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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Carmen E. García Cárdenas

2024 TSPR 92

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Carmen E. García Cárdenas

TS-12,557

16 de agosto de 2024 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por incumplimiento con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2024 TSPR 92

214 DPR ___

Carmen E. García Cárdenas

Número del Caso:

Fecha:

TS-12,557

16 de agosto de 2024

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcda. María Cecilia Molinelli González

Directora Ejecutiva

Lcda. Nicolle Lozada Báez

Asesora Legal II

Lcda. Caridad Rodríguez Feliciano

Asesora Legal I

Lcda. Myrel D. Marín Cruz

Asesora Administrativa

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía por incumplimiento con los

requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y las

órdenes del Tribunal Supremo.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carmen E. García Cárdenas

TS-12,557

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2024.

Nuevamente,

nos

vemos

obligados

a

ejercer

nuestra

facultad disciplinaria sobre un integrante de la abogacía

por incumplir con los postulados éticos que, como mínimo,

deben

guiar

la

gestión

de

todos

los

miembros

de

la

profesión legal.

En el día de hoy, intervenimos disciplinariamente con

la

Lcda.

suspensión

Carmen

E.

inmediata

García

e

Cárdenas

indefinida

de

y

la

decretamos

práctica

de

su

la

abogacía.

Veamos

las

circunstancias

fácticas

que

sustentan

nuestra determinación.

I.

La Lcda. Carmen E. García Cárdenas (licenciada García

Cárdenas) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 25 de

TS-12,557

3

enero de 1999 y prestó juramento como notaria el 11 de

enero de 2001.1

El

pasado

Ejecutiva

del

26

de

octubre

Programa

de

de

2023,

Educación

la

Directora

Jurídica

Continua

(PEJC) compareció ante este Tribunal mediante un Informe

sobre incumplimiento y nos comunicó que varios abogados se

encontraban

inobservando

los

requisitos

del

PEJC,

entre

ellos, la licenciada García Cárdenas. Asimismo, nos indicó

que realizaron varias llamadas telefónicas para tratar de

atender

el

Tribunal.

asunto

No

infructuosos.

posee

un

así

evitar

obstante,

dichos

Cabe

correo

y

destacar,

electrónico

un

referido

ante

esfuerzos

además,

este

resultaron

que

la

abogada

identificado

en

el

no

Registro

Uniforme de Abogados y Abogadas (RUA).

Consecuentemente,

el

4

de

diciembre

de

2023,

le

concedimos un término de veinte (20) días a la licenciada

García Cárdenas

para que mostrara causa por la cual no

debía ser suspendida de la profesión legal por incumplir

con los requerimientos del PEJC.

Eventualmente,

y

tras

el

incumplimiento

con

licenciada

García

Cárdenas

diciembre,

el

de

27

febrero

de

de

la

nuestra

Resolución

de

2024

concedimos

un

le

término final de diez (10) días para que compareciera. En

dicha

ocasión,

le

apercibimos

que

si

desatendía

El 21 de julio de 2015 la licenciada García Cárdenas cesó

voluntariamente al ejercicio de la notaría.

1

nuestra

TS-12,557

4

orden, podría enfrentar

sanciones

severas, incluyendo la

suspensión del ejercicio de la abogacía.

Nuevamente la licenciada García Cárdenas incumplió con

nuestro mandato. Aún así, el 6 de mayo de 2024, decidimos

concederle un último término perentorio de diez (10) días,

para que compareciera y mostrara causa.

Al

presente,

la

licenciada

García

Cárdenas

no

ha

comparecido ante este Tribunal y mantiene su incumplimiento

con los requerimientos del PEJC.

II.

Desde el momento preciso en que cada abogado presta

juramento

como

tal

y

abogacía,

este

se

es

admitido

compromete

a

la

a

profesión

fijar

su

de

la

conducta

íntimamente a las normas establecidas en el Código de Ética

Profesional.2 El propósito de este cuerpo rector recae en

“promover

el

desempeño

personal

y

profesional

de

los

miembros de la profesión legal de acuerdo con los más altos

principios de conducta decorosa, lo que, a su vez, resulta

en

beneficio

de

la

profesión,

la

ciudadanía

y

las

se

hace

instituciones de justicia”.3

Asimismo,

hemos

señalado

que

este

deber

extensivo “no solo a la esfera de la litigación de causas,

sino a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal”.4

4 LPRA Ap. IX.

In re Torres Rivera, 210 DPR 995 (2022).

4 In re Medina Torres, 200 DPR 610, 628 (2018).

2

3

TS-12,557

En

5

aras

adecuada

a

de

garantizar

los

una

ciudadanos

que

representación

acuden

ante

legal

nuestros

tribunales, el Canon 2 del Código de Ética Profesional, le

exige

a

los

profesionales

del

Derecho

que

practican

en

nuestra jurisdicción “mantener un alto grado de excelencia

y competencia en su profesión a través del estudio y la

participación

en

programas

educativos

de

mejoramiento

profesional”.5

A

tenor con lo

cumplimiento con el

anterior,

deber

y

antes

para

viabilizar

mencionado,

aprobamos

el

el

Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua.6 La

Regla 29 de dicho cuerpo reglamentario requiere que todo

miembro activo de la profesión legal apruebe veinticuatro

(24) horas crédito en cursos de educación jurídica continua

en un lapso de tres (3) años.

En el contexto del incumplimiento con los requisitos

del PEJC, hemos expresado que la desidia y dejadez ante los

requerimientos de dicho programa representan un gasto de

recursos administrativos, como también una patente falta de

compromiso con el

deber

de

excelencia

y

competencia

que

encarna el Canon 2 del Código de Ética Profesional.7 Así

pues,

en

desatienden

requisitos

los

casos

los

de

que

los

requerimientos

educación

abogados

y

del PEJC e

jurídica

continua

las

abogadas

incumplen

conforme

los

a

lo

4 LPRA Ap. IX, C. 2

4 LPRA Ap. XVII-D.

7 In re Cabán Arocho, 198 DPR 1112 (2017); In re López Santos, 194 DPR

960 (2016). Véase, In re Molinary Machado, 203 DPR 1070 (2019).

5

6

TS-12,557

6

dispuesto en el Reglamento del PEJC, supra, este Tribunal

se ha visto obligado a suspenderles indefinidamente.8

A. Canon 9 del Código de Ética Profesional

Por

su

parte,

el

Canon

9

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, codifica el mandato ético que obliga a

todo abogado a atender y obedecer las órdenes del Tribunal

y

las

de

cualquier

otro

obligado a comparecer.

foro

ante

el

que

se

encuentre

Particularmente, le impone a los

letrados “el deber de observar para con los tribunales una

conducta que se caracterice por el mayor respeto”.9 Cuando

se trata de procesos disciplinarios, los integrantes de la

profesión legal tienen el deber de responder diligente y

oportunamente a nuestros requerimientos y órdenes.10

Por ello, un abogado que desatiende los requerimientos

realizados en el curso de un procedimiento disciplinario

denota “indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de

respeto y contumacia hacia las autoridades, y revela una

gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro

de la profesión legal”.11

Así, pues, no podemos tomar livianamente la actitud de

indiferencia a la autoridad de este Tribunal. Lo anterior

In re Molinary Machado, supra; In re Cabán Arocho, supra; In re

Rodríguez Gerena, 197 DPR 1093 (2017).

9 In re Torres Rivera, supra.

10 In re Lajara Radinson, 207 DPR 854 (2021); In re Colón Rivera, 206

DPR 1073 (2021).

11

In re Jiménez Meléndez, 198 DPR 453, 457 (2017).

8

TS-12,557

resulta

7

causa

suficiente

para

decretar

la

suspensión

se

desprende

inmediata de cualquier abogado.12

III.

Del

recuento

fáctico

antes

reseñado

que

refleja

palpablemente

una

conducta

desidia

las

órdenes

ante

de

este

indiferencia

Tribunal.

Pese

a

y

las

múltiples oportunidades y prórrogas que este Tribunal le ha

concedido a la licenciada García Cárdenas para cumplir con

los

requerimientos

incumplido

el

del

periodo

PEJC,

al

2018-2021

presente,

y

adeuda

ésta

cien

tiene

dólares

($100.00) en concepto de multa por cumplimiento tardío y

por referido del Programa ante este Foro.

La licenciada García Cárdenas no solo ha incumplido

con los requisitos antes mencionados, sino que, además, ha

desatendido

instancia

las

órdenes

durante

este

de

esta

proceso.

Curia

Tal

en

más

conducta,

de

a

una

todas

luces, demuestra falta de interés para continuar ejerciendo

la profesión legal.

En vista de ello, y considerando que esta no ha dado

fiel cumplimiento a los requerimientos del PEJC ni a lo

ordenado

por

este

Foro,

ordenamos

la

suspensión

de

la

licenciada García Cárdenas del ejercicio de la abogacía de

manera inmediata e indefinida.

12

Íd.

TS-12,557

8

IV.

Consecuentemente, le ordenamos notificar a todos sus

clientes

de

su

inhabilidad

para

continuar

con

su

representación y a devolverles tanto los expedientes de los

casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos

no rendidos. Además, deberá informar inmediatamente de su

suspensión

a

los

distintos

foros

judiciales

y

administrativos en los que tenga algún asunto pendiente y

acreditar

ante

este

Tribunal

el

cumplimiento

con

lo

anterior, incluyendo una lista de los clientes y foros a

quienes le notificó de su suspensión, dentro del término de

treinta (30) días, a partir de la notificación de esta

Opinión

Per

Curiam

hacerlo

pudiera

y

su

conllevar

correspondiente

Sentencia.

No

que

reinstale

al

no

se

le

ejercicio de la abogacía de solicitarlo en el futuro.

Se dictará Sentencia de Conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-12,557

Carmen E. García Cárdenas

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, decretamos la suspensión indefinida e inmediata

del ejercicio de la abogacía de la Lcda. Carmen E. García

Cárdenas.

A la luz de lo anterior, le imponemos a la letrada el

deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad

de

seguir

representándolos,

devolverles

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar

oportunamente de su suspensión indefinida a los foros

judiciales

y

administrativos

donde

tenga

asuntos

pendientes. Deberá, además, acreditar y certificarnos el

cumplimiento de estos deberes incluyendo una lista de los

clientes y los foros a quienes le haya notificado de su

suspensión, dentro del término de treinta (30) días, a

partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia. No hacerlo, pudiera conllevar que no se le

reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo en el

futuro.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez no

intervino.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo