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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ex parte: Aprobación de Cambio de Estatus Inactivo de mayo de 2024

2024 TSPR 68

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ex parte: Aprobación de Cambio de Estatus Inactivo de mayo de 2024

EM-2024-0008

20 de junio de 2024 · Resolución del Tribunal · Aprobación de Cambio de Estatus Inactivo de mayo de 2024.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José E. Ruiz Mattei

Recurrido

Certiorari

2024 TSPR 68

v.

213 DPR ___

Commercial Equipment Finance, Inc.

Peticionario

Número del Caso:

Fecha:

AC-2023-0069

21 de junio de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel IX

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcdo. Raymond E. Morales

Representantes legales de la parte recurrida:

Lcdo. Enrique J. Mendoza Sánchez

Lcdo. Enrique J. Mendoza Méndez

Materia: Derecho Laboral – Los reclamos al amparo de la Ley Sobre

Despidos Injustificados y la Ley contra el Discrimen en el Empleo son

transmisibles por razón de muerte.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José E. Ruiz Mattei

Recurrido

v.

Commercial

Finance, Inc.

AC-2023-0069

Equipment

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2024.

En esta ocasión, nos corresponde resolver si los

reclamos

al

amparo

Injustificados,

de

infra,

la

y

de

Ley

Sobre

la

Ley

Despidos

contra

el

Discrimen en el Empleo, infra, son transmisibles por

razón de muerte. Específicamente, debemos determinar

si luego del fallecimiento de la parte promovente en

una reclamación judicial al amparo de las precitadas

leyes laborales, procede la sustitución de parte para

que

los

integrantes

de

su

sucesión

continúen

el

pleito. Por entender que ambas leyes son de carácter

reparador,

compensación

que

las

por

cuantías

los

daños

que

ofrecen

son

de

como

carácter

patrimonial, y que la sucesión no intenta reclamar

AC-2023-0069

2

sus propios daños, sino que busca que se compensen los de su

causante, resolvemos en la afirmativa.

I

Los hechos de esta controversia se originaron el 4 de

febrero de 2020. Ese día, el Sr. José E. Ruiz Mattei (señor

Ruiz Mattei o recurrido) presentó una querella en contra de

su ex patrono Commercial Equipment Finance Inc. (Comercial

Equipment

o

injustificado

patrono)

y

luego

discriminatorio

de

un

por

alegado

razón

de

despido

edad.

La

querella se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia,

Sala de San Juan, al amparo de la Ley de Procedimiento

Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 del 17 de

octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq. En la querella,

el señor Ruiz Mattei alegó que trabajó como Vicepresidente

de Crédito y Riesgo para Commercial Equipment desde mayo de

2013

hasta

el

10

de

enero

de

2020,

fecha

en

que

fue

despedido. Añadió que durante sus años de servicio nunca

recibió alguna medida disciplinaria y que, a su entender,

una de las razones que tomó en consideración el patrono para

despedirlo

fue

su

edad

(62

años).

Commercial

Equipment

presentó su contestación a la querella y negó las alegaciones

del señor Ruiz Mattei. Adujo que el despido del recurrido

respondió al buen y normal funcionamiento de la empresa. En

apoyo, expuso que el señor Ruiz Mattei había incurrido en un

patrón de conducta deficiente y negligente en sus funciones

como supervisor.

AC-2023-0069

4

El 23 de enero de 2023, el representante legal del señor

Ruiz Mattei notificó que este había fallecido e indicó que

sus hijos y únicos herederos Linette Esther Ruiz Dávila,

Eric Ruiz Dávila y Adriana Sofía Ruiz Dávila, interesaban

continuar con la acción instada por su padre. Conforme a

ello, el 3 de mayo de 2023 solicitó la sustitución de parte

querellante. Commercial Equipment presentó su oposición a la

sustitución de parte fundamentándose en que las causas de

acción presentadas en la querella se extinguieron con la

muerte

del

recurrido.

Por

esta

razón,

solicitó

que

se

desestimara con perjuicio la querella.

El foro primario denegó la solicitud de sustitución de

parte. Dicho foro interpretó que las causas de acción sobre

despido injustificado y discrimen por razón de edad eran de

naturaleza personalísima y por eso no estaban sujetas a ser

heredadas.

El

foro

primario

entendió

que

procedía

la

desestimación de las querellas presentadas por el señor Ruiz

Mattei pues existía controversia sobre la procedencia de los

reclamos del recurrido y sus correspondientes cuantías.

En desacuerdo, el representante legal del recurrido

presentó

un

recurso

de

apelación

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones y solicitó que se revocara la determinación del

foro primario que desestimó la reclamación del señor Ruiz

Mattei

y

Equipment

denegó

la

presentó

sustitución

su

alegato

de

en

parte.

oposición.

Commercial

El

foro

apelativo intermedio revocó el dictamen del foro primario.

En

su

determinación

explicó

que

las

reclamaciones

del

AC-2023-0069

5

recurrido se presentaron al amparo de estatutos reparadores.

Dispuso que la Ley Núm. 80, infra, y la Ley Núm. 100, infra,

proporcionan un remedio económico como indemnización por los

daños y perjuicios causados al empleado. A raíz de esto,

consideró

que

las

causas

de

precitadas leyes constituyen

acción

al

amparo

de

las

un derecho patrimonial del

empleado. El tribunal intermedio enfatizó que debido a que

el señor Ruíz Mattei presentó su causa de acción antes de

fallecer, sus herederos estaban facultados para sucederle en

la reclamación. Por todo esto, concluyó que procedía la

sustitución de parte demandante.

En desacuerdo, Commercial Equipment presentó un recurso

de apelación ante este Tribunal. En este, arguyó que el foro

apelativo se equivocó al determinar que la causa de acción

por

discrimen

por

edad

y

despido

injustificado

son

transmisibles luego de la muerte del promovente. Por lo

tanto, alegó que el foro apelativo incidió al ordenar la

sustitución de parte.

Acogimos

el

recurso

como

certiorari

por

ser

el

adecuado. Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolverlo, no sin antes delimitar el marco

doctrinal aplicable a la controversia.

II

A. La sucesión por causa de muerte

Las relaciones jurídicas entre los sujetos y el objeto

del derecho deben tener un sucesor para así proteger el

tráfico jurídico y evitar la incertidumbre de la titularidad

AC-2023-0069

de

los

bienes.

6

Véase

E.

González

Tejera,

Derecho

de

sucesiones: La sucesión intestada, San Juan, Ed. De la

Universidad de Puerto Rico, 2001, T. I, pág. 4. Es aquí donde

cobra relevancia el derecho de sucesiones pues este responde

a la necesidad de

definir el

destino a las relaciones

jurídicas transmisibles de un causante. Íd.

La sucesión por causa de muerte es la transmisión de

los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen

por su muerte. Art. 1546 del Código Civil, 31 LPRA sec.

10911. La sucesión toma lugar en el momento de la muerte del

causante. Art. 1547 del Código Civil, 31 LPRA sec. 10912. En

cuanto a la herencia, el Código Civil nos explica que esta

“comprende los derechos y las obligaciones transmisibles por

causa de la muerte de una persona, ya sea que los derechos

excedan las obligaciones, que las obligaciones excedan los

derechos, o que solo se trate de obligaciones”. Art. 1552

del Código Civil, 31 LPRA sec. 10917. El Código Civil nos

dice que el heredero es la persona que sucede al causante en

todos los derechos y las obligaciones transmisibles a título

universal. Art. 1553 del Código Civil, 31 LPRA sec. 10918.

De otra parte, mediante el concepto sucesión se hace

referencia a las personas llamadas por ley o por testamento

a recibir en todo o en parte la herencia de un causante.

González Tejera, op. cit., pág. 1. Asimismo, desde el punto

de vista jurídico, con el término sucesión nos referimos a

“poner a una persona o a un grupo de personas naturales o

jurídicas en el lugar de otra o de otras, de manera que

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7

aquella o aquellas asuman la posición de las últimas”.

González Tejera, op. cit., pág. 2. Ante esta premisa, podemos

decir que en la sucesión que se produce por razón del

fallecimiento del causante, el sucesor viene llamado a ser

deudor,

acreedor,

dueño,

poseedor,

nudo

propietario,

arrendador o arrendatario, tal y como lo era el sucedido.

Íd. Dicho de una manera más sencilla, los sucesores están

llamados a ocupar, por la ley o por el testamento, la

posición jurídica en la que se encontraba su causante antes

de haber fallecido.

No obstante, cabe señalar, que no todos los derechos y

obligaciones son transmisibles por razón de muerte. Ciertas

obligaciones y derechos no se transmiten a los herederos

luego de la muerte del causante, por tratarse de derechos

personalísimos

causante.

o

González

de

carácter

Tejera,

público

op.

cit.,

o

vitalicio

pág.

3.

del

Algunos

ejemplos de estos derechos personalísimos son el derecho al

usufructo y los derechos de uso y de habitación. Íd. Estos

derechos no pueden transmitirse debido a que “su disfrute,

tiene por límite la vida de su titular”. González Tejera,

op. cit., pág. 326. Otros derechos que no se transmiten son

las

obligaciones

inherentes

a

la

labor

personal

del

causante, como lo serían las obligaciones contraídas en

consideración a la profesión, el arte o el oficio del deudor.

Íd. Por ejemplo, “la obligación que asume una persona de

escribir un libro, pintar un cuadro, cantar una ópera, dictar

una conferencia o de representar a un cliente en un trámite

AC-2023-0069

8

judicial, son ejemplos de obligaciones que se extinguen con

su fallecimiento.” González Tejera, op. cit., pág. 327.

B. Transmisibilidad de una causa de acción civil

Acorde con los principios anteriormente discutidos, la

sucesión también está llamada a sustituir a su causante

cuando al momento de fallecer, este era parte en una causa

civil pendiente. Para viabilizar esta sustitución de parte,

existe en nuestro ordenamiento procesal la Regla 22.1 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. Esta regla

establece que “cuando una parte fallece y la reclamación no

queda extinguida por ello, cualquiera de las partes en el

procedimiento o sus abogados notificarán el fallecimiento al

tribunal y a las otras partes dentro del término de treinta

días”. De igual forma, la regla añade que “[e]l tribunal, a

solicitud presentada dentro de los noventa días siguientes

a la fecha de dicha notificación, ordenará la sustitución de

la parte fallecida por las partes apropiadas”. Íd.

Al interpretar la Regla 22.1 de Procedimiento Civil de

1979, 32 LPRA Ap. III —en lo pertinente idéntica a la de

2009— mencionamos que esta “atiende el interés público de

que los asuntos en los tribunales se solucionen de forma

expedita para evitar el perjuicio que la dilación pueda

causar a las partes”. Vilanova v. Vilanova, 184 DPR 824

(2012), citando a Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri,

123 DPR 664, 685 (1989). De esta manera, luego de que se

ordene la sustitución, las partes no quedan desprovistas

pues

se

colocan

en

“los

mismos

zapatos”

que

la

parte

AC-2023-0069

9

sustituida. Pino Development Corp. v. Registrador, 133 DPR

373, 388 (1993).

Con lo anterior aclarado, resulta meritorio recordar

que nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia de

dos tipos de daños. Estos son los daños especiales y los

daños morales. Dentro de los daños especiales se encuentran

los

daños

económicos

físicos

que

son

y

daños

toda

patrimoniales,

aquella

pérdida

pecuniarios

de

los

o

bienes

objetivos. Rivera v. SLG Díaz, 165 DPR 408 (2005). Estos

daños especiales admiten la valoración económica debido a

que impactan directamente el patrimonio del perjudicado.

Íd., citando a J. Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid, Ed.

Rev. Der. Privado, 1963, pág. 120. Por otra parte, los daños

morales

son

aquellos

causados

a

las

creencias,

los

sentimientos, la dignidad, la estima social o la salud física

o psíquica del perjudicado. Rivera v. SLG Díaz, supra, pág.

428. Es decir, son daños extrapatrimoniales que lesionan los

derechos de la personalidad. Íd., citando a R. De Ángel

Yagüez, La Responsabilidad Civil, Bilbao, Universidad de

Deusto, 1988, pág. 224. Por otra parte, “aunque el daño moral

no lesiona los bienes económicos de la persona, este daño

indirectamente podría repercutir en el patrimonio de la

persona y causar una perturbación anímica”. Rivera v. SLG

Díaz, supra, citando a G. Ortiz Ricol, Valoración Jurídica

del Daño Moral, 48 Rev. Der. y Leg. 22, 24 (1959).

Anteriormente establecimos que el discrimen contra un

trabajador de por sí, configura un daño compensable. García

AC-2023-0069

10

Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193, 214 (1988). Al

considerar lo anterior, es menester recordar también que en

Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 DPR 598 (1973),

reconocimos por primera vez que los herederos de una persona

fallecida por actos culposos o negligentes están legitimados

para reclamar por los daños que sufrió su causante en vida.

Ante dicha coyuntura, en aquella ocasión colegimos que el

aforismo de que la causa de acción muere con la persona

resultaba anacrónico e incompatible con nuestra doctrina

civilista que establece que el heredero es la continuación

de la personalidad jurídica del finado. Íd., pág. 600. Ante

ese cuadro, concluimos que en Puerto Rico los herederos

estaban facultados para ejercitar una causa de acción por

daños y perjuicios sufridos por su causante. Íd.

También añadimos que el derecho de los sucesores no

depende de algún trámite procesal iniciado por su causante.

Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., supra, pág. 602. Incluso

mencionamos

que

el

valor

económico

determinable

en

el

patrimonio de la víctima se transmite a sus herederos, aun

cuando no se hubiera iniciado la reclamación judicial. Íd.,

págs. 602-603. En aquella ocasión mencionamos que en nuestro

ordenamiento jurídico ha existido una “práctica de convertir

a indemnización pecuniaria el dolor y sufrimiento humano

originado

por

el

acto

negligente”.

De

igual

manera

mencionamos que “el derecho o causa de acción representa un

bien valorable en dinero por lo que no hay razón legal ni

moral para excluirlo del acervo o caudal relicto transmitido

AC-2023-0069

11

por el causante a sus herederos”. Íd. De esta forma, le

impartimos carácter patrimonial al derecho a reclamar daños

y

perjuicios.

concluimos

que

(Énfasis

el

nuestro).

derecho

del

Con

ese

análisis,

causante

a

obtener

indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante su

vida

constituye

un

derecho

de

crédito

perfectamente

transmisible bajo nuestras reglas generales que rigen la

transmisibilidad de los derechos. Vda. de Delgado v. Boston,

supra, citando a Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil,

Tomo V, Vol. 1, pág. 55.

Cónsono con lo anterior, en Sucn. Álvarez v. Srio. de

Justicia, 150 DPR 252 (2000), resolvimos que las licencias

por

enfermedad

acumuladas

por

un

funcionario

público

fallecido son transmisibles a sus herederos. Allí observamos

que el Código Civil no contenía una regla uniforme que

permitiera

distinguir

entre

los

bienes,

derechos

y

obligaciones que son transmisibles por herencia y los que,

por ser personalísimos, concluyen con la vida del titular.

Íd.

citando

a

E.

González

Tejera,

Derecho

Sucesorio

Puertorriqueño, San Juan, 1983, Vol. I, pág. 247. A pesar de

eso, reconocimos que la regla general siempre ha sido la

transmisibilidad

de todos los elementos integrantes del

patrimonio de una persona fallecida. Íd. Con ese marco

doctrinario determinamos de que la licencia por enfermedad

acumulada

y

no

utilizada

por

un

empleado

de

gobierno

constituye un bien patrimonial transmisible a sus herederos.

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12

C. Transmisibilidad de reclamaciones judiciales instadas

al amparo de la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 100

La Ley Núm. 80, supra y la Ley Núm. 100, supra, no

establecen expresamente que los remedios provistos en ellas

son de carácter personalísimo. Las precitadas leyes tampoco

establecen que las causas de acción al amparo de estas

terminan con la muerte del promovente. Ante esta situación,

es

preciso

cumplir

nuestra

obligación

de

interpretar

e

impartirle sentido a esta área silente en nuestro derecho.

Reiteradamente hemos expresado que, al interpretar el texto

de una ley, los tribunales debemos respetar la voluntad

legislativa y atribuirle un sentido que asegure el resultado

que el legislador quiso obtener originalmente. Piñero v.

AAA, 146 DPR 890 (1998); Col. Ópticos PR v. Pearle Vision

Center, 142 DPR 221 (1997).

El Código Civil también nos dice que para descubrir el

verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son

ambiguas, se considerará su razón y su espíritu, mediante la

atención a los objetivos del legislador. Art. 20 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 5342. Véase también Sucn. Álvarez v.

Srio. de Justicia, supra, pág. 274; Bco. Popular de PR v.

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por esta razón,

al ejercer nuestra función interpretativa, estamos obligados

a

armonizar,

en

la

medida

de

lo

posible,

todas

las

disposiciones de ley en cuestión en aras de obtener un

resultado más sensato, lógico y razonable. Íd.

AC-2023-0069

13

III

A. Ley sobre despidos injustificados

La Ley Núm. 80, del 3 de mayo de 1976, supra, protege

a los empleados de actuaciones arbitrarias de un patrono y

le provee remedios económicos con el propósito de desalentar

los

despidos

injustificados.

González

Méndez

v.

Acción

Social, 196 DPR 213, 229 (2016). La Ley Núm. 80, supra,

dispone en su Art. 7 que los empleados despedidos sin causa

justificada tienen derecho a recibir de su patrono una mesada

que se computa a base del mayor número de horas regulares de

trabajo del empleado, durante cualquier período de treinta

días naturales consecutivos, dentro del año inmediatamente

anterior al despido. Ley Núm. 80-1976, 29 LPRA sec. 185g.

En vista de que claramente estamos ante un estatuto

reparador, las disposiciones de la Ley Núm. 80-1976, supra,

deben interpretarse liberalmente a favor de los derechos del

trabajador para cumplir con sus propósitos. Romero v. Cabrer

Roig, 191 DPR 643 (2014). El razonamiento detrás de estas

normas de interpretación obedece al propósito mismo de las

leyes

laborales

las

cuales

buscan

garantizar

la

mayor

protección a los trabajadores y no a terceras personas.

Romero v. Cabrer Roig, supra, pág. 653.

B. Ley contra el discrimen en el empleo

El 30 de junio de 1959 la Asamblea Legislativa de Puerto

Rico promulgó la Ley Contra el Discrimen en el Empleo, Ley

Núm. 100 del 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq.

En la exposición de motivos de esta ley se señala que su

AC-2023-0069

14

propósito es proteger a los trabajadores contra el discrimen

en la relación de empleo. Es preciso mencionar que la propia

ley dispone que “quien viole sus disposiciones incurrirá en

responsabilidad civil”. Véase, Art. 1 de la Ley Núm. 100,

supra,

29

LPRA

sec.

146.

Por

tanto,

con

esta

ley,

el

legislador estableció una fórmula para reparar los daños

causados por el discrimen en el empleo. García Pagán v.

Shiley Caribbean, supra, pág. 211.

Al considerar que el legislador aprobó una medida para

prohibir el discrimen e imponer responsabilidad civil por

los daños causados, resolvimos que la Ley Núm. 100, supra,

también

permite

reclamar

indemnización

por

los

daños

y

angustias morales. García Pagán v. Shiley Caribbean, supra,

pág. 201. Luego de examinar el patrón legislativo dirigido

a ampliar la protección de los derechos civiles y a conseguir

el cumplimiento constitucional, concluimos que “a través de

la Ley Núm. 100, supra, la Asamblea Legislativa aprobó un

esquema remedial con todos los instrumentos necesarios para

reparar a las víctimas de los daños causados por el discrimen

en el empleo”. Íd.

Llegamos a esa conclusión debido a que, si optábamos

por impedir que los empleados recobraran daños y angustias

mentales a través de la Ley Núm. 100, supra, el resultado

habría sido transformar judicialmente una legislación de

protección al obrero en una de privilegio para el patrono,

quien

Shiley

obtendría

una

Caribbean,

inmunidad

supra,

parcial.

pág.

211.

García

Al

Pagán

tomar

v.

esta

AC-2023-0069

15

determinación

logramos

darle

contenido

al

principio

establecido en la Carta de Derechos de la Constitución de

Puerto

Rico

de

que

“[l]a

dignidad

del

ser

humano

es

inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley.”.

Art. II, Sec. 1, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Con esto en

consideración, es importante tener claro que, aunque la

Constitución es la fuente de remedios, es este estatuto el

medio adecuado para proveer el resarcimiento de los daños

causados por el discrimen. García Pagán v. Shiley Caribbean,

supra, pág. 211.

Debido a que resulta pertinente a la controversia que

tenemos ante nosotros, es preciso analizar en detalle lo

resuelto en Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1

(1994). Allí dijimos que los familiares de un empleado que

ha sido objeto de discrimen por su patrono, en contravención

a la Ley Núm. 100 supra, poseen una causa de acción propia

al amparo del Art. 1536 del Código Civil, 31 LPRA sec. 10801,

para obtener una indemnización por los daños sufridos como

consecuencia del discrimen laboral hacia su familiar. En

esas

circunstancias,

se

compensarán

los

daños

propios

sufridos por los parientes, una vez quede establecido el

trato discriminatorio en cuestión. Santini Rivera v. Serv.

Air, Inc., supra, pág. 19.

Asimismo,

enfatizamos

nuestras

expresiones

en

Cruz

Roche v. Colón y Otros, 182 DPR 313 (2011). En ese momento,

nos correspondía determinar si un pleito al amparo de la Ley

Núm. 100,

supra, podría

transigirse

sin el aval de un

AC-2023-0069

excónyuge.

partida

16

Aquella

ganancial

vez

colegimos

que,

en

la

global

cifra

aunque

haya

concedida

una

como

compensación por una reclamación al amparo de la Ley Núm.

100, supra, la causa de acción por discrimen laboral es

personalísima mientras no exista una sentencia final y firme

en el pleito. Cruz Roche v. Colón y Otros, supra, pág. 325.

Por eso dictaminamos que “incoar la demanda por discrimen en

el empleo, litigar el caso, apelarlo o transarlo son acciones

que pertenecen única y exclusivamente al empleado afectado”.

Íd. Conforme a esto, quien único posee legitimación activa

en una causa de acción al amparo de la Ley Núm. 100, supra,

es el empleado demandante. Íd. Tomamos aquella determinación

basándonos en que el propósito del referido estatuto es

cobijar a los empleados discriminados y no a sus familiares

o parientes. Íd. Véase, además, Santini Rivera v. Serv. Air,

Inc., supra.

A los fines de resolver la controversia ante nosotros,

resulta

apropiado

analizar,

para

fines

persuasivos,

lo

resuelto por el Tribunal de Apelaciones para el Primer

Circuito en Vaello-Carmona v. Siemens Med. Solutions USA,

Inc., No. 13-1405 (1st Cir. 2015). En este caso, se atendió

una situación parecida a la que hoy nos ocupa. Allí, el

Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito revocó el

dictamen emitido por el Tribunal de Estados Unidos para el

Distrito

de

Puerto

Rico.

Inicialmente,

el

tribunal

de

distrito denegó la sustitución de parte demandada solicitada

por los hijos de un trabajador luego de su fallecimiento en

AC-2023-0069

una

17

reclamación

por

despido

injustificado

y

discrimen

laboral al amparo de la Ley Núm. 100, supra, y de la Ley

Núm. 80, supra.

El tribunal de distrito tomó esta determinación luego

de concluir que las demandas por discriminación laboral del

trabajador en contra de su patrono no eran heredables. El

Tribunal

de

Apelaciones

revocó.

Para

fundamentar

su

determinación, utilizó el caso de Santini Rivera v. Serv.

Air, Inc., supra. Así, el tribunal entendió que, si bien

habíamos

determinado

que

los

familiares

no

tenían

legitimación activa para presentar su propia causa de acción

al amparo de la Ley Núm. 100, supra, esa no era la situación

ante su consideración. El Tribunal de Apelaciones entendió

que los herederos no buscaban iniciar un pleito, sino que

buscaban que el ya instado por su causante continuara. Por

esta razón distinguió la controversia de lo resuelto en

Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra.

El

foro

apelativo

federal

continuó

su

análisis

y

también distinguió su caso de lo resuelto por nosotros en

Cruz Roche v. Colón y Otros, supra. Según el razonamiento

del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en los

casos de Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra y Cruz

Roche v. Colon y Otros, supra, nunca establecimos que la Ley

Núm.

100,

supra,

comprende

reclamos

de

derechos

personalísimos no heredables. Vaello-Carmona v. Siemens Med.

Solutions

USA,

Inc.,

supra,

pág.

11.

A

su

juicio,

la

jurisprudencia de este Tribunal Supremo solo ha establecido

AC-2023-0069

que

los

18

familiares

de

una

persona

agraviada

no

están

legitimados para reclamar sus daños al amparo de la Ley Núm.

100, supra, ni para intervenir en las reclamaciones de los

trabajadores. Íd. Debido a que los herederos no tenían la

intención de vindicar sus propios reclamos, el Tribunal de

Apelaciones para el Primer Circuito concluyó que procedía la

sustitución

de

parte

pues

los

herederos

sí

estaban

legitimados para continuar el reclamo de su causante al

amparo la Ley Núm. 100, supra, y la Ley Núm. 80, supra. Íd.,

pág. 12.

IV

En la controversia que nos ocupa, el patrono argumenta

que el foro apelativo intermedio se equivocó al resolver que

las causas de acción de discrimen por edad al amparo de la

Ley Núm. 80, supra, y despido injustificado al amparo de la

Ley Núm. 100, supra, son transmisibles por razón de muerte.

No

le

asiste

la

razón.

Nunca

hemos

expresado

que

los

herederos de un causante que al momento de su fallecimiento

había instado una causa de acción al amparo de una ley

laboral se encuentran impedidos de sustituirle.

Lo que sí hemos dicho es que la única persona con

legitimación activa para incoar una causa de acción al amparo

de la Ley Núm. 80, supra, y la Ley Núm. 100, supra, y dirigir

la reclamación es el empleado agraviado. Por esa razón, hoy

reafirmamos que cuando una persona desee reclamar por los

daños, sufrimientos y angustias ocasionadas por un patrono

a un familiar debe recurrir al Art. 1536 del Código Civil,

AC-2023-0069

19

supra. Es esa la única fuente de derechos para los familiares

de un empleado agraviado. En cambio, la Ley Núm. 80, supra,

y la Ley Núm. 100, supra, fueron creadas con la intención de

viabilizar y agilizar únicamente los reclamos de un empleado

y no los de sus familiares.

Con lo anterior, advertimos también que en Cruz Roche

v. Colón y Otros, supra, lo que se cuestionaba era si la

transacción potencial de una causa de acción al amparo de la

Ley

Núm.

100,

supra,

necesitaba

el

consentimiento

del

cónyuge por ser la indemnización del empleado de carácter

ganancial.

En

aquel

momento

respondimos

en

la

negativa

porque la causa de acción pertenecía únicamente al empleado.

Del mismo modo, en Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra,

la disposición del caso fue que los familiares de los

empleados que han sufrido un despido discriminatorio no

pueden reclamar sus propios daños utilizando como vehículo

procesal la Ley Núm. 100, supra.

Dicho de una manera más simple, ni Cruz Roche v. Colón

y Otros, supra, ni Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra,

presentaron una situación similar a la que hoy nos ocupa. Lo

resuelto en los casos antes mencionados estuvo limitado a

pautar que cuando el promovente de una reclamación al amparo

de una ley laboral esté vivo, la causa de acción laboral es

personalísima, y por eso, el empleado será la única persona

con legitimación activa para dirigir su reclamo. Nuestras

decisiones previas no pueden ser utilizadas para resolver

que la sucesión del señor Ruiz Mattei está impedida de

AC-2023-0069

sustituirle

20

en

el

pleito

en

contra

de

su

patrono.

La

posibilidad de que la sucesión pueda sustituir a su causante

en una reclamación laboral debe analizarse partiendo de la

premisa de que los herederos representan la continuación de

la personalidad jurídica del empleado finado. Recordemos que

según expusimos anteriormente, en virtud de la sucesión, los

herederos del causante se ponen en su lugar en cuanto a los

derechos y obligaciones que no se extinguen con su muerte.

Véase Art. 1546 del Código Civil, supra.

La

controversia

ante

nosotros

nos

presenta

a

un

trabajador que instó diligentemente su causa de acción en

contra de su patrono y falleció cuando estaba pendiente la

adjudicación del caso ante el Tribunal de Primera Instancia.

Sus

herederos

no

buscan

ser

compensados

por

los

daños

sufridos por ellos. De hecho, no surge del expediente que

estos hayan incoado alguna otra causa de acción personal por

sus

propios

herederos

del

sufrimientos.

señor

Ruiz

La

única

Mattei

es

intención

de

que

partidas

las

los

económicas a las que hubiese tenido derecho su padre sean

otorgadas a ellos. En la jurisprudencia interpretativa que

hemos analizado, no habíamos dicho que la causa de acción al

amparo de leyes laborales muere con el causante. Lo que sí

habíamos dicho es que los familiares no pueden reclamar sus

propios derechos al amparo de esas leyes.

A la luz del marco doctrinal discutido y ante la

incertidumbre jurídica existente, hoy resolvemos que las

reclamaciones

laborales

son

transmisibles

por

razón

de

AC-2023-0069

21

muerte. Como corolario de lo anterior, los herederos de un

empleado

agraviado

tendrán

legitimación

activa

para

sustituir a su causante en cualquier reclamación pendiente

ante los tribunales. Del mismo modo, tendrán legitimación

activa para iniciar la reclamación laboral que su causante

no pudo presentar antes de su muerte. Recordemos que el

derecho de los sucesores para vindicar el derecho de su

causante

a

reclamar

daños

no

depende

de

algún

trámite

procesal iniciado por su causante. Vda. de Delgado v. Boston

Ins. Co., supra, pág. 602. Ahora bien, la participación de

los

herederos

en

estas

situaciones

estará

limitada

a

defender exclusivamente los derechos del causante.

La intención de los herederos en este caso es vindicar

únicamente los derechos de su causante. Tal y como expresamos

en Viuda de Delgado v. Boston Ins. Co., supra, si hoy

decidimos

acción,

impedir

quien

la

transmisibilidad

recibiría

sus

de

beneficios

esta

no

causa

serían

de

sus

herederos, sino la persona que potencialmente causó el daño;

en este caso, el patrono. Hoy afirmamos esas expresiones,

pues si decidimos que no procede la sustitución de parte en

este

caso,

premiaríamos

al

autor

de

un

potencial

acto

culposo.

No

podemos

colocar

en

ventaja

a

un

patrono

potencialmente responsable por causar daños y perjuicios

solo porque su empleado, quien estaba reclamándole, falleció

antes de la sentencia judicial. En Puerto Rico existe una

política pública dirigida a proteger los derechos de los

AC-2023-0069

22

trabajadores. Véase, Arroyo v. Rattan Specialties, 117 DPR

35 (1986); Whittenburg v. Col. Ntra Sra. del Carmen, 182 DPR

937, 951 (2011). De igual forma, en Puerto Rico existe una

política

pública

dirigida

a

erradicar

todo

tipo

de

discrimen. Véase Art. II, Sec. 1, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

Así

pues,

las

leyes

laborales

no

están

diseñadas

para

favorecer a los patronos que incurren en discrimen o despido

injustificado. Por tanto, impedir la sustitución de parte en

estos casos atentaría en contra de la política pública

establecida en Puerto Rico de proteger a los empleados de

cualquier

discrimen

y

despido

injustificado.

Si

el

legislador hubiese querido que la causa de acción del obrero

terminara con la muerte, confiriéndole así esa inmunidad al

patrono, tenía que decirlo expresamente. En ausencia de esa

expresión, no nos queda más que establecer que los herederos

están facultados para continuar las causas de acción al

amparo de la Ley Núm. 80, supra, y de la Ley Núm. 100, supra,

pendientes antes de la muerte de su causante.

Recordemos también que la Ley Núm. 80, supra, contempla

en su Art. 7 una mesada como compensación económica. De igual

manera, el Art. 1 de la Ley Núm. 100, supra, le ofrece al

empleado agraviado una indemnización por los daños sufridos

por el discrimen. Dicha mesada provista por la Ley Núm. 80,

supra, como remedio económico y la causa de acción por daños

provista por la Ley Núm. 100, supra, constituyen bienes

patrimoniales. Distinto sería si la sucesión solicitara como

remedio la restitución del empleado del Art. 2(f) de la Ley

AC-2023-0069

23

80, supra, 29 LPRA sec. 185b, el cual sí constituye un

remedio

personalísimo

del

empleado

y

no

puede

ser

transmitido a los herederos del causante. Si bien el foro

primario todavía no ha adjudicado responsabilidad, sabemos

que una reclamación por daños es un derecho de crédito

transmisible a los herederos. Tal y como ya expresamos, no

podemos ver cómo, solamente por ser incoada al amparo de

leyes laborales, la reclamación del señor Ruiz Mattei no

pueda ser transmitida a sus herederos.

La compensación que pudiera haber recibido el señor

Ruiz Mattei, de salir victorioso, habría significado un

aumento monetario en su caudal. Ese aumento en dinero tendría

que haber sido entregado a sus hijos como únicos herederos.

Lo mismo debe suceder ahora. Es decir, si en su momento el

tribunal impone responsabilidad a Commercial Equipment, la

compensación económica deberá ser pagada a la sucesión del

señor Ruiz Mattei.

No vemos razón para decidir que si una causa de acción

por daños y perjuicios ordinaria puede ser trasmitida por

causa de muerte, una reclamación por daños al amparo de la

Ley Núm. 100, supra, la cual provee, precisamente para

recobrar daños, no pueda serlo de manera análoga. De igual

manera,

deben

ser

trasmisibles

las

partidas

económicas

provistas por la Ley Núm. 80, supra, pues para todos los

efectos

estas

transmisible.

son

un

derecho

patrimonial

perfectamente

AC-2023-0069

Por

todo

24

lo

anterior,

hoy

resolvemos

que

una

vez

fallecida la persona agraviada y con legitimación activa

para incoar una causa de acción al amparo de la Ley Núm. 80,

supra y Ley Núm. 100 supra, sus herederos tienen legitimación

activa para continuar con la reclamación ya presentada.

Advertimos que si el foro de instancia resuelve que proceden

ambos reclamos, este debe descontarle a la compensación

mayor cualquier cuantía que otorgue según la otra ley. Véase

Santiago Ortiz v. Real Legacy Assurance Company, Inc., 206

DPR 194 (2021); Soc. De Gananciales v. Centro Gráfico, 144

DPR 952 (1998).

V

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Se ordena que la

sucesión del señor Ruiz Mattei se sustituya como parte

querellante y se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para la continuación de los procedimientos.

Se dictará Sentencia en conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José E. Ruiz Mattei

Recurrido

v.

Commercial

Finance, Inc.

AC-2023-0069

Equipment

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2024.

Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de esta

Sentencia, se confirma la Sentencia del Tribunal de

Apelaciones. Se ordena que la sucesión del señor Ruiz

Mattei se sustituya como parte querellante y se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para

la continuación de los procedimientos.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón

Pérez concurrió sin opinión escrita.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo