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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Sylvia M. Soto Matos

2024 TSPR 91

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Sylvia M. Soto Matos

AB-2023-0270

16 de agosto de 2024 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplimiento con las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2024 TSPR 91

Sylvia M. Soto Matos

(TS-15,955)

Número del Caso:

Fecha:

214 DPR ___

AB-2023-0270

16 de agosto de 2024

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplimiento con

las órdenes del Tribunal Supremo.

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Sylvia M. Soto Matos

AB-2023-0270

(TS-15,955)

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2024.

Nuevamente,

nos

vemos

obligados

a

ejercer

nuestra

facultad disciplinaria sobre otro miembro de la abogacía por

incumplir con los postulados éticos que rigen la gestión de

todos y todas los que practican la profesión legal.

En el día de hoy, intervenimos disciplinariamente con la

Lcda.

Sylvia

M.

Soto

Matos

y

decretamos

su

suspensión

inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y de la

notaría.

Veamos las circunstancias fácticas que sustentan nuestra

determinación.

I.

La Lcda. Sylvia M. Soto Matos (licenciada Soto Matos)

fue admitida al ejercicio de la abogacía el 29 de agosto de

2006 y prestó juramento como notaria el 15 de septiembre del

mismo año.

AB-2023-0270

El

2

proceso

que

mediante

esta

Opinión

Per

Curiam

atendemos tuvo su origen el pasado 23 de octubre de 2023,

cuando la Sra. Andrely M. Ramos Rosario (promovente) presentó

una

Queja

contra

la

licenciada

Soto

Matos

porque

presuntamente ésta última asumió la representación legal del

padre de la promovente en un caso de división de bienes sin

consentimiento alguno. De igual forma, adujo que, en otro

procedimiento,

la

licenciada

Soto

Matos

renunció

a

la

representación de su padre para defender los intereses de

ciertos clientes adversos.

Consecuentemente,

el

9

de

noviembre

de

2023,

la

Subsecretaria de este Tribunal le envió una misiva a la

licenciada Soto Matos en la que le concedió un término de

diez (10) días para que contestara la queja en su contra.

Una

vez

transcurrió

el

plazo

otorgado

sin

que

recibiéramos contestación alguna de la licenciada Soto Matos,

se le volvió a cursar una segunda notificación concediéndole

un término adicional de diez (10) días para que contestara la

queja.

El tiempo otorgado pasó y tampoco recibimos contestación

de la abogada. Por ello, procedimos a emitir una Resolución

el 29 de enero de 2024 en la que le concedimos un término de

diez (10) días para que la licenciada Soto Matos mostrara

causa por la cual no se le debía suspender del ejercicio de

la abogacía por incumplir con los requerimientos de este

Tribunal. Esta orden fue ignorada, por lo que los días 27 de

AB-2023-0270

3

febrero de 2024 y 9 de abril de 2024, emitimos una segunda y

tercera Resolución con la misma orden.

Nuevamente,

la

letrada

hizo

caso

omiso

a

nuestras

órdenes, por lo que el 31 de mayo de 2024 le concedimos un

término final de diez (10) días para que la licenciada Soto

Matos compareciera mostrando causa y contestara la queja.

Dicho plazo transcurrió y aun no hemos recibido contestación

ni expresión alguna por parte de la abogada.

II.

A. Canon 9 del Código de Ética Profesional

Desde el momento preciso en que cada abogado presta

juramento

como

tal

y

es

admitido

a

la

profesión

de

la

abogacía, este se compromete a fijar su conducta íntimamente

a las normas establecidas en el Código de Ética Profesional.1

El propósito de este cuerpo rector recae en “promover el

desempeño

personal

y

profesional

de

los

miembros

de

la

profesión legal de acuerdo con los más altos principios de

conducta decorosa, lo que, a su vez, resulta en beneficio de

la profesión, la ciudadanía y las instituciones de justicia”.2

Así

las

cosas,

el

Canon

9

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, codifica el mandato ético que obliga a

todo abogado a atender y obedecer las órdenes del Tribunal y

las de cualquier otro foro ante el que se encuentre obligado

a comparecer.

1

2

Particularmente, le impone a los letrados “el

4 LPRA Ap. IX.

In re Torres Rivera, 2022 TSPR 107.

AB-2023-0270

4

deber de observar para con los tribunales una conducta que se

caracterice

por

el

mayor

respeto”.3

Cuando

se

trata

de

procesos disciplinarios, los integrantes de la profesión

legal tienen el deber de responder diligente y oportunamente

a nuestros requerimientos y órdenes.4

Por ello, un abogado que desatiende los requerimientos

realizados en el curso de un procedimiento disciplinario

denota “indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de

respeto y contumacia hacia las autoridades, y revela una gran

fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la

profesión legal”.5

Así, pues, no podemos tomar livianamente la actitud de

indiferencia hacia la autoridad de este Tribunal. Lo anterior

resulta

causa

suficiente

para

decretar

la

suspensión

inmediata de cualquier abogado.6

III.

Del recuento fáctico antes reseñado se desprende que la

actitud

de

la

licenciada

Soto

Matos

ha

sido

una

de

indiferencia y desidia ante las múltiples órdenes que ha

emitido este Tribunal para con su persona. A saber, le hemos

otorgado más de cinco (5) oportunidades a la licenciada Soto

Matos para que comparezca y presente la contestación a la

queja

en

su

contra,

pero

no

hemos

obtenido

respuesta.

In re Torres Rivera, supra.

In re Lajara Radinson, 207 DPR 854 (2021); In re Colón Rivera, 206

DPR 1073 (2021).

5 In re Jiménez Meléndez, 198 DPR 453, 457 (2017).

6 Íd.

3

4

AB-2023-0270

5

Lamentablemente, ni contando con el apercibimiento de que su

conducta indolente podría repercutir en su suspensión de la

abogacía, la licenciada Soto Matos se ha dignado a responder

a nuestros requerimientos. Definitivamente la conducta de la

letrada, a todas luces, demuestra falta de interés para

continuar ejerciendo la profesión legal.

En

vista

de

ello,

y

considerando

el

incumplimiento

reiterado con nuestras órdenes, decretamos la suspensión de

la licenciada Soto Matos del ejercicio de la abogacía y de la

notaría de manera inmediata e indefinida.

IV.

Consecuentemente,

clientes

de

su

le

ordenamos

inhabilidad

notificar

para

a

todos

sus

continuar

con

su

representación y a devolverles tanto los expedientes de los

casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos

no rendidos. Además, deberá informar inmediatamente de su

suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos

en los que tenga algún asunto pendiente y acreditar ante este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior, incluyendo una

lista de los clientes y foros a quienes le notificó de su

suspensión, dentro del término de treinta (30) días, contado

a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y su

correspondiente Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que

no se le reinstale al ejercicio de la abogacía de solicitarlo

en el futuro.

AB-2023-0270

6

De igual forma, el Alguacil de este Tribunal deberá

incautar inmediatamente la totalidad de la obra protocolar y

sello notarial de la señora Soto Matos y entregarlos al

Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el

correspondiente

examen

e

informe.

En

virtud

de

esta

suspensión, la fianza que garantiza las funciones notariales

queda automáticamente cancelada. No obstante, la fianza se

considerará buena y válida por tres (3) años después de su

terminación, en cuanto a los actos realizados durante el

periodo en que estuvo vigente.

Se dictará Sentencia de Conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

AB-2023-0270

Sylvia M. Soto Matos

(TS-15,955)

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, decretamos la suspensión indefinida e inmediata

del ejercicio de la abogacía y de la notaría de la Lcda.

Sylvia M. Soto Matos.

A la luz de lo anterior, le imponemos a la letrada el

deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad

de seguir representándolos, devolverles cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar

oportunamente de su suspensión indefinida a los foros

judiciales

y

administrativos

donde

tenga

asuntos

pendientes. Deberá, además, acreditar y certificarnos el

cumplimiento de estos deberes incluyendo una lista de los

clientes y los foros a quienes le haya notificado de su

suspensión, dentro del término de treinta (30) días, a

partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia. No hacerlo, pudiera conllevar que no se le

reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo en

el futuro.

De igual forma, el Alguacil de este Tribunal deberá

incautar inmediatamente la totalidad de la obra protocolar

y sello notarial de la señora Soto Matos y entregarlos al

Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el

correspondiente examen e informe. En virtud de esta

suspensión, la fianza que garantiza las funciones

notariales queda automáticamente cancelada. No obstante,

la fianza se considerará buena y válida por tres (3) años

después de su terminación, en cuanto a los actos realizados

durante el periodo en que estuvo vigente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo