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Tribunal Supremo de Puerto Rico

2024 TSPR 70

2024 TSPR 70

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2024 TSPR 70

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Itzaira Otero Rivera

Recurrida

Certiorari

v.

2024 TSPR 70

Bella Retail Group, Inc. h/n/c

Flagship Chrysler Bayamón, FCA US

LLC h/n/c Chrysler de Puerto Rico;

USAA Federal Savings Bank;

Assurant Services of PR, Inc.

213 DPR ___

Peticionarios

Número del Caso:

Fecha:

CC-2023-0371

24 de junio de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel II

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcda. Jane Patricia Van Kirk

Lcdo. Ángel Sosa Báez

Representante legal de la parte recurrida:

Lcda. Mirla Mireya Rodríguez Marín

Materia: Obligaciones y Contratos; Ley de Ventas a Plazos y Compañías

de Financiamiento – Alcance de la responsabilidad de una entidad

financiera cuando se decreta la resolución del contrato de

compraventa.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Itzaira Otero Rivera

Recurrida

v.

Bella

Retail

Group,

Inc.

h/n/c

Flagship

Chrysler

Bayamón, FCA US LLC h/n/c

Chrysler de Puerto Rico; USAA

Federal

Savings

Bank;

Assurant Services of PR, Inc.

CC-2023-371

Certiorari

Peticionarios

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión

del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2024.

En este caso, una consumidora solicitó que se decretara

la resolución de un contrato de compraventa mediante el

cual un concesionario le vendió un vehículo de motor con

defectos que no han podido ser reparados.

Dentro de ese

contexto, nos corresponde precisar cuál es el alcance, si

alguno, de la Ley Núm. 68 del 19 de junio de 1964, según

enmendada, conocida como Ley de Ventas a Plazos y Compañías

de Financiamiento, 10 LPRA sec. 731 et seq., sobre la

entidad que proveyó el financiamiento del automóvil.

En particular, este recurso nos brinda la oportunidad

de determinar si, a la luz de una interpretación integral

del

texto

estatutario

y

reglamentario

aplicable,

una

entidad financiera debe responder solidariamente junto al

CC-2023-371

2

vendedor de un vehículo de motor por la devolución de las

prestaciones cuando se decreta la resolución del contrato

de compraventa.

Adelantamos que no.

Por los fundamentos que detallamos a continuación,

resolvemos que la imposición de solidaridad a la entidad

financiera no procede en derecho.

En consecuencia, se

modifica el dictamen recurrido a los fines de establecer

que

las

prestaciones

serán

devueltas

de

manera

independiente, según la parte que le corresponda a cada

cual.

Veamos.

I

El 10 de junio de 2020, la Sra. Itzaira Otero Rivera

(señora Otero Rivera o recurrida) presentó una querella en

contra

de

Bella

Retail

Group

Inc.

d/b/a

Flagship

(Flagship), Assurant Services of Puerto Rico Inc. y USAA

Federal

Savings

Bank

(USAA

o

peticionaria)

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo).

ante

el

La señora

Otero Rivera relató que, luego de comprar un vehículo de

motor marca Dodge (modelo Grand Caravan de 2019) en el

concesionario Flagship, éste confrontó múltiples problemas

mecánicos que la llevaron a temer por su seguridad y la de

su

familia.

En

síntesis,

la

recurrida

adujo

que

el

automóvil presentó dificultades para encender en varias

ocasiones y que notificó a Flagship sobre tales incidentes

para que se efectuaran las reparaciones correspondientes.

No obstante, alegó que el vehículo de motor no funcionaba

y que –por tercera ocasión en los últimos tres (3) meses–

CC-2023-371

3

se encontraba en espera de una reparación, por lo cual

solicitó la resolución del contrato de compraventa.

Luego de varios trámites procesales, entre los que se

incluyó la contestación de Flagship a la querella y la

presentación de una querella enmendada por parte de la

señora Otero Rivera,1 USAA presentó una Contestación a

querella y querella enmendada el 20 de enero de 2021.

En

resumen,

la

la

peticionaria

negó

las

alegaciones

de

recurrida y afirmó que éstas no se hicieron en su contra.

Así pues, USAA expuso que su única interacción en relación

con

los

hechos

del

caso

fue

haberle

otorgado

el

financiamiento a la señora Otero Rivera para que adquiriera

el vehículo.2

Tras la celebración de una vista administrativa, el

DACo emitió una Resolución el 6 de octubre de 2021.3

Allí

concluyó que Flagship tuvo una oportunidad razonable para

reparar el defecto del vehículo, pero no quiso o no pudo

corregirlo.

En consecuencia, a la luz de la Ley y el

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, la agencia

1

La Sra. Itzaira Otero Rivera (señora Otero Rivera o recurrida)

añadió como co-querellado a Chrysler International LLC. No obstante,

FCA US LLC compareció el 6 de octubre de 2020 para aclarar que se le

denominó incorrectamente como “Chrysler Group International LLC”.

Véanse: Moción informativa asumiendo representación legal y enmienda

a querella, Apéndice del certiorari, págs. 68-69; Notificación de

representación legal y moción de notificación de querella, Apéndice

del certiorari, pág. 43.

2

Véase Contestación a querella y querella enmendada, Apéndice del

certiorari, pág. 47.

3

El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 8 de octubre

de 2021.

Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACo), Apéndice del certiorari, pág. 66.

CC-2023-371

4

declaró con lugar la querella presentada y “decret[ó] la

resolución de los contratos de compraventa y de ventas al

por menor a plazos con relación al vehículo objeto de la

querella”.4

Asimismo, el DACo ordenó tanto a Flagship como

a USAA a reembolsar solidariamente a la señora Otero Rivera

los pagos mensuales efectuados para el financiamiento del

vehículo,5

más el interés legal

acumulado sobre dicha

cuantía, dentro de un término de treinta (30) días.6

Por

último,

USAA

la

agencia

estableció

que

Flagship

y

relevarían solidariamente a la recurrida del remanente de

la deuda pendiente asumida por esta última para financiar

el precio del vehículo y que, una vez recibidos los pagos

y cancelada la deuda de financiamiento, la señora Otero

Rivera devolvería la unidad a Flagship, quien pasaría a

recogerla.7

Posteriormente, la peticionaria presentó una Solicitud

de reconsideración.8

4

Argumentó que no existía base alguna

Íd., pág. 64.

5

Valga señalar que el DACo desestimó la querella respecto al resto

de los co-querellados por no exponer una reclamación que ameritara la

concesión de un remedio. Íd.

6

Este término comenzaría a contarse a partir del término de diez

(10) días concedido a USAA Federal Savings Bank (USAA o peticionaria)

para que emitiera una certificación sobre la cuantía pagada por la

señora Otero Rivera en cuanto a las mensualidades efectuadas para el

financiamiento del vehículo. Íd.

7

8

Íd.

Por su parte, el 28 de octubre de 2021, Flagship también presentó

una moción de reconsideración mediante la cual sostuvo que el DACo

erró al determinar que las fallas del vehículo de motor no se

subsanaron con éxito y al validar un informe de inspección preparado

por un técnico automotriz. Véase Moción [de] reconsideración, Apéndice

del certiorari, pág. 83.

CC-2023-371

5

en el expediente para concluir que la recurrida financió

su vehículo mediante un contrato de venta condicional a

plazos.

Asimismo, USAA alegó que el acuerdo que suscribió

directamente con la señora Otero Rivera fue un contrato de

préstamo, por lo que la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964,

según enmendada, conocida como Ley de Ventas a Plazos y

Compañías de Financiamiento, supra, no era aplicable.

Por

ende, la peticionaria adujo que, al no haberse aportado

prueba de que Flagship le cedió un contrato de venta

condicional

a

plazos,

era

erróneo

concluir

que

debía

responder solidariamente ante la señora Otero Rivera por

los

pagos

efectuados.

Por

esta

razón,

solicitó

la

desestimación de la querella en su contra.9

El 13 de enero de 2023, el DACo emitió una Resolución

en reconsideración y Orden final mediante la cual proveyó

no ha lugar a la mencionada solicitud de reconsideración.

En desacuerdo con este dictamen, el 13 de febrero de 2023,

USAA presentó una Solicitud de revisión judicial ante el

Tribunal

de

Apelaciones.

En

esencia,

reiteró

sus

argumentos y alegó que la Ley de Ventas a Plazos y Compañías

9

Cabe mencionar que el 8 de noviembre de 2021, el DACo emitió una

Notificación mediante la cual manifestó que dispondría de las mociones

de reconsideración dentro del término de noventa (90) días que

establece la ley para resolverlas.

No obstante, USAA y Flagship

comparecieron ante el Tribunal de Apelaciones el 10 de diciembre

de 2021 y el 25 de febrero de 2022, respectivamente, mediante sus

recursos de revisión judicial.

Así las cosas, el foro apelativo

intermedio emitió una Sentencia el 18 de abril de 2022 en la que

desestimó dichos recursos por falta de jurisdicción bajo el fundamento

de que el DACo no logró notificar adecuadamente a todas las partes.

Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso ante la

agencia para que notificara correctamente a todas las partes. Véase

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Apéndice del

certiorari, págs. 87-98.

CC-2023-371

de

6

Financiamiento,

supra,

no

aplicaba

debido

a

la

inexistencia de un contrato de venta condicional a plazos

entre Flagship y la señora Otero Rivera que le fuera

cedido.

En ese sentido, la peticionaria reafirmó que el

DACo erró al concluir que era responsable solidariamente

por

la

devolución

de

las

prestaciones

frente

a

la

recurrida.

El 10 de abril de 2023, el Tribunal de Apelaciones

emitió

una

Sentencia

recurrido.10

en

la

que

confirmó

el

dictamen

El foro apelativo intermedio expuso que, como

regla general, en los contratos de compraventa de vehículos

de motor el vendedor le cede a una entidad financiera su

posición frente al comprador a cambio del pago inmediato

del precio.

Así pues, manifestó que cuando se cede un

contrato

de

compraventa

subroga

en

los

derechos

obligaciones

que

éste

momento de la cesión.

condicional,

del

tenga

el

cedente

para

con

el

cesionario

se

y

asume

las

comprador

al

También, destacó que la Ley de

Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, supra, no

permite

que

el

vendedor

que

cede

su

posición

quede

totalmente liberado de responsabilidad frente a la parte

compradora por actuaciones previas que afecten tanto los

intereses del comprador como los de la entidad financiera

o cesionaria.

10

El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de revisión

presentados por Flagship y la peticionaria ante la existencia de hechos

y planteamientos comunes.

Resolución emitida por el Tribunal de

Apelaciones, Apéndice del certiorari, pág. 140.

CC-2023-371

En

7

conformidad

con

lo

expuesto,

el

Tribunal

de

Apelaciones concluyó que no había prueba en el expediente

que demostrara que la compraventa del vehículo de motor se

efectuó a través de un acuerdo distinto al de un contrato

de compraventa a plazos.

Además, resolvió que el DACo no

erró al determinar que USAA respondía solidariamente con

Flagship ante la señora Otero Rivera.

25

de

abril

de

reconsideración,

2023,

la

USAA

cual

Así las cosas, el

presentó

fue

denegada

una

moción

mediante

de

una

Resolución emitida el 11 de mayo de 2023 y notificada el

17 de mayo de 2023.

Inconforme, el 15 de junio de 2023, la peticionaria

presentó ante este Tribunal una Petición de certiorari para

revisión judicial de decisión administrativa y planteó los

errores siguientes:

Erró

el

[Tribunal

de

Apelaciones]

al

confirmar la resolución del DACo que concede un

remedio contra USAA bajo una ley que no aplica

al contrato de pr[é]stamo que otorgó con la

querellante, sin apoyo alguno en el expediente

del caso, sin que ello fuera alegado ni probado,

y en perjuicio de USAA que no tuvo notificación

adecuada de que se buscaba un remedio bajo la

Ley de Ventas de Mercancías y Servicios al por

Menor a Plazos y Compañías de Financiamiento y

no como parte con interés por tener un gravamen

sobre el vehículo financiado.

Erró

el

[Tribunal

de

Apelaciones]

al

confirmar la resolución del DACo que concluye

que la compra del vehículo se financió mediante

un contrato de venta condicional a plazos

regulado por la Ley Núm. 68 del 19 de junio de

1964, según enmendada.11

11

Petición de certiorari

administrativa, pág. 8.

para

revisión

judicial

de

decisión

CC-2023-371

8

En reconsideración, expedimos el recurso de certiorari

solicitado.12

Con el beneficio de los alegatos de las

partes, procedemos a exponer el marco legal aplicable.

II

A.

La doctrina de revisión judicial

Es norma reiterada que los tribunales apelativos están

llamados a conceder amplia deferencia a las decisiones de

las

agencias

administrativas.

Esto

se

debe

a

la

experiencia y pericia que presumiblemente tienen estos

organismos

respecto

delegado.

Graciani

a

las

facultades

Rodríguez

v.

que

Garage

se

Isla

les

han

Verde,

202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía,

201 DPR 26, 35 (2018).

De esta forma, hemos destacado que

las decisiones de las agencias administrativas poseen una

presunción de regularidad y corrección, por lo cual deben

ser respetadas, a no ser que la parte que las impugne

presente prueba suficiente para rebatir tal presunción.

ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 281 (2020); Capó Cruz

v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020);

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra.

En particular, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38-2017,

según

enmendada,

conocida

como

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

3 LPRA sec. 9675, expone el marco rector aplicable a la

12

En cuanto a la Moci[ó]n en solicitud de desestimaci[ó]n presentada

el 25 de enero de 2024 por la recurrida, se provee no ha lugar.

Respecto a la Moción solicitando autorización para presentar oposición

a moción de desestimación presentada el 29 de enero de 2024 por USAA,

nada que proveer.

CC-2023-371

9

revisión judicial de las determinaciones de las agencias

administrativas.

Este régimen normativo se fundamenta en

el principio de la razonabilidad para determinar si la

actuación de la agencia es arbitraria, ilegal o irrazonable

a tal grado que se considere un abuso de discreción.

Martínez v. Supte. Policía, supra.

Rolón

Así pues, la revisión

judicial de una decisión administrativa se circunscribe a

analizar lo siguiente: (1) si el remedio concedido por la

agencia fue el apropiado; (2) si las determinaciones de

hecho realizadas por la agencia estuvieron sustentadas por

prueba

sustancial

que

surgió

del

expediente

administrativo, y (3) si, mediante una revisión completa y

absoluta, las conclusiones de derecho fueron correctas.

Íd., págs. 35-36.

Ahora bien, la deferencia hacia las determinaciones

administrativas

no

se

extiende

automáticamente

a

las

conclusiones de derecho de la agencia, pues los tribunales

apelativos tienen la facultad de revisar las conclusiones

de derecho en todos sus aspectos.

supra, págs. 281-282.

supra.

ECP Incorporated v. OCS,

Véase, además, Sec. 4.5 de la LPAU,

Ciertamente, esto no implica que los tribunales

revisores

tienen

conclusiones

e

libertad

absoluta

interpretaciones

para

de

descartar

dicho

las

organismo

administrativo.

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).

Por

la

lo

tanto,

prevalecerá

cuando

interpretación

produzca

de

resultados

la

agencia

incompatibles

no

o

contrarios al propósito del estatuto interpretado y a su

CC-2023-371

10

política pública.

Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam.

207

(2021).

DPR

833,

843

En

esa

misma

línea,

“los

tribunales tienen que armonizar, siempre que sea posible,

todos

los

estatutos

y

reglamentos

administrativos

involucrados para la solución justa de la controversia, de

modo

que

se

razonable”.

B.

obtenga

un

resultado

(Escolio omitido).

sensato,

lógico

y

Íd.

Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento

La Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada,

conocida

como

Ley

Financiamiento,

10

de

Ventas

LPRA

sec.

a

Plazos

731

et

y

Compañías

seq.,

regula

de

lo

relacionado a los contratos de venta al por menor a plazos

celebrados entre un comprador y un vendedor, así como la

relación jurídica de las compañías de financiamiento que

intervienen en las transacciones de venta a crédito, sobre

los bienes muebles y servicios.

Conviene destacar que esta

ley se creó con el fin primordial de

consumidores

de

cargos

excesivos

de

proteger a los

financiamiento

y

conservar un margen razonable de beneficios que estimulara

la economía.13

El

contrato

de

venta condicional

es una modalidad

particular de la compraventa con reserva de dominio y más

específicamente de la llamada venta a plazos.

13

Berríos v.

Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, T. 3, págs. 16771678 (1964). Véase, además, W. Torres Bill, Ventas a plazos, San Juan,

[s. Ed.], 1992, pág. 5 (citando el Informe de las Comisiones de

Comercio e Industrias, de Hacienda y de lo Jurídico en relación con el

P. de la C. 828, Reglamentación de Ventas al Por Menor a Plazos y las

Compañías de Financiamiento, 16 de mayo de 1963, pág. 15).

CC-2023-371

Tito

Zambrana

11

Auto,

Inc.,

123

DPR

317,

326

(1989).

Mediante estos acuerdos de ventas a plazos y financiamiento

se crea una relación tripartita entre el comprador, el

vendedor y la entidad financiera, en la cual la cesión del

contrato de venta condicional está prevista desde que se

perfecciona la compraventa original.

Íd., págs. 328-329.

La

transmisión

finalidad

de

la

cesión

es

la

de

la

titularidad del contrato de venta condicional del cedente

al cesionario con sus derechos y obligaciones hasta que el

comprador pague la totalidad del precio.

Íd., pág. 329.

La ley define el término “compañía de financiamiento”

de la forma siguiente:

Significa una persona que se dedique total o

parcialmente, directa o indirectamente, al

negocio de comprar o de otra manera adquirir

contratos de ventas al por menor a plazos o

intereses sobre los mismos, otorgados por otras

personas […]. Art. 101(15) de la Ley de Ventas

a Plazos y Compañías de Financiamiento, 10 LPRA

sec. 731(15).

A tenor de lo expuesto, y en lo pertinente a la presente

controversia, una vez perfeccionada la compraventa a plazos

de un vehículo de motor, el vendedor le cede a una entidad

financiera su posición frente al comprador a cambio del

pago inmediato del precio.

Berríos v. Tito Zambrana Auto,

Inc.,

En

supra,

pág.

328.

efecto,

la

actividad

que

consiste en el otorgamiento del financiamiento al comprador

“transforma la operación para el vendedor prácticamente en

una venta al contado y lo que deja subsistente es la

obligación de pago en los plazos convenidos al quedar el

comprador deudor de la entidad financiera cesionaria”.

CC-2023-371

Íd., pág. 329.

12

Si bien en ocasiones el vendedor funge como

intermediario entre el comprador y el financiador, una

modalidad de la denominada relación tripartita también se

configura cuando “el comprador debe procurarse el crédito

por sí mismo, acudiendo, ya sea a un banco con el que tenga

vinculaciones, o bien a una compañía de financiamiento”.14

En algunas ocasiones, el vendedor o cedente permanece

vinculado a la operación luego de la transacción, mientras

que en otras pudiese desaparecer totalmente.15

De acuerdo

con la doctrina civilista, la cesión del contrato produce

para el cedente un efecto liberatorio frente al deudor,

por

lo

cual

el

cedido

no

conserva

ante

el

cedente

obligación o derecho alguno que no sea el pacto accidental

de garantía por el cumplimiento.

Berríos v. Tito Zambrana

Auto, Inc., supra, pág. 330.

En el caso específico de las ventas al por menor a

plazos en Puerto Rico, la ley no permite (entre otras

prohibiciones) que el comprador releve al vendedor de la

responsabilidad que este último pudiera tener dentro de

los

términos

del

contrato

o

cualquier

otorgado en conexión con el mismo.

otro

documento

Art. 209(f) de la Ley

de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, 10 LPRA

sec. 749(f).

Por tal motivo, “el cedente es responsable

de asegurar el patrimonio del cesionario que nada [h]a

14

S. Litvinoff, Las ventas a plazos en el derecho puertorriqueño,

New Hampshire, Equity Publishing Corporation, 1965, pág. 37.

15

Íd., págs. 36-37.

CC-2023-371

tenido

que

13

ver

con

(Negrilla suplida).16

la

perfección

del

contrato

base”.

De esa forma, hemos reconocido que

los miembros de la Asamblea Legislativa instituyeron una

figura de cesión de contratos atípica o sui géneris al

crear esta ley.

Berríos v. Tito Zambrana Auto, Inc.,

supra.

Además, al contemplar la posición del cesionario, la

Asamblea

Legislativa

dispuso

que

en

el

contenido

del

contrato deberá darse a conocer el aviso siguiente:

Aviso al Cesionario—El cesionario que reciba

o adquiera el presente contrato al por menor a

plazos o un pagaré relacionado con éste, quedará

sujeto en igualdad de condiciones a cualquier

reclamación o defensa que el comprador pueda

interponer en contra del vendedor. El cesionario

del contrato tendrá derecho a presentar contra el

vendedor todas las reclamaciones y defensas que

el comprador pueda levantar contra el vendedor de

los artículos o servicios.

(Negrilla suplida).

Art. 202(4) de la Ley de Ventas a Plazos y

Compañías de Financiamiento, 10 LPRA sec. 742(4).

Esta disposición se incluyó por primera vez en 1972,

mediante el antiguo inciso (5), a raíz de la aprobación

del P. de la C. 1388 para fortalecer la posición de los

consumidores.

Véase

supra, pág. 334.

Berríos v. Tito Zambrana Auto, Inc.,

El texto originalmente hacía referencia

a la hoy extinta figura del “cesionario de buena fe” o el

llamado “holder in due course” del derecho consuetudinario

(common law).17

Desde entonces, “los proponentes de esta

16

J.A. Cuevas Segarra, La Ley de Ventas Condicionales

Puerto Rico, Jurisprudencia, 29 Rev. Der. P.R. 185, 190 (1989).

17

El artículo originalmente leía como sigue:

de

CC-2023-371

14

enmienda [sostenían] que una de las causales de mayor abuso

contra el consumidor e[ra] el uso de la doctrina del

tenedor de buena f[e] mediante la cual las financieras

continua[ban]

cobrando

la

deuda

de

un

consumidor

que

t[enía] una defensa legítima [en] contra [de] su vendedor,

bien sea porque la mercancía e[ra] defectuosa, o porque no

le ha[bía] sido entregada”.

Informe Conjunto, Comisiones

de Desarrollo Socioeconómico y Jurídico Civil, 24 de abril

de 1972, pág. 3.

De este modo, un año más tarde se eliminó

la figura del “tenedor de buena fe” mediante la aprobación

de la Ley Núm. 69 de 31 de mayo de 1973.18

Al amparo de la disposición objeto de análisis, el

cedido o comprador actualmente tiene la facultad de oponer

contra

el

cesionario

o

entidad

financiera

las

mismas

reclamaciones o defensas que en derecho tuviera contra el

vendedor.19

Lo

anterior

incluye,

por

supuesto,

la

“Aviso al Cesionario—El cesionario que reciba o adquiera el presente

contrato al por menor a plazos o un pagaré relacionado con éste,

quedará sujeto en igualdad de condiciones a cualquier reclamación o

defensa que el comprador pueda interponer en contra del vendedor,

excepto cuando se trate de un cesionario de buena fe, según definido

en la sección 22 del artículo 101 de esta ley. El cesionario del

contrato tendrá derecho a presentar contra el vendedor todas las

reclamaciones y defensas que el comprador pueda levantar contra el

vendedor de los artículos o servicios”.

(Negrilla suplida).

Art. 202(5) de la Ley Núm. 78 de 31 de mayo de 1972 (1972 Leyes de

Puerto Rico 180).

18

Posteriormente, la Ley Núm. 258-1999 renumeró el antiguo inciso

(5) como el inciso (4).

19

Para establecer un equilibrio ante la eliminación de la figura

del “tenedor de buena fe”, la ley le impuso al comprador la obligación

de notificar al cesionario cualquier causa de acción o defensa que

surgiera de la venta. Art. 209(a)(3) de la Ley Núm. 68 del 19 de junio

de 1964, según enmendada, conocida como Ley de Ventas a Plazos y

Compañías de Financiamiento, 10 LPRA sec. 749(a)(3). Véase, además,

Berríos v. Tito Zambrana Auto, Inc., 123 DPR 317, 334-335 (1989).

CC-2023-371

15

utilización de la figura jurídica de la resolución, la cual

“deshace el vínculo obligatorio nacido del contrato cuando

se cumple una condición resolutoria, o cuando por dejar de

cumplir una de las partes la obligación que le corresponde,

la

otra

parte

correlativa”.20

queda

facultada

para

desligarse

de

la

En términos prácticos, cuando se configura

la condición resolutoria que se encuentra implícita en todo

contrato bilateral, procede la restitución de lo que las

partes hubiesen percibido.

Véanse: Arts. 1076 y 1077 del

Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. secs. 3051 y 3052.21

En armonía con lo anterior, hemos manifestado que,

aunque

mantengan

su

independencia

formal,

existe

una

estrecha conexión funcional entre el contrato de venta

condicional a plazos y el de financiamiento de tal manera

que la ineficacia de alguno hace desaparecer la razón de

existir del otro.

Véase

Inc., supra, pág. 336.

protección

del

Berríos v. Tito Zambrana Auto,

A modo ilustrativo, la ley en

consumidor

en

España

reconoce

que

“la

ineficacia del contrato cuyo objeto sea la satisfacción de

una necesidad de consumo determinará también la ineficacia

del contrato expresamente destinado a su financiación”.22

20

J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona,

Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I, pág. 320.

21

Los hechos de este caso ocurrieron durante la vigencia del Código

Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., por lo cual nos referimos

a sus disposiciones.

22

J.L. Lacruz Berdejo y otros, Elementos de Derecho Civil II:

derecho de obligaciones, 5ta ed., Madrid, Dykinson, 2013, Vol. 2, pág.

172 (haciendo referencia al Art. 26 de la Ley 16/2011, de 24 de junio).

CC-2023-371

16

Además, hay que tener en cuenta que a la cesión de contratos

“le son aplicables los principios de la teoría general”.23

De esta manera, el efecto relativo a la privación de

eficacia normal en la cesión consiste en “volver las cosas

a su antiguo estado”.

C.

(Negrilla y subrayado suplidos).24

La resolución en los

vehículos de motor

contratos

de

compraventa

de

La Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, según

enmendada, conocida como Ley de Garantías de Vehículos de

Motor, 10 LPRA sec. 2051 et seq., se aprobó para asegurar

que

los

automóviles

nuevos

adquiridos

en

Puerto

Rico

tuvieran las mismas garantías de fábrica que se otorgan en

Estados Unidos.

Art. 3 de la Ley de Garantías de Vehículos

de

LPRA

Motor,

10

sec.

2053.

Por

consiguiente,

el

distribuidor o vendedor del vehículo viene obligado a

prestar efectivamente los servicios de garantía de fábrica.

Art. 11 de la Ley de Garantías de Vehículos de Motor,

10 LPRA sec. 2061.

Por su parte, el DACo quedó investido con la facultad

de adoptar las reglas y los reglamentos necesarios para

cumplir los propósitos de esta ley, en conformidad con los

poderes conferidos por la Ley Núm. 5 de 23 de abril

de 1973, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del

Departamento de Asuntos del Consumidor.

23

Art. 13 de la Ley

M. García Amigo, La cesión de contratos en el Derecho español,

Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, pág. 361.

24

Íd., pág. 390.

CC-2023-371

17

de Garantías de Vehículos de Motor, 10 LPRA sec. 2063.

En

el ejercicio de su autoridad, el DACo aprobó el Reglamento

de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159

de 6 de junio de 2006.

Este Reglamento se promulgó con el

fin de: (1) proteger a los consumidores y sus inversiones

en la adquisición de vehículos de motor; (2) procurar que

los vehículos de motor sirvan para el fin de su adquisición

y que reúnan las condiciones mínimas para garantizar la

protección de la vida y la propiedad, y (3) prevenir las

prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor en

Puerto Rico.

Regla 2 del Reglamento de Garantías de

Vehículos de Motor, supra.

En lo pertinente, el Reglamento dispone lo siguiente:

El Departamento podrá, a opción del comprador,

decretar la resolución del contrato o reducir

proporcionalmente el precio de venta de acuerdo

con el Código Civil de Puerto Rico, en aquellos

casos en que el vendedor, distribuidor autorizado

o concesionario, distribuidor de fábrica o

fabricante, dentro de los términos de la garantía

de fábrica, tuvo oportunidad razonable para

reparar uno o más defectos, pero no quiso o no

pudo corregirlos.

Lo que constituye una

oportunidad razonable para reparar se determinará

tomando en consideración las circunstancias

particulares de cada caso.

(Negrilla suplida).

Regla 22 del Reglamento de Garantías de Vehículos

de Motor, supra.

Por su parte, la única referencia de manera expresa que

hemos podido hallar en este Reglamento sobre la imposición

de responsabilidad solidaria al cesionario del contrato de

compraventa surge en torno a la obligación de entregar los

CC-2023-371

18

documentos necesarios para la inscripción del vehículo de

motor.25

D.

La solidaridad en las obligaciones

Según

los

sujetos

que

componen

la

relación,

las

o

obligaciones

pueden

ser

de

naturaleza

mancomunada

solidaria.

Quílez-Velar

et

al.

198

DPR

1079,

1084

(2017).

v.

Ox

Bodies,

Cuando

se

trata

Inc.,

de

una

obligación mancomunada, cada deudor cumple con su parte de

la deuda de manera independiente, mientras que en una

obligación

solidaria,

cada

deudor

tiene

el

deber

de

satisfacer la totalidad del crédito que posee el acreedor.

Íd.;

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365,

375 (2012).

En nuestro ordenamiento jurídico impera el

reconocido principio de que la solidaridad no se presume.

A tales efectos, el Art. 1090 del Código Civil de 1930,

31 LPRA ant. sec. 3101,26 aplicable a este caso,

dispone

lo siguiente:

La concurrencia de dos (2) o más acreedores

o de dos (2) o más deudores en una sola obligación

no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho

25

Específicamente, el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor

dispone lo siguiente:

“Todo vendedor al detal de un vehículo de motor someterá al

Departamento de Transportación y Obras Públicas toda la documentación

exigida por ley para su inscripción dentro de los treinta (30) días

siguientes a la fecha de venta.

Todo cesionario del contrato de

compraventa de un vehículo de motor responderá solidariamente con el

vendedor de esta obligación”.

(Negrilla suplida).

Regla 8 del

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159

de 6 de junio de 2006.

26

El nuevo Código Civil de 2020 recoge este principio en el

Art. 1096, 31 LPRA sec. 9055, al disponer que “[e]n virtud de lo

dispuesto expresamente en la obligación o en la ley puede exigirse a

cada uno de los deudores, o por cada uno de los acreedores, el total

de la prestación”.

CC-2023-371

19

a pedir ni [que] cada uno de éstos deba prestar

íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo

habrá lugar a esto cuando la obligación

expresamente lo determine, constituyéndose con el

carácter de solidaria. (Negrilla suplida).

En

otras

palabras,

la

presunción

existente

es

mancomunidad, a no ser que se pacte lo contrario.

de

Íd.

Como sabemos, la solidaridad puede nacer de la ley o de la

voluntad expresa de las partes en el negocio jurídico

formado.

Véase Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo,

supra, pág. 380.

En específico, hemos determinado que la

solidaridad

constituye

contractual,

por

lo

una

que

la

excepción

obligación

en

no

el

régimen

podrá

ser

considerada como solidaria, a menos que surja de una manera

clara y evidente.

Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148

DPR 523, 537 (1999).

A la luz del marco jurídico expuesto, resolvemos.

III

En lo que concierne a la controversia ante nos, USAA

alega que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la

Resolución del DACo en la cual invocó la Ley de Ventas a

Plazos y Compañías de Financiamiento, supra, para decretar

la resolución del contrato de financiamiento.

Fundamenta

su contención en la presunta inexistencia de un contrato

de venta a plazos que le fuera cedido.

De igual forma, la

peticionaria sostiene que la querella presentada por la

señora Otero Rivera únicamente incluía reclamaciones en

contra del vendedor del vehículo de motor, por lo cual no

hubo una notificación adecuada, privando así a USAA de la

CC-2023-371

20

oportunidad de presentar defensas y prueba a su favor.

Por

último, cuestiona la conclusión de derecho de la agencia

al resolver que debía responder de forma solidaria junto a

Flagship frente a la recurrida por la devolución de las

prestaciones

tras

decretarse

la

resolución

de

los

mencionados contratos.

Por su parte, la señora Otero Rivera aduce que la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, al igual

que la determinación del DACo, no fue arbitraria, ilegal o

irrazonable.

Afirma que el dictamen es cónsono con la

documentación

que

obra

en

el

expediente

del

caso.

Particularmente, la recurrida indica que sí suscribió un

contrato

de

venta

condicional

con

Flagship

para

la

adquisición de un vehículo de motor cuyo financiamiento

estaría a cargo de la peticionaria.

Por otra parte, en

cuanto a la devolución de las prestaciones, argumenta que

USAA debe responder solidariamente con Flagship por ser la

cesionaria del contrato bajo la Ley de Ventas a Plazos y

Compañías de Financiamiento, supra.

de

revisión

discutido,

A la luz del estándar

procedemos

a

atender

los

planteamientos en estricto derecho.

Según

señaláramos

aplicable,

compraventas

el

contrato

de

en

la

de

automóviles

exposición

venta

del

condicional

constituye

derecho

en

las

una

modalidad

específica de la mencionada venta a plazos.

Surge del

expediente que el negocio de la compraventa del vehículo

de motor entre la señora Otero Rivera y Flagship se llevó

CC-2023-371

21

a cabo mediante la figura del contrato de venta condicional

por el precio de $36,200.27

Específicamente, sobre este

negocio jurídico se dispuso lo siguiente:

En caso de que el comprador exprese su opción

por cierta financiadora particular para el

financiamiento del balance de esta venta, se le

conceden 10 días de esta fecha para traer a la

vendedora el [i]mporte de este balance y en caso

de transcurrir dicho término sin que se haya

pagado dicho balance la vendedora quedará en

libertad de (1) utilizar cualquier entidad

financiadora

para

cobrarse

dicho

balance

(2) [r]equerir la devolución y/o reposesión de la

unidad cobrándosele al comprador por una suma

correspondiente a su uso y depreciación o

(3) cualquier otro remedio o derecho conferido a

la vendedora.28

Una

vez

se

perfeccionó

el

contrato

de

venta,

la

peticionaria financió el precio de compra del vehículo.29

De esta forma, Flagship le cedió su posición a USAA frente

a la recurrida a cambio del pago inmediato del precio por

motivo del financiamiento del vehículo, según previsto

originalmente.30

Tribunal

de

Por tanto, es forzoso concluir que el

Apelaciones

no

erró

al

determinar

que

la

peticionaria es la cesionaria del contrato de venta a

27

Según la determinación de hecho núm. 4 de la Resolución emitida

por el DACo el 6 de octubre de 2021, “[e]l precio del vehículo fue de

$33,30[0].

No se marcó en la orden de venta ningún equipo extra

incluido. Se anotó la cantidad de $2,900 bajo un encasillado que lee

‘contrato de servicio’, y como balance a financiar la suma de $36,200”.

Apéndice del certiorari, pág. 60.

Véase, además, Orden de venta,

Apéndice del certiorari, pág. 12.

28

Orden de venta, Apéndice del certiorari, pág. 12.

29

Determinación de hecho núm. 6 de la Resolución emitida por el DACo

el 6 de octubre de 2021, Apéndice del certiorari, pág. 60.

30

De los propios documentos presentados por USAA surge la modalidad

contractual siguiente: “Balance – Contrato a pagarse de acuerdo con

[el] contrato de venta condicional [e] institución financiera USAA”.

Orden de venta, Apéndice del certiorari, pág. 12.

CC-2023-371

22

plazos en conformidad con la Ley de Ventas a Plazos y

Compañías de Financiamiento, supra.

Por otro lado, no nos persuade el argumento de USAA a

los efectos de que la reclamación no le fue notificada

adecuadamente por carecer de alegaciones específicas en su

contra.

Según se desprende del expediente, previo a la

presentación de la querella, la recurrida le notificó

diligentemente a USAA sobre los problemas mecánicos del

automóvil

objeto

de

la

compraventa

y

la

posible

presentación de la querella correspondiente.31

Además,

tanto las alegaciones como el remedio solicitado por la

señora

Otero

Rivera

eran

suficientes

para

ilustrar

grandes rasgos la naturaleza de su reclamación.

alguna,

la

peticionaria

pudo

haber

a

Sin duda

presentado

oportunamente ante el DACo cualquier defensa o prueba a su

favor, si la hubiese tenido disponible, pero optó por no

hacerlo.

No obstante, sí coincidimos en parte con la apreciación

de USAA en torno al planteamiento de que no debe responder

solidariamente con el vendedor del vehículo de motor frente

a

la

señora

Otero

Rivera

por

la

devolución

de

las

prestaciones a raíz de la resolución de los contratos.

Como ya indicamos, el Art. 202(4) de la Ley de Ventas a

Plazos y Compañías de Financiamiento, supra, dispone que

un cesionario queda sujeto en igualdad de condiciones a

31

Carta de

págs. 26-27.

8

de

junio

de

2020,

Apéndice

del

certiorari,

CC-2023-371

23

cualquier reclamación o defensa que el comprador pueda

presentar en contra del vendedor.

Nótese que esto sólo

implica que un consumidor que tenga una causa de acción

legítima

contra

un

vendedor

podría

también

oponer

su

derecho frente a la entidad financiera que gestiona el

cobro

de

la

deuda.

En

ese

sentido,

las

entidades

financieras y los bancos que advienen cesionarios no quedan

liberados de los efectos jurídicos implicados cuando, por

ejemplo, los consumidores reclaman la nulidad o ineficacia

del contrato original.

Al mismo tiempo, la ley mantiene

la responsabilidad del cedente para asegurar el patrimonio

del cesionario.

Ahora bien, de una interpretación del texto de la

citada disposición y del propósito detrás de su aprobación

no

se

desprende

una

clara

intención

legislativa

de

establecer un vínculo de solidaridad entre el vendedor

(cedente) y la entidad financiera (cesionaria).

A su vez,

la Ley de Garantías de Vehículos de Motor, supra, y el

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, supra, no

disponen expresamente que la cesionaria debe responder de

manera solidaria por la devolución de las prestaciones en

controversia.

Del

expediente

tampoco

surge

documento

alguno que acredite que la relación de la peticionaria con

Flagship era de solidaridad.

En ausencia de una voluntad

manifiesta a estos fines, y bajo el precepto de que la

solidaridad no se presume en nuestro ordenamiento jurídico,

resolvemos que en esta relación contractual sui géneris

CC-2023-371

opera

la

24

presunción

obligación

de

de

mancomunidad

responder

por

la

en

cuanto

devolución

a

la

de

las

imposición

de

prestaciones.

Así

pues,

determinamos

que

la

responsabilidad solidaria en estos casos no procede por

ser contraria en derecho.

Resolver lo contrario sería

incompatible con el texto y con el propósito de las leyes

y el reglamento, según interpretados.

resolvemos

que

en

casos

como

éste

En consecuencia,

cada

parte

deberá

devolver lo que le corresponda, a saber: (1) el vendedor

del vehículo de motor deberá devolverle al consumidor

cualquier dinero por concepto de depósito o “trade in”, si

alguno, y devolverle a la entidad financiera el dinero

recibido del préstamo; (2) la entidad financiera deberá

devolverle al consumidor los pagos mensuales efectuados

por el financiamiento del vehículo de motor, y (3) el

consumidor deberá devolverle al vendedor el vehículo de

motor.

De esta manera, armonizamos el texto estatutario y

reglamentario aplicable para llegar a un resultado justo,

sensato, lógico y razonable.

IV

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

modifica

la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 10 de

abril de 2023 a los únicos fines de eliminar la imposición

de responsabilidad solidaria a USAA junto al vendedor, por

lo que cada cual deberá devolver sus prestaciones de manera

CC-2023-371

25

independiente, según la parte que le corresponda.

Así

modificada, se confirma la Sentencia recurrida.

Se dictará Sentencia en conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Itzaira Otero Rivera

Recurrida

v.

Bella

Retail

Group,

Inc.

h/n/c

Flagship

Chrysler

Bayamón, FCA US LLC h/n/c

Chrysler de Puerto Rico; USAA

Federal

Savings

Bank;

Assurant Services of PR, Inc.

CC-2023-371

Certiorari

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, se modifica la Sentencia emitida por

el Tribunal de Apelaciones el 10 de abril de 2023 a los

únicos fines de eliminar la imposición de responsabilidad

solidaria a USAA Federal Savings Bank junto a Bella Retail

Group Inc. d/b/a Flagship, por lo que cada cual deberá

devolver sus prestaciones de manera independiente, según

la parte que le corresponda. Así modificada, se confirma

la Sentencia recurrida.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo