Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Carmen E. García Cárdenas
2024 TSPR 92
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Carmen E. García Cárdenas
TS-12,557
16 de agosto de 2024 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por incumplimiento con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y las órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2024 TSPR 92
214 DPR ___
Carmen E. García Cárdenas
Número del Caso:
Fecha:
TS-12,557
16 de agosto de 2024
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcda. María Cecilia Molinelli González
Directora Ejecutiva
Lcda. Nicolle Lozada Báez
Asesora Legal II
Lcda. Caridad Rodríguez Feliciano
Asesora Legal I
Lcda. Myrel D. Marín Cruz
Asesora Administrativa
Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía por incumplimiento con los
requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y las
órdenes del Tribunal Supremo.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Carmen E. García Cárdenas
TS-12,557
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2024.
Nuevamente,
nos
vemos
obligados
a
ejercer
nuestra
facultad disciplinaria sobre un integrante de la abogacía
por incumplir con los postulados éticos que, como mínimo,
deben
guiar
la
gestión
de
todos
los
miembros
de
la
profesión legal.
En el día de hoy, intervenimos disciplinariamente con
la
Lcda.
suspensión
Carmen
E.
inmediata
García
e
Cárdenas
indefinida
de
y
la
decretamos
práctica
de
su
la
abogacía.
Veamos
las
circunstancias
fácticas
que
sustentan
nuestra determinación.
I.
La Lcda. Carmen E. García Cárdenas (licenciada García
Cárdenas) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 25 de
TS-12,557
3
enero de 1999 y prestó juramento como notaria el 11 de
enero de 2001.1
El
pasado
Ejecutiva
del
26
de
octubre
Programa
de
de
2023,
Educación
la
Directora
Jurídica
Continua
(PEJC) compareció ante este Tribunal mediante un Informe
sobre incumplimiento y nos comunicó que varios abogados se
encontraban
inobservando
los
requisitos
del
PEJC,
entre
ellos, la licenciada García Cárdenas. Asimismo, nos indicó
que realizaron varias llamadas telefónicas para tratar de
atender
el
Tribunal.
asunto
No
infructuosos.
posee
un
así
evitar
obstante,
dichos
Cabe
correo
y
destacar,
electrónico
un
referido
ante
esfuerzos
además,
este
resultaron
que
la
abogada
identificado
en
el
no
Registro
Uniforme de Abogados y Abogadas (RUA).
Consecuentemente,
el
4
de
diciembre
de
2023,
le
concedimos un término de veinte (20) días a la licenciada
García Cárdenas
para que mostrara causa por la cual no
debía ser suspendida de la profesión legal por incumplir
con los requerimientos del PEJC.
Eventualmente,
y
tras
el
incumplimiento
con
licenciada
García
Cárdenas
diciembre,
el
de
27
febrero
de
de
la
nuestra
Resolución
de
2024
concedimos
un
le
término final de diez (10) días para que compareciera. En
dicha
ocasión,
le
apercibimos
que
si
desatendía
El 21 de julio de 2015 la licenciada García Cárdenas cesó
voluntariamente al ejercicio de la notaría.
1
nuestra
TS-12,557
4
orden, podría enfrentar
sanciones
severas, incluyendo la
suspensión del ejercicio de la abogacía.
Nuevamente la licenciada García Cárdenas incumplió con
nuestro mandato. Aún así, el 6 de mayo de 2024, decidimos
concederle un último término perentorio de diez (10) días,
para que compareciera y mostrara causa.
Al
presente,
la
licenciada
García
Cárdenas
no
ha
comparecido ante este Tribunal y mantiene su incumplimiento
con los requerimientos del PEJC.
II.
Desde el momento preciso en que cada abogado presta
juramento
como
tal
y
abogacía,
este
se
es
admitido
compromete
a
la
a
profesión
fijar
su
de
la
conducta
íntimamente a las normas establecidas en el Código de Ética
Profesional.2 El propósito de este cuerpo rector recae en
“promover
el
desempeño
personal
y
profesional
de
los
miembros de la profesión legal de acuerdo con los más altos
principios de conducta decorosa, lo que, a su vez, resulta
en
beneficio
de
la
profesión,
la
ciudadanía
y
las
se
hace
instituciones de justicia”.3
Asimismo,
hemos
señalado
que
este
deber
extensivo “no solo a la esfera de la litigación de causas,
sino a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal”.4
4 LPRA Ap. IX.
In re Torres Rivera, 210 DPR 995 (2022).
4 In re Medina Torres, 200 DPR 610, 628 (2018).
2
3
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En
5
aras
adecuada
a
de
garantizar
los
una
ciudadanos
que
representación
acuden
ante
legal
nuestros
tribunales, el Canon 2 del Código de Ética Profesional, le
exige
a
los
profesionales
del
Derecho
que
practican
en
nuestra jurisdicción “mantener un alto grado de excelencia
y competencia en su profesión a través del estudio y la
participación
en
programas
educativos
de
mejoramiento
profesional”.5
A
tenor con lo
cumplimiento con el
anterior,
deber
y
antes
para
viabilizar
mencionado,
aprobamos
el
el
Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua.6 La
Regla 29 de dicho cuerpo reglamentario requiere que todo
miembro activo de la profesión legal apruebe veinticuatro
(24) horas crédito en cursos de educación jurídica continua
en un lapso de tres (3) años.
En el contexto del incumplimiento con los requisitos
del PEJC, hemos expresado que la desidia y dejadez ante los
requerimientos de dicho programa representan un gasto de
recursos administrativos, como también una patente falta de
compromiso con el
deber
de
excelencia
y
competencia
que
encarna el Canon 2 del Código de Ética Profesional.7 Así
pues,
en
desatienden
requisitos
los
casos
los
de
que
los
requerimientos
educación
abogados
y
del PEJC e
jurídica
continua
las
abogadas
incumplen
conforme
los
a
lo
4 LPRA Ap. IX, C. 2
4 LPRA Ap. XVII-D.
7 In re Cabán Arocho, 198 DPR 1112 (2017); In re López Santos, 194 DPR
960 (2016). Véase, In re Molinary Machado, 203 DPR 1070 (2019).
5
6
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6
dispuesto en el Reglamento del PEJC, supra, este Tribunal
se ha visto obligado a suspenderles indefinidamente.8
A. Canon 9 del Código de Ética Profesional
Por
su
parte,
el
Canon
9
del
Código
de
Ética
Profesional, supra, codifica el mandato ético que obliga a
todo abogado a atender y obedecer las órdenes del Tribunal
y
las
de
cualquier
otro
obligado a comparecer.
foro
ante
el
que
se
encuentre
Particularmente, le impone a los
letrados “el deber de observar para con los tribunales una
conducta que se caracterice por el mayor respeto”.9 Cuando
se trata de procesos disciplinarios, los integrantes de la
profesión legal tienen el deber de responder diligente y
oportunamente a nuestros requerimientos y órdenes.10
Por ello, un abogado que desatiende los requerimientos
realizados en el curso de un procedimiento disciplinario
denota “indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de
respeto y contumacia hacia las autoridades, y revela una
gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro
de la profesión legal”.11
Así, pues, no podemos tomar livianamente la actitud de
indiferencia a la autoridad de este Tribunal. Lo anterior
In re Molinary Machado, supra; In re Cabán Arocho, supra; In re
Rodríguez Gerena, 197 DPR 1093 (2017).
9 In re Torres Rivera, supra.
10 In re Lajara Radinson, 207 DPR 854 (2021); In re Colón Rivera, 206
DPR 1073 (2021).
11
In re Jiménez Meléndez, 198 DPR 453, 457 (2017).
8
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resulta
7
causa
suficiente
para
decretar
la
suspensión
se
desprende
inmediata de cualquier abogado.12
III.
Del
recuento
fáctico
antes
reseñado
que
refleja
palpablemente
una
conducta
desidia
las
órdenes
ante
de
este
indiferencia
Tribunal.
Pese
a
y
las
múltiples oportunidades y prórrogas que este Tribunal le ha
concedido a la licenciada García Cárdenas para cumplir con
los
requerimientos
incumplido
el
del
periodo
PEJC,
al
2018-2021
presente,
y
adeuda
ésta
cien
tiene
dólares
($100.00) en concepto de multa por cumplimiento tardío y
por referido del Programa ante este Foro.
La licenciada García Cárdenas no solo ha incumplido
con los requisitos antes mencionados, sino que, además, ha
desatendido
instancia
las
órdenes
durante
este
de
esta
proceso.
Curia
Tal
en
más
conducta,
de
a
una
todas
luces, demuestra falta de interés para continuar ejerciendo
la profesión legal.
En vista de ello, y considerando que esta no ha dado
fiel cumplimiento a los requerimientos del PEJC ni a lo
ordenado
por
este
Foro,
ordenamos
la
suspensión
de
la
licenciada García Cárdenas del ejercicio de la abogacía de
manera inmediata e indefinida.
12
Íd.
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8
IV.
Consecuentemente, le ordenamos notificar a todos sus
clientes
de
su
inhabilidad
para
continuar
con
su
representación y a devolverles tanto los expedientes de los
casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos
no rendidos. Además, deberá informar inmediatamente de su
suspensión
a
los
distintos
foros
judiciales
y
administrativos en los que tenga algún asunto pendiente y
acreditar
ante
este
Tribunal
el
cumplimiento
con
lo
anterior, incluyendo una lista de los clientes y foros a
quienes le notificó de su suspensión, dentro del término de
treinta (30) días, a partir de la notificación de esta
Opinión
Per
Curiam
hacerlo
pudiera
y
su
conllevar
correspondiente
Sentencia.
No
que
reinstale
al
no
se
le
ejercicio de la abogacía de solicitarlo en el futuro.
Se dictará Sentencia de Conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-12,557
Carmen E. García Cárdenas
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2024.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, decretamos la suspensión indefinida e inmediata
del ejercicio de la abogacía de la Lcda. Carmen E. García
Cárdenas.
A la luz de lo anterior, le imponemos a la letrada el
deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad
de
seguir
representándolos,
devolverles
cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar
oportunamente de su suspensión indefinida a los foros
judiciales
y
administrativos
donde
tenga
asuntos
pendientes. Deberá, además, acreditar y certificarnos el
cumplimiento de estos deberes incluyendo una lista de los
clientes y los foros a quienes le haya notificado de su
suspensión, dentro del término de treinta (30) días, a
partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia. No hacerlo, pudiera conllevar que no se le
reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo en el
futuro.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez no
intervino.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo