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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Lugo Morillo v. Natera Montilla

2024 TSPR 74

Poder Judicial de Puerto Rico

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Lugo Morillo v. Natera Montilla

CC-2024-0067

28 de junio de 2024 · Resolución del Tribunal con Voto particular disidente · Resolución del Tribunal con Voto particular disidente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ramón Lugo Morillo

Recurrido

Certiorari

v.

2024 TSPR 74

Elizabeth Natera Montilla

214 DPR ___

Peticionaria

Número del Caso:

Fecha:

CC-2024-0067

28 de junio de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel V

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Rafael E. Rodríguez Rivera

Lcdo. Luis José Torres Asencio

Lcdo. Pedro J. Cabán Vales

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. Nelson Hernández Delgado

Materia: Resolución del Tribunal con Voto particular disidente.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del

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del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como

un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ramón Lugo Morillo

Recurrido

v.

CC-2024-0067 Certiorari

Elizabeth Natera Montilla

Peticionaria

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

Examinada la Moción de reconsideración, se declara

no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres

está conforme y hace constar la siguiente expresión, a la

cual se unieron la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y

los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo, Rivera

García y Feliberti Cintrón:

La alegación de que existe una comunidad de

bienes entre dos personas no derrota una acción

de desahucio instada por el único dueño de una

propiedad. Mucho menos crea un conflicto de

título entre ambos. A lo sumo, la comunera tiene

derecho a probar la existencia de la comunidad

en otro pleito y a ser resarcida por su

aportación, si prevalece. Eso no se dilucida en

una acción de desahucio, por lo que cualquier

pregunta al respecto es impertinente a lo que el

Tribunal tiene ante sí. El desahucio se reclama

mediante el procedimiento sumario estatuido. En

todo caso, los derechos de la comunera se deben

atender en un pleito separado que no es este.

Cualesquiera otros argumentos o teorías son

ajenas al Derecho.

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2

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y los Jueces

Asociados señores Estrella Martínez y Colón Pérez

reconsiderarían y declararían con lugar la Moción de

Ayuda Legal Puerto Rico para comparecer como Amicus

Curiae en apoyo a la expedición del certiorari y la

Moción de Inter-Mujeres Puerto Rico para solicitar

intervención como amicus curiae. La Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez emitió un Voto particular disidente al

cual se unieron los Jueces Asociados señores Estrella

Martínez y Colón Pérez.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ramón Lugo Morillo

Recurrido

CC-2024-0067

v.

Elizabeth Natera Montilla

Peticionaria

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió un Voto particular

disidente a la cual se unen el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ

y el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

Hoy teníamos la oportunidad para discutir cuál

debería ser el proceder en situaciones en las que se

pretende desahuciar a una mujer de la residencia que

compartió durante casi tres décadas con su expareja,

cuando alega que existe un conflicto de título que

surge

de

las

aportaciones

económicas

que

hizo

al

bienestar del hogar. Por entender que la naturaleza de

las alegaciones y los derechos que reclama la Sr.

Elizabeth

Natera

Montilla

(señora

Natera

Montilla)

hacen necesario que el pleito de desahucio se dilucide

mediante la vía ordinaria, disiento respetuosamente del

proceder de una mayoría de esta Curia de denegar el

recurso de revisión de epígrafe.

CC-2024-0067

2

I

El 25 de enero de 2023 el Sr. Ramón Antonio Lugo Morillo

(señor Lugo Morillo) presentó una demanda de desahucio en

precario contra la señora Natera Montilla. El señor Lugo

Morillo manifestó ser dueño de la propiedad ubicada en la

Calle 12 NE, 1112, Urb. Puerto Nuevo, Barrio Monacillo, Río

Piedras,

PR;

y

que

la

señora

Natera

Montilla

vivía

la

propiedad “sin pagar canon o merced de clase alguna y lo hace

de forma precarista”.1 Añadió que le había requerido a la

señora Natera Montilla que desocupara la propiedad, pero

sostuvo que esta se había negado. Por ello, solicitó que se

decretase su desahucio, desalojo y lanzamiento.

El 26 de enero de 2023 el Tribunal de Primera Instancia

expidió el emplazamiento correspondiente y señaló una vista

para el 3 de febrero de 2023.

El 3 de febrero de 2023 ambas partes comparecieron a la

vista señalada mediante videoconferencia. La representación

legal de la señora Natera Montilla anticipó que estaría

sometiendo

una

alegación

responsiva

o

presentado

una

contestación a la demanda con el fin de traer a la atención

del tribunal los planteamientos sobre conflicto de título

ante la existencia de una comunidad de bienes. Culminada la

argumentación entre las partes, el foro primario determinó

reseñalar la vista de desahucio en su fondo para el 10 de

febrero de 2023.

1

Apéndice del expediente, pág. 70.

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3

El 9 de febrero de 2023 la señora Natera Montilla

presentó un Escrito en solicitud de desestimación de la

demanda presentada y/o en la alternativa la conversión del

presente caso a uno ordinario. Por medio de dicho escrito,

alegó afirmativamente que vivía desde el 1995 con el señor

Lugo

Morillo,

concubinato

de

more

forma

voluntaria,

uxorio,

en

una

cohabitando

relación

de

estable

y

permanentemente, y anteponiendo la lealtad y la fidelidad.

Manifestó que mantuvieron una relación de más de veintisiete

(27) años, durante los cuales tuvieron dos (2) hijos que

fallecieron y otros dos (2) que ya advinieron a la mayoría

de edad.

Alegó, además, que por todo ese tiempo mantuvieron una

comunidad de bienes. En dicha moción señaló que, para el

momento en que la relación comenzó, el señor Lugo Morillo

estudiaba en la Universidad Politécnica y fue ella quien lo

apoyaba económicamente, con su esfuerzo y trabajo, para que

pudiera completar su carrera universitaria. Posteriormente,

con el producto del trabajo y esfuerzo de ambos, adquirieron

la propiedad en controversia, la cual se convirtió en el

hogar familiar; en especial, donde criaron a su hija e hijo,

y donde actualmente vivía ella con su hija y nieto.

Además, arguyó que aportaba a los pagos del servicio de

energía eléctrica y asumía,

a

exclusión del señor Lugo

Morillo, las tareas domésticas de cuidado y mantenimiento

del hogar, además del cuidado y crianza de los hijos menores.

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4

Añadió que, con el acuerdo de ambos, se adquirió un vehículo

que inicialmente estuvo a su nombre y posteriormente se

traspasó a nombre del señor Lugo Morillo.

Finalmente, la señora Natera Montilla relató cierto

incidente que ocurrió entre ella y el señor Lugo Morillo que,

según ella, lo motivó a que se presentara la demanda en

desahucio. Explicó que una noche en noviembre de 2022, la

pareja

tuvo

una

discusión

en

la

cual

la

señora

Natera

Montilla le solicitó al señor Lugo Morillo que abandonara el

hogar porque sentía temor por su seguridad. Al este negarse,

ella se comunicó con la Policía de Puerto Rico para solicitar

su

auxilio.

Alegó

que

los

agentes

de

la

Policía

le

instruyeron al señor Lugo Morillo que debía desalojar el

hogar y finalmente este acató

las instrucciones de los

agentes. En respuesta a dicha situación, el 20 de diciembre

de 2022 el señor Lugo Morillo le requirió que desalojara la

propiedad y posteriormente presentó el recurso de desahucio

en precario.

En vista de lo anterior, la señora Natera Montilla

solicitó la desestimación de la demanda tas argüir que su

condición de comunera imposibilitaba que fuera despojada de

la posesión de la propiedad mediante una acción de desahucio.

En la alternativa, solicitó la conversión del procedimiento

a uno ordinario, pues existía un conflicto de título y otras

particularidades

que

impedían

que

mediante el procedimiento sumario.

el

caso

se

tramitase

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5

El 10 de febrero de 2023 el señor Lugo Morillo presentó

un escrito en

oposición.

Sostuvo que el

concubinato no

presumía la existencia de una comunidad de bienes entre los

concubinos

y

que

la

mera

alegación

de

que

existía

un

conflicto de título no era suficiente para derrotar la acción

de

desahucio.

Ahora

bien,

no

hizo

referencia

a

los

señalamientos específicos sobre las contribuciones de la

señora Natera Montilla a la referida comunidad.

El foro primario denegó la moción dispositiva de la

señora

Natera

Montilla

y

ese

mismo

día

las

partes

comparecieron para celebrar la vista de desahucio en su

fondo. Durante la vista, la señora Natera Montilla solicitó

reconsideración, pero esta fue denegada.

Así las cosas, el 5 de abril de 2023 lograron celebrar

la vista de desahucio. Allí, testificaron el señor Lugo

Morillo, la Sra. Nicole Lugo Natera, hija de las partes, y

la señora Natera Montilla. Durante el contrainterrogatorio

del

señor

Lugo

Morillo,

el

tribunal

no

permitió

a

la

representación legal de la señora Natera Montilla hacer

preguntas relacionadas a la comunidad de bienes, el hecho de

que la señora Natera Montilla trabajó durante la totalidad

de los años que convivieron juntos, en qué manera ella lo

apoyó económicamente mientras él cursaba sus estudios de

ingeniería,

los

trámites

de

compraventa

del

hogar

en

controversia ni otros asuntos relacionados a las aportaciones

económicas de la señora Natera Montilla.

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6

Sin embargo, el señor Lugo Morillo sí testificó que la

señora Natera Montilla no era una extraña para él, sino que

fue su compañera y que habían convivido desde que se adquirió

la propiedad hasta el 20 de noviembre de 2022, fecha en que

la Policía lo removió del hogar. Más aún, testificó que, para

él, la señora Natera Montilla se convirtió en precarista una

vez la Policía lo hizo abandonar la casa luego de que ella

le denunciara. Aceptó que para los años anteriores no la

consideraba precarista.

Por otro lado, durante el testimonio de la señora Natera

Montilla el Tribunal tampoco permitió preguntas ni evidencia

sobre los trámites de la compraventa de la casa en el 2007,

las planillas de contribución sobre ingresos que rendían de

manera conjunta, el crédito de contribuciones por los hijos

dependientes

que

solicitaron

al

Gobierno

federal,

la

comunidad de bienes constituida entre ambos ni los ingresos

de la señora Natera Montilla.

El 19 de abril de 2023 el foro primario concedió la

acción de desahucio. Concluyó que la titularidad del señor

Lugo Montilla sobre el inmueble en controversia había quedado

demostrada, así como también se había demostrado que la

señora Natera Montilla no tenía título o derecho alguno de

su posesión. Consecuentemente, ordenó el desalojo de la

propiedad en un término de veinte (20) días, contados a

partir de que el dictamen fuera final y firme.

Inconforme con dicha determinación, y enfrentándose al

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7

inminente lanzamiento del que ha sido su hogar desde el 2007,

la señora Natera Montilla presentó un escrito de apelación

ante el Tribunal de Apelaciones.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, así

como la transcripción de la

Tribunal de Apelaciones

prueba oral estipulada,

emitió

una

Sentencia

el

en la que

confirmó al Tribunal de Primera Instancia. El foro apelativo

intermedio razonó que la decisión de convertir un proceso

sumario a uno ordinario es un asunto discrecional y no

encontraron razón alguna para intervenir con la determinación

del

foro

primario.

El

Tribunal

expresó

que

los

gastos

realizados por la señora Natera Montilla no constituían un

conflicto de título y que cualquier reclamo relacionado a la

existencia de una comunidad de bienes debía ventilarse en un

pleito independiente.

Inconforme con la determinación del foro apelativo, la

señora

Natera

recurso

de

Montilla

certiorari.

compareció

Por

medio

ante

de

nos

mediante

este,

hizo

señalamientos de error siguientes:

(1) Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pese a que

la acción de epígrafe no podía tramitarse conforme al

procedimiento de desahucio.

(2) Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia y, en

consecuencia, no permitir a la parte peticionaria

presentar prueba sobre la comunidad de bienes existentes

entre Elizabeth Natera Montilla y Ramón Lugo Morrillo,

así como sobre los gastos y aportaciones económicas

hechas por la Sra. Natera Montilla a la Propiedad y al

hogar constituido entre ambos.

(3) Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia y resolver

un

los

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8

que “cualquier asunto relacionado a la alegada comunidad

de bienes, o asociado a cuantías realizadas para el

mantenimiento de la propiedad, debe ventilarse en pleito

independiente”.

(4) Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia y, en

consecuencia, ordenar el lanzamiento de la peticionaria

Elizabeth Natera Montilla, víctima de violencia de

género, según solicitado por su agresor, el recurrido

Ramón Lugo Morillo, revictimizándola y privándole de una

vivienda sobre la cual tiene una comunidad de bienes con

el recurrido.

En su recurso arguyó que no estamos ante el tipo de caso

para el cual se diseñó el procedimiento sumario de desahucio.

Así, pues casos de desalojos de exparejas en los que se

presentan reclamos complejos, como la existencia de una

comunidad

de

bienes,

el

derecho

a

la

retención

de

la

propiedad hasta tanto se rembolsen los gastos y aportaciones

económicas realizadas durante la relación, o los gastos

necesarios y útiles realizados en la propiedad, deben ser

dilucidados en procesos ordinarios. La señora Natera Montilla

indicó que el proceso sumario no se estatuyó con el propósito

de dilucidar este tipo de controversia, sino para promover

el mercado de arrendamiento de vivienda privada. A estos

efectos,

citó

la

Exposición

de

Motivos

de

la

Ley

129-2007, la cual indica lo siguiente:

Esta Ley enmienda distintos artículos del Código de

Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, con el

propósito de agilizar y uniformar el procedimiento de

desahucio contra personas que detentan la posesión

material o disfrute de una propiedad inmueble

precariamente, sin pagar canon o merced alguna.

[.....]

Con todo ello, se pretende agilizar y clarificar

el derecho aplicable y propiciar el desarrollo del

mercado de arrendamiento de viviendas.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 129-2007 (2007

Leyes de Puerto Rico 748-49) (énfasis suplido).

Núm.

CC-2024-0067

9

Además, citó la Exposición de Motivos de la Ley Núm.

86-2011, la cual enmendó varios de los artículos que rigen

sobre el proceso de desahucio:

La legislación vigente debe estimular el mercado

de alquiler y fomentar la disposición de los dueños

de viviendas a darlas en arrendamiento. A esos fines,

esta Ley enmienda los Artículos 625, 629 y 632 del

Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según

enmendado,

con

el

propósito

de

agilizar

el

procedimiento de desahucio y propiciar el desarrollo

del mercado de arrendamiento de viviendas.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 186-2011

(2011 Leyes de Puerto Rico 1611) (énfasis suplido).

En vista de lo anterior, la señora Natera Montilla

planteó que la demanda de desahucio es producto de una

disputa entre dos personas que convivieron hasta el día en

que la Policía le indicó al señor Lugo Morillo que debía

abandonar la propiedad, por lo que no procedía argumentar

que su acción estaba enmarcada dentro de los intereses para

los cuales existe el procedimiento sumario de desahucio.

Además, esbozó que tampoco debe proceder el desahucio

mediante un proceso sumario cuando este no es más que un acto

de represalia por una denuncia presentada ante la Policía

por parte de una persona que se siente amenazada y se percibe

como víctima de su expareja.

Finalmente,

la

señora

Natera

Montilla

arguyó

que,

incluso si lo anterior no fuese razón suficiente para revocar

los dictámenes de los foros inferiores, en el caso de autos

existían otros elementos que exigían que el caso se llevara

por la vía ordinaria, a saber: la existencia de una comunidad

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10

de bienes entre ambos por casi tres décadas y su derecho a

presentar prueba sobre el particular.

Las organizaciones Inter-Mujeres Puerto Rico (InterMujeres)

y

Ayuda

Legal

Puerto

Rico

(Ayuda

Legal)

comparecieron ante nos mediante solicitudes de intervención

en carácter de amicus curiae.

Ayuda Legal indicó que el recurso ante la consideración

de este Tribunal es de gran importancia para el acceso a la

justicia de las poblaciones a las que brindan servicio, en

específico,

personas

demandadas

en

desahucio

y

sobrevivientes de violencia doméstica. Además, sostuvo que

este caso nos brinda la oportunidad de aclarar los requisitos

para

convertir

un

pleito

sumario

de

desahucio

en

un

procedimiento ordinario, particularmente cuando se trata del

reclamo de una mujer para que se valore su aportación al

bienestar y sustento del hogar y sus derechos en una relación

de pareja, cuando los tribunales inferiores se han rehusado

a hacerlo. También arguyó que

[n]o admitir el proceso ordinario es el equivalente

de silenciar, vía judicial, la voz de una mujer que

alega que por más de 27 años aportó su tiempo y sus

recursos materiales para construir un hogar para ella,

quien fuera su pareja y el padre de cuatro hijos.2

Finalmente,

Ayuda

Legal

invitó

a

este

Tribunal

a

considerar las maneras en las cuales las determinaciones de

los foros inferiores legitiman la violencia económica al

negarle el derecho a una mujer a tener su día en corte. De

Moción de Ayuda Legal Puerto Rico para comparecer como amicus curiae

en apoyo a la expedición del certiorari, pág. 2.

2

CC-2024-0067

esta

11

manera,

definieron

la

violencia

económica

como

el

menoscabo de la capacidad financiera presente o futura, la

estabilidad

económica

o

la

seguridad

habitacional

y

de

vivienda a través de la restricción o privación de acceso,

dinero o asistencias gubernamentales.

Por su parte, Inter-Mujeres planteó que, dentro del

contexto de la división de la comunidad de bienes que se crea

en una relación de concubinato more uxorio, para determinar

cuál fue la aportación de cada individuo debemos tomar en

consideración “no solo la titularidad legal sobre los bienes,

sino también el valor de los servicios de apoyo mediante el

cuidado de la pareja y de la prole, el cuidado del hogar y

la administración cotidiana de los aspectos relacionados a

la alimentación, vestimenta, salud y educación de la prole y

de la pareja”.3 A esos efectos, es necesario que la parte que

dedicó años a brindar apoyo, cuidados y solidaridad a la

familia y a su pareja, se le permita la oportunidad de probar

la existencia de una comunidad de bienes y, mediante prueba

al efecto, poder establecer el valor de su participación y

aportación a los bienes adquiridos.

Finalmente,

Inter-Mujeres

apuntó

a

que

nuestro

ordenamiento reconoce un derecho fundamental a la igualdad y

prohíbe la discriminación por género. En lo pertinente,

arguyeron que

[n]o reconocer el trabajo de cuidados que realiza una

de las personas integrante de la pareja, sea

Escrito de amicus curiae de Inter-Mujeres Puerto Rico que acompaña

moción en solicitud de intervención, pág. 10.

3

CC-2024-0067

12

matrimonial o de hecho, por años atenta contra el

derecho fundamental a la igualdad. No reconocer […]

su trabajo en el hogar, el cuidado de la prole, la

preparación de alimentos o las contribuciones a los

gastos cotidianos familiares, coloca a una parte en

situación de desventaja, desigualdad y permite un

enriquecimiento injusto de quien pudo lograr sus metas

profesionales o adquirir propiedades gracias a que la

otra parte de la pareja mantenía todo a flote en el

hogar.4

Una Mayoría de mis compañeros y compañera de estrado ha

decidido no expedir el recurso ante nos. Por ello, me parece

que desaprovechamos la oportunidad de expresarnos en cuanto

a la invisibilización de las aportaciones económicas de una

mujer al sustento del hogar al momento de vindicar derechos

ante

nuestros

Tribunales.

También

desaprovechamos

la

oportunidad de hacer justicia permitiéndole a la señora

Natera Montilla presentar prueba sobre la existencia de una

comunidad de bienes y un posible reclamo de titularidad sobre

la propiedad en controversia. Así, se deja inalterada la

determinación mediante la cual se decreta el desahucio,

desalojo y lanzamiento de la señora Natera Montilla. Ello a

pesar

de

que

el

proceso

sumario

de

desahucio

nunca

se

concibió para atender hechos como los aquí planteados. Por

las razones que expondré, disiento de este proceder.

II

El desahucio es el medio que tiene una persona que sea

dueña o dueño de un inmueble para recobrar judicialmente la

posesión de este. Este proceso

puede solicitarse en un

proceso ordinario o en un proceso sumario. El desahucio

Escrito de amicus curiae de Inter-Mujeres Puerto Rico que acompaña

moción en solicitud de intervención, pág. 15.

4

CC-2024-0067

sumario

es

13

un

procedimiento

reglamentado

por

los

Arts.

620-634 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs.

2821–2838,

en

el

cual

se

busca

atender

rápidamente

la

reclamación del dueño o de la dueña de un inmueble que ve

interrumpido

el

derecho

a

poseer

y

disfrutar

de

su

propiedad. ATPR v. Vomar-Mathieu, 196 DPR 5, 9-10 (2016);

Turabo

Ltd.

Partnership v.

Velardo

Ortiz,

130

DPR

226,

234-235 (1992); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749

(1987). Así, mediante esta acción especial se recupera la

posesión de hecho de un bien inmueble mediante el lanzamiento

o la expulsión del arrendatario o precarista que lo detente

sin pagar canon o merced alguna. ATPR v. Vomar-Mathieu,

supra.

Es doctrina general establecida por este Tribunal que

los conflictos de título no pueden dilucidarse en el juicio

de desahucio por ser este uno de carácter sumario en que

únicamente se trata de recobrar la posesión de un inmueble

por quien tiene derecho a ella. CRUV v. Román, 100 DPR 318,

321

(1971).

Así,

generalmente

en

estas

acciones

debe

limitarse la concurrencia o consolidación de otras acciones

o defensas. ATPR v. Vomar-Mathieu, supra, pág. 10. Por ello,

hemos

reconocido

procedimiento

la

sumario

necesidad

de

de

desahucio

que

se

ocasionalmente

el

convierta

uno

en

ordinario.

A tono con tal doctrina, si un demandado o una demandada

en desahucio produce prueba suficiente que tienda a demostrar

CC-2024-0067

14

que tiene algún derecho a ocupar un inmueble y que tiene un

título tan bueno o mejor que el del o de la demandante, surge

un conflicto de título que hace improcedente que se dilucide

la acción de desahucio por la vía sumaria. Íd. Por eso, hemos

advertido que cuando el demandado o la demandada presenta

otras defensas afirmativas relacionadas con la acción de

desahucio, éste puede solicitar que el procedimiento se

convierta

al

trámite

ordinario. ATPR

v.

Vomar-Mathieu,

supra; Jiménez v. Reyes, 146 DPR 657 (1998); Mora Dev. Corp.

v. Sandín, supra, págs. 747–748. “Una vez esgrimidas estas

defensas,

el

juzgador

deberá

auscultar sus

méritos,

los

hechos específicos que se aducen y discrecionalmente ordenar

la conversión del procedimiento al juicio ordinario”. Turabo

Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226 245-46 (1992).

Debe señalarse que, para justificar el cambio a un

proceso ordinario, al igual que sucede cuando se plantea un

conflicto de título, no basta una mera alegación para que

prospere la defensa. Marín v. Montijo, 109 DPR 268, 278

(1979); Pérez v. Castro, 52 DPR 274, 282 (1937). Sin causar

dilaciones en el proceso, la parte demandada debe, en el

momento oportuno, presentar prueba que lleve al ánimo del

juzgador la razonable certeza de sus defensas. Por ello, más

allá de sus alegaciones, la parte demandada debe demostrar

con

hechos

específicos

que

se

justifica

convertir

el

procedimiento en uno ordinario. Turabo Ltd. Partnership v.

Velardo Ortiz, supra. En tal caso, la reclamación estará

CC-2024-0067

sujeta

a

15

las

excluyendo

reglas

la

de

la

legislación

litigación

especial

civil

que

ordinaria,

reglamenta

el

desahucio sumario y sus restringidos plazos y condiciones.

ATPR v. Vomar-Mathieu, supra.

A modo ilustrativo, en Marín v. Montijo, supra, este

Tribunal

consideró

el

efecto

de

que

un

arrendatario

levantara, ante una demanda de desahucio en precario, una

defensa alegando que tenía derecho a retener el bien hasta

tanto le reembolsaran los costos de las reparaciones que

realizara.

Este

Tribunal

ordenó

la

paralización

de

una

sentencia que declaró ha lugar una demanda de desahucio a

través

del

proceso

sumario

hasta

tanto

el

Tribunal

determinara la cantidad que se le adeuda al inquilino por

concepto de reparaciones necesarias.

III

Este Tribunal tuvo ante sí la oportunidad de corregir

una determinación del foro primario por la cual se declara

ha lugar una demanda de desahucio en precario, mediante el

procedimiento sumario, a pesar

de que la

señora Natera

Montilla alegó de manera específica que tenía derecho a

ocupar la vivienda e intentó presentar prueba a esos fines.

De esta manera, se le cierra efectivamente la puerta de

nuestros tribunales para presentar evidencia acreditativa de

la existencia de una comunidad de bienes more uxorio y sobre

la posibilidad de que ostente un derecho legítimo sobre la

propiedad en cuestión, la cual ha habitado por casi tres

CC-2024-0067

16

décadas. Se le imposibilita, además, presentar prueba sobre

sus contribuciones económicas a la comunidad de bienes y la

labor llevada a cabo para el mantenimiento de lo que fue el

hogar familiar compartido, donde aún habita una hija y un

nieto.

No puedo coincidir con este curso de acción que despacha

livianamente los planteamientos de la señora Natera Montilla.

Tal

y

como

permite

nuestro

ordenamiento,

ante

una

demanda de desahucio en precario, la señora Natera Montilla

solicitó que el pleito se dilucidara a través del proceso

ordinario. Arguyó que existía una controversia genuina sobre

su derecho a la tenencia de la propiedad y que esta no era

apta para dilucidarse mediante el procedimiento sumario. No

basó su solicitud en meras alegaciones generalizadas, sino

que explicó en detalle cómo sus contribuciones económicas y

de labor doméstico en beneficio del hogar familiar, además

de las dinámicas económicas entre la pareja, crearon una

comunidad de bienes more uxorio y un derecho a una porción

de la titularidad del bien inmueble en controversia. Como

dijimos en Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, supra,

una

vez

primario

esgrimidas

debió

estas

defensas

auscultar sus

afirmativas,

méritos

y

los

el

foro

hechos

específicos, y ordenar la conversión del procedimiento al

juicio ordinario.

Conforme le permite nuestro ordenamiento jurídico, la

señora

Natera

Montilla

intentó

presentar

prueba

que

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sustentara sus defensas en la vista de desahucio del 5 de

abril de 2023. Allí, solicitó del Tribunal que le permitiera

presentar evidencia y testificar sobre la existencia de una

comunidad

de

bienes

constituida

entre

las

partes;

los

trámites que se llevaron a cabo para la compraventa del

inmueble;

el

económicamente

hecho

al

de

que

sustento

ella

del

trabajaba

hogar;

las

y

aportaba

planillas

de

contribución sobre ingresos que rendían de manera conjunta;

el crédito de contribuciones por hijos dependientes que

solicitaron al Gobierno federal; y sus ingresos. Sin embargo,

y a pesar de la materialidad de esta evidencia con relación

al

derecho

de

la

señora

Natera

Montilla

a

mantener

la

posesión del inmueble, el Tribunal de Primera Instancia no

le permitió presentar evidencia ni testificar al respecto.

No cabe duda de que el foro primario abusó de su

discreción al disponer de la controversia sumariamente, sin

tan siquiera permitirle a la señora Natera Montilla presentar

evidencia que pudiese ponerlo en posición para considerar

convertir el pleito al proceso ordinario. Ante alegaciones

específicas y detalladas que alertaran al Tribunal de la

posibilidad

genuina

de

que

la

señora

Natera

Montilla

ostentara un derecho a permanecer en el inmueble, procedía

celebrar una vista evidenciara. En esta, el Tribunal debió

permitirles a las partes presentar prueba relacionada a las

alegaciones sobre los trámites que se llevaron a cabo para

la compraventa del inmueble, la existencia de una comunidad

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18

more uxorio y cualquier crédito que tuviese la señora Natera

Montilla que pudiese justificar un derecho a retener la

posesión del inmueble.

Al negarse a expedir el recurso ante nos, una mayoría

de

este

Tribunal

avala,

sub

silentio,

el

abuso

de

la

naturaleza sumaria del procedimiento de desahucio, que muy

bien pudiera estar siendo utilizado para penalizar a la

señora Natera Montilla por la ruptura sentimental y por haber

solicitado la asistencia de las autoridades pertinentes para

que el señor Lugo Morillo abandonara la propiedad ante una

alegación de violencia doméstica. Los Tribunales no podemos

dispensar de la justicia a la ligera. Debemos ser celosos de

que no se nos utilice para perpetuar daños a personas con

intereses

legítimos

a

ser

considerados

en

un

proceso

apropiado para ello. Negarle a la señora Montilla Natera la

oportunidad de retener un inmueble que probablemente invirtió

de su pecunio y trabajo para sostener, es invisibilizar la

aportación esencial de la mujer en el sostén del hogar y en

la

prosperidad

del

núcleo

familiar.

Esto,

sin

que

tan

siquiera tuviese la oportunidad de que un Tribunal tuviese

ante si todos los elementos necesarios para determinar la

validez de sus reclamos.

IV

Por entender que procedía expedir el recurso y, luego

de los tramites de rigor, devolver el caso al Tribunal de

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Primera

Instancia

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para

que

el

procedimiento

continuara

mediante el trámite ordinario, me veo obligada a disentir.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta