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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ex parte: Aprobación de Cambio de Estatus Inactivo de mayo de 2024

2024 TSPR 69

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ex parte: Aprobación de Cambio de Estatus Inactivo de mayo de 2024

EM-2024-0008

20 de junio de 2024 · Resolución del Tribunal · Aprobación de Cambio de Estatus Inactivo de mayo de 2024.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de Aguada

Recurrido

v.

W Construction, LLC

Recurrido

Recovery Finance Limited

Peticionaria

__________________________

Certiorari

2024 TSPR 69

Municipio de Aguada

Recurrido

213 DPR ___

v.

W Construction, LLC

Peticionario

Recovery Finance Limited

Recurrido

Número del Caso:

Fecha:

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

21 de junio de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel I

CC-2023-0320

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Antonio A. Arias Larcada

Lcda. María C. Cartagena Cancel

Lcda. Gabriela A. Pérez Vélez

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. José A. Medina Hernández

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

2

CC-2023-0322

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcdo. José O. Ramos González

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. José A. Medina Hernández

Materia: Obligaciones y Contratos – En cualquier tipo de contrato de

servicios, la evaluación de un licitador no debe estar orientada en

la ficción de que la experiencia de una compañía es independiente a

la de sus integrantes.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de Aguada

Recurrido

v.

W Construction, LLC

Recurrido

CC-2023-0320

CC-2023-0322

Recovery Finance Limited

Peticionaria

__________________________

Municipio de Aguada

Recurrido

v.

W Construction, LLC

Peticionario

Recovery Finance Limited

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2024.

En AEE v. Maxon, 163 DPR 434 (2004), pautamos que la

experiencia de las empresas se mide a través de los seres

humanos que la componen. Hoy nos toca aclarar si dicha norma

aplica solamente a situaciones en las que se adquieren

servicios de gran costo y sofisticación.

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

resolvemos en la negativa. Con esto reafirmamos que, en

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

2

cualquier tipo de contrato de servicios, la evaluación de un

licitador no debe estar orientada en la ficción de que la

experiencia de los empleados o directores es un concepto

separado o diferente a la experiencia de la compañía.

I

El 16 de octubre de 2018, el Gobierno Municipal de

Aguada publicó una solicitud de propuesta en el periódico

Primera Hora en busca de otorgar un contrato para el recogido

de los escombros producidos por el paso del huracán María en

Puerto Rico. En la solicitud, denominada Contrato a término

para servicios de respuesta a desastres, se establecieron

tres criterios con los que tenían que cumplir las compañías

interesadas en participar: (1) tener un mínimo de dos años

de experiencia en operación logística para la recuperación

de desastres y eliminación de escombros; (2) conocimiento y

experiencia en los procedimientos de reembolso de asistencia

pública de FEMA, y (3) haber provisto servicios similares a

los requeridos por lo menos a una jurisdicción con una

población de al menos diez mil (10,000) habitantes. Propuesta

Núm. 2, Serie: 2018-2019. Los servicios serían sufragados,

en su inmensa mayoría, por la Agencia Federal para el Manejo

de Emergencias (“FEMA”, por sus siglas en inglés) mediante

pareo de fondos. El Municipio aportaría el 10% de los fondos,

mientras que FEMA aportaría el 90% de estos.

Según consta en la Notificación de adjudicación, dos

compañías sometieron sus propuestas ante la consideración de

la Junta de Subastas del Municipio de Aguada (Junta de

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

Subastas):

W

Construction

3

LLC

(W

Construction)

y

Constructora de Aguada Inc. Ap. del certiorari, pág. 399.

Después de haber evaluado las ofertas recibidas, el 4 de

diciembre de 2018 la Junta de Subastas acordó por unanimidad

otorgar la buena pro a W Construction, por entender que esta

“cumplió

con

todos

y

cada

uno

de

los

requisitos

establecidos”. Íd. Por ello, el 11 de diciembre de 2018 se

perfeccionó

el

Contrato

Núm.

2019-000159

(Contrato

de

Servicios) entre el Municipio de Aguada y W Construction por

la cantidad de $3,000,000. Mediante dicho contrato, que

tenía vigencia de dos años, W Construction se obligó a

proveer

servicios

disposición

en

el

de

recogido

Municipio

de

de

escombros,

Aguada

limpieza

y

(Municipio).

El

Municipio, por su parte, se comprometió a pagar dentro de

treinta (30) días laborables a partir de los reembolsos

recibidos por FEMA.

Varios

meses

después,

W

Construction

solicitó

una

enmienda a la cuantía del contrato por ser necesario para

finalizar los trabajos, conforme a los estimados de gastos

solicitados por la Directora de Finanzas del Municipio. Con

la anuencia de la Junta de Subastas, el 28 de marzo de 2019

se perfeccionó la enmienda al convenio y se aumentó el monto

por $4,000,000, para una compensación total de $7,000,000.

Contrato Núm. 2019-000159-A.

Para sufragar los servicios de recogido y disposición

de escombros, el 5 de marzo de 2019 W Construction otorgó un

contrato de préstamo con la empresa Recovery Finance Limited

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

4

(Recovery Finance) mediante el cual se le facilitó una línea

de crédito de hasta $5,000,000. En armonía, también se pactó

un contrato de garantía en el que W Construction le otorgó

a Recovery Finance un gravamen continuo sobre todos sus

derechos, títulos e intereses bajo el Contrato de Servicios

con el Municipio, en resguardo de sus obligaciones de repago.

W Construction le notificó al Municipio al respecto y este

firmó la notificación como recibida.

Según surge del expediente, W Construction realizó las

labores acordadas en el Contrato de Servicios y su enmienda

dentro del término establecido de dos años. Por esta razón

sometió las facturas al Municipio, tal y como lo establecía

el

acuerdo,

para

cobrar

por

servicios

prestados.

En

respuesta, el Municipio remitió las facturas a la Oficina

Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3)

y

a

FEMA

para

el

desembolso

correspondiente.

Una

vez

sometidas las facturas, tanto COR3 como FEMA aprobaron el

desembolso de fondos para su pago. A la fecha, FEMA le ha

abonado

al

Municipio

suministrados

y

el

$4,669,894.33

Municipio

ha

por

los

efectuado

servicios

pagos

a

W

Construction por la cantidad de $624,304.82. No obstante, el

Municipio se negó a pagar el remanente de la suma acordada,

pues alega que el proceso de contratación fue nulo porque no

se cumplieron los trámites requeridos por ley.

En sintonía, es importante señalar que el 5 de agosto

de 2019 el Lcdo. Christian E. Cortés Feliciano radicó una

querella

ante

el

Departamento

de

Justicia

para

que

se

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

5

investigara un posible esquema de corrupción gubernamental

en los procesos de contratación y enmienda discutidos. A

raíz de la denuncia instada por el entonces legislador

municipal, quien actualmente es el alcalde de Aguada, el

Departamento de Justicia remitió al Panel sobre el Fiscal

Especial Independiente (PFEI) su informe de investigación

preliminar.

Por

su

parte,

el

Departamento

no

encontró

evidencia que constituyera delito o presión indebida por el

exalcalde, Manuel Santiago Mendoza, en la otorgación del

contrato a W Construction. Por esta razón la querella no

originó

acusación

alguna

por

parte

del

aparato

gubernamental. No obstante, el Departamento de Justicia

concluyó que el contrato era nulo debido a que la corporación

no cumplió con el requisito de dos años de experiencia en

operación

logística

para

la

recuperación

del

desastre

expuesto en el edicto para cualificar como licitante.

El

3

de

septiembre

de

2020,

el

PFEI

emitió

una

resolución en la que concurrió con las determinaciones del

Departamento de Justicia. Dicha resolución fue remitida a la

Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD)

para su evaluación y recomendación. El 3 de marzo de 2021,

UPAD también concurrió con que no se cumplió el requisito de

dos años de experiencia.

Bajo este panorama, el 11 de noviembre de 2021 el

Municipio instó ante el Tribunal de Primera Instancia una

acción civil sobre sentencia declaratoria, a tenor con lo

dispuesto por la Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

Ap.

V.,

en

contra

de

W

6

Construction.

En

síntesis,

el

Municipio alegó que el contrato de servicios y la enmienda

eran nulos porque, al momento de someter su propuesta, W

Construction no cumplía con el requisito establecido en la

solicitud

de

propuesta

que

exigía

que

las

compañías

participantes tuvieran dos años de experiencia en el campo

de recuperación de desastres y recogido de escombros. Para

sostener su postura, acompañó un certificado emitido por el

Departamento de Estado en donde se refleja que la compañía

fue organizada el 30 de agosto de 2017. En la alternativa,

solicitó que se declarara nula la enmienda al contrato, pues

la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, infra, no

permite un aumento de más de 30% de la cuantía del contrato

original sin la celebración de una nueva subasta.

Luego de varios trámites procesales, el 15 de diciembre

de

2021

Recovery

intervención.

Finance

Alegó

tener

presentó

interés

una

moción

significativo

en

de

la

controversia, pues se había convertido en el beneficiario

principal

de

los

activos

provenientes

del

contrato

en

cuestión. El 17 de febrero de 2022 el foro primario celebró

la vista en su fondo y, ese mismo día, concedió la solicitud

de intervención en corte abierta.

Durante la vista en su fondo, el Municipio presentó

prueba

documental

y

testifical.

La

prueba

testifical

consistió únicamente en el testimonio de la Sra. Zulema Bravo

Pérez (señora Bravo Pérez), secretaria municipal del pueblo

de

Aguada.

Su

testimonio

se

trajo

para

propósitos

de

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

autenticación

de

documentos

y

7

contenido.

La

prueba

documental presentada por el Municipio y admitida consistió

en: (1) Copia del Contrato Núm. 2019-000159; (2) Enmienda al

contrato (Contrato Núm. 2019-000159-A); (3) Registro de la

corporación;

(4)

Certificado

de

cumplimiento

(Good

Standing); (5) Ordenanza Núm. 5; (6) Reglamento de la Junta

de Subasta 2011, y (7) Aviso de solicitud de propuesta

(Contrato

a

término

para

servicios

de

respuesta

a

desastres).

En su testimonio, la señora Bravo Pérez declaró que

comenzó a trabajar en el Municipio el 6 de diciembre de 2021,

esto es, luego de la otorgación del Contrato de Servicios y

su enmienda. Más aún, admitió que comenzó a fungir como

secretaria de la Junta de Subastas durante el 2022. Con

relación a los deberes de su puesto, afirmó que consistían

en verificar todas las subastas que se efectúan; así como

tener la custodia de los expedientes y de los contratos del

Municipio.

Respecto al trámite que aquí nos ocupa, la señora Bravo

Pérez indicó que lo único que pudo hacer fue verificar el

expediente

del

Contrato

de

Servicios,

su

enmienda,

y

fotocopiar los documentos. Por tanto, admitió que no preparó

el acuerdo, no lo firmó, ni trabajó para el presidente o

para el secretario municipal durante el año fiscal en el que

se otorgó el Contrato de Servicios y la enmienda (20182019). Sin embargo, la secretaria municipal sí aseveró que

W Construction no cumplió con el requisito de experiencia de

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

8

dos años exigido en la solicitud de propuestas. Afirmó que

ella no hubiese votado por tal corporación como licitador

agraciado. Asimismo, sostuvo que W Construction tampoco

cumplió

con

los

experiencia

en

pública

FEMA

de

requisitos

los

procesos

y

de

de

tener

conocimiento

de

reembolso

de

proveer

servicios

similares

y

asistencia

en

poblaciones de más de diez mil (10,000) habitantes.

Durante el contrainterrogatorio, la señora Bravo Pérez

reconoció que, en cuanto a los años de experiencia de un

licitador, se suele evaluar la experiencia del presidente y

de

los

constructores

de

una

corporación.

Pese

a

esto,

reafirmó que, para esta subasta, los dos años de experiencia

debían ser de la compañía que interese licitar, por lo que

W Construction no tenía la experiencia necesaria. La testigo

aceptó que los trabajos de recogido de escombros y limpieza

se culminaron. También admitió que el expediente presentado

ante el Tribunal de Primera Instancia no estaba completo.

Finalmente, indicó que en el expediente no había solicitudes

de revisión judicial por parte de algún licitador.

Por su parte, W Construction presentó el testimonio de

su presidente, el Sr. Wilson Matos Ruiz (señor Matos Ruiz).

En su declaración, afirmó que ha sido contratista por más de

17 años y que su experiencia abarcaba la realización de

demoliciones, desganches, recogido de material vegetativo,

cemento, disposición, construcción industrial, comercial y

residencial, cortes de terreno y operación de maquinarias.

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

9

En torno a la experiencia en trabajos de emergencia

bajo FEMA, el señor Matos Ruiz resaltó que, al suscribirse

el acuerdo con el Municipio, ya había limpiado las carreteras

de Arecibo hasta Guayanilla. Por lo cual, a su entender,

cumplió automáticamente con el requisito de haber brindado

servicios similares a más de 10,000 habitantes. Agregó que,

en ese momento, ya había limpiado la Carretera 109 de Añasco,

desde el kilómetro 17 hasta San Sebastián; así como los

parques del Departamento de Recursos Naturales y la playa

Crash Boat en Aguadilla. Incluso, testificó que FEMA lo

recomendó para limpiar el Hospital Bella Vista y así lo hizo.

Por

otro

lado,

sobre

la

enmienda

al

Contrato

de

Servicios, explicó que en los contratos de emergencia no se

puede determinar de antemano un precio exacto debido a que

se desconoce lo que se va a recoger. Ante esta situación,

explicó que tuvo que ir personalmente a las facilidades

provisionales de FEMA y COR3 en Aguadilla y solicitar la

mejora, pues la suma pactada no alcanzaba para culminar los

trabajos. Tras un análisis de costos adicionales, se acordó

un aumento de cuatro millones adicionales, aunque aclaró que

no se utilizaron en su totalidad.

El señor Matos Ruiz estimó en $6,100,000 la deuda por

las

labores

realizadas.

En

vista

de

que

obtuvo

financiamiento con Recovery Finance para poder culminar los

trabajos, aseveró que la suma reclamada por los trabajos de

recogido

de

escombros

totalidad

a

la

y

limpieza

financiera.

Por

le

pertenecen

último,

indicó

en

su

que

los

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

10

trabajos para los que fue contratado se realizaron y que los

monitores de FEMA así lo certificaron.

Finalizados los testimonios y tras la celebración de la

vista, el Municipio dio por sometido su caso. Con ello,

prácticamente se amparó en el testimonio de la señora Bravo

Pérez y en la prueba documental admitida para sostener su

causa de acción.

En

riposta,

W

Construction

y

Recovery

Finance

solicitaron la desestimación del reclamo. Como parte de su

argumento,

Recovery

Finance

afirmó

que

la

demanda

del

Municipio debía ser desestimada por dos razones: (1) el

Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para

atender

la

controversia,

pues

la

alegada

nulidad

del

contrato basada en supuestos errores cometidos por la Junta

de Subastas en la adjudicación de la propuesta era de

jurisdicción exclusiva del Tribunal de Apelaciones, y (2) la

evidencia sometida por el Municipio no fue suficiente para

probar la nulidad del Contrato de Servicios puesto que el

Municipio no presentó el expediente administrativo en su

totalidad, el cual se presume correcto.

Además, Recovery Finance alegó que el presidente de W

Construction, señor Matos Ruiz, contaba con experiencia en

el ámbito de recuperación de desastres y eliminación de

escombros

que

excedía

estipulado

en

la

cuanto

la

alegación

a

contrato,

aseveró

el

solicitud

que,

requerimiento

de

de

Asimismo,

en

propuestas.

relacionada

por

tratarse

dos

años

con

la

enmienda

al

de

un

contrato

de

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

11

servicios de emergencia, el Municipio no estaba obligado a

celebrar una subasta aun cuando el monto de la enmienda

excediera el 30% del contrato original. Sostuvo que el

Municipio ratificó el contrato y su correspondiente enmienda

toda

vez

trabajos

que

se

recibió

los

completaran

servicios,

supervisó

satisfactoriamente,

que

los

remitió

las

facturas a FEMA y recibió pagos por parte de FEMA con

relación a los servicios prestados.

Tras la comparecencia de las partes, el 18 de agosto de

2022 el Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la

sentencia

declaratoria

presentada

por

el

Municipio

de

Aguada. Decretó que el Contrato de Servicios y su enmienda

eran nulos por “no haberse cumplido con los requisitos

ordinarios de la subasta pública ni con los requisitos

establecidos en situaciones excepcionales, como las de una

emergencia,

dispuestos

en

la

Ley

Núm.

81-1991,

supra,

(derogada) y el Reglamento de la Junta de Subastas del

Municipio de Aguada, aprobado el 6 de septiembre de 2011”.

Ap. del certiorari, pág. 337. Entre otras cosas, el Tribunal

de Primera Instancia entendió que W Construction no cumplió

con el requisito de dos años de experiencia en recuperación

de desastres y que la Junta de Subastas incumplió con su

responsabilidad al otorgar una enmienda a dicho contrato por

$4,000,000,

lo

que

aumentó

el

costo

del

proyecto

a

$7,000,000, sin la celebración de una nueva subasta.

Inconformes,

W

Construction

y

Recovery

Finance

presentaron cada uno recursos apelativos ante el Tribunal de

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

12

Apelaciones. El 29 de septiembre de 2022, los recursos fueron

consolidados. En definitiva, ambas partes argumentaron que

el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción

para decretar la nulidad del Contrato de Servicios y su

enmienda debido a que la adjudicación de la subasta ya advino

final y firme y la causa de acción fue instada fuera del

término establecido en la ley. Además, sostuvieron que, si

bien W Construction no tenía para ese entonces dos años de

creada,

la

compañía

sí

cumplió

con

el

requisito

de

experiencia puesto que su presidente, el señor Matos Ruiz,

era contratista desde hacía más de 17 años. Por otro lado,

por tratarse de unos servicios de emergencia, arguyeron que

la

ley

permite

la

suscripción

de

una

enmienda

sin

la

celebración de una nueva subasta o solicitud de propuestas.

Recalcaron

que

el

Municipio

ratificó

el

Contrato

de

Servicios y su enmienda al recibir los servicios pactados y

obtener los pagos de FEMA por dichos trabajos. Por esto y

más,

entendieron

que

el

foro

primario

actuó

de

forma

arbitraria y caprichosa al privarlos de su propiedad sin el

debido proceso de ley.

Por su parte, el Municipio presentó su alegato en

oposición el 12 de enero de 2023 a través del cual sostuvo

la nulidad de la contratación por haber sido contraria al

orden público.

Luego de varios incidentes procesales, el 21 de marzo

de 2023, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia en

la

que

confirmó

el

dictamen

del

Tribunal

de

Primera

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

13

Instancia. El foro apelativo se enfocó en el requisito de al

menos dos años de experiencia y determinó que dicho criterio

tenía que ser cumplido por la empresa proponente, y no por

sus socios, oficiales o accionistas. Para llegar a esta

conclusión, razonó que la normativa establecida en AEE v.

Maxon, supra, no aplica en este caso, pues entendió que el

Tribunal Supremo limitó esta pauta a situaciones en las que

se

van

a

adquirir

servicios

técnicos

de

gran

costo

y

sofisticación. Por ende, sentenció que la actuación de pasar

por

alto

este

criterio

de

experiencia

invalidó

la

adjudicación realizada y la hizo nula. Sobre la enmienda, el

Tribunal

manifestó

que

cualquier

ajuste

realizado

a

un

contrato nulo no puede subsistir de manera independiente a

este, por lo que también carece de eficacia jurídica.1

Oportunamente,

W

Construction

y

Recovery

Finance

solicitaron reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones,

pero fue declarada no ha lugar.

Insatisfechos,

W

instaron

ante

este

separado.

En

síntesis,

declaración

de

Construction

Tribunal

nulidad

Recovery

recursos

solicitaron

del

y

de

la

Contrato

Finance

certiorari

revocación

de

Servicios

por

de

la

y

su

El Juez Sánchez Ramos emitió un voto disidente en el cual sostuvo que

el foro primario abusó de su discreción pues consideró que no hay base

en el récord que permita concluir que el contrato es nulo. Entendió que

el Tribunal de Primera Instancia no tuvo ante sí prueba alguna de que

se hubiese incumplido alguno de los requisitos de la subasta o solicitud

de propuestas. En cuanto al requisito de dos años de experiencia, sostuvo

que la norma establecida en AEE v. Maxon, supra, indica que las entidades

públicas siempre pueden considerar la experiencia de los individuos

asociados a una corporación al evaluar si una persona jurídica cumple

algún requisito de experiencia. Para concluir, subrayó que el peso de

la prueba para atacar la validez del contrato lo tenía el Municipio y

este optó por no someter en evidencia el expediente administrativo en

su totalidad.

1

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

14

enmienda. Manifestaron que el Tribunal de Apelaciones erró

al

convalidar

una

sentencia

de

instancia

dictada

sin

jurisdicción. En la alternativa, sostuvieron que el foro

apelativo se equivocó cuando modificó la norma establecida

en AEE v. Maxon, supra, al pautar que, en los contratos de

servicios,

orientada

la

en

evaluación

la

ficción

de

de

un

que

licitador

la

debe

experiencia

estar

de

los

empleados, oficiales y directores es un concepto separado y

diferente

de

la

experiencia

de

la

compañía.

Además,

defendieron que constituye un error el considerar que la

enmienda al Contrato de Servicios es nula porque no se otorgó

tras la celebración de una nueva subasta. Ultimaron que la

sentencia impugnada no tiene base fáctica ni jurídica en el

récord, los priva de su propiedad sin el debido proceso de

ley y constituye un abuso de discreción por parte de los

foros inferiores.

Por el contrario, el Municipio compareció y se opuso a

la expedición del certiorari en ambos. Esbozó que los errores

señalados no se cometieron, que el Contrato de Servicios y

su enmienda son nulos y, por ende, no pueden producir

consecuencia jurídica alguna, pues W Construction no cumplió

con

el

requisito

de

experiencia

al

momento

de

la

consolidación

de

los

recursos

de

adjudicación.

Tras

ordenar

la

referencia, expedimos el auto de certiorari. Ahora, con el

beneficio

de

la

comparecencia

procedemos a resolver.

de

todas

las

partes,

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

15

II

A. Aspectos jurisdiccionales

En

múltiples

ocasiones

hemos

expresado

que

la

jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal

para

considerar

y

decidir

casos

o

controversias.

Cobra

Acquisitions, LLC v. Mun. de Yabucoa, 210 DPR 384, 394

(2022); Pueblo v. Rivera Ortiz, 209 DPR 402, 414 (2022);

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264, 273 (2022). Para poder

adjudicar un caso, el tribunal debe tener jurisdicción sobre

la materia en controversia y sobre las partes litigiosas.

Cobra Acquisitions, LLC v. Mun. de Yabucoa, supra, pág. 394;

Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012). Así, esta

Curia ha reiterado que los tribunales debemos ser celosos

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos

relacionados con esta son privilegiados y deben atenderse

con prioridad. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR

254, 268 (2018); Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191

DPR 228, 234 (2014). De un tribunal dictar una sentencia sin

tener

jurisdicción,

inexistente

o

ultra

su

decreto

vires.

será

Maldonado

jurídicamente

v.

Junta

de

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).

Por esta razón, el aspecto jurisdiccional debe ser el

primer factor que los foros adjudicativos consideren ante

toda situación jurídica que se presente ante sí, pues este

incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una

controversia. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495,

500 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág.

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

16

268; Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra, págs.

233-234. Esto comprende la responsabilidad indelegable de

examinar su propia jurisdicción, así como la del foro de

donde

procede

el

recurso

ante

su

consideración.

Torres

Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 500; S.L.G. Szendrey

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).

En consecuencia, al cuestionarse la jurisdicción de un

tribunal por alguna de las partes o, incluso, cuando no haya

sido planteado por estas, dicho foro examinará y evaluará

con rigurosidad el asunto jurisdiccional, y de determinar

que no posee jurisdicción, solo resta así declararlo y

desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la

controversia. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág.

501; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 269.

B. Ley de Municipios Autónomos

La Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico (Ley de

Municipios Autónomos), Ley Núm. 81-1991, según enmendada, 21

LPRA ant. sec. 4001 et seq., confirió a los municipios un

mayor

grado

de

gobierno

propio

y

autonomía

fiscal.2

Exposición de motivos de la Ley de Municipios Autónomos,

supra, (derogada); véase, además, Muñiz Burgos, Inc. v. Mun.

Yauco, 187 DPR 665, 675 (2013). La intención legislativa

detrás de la aprobación del estatuto fue otorgarles a los

municipios los poderes y facultades necesarios para asumir

Aunque esta ley fue derogada por el recién aprobado “Código Municipal

de Puerto Rico”, Ley Núm. 107-2020, 21 LPRA sec. 7001 et seq., las

disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos son las aplicables a

este caso, por haber estado vigente al momento de los hechos.

2

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

17

un rol activo en su desarrollo urbano, social y económico.

González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan, 2023

TSPR 95, 212 DPR _ (2023). El Artículo 1.006 de la Ley de

Municipios Autónomos, supra, 21 LPRA sec. 4004 (derogada),

establecía que los municipios gozan de autonomía en el orden

jurídico,

económico

y

administrativo.

Esta

autonomía

comprende, entre otras cosas, la libertad para administrar

sus bienes y disponer de sus ingresos, lo que incluye la

capacidad para contratar servicios. Art. 2.001 de la Ley de

Municipios Autónomos, supra, 21 LPRA sec. 4051 (derogada).

Con

relación

a

la

revisión

judicial

de

las

adjudicaciones de la Junta de Subastas, la Ley de Municipios

Autónomos en su Art. 15.002, 21 LPRA sec. 4702 (derogado),

establecía:

(1) El Tribunal de Primera Instancia de Puerto

Rico entenderá y resolverá con exclusividad, a

instancias de la parte perjudicada, sobre los

siguientes asuntos:

(a) Revisar cualquier acto legislativo o

administrativo de cualquier funcionario u

organismo municipal que lesione derechos

constitucionales de los querellantes o que sea

contrario a las leyes de Puerto Rico.

(b) Suspender la ejecución de cualquier

ordenanza, resolución, acuerdo u orden de la

legislatura, del alcalde o de cualquier

funcionario

del

municipio

que

lesione

derechos garantizados por la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por las

leyes estatales.

(c) […]

(d) […]

En los casos contemplados bajo las cláusulas (a)

y (b) de este inciso, la acción judicial sólo podrá

instarse dentro de los veinte (20) días siguientes

a la fecha en que el acto legislativo o

administrativo se haya realizado o que la

ordenanza, resolución, acuerdo u orden se haya

notificado por el alcalde o funcionario municipal

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

18

autorizado a la parte querellante por escrito

mediante copia y por correo regular y certificado

a menos que se disponga otra cosa por ley.

Disponiéndose, que el término de veinte (20) días

establecido en esta sección comenzará a decursar

a partir del depósito en el correo de dicha

notificación; y que la misma deberá incluir, pero

sin ser limitativo, el derecho de la parte

afectada a recurrir al Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior competente; término para

apelar la decisión; fecha del archivo en auto de

la copia de la notificación y a partir de [qué]

fecha comenzará a transcurrir el término.

(2) El Tribunal de Apelaciones revisará, con

exclusividad, el acuerdo final o adjudicación de

la Junta de Subastas, el cual se notificará por

escrito y mediante copia por correo escrito

regular

y

certificado

a

la(s)

parte(s)

afectada(s). La solicitud de revisión se instará

dentro del término jurisdiccional de diez (10)

días contados desde el depósito en el correo de la

copia de la notificación del acuerdo final o

adjudicación. La notificación deberá incluir el

derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir

ante el Tribunal de Apelaciones para la revisión

judicial; término para apelar la decisión; fecha

de archivo en auto de la copia de la notificación

y a partir de qué fecha comenzará a transcurrir el

término. La competencia territorial será del

circuito regional correspondiente a la región

judicial a la que pertenece el municipio.

(Negrillas suplidas).

Como vemos, el Art. 15.002 de la Ley de Municipios

Autónomos, supra, establecía dos términos distintos para

revisar

las

actuaciones

municipales

ante

los

foros

judiciales del país. El primero de ellos, de veinte (20)

días, se dividía en dos incisos. El inciso (a) se activaba

cuando una parte perjudicada cuestionaba una determinación

final de un funcionario municipal que lesionare sus derechos

constitucionales o que fuere contraria a las leyes de Puerto

Rico. Nogama Constr. Corp. v. Municipio de Aibonito, 136 DPR

146, 152 (1994). Por su parte, el inciso (b) aplicaba cuando

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

19

una parte perjudicada pretendía evitar que se pusiera en

vigor una ordenanza municipal que fuera contraria a las leyes

o a la Constitución. Íd., pág. 153.

Por otro lado, el segundo término establecido por el

Art.

15.002

de

la

Ley

de

Municipios

Autónomos,

supra,

indicaba que las parte(s) afectada(s) por adjudicaciones de

la Junta de Subastas de cada municipio podían revisar tales

determinaciones ante el Tribunal de Apelaciones. Para esto

debían

presentar

una

solicitud

de

revisión

dentro

del

término jurisdiccional de diez (10) días contados desde el

archivo en autos de la copia de la notificación del acuerdo

final o adjudicación. Véase, Puerto Rico Eco Park, Inc. v.

Municipio de Yauco (Junta de Subastas), 202 DPR 525, 535536 (2019); IM Winner, Inc. v. Junta de Subastas del Gobierno

Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 34-35 (2000).

De esta forma, la Ley de Municipios Autónomos estableció

términos de caducidad para que las partes afectadas pudieran

impugnar cualquier ordenanza, resolución o acuerdo de la

Legislatura

Municipal

o

de

cualquier

funcionario

del

municipio, ante el Tribunal de Primera Instancia. Véase,

Mun. de Peñuelas v. Ecosystems, Inc., 197 DPR 5, 28 (2016).

Valiéndose de estos términos, los peticionarios alegan

que

no

tenemos

jurisdicción,

pues

la

adjudicación

del

contrato ocurrió hace algunos años. No obstante, al ponderar

este

señalamiento

a

la

luz

de

la

jurisprudencia

aquí

expuesta, sin lugar a duda, el Tribunal tiene potestad para

resolver la controversia. Aquí no estamos ante una típica

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

20

impugnación de la adjudicación de subastas que debe ser

revisada conforme el Art. 15.002(2) de la Ley Núm. 81-1991,

supra, pues en la práctica, el legislador dispuso este

término para que los licitadores no favorecidos en una

subasta pudieran acudir ante el Tribunal de Apelaciones a

presentar

el

reclamo

que

entiendan

pertinente.

Tampoco

estamos frente a una parte perjudicada que, al amparo del

Art. 15.002(1) de la Ley Núm. 81-1991, Íd., intenta evitar

que se ponga en vigor una ordenanza municipal que lesione

sus derechos legales o constitucionales. En realidad, la

presente situación es muy particular pues trata sobre un

municipio que cuestiona una actuación municipal propia por

considerarla nula y contraria a las leyes de Puerto Rico.

Por esta razón, los términos jurisdiccionales establecidos

en el Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos no

aplican a los hechos de este caso.

C. Contratación gubernamental

En

Puerto

Rico,

la

contratación

gubernamental

de

servicios está revestida del más alto interés público, pues

persigue

fomentar

la

inversión

adecuada,

responsable

y

eficiente de los recursos del Estado. St. James Security v.

AEE, 2023 TSPR 149, 212 DPR __ (2023); SLG Ortiz-Mateo v.

ELA, 2023 TSPR 43, 211 DPR __ (2023); ECA Gen. Contrac. v.

Mun. de Mayagüez, 200 DPR 665, 672 (2018). Por lo tanto, las

normas reconocidas sobre los contratos han de aplicarse

rigurosamente,

pues

persiguen

el

fin

de

proteger

los

intereses y dinero del pueblo. SLG Ortiz-Mateo v. ELA,

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

21

supra; Demeter Int'l v. Srio. Hacienda, 199 DPR 706, 729

(2018). Así, en Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR

37, 54 (1988), enumeramos por primera vez los requisitos que

todo contrato gubernamental debe cumplir. Estos son: (1)

reducirse a escrito; (2) mantener un registro que establezca

su existencia; (3) remitir copia a la Oficina del Contralor

de Puerto Rico, y (4) acreditar que se realizó y otorgó

quince días antes. Véanse, además: SLG Ortiz-Mateo v. ELA,

supra; Génesis Security v. Depto. Trabajo, 204 DPR 986, 998

(2020); ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 537

(2011).

D. El

Procedimiento

de

Subasta

o

Solicitud

de

Propuestas

Con el fin de alcanzar la más responsable, eficiente y

adecuada inversión de los recursos del Estado, los gobiernos

municipales y el central utilizan los procedimientos de

subasta o Request for proposals (RFP) como métodos para

adquirir bienes y servicios. St. James Security v. AEE,

supra; Puerto Rico Eco Park, Inc. v. Municipio de Yauco

(Junta de Subastas), supra, pág. 531. A través de ambos

mecanismos se protegen los intereses del Pueblo, ya que

procuran conseguir “los precios más económicos; evitar el

favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación,

la extravagancia y el descuido al otorgarse los contratos,

y

minimizar

los

riesgos

de

incumplimiento”.

Caribbean

Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 994 (2009). Por

ello,

cualquier

controversia

que

se

derive

de

los

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

22

procedimientos de subasta deben decidirse a la luz del

interés público. St. James Security v. AEE, supra; Caribbean

Communications v. Pol. De P.R., supra, pág. 1006.

El proceso de subasta formal constituye el vehículo

procesal más utilizado por el Estado en la adquisición de

bienes y servicios. ECA Gen. Contrac. v. Mun. de Mayagüez,

supra, pág. 672; R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606, 620

(2007). De ordinario, el procedimiento de subasta pública

formal consta de varias etapas, a saber: (1) la preparación

de los pliegos de condiciones y especificaciones; (2) la

publicación del aviso de subasta; (3) el recibo de las

propuestas selladas y su posterior apertura pública; (4) la

evaluación y el estudio de las propuestas por el comité

evaluador de la agencia; (5) la recomendación del comité

respecto

a

la

adjudicación

de

la

buena

pro;

(6)

la

adjudicación de la subasta, y (7) la notificación a los

licitadores. Íd., pág. 621. Una vez sometida la propuesta,

el proceso de subasta formal no admite ningún tipo de

negociación

entre

la

agencia

y

el

licitador.

ECA

Gen.

Contrac. v. Mun. de Mayagüez, supra, pág. 673.

En cambio, el RFP se destaca por ser un procedimiento

informal y flexible que permite la negociación entre el

oferente y el gobierno, en el que se pueden enmendar las

ofertas antes de la adjudicación del contrato. Puerto Rico

Eco Park, Inc. v. Municipio de Yauco (Junta de Subastas),

supra,

págs.

531-532.

En

comparación

con

la

subasta

tradicional, el RFP confiere a la entidad pública un mayor

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

23

grado de discreción a la hora de considerar una propuesta.

R & B Power v. E.L.A., supra, pág. 623. El uso de este método

es

común

bienes

cuando

o

complejos

el

ente

gubernamental

servicios

que

involucran

o

cualificados.

cuando

existen

intenta

aspectos

escasos

adquirir

altamente

competidores

Íd. Todo requerimiento de propuestas debe

contener los requisitos, términos y condiciones, y demás

factores

que

según

la

agencia

se

considerarán

en

la

evaluación de las propuestas de cara a adjudicar el contrato

en

cuestión,

a

los

cuales

cada

licitador

tendrá

que

responder. ECA Gen. Contrac. v. Mun. de Mayagüez, supra,

pág. 674. El RFP debe describir cómo se llevará a cabo el

proceso,

incluso

el

itinerario

para

recibir,

evaluar

y

adjudicar la buena pro, lo cual facilita la negociación entre

la entidad gubernamental y el oferente. Íd., págs. 674-675;

R & B Power v. E.L.A., supra, pág. 622.

Si

bien

la

subasta

formal

y

el

RFP

son

procesos

distintos, no son totalmente incompatibles entre sí. Puerto

Rico

Eco

Park,

Inc.

v.

Municipio

de

Yauco

(Junta

de

Subastas), supra, pág. 532; Caribbean Communications v. Pol.

de P.R., supra, pág. 998. Así pues, en el pasado hemos

reconocido

que

un

RFP

“participa

de

características

adjudicativas de la misma forma que la subasta tradicional”.

Puerto Rico Eco Park, Inc. v. Municipio de Yauco (Junta de

Subastas), supra, pág. 532, citando a R & B Power v. E.L.A.,

supra, pág. 624. Por ello, un RFP no está exento de revisión

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

judicial

y

sus

participantes

24

pueden

cuestionar

la

adjudicación de una propuesta. Íd.

No obstante, este Tribunal ha sentenciado en varias

ocasiones que son las agencias administrativas quienes, de

ordinario, se encuentran en mejor posición para evaluar las

propuestas o licitaciones ante su consideración, de acuerdo

con los parámetros establecidos por la ley y los reglamentos

aplicables. St. James Security v. AEE, supra; CD Builders v.

Mun. Las Piedras,

supra,

pág. 348. Por su pericia, se

reconoce a las agencias discreción al momento de considerar,

rechazar y adjudicar las subastas a favor de la propuesta

que mejor responde a las necesidades del gobierno y al

interés del pueblo en general.

proveedor

sobre

otros

puede

Íd. La selección de un

conllevar

decisiones

que

descansen no solo en criterios estrictamente matemáticos

sino en una valoración de la tecnología y los recursos

humanos con que cuenta, a la luz de las necesidades presentes

y futuras de la agencia. AEE v. Maxon, supra, pág. 439. Por

esta razón, los tribunales no debemos intervenir con la

adjudicación de una subasta, o el rechazo de una propuesta,

salvo que la determinación administrativa adolezca de un

abuso de discreción, arbitrariedad o irracionabilidad. CD

Builders v. Mun. Las Piedras, supra, pág. 348.

Como norma general, en Puerto Rico no existe legislación

que regule con uniformidad los procedimientos de subasta

formal o de RFP. Por el contrario, la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

25

Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9601 et seq.,

permite que cada agencia gubernamental apruebe un reglamento

para establecer el procedimiento y las guías que se han de

seguir en sus propias subastas. Puerto Rico Eco Park, Inc.

v. Municipio de Yauco (Junta de Subastas), supra, pág. 533.

No

obstante,

la

LPAU

expresamente

excluye

a

los

municipios de la definición de “agencia”, por lo que a estos

no le aplica la antedicha legislación. Sec. 1.3(5) de la Ley

Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9603. En consecuencia, las subastas

tradicionales y los RFP

Municipios

Autónomos,

Administración

están regulados por la Ley de

supra,

Municipal

de

y

el

2016

Reglamento

de

la

para

Oficina

la

del

Comisionado de Asuntos Municipales, Reglamento Núm. 8873 de

19 de diciembre de 2016 (Reglamento Núm. 8873). Puerto Rico

Eco Park, Inc. v. Municipio de Yauco (Junta de Subastas),

supra, págs. 533-534.

E. Junta de Subastas Municipales

La Ley de Municipios Autónomos y el Reglamento Núm.

8873

concedieron

facultad

a

las

Juntas

de

Subastas

municipales, como organismos encargados de dichos procesos,

para adjudicar subastas en consideración a la habilidad,

responsabilidad económica, reputación e integridad comercial

del

licitador,

así

como

el

cumplimiento

con

las

especificaciones, los términos de entrega y cualesquiera

otras condiciones que se hayan incluido en el aviso de

subasta.

Véase,

Art.

10.006

de

la

Ley

de

Municipios

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

26

Autónomos, supra, 21 LPRA sec. 4506 (derogada); Capítulo

VIII, Parte II del Reglamento Núm. 8873, supra.

Para

que

las

mencionadas

juntas

pudieran

cumplir

cabalmente con esta encomienda, cada municipio tenía que

establecer

un

reglamento

en

el

que

se

indique

el

procedimiento y las guías a seguir en sus propias subastas

a tenor con la legislación aplicable. Art. 10.0001 de la Ley

de

Municipios

Autónomos,

supra,

21

LPRA

sec.

4501

(derogada). En el caso ante nos, el Municipio de Aguada

aprobó su Reglamento de la Junta de Subastas mediante la

Ordenanza Núm. 5, Serie 2011-2012, el 6 de septiembre de

2011, firmado por el Alcalde el 13 de septiembre de 2011.

Sobre

lo

antedicho,

tanto

la

Ley

de

Municipios

Autónomos, como el Reglamento Núm. 8873 y el Reglamento de

la

Junta

de

Subastas

de

Aguada,

coinciden

en

que

las

subastas, o los RFP, se adjudicarán a favor de la propuesta

que

cumpla

con

las

especificaciones.

Por

ejemplo,

al

establecer los parámetros que deberán seguir las juntas de

subastas

para

adjudicar

la

buena

pro,

el

Art.

X

del

Reglamento de la Junta de Subastas de Aguada, supra, indica

que

hay

que

factores,

a

brindar

gran

que

propuesta

la

consideración,

sea

entre

conforme

otros

a

las

especificaciones. A su vez, en el Capítulo VIII, Parte II,

sec. 11 del Reglamento Núm. 8873, supra, se prescribe que la

adjudicación se efectuará a favor del licitador que cumpla

con

los

requisitos

y

condiciones

de

los

pliegos

de

especificaciones. Véase, además, Art. 10.006 de la Ley de

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

27

Municipios Autónomos, supra, 21 LPRA sec. 4506. Así, podemos

concluir que si la junta de subastas adjudica la subasta a

favor de una propuesta que no cumple con los requisitos

establecidos

en

el

aviso

publicado,

violaría

el

orden

público estipulado.

F. AEE v. Maxon

En AEE v. Maxon, supra, tuvimos la oportunidad de

considerar si la compañía que obtuvo la buena pro de una

subasta satisfizo las especificaciones, los términos y las

condiciones

requeridas

en

el

aviso

publicado.

Específicamente, evaluamos si se cumplió con el requisito de

experiencia

establecido

por

la

Autoridad

de

Energía

Eléctrica (AEE) en los pliegos de subasta.

De forma similar a como aquí sostiene el Municipio,

Maxon

Engineering

Services,

Inc.

(Maxon) —licitador

no

agraciado— argumentó que la cláusula de experiencia no se

refiere a la capacidad individual de los empleados del

proveedor, sino a la de la compañía y sus ejecutorias. En

sintonía,

el

Juez

Administrativo

que

tuvo

ante

sí

la

controversia entendió que como la compañía agraciada no

había

realizado

trabajos

de

ese

tipo

anteriormente,

no

cumplía con el requisito de experiencia. Íd., págs. 438-439.

Consignó que el requerimiento de experiencia no se cumple al

demostrar

la

capacidad

individual

de

los

empleados

del

proveedor para desarrollar el servicio solicitado. Íd. A su

juicio, se requiere estrictamente que la compañía proveedora

del servicio haya realizado tareas similares a las que se

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

28

solicitaban en el pliego de subasta. Por esto, anuló la

determinación del Comité Permanente de Subasta de la AEE y

adjudicó la subasta a favor de Maxon. Tal dictamen fue

confirmado posteriormente por el foro apelativo intermedio.

Íd.

Al

enfrentar

la

controversia,

entendimos

que

la

determinación de descartar la experiencia de los empleados

como factor de cumplimiento de los requisitos establecidos

por el pliego de subastas es contraria a derecho. Íd., pág.

442. Por esta razón, se revocó la decisión del Tribunal de

Apelaciones y la del Juez Administrativo. En ese momento,

señalamos una gran variedad de artículos que consideran que

es necesario que las agencias tomen en consideración la

experiencia

de

empleados,

socios,

directores

y

hasta

subcontratistas del proveedor al evaluar el requisito de

experiencia establecido en los pliegos de subasta de un

contrato de servicios. Íd.; véanse, 1B McBride & Touhey,

Government

Contracts:

Administration,

Cyclopedic

Procedure Sec.

Guide

10.230[5]

to

Law,

(2004); D.P.

Arnavas, Government Contract Guidebook, 3ra ed., Ed. West

Group, 2001, pág. 6-23; American Bar Association, Government

Contract Law: The Deskbook for Procurement Professionals,

ABA Section of Public Contract Law, 1995, pág. 61.

Por su pertinencia al tema, citamos parte de nuestras

expresiones en AEE v. Maxon:

Ciertamente, en los contratos de servicios, la

evaluación de un licitador no debe estar orientada

en la ficción de que la experiencia de los

empleados es un concepto separado o diferente de

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

29

la experiencia de la compañía. Después de todo,

las personas jurídicas, como lo serían en este

caso los proveedores de servicios para la

rehabilitación de calderas, no pueden operar si no

es a través de seres humanos que les asisten, y

que son éstos en última instancia, y no aquéllas,

los que pueden ejecutar acciones y acumular

experiencia. Por ello la necesidad de que en el

momento en que se vaya a determinar si un licitador

cumple con los criterios de experiencia previa se

tomen en consideración las habilidades, los

conocimientos, las destrezas y el adiestramiento

de aquellos que la forman, entiéndase, sus

recursos humanos. […]. (Negrillas suplidas y

escolio omitido). AEE v. Maxon, supra, pág. 443.

G. Compras excluidas de la celebración de una subasta

o RFP

En torno a la subasta pública, el Art. 10.001 de la Ley

de Municipios Autónomos,

supra, (derogada), disponía lo

siguiente:

Artículo 10.001. — Subasta pública - Norma general.

Excepto en los casos que expresamente se disponga

otra cosa en esta Ley, el municipio cumplirá con

el procedimiento de subasta pública, cuando se

trate de:

(a)

Las

compras

de

materiales,

equipo,

comestibles, medicinas y otros suministros de

igual o similar naturaleza, uso o características

que excedan de cien mil ($100,000) dólares.

(b) Toda obra de construcción o mejora pública por

contrato que exceda de doscientos mil ($200,000)

dólares.

(c) Cualquier venta de propiedad mueble e

inmueble.

Sin embargo, el Art. 10.002 de la Ley de Municipios

Autónomos, Íd., 21 LPRA sec. 4502 (derogada), excluía del

requisito de subasta en las situaciones siguientes:

Artículo

Pública.

10.002.

—

Compras

Excluidas

de

Subasta

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

30

No será necesario el anuncio y celebración de

subasta para la compra de bienes muebles y

servicios en los siguientes casos:

[…]

(c) Compra o adquisición de suministros o

servicios en cualquier caso de emergencia en que

se requiera la entrega de los suministros,

materiales, o la prestación de los servicios

inmediatamente. En estos casos se deberá dejar

constancia escrita de los hechos o circunstancias

de urgencia o emergencia por los que no se celebra

la subasta.

Los casos de emergencia a los que se refiere este

Artículo son aquéllos dispuestos en el Artículo

1.003 del inciso (ff) de esta ley, 21 LPRA sec.

4001(ff).

[…]

(g) Las alteraciones o adiciones que conllevan un

aumento en el costo de hasta un máximo del treinta

por ciento (30%) del total del proyecto original

en cualquier construcción o mejora de obra pública

realizada por contrato. Tales alteraciones o

adiciones deberán cumplir con las disposiciones

vigentes al respecto. Disponiéndose, que, en

circunstancias

excepcionales

debidamente

justificadas y documentadas, el municipio podrá

aprobar una orden de cambio que exceda el treinta

por ciento (30%) del costo del proyecto original

en cualquier construcción o mejora de obra pública

mediante la formulación de un contrato supletorio.

[…]. (Negrillas suplidas).

Afín a esto, el Capítulo VIII, Parte IV, sec. 1 del

Reglamento Núm. 8873, supra, establece que cuando surja la

necesidad de efectuar compras o adquirir servicios para

atender casos de emergencia se podrá obviar el proceso formal

de subasta.

En cuanto a cuáles sucesos se pueden considerar como

una emergencia, ambos cuerpos reglamentarios reconocen que

un desastre natural es un acontecimiento que puede activar

los mencionados preceptos. Véase, Capítulo I, sec. 6(12) del

Reglamento Núm. 8873, Íd. A manera de ejemplo, el Artículo

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

31

1.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4001

(derogada), definía emergencia del modo siguiente:

(ff) “Emergencia” — Significará la situación, el

suceso o la combinación de circunstancias que

ocasione necesidades públicas inesperadas e

imprevistas y requiera la acción inmediata del

gobierno municipal, por estar en peligro la vida,

la salud o la seguridad de los ciudadanos o por

estar en peligro de suspenderse o afectarse el

servicio público o la propiedad municipal y que no

pueda cumplirse el procedimiento ordinario de

compras y adquisiciones de bienes y servicios, con

prontitud debido a la urgencia de la acción que

debe tomarse. La emergencia puede ser causada por

un caso fortuito o de fuerza mayor como un desastre

natural, accidente catastrófico o cualquier otra

situación o suceso que por razón de su ocurrencia

inesperada e imprevista, impacto y magnitud ponga

en inminente peligro la vida, salud, seguridad,

tranquilidad o el bienestar de los ciudadanos, o

se afecten en forma notoria los servicios a la

comunidad, proyectos o programas municipales con

fin público. (Negrillas suplidas).

A la luz de la normativa antes expuesta, pasemos ahora

a resolver la controversia.

III

En

el

recurso

ante

nuestra

consideración,

W

Construction y Recovery Finance solicitaron la revocación de

la declaración de nulidad del Contrato de Servicios y su

enmienda. Arguyeron que el foro apelativo intermedio se

equivocó al interpretar que la normativa que establecimos en

AEE vs. Maxon, supra, aplica únicamente a situaciones en que

se

adquieran

servicios

técnicos

de

gran

costo

y

sofisticación, por lo que no obliga a servicios como los

aquí contratados por ser estos de recogido de escombros y

disposición de material vegetativo. Les asiste la razón a

los peticionarios.

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

32

En primer lugar, según establecimos en AEE vs. Maxon,

supra,

pág.

442,

la

determinación

de

descartar

la experiencia del personal que compone una empresa de la

evaluación del cumplimiento de dicha empresa con requisitos

establecidos

por

el

pliego

de

subastas

es

contraria

a

derecho. La realidad es que para que los municipios y las

agencias gubernamentales puedan tomar la determinación más

informada

posible,

es

necesario

que

consideren

la

experiencia de todo aquel relacionado con la ejecución del

contrato de servicios. Íd. Desde empleados de la corporación

hasta su presidente, todos pueden ser considerados a la hora

de tomar una determinación sobre si la compañía cumple o no

con la experiencia requerida.

Hoy reafirmamos, como mencionamos en aquella ocasión,

que la evaluación de un licitador no debe estar orientada en

la

ficción

de

independiente

que

la

experiencia

la

de

sus

a

de

una

integrantes.

compañía

Íd.,

pág.

es

443.

“Después de todo, las personas jurídicas, como lo serían en

este

caso

los

proveedores

de

servicios

para

la

rehabilitación de calderas, no pueden operar si no es a

través de seres humanos que les asisten, y que son éstos en

última instancia, y no aquéllas, los que pueden ejecutar

acciones y acumular experiencia”. Íd.

Por

consiguiente,

gubernamental

debe

el

análisis

realizar

sobre

que

el

cada

ente

requisito

de

experiencia es mucho más abarcador que simplemente mirar si

el

tiempo

que

la

empresa

lleva

organizada,

según

la

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

33

documentación ofrecida por el Departamento de Estado, es

igual o mayor al requerido en la solicitud de propuestas. La

realidad es que no es decisivo el tiempo de creada que tenga

la compañía contratada, siempre y cuando las habilidades,

los conocimientos, las destrezas, el adiestramiento y la

pericia de los que la integran sobrepase las exigencias

establecidas.

Como vemos, nada en esta teoría jurídica tan siquiera

invita a pensar que esta norma aplica solamente cuando

estamos ante la adquisición de servicios técnicos de gran

costo y sofisticación. Si bien es cierto que en el caso de

AEE vs. Maxon, supra, sí se intentaban adquirir servicios

especializados para la rehabilitación de unas calderas, ello

no limita el principio básico de que las corporaciones solo

pueden operar a través de las personas que ejecutan las

acciones y adquieren experiencia. Es más, en AEE vs. Maxon,

supra,

el

tipo

de

servicio

se

mencionó

meramente

para

ejemplificar que puede haber adjudicaciones —como en las que

se evalúan labores técnicas de gran costo y sofisticación—

en las que las agencias seleccionen un proveedor sobre otro,

sin

tener

que

sujetarse

a

criterios

estrictamente

matemáticos, como lo sería escoger siempre al que realice la

obra al precio más bajo. Íd., pág. 439.

De esta manera, erró el Tribunal de Apelaciones cuando

sentenció que “el Tribunal Supremo pautó dicha norma para

situaciones

como

las

allí

consideradas

(adquisición

de

servicios técnicos de gran costo y sofisticación)”. Ap. del

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

certiorari, pág. 25.

34

El raciocinio de que las personas

jurídicas solo pueden operar a través de los seres humanos

que las asisten, aplica para cualquier tipo de labor que se

vaya a contratar, y no exclusivamente a las labores más

meticulosas.

Por

eso,

en

el

acto

de

determinar

si

un

licitador cumple con los requisitos de experiencia previa,

es

necesario

conocimientos,

tomar

en

destrezas

consideración

las

habilidades,

y

de

las

experiencia

personas

naturales que componen la corporación. AEE vs. Maxon, supra,

pág. 443.

Dicho esto, toca evaluar si las personas naturales que

componen a W Construction tenían o no los dos (2) años de

experiencia

exigidos.

Tras

considerar

la

totalidad

del

expediente, no encontramos base en el récord, fáctica o

jurídica, que nos lleve a concluir que la Junta de Subastas

abusó de su discreción al otorgarle al peticionario la buena

pro de la propuesta. Según se desprende de la Notificación

de Adjudicación entregada al señor Matos Ruiz, la Junta de

Subastas entendió que W Construction “cumplió con todos y

cada

uno

de

los

requisitos

establecidos”.

Ap.

del

certiorari, pág. 399. Además, la prueba incontrovertida ante

el Tribunal de Primera Instancia demostró que el Presidente

poseía los años de experiencia requeridos (17 años) en

recuperación de desastres y recogido de escombros, que tenía

el conocimiento en torno a los procedimientos de facturación

y reembolso de FEMA y que había provisto servicios similares

en lugares de población igual o mayor a 10,000 habitantes.

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

35

La realidad es que el Municipio no pudo demostrar

incumplimiento alguno con los requisitos establecidos en el

pliego

de

subastas.

En

cambio,

la

prueba

que

sí

fue

presentada y aceptada por todas las partes evidenció que los

servicios bajo el Contrato de Servicios y la enmienda sí se

rindieron

a

también

se

satisfacción

demostró

del

que

Municipio.

FEMA

aprobó

No

solo

las

esto,

facturas

correspondientes e, incluso, desembolsó más de $4 millones

a las arcas municipales para el pago correspondiente.

Por

otro

lado,

W

Construction

y

Recovery

Finance

refutaron que la enmienda al Contrato de Servicios sea nula

porque no se otorgó tras la celebración de una nueva subasta.

Sostuvieron que, por tratarse de un contrato de servicios de

emergencia, el Municipio no estaba obligado a celebrar una

subasta aunque el monto a la enmienda excediera el 30% del

contrato original.

Sobre este particular, si partiéramos de la premisa de

que a un año del paso del huracán María por Puerto Rico —la

catástrofe de más transcendencia en el último siglo— no

estábamos ante una emergencia que excluyera del requisito de

celebrar una subasta, comoquiera la ley le permitía al

Municipio otorgar una enmienda mayor del 30% del contrato

original

“en

circunstancias

excepcionales

debidamente

justificadas y documentadas”. Así lo reconocía entonces el

Art. 10.002(g) de la Ley de Municipios Autónomos, supra, 21

LPRA sec. 4502(g) (derogada).

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

36

Al evaluar este asunto, nuevamente no hay base alguna

en el récord que nos mueva a concluir que no estábamos ante

circunstancias

excepcionales

debidamente

justificadas

y

documentadas que justificaran el proceder de la Junta de

Subastas.

A

todo

esto,

hay

que

sumarle

lo

altamente

sospechoso que resulta el hecho de que, para sostener su

postura, el Municipio no haya sometido ante la consideración

del foro primario copia del expediente en su totalidad, en

donde

se

pueda

evaluar

la

propuesta

presentada

por

W

Construction o las razones que tuvo la Junta de Subastas

para arribar a su dictamen, entre otras cosas.

Al contrario, la prueba incontrovertida demostró la

necesidad de enmendar el Contrato de Servicios, razones que

fueron reiteradas por la Junta de Subastas y por FEMA. Por

ejemplo, el Presidente de W Construction declaró que la

enmienda fue imperativa, pues en los contratos de emergencia

es muy difícil precisar de antemano un precio exacto debido

a que se desconoce el volumen de lo que se va a recoger. Por

su

parte,

el

Municipio

admitió

que

los

servicios

eran

inevitables y se suplieron satisfactoriamente.

En conclusión, se equivocó el foro apelativo intermedio

al determinar que la Junta de Subastas abusó de su discreción

al otorgar la buena pro a W Construction. El foro apelativo

intermedio encontró que: (1) los servicios contratados no

eran altamente técnicos; (2) en el aviso de subasta no se

incluyó

expresamente

que

la

experiencia

se

evaluaría

a

través de los accionistas o empleados, y (3) del testimonio

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

37

de la señora Bravo Pérez —quien carecía de conocimiento

personal por haber comenzado a laborar en el Municipio años

después a la otorgación del contrato— surgió que “[l]os dos

años debe ser de la compañía”. Ap. del certiorari, pág. 28.

Sin embargo, estas conclusiones no son pertinentes, pues,

como vimos, descansan en la ficción de que la experiencia de

una compañía es independiente a la de sus integrantes.3

Ante

la

ausencia

de

ilegalidad,

irregularidades

o

evidencia de que se hubiese infringido alguna de las muchas

disposiciones estatutarias especiales que reglamentan lo

relacionado

con

la

forma

y

contenido

de

los

contratos

públicos, tenemos que ser deferentes con la determinación

que en su día emitió la Junta de Subastas del Municipio de

Aguada. Recordemos que los tribunales no debemos intervenir

con la adjudicación de una subasta, o el rechazo de una

propuesta, salvo que la determinación adolezca de un abuso

de discreción, arbitrariedad o irracionabilidad. CD Builders

v. Mun. Las Piedras, supra, pág. 348.

IV

Por

los

fundamentos

dictamen

del

Tribunal

3

de

antes

expuestos,

Apelaciones

que

se

revoca

el

confirmó

la

Este dictamen está en sintonía con la Federal Acquisition Regulation

(FAR), principal reglamento que utilizan las agencias ejecutivas

estadounidenses para regir la adquisición de servicios por medio de

fondos federales. Al evaluar el rendimiento pasado de las compañías, FAR

establece:

(iii) The evaluation should take into account past

performance information regarding predecessor companies, key

personnel who have relevant experience, or subcontractors

that will perform major or critical aspects of the

requirement when such information is relevant to the instant

acquisition. (Negrillas suplidas). 48 CFR sec. 15.305.

CC-2023-0320 cons. con CC-2023-0322

38

determinación del foro primario por medio de la cual se

declaró que el Contrato de Servicios y su enmienda eran nulos.

Por

consiguiente,

se

declara

sin

lugar

la

demanda

Municipio de Aguada.

Se dictará Sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

del

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de Aguada

Recurrido

v.

W Construction, LLC

CC-2023-0320

CC-2023-0322

Recurrido

Recovery Finance Limited

Peticionaria

__________________________

Municipio de Aguada

Recurrido

v.

W Construction, LLC

Peticionario

Recovery Finance Limited

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2024.

Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, se

revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones que confirmó

la determinación del foro primario por medio de la cual se

declaró que el Contrato de Servicios y su enmienda eran nulos.

Por consiguiente, se declara sin lugar la demanda del

Municipio de Aguada.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió

una Opinión disidente. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

y el Juez Asociado señor Estrella Martínez no intervinieron.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de Aguada

Recurrido

v.

W. Construction, LLC

Recurrido

Recovery Finance Limited

Peticionaria

_______________________________

Municipio de Aguada

CC-2023-0320

cons. con

CC-2023-0322

Recurrido

v.

W. Construction, LLC

Peticionario

Recovery Finance Limited

Recurrido

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN

PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2024.

Hace aproximadamente dos décadas atrás, en A.E.E. v.

Maxon, 163 DPR 434 (2004), en el contexto de la adquisición

de ciertos servicios técnicos de gran costo y sofisticación

por

parte

del

gobierno

determinamos que,

de

Puerto

Rico,

correctamente

-- bien sea en el proceso de subasta

profesional para obtener los mismos o en el de requerimiento

de propuestas o Request for Proposal (RFP) que a tales fines

se celebre --, el requisito de experiencia, de la persona

jurídica licitadora que participa en este tipo de proceso,

CC-2023-0320

CC-2023-0322

podía

ser

2

suplido

por

la

experiencia,

habilidades,

conocimiento y destrezas de las personas que la conforman.

Hoy,

una

mayoría

de

mis

compañeros

y

compañera

de

estrado, en el contexto de un cuestionable contrato para el

recogido de desperdicios sólidos, y en lo que consideramos un

proceder en extremo peligroso, deciden hacer extensiva la

precitada

norma

a

todo

procedimiento

de

adjudicación

de

servicios que otorgue el gobierno de Puerto Rico. Las razones

que, -- en derecho --, se esbozan para ello, no nos convencen.

Así pues, y por considerar que lo aquí resuelto atenta

contra los principios más básicos de sana administración

pública, -- toda vez que, una decisión como ésta, en las manos

de

personas

inescrupulosas

y

malintencionadas,

podría

propiciar actos constitutivos de corrupción --, enérgicamente

disentimos del curso de acción seguido por una mayoría del

este Tribunal en el caso de marras. Veamos.

I.

Los hechos que dan margen al presente litigio no están

en controversia. En esencia, como bien se señala en la Opinión

que hoy emite este Tribunal, nos encontramos ante un caso en

el cual está en disputa la validez de cierto contrato otorgado

por el Municipio de Aguada a favor de W. Construction para el

recogido de escombros generados por el paso del Huracán María.

En lo relacionado al referido contrato, el Municipio de

Aguada presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una

acción civil sobre sentencia declaratoria. En ésta, solicitó

que se declarase la nulidad del referido acuerdo, toda vez

CC-2023-0320

CC-2023-0322

3

que, a su entender, W. Construction no había cumplido con el

mínimo de experiencia requerido para adjudicársele el mismo.

W. Construction, por su parte, sostuvo que cumplía con dicho

requisito, pues el presidente de la referida corporación

alegadamente contaba con más de diecisiete (17) años de

experiencia en el ámbito de recuperación de desastres y

eliminación de escombros.

Tras varios incidentes procesales no necesarios aquí

pormenorizar, y luego de evaluar cuidadosa y detenidamente

las alegaciones de ambas partes, así como el estado de derecho

vigente, el foro primario dictó Sentencia. Al así hacerlo,

favoreció la posición del Municipio de Aguada. A juicio del

Tribunal de Primera Instancia, el requisito de experiencia,

necesario para poder adjudicar el contrato objeto de estudio

en

el

presente

caso,

según

contemplado

en

nuestro

ordenamiento jurídico, debía ser cumplido por la empresa

proponente de los servicios, y no por sus socios, oficiales

o accionistas. Dicha determinación fue confirmada por el

Tribunal de Apelaciones.

Inconforme con lo sentenciado por el foro apelativo

intermedio, W. Construction acudió ante nos. Perfeccionada la

causa de epígrafe, -- y, a nuestro parecer, en un proceder,

a todas luces, erróneo --, una mayoría de mis compañeros y

compañera de estrado revoca el dictamen del Tribunal de

Apelaciones que había confirmado la determinación del foro

primario. Esto, por entender que, en cualquier contrato de

servicios que otorgue el gobierno de Puerto Rico, en lo

CC-2023-0320

CC-2023-0322

4

relacionado al criterio aquí en controversia, la evaluación

no debe estar orientada en la “ficción” de que la experiencia

de los empleados y directores es un concepto separado o

diferente de la experiencia de la compañía.

Como ya mencionamos, del curso de acción seguido por una

mayoría de este Tribunal en el día de hoy, enérgicamente

disentimos. Explicamos, brevemente, el porqué de nuestra

postura.

II.

A.

Como es sabido, en nuestra jurisdicción, la contratación

pública

o

gubernamental,

--

a

saber,

el

procedimiento

mediante el cual el gobierno y sus dependencias adquieren

bienes, servicios u obras del sector privado, --,1 es un

asunto revestido del más alto interés público. SLG OrtizMateo v. ELA, 211 DPR 772, 794 (2023); Demeter Int’l v. Srio.

Hacienda, 199 DPR 706, 729 (2018); C.F.S.E. v. Unión de

Médicos, 170 DPR 443, 452 (2007). Tal revestimiento de interés

público

sobre

los

cuales

comprenden

procesos

una

de

parte

contratación

pública,

significativa

de

los

las

transacciones del gobierno,2 se debe, en gran medida, a que

“Contratación pública”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OECD), disponible en https://www.oecd.org/gov/contratacionpublica/ (última visita, 7 de junio de 2024). La OECD es una organización

internacional cuya misión es diseñar políticas que mejoren el bienestar

económico, social y ambiental de los distintos países miembros, entre

estos, los Estados Unidos.

1

I. Masses Ferrer, J. J. Jiménez y R. A. Román Villalobos, Evaluación de

los procesos de contratación pública en Puerto Rico, Sembrando Sentido 10

(septiembre 2022), disponible en https://drive.google.com/file/d/1fGUE

ELh-M3ao0PV6otTGEwzHbJVRI9xx/view. Sembrando Sentido es una organización

sin fines de lucro que tiene como misión desarrollar conocimientos y

herramientas

para

transformar

en

colectivo

las

estructuras

2

CC-2023-0320

CC-2023-0322

5

estos involucran el uso de los fondos y bienes del Estado.

Íd.

La subasta tradicional y el requerimiento de propuestas

o RFP son los métodos mediante los cuales tanto el gobierno

central, como el gobierno municipal, adquieren los bienes,

servicios u obras a los que hemos hecho referencia. PR Eco

Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 531 (2019); R&B

Power

v.

E.L.A.,

históricamente,

se

170

DPR

606,

621

(2007).

ha

entendido

que,

a

Ello

través

pues,

de

ambos

mecanismos, se protegen los intereses del Estado, ya que los

mismos procuran conseguir “los precios más económicos; evitar

el

favoritismo,

la

corrupción,

el

dispendio,

la

prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgarse

los contratos, y minimizar los riesgos de incumplimiento”.

(Énfasis nuestro). PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, supra,

pág. 531; Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR

978, 994 (2009).

Aun así, y no empece a las medidas de control que traen

consigo

los

procesos

de

subasta

tradicional

o

de

requerimiento de propuestas (RFP), estudiosos del tema de la

contratación gubernamental han sostenido que ésta es una de

las áreas con mayor riesgo de que puedan cometerse actos

constitutivos

de

corrupción.3

De

hecho,

estudios

gubernamentales, y lograr la distribución justa y equitativa de los

recursos públicos en Puerto Rico.

3 Íd. pág. 23. Véase también, Guidebook on anti-corruption in public

procurement and the management of public finances, United Nations Office

on

Drugs

and

Crime

(UNODC)

1

(2013),

disponible

en

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Guidebook_o

n_anti-corruption_in_public_procurement_and_the_management_of_public_f

inances.pdf.

CC-2023-0320

CC-2023-0322

internacionales

6

estiman

que

un

promedio

de

10-15%

del

presupuesto reservado a esos fines, -- entiéndase, a la

contratación gubernamental --, se pierde como resultado de la

corrupción, el mal uso de recursos y la ineficiencia en estos

procesos.4 Puerto Rico no es la excepción a la tendencia.5

B.

Sabido es que nuestro País enfrenta un problema de

corrupción sistemática.6 No es necesario mencionar aquí la

cantidad de controversias de la más abyecta corrupción que,

lamentable y consistentemente, hemos enfrentado durante los

pasados años.

La gran mayoría de estos escándalos han surgido en el

contexto de la contratación pública.7 Y, precisamente, algunos

han involucrado personas jurídicas que, sin contar con la

experiencia requerida, pero gozando de nebulosas redes de

influencia, han sido contratadas por entes gubernamentales.

Dichos casos son solo el resultado de las grietas existentes

Evaluación de los procesos de contratación pública, supra esc. 2, pág.

10. Véase también, Guidebook on anti-corruption, supra esc. 3, pág. 1.

4

Evaluación de los procesos de contratación pública, supra esc. 2, pág.

23.

5

Estudio de investigación: desafíos de la corrupción para la gobernanza

y la economía, Centro de Gobernanza Pública y Corporativa 3 (2022),

disponible

en

https://gobernanzapr.org/wp-content/uploads/2022/09/Est

udio-corrupcion-web.pdf. El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa es

una organización sin fines de lucro enfocada en la investigación y

educación sobre asuntos de gobernanza pública y corporativa, con el

propósito de contribuir al desarrollo de un mejor gobierno para Puerto

Rico.

6

M. E. Enchautegui, Modalidades de la corrupción gubernamental:

perspectivas de los empleados públicos, Oficina del Contralor de Puerto

Rico (OCPR)

1

(2010),

disponible

en

https://www.ocpr.gov.pr/wpcontent/uploads/2016/04/Las-Modalidades-de-la-Corrupcion-GubernamentalPerspectivas-de-los-Empleados-Publicos-rev.-22-de-noviembre-2.pdf.

7

CC-2023-0320

CC-2023-0322

7

en los procesos de contratación gubernamental de Puerto Rico;

procesos que, con la Opinión que hoy emite una mayoría de mis

compañeros

y

compañera

de

estrado,

se

continúan

flexibilizando, en vez de fortaleciendo.

Sobre el particular, conviene destacar que hallazgos de

estudios

locales

han

arrojado

que

los

procesos

de

contratación pública en el archipiélago, en efecto, sufren de

serias debilidades. A modo de ejemplo, se ha encontrado que

los referidos procesos adolecen de falta de planificación y

de la ausencia de mecanismos para monitorear el cumplimiento

y

el

desempeño

de

los

contratistas.8

También

se

han

identificado problemáticas tales como la manipulación de los

procedimientos con la finalidad de evitar la competencia,9

y

la contratación de entidades y/o individuos que no cuentan

con las licencias, permisos o experiencia requeridas.10

Así

las

cosas,

somos

del

criterio

que

cualquier

normativa que este Tribunal pretenda establecer, relacionada

a la contratación pública o gubernamental, debe evaluarse con

extrema

cautela

y

suma

rigurosidad,

y

tomando

en

consideración el impacto que ésta pueda tener sobre la sana

administración pública. Esa debe ser la brújula que guíe

nuestra función adjudicativa en este tipo de casos.

Evaluación de los procesos de contratación pública, supra esc. 2, pág.

13.

8

I. Masses Ferrer, Incumplimiento de normas en los procesos de

contratación y compra pública, Sembrando Sentido 16-18, (febrero 2021),

disponible

en

https://drive.google.com/file/d/1AqfvfquQKugTvq6qdpGG17undn9R6Ais/view

9

10

Íd. págs. 22-23.

CC-2023-0320

CC-2023-0322

8

III.

En ese sentido, y tomando en cuenta lo antes dicho, somos

de la opinión que la norma establecida, hace ya varias décadas

atrás,

en

AEE

beneficiosa

v.

solo

Maxon,

en

supra,

aquellos

es

apropiada

escenarios

en

e

los

incluso

que

las

entidades gubernamentales adquieren servicios de gran costo,

tecnicidad y sofisticación. Esto, pues, por el grado de

especificidad

complejo

requerida

encontrar

en

tales

personas

escenarios,

jurídicas

podría

ser

licitadoras

que

cumplan, de forma directa, con el requisito de experiencia en

cuestión.

Ahora bien, extrapolar la normativa establecida en AEE

v.

Maxon,

supra,

al

proceso

de

contratación

pública

o

gubernamental de cualquier tipo de servicio que busque el

gobierno de Puerto Rico, -- como hoy concluye una mayoría de

este Tribunal --, nos parece, como previamente sentenciamos,

un precedente en extremo peligroso. Dos, en esencia, son las

razones que nos permiten llegar a la anterior conclusión.

En primer lugar, consideramos que la norma que hoy se

pauta

pasa

por

administración

alto

de

una

que

el

hecho

empresa,

de

que

la

efectiva

compañía

y/o

corporación

conlleva muchos otros elementos que en nada se relacionan a

la experiencia de su personal en el servicio a proveer. Es

decir, el conocimiento que tenga una o varias personas no

necesariamente equivale a que una entidad pueda, en efecto,

y en su todo, cumplir con lo acordado.

CC-2023-0320

CC-2023-0322

9

En segundo lugar, y aún más importante, entendemos que

la norma que hoy se pauta pudiese fomentar la creación de

nuevas personas jurídicas cuyo único interés sea obtener

contratos

gubernamentales,

sin

la

experiencia

que

verdaderamente se requiera para ello. Aunque lo anterior no

constituye

una

actuación

ilegal

en

sí

misma,

sí

puede

propiciar prácticas turbias, que, como señalamos antes, no

nos son ajenas. Ya son muchos los casos que los tribunales

estatales

y

federales

han

tenido

que

atender

sobre

el

particular. Lo anterior, nos resulta altamente preocupante.

IV.

En fin, nuestra inconformidad y preocupación con la

determinación que hoy emite este Tribunal radica en que la

misma parece ignorar las realidades que hemos reseñado en

estas

breves

corrupción

expresiones;

sistemática

al

en

particular,

que,

el

actualmente,

problema

se

de

enfrenta

nuestro País. Por ello, enérgicamente disentimos.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado