Tribunal Supremo de Puerto Rico
2024 TSPR 70
2024 TSPR 70
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2024 TSPR 70
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Itzaira Otero Rivera
Recurrida
Certiorari
v.
2024 TSPR 70
Bella Retail Group, Inc. h/n/c
Flagship Chrysler Bayamón, FCA US
LLC h/n/c Chrysler de Puerto Rico;
USAA Federal Savings Bank;
Assurant Services of PR, Inc.
213 DPR ___
Peticionarios
Número del Caso:
Fecha:
CC-2023-0371
24 de junio de 2024
Tribunal de Apelaciones:
Panel II
Representantes legales de la parte peticionaria:
Lcda. Jane Patricia Van Kirk
Lcdo. Ángel Sosa Báez
Representante legal de la parte recurrida:
Lcda. Mirla Mireya Rodríguez Marín
Materia: Obligaciones y Contratos; Ley de Ventas a Plazos y Compañías
de Financiamiento – Alcance de la responsabilidad de una entidad
financiera cuando se decreta la resolución del contrato de
compraventa.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Itzaira Otero Rivera
Recurrida
v.
Bella
Retail
Group,
Inc.
h/n/c
Flagship
Chrysler
Bayamón, FCA US LLC h/n/c
Chrysler de Puerto Rico; USAA
Federal
Savings
Bank;
Assurant Services of PR, Inc.
CC-2023-371
Certiorari
Peticionarios
El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión
del Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2024.
En este caso, una consumidora solicitó que se decretara
la resolución de un contrato de compraventa mediante el
cual un concesionario le vendió un vehículo de motor con
defectos que no han podido ser reparados.
Dentro de ese
contexto, nos corresponde precisar cuál es el alcance, si
alguno, de la Ley Núm. 68 del 19 de junio de 1964, según
enmendada, conocida como Ley de Ventas a Plazos y Compañías
de Financiamiento, 10 LPRA sec. 731 et seq., sobre la
entidad que proveyó el financiamiento del automóvil.
En particular, este recurso nos brinda la oportunidad
de determinar si, a la luz de una interpretación integral
del
texto
estatutario
y
reglamentario
aplicable,
una
entidad financiera debe responder solidariamente junto al
CC-2023-371
2
vendedor de un vehículo de motor por la devolución de las
prestaciones cuando se decreta la resolución del contrato
de compraventa.
Adelantamos que no.
Por los fundamentos que detallamos a continuación,
resolvemos que la imposición de solidaridad a la entidad
financiera no procede en derecho.
En consecuencia, se
modifica el dictamen recurrido a los fines de establecer
que
las
prestaciones
serán
devueltas
de
manera
independiente, según la parte que le corresponda a cada
cual.
Veamos.
I
El 10 de junio de 2020, la Sra. Itzaira Otero Rivera
(señora Otero Rivera o recurrida) presentó una querella en
contra
de
Bella
Retail
Group
Inc.
d/b/a
Flagship
(Flagship), Assurant Services of Puerto Rico Inc. y USAA
Federal
Savings
Bank
(USAA
o
peticionaria)
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo).
ante
el
La señora
Otero Rivera relató que, luego de comprar un vehículo de
motor marca Dodge (modelo Grand Caravan de 2019) en el
concesionario Flagship, éste confrontó múltiples problemas
mecánicos que la llevaron a temer por su seguridad y la de
su
familia.
En
síntesis,
la
recurrida
adujo
que
el
automóvil presentó dificultades para encender en varias
ocasiones y que notificó a Flagship sobre tales incidentes
para que se efectuaran las reparaciones correspondientes.
No obstante, alegó que el vehículo de motor no funcionaba
y que –por tercera ocasión en los últimos tres (3) meses–
CC-2023-371
3
se encontraba en espera de una reparación, por lo cual
solicitó la resolución del contrato de compraventa.
Luego de varios trámites procesales, entre los que se
incluyó la contestación de Flagship a la querella y la
presentación de una querella enmendada por parte de la
señora Otero Rivera,1 USAA presentó una Contestación a
querella y querella enmendada el 20 de enero de 2021.
En
resumen,
la
la
peticionaria
negó
las
alegaciones
de
recurrida y afirmó que éstas no se hicieron en su contra.
Así pues, USAA expuso que su única interacción en relación
con
los
hechos
del
caso
fue
haberle
otorgado
el
financiamiento a la señora Otero Rivera para que adquiriera
el vehículo.2
Tras la celebración de una vista administrativa, el
DACo emitió una Resolución el 6 de octubre de 2021.3
Allí
concluyó que Flagship tuvo una oportunidad razonable para
reparar el defecto del vehículo, pero no quiso o no pudo
corregirlo.
En consecuencia, a la luz de la Ley y el
Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, la agencia
1
La Sra. Itzaira Otero Rivera (señora Otero Rivera o recurrida)
añadió como co-querellado a Chrysler International LLC. No obstante,
FCA US LLC compareció el 6 de octubre de 2020 para aclarar que se le
denominó incorrectamente como “Chrysler Group International LLC”.
Véanse: Moción informativa asumiendo representación legal y enmienda
a querella, Apéndice del certiorari, págs. 68-69; Notificación de
representación legal y moción de notificación de querella, Apéndice
del certiorari, pág. 43.
2
Véase Contestación a querella y querella enmendada, Apéndice del
certiorari, pág. 47.
3
El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 8 de octubre
de 2021.
Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACo), Apéndice del certiorari, pág. 66.
CC-2023-371
4
declaró con lugar la querella presentada y “decret[ó] la
resolución de los contratos de compraventa y de ventas al
por menor a plazos con relación al vehículo objeto de la
querella”.4
Asimismo, el DACo ordenó tanto a Flagship como
a USAA a reembolsar solidariamente a la señora Otero Rivera
los pagos mensuales efectuados para el financiamiento del
vehículo,5
más el interés legal
acumulado sobre dicha
cuantía, dentro de un término de treinta (30) días.6
Por
último,
USAA
la
agencia
estableció
que
Flagship
y
relevarían solidariamente a la recurrida del remanente de
la deuda pendiente asumida por esta última para financiar
el precio del vehículo y que, una vez recibidos los pagos
y cancelada la deuda de financiamiento, la señora Otero
Rivera devolvería la unidad a Flagship, quien pasaría a
recogerla.7
Posteriormente, la peticionaria presentó una Solicitud
de reconsideración.8
4
Argumentó que no existía base alguna
Íd., pág. 64.
5
Valga señalar que el DACo desestimó la querella respecto al resto
de los co-querellados por no exponer una reclamación que ameritara la
concesión de un remedio. Íd.
6
Este término comenzaría a contarse a partir del término de diez
(10) días concedido a USAA Federal Savings Bank (USAA o peticionaria)
para que emitiera una certificación sobre la cuantía pagada por la
señora Otero Rivera en cuanto a las mensualidades efectuadas para el
financiamiento del vehículo. Íd.
7
8
Íd.
Por su parte, el 28 de octubre de 2021, Flagship también presentó
una moción de reconsideración mediante la cual sostuvo que el DACo
erró al determinar que las fallas del vehículo de motor no se
subsanaron con éxito y al validar un informe de inspección preparado
por un técnico automotriz. Véase Moción [de] reconsideración, Apéndice
del certiorari, pág. 83.
CC-2023-371
5
en el expediente para concluir que la recurrida financió
su vehículo mediante un contrato de venta condicional a
plazos.
Asimismo, USAA alegó que el acuerdo que suscribió
directamente con la señora Otero Rivera fue un contrato de
préstamo, por lo que la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964,
según enmendada, conocida como Ley de Ventas a Plazos y
Compañías de Financiamiento, supra, no era aplicable.
Por
ende, la peticionaria adujo que, al no haberse aportado
prueba de que Flagship le cedió un contrato de venta
condicional
a
plazos,
era
erróneo
concluir
que
debía
responder solidariamente ante la señora Otero Rivera por
los
pagos
efectuados.
Por
esta
razón,
solicitó
la
desestimación de la querella en su contra.9
El 13 de enero de 2023, el DACo emitió una Resolución
en reconsideración y Orden final mediante la cual proveyó
no ha lugar a la mencionada solicitud de reconsideración.
En desacuerdo con este dictamen, el 13 de febrero de 2023,
USAA presentó una Solicitud de revisión judicial ante el
Tribunal
de
Apelaciones.
En
esencia,
reiteró
sus
argumentos y alegó que la Ley de Ventas a Plazos y Compañías
9
Cabe mencionar que el 8 de noviembre de 2021, el DACo emitió una
Notificación mediante la cual manifestó que dispondría de las mociones
de reconsideración dentro del término de noventa (90) días que
establece la ley para resolverlas.
No obstante, USAA y Flagship
comparecieron ante el Tribunal de Apelaciones el 10 de diciembre
de 2021 y el 25 de febrero de 2022, respectivamente, mediante sus
recursos de revisión judicial.
Así las cosas, el foro apelativo
intermedio emitió una Sentencia el 18 de abril de 2022 en la que
desestimó dichos recursos por falta de jurisdicción bajo el fundamento
de que el DACo no logró notificar adecuadamente a todas las partes.
Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso ante la
agencia para que notificara correctamente a todas las partes. Véase
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Apéndice del
certiorari, págs. 87-98.
CC-2023-371
de
6
Financiamiento,
supra,
no
aplicaba
debido
a
la
inexistencia de un contrato de venta condicional a plazos
entre Flagship y la señora Otero Rivera que le fuera
cedido.
En ese sentido, la peticionaria reafirmó que el
DACo erró al concluir que era responsable solidariamente
por
la
devolución
de
las
prestaciones
frente
a
la
recurrida.
El 10 de abril de 2023, el Tribunal de Apelaciones
emitió
una
Sentencia
recurrido.10
en
la
que
confirmó
el
dictamen
El foro apelativo intermedio expuso que, como
regla general, en los contratos de compraventa de vehículos
de motor el vendedor le cede a una entidad financiera su
posición frente al comprador a cambio del pago inmediato
del precio.
Así pues, manifestó que cuando se cede un
contrato
de
compraventa
subroga
en
los
derechos
obligaciones
que
éste
momento de la cesión.
condicional,
del
tenga
el
cedente
para
con
el
cesionario
se
y
asume
las
comprador
al
También, destacó que la Ley de
Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, supra, no
permite
que
el
vendedor
que
cede
su
posición
quede
totalmente liberado de responsabilidad frente a la parte
compradora por actuaciones previas que afecten tanto los
intereses del comprador como los de la entidad financiera
o cesionaria.
10
El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de revisión
presentados por Flagship y la peticionaria ante la existencia de hechos
y planteamientos comunes.
Resolución emitida por el Tribunal de
Apelaciones, Apéndice del certiorari, pág. 140.
CC-2023-371
En
7
conformidad
con
lo
expuesto,
el
Tribunal
de
Apelaciones concluyó que no había prueba en el expediente
que demostrara que la compraventa del vehículo de motor se
efectuó a través de un acuerdo distinto al de un contrato
de compraventa a plazos.
Además, resolvió que el DACo no
erró al determinar que USAA respondía solidariamente con
Flagship ante la señora Otero Rivera.
25
de
abril
de
reconsideración,
2023,
la
USAA
cual
Así las cosas, el
presentó
fue
denegada
una
moción
mediante
de
una
Resolución emitida el 11 de mayo de 2023 y notificada el
17 de mayo de 2023.
Inconforme, el 15 de junio de 2023, la peticionaria
presentó ante este Tribunal una Petición de certiorari para
revisión judicial de decisión administrativa y planteó los
errores siguientes:
Erró
el
[Tribunal
de
Apelaciones]
al
confirmar la resolución del DACo que concede un
remedio contra USAA bajo una ley que no aplica
al contrato de pr[é]stamo que otorgó con la
querellante, sin apoyo alguno en el expediente
del caso, sin que ello fuera alegado ni probado,
y en perjuicio de USAA que no tuvo notificación
adecuada de que se buscaba un remedio bajo la
Ley de Ventas de Mercancías y Servicios al por
Menor a Plazos y Compañías de Financiamiento y
no como parte con interés por tener un gravamen
sobre el vehículo financiado.
Erró
el
[Tribunal
de
Apelaciones]
al
confirmar la resolución del DACo que concluye
que la compra del vehículo se financió mediante
un contrato de venta condicional a plazos
regulado por la Ley Núm. 68 del 19 de junio de
1964, según enmendada.11
11
Petición de certiorari
administrativa, pág. 8.
para
revisión
judicial
de
decisión
CC-2023-371
8
En reconsideración, expedimos el recurso de certiorari
solicitado.12
Con el beneficio de los alegatos de las
partes, procedemos a exponer el marco legal aplicable.
II
A.
La doctrina de revisión judicial
Es norma reiterada que los tribunales apelativos están
llamados a conceder amplia deferencia a las decisiones de
las
agencias
administrativas.
Esto
se
debe
a
la
experiencia y pericia que presumiblemente tienen estos
organismos
respecto
delegado.
Graciani
a
las
facultades
Rodríguez
v.
que
Garage
se
Isla
les
han
Verde,
202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía,
201 DPR 26, 35 (2018).
De esta forma, hemos destacado que
las decisiones de las agencias administrativas poseen una
presunción de regularidad y corrección, por lo cual deben
ser respetadas, a no ser que la parte que las impugne
presente prueba suficiente para rebatir tal presunción.
ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 281 (2020); Capó Cruz
v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020);
Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra.
En particular, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38-2017,
según
enmendada,
conocida
como
Ley
de
Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),
3 LPRA sec. 9675, expone el marco rector aplicable a la
12
En cuanto a la Moci[ó]n en solicitud de desestimaci[ó]n presentada
el 25 de enero de 2024 por la recurrida, se provee no ha lugar.
Respecto a la Moción solicitando autorización para presentar oposición
a moción de desestimación presentada el 29 de enero de 2024 por USAA,
nada que proveer.
CC-2023-371
9
revisión judicial de las determinaciones de las agencias
administrativas.
Este régimen normativo se fundamenta en
el principio de la razonabilidad para determinar si la
actuación de la agencia es arbitraria, ilegal o irrazonable
a tal grado que se considere un abuso de discreción.
Martínez v. Supte. Policía, supra.
Rolón
Así pues, la revisión
judicial de una decisión administrativa se circunscribe a
analizar lo siguiente: (1) si el remedio concedido por la
agencia fue el apropiado; (2) si las determinaciones de
hecho realizadas por la agencia estuvieron sustentadas por
prueba
sustancial
que
surgió
del
expediente
administrativo, y (3) si, mediante una revisión completa y
absoluta, las conclusiones de derecho fueron correctas.
Íd., págs. 35-36.
Ahora bien, la deferencia hacia las determinaciones
administrativas
no
se
extiende
automáticamente
a
las
conclusiones de derecho de la agencia, pues los tribunales
apelativos tienen la facultad de revisar las conclusiones
de derecho en todos sus aspectos.
supra, págs. 281-282.
supra.
ECP Incorporated v. OCS,
Véase, además, Sec. 4.5 de la LPAU,
Ciertamente, esto no implica que los tribunales
revisores
tienen
conclusiones
e
libertad
absoluta
interpretaciones
para
de
descartar
dicho
las
organismo
administrativo.
Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).
Por
la
lo
tanto,
prevalecerá
cuando
interpretación
produzca
de
resultados
la
agencia
incompatibles
no
o
contrarios al propósito del estatuto interpretado y a su
CC-2023-371
10
política pública.
Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam.
207
(2021).
DPR
833,
843
En
esa
misma
línea,
“los
tribunales tienen que armonizar, siempre que sea posible,
todos
los
estatutos
y
reglamentos
administrativos
involucrados para la solución justa de la controversia, de
modo
que
se
razonable”.
B.
obtenga
un
resultado
(Escolio omitido).
sensato,
lógico
y
Íd.
Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento
La Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada,
conocida
como
Ley
Financiamiento,
10
de
Ventas
LPRA
sec.
a
Plazos
731
et
y
Compañías
seq.,
regula
de
lo
relacionado a los contratos de venta al por menor a plazos
celebrados entre un comprador y un vendedor, así como la
relación jurídica de las compañías de financiamiento que
intervienen en las transacciones de venta a crédito, sobre
los bienes muebles y servicios.
Conviene destacar que esta
ley se creó con el fin primordial de
consumidores
de
cargos
excesivos
de
proteger a los
financiamiento
y
conservar un margen razonable de beneficios que estimulara
la economía.13
El
contrato
de
venta condicional
es una modalidad
particular de la compraventa con reserva de dominio y más
específicamente de la llamada venta a plazos.
13
Berríos v.
Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, T. 3, págs. 16771678 (1964). Véase, además, W. Torres Bill, Ventas a plazos, San Juan,
[s. Ed.], 1992, pág. 5 (citando el Informe de las Comisiones de
Comercio e Industrias, de Hacienda y de lo Jurídico en relación con el
P. de la C. 828, Reglamentación de Ventas al Por Menor a Plazos y las
Compañías de Financiamiento, 16 de mayo de 1963, pág. 15).
CC-2023-371
Tito
Zambrana
11
Auto,
Inc.,
123
DPR
317,
326
(1989).
Mediante estos acuerdos de ventas a plazos y financiamiento
se crea una relación tripartita entre el comprador, el
vendedor y la entidad financiera, en la cual la cesión del
contrato de venta condicional está prevista desde que se
perfecciona la compraventa original.
Íd., págs. 328-329.
La
transmisión
finalidad
de
la
cesión
es
la
de
la
titularidad del contrato de venta condicional del cedente
al cesionario con sus derechos y obligaciones hasta que el
comprador pague la totalidad del precio.
Íd., pág. 329.
La ley define el término “compañía de financiamiento”
de la forma siguiente:
Significa una persona que se dedique total o
parcialmente, directa o indirectamente, al
negocio de comprar o de otra manera adquirir
contratos de ventas al por menor a plazos o
intereses sobre los mismos, otorgados por otras
personas […]. Art. 101(15) de la Ley de Ventas
a Plazos y Compañías de Financiamiento, 10 LPRA
sec. 731(15).
A tenor de lo expuesto, y en lo pertinente a la presente
controversia, una vez perfeccionada la compraventa a plazos
de un vehículo de motor, el vendedor le cede a una entidad
financiera su posición frente al comprador a cambio del
pago inmediato del precio.
Berríos v. Tito Zambrana Auto,
Inc.,
En
supra,
pág.
328.
efecto,
la
actividad
que
consiste en el otorgamiento del financiamiento al comprador
“transforma la operación para el vendedor prácticamente en
una venta al contado y lo que deja subsistente es la
obligación de pago en los plazos convenidos al quedar el
comprador deudor de la entidad financiera cesionaria”.
CC-2023-371
Íd., pág. 329.
12
Si bien en ocasiones el vendedor funge como
intermediario entre el comprador y el financiador, una
modalidad de la denominada relación tripartita también se
configura cuando “el comprador debe procurarse el crédito
por sí mismo, acudiendo, ya sea a un banco con el que tenga
vinculaciones, o bien a una compañía de financiamiento”.14
En algunas ocasiones, el vendedor o cedente permanece
vinculado a la operación luego de la transacción, mientras
que en otras pudiese desaparecer totalmente.15
De acuerdo
con la doctrina civilista, la cesión del contrato produce
para el cedente un efecto liberatorio frente al deudor,
por
lo
cual
el
cedido
no
conserva
ante
el
cedente
obligación o derecho alguno que no sea el pacto accidental
de garantía por el cumplimiento.
Berríos v. Tito Zambrana
Auto, Inc., supra, pág. 330.
En el caso específico de las ventas al por menor a
plazos en Puerto Rico, la ley no permite (entre otras
prohibiciones) que el comprador releve al vendedor de la
responsabilidad que este último pudiera tener dentro de
los
términos
del
contrato
o
cualquier
otorgado en conexión con el mismo.
otro
documento
Art. 209(f) de la Ley
de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, 10 LPRA
sec. 749(f).
Por tal motivo, “el cedente es responsable
de asegurar el patrimonio del cesionario que nada [h]a
14
S. Litvinoff, Las ventas a plazos en el derecho puertorriqueño,
New Hampshire, Equity Publishing Corporation, 1965, pág. 37.
15
Íd., págs. 36-37.
CC-2023-371
tenido
que
13
ver
con
(Negrilla suplida).16
la
perfección
del
contrato
base”.
De esa forma, hemos reconocido que
los miembros de la Asamblea Legislativa instituyeron una
figura de cesión de contratos atípica o sui géneris al
crear esta ley.
Berríos v. Tito Zambrana Auto, Inc.,
supra.
Además, al contemplar la posición del cesionario, la
Asamblea
Legislativa
dispuso
que
en
el
contenido
del
contrato deberá darse a conocer el aviso siguiente:
Aviso al Cesionario—El cesionario que reciba
o adquiera el presente contrato al por menor a
plazos o un pagaré relacionado con éste, quedará
sujeto en igualdad de condiciones a cualquier
reclamación o defensa que el comprador pueda
interponer en contra del vendedor. El cesionario
del contrato tendrá derecho a presentar contra el
vendedor todas las reclamaciones y defensas que
el comprador pueda levantar contra el vendedor de
los artículos o servicios.
(Negrilla suplida).
Art. 202(4) de la Ley de Ventas a Plazos y
Compañías de Financiamiento, 10 LPRA sec. 742(4).
Esta disposición se incluyó por primera vez en 1972,
mediante el antiguo inciso (5), a raíz de la aprobación
del P. de la C. 1388 para fortalecer la posición de los
consumidores.
Véase
supra, pág. 334.
Berríos v. Tito Zambrana Auto, Inc.,
El texto originalmente hacía referencia
a la hoy extinta figura del “cesionario de buena fe” o el
llamado “holder in due course” del derecho consuetudinario
(common law).17
Desde entonces, “los proponentes de esta
16
J.A. Cuevas Segarra, La Ley de Ventas Condicionales
Puerto Rico, Jurisprudencia, 29 Rev. Der. P.R. 185, 190 (1989).
17
El artículo originalmente leía como sigue:
de
CC-2023-371
14
enmienda [sostenían] que una de las causales de mayor abuso
contra el consumidor e[ra] el uso de la doctrina del
tenedor de buena f[e] mediante la cual las financieras
continua[ban]
cobrando
la
deuda
de
un
consumidor
que
t[enía] una defensa legítima [en] contra [de] su vendedor,
bien sea porque la mercancía e[ra] defectuosa, o porque no
le ha[bía] sido entregada”.
Informe Conjunto, Comisiones
de Desarrollo Socioeconómico y Jurídico Civil, 24 de abril
de 1972, pág. 3.
De este modo, un año más tarde se eliminó
la figura del “tenedor de buena fe” mediante la aprobación
de la Ley Núm. 69 de 31 de mayo de 1973.18
Al amparo de la disposición objeto de análisis, el
cedido o comprador actualmente tiene la facultad de oponer
contra
el
cesionario
o
entidad
financiera
las
mismas
reclamaciones o defensas que en derecho tuviera contra el
vendedor.19
Lo
anterior
incluye,
por
supuesto,
la
“Aviso al Cesionario—El cesionario que reciba o adquiera el presente
contrato al por menor a plazos o un pagaré relacionado con éste,
quedará sujeto en igualdad de condiciones a cualquier reclamación o
defensa que el comprador pueda interponer en contra del vendedor,
excepto cuando se trate de un cesionario de buena fe, según definido
en la sección 22 del artículo 101 de esta ley. El cesionario del
contrato tendrá derecho a presentar contra el vendedor todas las
reclamaciones y defensas que el comprador pueda levantar contra el
vendedor de los artículos o servicios”.
(Negrilla suplida).
Art. 202(5) de la Ley Núm. 78 de 31 de mayo de 1972 (1972 Leyes de
Puerto Rico 180).
18
Posteriormente, la Ley Núm. 258-1999 renumeró el antiguo inciso
(5) como el inciso (4).
19
Para establecer un equilibrio ante la eliminación de la figura
del “tenedor de buena fe”, la ley le impuso al comprador la obligación
de notificar al cesionario cualquier causa de acción o defensa que
surgiera de la venta. Art. 209(a)(3) de la Ley Núm. 68 del 19 de junio
de 1964, según enmendada, conocida como Ley de Ventas a Plazos y
Compañías de Financiamiento, 10 LPRA sec. 749(a)(3). Véase, además,
Berríos v. Tito Zambrana Auto, Inc., 123 DPR 317, 334-335 (1989).
CC-2023-371
15
utilización de la figura jurídica de la resolución, la cual
“deshace el vínculo obligatorio nacido del contrato cuando
se cumple una condición resolutoria, o cuando por dejar de
cumplir una de las partes la obligación que le corresponde,
la
otra
parte
correlativa”.20
queda
facultada
para
desligarse
de
la
En términos prácticos, cuando se configura
la condición resolutoria que se encuentra implícita en todo
contrato bilateral, procede la restitución de lo que las
partes hubiesen percibido.
Véanse: Arts. 1076 y 1077 del
Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. secs. 3051 y 3052.21
En armonía con lo anterior, hemos manifestado que,
aunque
mantengan
su
independencia
formal,
existe
una
estrecha conexión funcional entre el contrato de venta
condicional a plazos y el de financiamiento de tal manera
que la ineficacia de alguno hace desaparecer la razón de
existir del otro.
Véase
Inc., supra, pág. 336.
protección
del
Berríos v. Tito Zambrana Auto,
A modo ilustrativo, la ley en
consumidor
en
España
reconoce
que
“la
ineficacia del contrato cuyo objeto sea la satisfacción de
una necesidad de consumo determinará también la ineficacia
del contrato expresamente destinado a su financiación”.22
20
J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona,
Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I, pág. 320.
21
Los hechos de este caso ocurrieron durante la vigencia del Código
Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., por lo cual nos referimos
a sus disposiciones.
22
J.L. Lacruz Berdejo y otros, Elementos de Derecho Civil II:
derecho de obligaciones, 5ta ed., Madrid, Dykinson, 2013, Vol. 2, pág.
172 (haciendo referencia al Art. 26 de la Ley 16/2011, de 24 de junio).
CC-2023-371
16
Además, hay que tener en cuenta que a la cesión de contratos
“le son aplicables los principios de la teoría general”.23
De esta manera, el efecto relativo a la privación de
eficacia normal en la cesión consiste en “volver las cosas
a su antiguo estado”.
C.
(Negrilla y subrayado suplidos).24
La resolución en los
vehículos de motor
contratos
de
compraventa
de
La Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, según
enmendada, conocida como Ley de Garantías de Vehículos de
Motor, 10 LPRA sec. 2051 et seq., se aprobó para asegurar
que
los
automóviles
nuevos
adquiridos
en
Puerto
Rico
tuvieran las mismas garantías de fábrica que se otorgan en
Estados Unidos.
Art. 3 de la Ley de Garantías de Vehículos
de
LPRA
Motor,
10
sec.
2053.
Por
consiguiente,
el
distribuidor o vendedor del vehículo viene obligado a
prestar efectivamente los servicios de garantía de fábrica.
Art. 11 de la Ley de Garantías de Vehículos de Motor,
10 LPRA sec. 2061.
Por su parte, el DACo quedó investido con la facultad
de adoptar las reglas y los reglamentos necesarios para
cumplir los propósitos de esta ley, en conformidad con los
poderes conferidos por la Ley Núm. 5 de 23 de abril
de 1973, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del
Departamento de Asuntos del Consumidor.
23
Art. 13 de la Ley
M. García Amigo, La cesión de contratos en el Derecho español,
Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, pág. 361.
24
Íd., pág. 390.
CC-2023-371
17
de Garantías de Vehículos de Motor, 10 LPRA sec. 2063.
En
el ejercicio de su autoridad, el DACo aprobó el Reglamento
de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159
de 6 de junio de 2006.
Este Reglamento se promulgó con el
fin de: (1) proteger a los consumidores y sus inversiones
en la adquisición de vehículos de motor; (2) procurar que
los vehículos de motor sirvan para el fin de su adquisición
y que reúnan las condiciones mínimas para garantizar la
protección de la vida y la propiedad, y (3) prevenir las
prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor en
Puerto Rico.
Regla 2 del Reglamento de Garantías de
Vehículos de Motor, supra.
En lo pertinente, el Reglamento dispone lo siguiente:
El Departamento podrá, a opción del comprador,
decretar la resolución del contrato o reducir
proporcionalmente el precio de venta de acuerdo
con el Código Civil de Puerto Rico, en aquellos
casos en que el vendedor, distribuidor autorizado
o concesionario, distribuidor de fábrica o
fabricante, dentro de los términos de la garantía
de fábrica, tuvo oportunidad razonable para
reparar uno o más defectos, pero no quiso o no
pudo corregirlos.
Lo que constituye una
oportunidad razonable para reparar se determinará
tomando en consideración las circunstancias
particulares de cada caso.
(Negrilla suplida).
Regla 22 del Reglamento de Garantías de Vehículos
de Motor, supra.
Por su parte, la única referencia de manera expresa que
hemos podido hallar en este Reglamento sobre la imposición
de responsabilidad solidaria al cesionario del contrato de
compraventa surge en torno a la obligación de entregar los
CC-2023-371
18
documentos necesarios para la inscripción del vehículo de
motor.25
D.
La solidaridad en las obligaciones
Según
los
sujetos
que
componen
la
relación,
las
o
obligaciones
pueden
ser
de
naturaleza
mancomunada
solidaria.
Quílez-Velar
et
al.
198
DPR
1079,
1084
(2017).
v.
Ox
Bodies,
Cuando
se
trata
Inc.,
de
una
obligación mancomunada, cada deudor cumple con su parte de
la deuda de manera independiente, mientras que en una
obligación
solidaria,
cada
deudor
tiene
el
deber
de
satisfacer la totalidad del crédito que posee el acreedor.
Íd.;
Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365,
375 (2012).
En nuestro ordenamiento jurídico impera el
reconocido principio de que la solidaridad no se presume.
A tales efectos, el Art. 1090 del Código Civil de 1930,
31 LPRA ant. sec. 3101,26 aplicable a este caso,
dispone
lo siguiente:
La concurrencia de dos (2) o más acreedores
o de dos (2) o más deudores en una sola obligación
no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho
25
Específicamente, el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor
dispone lo siguiente:
“Todo vendedor al detal de un vehículo de motor someterá al
Departamento de Transportación y Obras Públicas toda la documentación
exigida por ley para su inscripción dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de venta.
Todo cesionario del contrato de
compraventa de un vehículo de motor responderá solidariamente con el
vendedor de esta obligación”.
(Negrilla suplida).
Regla 8 del
Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159
de 6 de junio de 2006.
26
El nuevo Código Civil de 2020 recoge este principio en el
Art. 1096, 31 LPRA sec. 9055, al disponer que “[e]n virtud de lo
dispuesto expresamente en la obligación o en la ley puede exigirse a
cada uno de los deudores, o por cada uno de los acreedores, el total
de la prestación”.
CC-2023-371
19
a pedir ni [que] cada uno de éstos deba prestar
íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo
habrá lugar a esto cuando la obligación
expresamente lo determine, constituyéndose con el
carácter de solidaria. (Negrilla suplida).
En
otras
palabras,
la
presunción
existente
es
mancomunidad, a no ser que se pacte lo contrario.
de
Íd.
Como sabemos, la solidaridad puede nacer de la ley o de la
voluntad expresa de las partes en el negocio jurídico
formado.
Véase Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo,
supra, pág. 380.
En específico, hemos determinado que la
solidaridad
constituye
contractual,
por
lo
una
que
la
excepción
obligación
en
no
el
régimen
podrá
ser
considerada como solidaria, a menos que surja de una manera
clara y evidente.
Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148
DPR 523, 537 (1999).
A la luz del marco jurídico expuesto, resolvemos.
III
En lo que concierne a la controversia ante nos, USAA
alega que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la
Resolución del DACo en la cual invocó la Ley de Ventas a
Plazos y Compañías de Financiamiento, supra, para decretar
la resolución del contrato de financiamiento.
Fundamenta
su contención en la presunta inexistencia de un contrato
de venta a plazos que le fuera cedido.
De igual forma, la
peticionaria sostiene que la querella presentada por la
señora Otero Rivera únicamente incluía reclamaciones en
contra del vendedor del vehículo de motor, por lo cual no
hubo una notificación adecuada, privando así a USAA de la
CC-2023-371
20
oportunidad de presentar defensas y prueba a su favor.
Por
último, cuestiona la conclusión de derecho de la agencia
al resolver que debía responder de forma solidaria junto a
Flagship frente a la recurrida por la devolución de las
prestaciones
tras
decretarse
la
resolución
de
los
mencionados contratos.
Por su parte, la señora Otero Rivera aduce que la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, al igual
que la determinación del DACo, no fue arbitraria, ilegal o
irrazonable.
Afirma que el dictamen es cónsono con la
documentación
que
obra
en
el
expediente
del
caso.
Particularmente, la recurrida indica que sí suscribió un
contrato
de
venta
condicional
con
Flagship
para
la
adquisición de un vehículo de motor cuyo financiamiento
estaría a cargo de la peticionaria.
Por otra parte, en
cuanto a la devolución de las prestaciones, argumenta que
USAA debe responder solidariamente con Flagship por ser la
cesionaria del contrato bajo la Ley de Ventas a Plazos y
Compañías de Financiamiento, supra.
de
revisión
discutido,
A la luz del estándar
procedemos
a
atender
los
planteamientos en estricto derecho.
Según
señaláramos
aplicable,
compraventas
el
contrato
de
en
la
de
automóviles
exposición
venta
del
condicional
constituye
derecho
en
las
una
modalidad
específica de la mencionada venta a plazos.
Surge del
expediente que el negocio de la compraventa del vehículo
de motor entre la señora Otero Rivera y Flagship se llevó
CC-2023-371
21
a cabo mediante la figura del contrato de venta condicional
por el precio de $36,200.27
Específicamente, sobre este
negocio jurídico se dispuso lo siguiente:
En caso de que el comprador exprese su opción
por cierta financiadora particular para el
financiamiento del balance de esta venta, se le
conceden 10 días de esta fecha para traer a la
vendedora el [i]mporte de este balance y en caso
de transcurrir dicho término sin que se haya
pagado dicho balance la vendedora quedará en
libertad de (1) utilizar cualquier entidad
financiadora
para
cobrarse
dicho
balance
(2) [r]equerir la devolución y/o reposesión de la
unidad cobrándosele al comprador por una suma
correspondiente a su uso y depreciación o
(3) cualquier otro remedio o derecho conferido a
la vendedora.28
Una
vez
se
perfeccionó
el
contrato
de
venta,
la
peticionaria financió el precio de compra del vehículo.29
De esta forma, Flagship le cedió su posición a USAA frente
a la recurrida a cambio del pago inmediato del precio por
motivo del financiamiento del vehículo, según previsto
originalmente.30
Tribunal
de
Por tanto, es forzoso concluir que el
Apelaciones
no
erró
al
determinar
que
la
peticionaria es la cesionaria del contrato de venta a
27
Según la determinación de hecho núm. 4 de la Resolución emitida
por el DACo el 6 de octubre de 2021, “[e]l precio del vehículo fue de
$33,30[0].
No se marcó en la orden de venta ningún equipo extra
incluido. Se anotó la cantidad de $2,900 bajo un encasillado que lee
‘contrato de servicio’, y como balance a financiar la suma de $36,200”.
Apéndice del certiorari, pág. 60.
Véase, además, Orden de venta,
Apéndice del certiorari, pág. 12.
28
Orden de venta, Apéndice del certiorari, pág. 12.
29
Determinación de hecho núm. 6 de la Resolución emitida por el DACo
el 6 de octubre de 2021, Apéndice del certiorari, pág. 60.
30
De los propios documentos presentados por USAA surge la modalidad
contractual siguiente: “Balance – Contrato a pagarse de acuerdo con
[el] contrato de venta condicional [e] institución financiera USAA”.
Orden de venta, Apéndice del certiorari, pág. 12.
CC-2023-371
22
plazos en conformidad con la Ley de Ventas a Plazos y
Compañías de Financiamiento, supra.
Por otro lado, no nos persuade el argumento de USAA a
los efectos de que la reclamación no le fue notificada
adecuadamente por carecer de alegaciones específicas en su
contra.
Según se desprende del expediente, previo a la
presentación de la querella, la recurrida le notificó
diligentemente a USAA sobre los problemas mecánicos del
automóvil
objeto
de
la
compraventa
y
la
posible
presentación de la querella correspondiente.31
Además,
tanto las alegaciones como el remedio solicitado por la
señora
Otero
Rivera
eran
suficientes
para
ilustrar
grandes rasgos la naturaleza de su reclamación.
alguna,
la
peticionaria
pudo
haber
a
Sin duda
presentado
oportunamente ante el DACo cualquier defensa o prueba a su
favor, si la hubiese tenido disponible, pero optó por no
hacerlo.
No obstante, sí coincidimos en parte con la apreciación
de USAA en torno al planteamiento de que no debe responder
solidariamente con el vendedor del vehículo de motor frente
a
la
señora
Otero
Rivera
por
la
devolución
de
las
prestaciones a raíz de la resolución de los contratos.
Como ya indicamos, el Art. 202(4) de la Ley de Ventas a
Plazos y Compañías de Financiamiento, supra, dispone que
un cesionario queda sujeto en igualdad de condiciones a
31
Carta de
págs. 26-27.
8
de
junio
de
2020,
Apéndice
del
certiorari,
CC-2023-371
23
cualquier reclamación o defensa que el comprador pueda
presentar en contra del vendedor.
Nótese que esto sólo
implica que un consumidor que tenga una causa de acción
legítima
contra
un
vendedor
podría
también
oponer
su
derecho frente a la entidad financiera que gestiona el
cobro
de
la
deuda.
En
ese
sentido,
las
entidades
financieras y los bancos que advienen cesionarios no quedan
liberados de los efectos jurídicos implicados cuando, por
ejemplo, los consumidores reclaman la nulidad o ineficacia
del contrato original.
Al mismo tiempo, la ley mantiene
la responsabilidad del cedente para asegurar el patrimonio
del cesionario.
Ahora bien, de una interpretación del texto de la
citada disposición y del propósito detrás de su aprobación
no
se
desprende
una
clara
intención
legislativa
de
establecer un vínculo de solidaridad entre el vendedor
(cedente) y la entidad financiera (cesionaria).
A su vez,
la Ley de Garantías de Vehículos de Motor, supra, y el
Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, supra, no
disponen expresamente que la cesionaria debe responder de
manera solidaria por la devolución de las prestaciones en
controversia.
Del
expediente
tampoco
surge
documento
alguno que acredite que la relación de la peticionaria con
Flagship era de solidaridad.
En ausencia de una voluntad
manifiesta a estos fines, y bajo el precepto de que la
solidaridad no se presume en nuestro ordenamiento jurídico,
resolvemos que en esta relación contractual sui géneris
CC-2023-371
opera
la
24
presunción
obligación
de
de
mancomunidad
responder
por
la
en
cuanto
devolución
a
la
de
las
imposición
de
prestaciones.
Así
pues,
determinamos
que
la
responsabilidad solidaria en estos casos no procede por
ser contraria en derecho.
Resolver lo contrario sería
incompatible con el texto y con el propósito de las leyes
y el reglamento, según interpretados.
resolvemos
que
en
casos
como
éste
En consecuencia,
cada
parte
deberá
devolver lo que le corresponda, a saber: (1) el vendedor
del vehículo de motor deberá devolverle al consumidor
cualquier dinero por concepto de depósito o “trade in”, si
alguno, y devolverle a la entidad financiera el dinero
recibido del préstamo; (2) la entidad financiera deberá
devolverle al consumidor los pagos mensuales efectuados
por el financiamiento del vehículo de motor, y (3) el
consumidor deberá devolverle al vendedor el vehículo de
motor.
De esta manera, armonizamos el texto estatutario y
reglamentario aplicable para llegar a un resultado justo,
sensato, lógico y razonable.
IV
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
se
modifica
la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 10 de
abril de 2023 a los únicos fines de eliminar la imposición
de responsabilidad solidaria a USAA junto al vendedor, por
lo que cada cual deberá devolver sus prestaciones de manera
CC-2023-371
25
independiente, según la parte que le corresponda.
Así
modificada, se confirma la Sentencia recurrida.
Se dictará Sentencia en conformidad.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Itzaira Otero Rivera
Recurrida
v.
Bella
Retail
Group,
Inc.
h/n/c
Flagship
Chrysler
Bayamón, FCA US LLC h/n/c
Chrysler de Puerto Rico; USAA
Federal
Savings
Bank;
Assurant Services of PR, Inc.
CC-2023-371
Certiorari
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2024.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente Sentencia, se modifica la Sentencia emitida por
el Tribunal de Apelaciones el 10 de abril de 2023 a los
únicos fines de eliminar la imposición de responsabilidad
solidaria a USAA Federal Savings Bank junto a Bella Retail
Group Inc. d/b/a Flagship, por lo que cada cual deberá
devolver sus prestaciones de manera independiente, según
la parte que le corresponda. Así modificada, se confirma
la Sentencia recurrida.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo