un semestre, el

tribunal deberá considerar las variaciones en las

tasas de interés aplicables a los semestres

comprendidos entre la fecha de la expropiación

hasta la fecha del pago de la justa compensación,

según determinados por la Oficina del Comisionado

de

Instituciones

Financieras

(OCIF);

Disponiéndose, que los intereses se computarán de

forma simple y no compuesta. 32 LPRA sec. 2908.

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 167-2015,

supra, la Asamblea Legislativa expresó el razonamiento para

esta enmienda. Sostuvo que “[c]omo norma general, en los

casos que involucra el pago de una cantidad líquida, se paga

el interés simple”, que “el pago de intereses es adicional

AC-2023-0087

12

a la suma ya establecida como justa compensación, y lo que

se persigue con el pago de intereses es el compensar por la

dilación en pagar la suma previamente establecida”. Añade

que “[e]sta medida conllevará un ahorro sustancial en el

pago de estas sentencias, donde no se justifica el pago de

un interés contrario a la norma general establecida para los

casos ordinarios de pago de sentencia”. Id.

Sin embargo, los casos de expropiación forzosa no son

“casos ordinarios”. Como hemos expresado repetidamente, el

pago de intereses es parte integral de la justa compensación,

que a su vez, surge de un mandato constitucional y se

determina por los tribunales al momento de la Sentencia.

Ciertamente, en las distintas jurisdicciones hay amplia

discusión y análisis

sobre

cuál es

el tipo de interés

aplicable para una justa compensación y sobre si su cómputo

debe ser simple o compuesto.

lograr

cierta

uniformidad

Esto tiene el objetivo de

sin

sacrificar

la

justa

compensación. Como es de esperarse, todas las propuestas,

esquemas o metodologías tienen elementos a favor y otros en

contra.

Sin

embargo,

nada

debe

desvirtuar

que

la

determinación final sobre si la compensación es suficiente

y razonable recae en la discreción de los tribunales; que el

norte de nuestra determinación siempre debe ser cumplir con

el mandato constitucional de que la persona afectada quede

en la misma posición que hubiese estado del pago haber

coincidido con la expropiación, y que el pago de intereses

es parte integral de la justa compensación. Por ello, los

tribunales

no

debemos

cumplir

ciegamente

con

las

AC-2023-0087

13

disposiciones estatutarias que afecten la compensación, pues

es un asunto de derecho sustantivo y constitucional.

Por lo

tanto, cualquier expresión legislativa al respecto queda

supeditada a la determinación de los tribunales de que se

provea

una

justa

compensación

en

el

caso

ante

su

consideración. De concluirse que el interés estatutario es

insuficiente constitucionalmente para la persona afectada

por la expropiación, debemos modificarlo.

Así, en nuestra jurisdicción hemos adoptado el cómputo

que

expresáramos

anteriormente

y

que

utiliza

como

instrumento financiero los “US Treasury Bills” similar al

Declaration of Taking Act, 40 USCA 3114, estatuto federal

que nos sirvió de modelo. Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c

I, supra, pág. 301. Sin embargo, el Declaration of Takings

Act

fue

expresamente

diseñado

considerando

las

expropiaciones directas y no situaciones en las que ha

transcurrido un tiempo significativo entre la incautación y

el pago de la compensación.12 United States v. Miller, 317

US 369 (1943). Por ello, con el transcurso del tiempo, ese

estatuto federal también ha requerido la aplicación de un

interés compuesto en aquellos casos en los que el pago de la

compensación se ha demorado más de un año.13 Por lo tanto,

Por ello, el Tribunal de Reclamaciones de Estados Unidos (United

States Court of Federal Claims) ha examinado otras fórmulas para calcular

la justa compensación debida en casos de expropiaciones a la inversa.

Véase, Sears v. United States, 124 Fed. Cl. 730, 734 n. 3 (2016).

12

“(a) Calculation.--The district court shall calculate interest

required to be paid under this subchapter as follows:

(1) Period of not more than one year.--Where the period for which

interest is owed is not more than one year, interest shall be calculated

from the date of taking at an annual rate equal to the weekly average

one-year constant maturity Treasury yield, as published by the Board of

Governors of the Federal Reserve System, for the calendar week preceding

the date of taking.

13

AC-2023-0087

14

mientras en nuestra jurisdicción no se adopte otro mecanismo

o tipo de interés que cumpla con los principios y objetivos

antes esbozados -particularmente en casos en los que la

tardanza entre la ocupación física de la propiedad y la

compensación del dueño es mayor de un año- debemos continuar

aplicando un interés compuesto al momento de emitir la

sentencia correspondiente. A esto nos referíamos cuando en

E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, declaramos las tasas

de interés aplicables hasta que la Asamblea Legislativa

enmendara la ley de acuerdo con nuestros pronunciamientos y

los principios esbozados.

III

En el caso de autos, las partes estipularon que la fecha

de incautación se remonta a junio de 1988. En vista de lo

anterior, ante nos no hay controversia en cuanto a que la

justa compensación debe representar el valor de la propiedad

al tiempo de la incautación. Tampoco se ha presentado prueba

que refute la valoración de la propiedad por el Estado al

momento de ser expropiada en junio de 1988.14

Aclarado lo

anterior, queda ante nos la controversia de si los intereses

(2) Period of more than one year.--Where the period for which interest

is owed is more than one year, interest for the first year shall be

calculated in accordance with paragraph (1) and interest for each

additional year shall be calculated on the amount by which the award of

compensation is more than the deposit referred to in section 3114 of

this title, plus accrued interest, at an annual rate equal to the weekly

average one-year constant maturity Treasury yield, as published by the

Board of Governors of the Federal Reserve System, for the calendar week

preceding the beginning of each additional year.

(b) Distribution of notice of rates.--The Director of the Administrative

Office of the United States Courts shall distribute to all federal courts

notice of the rates described in paragraphs (1) and (2) of subsection

(a)”. 40 USCA sec. 3116.

Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, 180 DPR 206 (2010); ACT v.

780.6141m2, 165 DPR 121 (2005).

14

AC-2023-0087

15

a computarse deben ser simples o compuestos.

Por un lado,

la

capitalizados

parte

apelante

sostiene

que

deben

ser

conforme a Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c II, supra,

mientras que la AAA sostiene deben ser simples según la Sec.

5B de la Ley de Expropiación Forzosa, supra.

Cabe señalar que, en el caso de autos se dio una

situación anómala. Específicamente, la incautación fue 25

años

antes

de

que

la

AAA

presentara

la

Demanda

de

Expropiación y de que consignara una justa compensación

estimada al año de la presentación. Pasados dos años, la AAA

presentó una enmienda a la valoración para reconocer la

verdadera fecha de incautación y utilizó para el estimado

intereses compuestos. En aquel momento la discusión entre

las partes se dirigió hacia la controversia sobre cuál

tasación debía prevalecer, pero en el interín se aprobó la

Ley Núm. 167-2015, supra. Desde entonces la AAA sostiene que

corresponde el cómputo de intereses simples.

Como expresáramos, los tribunales no podemos claudicar

nuestra responsabilidad constitucional de determinar una

justa

compensación

Asimismo,

la

en

casos

determinación

de

de

expropiación

lo

que

forzosa.

constituye

justa

compensación es tarea eminentemente judicial y esta incluye

el correspondiente pago de intereses. Por lo tanto, aunque

en el proceso de ejecución forzosa tienen participación las

tres ramas de gobierno, cualquier disposición estatutaria al

respecto está subordinada a que se cumpla, entre otros

elementos, con el requisito constitucional de ofrecer una

justa compensación al dueño por la demora del Estado. A su

AC-2023-0087

16

vez, la justa compensación incluye la valoración de la

propiedad y el pago de intereses. Los tribunales debemos

velar por ello, especialmente al momento de la Sentencia

cuando queda finalmente determinada la justa compensación.

En el caso de autos el Estado demoró 25 años en iniciar

el procedimiento de expropiación forzosa y compensar a la

señora Cortes Flores por haber incautado su propiedad. Ante

una tardanza tan significativa, concluimos que una justa

compensación utilizando la metodología vigente en nuestra

jurisdicción requiere el pago de intereses compuestos. Solo

de esta forma podemos compensar a la señora Cortés Flores

por tal dilación.

Por lo tanto, concluimos que la restricción del pago de

intereses a uno simple de la Sec. 5B de la Ley de Expropiación

Forzosa, supra, no cumple adecuadamente con el requerimiento

constitucional de justa compensación en este caso.

IV

Por los fundamentos expresados, se revoca la sentencia

recurrida que determinó que los intereses debían computarse

de manera simple, se reinstala el dictamen del tribunal de

instancia, y se devuelve el caso para que continúen los

procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados

de

Puerto

Rico

Apelación

Apelada

AC-2023-0087

v.

Rosa Cortés Flores y otros

Apelantes

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de septiembre de 2024.

Por los fundamentos expresados en la Opinión que

antecede, se revoca la sentencia recurrida que determinó que

los intereses debían computarse de manera simple, se

reinstala el dictamen del tribunal de instancia, y se

devuelve el caso para que continúen los procedimientos de

forma compatible con lo aquí resuelto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez concurren sin

expresión escrita.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo