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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo v. Álvarez De Jesús

2024 TSPR 87

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo v. Álvarez De Jesús

CC-2023-0514

12 de agosto de 2024 · Hon. Rafael L. Martínez Torres · Derecho Constitucional y Procedimiento Criminal – Obtención de una muestra de sangre como parte de la investigación de un accidente vehicular no está sujeta a que el Estado informe a la persona registrada sobre su derecho a no consentir, ni la utilización de la prueba toxicológica durante un proceso penal a que le hayan advertido sobre las consecuencias que podía acarrear la toma de la muestra.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2024 TSPR 87

José Miguel Álvarez De Jesús

214 DPR ___

Recurrido

Número del Caso:

Fecha:

CC-2023-0514

12 de agosto de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel II

Oficina del Procurador General:

Hon. Fernando Figueroa Santiago

Procurador General

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández

Subprocuradora General

Lcda. Laura W. Robles Vega

Procuradora General Auxiliar

Representantes legales de la parte recurrida:

Lcdo. Juan G. Martín Meléndez

Lcdo. José V. Figueroa Zayas

Materia: Derecho Constitucional y Procedimiento Criminal –

Obtención de una muestra de sangre como parte de la investigación

de un accidente vehicular no está sujeta a que el Estado informe a

la persona registrada sobre su derecho a no consentir, ni la

utilización de la prueba toxicológica durante un proceso penal a

que le hayan advertido sobre las consecuencias que podía acarrear

la toma de la muestra.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2023-0514

José Miguel Álvarez De Jesús

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2024.

Hoy clarificamos que para obtener muestras de

sangre como parte de la investigación de un accidente

vehicular, las autoridades gubernamentales no tienen

que informar al registrado sobre su derecho a no

consentir. Además, para poder utilizar el examen

toxicológico en un proceso criminal en contra del

registrado,

no

hay

que

advertirle

sobre

las

consecuencias penales que pudiera acarrear la toma de

esa muestra.

I

El 16 de junio de 2021 ocurrió un accidente de

tránsito de carácter fatal en la Carretera

Núm. 172

2

CC-2023-0514

del pueblo de Cidra. Según se desprendió de la investigación

realizada por la Policía de Puerto Rico, el Sr. José Miguel

Álvarez De Jesús, quien conducía un camión Mack, invadió el

carril en dirección contraria e impactó frontalmente a la

guagua Ford Econoline conducida por el Sr. Carlos Ortiz

Varela, quien falleció a consecuencia del incidente.

Producto de este suceso, el Ministerio Público presentó

cuatro denuncias criminales contra el señor Álvarez De Jesús

por entender que, bajo los efectos del alcohol, ocasionó un

accidente de tránsito que resultó en la muerte del señor

Ortiz Varela. En específico, se le imputó negligencia al

conducir, manejar un vehículo de motor bajo los efectos de

bebidas embriagantes, y causar grave daño corporal a un ser

humano por conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol,

en violación de los artículos 5.07, 7.02 y 7.06 de la Ley

Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida

como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA

secs. 5127, 5202 y 5206, respectivamente.

Luego de varios trámites procesales, que incluyeron la

presentación de los pliegos acusatorios por los delitos

anteriores, el acusado presentó una Moción de Supresión de

Evidencia.

En

ella

solicitó:

(1)

que

se

excluyera

el

resultado de una prueba de alcohol que se le realizó en la

fecha del accidente, la cual arrojó un .18% de alcohol por

volumen en su sangre, y que (2) se suprimieran ciertas

admisiones que emitió el día siguiente al accidente. En su

escrito,

adujo

que

ambas

piezas

evidenciarias

fueron

3

CC-2023-0514

obtenidas a través de un procedimiento que violó sus derechos

constitucionales. En lo aquí pertinente, manifestó que la

prueba de sangre fue producto de un registro ilegal, pues

fue tomada sin que mediara una orden judicial previa.

En respuesta, el Ministerio Público presentó una Moción

en Oposición a Supresión de Evidencia y Confesión. Arguyó

que el recurrido consintió voluntariamente al análisis de

alcohol, por lo que no fue necesario obtener una orden

judicial. Además, señaló que previo a la extracción de

sangre,

el

policía

encargado

de

la

investigación

del

accidente le hizo las debidas advertencias de ley.

Para

atender

este

asunto,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia celebró una vista de supresión de evidencia. En

ella, testificaron el Agte. Joel González González, el Sgto.

Gabriel Cruz Díaz y el enfermero Sr. Kelvin Cruz Romero.

En primer lugar, el agente González González testificó

que fue una llamada telefónica la que alertó a la Policía de

Puerto Rico sobre el accidente de tránsito ocurrido. Tras la

llamada, el oficial indicó que se trasladó al lugar de los

hechos para investigar la situación. Sostuvo que, por la

posición de los vehículos, era evidente que el camión Mack

conducido por el acusado invadió el carril contrario y que

fue él quien causó el impacto que provocó la muerte del señor

Ortiz Varela. En su testimonio, el agente verbalizó que

cuando llegó a la escena, el acusado señor Álvarez De Jesús

no se encontraba en el lugar, pues se había dirigido al

Hospital Menonita de Cidra.

4

CC-2023-0514

Por su parte, el sargento Cruz Díaz testificó que luego

de conocer que el responsable del choque se encontraba en el

Hospital Menonita de Cidra, se trasladó a ese lugar para

continuar

con

la

investigación.

Al

llegar

al

hospital,

indagó sobre el paradero de una persona involucrada en un

accidente vehicular. Un médico señaló al señor Álvarez De

Jesús. El sargento narró que este se encontraba consciente

y tranquilo. Le preguntó si había estado involucrado en el

choque, a lo que el señor Álvarez De Jesús contestó que sí.

Acto seguido, el sargento se identificó como miembro de la

policía, le solicitó información de lo sucedido y, como parte

del protocolo de accidentes fatales, le indicó que tenía que

hacerle una prueba de índice de alcohol en la sangre. Afirmó

que el señor Álvarez De Jesús voluntariamente le dijo que no

tenía problema con que le tomara la muestra de sangre.

Entonces,

el

sargento

le

leyó

las

advertencias

de

embriaguez. A preguntas de la defensa, el sargento admitió

que el señor Álvarez De Jesús no mostró características

comunes

de

una

persona

que

había

ingerido

bebidas

alcohólicas, como ojos rojizos o un fuerte olor a licor.

Recalcó que este le dijo que no tenía inconvenientes con

hacerse la prueba, pero se negó a firmar cualquier tipo de

documento, como el de las advertencias, a menos que estuviese

un abogado a su lado.

Por último, el enfermero Cruz Romero testificó que el

17 de junio de 2021, a las 12:46 a.m., le tomó la muestra de

5

CC-2023-0514

sangre al señor Álvarez De Jesús y que esta arrojó un .18%

de alcohol por volumen de sangre.

Luego de escuchar esos testimonios, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una Resolución en la cual: (a)

sostuvo la admisibilidad de las admisiones realizadas por el

señor Álvarez De Jesús1, y (b) suprimió el resultado de la

prueba de sangre.

El

foro

primario

suprimió

el

análisis

toxicológico

porque, si bien la prueba de sangre fue provista por el

recurrido de forma voluntaria y libre de toda coacción, en

ningún momento se le apercibió de que el Estado pretendía

obtener evidencia para su posible encausamiento criminal.

Además, conforme a los testimonios vertidos, entendió que no

hubo motivos fundados para creer que el señor Álvarez De

Jesús

estaba

conduciendo

bajo

los

efectos

de

bebidas

alcohólicas, ya que al momento de someterse a la prueba de

sangre no evidenciaba conducta o apariencia característica

de una persona embriagada. El tribunal también cuestionó el

valor

de

la

prueba

debido

a

que

el

Estado

no

desfiló

evidencia que indicara a qué hora el acusado salió de la

En la Declaración de Persona Sospechosa el señor Álvarez De Jesús

expresó:

Salí de trabajar a eso de las 5:00 p.m. de la [C]arr 173 de [A]guas

[B]uenas un compañero se le rompió el cami[ó]n y lo ayud[é] en ese

momento me tom[é] un par de cervezas. Sal[í] del lugar rumbo a mi casa

en [C]idra y subiendo la 172 trat[é] de e[s]quivar un (roto) frente a

la luz de Berríos[,] en ese momento miro por el retrovisor y cuando miro

hacia delante sent[í] el impacto. Alcanc[é] a controlar el veh[í]culo

rápidamente y trat[é] de brindarle ayuda al otro conductor pero se me

hizo difícil ya que el veh[í]culo estaba muy doblado y no pude abri[r]

la puerta para ayudarlo. Llegaro[n] varias personas y me trataron de

ayuda[r] a abrir la puerta pero no pudimos. Cuando me baj[ó] la

adrenalina[,] las piernas se me durmiero[n] ca[y]endo al piso me

ayudaro[n] a salir de la v[í]a y me mandaron hacia el Hospital de Cidra

donde me atendiero[n] r[á]pidamente.

1

6

CC-2023-0514

escena, ni a qué hora llegó al Hospital Menonita de Cidra,

y qué, si algo, había hecho el acusado mientras se trasladaba

a la clínica.

Basándose en lo antedicho, el tribunal determinó que al

obtenerse la muestra de sangre se llevó a cabo una renuncia

al derecho a la no autoincriminación sin conocimiento del

derecho abandonado y sin saber las consecuencias de esa

decisión, de forma contraria al ordenamiento jurídico.

Tras una solicitud de reconsideración que fue declarada

no ha lugar, el Ministerio Público presentó una petición de

certiorari

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones.

En

dicha

petición esbozó que el Tribunal de Primera Instancia erró al

suprimir el resultado de la prueba de sangre, sobre todo

después de concluir que el señor Álvarez De Jesús consintió

voluntariamente a que se la tomaran. El acusado, por su

parte,

presentó

su

oposición

en

la

que

arguyó

que

el

Ministerio Público no estableció que la renuncia al derecho

fue consciente e inteligente, razón por la cual debió ser

suprimida la pieza evidenciaria.

El Tribunal de Apelaciones evaluó la controversia y

entendió que el foro de instancia no incurrió en error o

abuso de discreción cuando sentenció que el señor Álvarez De

Jesús

no

consintió

de

manera

inteligente

al

mencionado

registro. Por ello, denegó la expedición del auto, así como

la subsiguiente moción de reconsideración.

Inconforme, el Estado acudió ante nos. Señaló que el

Tribunal de Apelaciones se equivocó al suprimir el examen

7

CC-2023-0514

toxicológico aunque el señor Álvarez De Jesús consintió

libre y voluntariamente a realizárselo.

En riposta, el acusado también compareció ante este

Tribunal y expuso que, aun cuando el derecho contra registros

irrazonables

es

renunciable,

tal

renuncia

solamente

es

válida cuando se produce de forma voluntaria, consciente e

inteligente. Sostuvo que el Demerol que le fue suministrado

en el Hospital pudo haber disminuido su capacidad para

consentir. De igual modo, aseveró que el Ministerio Público

no tenía motivos fundados para solicitar la prueba de sangre.

En atención a estos puntos, defendió que la supresión de la

muestra de sangre debía sostenerse.

Expedido el auto de certiorari, y con el beneficio de

la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A. La protección contra registros y allanamientos

irrazonables

Tanto

la

Constitución

de

Puerto

Rico

como

la

Constitución de Estados Unidos contienen disposiciones que

protegen a los ciudadanos contra registros y allanamientos

irrazonables que lleve a cabo el Estado en los hogares,

vehículos, efectos personales o cualquier propiedad o lugar

en el que el ciudadano tenga una expectativa razonable a la

intimidad. Pueblo v. López Colón, 200 DPR 273, 283 (2018).

Esta

protección

es

considerada

como

una

de

las

más

importantes libertades establecidas por la Carta de Derechos

de la Constitución de Estados Unidos. Véase, P.A. Hubbart,

Making Sense of Search and Seizure Law, A Fourth Amendment

CC-2023-0514

8

Handbook, 2nda ed., Ed. Carolina Academic Press, Carolina

del Norte, 2015, pág. 5.

En sí, este derecho emana de la Cuarta Enmienda de la

Constitución federal, que estipula:

No se violará el derecho del pueblo a la seguridad

de

sus

personas,

hogares,

documentos

y

pertenencias, contra registros y allanamientos

irrazonables, y no se expedirá ningún mandamiento,

sino [en] virtud de causa probable, apoyado por

juramento o promesa, y que describa en detalle el

lugar que ha de ser allanado, y las personas o

cosas que han de ser detenidas o incautadas. Emda.

IV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.

Por su parte, el texto de la Constitución de Puerto

Rico refleja una protección más amplia que la precitada

homóloga federal. Pueblo v. Rolón Rodríguez, 193 DPR 166,

175 (2015). A esos efectos, la Sec. 10 del Art. II de la

Constitución de Puerto Rico establece lo siguiente:

No se violará el derecho del pueblo a la protección

de sus personas, casas, papeles y efectos contra

registros,

incautaciones

y

allanamientos

irrazonables.

No se interceptará la comunicación telefónica.

Sólo

se

expedirán

mandamientos

autorizando

registros, allanamientos o arrestos por autoridad

judicial, y ello únicamente cuando exista causa

probable apoyada en juramento o afirmación,

describiendo

particularmente

el

lugar

a

registrarse, y las personas a detenerse o las cosas

a ocuparse.

Evidencia obtenida en violación de esta sección

será inadmisible en los tribunales. Art. II, Sec.

10, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

A ambas cláusulas constitucionales se les reconoce como

la “matriz de la garantía de los derechos individuales ante

la intervención injustificada del Estado con el ciudadano”.

Pueblo v. Salamanca Corchado, 210 DPR 592, 591 (2022); Pueblo

9

CC-2023-0514

v. Nieves Vives, 188 DPR 1, 12 (2013). Históricamente, en

Puerto

Rico

esta

garantía

ha

perseguido

tres

objetivos

principales: (1) proteger la intimidad y dignidad de los

seres

humanos,

(2)

amparar

sus

documentos

y

otras

pertenencias, e (3) interponer la figura de un juez entre

los funcionarios públicos y la ciudadanía para ofrecer mayor

garantía de razonabilidad en la intrusión. Pueblo v. Rolón

Rodríguez, supra, pág. 175; Pueblo v. Soto Soto, 168 DPR 46,

53 (2006); ELA v. Coca-Cola Bott. Co., 115 DPR 197, 207

(1984).

Como podemos apreciar, las mencionadas disposiciones

constitucionales

derechos

están

reconocidos

en

intrínsecamente

nuestro

atadas

a

ordenamiento,

otros

como

la

inviolabilidad de la dignidad del ser humano y el derecho a

la intimidad. Pueblo v. Rolón Rodríguez, supra, pág. 175.

Si bien el Estado tiene un deber de combatir y prevenir

la criminalidad, la Constitución de Puerto Rico establece

los parámetros mínimos que tienen que seguir los agentes del

gobierno al momento de realizar un registro contra cualquier

persona, a fin de armonizar la seguridad estatal y los

derechos de todos los ciudadanos. Íd., pág. 175. Estos

parámetros

contienen

exigencias

de

índole

sustantiva

y

procesal. Por ejemplo, el requisito de causa probable y la

razonabilidad

de

la

intrusión

figuran

como

exigencias

sustantivas. Íd., págs. 177-178. En cambio, la necesidad de

que la causa probable esté basada en juramento o afirmación,

la

exigencia

de

una

orden

que

incluya

una

descripción

10

CC-2023-0514

detallada del lugar, los objetos o las personas a ser

registrados, así como el requerir la interposición de un

magistrado, responden a consideraciones de índole procesal.

Íd.

Si

los

agentes

del

Estado

obtienen

evidencia

en

violación a estas exigencias, lo recopilado será inadmisible

en los tribunales. Art. II, Sec. 10, Const. PR, LPRA, Tomo

1; Pueblo v. Rivera Surita, 202 DPR 800, 806 (2019).

B. Supresión de evidencia producto de un registro o

allanamiento irrazonable

La regla de exclusión consagrada en la Sec. 10 del Art.

II de la Constitución de Puerto Rico persigue, en primer

lugar, disuadir y desalentar a los funcionarios del orden

público de violar la protección constitucional. Toll v.

Adorno Medina, 130 DPR 352, 358 (1992). Además, busca evitar

que el Estado se beneficie de sus propios actos ilegales al

momento de encausar criminalmente a un ciudadano. Pueblo v.

Nieves Vives, supra, pág. 23. La regla, por lo tanto, protege

la integridad de los tribunales al no permitir que en los

procesos judiciales se utilice evidencia que fue obtenida

ilegalmente por apartarse de los requisitos constitucionales

y estatutarios que deben observarse al expedir y diligenciar

una orden de allanamiento. Pueblo v. Rolón Rodríguez, supra,

págs. 181-182; Pueblo v. Rivera Surita, supra, pág. 806; E.

L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, págs. 284–

285.

11

CC-2023-0514

En nuestro ordenamiento procesal penal, la Regla 234 de

Procedimiento

Criminal,

34

LPRA

Ap.

II,

instrumenta

el

mandato constitucional de excluir la evidencia ilegalmente

obtenida.

Pueblo

v.

Rolón

Rodríguez,

supra,

pág.

182.

Mediante el mecanismo provisto en esa regla, una persona

agraviada

por

un

allanamiento

solicitar

la

supresión

de

o

la

registro

ilegal

podrá

evidencia

obtenida

por

cualquiera de los fundamentos expuestos a continuación:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin

orden

de allanamiento o registro.

Que la orden de allanamiento o registro es

insuficiente de su propia faz.

Que la propiedad ocupada o la persona o sitio

registrado no corresponde a la descripción

hecha en la orden de allanamiento o registro.

Que no había causa probable para creer en la

existencia de los fundamentos en que se basó

la orden de allanamiento o registro.

Que la orden de allanamiento fue librada o

cumplimentada ilegalmente.

Que es insuficiente cualquier declaración

jurada que sirvió de base a la expedición de

la orden de allanamiento porque lo afirmado

bajo juramento en la declaración es falso,

total

o

parcialmente.

Regla

234

de

Procedimiento Criminal, supra.

A través de ella, se provee un remedio efectivo para

vindicar

posibles

violaciones

al

mandato

constitucional

contra registros y allanamientos irrazonables. Pueblo v.

Rolón Rodríguez, supra, págs. 181-182. Reiteradamente hemos

determinado que una moción de supresión de evidencia al

amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal no debe

conformarse con meramente aludir al inciso aplicable, sino

que

el

promovente

deberá

expresar

con

especificidad

y

precisión los hechos en los que se basa y justifica su

petición. Pueblo v. Rolón Rodríguez, supra, pág. 182; Pueblo

12

CC-2023-0514

v. Serrano Reyes, 176 DPR 437 (2009); Pueblo v. Hernández

González, 175 DPR 274, 311 (2009).

C. Orden

judicial

como

salvaguardar

la

razonabilidad

allanamientos

regla

general

para

de

los

registros

y

Desde hace muchos años el Tribunal Supremo federal

reconoció que el propósito principal de la Cuarta Enmienda

es “salvaguardar la intimidad y seguridad de los individuos

contra

las

invasiones

arbitrarias

de

los

oficiales

gubernamentales”. (Traducción nuestra). Camara v. Municipal

Court of City and County of San Francisco, 387 U.S. 523, 528

(1967).

(“[T]o

individuals

safeguard

against

the

arbitrary

privacy

and

invasions

by

security

of

governmental

officials”). El máximo foro judicial federal entendió que al

evaluar las actuaciones de los agentes del Estado a la luz

de esta prerrogativa, lo medular es la razonabilidad de sus

acciones. Así, “la Cuarta Enmienda no prohíbe todos los

registros y allanamientos iniciados por el Estado; meramente

prohíbe

aquellos

que

son

irrazonables”.

(Traducción

nuestra). Florida v. Jimeno, 500 U.S. 248, 251 (1991). (“The

Fourth Amendment does not proscribe all state-initiated

searches and seizures; it merely proscribes those which are

unreasonable”). (Negrillas suplidas). En sintonía, en Puerto

Rico entendimos que esta necesidad obedece a la política

pública constitucional de defender la dignidad e intimidad

de

las

personas

frente

a

actuaciones

arbitrarias

del

gobierno. Pueblo v. Salamanca Corchado, supra, pág. 591;

Pueblo v. Nieves Vives, supra, pág. 12.

13

CC-2023-0514

La importancia de salvaguardar la razonabilidad en este

tipo de intervenciones del Estado es de tal magnitud que,

como

norma

general,

se

prohíben

los

registros

y

allanamientos sin una orden judicial previa apoyada en una

determinación

de

causa

probable.

Pueblo

v.

Salamanca

Corchado, supra, pág. 591; Pueblo v. López Colón, supra,

pág. 284; Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 928 (2013). Por

eso, un registro efectuado sin mediar una orden judicial

activa una presunción de que fue irrazonable e inválido.

Pueblo v. López Colón, supra, pág. 284; Pueblo v. Báez López,

supra, pág. 930. En estos casos, para poder utilizar la

evidencia recopilada, el Ministerio Público viene obligado

a

rebatir

la

presunción

de

existencia

de

circunstancias

invalidez

al

excepcionales

demostrar

que

la

hicieron

innecesaria la obtención de la orden y que, por lo tanto, el

registro fue legal y razonable. Schneckloth v. Bustamonte,

412 U.S. 218, 219 (1973); Pueblo v. López Colón, supra, pág.

288; Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618, 632–633 (1999).

Algunas de estas excepciones a la norma general de que

la policía no puede efectuar un registro sin orden judicial

son: (1) un registro incidental a un arresto legal; (2) un

registro

consentido

voluntariamente

de

forma

expresa

o

implícita; (3) un registro en situación de emergencia; (4)

evidencia ocupada en el transcurso de una persecución; (5)

evidencia a plena vista; (6) cuando el agente del orden

público obtiene conocimiento de la existencia del material

delictivo a través del olfato; (7) evidencia arrojada o

14

CC-2023-0514

abandonada; (8) un registro o allanamiento de una estructura

abandonada;

(9)

evidencia

obtenida

durante

un

registro

administrativo, siempre que se cumpla con las limitaciones

expresadas en Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, 176

DPR 454, 463-464 (2009); (10) un registro tipo inventario,

o (11) una evidencia obtenida en un lugar público como

resultado de la utilización de canes para olfatear. Pueblo

v. López Colón, supra, pág. 288; Pueblo v. Báez López, supra,

págs. 930-931.

Pueblo en interés menor N.O.R., 136 DPR 949,

961 (1994); Pueblo v. Falú Martínez, 116 DPR 828, 839 (1986).

Claro

está,

automática

la

y

aplicación

debe

de

examinarse

estas

excepciones

no

a

luz

hechos

la

de

los

es

específicos de cada caso. Pueblo v. López Colón, supra, pág.

288; Pueblo v. Báez López, supra, pág. 930.

D. El consentimiento como excepción a la norma

general de que la policía no puede efectuar un registro

sin orden judicial previa.

Como mencionamos en el apartado anterior, es norma

conocida que el hecho de que un objeto haya sido incautado

sin la orden previa de un tribunal, por sí solo, no conlleva

su inadmisibilidad como evidencia obtenida. Pueblo v. Báez

López, supra, pág. 930. Esto es así pues el Estado puede

demostrar circunstancias particulares que justificaron la

intervención policial sin la referida orden, constituyéndose

así alguna de las excepciones a la norma general. Íd. Una de

las excepciones reconocidas al derecho contra registros y

allanamientos

irrazonables

ocurre

cuando

media

el

consentimiento directo o indirecto para el registro. Pueblo

15

CC-2023-0514

v. Miranda Alvarado, 143 DPR 356, 364 (1997); Pueblo en

interés menor N.O.R., supra, págs. 965-966; Pueblo v. Falú

Martínez, supra, pág. 839. En ese sentido, la jurisprudencia

federal nos indica: “It is equally well settled that one of

the specifically established exceptions to the requirements

of both a warrant and probable cause is a search that is

conducted pursuant to consent”. Schneckloth v. Bustamonte,

supra, pág. 219. Por ello, se acepta que puede solicitarse

el consentimiento para registrar sin existir evidencia de

causa probable o motivos fundados, ya que esto provee un

mecanismo de pronta exoneración a aquellas personas sobre

las cuales se ha sospechado erróneamente. Pueblo v. Acevedo

Escobar, 112 DPR 770, 777 (1982).

Debemos recordar que, en el caso de los registros y

allanamientos

irrazonables,

como

constitucional,

el

derecho

titular

del

toda

puede

protección

renunciar

válidamente a este. Pueblo v. López Colón, supra, págs. 288289; Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 364; Pueblo v.

Castro Rosario, 125 DPR 164, 170 (1990). Claro está, para

que esta renuncia sea válida, debe ser voluntaria y prestada

por quien tenga autoridad para ello. Pueblo v. López Colón,

supra, págs. 288-289; Pueblo v. Miranda Alvarado, supra,

pág. 364; Pueblo en interés menor N.O.R., supra, pág. 964.

A esos efectos, el Prof. Ernesto L. Chiesa Aponte ha

manifestado que si una persona accede a un registro contra

el cual tenía alguna protección constitucional a su favor,

por medio de su consentimiento renuncia a la protección y

16

CC-2023-0514

queda

así

validada

la

actuación

gubernamental.

Chiesa

Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados

Unidos, op. cit., pág. 424. El efecto concreto de este suceso

es que no progresaría una moción de supresión de evidencia

con relación a una incautación producto de un registro

consentido.

Íd.

“Por

supuesto,

la

renuncia

debe

ser

voluntaria[,] es decir, sin coacción física o mental, por

parte de las autoridades”. Íd.

Respecto a las razones para avalar el consentimiento

como una excepción a la norma general de requerir una orden

de registro, en U.S. v. Drayton, 536 U.S. 194, 207 (2002),

se reconoció:

In a society based on law, the concept of agreement

and consent should be given a weight and dignity

of its own. Police officers act in full accord

with the law when they ask citizens for consent.

It reinforces the rule of law for the citizen to

advise the police of his or her wishes and for the

police to act in reliance on that understanding.

When this exchange takes place, it dispels

inferences of coercion.

Además, el Tribunal no ve con buenos ojos una moción de

supresión de evidencia tras un registro consentido debido a

que el fundamento principal de esta regla de exclusión es el

elemento

disuasivo

(“deterrence”)

que

desalienta

a

los

agentes del gobierno de obtener evidencia reñida con la

protección constitucional. Es importante tener en cuenta

este

fundamento

pues,

en

el

contexto

de

un

registro

consentido, voluntario y libre de toda coacción, nuestro

ordenamiento constitucional no reconoce protección y, por

ende, no cabría hablar de funcionarios del orden público a

17

CC-2023-0514

quienes

hay

contrarias

que

al

Procedimiento

desanimar

de

orden

público.

criminal

y

la

incurrir

en

conductas

Chiesa

Aponte,

Constitución:

Etapa

Véase,

Investigativa, San Juan, Eds. Situm, 2017, págs. 253-254;

418-432. “Si la aplicación de la regla de exclusión no tiene

valor disuasivo en determinado contexto, cabe defender la

inaplicabilidad de la misma”. Íd., pág. 253.

La renuncia a este derecho puede ser expresa o implícita

(tácita). Pueblo en interés menor N.O.R., supra, pág. 965;

Pueblo v. López Colón, supra, pág. 289. Por ejemplo, una

forma en la cual se puede prestar el consentimiento de forma

tácita es cuando una persona obedece sin protestar al pedido

del funcionario público. Pueblo en interés menor N.O.R.,

supra, pág. 965. Para determinar la validez de la abdicación,

ya sea esta expresa o tácita, se considerarán los factores

siguientes: (1) si medió fuerza o violencia en su obtención;

(2) si el registro se efectuó después de un arresto, y (3)

si se encontraban presentes otras personas. Pueblo v. López

Colón, supra, pág. 289; Pueblo v. Miranda Alvarado, supra,

pág. 364.

Ahora bien, desde el 1994 cuando resolvimos Pueblo en

interés menor N.O.R., supra, dejamos meridianamente claro

que para sostener la validez de un registro consentido no se

requiere demostrar que el titular del derecho era consciente

de su derecho a no consentir.

E. La validez del registro consentido no depende del

conocimiento previo del derecho a no consentir

18

CC-2023-0514

En 1973, el Tribunal Supremo de Estados Unidos atendió

en Schneckloth v. Bustamonte, supra, una interrogante muy

parecida a la que hoy nos ocupa. En esa ocasión, un agente

del orden público le preguntó a un ciudadano si podía

registrar su vehículo, a lo que el ciudadano contestó: “sure,

go ahead”. Íd., pág. 220.

El registro produjo evidencia

incriminatoria que el acusado trató de suprimir bajo el

argumento de que no se le advirtió de su derecho a no

consentir. Plasmada la controversia, el Tribunal Supremo

federal dictaminó que no se violó la Cuarta Enmienda por el

hecho de que la pesquisa se realizó sin que el individuo

tuviera conocimiento de que se podía negar al registro y

aunque el policía no se lo hubiere advertido. Íd., págs.

231-234.

En palabras más sencillas, para renunciar a este derecho

no se exige conocimiento previo del mismo; solo se necesita

un gesto de voluntariedad, ausencia de coacción física o

psicológica, considerada la totalidad de las circunstancias.

Íd., págs. 248-249. Esto es así ya que el derecho aquí en

cuestión no es uno vinculado a las garantías dirigidas a

garantizar un juicio justo. Íd., págs.

Rico

adoptamos

directamente

este

236-238. En Puerto

análisis

en

Pueblo

en

interés menor N.O.R., supra, por lo que no hay “factura más

ancha” al amparo de la Sec. 10 de la Carta de Derechos de la

Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 10, Const. PR,

supra.

Chiesa

Aponte,

Procedimiento

criminal

y

la

Constitución: Etapa Investigativa, op. cit., pág. 421. El

19

CC-2023-0514

registro por consentimiento se rige por las mismas normas

tanto en el ordenamiento constitucional local como en el

federal. Íd., pág. 432.

Al examinar la totalidad de las circunstancias que

rodearon

la

voluntariedad

prestar

especial

del

consideración

consentimiento,

a

las

debemos

características

personales de quien consiente y al ambiente en el cual se

otorga. Pueblo v. López Colón, supra, pág. 289. Sobre el

ambiente, habría que considerar si al momento de consentir

la persona se encontraba en un lugar público o aislado, si

fue intimidado, amenazado o maltratado por la Policía, o si

descansó en representaciones falsas de los agentes del orden

público.

Íd.

personales

a

Por

otro

evaluar

lado,

entre

las

características

se

encuentran:(1)

edad;

(2)

inteligencia promedio; (3) nivel de educación; (4) si la

persona estaba intoxicada o bajo la influencia de drogas al

momento de prestar el consentimiento; (5) si la persona

consintió luego de ser informada de su derecho de rehusarse

a consentir o habérsele dado las advertencias “Miranda”, y

(6) si tenía conocimiento de las protecciones que provee el

sistema legal a los sospechosos de un delito, por haber sido

arrestado anteriormente. Íd., págs. 289-290; Schneckloth v.

Bustamonte, supra, pág. 226; Pueblo v. Santiago Alicea I,

138 DPR 230, 256 (1995). Por último, el conocimiento del

derecho a no consentir es un factor que el tribunal puede

tomar en cuenta al evaluar la voluntariedad de la renuncia,

CC-2023-0514

20

pero no es elemento necesario para determinar su validez.

Schneckloth v. Bustamonte, supra, pág. 249.

F. Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico

En lo que respecta al consentimiento, el Art. 7.09 de

la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como la Ley

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, dispone:

[…].

(c) Se considerará que toda persona que transite

por las vías públicas de Puerto Rico conduciendo

un vehículo, un vehículo de motor, un vehículo

pesado de motor o un vehículo todo terreno habrá

prestado su consentimiento para someterse a la

prueba de campo estandarizada de sobriedad

(Standard Field Sobriety Test) así como al

análisis químico o físico de su sangre, o de su

aliento o de cualquier sustancia de su cuerpo,

para los fines que se expresan en este Capítulo.

[…].

[…].

(e) Además de lo dispuesto en el inciso (c) de

este Artículo, cualquier agente del orden público

podrá requerirle a cualquier persona que esté

conduciendo o haciendo funcionar un vehículo de

motor que se someta a cualquiera de las pruebas

iniciales, ya sea la prueba de campo estandarizada

de sobriedad (Standard Field Sobriety Test) y/o la

prueba de aliento y/o cualquier otra prueba

establecida. Estas pruebas serán practicadas en el

lugar

de

la

detención,

salvo

que

por

circunstancias de seguridad no se pueda realizar

en el lugar de la detención, en cuyo caso se podrá

realizar en un lugar cercano a la detención y/o en

el cuartel más cercano, si dicho agente: (1) Tiene

motivo fundado para sospechar que la persona ha

ingerido alcohol o ha utilizado sustancias

controladas; o (2) Si ocurre un accidente y la

persona se hallaba conduciendo uno de los

vehículos involucrados en el accidente. (Negrillas

suplidas). 9 LPRA sec. 5209.

Con este marco jurídico en mente, pasemos ahora a

disponer de la controversia.

21

CC-2023-0514

III

En el recurso ante nuestra consideración, el Ministerio

Público sostuvo que los foros hermanos erraron al suprimir

—bajo supuesta protección contra registros y allanamientos—

la muestra de sangre que el señor Álvarez De Jesús consintió

a dar de manera libre y voluntaria. Le asiste la razón al

Estado.

Para comenzar a realizar este ejercicio analítico, la

primera interrogante que debemos atender es si la muestra de

sangre obtenida del señor Álvarez De Jesús constituyó un

registro que, por haberse efectuado sin orden judicial,

activa una presunción de invalidez. La contestación es que

sí. Tanto la jurisprudencia local como la federal reconocen

que la toma de sangre a un sujeto por parte de la Policía

constituye un registro que amerita protección.

Específicamente,

la

garantía

constitucional

contra

registros irrazonables aplica en toda su extensión cuando el

Estado pretende someter a un ciudadano a una prueba de sangre

para conocer el porcentaje de alcohol en su sistema con el

fin de utilizar el resultado en una investigación criminal.

Birchfield

v.

North

Dakota,

579

U.S.

438,

455

(2016);

Missouri v. McNeely, 569 U.S. 141, 148 (2013); Pueblo v.

Falú Martínez, supra, pág. 838. Esto se debe a que la toma

de sangre constituye una intromisión física a la intimidad

personal. Missouri v. McNeely, supra, pág. 148.

“Por constituir dicha intervención un registro, está

sujeta al requisito de orden judicial”. Pueblo v. Falú

22

CC-2023-0514

Martínez, supra, pág. 838. Empero, en la sección anterior

discutimos

que

existen

ciertas

excepciones

a

la

norma

general de que el Estado no puede efectuar un registro sin

orden judicial, entre las que se encuentra el registro

consentido

voluntariamente.

Pueblo

v.

Miranda

Alvarado,

supra, pág. 364. Y es que, si una persona consiente a un

registro contra el cual tenía algún tipo de protección, la

renuncia y no progresaría la supresión de la evidencia

obtenida. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto

Rico y Estados Unidos, op. cit., pág. 424. El caso a seguir

es Pueblo v. Falú Martínez, supra, en donde se admitió que

una extracción de sangre es un registro que activa la

protección contra registros irrazonables, pero se resolvió

que la misma fue válida porque el acusado consintió.

Ante este panorama, debemos considerar si el registro

realizado al señor Álvarez De Jesús se produjo tras obtener

válidamente su consentimiento para llevarlo a cabo. Sobre

este particular, el Tribunal de Primera Instancia determinó

lo siguiente:

Como indicamos, el acusado se sometió a la prueba

de sangre voluntariamente y en ningún momento

objetó o expuso reparo a dar la muestra. Tampoco

encontramos en la evidencia que [se] sustente una

determinación [de] que el acusado haya sido

coaccionado/intimidado /amenazado o sometido a

fuerza o violencia. Somos del criterio que no se

ha presentado evidencia de coacción de clase

alguna, ya sea directa o indirecta, por lo que la

muestra fue provista por el acusado fue [sic] de

forma voluntaria. Resolución, pág. 3; Apéndice del

certiorari, pág. 62.

A los ojos del foro primario, quien de primera mano

tuvo ante sí la totalidad de la evidencia presentada en este

23

CC-2023-0514

caso, el señor Álvarez De Jesús brindó la muestra de sangre

voluntariamente. La prueba demostró que no objetó ni expresó

reparo cuando el oficial del orden público le informó que

deseaba realizar el registro físico. A los ojos del Tribunal

de Primera Instancia, el acusado no fue en ningún momento,

directa o indirectamente, coaccionado, intimidado, amenazado

o sometido a consentir a la prueba de sangre por fuerza o

violencia.

Esta conclusión merece deferencia de nuestra parte, ya

que los juzgadores de primera instancia están en mejor

posición que los jueces revisores al momento de apreciar y

aquilatar este tipo de evidencia. Pueblo v. García Colón I,

182 DPR 129, 174 (2011). El Tribunal de Primera Instancia

consideró la totalidad de las circunstancias que rodearon la

voluntariedad del consentimiento y los parámetros que hemos

reconocido jurisprudencialmente para evaluar la validez de

una renuncia de este tipo.

Ante

estas

circunstancias,

queda

claro

que

el

Ministerio Público logró rebatir la presunción de invalidez

que se originó al efectuar el registro sin orden judicial.

El consentimiento voluntariamente ofrecido hizo innecesaria

la obtención de la orden y, por lo tanto, el registro fue

legal y razonable. Como sintetiza el profesor Chiesa, lo que

“se requiere es que la renuncia sea voluntaria sin coacción

a la luz de las circunstancias de la situación. No se exige

que

la

persona

tenga

conocimiento

del

derecho

al

cual

renuncia ni que el agente del gobierno que solicita el

24

CC-2023-0514

consentimiento para el registro le advierta a la persona

sobre tal derecho”. Chiesa Aponte, Procedimiento criminal y

la Constitución: Etapa Investigativa, op. cit., págs. 418419.

A pesar de esto, el Tribunal de Primera Instancia

suprimió la prueba de sangre y su resultado, por entender

que el registro se hizo sin pleno conocimiento del derecho

abandonado y sin conocer las consecuencias de esa decisión.

Enfatizó que al señor Álvarez De Jesús en ningún momento se

le apercibió que el Estado buscaba obtener evidencia para su

posible encausamiento criminal.

Esta determinación del foro primario se aparta de lo

estipulado por el ordenamiento jurídico dado que un registro

consentido voluntariamente es válido, aunque la persona no

tenga conocimiento de su derecho a no consentir. Pueblo en

interés menor N.O.R., supra, pág. 966. Por esta razón,

cometió un error el Tribunal de Primera Instancia al suprimir

la pieza evidenciaria bajo el pretexto de que el policía no

le advirtió sobre los procesos a los cuáles se podría

enfrentar por su conducta ni que podía negarse al registro.

En el campo de los registros y allanamientos, los agentes

del orden público no están obligados a advertirle a los

ciudadanos

sobre

estos

particulares.

Schneckloth

v.

Bustamonte, supra, págs. 231-234. Como mencionamos, el señor

Álvarez De Jesús —voluntariamente y sin presentar objeción—

accedió a la muestra de sangre. En la medida en que él es la

persona autorizada para prestar esa autorización y que en su

25

CC-2023-0514

obtención no medió coacción, no puede progresar una moción

de supresión sobre el producto incautado en el registro

consentido.

Al parecer los foros inferiores confundieron el derecho

constitucional contra registros y allanamientos irrazonables

con la protección constitucional a la no autoincriminación.

Para

que

un

ciudadano

renuncie

a

la

protección

de

no

incriminarse mediante su propio testimonio, sí se requiere

que la renuncia sea voluntaria, libre de toda coacción, a

consciencia del derecho abandonado y de las consecuencias

que acarrea ese abandono. Pueblo v. Marrero, 2023 TSPR 150,

213 DPR _ (2023). Sin embargo, el derecho a no incriminarse

está

limitado

a

manifestaciones

orales.

Pueblo

v.

Falú

Martínez, supra, pág. 834.

En ese sentido, en Pueblo v. Falú Martínez, supra, págs.

834-835, manifestamos:

Lo que el privilegio [contra la autoincriminación]

sí excluye son las comunicaciones o testimonio del

individuo, no la evidencia real o física derivada

de la persona del sospechoso o acusado.

[…]

[…]El límite del privilegio es claro ... una

inspección de las características físicas por el

Tribunal o por los testigos no puede constituir

una violación del privilegio [a no incriminarse],

porque no exige nada del acusado como testigo,

esto es, con la responsabilidad de su testimonio

... lo que se obtiene del acusado por medio de ese

acto no es una declaración acerca de su cuerpo

sino su cuerpo en sí. (Negrillas suplidas).

Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966), es el

caso principal en este tema. Luego de un accidente vehicular

se extrajo una muestra de sangre a uno de los conductores

tras sospechar que manejaba en estado de embriaguez. El

26

CC-2023-0514

Tribunal Supremo de Estados Unidos atendió la controversia

de si la obtención de la prueba toxicológica constituía una

violación contra la no autoincriminación. Dictaminó que, en

la medida en que no se obligó a la persona a testificar

contra

sí

mismo

ni

a

proveer

evidencia

de

carácter

comunicativa, el privilegio contra la autoincriminación no

protegía la muestra de sangre obtenida. El examen de alcohol

constituye un registro, no un testimonio oral.

Amparándonos en lo anterior, no es correcto suprimir la

muestra de sangre obtenida del señor Álvarez De Jesús bajo

el pretexto de que no se le informó sobre las consecuencias

que acarreaba su decisión, o de la protección abandonada,

pues la prueba obtenida no constituye una declaración contra

él que goce de ese resguardo. Sin lugar a dudas estamos ante

un registro que, por haber sido voluntario y consentido, es

admisible en evidencia.

Por otro lado, el foro primario tomó en cuenta en su

decisión que no hubo motivos fundados para creer que el

acusado

estaba

conduciendo

bajo

los

efectos

de

bebidas

alcohólicas, pues al momento de someterse a la prueba de

sangre

este

no

evidenciaba

conducta

o

apariencia

característica de una persona embriagada. Al parecer se

ignoró que, hayan tenido o no motivos fundados, los agentes

del orden público pueden solicitar el consentimiento de la

persona intervenida sin que necesariamente exista evidencia

de causa probable. Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, pág.

778. Por ello, como el señor Álvarez De Jesús consintió

27

CC-2023-0514

voluntariamente a hacerse la prueba, no es relevante si los

policías tuvieron o no motivos para creer que condujo con un

nivel de alcohol en la sangre que excedía el máximo permitido

por ley.

Por

último,

suministrado

capacidad

en

para

el

el

acusado

hospital

consentir.

No

sugiere

pudo

que

haber

obstante,

el

Demerol

disminuido

el

Tribunal

su

de

Primera Instancia pasó juicio sobre el estado cognitivo del

señor Álvarez De Jesús y encontró que este no evidenciaba

rasgos de que estuviese ebrio o inhabilitado mentalmente.

Evidencia de que sí estaba al tanto de todo lo que estaba

sucediendo es que, aunque dijo que no tenía inconvenientes

con hacerse la prueba, se negó a firmar cualquier tipo de

documento, como el de las advertencias, a menos que estuviese

un abogado a su lado. Además, la propia Ley de Vehículos de

Tránsito de Puerto Rico establece que se considerará que

toda persona que transite por las vías públicas en un

vehículo de motor habrá prestado su consentimiento para

someterse a un examen toxicológico si ocurre un accidente y

dicha persona se hallaba conduciendo uno de los vehículos

involucrados en el mismo. Art. 7.09 de la Ley Núm. 22-2000,

9 LPRA sec. 5209.

En

conclusión,

a

la

luz

de

la

totalidad

de

las

circunstancias, la renuncia del señor Álvarez De Jesús a su

derecho

a

protegerse

contra

registros

y

allanamientos

irrazonables fue libre, voluntaria y ausente de todo rasgo

de coacción. Por lo tanto, una moción de supresión de

28

CC-2023-0514

evidencia no debe progresar bajo este escenario, en donde se

incautó una muestra de sangre después de llevar a cabo un

registro consentido.

IV

Por

los

fundamentos

dictamen

del

Tribunal

antes

de

expuestos,

Apelaciones

que

se

revoca

el

confirmó

la

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia

mediante la cual se suprimió la prueba de sangre del señor

Álvarez De Jesús. Se devuelve el caso al foro primario para

que los procedimientos continúen de forma compatible con lo

aquí dispuesto.

Se dictará Sentencia en conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

José Miguel Álvarez De Jesús

CC-2023-0514

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2024.

Por los fundamentos antes expuestos, en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de esta

Sentencia, se revoca el dictamen del Tribunal de

Apelaciones que confirmó la determinación emitida por

el Tribunal de Primera Instancia mediante la cual se

suprimió la prueba de sangre del señor Álvarez De Jesús.

Se devuelve el caso al foro primario para que los

procedimientos continúen de forma compatible con lo

aquí dispuesto.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Colón

Pérez emitió una Opinión disidente a la cual se unieron

la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado

señor Estrella Martínez.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente

y hace constar la expresión siguiente a la que se unió

la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez:

Como

garantes

de

los

derechos

individuales,

resulta

preocupante

lo

pautado en la Opinión Mayoritaria por su

efecto en la consecución del consentimiento

a los registros y allanamientos por parte

de aquellos que son sospechosos de delitos.

CC-2023-0514

En esta instancia, el Estado tomó ventaja

del desconocimiento del Sr. José Miguel

Álvarez De Jesús (señor Álvarez De Jesús)

sobre sus propios derechos para obtener acceso

a su prueba de alcohol en la sangre sin una

orden judicial, táctica que tanto el Tribunal

de Primera Instancia como el Tribunal de

Apelaciones rechazaron. No obstante, este

Tribunal hoy concluye que el Estado no está

obligado a informar a la persona que tiene

derecho a negarse al registro o tan siquiera

advertirle de las posibles consecuencias

penales que puede acarrear su aquiescencia.

Entiéndase, que un consentimiento desposeído

de conocimiento con respecto a qué exactamente

implica ofrecerlo es perfectamente válido y en

línea con las exigencias constitucionales de

nuestro ordenamiento.

Como se sabe, un análisis de sangre para

detectar la concentración de alcohol en el

organismo constituye un registro. Birchfield

v. North Dakota, 136 S.Ct. 2160, 2173 (2016).

Debido a cuán intrusivo es un examen de esta

naturaleza, la razonabilidad de este debe

determinarse a la luz de la alternativa

disponible menos invasiva. Íd., pág. 2184. Por

consiguiente, el Estado tiene que demostrar de

forma satisfactoria la justificación para

emplear la alternativa más onerosa sin haber

obtenido una orden judicial. Íd. Ahora bien,

el consentimiento para un registro de esta

naturaleza puede ser implícito, es decir,

cuando “una persona obedece sin protestar al

pedido de un funcionario; la persona no accede

expresamente pero su acto, en unión a un

examen de la totalidad de las circunstancias,

demuestra su intención de consentir el

registro.” Pueblo en interés menor NOR, 136

DPR 949, 965 (1994).

Conforme se desprende del expediente ante

nuestra consideración, previo a solicitársele

una muestra de sangre, el señor Álvarez De

Jesús no fue advertido de su derecho a negarse

a esta o, incluso, de que tal muestra era parte

de una investigación de naturaleza criminal.

De hecho, según indica el propio Estado en su

recurso al recontar lo declarado durante las

vistas evidenciarias, el agente del orden

público que acudió al hospital en búsqueda del

recurrido dijo al señor Álvarez De Jesús que

“tenía que tomarle una prueba de sangre como

parte del protocolo”. Entiéndase, que el señor

2

CC-2023-0514

3

Álvarez De Jesús aparenta haber ofrecido su

consentimiento con solo la idea errada de que

ello era obligatorio.

Es evidente que el Estado pretende

reducir la validez de un consentimiento a una

definición

de

voluntariedad

enteramente

despojada de cualquier noción de conocimiento

sobre la naturaleza o las consecuencias de

aquello a lo que se consciente en primer lugar

y, por demás, lavarse las manos de cualquier

responsabilidad sobre tal desconocimiento.

Así hoy lo avala este Tribunal y no puedo estar

de acuerdo con ello. Como puede verse, la

totalidad de las circunstancias bajo las

cuales se ofreció el consentimiento en este

caso debió inclinar la balanza hacia la

supresión de los resultados del registro, tal

y como fue correctamente determinado por el

Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de

Apelaciones.

Así las cosas, por entender que los

dictámenes recurridos no erraron en repeler la

erosión más a fondo del concepto del

consentimiento para propósitos de un registro

sin orden judicial, expreso mi disconformidad

con lo hoy pautado por una mayoría de este

Tribunal.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2023-0514

Certiorari

José Miguel Álvarez De Jesús

Recurrido

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a

la cual se unen la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez

Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico a 12 de agosto de 2024.

Por considerar que, a la hora de consentir a un

registro y allanamiento sin previa orden judicial, - como condición para su validez --, es necesario que

el agente del orden público que vaya a realizarlo le

informe a la persona a ser intervenida que, entre

otras cosas, ésta tiene un derecho, de naturaleza

constitucional, a rehusarse a consentir el mismo,

enérgicamente disentimos del curso de acción seguido

por una mayoría de mis compañeros y compañera de

estrado

en

la

causa

de

epígrafe.

Estos

últimos,

erradamente, y en un choque frontal con la normativa

constitucional que, en temas como estos, aplica en la

jurisdicción

estatal,

entienden

necesario. Se equivocan. Veamos.

que

ello

no

es

CC-2023-0514

2

I.

El presente caso

se originó

como consecuencia de un

accidente vehicular, de carácter fatal, ocurrido el 16 de

junio de 2021 en la Carretera Núm. 172, jurisdicción del

Municipio de Cidra. A raíz de lo anterior, el Ministerio

Público presentó cuatro denuncias criminales en contra del

Sr. José Miguel Álvarez De Jesús (en adelante, “señor Álvarez

De Jesús”). En éstas, el Estado alegó que el señor Álvarez

De Jesús, conduciendo un camión negligentemente y bajo los

efectos de bebidas embriagantes, invadió el carril contrario

al suyo e impactó frontalmente cierto automóvil que era

conducido por el Sr. Carlos Ortiz Varela (en adelante, “señor

Ortiz Varela”), ocasionándole la muerte a este último.

Por esa alegada conducta, al señor Álvarez De Jesús se

le imputaron violaciones a los artículos 5.07, 7.02 y 7.06

de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada,

mejor conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto

Rico, 9 LPRA secs. 5127, 5202 y 5206. Así pues, habiéndose

encontrado causa probable para arresto y para acusar a este

último, -- y en lo aquí pertinente --, el 26 de abril de 2022

el señor Álvarez De Jesús presentó ante el Tribunal de

Primera Instancia una Moción de supresión de evidencia al

amparo de la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal. 34

LPRA Ap. II. Ello, con el propósito de suprimir el resultado

de determinada prueba de alcohol en la sangre que se le

realizó el día del accidente, -- el cual arrojó un 0.18% de

CC-2023-0514

3

alcohol en su sangre --, así como ciertas admisiones que

efectuó a agentes del orden público el mismo día.

Según alegó el señor Álvarez De Jesús en la moción a la

que hemos hecho referencia, dicha evidencia fue sustraída en

violación a sus derechos constitucionales. Sobre la prueba

de alcohol en la sangre, en particular, manifestó que ésta

había sido el resultado de un registro ilegal, pues no hubo

una orden judicial a esos fines.

En respuesta a lo anterior, el 25 de mayo de 2022 el

Ministerio

Público

presentó

una

Moción

en

oposición

a

supresión de evidencia y confesión. En dicho escrito, el

Estado planteó que la prueba de alcohol había sido tomada

conforme a derecho, pues el señor Álvarez De Jesús había

consentido voluntariamente a ésta. Además, adujo que antes

de extraérsele la sangre, el agente de la Policía de Puerto

Rico encargado de la investigación del caso, le hizo las

advertencias exigidas por ley.

En aras de poder disponer de la solicitud de supresión

de evidencia ante su consideración, los días 6 de diciembre

de 2022 y 7 de marzo de 2023 el foro primario celebró la

vista de rigor. El primer testigo en declarar lo fue el

agente de la Policía Joel González González (en adelante,

“agente González González”).

El agente González González manifestó que el día 16 de

junio de 2021 recibió una llamada en la que le informaron

sobre cierto accidente ocurrido en la Carretera Núm. 172,

jurisdicción del Municipio de Cidra, razón por la cual se

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4

personó en el lugar de los hechos. Una vez allí, el mencionado

agente del orden público testificó que, según su apreciación

de la posición en que quedaron los automóviles, el conductor

del camión había invadido el carril contrario al suyo y había

causado la muerte del señor Ortiz Varela.

El agente González González manifestó, además, que, al

llegar a la escena del accidente, el señor Álvarez De Jesús

no se encontraba presente, pues, según le fue informado, éste

se había trasladado al Hospital Menonita de Cidra. Acto

seguido, el mencionado agente del orden público señaló que

el sargento Gabriel Cruz Díaz de la Policía de Puerto Rico

(en adelante, “sargento Cruz Díaz”) se dirigió al referido

hospital con “un frasco con el fin de llevar a cabo el proceso

para determinar si este tenía alcohol en su organismo”.1

Finalizado el testimonio del agente González González,

como segundo testigo del Ministerio Público, declaró el

sargento Cruz Díaz. Éste manifestó que, luego de conocer que

el señor Álvarez De Jesús se encontraba en el ya mencionado

hospital,

acudió

al

mismo

con

el

fin

de

continuar

la

investigación del accidente. Según relató, al llegar al

Hospital Menonita, y luego de procurar por la persona que

había estado involucrada en el accidente de la Carretera Núm.

172, jurisdicción del Municipio de Cidra, éste encontró al

señor Álvarez De Jesús, quien parecía estar consciente y

(Énfasis suplido). Petición de certiorari, pág. 7. Véase, además,

Apéndice del certiorari, Anejo VIII, minuto 00:09:50; y Anejo IX, minuto

01:01:18.

1

CC-2023-0514

5

tranquilo, y quien la afirmó que, en efecto, había estado

implicado en el referido accidente.

De igual manera, el sargento Cruz Díaz declaró que, tras

identificarse como agente de la Policía de Puerto Rico, le

requirió al señor Álvarez De Jesús cierta información sobre

lo

sucedido.

Asimismo,

le

indicó

que,

como

parte

del

protocolo a seguirse en accidentes de carácter fatal, le

tenía que hacer una prueba de índice de alcohol en su sangre.2

Además, declaró que, ante dicha solicitud, el señor Álvarez

De Jesús accedió voluntariamente a realizarse la referida

prueba,

aun

cuando

se

negó

a

firmar

cualquier

tipo

de

documento en ausencia de su abogado.3

Por otro lado, a preguntas del abogado de defensa, el

sargento

Cruz

Díaz

manifestó

que,

al

momento

de

su

intervención, el señor Álvarez De Jesús no mostraba los

signos comunes

de una persona

en estado de embriaguez.

Además, admitió que, previo a someterlo a la prueba de

alcohol en la sangre, no inquirió sobre las circunstancias

personales del señor Álvarez De Jesús ni sobre su estado

clínico.

Por último, y luego del sargento Cruz Díaz terminar su

testimonio,

como

tercer

testigo

del

Ministerio

Público,

Según surge de la regrabación de la vista de supresión de evidencia

celebrada el 7 de marzo de 2023 que consta en autos, el sargento Gabriel

Cruz Díaz testificó: “y acto seguido le notifico que tengo que realizarle

una prueba de sangre que es parte del protocolo”. (Énfasis suplido).

Apéndice del certiorari, Anejo IX, minuto 00:09:50.

2

Según surge de los autos, antes de acceder a la toma de sangre, el

señor Álvarez De Jesús preguntó por el estado en el que se encontraba la

otra persona involucrada en el accidente. A dicha interrogante, el

sargento Gabriel Cruz Díaz le contestó “que no tenía información, pero

que se lo llevaron vivo al hospital”. Petición de certiorari, pág. 9.

3

CC-2023-0514

6

declaró el enfermero Kelvin Cruz Romero (en adelante, “señor

Cruz Romero”). Este sostuvo que, en la madrugada del día 17

de junio de 2021, le tomó una muestra de sangre al señor

Álvarez De Jesús, la cual arrojó un 0.18% de alcohol en su

organismo.4

Además,

manifestó

que

previo

a

realizar

la

referida prueba, le había suministrado determinada cantidad

del medicamento Demerol al señor Álvarez De Jesús.

Así las cosas, finalizado el desfile de prueba por parte

del

Ministerio

Público,

y

luego

de

haber

apreciado

y

aquilatado con detenimiento la misma, el Tribunal de Primera

Instancia dictó una Resolución mediante la cual suprimió el

resultado de la prueba de alcohol en la sangre que le fue

realizada al señor Álvarez De Jesús.5 Lo anterior, tras el

foro primario haber concluido que la referida prueba de

alcohol en la sangre fue realizada en violación al derecho

constitucional contra la autoincriminación del señor Álvarez

De Jesús.

Según razonó el Tribunal de Primera Instancia, el señor

Álvarez De Jesús no había renunciado válidamente a la aludida

protección constitucional. En específico, el foro primario

determinó

que

éste

no

tuvo

conocimiento

del

derecho

abandonado ni conocía las consecuencias de su decisión.

El testigo Cruz Romero también manifestó que fue el sargento Cruz Díaz

quien le brindó el tubo de ensayo en el que colocó la muestra de sangre

que le tomó al señor Álvarez De Jesús. Apéndice del certiorari, Anejo

IX, minuto 01:01:20.

4

Sobre las admisiones hechas por el señor Álvarez De Jesús, el Tribunal

de Primera Instancia mantuvo la admisibilidad de las mismas.

5

CC-2023-0514

7

Inconforme

con

dicha

determinación,

el

Ministerio

Público acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso

de Certiorari. En éste, el Estado arguyó, en esencia, que el

Tribunal de Primera Instancia había errado al suprimir el

resultado de la prueba de alcohol en la sangre realizada al

señor Álvarez De Jesús, aun cuando ese mismo foro concluyó

que éste había accedido a ella de forma voluntaria.

Por su parte, y en oposición, el señor Álvarez De Jesús

adujo que el Ministerio Público no probó que la renuncia a

la

protección

constitucional

contra

registros

y

allanamientos irrazonables hubiese sido de forma consciente

e inteligente. Por tanto, sostuvo que la toma de una muestra

de sangre que se le realizó fue contraria a derecho.

Tras considerar los planteamientos realizados ante sí

por las partes con interés en la causa de epígrafe, y luego

de haber examinado tanto el expediente del caso como la

regrabación

de

la

vista

de

supresión

de

evidencia

en

cuestión, el foro apelativo intermedio emitió una Resolución

mediante la cual denegó expedir el auto. Lo anterior, por

considerar que no existían circunstancias que demostraran

que el foro primario hubiese incurrido en error o en abuso

de discreción.

En

desacuerdo

con

lo

resuelto

por

el

Tribunal

de

Apelaciones, el Ministerio Público acudió ante nos mediante

una Petición de certiorari. En esencia, argumenta que el

Tribunal de Primera Instancia erró al suprimir el resultado

de la prueba de alcohol en la sangre realizada al señor

CC-2023-0514

8

Álvarez De Jesús, -- y el foro apelativo intermedio al

denegar expedir el recurso presentado ante sí --, ya que,

según

alega,

la

referida

prueba

se

realizó

válidamente

mediando el consentimiento voluntario del señor Álvarez De

Jesús.

Enterado

de

lo

anterior,

el

señor

Álvarez

De

Jesús

compareció ante nos mediante un Alegato en oposición de

certiorari y, a grandes rasgos, sostuvo que el registro

efectuado a su cuerpo fue inconstitucional por no existir

orden judicial a esos efectos y por el Estado no haber

probado, a la luz de la totalidad de las circunstancias, que

el presunto consentimiento brindado para la realización del

mismo fuese uno claro, consciente, inteligente y libre de

vicios. Lo anterior, entre otras razones, al no habérsele

informado

sobre

su

derecho

a

rehusarse

a

consentir

al

y

que

referido registro.

Expedido

el

auto

en

reconsideración,

en

lo

consideramos un errado proceder que choca frontalmente con

la normativa constitucional aplicable en la jurisdicción

estatal a casos como éstos, una mayoría de este Tribunal

revoca las determinaciones de los foros inferiores y reafirma

que, en nuestro ordenamiento jurídico, no es necesario que

una persona conozca de su derecho a rehusarse a consentir a

un registro y allanamiento de su cuerpo sin previa orden

judicial,

como

requisito

para

la

validez

del

referido

registro. Con dicho proceder y con lo que el mismo supone, - a saber, el achicamiento de las garantías constitucionales

CC-2023-0514

9

que ofrece nuestra Carta de Derechos --, no podemos estar

conformes.

Por

ello,

enérgicamente

disentimos.

Nos

explicamos.

II.

A.

Como es sabido, la Constitución de los Estados Unidos de

América, en su Enmienda IV, claramente establece que,

[n]o se violará el derecho del pueblo a la seguridad

de sus personas, hogares, documentos y pertenencias,

contra registros y allanamientos irrazonables, y no

se expedirá ningún mandamiento, sino a virtud de

causa probable, apoyado por juramento o promesa, y

que describa en detalle el lugar que ha de ser

allanado, y las personas o cosas que han de ser

detenidas o incautadas. Enmda. IV, Const. EE. UU.,

LPRA, Tomo 1.

La precitada cláusula constitucional, conocida como la

protección contra los registros y allanamientos irrazonables

por parte del Estado, protege a todas las personas contra

las intromisiones arbitrarias del Estado en sus hogares,

efectos personales, y su cuerpo. Carpenter v. U.S., 585 US

296, 304 (2018); Maryland v. King, 569 US 435, 446 (2013);

U.S. v. Jones, 565 US 400, 406-407 (2012). Al interpretar la

misma, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto,

en reiteradas ocasiones, que la referida garantía protege

contra toda intrusión injustificada por parte del Estado en

las

zonas

donde

las

personas

albergan

una

expectativa

razonable a la intimidad. Carpenter v. U.S., supra, pág. 304;

Kyllo v. U.S., 533 US 27, 33 (2001); Katz v. U.S., 389 US

347, 353 (1967).

CC-2023-0514

10

Una cláusula semejante, pero mucho más abarcadora, forma

parte de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico.

Así

pues,

en

el

Art.

II,

Sec.

10

de

nuestra

Constitución, el cual forma parte de la Carta de Derechos,

se establece que:

No se violará el derecho del pueblo a la protección

de sus personas, casas, papeles y efectos contra

registros,

incautaciones

y

allanamientos

irrazonables.

No se interceptará la comunicación telefónica.

Sólo

se

expedirán

mandamientos

autorizando

registros, allanamientos o arrestos por autoridad

judicial, y ello únicamente cuando exista causa

probable

apoyada

en

juramento

o

afirmación,

describiendo particularmente el lugar a registrarse,

y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.

Evidencia obtenida en violación de esta sección será

inadmisible en los tribunales. Art. II, Sec. 10,

Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Sobre el alcance de la precitada cláusula constitucional,

es

preciso

señalar

que

este

Tribunal,

al

momento

de

adentrarse en el estudio de la misma, siempre lo ha hecho

considerando

el

constitucionales.

expresamente,

contenido

En

reconocen

de

otras

disposiciones

específico,

de

el

constitucional

derecho

aquellas

que,

a

la

intimidad y a la inviolabilidad de la dignidad del ser

humano.

Art.

II,

Secs.

1

y

8,

supra.

Pueblo

v.

Rolón

Rodríguez, 193 DPR 166, 175 (2015); Blassini et als. v.

Depto. Rec. Naturales, 176 DPR 454, 463-464 (2009).

Dicho ello, y ya más en lo relacionado a la disposición

constitucional bajo estudio, -- entiéndase el Art. II, Sec.

10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, supra --, notamos que la protección constitucional en

CC-2023-0514

11

cuestión solo protege a nuestros ciudadanos y ciudadanas

contra registros y allanamientos irrazonables. Por tanto,

como regla general, los registros y allanamientos efectuados

mediando una orden judicial, que cumpla con los requisitos

contenidos

en

el

texto

constitucional,

se

presumen

razonables. Esto debido a que “[l]as órdenes judiciales de

registro […] constituyen una protección fundamental para el

derecho a la intimidad”. E. Chiesa Aponte, Procedimiento

Criminal y la Constitución: etapa investigativa, San Juan,

Ediciones SITUM, 2017, pág. 303.6

En cambio, cuando el Estado realiza un registro sin orden

judicial

previa,

irrazonable

e

la

actuación

inconstitucional,

estatal

se

y,

tanto,

por

presume

como

inválida.

Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 930 (2013); Blassini et

als. v. Depto.

Rec. Naturales,

supra,

pág. 462.

Véase,

además, E. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 297. Cuando ello

así queda demostrado, el texto claro de nuestra constitución

establece que la evidencia obtenida mediante esa actuación

La validez de la orden de registro exige el cumplimiento de cuatro

requisitos constitucionales. A saber, “(1) que [la orden] sea expedida

por autoridad judicial o magistrado, (2) [basada en] una declaración bajo

juramento, (3) de la que surja causa probable, y (4) especificidad en la

orden en cuanto […] al lugar a ser registrado y lo que se autoriza a ser

incautado”. E. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución:

etapa investigativa, San Juan, Ediciones SITUM, 2017, pág. 303. Es

precisamente, por la existencia de estos requisitos, que el registro

realizado mediando una orden judicial se presume razonable, ya que impone

un filtro a la actuación investigativa del Estado que le requiere

demostrar, ante un magistrado (funcionario neutral), cierta probabilidad

de éxito en su actuación intrusiva. Véase, Pueblo v. Díaz Bonano, 176

DPR 601, 645 (2009) (Hernández Denton, Opinión Disidente).

6

CC-2023-0514

12

inconstitucional será inadmisible en los tribunales. Art.

II, Sec. 10, Const. ELA, supra.7

Ahora bien, no empece a lo anterior, tanto el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos, como esta Curia, ha resuelto

que existen ciertas excepciones en las que la actuación

intrusiva del Estado está justificada, aun cuando se ejecuta

sin

orden

judicial

previa.

Sin

embargo,

se

tratan

de

“situaciones excepcionales y definidas estrechamente por la

jurisprudencia”. Pueblo v. Serrano Reyes, 176 DPR 437, 443

(2009).

A esos efectos, se han reconocido como constitucionalmente

válidos los registros sin orden realizados a evidencia en

campo abierto, abandonada, a plena vista o percepción; el

registro

para

inventario;

el

registro

por

motivo

de

emergencia; el registro incidental a un arresto válido, y,

el que se encuentra aquí en controversia, el registro por

consentimiento. Véase, Hester v. United States, 265 US 57

(1924). Véanse, además, Pueblo v. Lebrón, 108 DPR 324 (1979);

Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672 (1991); Pueblo v. Dolce,

105 DPR 422 (1976); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 DPR 139

(1985); Pueblo v. Rodríguez Rodríguez, 128 DPR 438 (1991);

Pueblo v. Rivera Collazo, 122 DPR 408 (1988); Pueblo v. Zayas

Fernández, 120 DPR 158 (1987); Pueblo en interés del menor

N.O.R., 136 DPR 949 (1994).

A esos fines, la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,

provee el mecanismo adecuado para lograr la supresión de la evidencia

obtenida en contravención a lo dispuesto en nuestra Constitución.

7

CC-2023-0514

13

El caso de marras atañe particularmente a esta última

excepción: el registro sin orden mediando el consentimiento

de la persona registrada. Por ser ello así, pasemos, pues, a

discutir detenidamente la misma.

B.

Sabido es que, la excepción al registro y allanamiento

sin previa orden judicial mediante consentimiento parte de

la premisa de que todo derecho que cobija a una persona es

renunciable. Véase, López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838,

848 (2006); Pueblo v. Medina Hernández, 158 DPR 489, 504

(2003); P.R. Tel. Co. V. Martínez, 114 DPR 328, 343 (1983).

Sin embargo, en ese tipo de escenarios no se debe olvidar

que, cuando la

renuncia implica el desistimiento de un

derecho constitucional, nuestro

ordenamiento jurídico

ha

exigido que la misma sea efectuada de manera voluntaria,

consciente e inteligente. Pueblo v. Millán Pacheco, 182 DPR

595, 610 (2011); Pueblo v. Medina Hernández, supra, pág. 504.

Sobre el particular, y ya más en lo relacionado a la

protección

constitucional

contra

los

registros

y

allanamientos irrazonables por parte del Estado, es menester

señalar que este Tribunal, en aquellas instancias en que ha

tenido la oportunidad de expresarse sobre el asunto, ha

limitado considerablemente las salvaguardas mencionadas a la

hora de renunciar a dicha garantía. En consecuencia, ha

acogido la teoría de la voluntariedad esgrimida por el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en contraposición a

la teoría de la renuncia de derechos constitucionales que es

CC-2023-0514

14

más garantista.8 W.R. La Fave, Search and Seizure: A Treatise

on the Fourth Amendment, 6ta ed., Thomson Reuters, 2020, Vol.

4, págs. 8-11, sec. 8.1(a). Veamos.

Fue en el caso de Schneckloth v. Bustamonte, 412 US 218

(1973), donde el más Alto Foro Federal reconoció “que estaba

claramente

resuelto

que

‘una

de

las

excepciones

específicamente establecidas a los requerimientos de orden

judicial y causa probable es el registro llevado a cabo

mediante consentimiento’”. E. Chiesa, op. cit., pág. 419. En

apretada síntesis, en el referido caso el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos estableció que a la hora del Ministerio

Público tener que demostrar que un registro sin orden fue

efectuado

persona

válidamente

registrada,

mediante

este

solo

el

consentimiento

debía

probar

de

la

que

el

consentimiento al registro fue brindado voluntariamente y

que no fue el resultado de algún tipo de coacción, ni expresa

ni implícita. Schneckloth v. Bustamonte, supra, pág. 248.

Asimismo, en el referido caso, el más Alto Foro Judicial

Federal

afirmó

que,

en

ese

tipo

de

escenarios,

la

voluntariedad del consentimiento sería una cuestión de hecho

a ser determinada de un análisis de la totalidad de las

circunstancias.

Íd.,

págs.

248-249.

Por

último,

en

En síntesis, la teoría de la renuncia del derecho constitucional esboza

que para que la persona cobijada por un derecho renuncie éste, debe

hacerlo de forma intencional y con conocimiento del derecho renunciado,

lo que implicaría a su vez, conocer que se tiene un derecho a rehusar

renunciar a la protección constitucional. Por otro lado, la teoría de la

voluntariedad solo persigue que la persona renuncie al derecho

constitucional en cuestión de forma libre y sin coacción de ningún tipo.

W.R. La Fave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment,

6ta ed., Thomson Reuters, 2020, Vol. 4, pág. 8, sec. 8.1(a).

8

CC-2023-0514

15

Schneckloth v. Bustamonte, supra, el aludido foro expresó

que,

a

la

hora

de

examinar

la

voluntariedad

del

consentimiento prestado por la persona registrada, si bien

el conocimiento que ésta tuviese sobre su derecho a rehusarse

a

consentir

podría

ser

una

de

las

circunstancias

a

considerarse, el Ministerio Público no venía obligado a

demostrar

que

la

persona

conocía

de

este

derecho

a

no

consentir, como requisito para demostrar la voluntariedad

del mismo. Íd., pág. 249.9

Ahora bien, en el referido caso dos jueces del Tribunal

Supremo de los Estados Unidos emitieron sendas opiniones

disidentes. El primero de ellos fue el Juez Brennan, quien

escribió

un

breve,

pero

elocuente,

disenso.

En

éste,

manifestó su inconformidad con la decisión de la mayoría tras

sostener que no podía entender cómo un ciudadano o una

ciudadana

puede

renunciar

válidamente

a

una

garantía

constitucional tan preciada como lo es la contenida en la

Cuarta Enmienda, sin conocer previamente el derecho que le

cobija. Schneckloth v. Bustamonte, supra, pág. 277 (Juez

Brennan, Opinión disidente).

Por otro lado, el Juez Marshall suscribió una Opinión

disidente en la que igualmente mostró su inconformidad con

En sus propias palabras, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

dictaminó: “We hold only that when the subject of a search is not in

custody and the State attempts to justify a search on the basis of his

consent, the Fourth and Fourteenth Amendments require that it demonstrate

that the consent was in fact voluntarily given, and not the result of

duress or coercion, express or implied. Voluntariness is a question of

fact to be determined from all the circumstances, and while the subject’s

knowledge of a right to refuse is a factor to be taken into account, the

prosecution is not required to demonstrate such knowledge as a

prerequisite to establishing a voluntary consent”.

Schneckloth v.

Bustamonte, 412 US 218, 248-249 (1973).

9

CC-2023-0514

16

el criterio mayoritario. En síntesis, el juez disidente

concluyó que, a su entender, consentir a un registro sin

orden necesariamente debe implicar la toma de una decisión

con conocimiento de las alternativas que la persona tiene

disponible. Schneckloth v. Bustamonte, supra, págs. 284.

(Juez

Marshall,

Opinión

disidente).

Por

lo

tanto,

éste

hubiese resuelto que, como mínimo, en un caso en el que se

busque admitir en evidencia el fruto de un registro sin orden

realizado con el alegado consentimiento de la persona, el

Ministerio

Público

no

podía

descansar

en

la

referida

excepción si la persona no conocía, al momento de consentir,

sobre su derecho a rehusar prestar el aludido consentimiento.

Íd., pág. 285. Y es que, permitir registros y allanamientos

sin orden y sin la certeza de que la persona registrada

conocía que, con su consentimiento, estaba renunciando a sus

derechos constitucionales, es algo que el Juez Marshall

entiende

no

está,

ni

puede

estar,

autorizado

por

la

Constitución de los Estados Unidos de América. Íd., pág.

289.10

En fin, y recapitulando, con la antedicha decisión, el

más Alto Foro Judicial Federal estableció la norma de la

excepción por vía de consentimiento, -- anclada en, como

El Juez Marshall también manifestó que la Mayoría erraba al aplicar a

la controversia la teoría de la voluntariedad ya que, al consentir a un

registro sin orden, la persona a ser registrada no está necesariamente

ante un ambiente de coacción como podría decirse lo es estar bajo custodia

a la hora de realizar una confesión y abandonar la protección

constitucional contra la autoincriminación. Por lo tanto, adujo que la

controversia debía enfocarse no en un análisis sobre voluntariedad del

consentimiento que se preocupe por el buen funcionamiento y ejecutoria

de los agentes del orden público, sino en una de renuncia de derechos

constitucionales. Schneckloth v. Bustamonte, supra, págs. 280-283.

10

CC-2023-0514

vimos,

la

17

teoría

de

la

voluntariedad

--,

al

requisito

constitucional de orden judicial para la realización de

registros y allanamientos por parte del Estado. Ahora bien,

y

como

examinaremos

a

continuación,

dicha

norma

interpretativa de la Cuarta Enmienda de la Constitución

federal es el mínimo de garantía que vienen obligados a

reconocer

estatales.

los

ordenamientos

Por

ende,

no

jurídicos

existe

de

las

esferas

camisa

de

fuerza

constitucional que nos imponga adoptar, tal cual, la referida

norma, máxime cuando en lo relacionado a este asunto nuestra

Constitución es de factura más ancha. Veamos.

III.

Como

se

sabe,

en

nuestra

jurisdicción

es

norma

hartamente conocida que, de ordinario, “la aplicabilidad de

un derecho constitucional federal constituye solo el ámbito

mínimo federal de ese derecho”. Pueblo v. Díaz Bonano, 176

DPR 601, 621 (2009). Esta doctrina, conocida como la del

“ámbito mínimo federal”, plantea que tanto los estados, como

Puerto Rico, gozan de la potestad de ofrecer una mayor

protección o garantía constitucional bajo el texto de la

Constitución local, que el reconocido bajo la Constitución

federal. Pueblo v. Díaz Bonano, supra, pág. 621; Díaz v.

Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, 123 DPR 765, 770 (1989).

Véase, además, E. Chiesa Aponte, Los derechos de los acusados

y la factura más ancha, 65 (Núm. 1) Rev. Jur. UPR 83, 83

(1996). Es por lo anterior que, en nuestro ordenamiento

jurídico, con frecuencia se alude a cierto principio cardinal

CC-2023-0514

18

de nuestro derecho puertorriqueño, a saber, aquel que postula

que nuestra Constitución, -- y particularmente nuestra Carta

de Derechos --, es de factura más ancha que la norteamericana

por lo que “reconoce y concede unos derechos fundamentales

con

una

visión

más

abarcadora

y

protectora

que

la

Constitución de Estados Unidos”. López Vives v. Policía de

P.R., 118 DPR 219, 227 (1987).

Esta máxima ha sido de particular aplicación al analizar

los

contornos

de

la

protección

contra

registros

y

allanamientos irrazonables por parte del Estado contenida en

el Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución. Const. ELA,

supra. Esto se ha debido a que el texto de nuestra cláusula

es, de por sí, expresamente más garantista que el de la

cláusula análoga comprendida en la Cuarta Enmienda federal.

Const. EE. UU., supra.11

En ese sentido, al interpretar el alcance de la referida

protección constitucional hemos manifestado que, si bien el

texto de nuestra Constitución es análogo al comprendido en

la Enmienda Cuarta de la Constitución federal, el contenido

de nuestra cláusula constitucional es distinto. Pueblo v.

Yip Berríos, 142 DPR 386, 397 (1997); Pueblo v. Dolce, supra,

pág.

429.

Ello

se

debe,

principalmente,

a

dos

razones

particulares.

Así, por ejemplo, al contener expresamente la prohibición de

intercepción de comunicaciones telefónicas por parte del Estado y la

regla de exclusión de evidencia obtenida en contravención de lo ahí

dispuesto, nuestra protección constitucional es, sin duda, de factura

más ancha. Pueblo v. Rolón Rodríguez, 193 DPR 166, 176 (2015). Véase,

además, E. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución: etapa

investigativa, San Juan, Ediciones SITUM, 2017, pág. 235.

11

CC-2023-0514

19

En primer lugar, existe la razón histórica. A saber, que

nuestra

protección

contra

los

registros

y

allanamientos

irrazonables emana de una experiencia histórica nacional de

mayores privaciones de libertades individuales y, por tanto,

nuestros

constituyentes

vislumbraron

otorgarle

un

mayor

alcance a la misma. Véase, Pueblo v. Dolce, supra, págs. 429431.

Por otro lado, en segundo lugar, el contenido de nuestra

protección

constitucional

está

afectado

por

otras

disposiciones constitucionales que la amplían y ensalzan.

Nos referimos en específico, a las Secciones 1 y 8 de nuestra

Carta de Derechos

que declaran

la inviolabilidad de la

dignidad del ser humano y el derecho de toda persona a la

protección

contra

ataques

abusivos

a

su

honra,

a

su

reputación y a su vida privada o familiar (o sea, el derecho

a la intimidad), respectivamente. Const. ELA, supra, Art.

II, Secs. 1 y 8. Véase, además, Pueblo v. Díaz Bonano, supra,

pág. 657 (Hernández Denton, Opinión disidente); Pueblo v.

Yip Berríos, supra, pág. 398.12

Recordemos

que

la

protección

constitucional

contra

registros y allanamientos ilegales lo que en esencia protege

es, precisamente, la intimidad de las personas contra las

intrusiones

arbitrarias

del

Estado.

Pueblo

v.

Miranda

Sobre los referidos derechos constitucionales, este Tribunal ha

sostenido que éstos “son derechos constitucionales fundamentales que

gozan de la más alta jerarquía y constituyen una crucial dimensión en

los derechos humanos”. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35,

62 (1986). Véase, además, P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328, 340

(1983) (“[el derecho a la intimidad] goza de primacía en la pirámide

constitucional”).

12

CC-2023-0514

20

Alvarado, 143 DPR 356, 362 (1997); Pueblo v. Santiago Alicea

I, 138 DPR 230, 235 (1995). Véase, además, Katz v. US, 389

US 347, 353 (1967).13 Es por ello que a la hora de determinar

si aplica o no la referida protección constitucional, el

primer paso que venimos llamados a seguir es determinar si

mediante la actuación del Estado ha ocurrido un registro en

el sentido constitucional. Pueblo v. Báez López, supra, págs.

928-929; Pueblo v. Díaz Bonano, supra, pág. 613. Es decir,

es preciso “determinar si se ha infringido una expectativa

de intimidad que la persona alberga subjetivamente y que la

sociedad

está

preparada

para

reconocer

como

razonable”.

Pueblo v. Díaz Bonano, supra, pág. 645 (Hernández Denton,

Opinión Disidente).14

IV.

Ahora bien, no empece a la claridad de la normativa antes

expuesta, -- la cual reconoce que la interpretación que

realiza el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de la

Sobre el particular, el Juez Asociado Estrella Martínez ha expresado

que, en lo que respecta a la protección constitucional contra registros

y allanamientos irrazonables, la “intención de [nuestros] constituyentes

fue proteger el derecho de intimidad y dignidad del ser humano”. Pueblo

v. López Colón, 200 DPR 273, 306 (2018) (Estrella Martínez, Opinión

Disidente). Por lo tanto, éste concluyó que quedaba claro que la

Constitución de Puerto Rico provee garantías más abarcadoras que la

constitución federal en lo que respecta a la protección constitucional

que aquí nos concierne. Íd.

13

Sobre el particular, y en lo que aquí nos atañe, se ha resuelto por

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que la prueba de alcohol en la

sangre realizada por agentes del Estado constituye una intromisión en lo

más íntimo de la persona: su cuerpo. Missouri v. McNeely, 569 US 141,

148 (2013). Por lo tanto, dichas pruebas son consideradas un registro

para efectos de la protección constitucional que aquí nos concierne, por

lo que están regidas por los requisitos y excepciones que ésta profesa.

Birchfield v. North Dakota, 579 US 438, 455 (2016). Véase, además, Pueblo

v. Montalvo Petrovich, 175 DPR 932, 950 (2009) (afirmando que las pruebas

de aliento constituyen un registro para efectos de la protección contra

registros y allanamientos irrazonables).

14

CC-2023-0514

21

Cuarta Enmienda de la Constitución Federal es el mínimo de

garantía que vienen obligados a reconocer los ordenamientos

jurídicos de las esferas estatales --, este Tribunal, hace

ya varias décadas atrás, al disponer del caso de Pueblo en

interés del menor N.O.R., 136 DPR 949 (1994), citó con

aprobación el caso federal de Schneckloth v. Bustamonte,

supra, y adoptó la norma allí establecida. Por consiguiente,

desde entonces rige en Puerto Rico la excepción que valida

un registro

persona

sin

orden mediante

registrada

si

se

el consentimiento de la

demuestra,

meramente,

que

el

consentimiento fue voluntario y libre de coacción.

Sobre este último aspecto, en aquella ocasión una mayoría

de esta Curia sostuvo que el consentimiento que valida el

registro sin orden podía ser brindado de forma explícita o

implícita. Pueblo en interés del menor N.O.R., supra, pág.

965. En lo relacionado al consentimiento implícito se señaló

además que, “[u]na forma en que se entiende prestado el

consentimiento implícito es aquella donde una persona obedece

sin protestar al pedido de un funcionario; la persona no

accede expresamente pero su acto, en unión a un examen de la

totalidad de las circunstancias, demuestra su intención de

consentir el registro”. (Énfasis suplido). Íd.

De igual forma, y amparándose en jurisprudencia previa de

este Tribunal, en Pueblo en interés del menor N.O.R., supra,

esa mayoría del Tribunal a la que hemos hecho referencia

repasó los criterios que han de evaluarse a la hora de

determinar

si

hubo

o

no

un

consentimiento

expreso

o

CC-2023-0514

implícito.

22

Estos

criterios

son

(1)

si

medió

fuerza

o

violencia; (2) si el registro fue practicado después de un

arresto; y (3) si se encontraban otras personas presentes al

momento de brindarse el consentimiento. Íd., pág. 966. Véase,

además, Pueblo v. López Colón, 200 DPR 273, 309 (2018)

(Estrella Martínez, Opinión Disidente); Pueblo v. Miranda

Alvarado, supra, pág. 364.

Por último, al haber adoptado la norma de Schneckloth v.

Bustamonte, supra, una mayoría de esta Curia sostuvo que “la

voluntariedad de la renuncia [a la protección constitucional

contra registros y allanamientos irrazonables] dependerá de

la

totalidad

de

las

circunstancias”.

(Énfasis

suplido).

Pueblo en interés del menor N.O.R., supra, pág. 966. Al

respecto, expresaron que a la hora de examinar la totalidad

de las circunstancias habría de considerarse, entre otros

factores: (1) la edad y la inteligencia aparente de la

persona; (2) si hubo advertencia previa de los derechos

constitucionales;

(3)

cuánto

tiempo

estuvo

detenida

la

persona; (4) si hubo coacción; (5) si hubo tretas o engaños,

promesas o indicación de algún tipo de vocación; (6) si había

alguna deficiencia mental o cualquier otro motivo que le

impida al sujeto escoger libremente entre las alternativas

de consentir o no. Íd., pág. 967.

Ahora bien, en el escolio 18 de la referida Opinión del

Tribunal, se añadió que “[e]ntre otros factores a considerar,

se pueden mencionar: si hubo ausencia de reclamo de autoridad

por parte del oficial, o demostración de fuerza, o engaño

CC-2023-0514

23

por parte de éste o si fue un mero requerimiento de registro”.

(Énfasis suplido). Íd., pág. 967, esc.18.

Así pues, ante el proceder de este Tribunal en aquel

momento, el entonces Juez Asociado señor Hernández Denton,

emitió una sucinta, pero significativa, Opinión Disidente.

En ésta, sostuvo que este Foro no debió adoptar mecánicamente

la norma de Schneckloth v. Bustamonte, supra.

En ese sentido, manifestó que la “renuncia al derecho

constitucional que protege a las personas contra registros y

allanamientos irrazonables debe ser informada”. Pueblo en

interés del menor N.O.R., supra, pág. 972 (Hernández Denton,

Opinión Disidente). Señaló, además, que coincidía con la

Opinión Disidente emitida por el Juez Brennan en el caso de

Schneclkoth v. Bustamonte, supra, “quien concluyó que le era

imposible comprender la aseveración de la mayoría acerca de

que un ciudadano pueda renunciar a algo tan preciado como

una garantía constitucional sin tan siquiera conocer que,

sin su consentimiento, esta violación de su intimidad estaría

constitucionalmente prohibida”. Pueblo en interés del menor

N.O.R.,

supra,

pág.

972

(Hernández

Denton,

Opinión

Disidente).

Hoy,

en

controversia

el

contexto

constitucional

de

considerar

que

allí

nuevamente

nos

la

concernió,

suscribimos el raciocinio del Juez Hernández Denton. Uno que,

trascurridos

exactamente

treinta

años

pronunciamiento, mantiene toda su vigencia.

desde

su

CC-2023-0514

24

V.

Establecido lo anterior, conviene destacar en este escrito

que la norma establecida por el Tribunal Supremo de los

Estados

Unidos

en

Schneckloth

v.

Bustamonte,

supra,

y

adoptada por esta Curia en Pueblo en interés del menor

N.O.R., supra, ha sido ampliamente criticada por diversos

comentaristas y estudiosos legales. W.R. La Fave, op. cit.,

pág. 11.15 De igual forma, varias jurisdicciones estatales de

los Estados Unidos han optado por rechazar expresamente lo

resuelto

por

el

más

Alto

Foro

Judicial

Federal

en

el

precitado caso y, amparándose en la factura más ancha de sus

respectivas constituciones locales, han preferido requerir,

como paso previo a una renuncia válida a la protección contra

registros y allanamientos irrazonables, que la persona a ser

registrada conozca de su derecho a rehusarse a consentir al

registro.

Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo del estado de

Washington resolvió, en el contexto de un alegado registro a

un hogar sin orden judicial, pero consentido, que la renuncia

a la protección contra registros y allanamientos irrazonables

debe ser el producto de una decisión informada. State of

Washington v. Ferrier, 13 Wash.2d 103, 118 (1998).

Por

Véase, a modo de ejemplo, Cloud, Ignorance and Democracy, 39 Tex. Tech.

L. Rev. 1143 (2007); Gallini, Schneckloth v. Bustamonte: History’s

Unspoken Fourth Amendment Anomaly, 79 Tenn. L. Rev. 233 (2012); Lassiter,

Consent to Search by Ignorant People, 39 Tex. Tech. L. Rev. 1171 (2007);

Loewy, Knowing “Consent” Means “Knowing Consent”: the Underappreciated

Wisdom of Justice Marshall’s Scheckloth v. Bustamonte Dissent, 79 Miss.

L. J. 97 (2009); Maclin, The Good and Bad News About Consent Searches in

the Supreme Court, 39 McGeorge L. Rev. 27, 48-63 (2008); Park, Automobile

Consent Searches: The Driver’s Options in a Lose-Lose Situation, 14 Rich.

J.L. & Pub. Int. 461 (2011); Weaver, The Myth of “Consent,” 39 Tex. Tech.

L. Rev. 1195 (2007).

15

CC-2023-0514

25

consiguiente, el agente del orden público que intente obtener

el consentimiento de una persona para registrar su hogar sin

contar con una orden judicial a esos fines, deberá informar

a esa persona: (1) sobre el derecho de ésta a no consentir;

(2) que puede revocar el consentimiento prestado en cualquier

momento;

y

(3)

que

puede

limitar

el

alcance

de

su

consentimiento a ciertas áreas del hogar. Íd.

En esa misma dirección, el Tribunal Supremo del estado de

Arkansas ha concluido, bajo la factura más ancha de su

constitución estatal, que se viola el derecho contra los

registros y allanamientos irrazonables por parte del Estado

cuando se obtiene el consentimiento de la persona registrada

sin antes dejarle saber sobre el derecho de ésta a rehusarse

a prestar el referido consentimiento. State of Arkansas v.

Brown, 356 Ark. 460 (2004).

A igual conclusión han llegado los Tribunales Supremos de

los estados de Mississippi y Nueva Jersey. Graves v. State

of Mississippi, 708 So. 2d 858 (1997); State of New Jersey

v. Johnson, 68 N.J. 349 (1975). En el caso de Nueva Jersey,

el más

Alto

Foro

Judicial de dicho estado expresamente

resolvió que la excepción a los registros sin orden quedaría

gobernada por la teoría de la renuncia de los derechos

constitucionales. State of New Jersey v. Johnson, supra, pág.

353.16 De este modo, se rechazó manifiestamente la teoría de

“We conclude that under Art. I, par. 7 of our State Constitution the

validity of a consent to a search, even in a non-custodial situation,

must be measured in terms of waiver; i.e., where the State seeks to

justify a search on the basis of consent it has the burden of showing

that the consent was voluntary, an essential element of which is

16

CC-2023-0514

26

la voluntariedad adoptada por el Tribunal Supremo Federal en

Schneckloth v. Bustamonte, supra. A nuestro juicio, a ello

también estaban llamados los jueces y juezas que componen

este Tribunal.

VI.

En fin, y ya para culminar esta parte de nuestro escrito,

debemos reconocer que los tribunales venimos llamados a velar

por el fiel cumplimiento de la doctrina del stare decisis.

El

propósito

fundamental

de

esta

doctrina

“es

que

un

tribunal, en aras de lograr certidumbre y estabilidad en las

relaciones

jurídicas

en

el

país,

siga

sus

dictámenes

previos”. Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, 205 DPR 407,

492 (2020) (Colón Pérez, Opinión Disidente).

Ahora bien, es norma conocida que la referida doctrina

admite excepciones y, por consiguiente, un tribunal no vendrá

llamado a seguir determinado precedente si se concluye que

están presente algunas de las siguientes circunstancias: (1)

el precedente establecido fue claramente erróneo, (b) los

efectos de la decisión sobre el ordenamiento jurídico son

adversos o (c) la cantidad de personas que confían en la

decisión es limitada. Íd.; Arce Bucetta v. Motorola, 173 DPR

516, 561 (2008) (Hernández Denton, Opinión de Conformidad);

González v. Merck, 166 DPR 659, 688 (2006) (Hernández Denton,

knowledge of the right to refuse consent.” (Énfasis suplido). State of

New Jersey v. Johnson, 68 N.J. 349, 353-354 (1975).

CC-2023-0514

27

Opinión de Conformidad). De esto último, precisamente, se

trata el caso que hoy tenemos ante nuestra consideración.17

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que –

desde la disidencia – procedemos a disponer de los asuntos

que nos ocupan.

VII.

En el presente caso el Ministerio Público acude ante nos

solicitándonos la revocación de ciertas determinaciones de

los foros inferiores mediante las cuales se confirmó la

supresión del resultado de la prueba de alcohol en la sangre

que se le realizó al señor Álvarez De Jesús. A esos fines,

el Estado alega que la toma de sangre que se le realizó al

susodicho acusado cae bajo la excepción de un registro sin

orden mediante el consentimiento voluntario de la persona

registrada.

Hoy, al acercarse a tal controversia, una mayoría de mis

compañeros y compañera de estrado, -- citando lo resuelto

por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Schneckloth

v. Bustamonte, supra; y adoptado por esta Curia en Pueblo en

interés del menor N.O.R., supra --, acceden a dicho petitorio

y “clarifican” que, en Puerto Rico, no es necesario que una

persona, al renunciar a su protección constitucional contra

registros y allanamientos irrazonables por parte del Estado,

En ese sentido, puede decirse que respecto a la tercera circunstancia

que puede mover a este Tribunal a abandonar un precedente, “la doctrina

de stare decisis cobra mayor vigor mientras más amplio sea el número de

personas que ha confiado en el precedente. Por el contrario, la doctrina

admite más excepciones a medida que el grupo afectado por el precedente

sea más limitado”. (Énfasis suplido). González v. Merck, 166 DPR 659,

689 (2006) (Hernández Denton, Opinión de Conformidad).

17

CC-2023-0514

28

conozca, como requisito para la validez de la renuncia, que

ésta tiene un derecho a rehusarse a consentir al registro

sin previa orden judicial. Con dicho proceder no podemos

estar

conformes

y,

por

tanto,

como

ya

mencionamos,

enérgicamente disentimos.

Y es que, de conformidad con la normativa antes expuesta,

-- y similar a como han sentenciado otros juristas en el

pasado --, somos de la opinión que consentir a un registro

sin previa orden judicial necesariamente debe implicar la

toma de una decisión con conocimiento de las alternativas

que la persona tiene disponible. En nuestro ordenamiento

jurídico teníamos espacio para así reconocerlo.

En ese sentido, un caso como éste, en el que se busca

admitir en evidencia el fruto de un registro sin orden

realizado

con

el

alegado

consentimiento

de

la

persona,

resultaba ser la ocasión perfecta para abandonar el errado

precedente establecido en Pueblo en interés del menor N.O.R.,

supra, y pautar de una vez y por todas que en Puerto Rico,

en escenarios como el de autos, el Ministerio Público no

puede descansar en la referida excepción si la persona no

conoce, al momento de consentir, sobre su derecho a no

prestar el aludido consentimiento. Ello, a su vez, implicaría

que, a la hora de obtener el consentimiento procurado, los

agentes del orden público tendrán el deber de informar a la

persona a ser registrada sobre el derecho de ésta a no

consentir al registro sin orden. Solo de esa forma se podría

conseguir una renuncia voluntaria, inteligente e informada

CC-2023-0514

29

de una de las protecciones constitucionales más fundamentales

de las que gozan los puertorriqueños y puertorriqueñas frente

al poder investigativo del Estado.

Los

errores

Tribunal

de

señalados

Primera

no

fueron

Instancia,

cometidos.

como

el

Tanto

el

Tribunal

de

Apelaciones, resolvieron correctamente la controversia que

tenían ante sí.18

Aún si adoptáramos como correcta la norma que hoy se “reafirma”, norma

que, como hemos establecido es una errada que choca frontalmente con la

normativa constitucional aplicable en la jurisdicción puertorriqueña, la

situación fáctica del caso de marras es patentemente distinta a la que

se enfrentó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Schneckloth v.

Bustamonte, supra. En aquel caso, y como bien recoge la Opinión

mayoritaria, los agentes del orden público que realizaron el registro

sin orden preguntaron a la persona con autoridad sobre el vehículo a

registrarse si podían proceder con la inspección del mismo, a lo que ésta

contestó “sure, go ahead”. Íd., pág.220. Por tanto, podría decirse que

en ese caso hubo un requerimiento de permiso para accionar que fue

oportunamente contestado por la persona cuya pertenencia iba a ser

registrada.

18

En el caso de autos, por otro lado, y según surge de la regrabación

de la vista de supresión de evidencia, -- y tal y como se recoge en la

exposición fáctica de la Opinión mayoritaria --, al señor Álvarez De

Jesús, en ningún momento, se le requirió autorización para tomarle una

muestra de sangre. Todo lo contrario, lo que hubo, en todo caso, fue una

orden, un mandato, un reclamo por parte del Estado de que tenía que

actuar de determinada manera y realizar determinado registro. Eso se

desprende diáfanamente de lo testificado por el sargento Cruz Díaz quien,

bajo juramento, admitió que le comunicó al señor Álvarez De Jesús que

tenía que hacerle una prueba de alcohol en la sangre como parte del

protocolo en investigaciones de accidentes graves. Véase, Apéndice del

certiorari, Anejo IX, minutos 00:09:50 y 00:31:20.

Así las cosas, no tenemos duda de que el accionar del sargento Cruz

Díaz en el presente caso se trató de un “mero requerimiento de registro”.

Pueblo en interés del menor N.O.R., supra, pág. 968 esc. 18. Lo que,

como sentenciamos en el precitado caso, es uno de los criterios a

considerar a la hora de examinar la totalidad de las circunstancias

mediante las cuales venimos llamados a revisar la voluntariedad del

consentimiento prestado para la realización de un registro sin orden.

Por tanto, aún a la luz del referido caso, abrigamos serias dudas de que

el consentimiento que presuntamente prestó el señor Álvarez De Jesús haya

sido, verdaderamente, voluntario. Y es que, el Ministerio Público no

puede

demostrar

que

un

consentimiento

fue

brindado

libre

y

voluntariamente “demostrando simplemente la aceptación [,-- de parte de

la persona a ser registrada --,] de un reclamo de autoridad por parte de

la Policía, especialmente cuando esta aceptación se da en circunstancias

aparentemente coercitivas”. Pueblo v. Narváez Cruz, 121 DPR 429, 451

(1988) (Hernández Denton, Opinión disidente). Tal fue la situación en el

caso de marras en la cual el señor Álvarez De Jesús se encontraba bajo

los efectos de la sustancia Demerol y recibió de parte del sargento Cruz

Díaz un mandato para tomarle una muestra de sangre con fines

investigativos.

CC-2023-0514

30

VIII.

Es,

pues,

por

los

fundamentos

antes

expuesto

que

enérgicamente disentimos del curso de acción seguido por una

mayoría de mis compañeros y compañera de estrado.19

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado

Por último, cabe señalar aquí que, aun cuando ninguna de las partes

del presente caso ha aludido al Art. 7.09 de la Ley Núm. 22-2000, mejor

conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA sec.

5209, la Opinión mayoritaria descansa en la precitada disposición legal

para concluir que el señor Álvarez De Jesús consintió válidamente a la

realización de un registro sin orden en su cuerpo (en este caso, la toma

de una muestra de su sangre) al transitar por las vías públicas de Puerto

Rico en un vehículo de motor. A nuestro juicio, y cónsono con lo que

hemos expresado a lo largo de este escrito, entendemos que el referido

Art. 7.09 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, supra, es

inconstitucional.

19

Y es que, según hemos explicado, no vemos cómo puede ser posible,

bajo la factura más ancha que brinda nuestra constitución, que se le

atribuya a una persona una renuncia consciente, inteligente e informada

a tan preciada protección constitucional al acceder a ostentar el

privilegio de conducir un vehículo de motor por nuestras calles. Máxime

cuando conducir un automóvil en este País es prácticamente una necesidad.

Por tanto, en este respecto, compartimos el criterio esbozado por

varias jurisdicciones estatales de los Estados de Unidos que, en armonía

con los preceptos más garantistas que ofrecen sus constituciones

estatales, han optado por rechazar legislaciones como el aludido Art.

7.09, supra, que implican un consentimiento implícito a la realización

de pruebas para la detección de alcohol en el organismo. A esos efectos,

véanse, State v. Fierro, 2014 S.D. 62, 853 N.W. 2d 235, 243 (Dakota del

Sur) (“our precedent is clear that the Legislature cannot enact a statute

that would preempt a citizen’s constitutional right, such as a citizen’s

Fourt Amendment right”); State v. Yong Shik Won, 137 Hawai’i 330, 372 P.

3d 330 (2015) (“in order to legitimize submission to a warrantless BAC

test under the consent exception, consent may not be predetermined by

statute, but rather it must be concluded that, under the totality of the

circumstances, consent was in fact freely and voluntarily given”); Weems

v. State, 434 S.W. 3d 655 (Court of Appeals of Texas, San Antonio) (2014)

(“we hold that the implied consent and mandatory blood draw statutory

scheme found in the Transportation Code are not exceptions to the warrant

requirement under the Fourth Amendment”) (confirmado en Weems v. State,

493 S.W. 3d 574, (2016) Court of Criminal Appeals of Texas).

De hecho salta a la vista que, avalar lo estipulado en el precitado

artículo de la Ley Núm. 22-2000, supra, tendría el efecto de echar por

la borda toda nuestra jurisprudencia constitucional sobre la excepción

al registro sin orden por vía del consentimiento que cita la propia

Opinión mayoritaria. Al menos, en lo que respecta a los registros

realizados al cuerpo de una persona como el aquí en controversia.