Tribunal Supremo de Puerto Rico
Class Fernández v. Metro Health Care Management System, Inc.
2024 TSPR 63
Poder Judicial de Puerto Rico
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Class Fernández v. Metro Health Care Management System, Inc.
CC-2021-0860
17 de junio de 2024 · Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo · Procedimiento Civil y Derecho Laboral – Improcedencia de la imposición de costas en una querella presentada al amparo de la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Dr. Luis V. Class Fernández
Recurrido
Certiorari
v.
2024 TSPR 63
Metro Health Care Management
System, Inc.
213 DPR ___
Peticionario
Número del Caso:
Fecha:
CC-2021-0860
17 de junio de 2024
Tribunal de Apelaciones:
Panel I
Representantes legales de la parte peticionaria:
Lcda. María Elisa Echenique Arana
Lcdo. José R. González Nogueras
Representantes legales de la parte recurrida:
Lcdo. Enrique J. Mendoza Méndez
Lcdo. Enrique J. Mendoza Sánchez
Materia: Procedimiento Civil y Derecho Laboral – Improcedencia de
la imposición de costas en una querella presentada al amparo de la
Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Dr. Luis V. Class Fernández
Recurrido
v.
CC-2021-860
Certiorari
Metro Health Care Management
System, Inc.
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2024.
En esta ocasión, nos corresponde responder si
en una querella presentada al amparo de la Ley Núm. 2
de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida
como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones
Laborales (Ley Núm. 2), 32 LPRA secs. 3118 et seq.,
procede la imposición de las costas a favor de la
parte vencedora conforme a lo establecido en la Regla
44.1 de Procedimiento Civil, infra.
Adelantamos
que,
de
conformidad
con
lo
establecido en la Sección 15 de la Ley Núm. 2, infra,
no procede la concesión de costas.
CC-2021-860
2
I
El 11 de diciembre de 2019, el Dr. Luis V. Class
Fernández
(doctor
una Querella
en
Class
contra
Fernández
o
de
Healthcare
Metro
recurrido)
presentó
Management
Systems, Inc. h/n/c Metro Pavía Clinic (patrono o Metro
Healthcare) al amparo del procedimiento sumario establecido
por la Ley Núm. 2 en la que sostuvo que fue despedido sin
justa
causa
y
solicitó
varios
remedios
conforme
a
lo
establecido en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según
enmendada, conocida como la Ley sobre Despidos Injustificados
(Ley Núm. 80), 29 LPRA secs. 185a et seq.1
Por su parte, el 19 de diciembre de 2019, el patrono
presentó su
Contestación a querella
alegaciones
presentadas
y
alegó
en la que
que
el
negó las
recurrido
fue
despedido por justa causa. En resumen, señaló que el doctor
Class Fernández violó de forma reiterada las normas, reglas,
políticas
y
procedimientos
de
la
empresa
e
incurrió
en
insubordinación y conducta impropia que afectó los intereses
del patrono.2
Tras
presentación
varios
de
trámites
los
procesales
siguientes
que
incluyeron
documentos:
Moción
la
de
sentencia sumaria,3 Oposición a moción de sentencia sumaria,4
1
Querella, Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 1-5.
Contestación a querella, Apéndice de Petición de Certiorari, págs.
6-12.
2
Moción de sentencia sumaria, Apéndice de Petición de Certiorari, págs.
170-195.
3
Oposición a moción de sentencia sumaria, Apéndice de Petición de
Certiorari, págs. 291-302.
4
CC-2021-860
3
Réplica a oposición a moción de sentencia sumaria5 y una
Moción suplementaria,6 el Tribunal de Primera Instancia emitió
una Sentencia en la que concluyó que el despido del recurrido
fue injustificado. Así, el 5 de octubre de 2021, el foro
primario declaró “No Ha Lugar” la Moción de sentencia sumaria
que presentó Metro Healthcare y “Ha Lugar” la Oposición a
moción
de
sentencia
sumaria
que
presentó
el
recurrido.
Conforme a ello, impuso a Metro Healthcare el pago de $49,000
al recurrido en concepto de mesada, entre otras cuantías que
fueron reclamadas en la Querella.7
En lo pertinente a la controversia ante nos, el 8 de
octubre de 2021, el recurrido presentó un Memorial de costas
en el que reclamó los gastos incurridos en la transcripción
de la deposición tomada a Metro Healthcare por la cantidad de
$344.25. Explicó que la transcripción fue necesaria para la
tramitación del caso.8 En esa misma fecha, el foro primario
emitió una orden en la que denegó las costas solicitadas por
el doctor Class Fernández al determinar que “[h]abiéndose
presentado el caso bajo el procedimiento sumario establecido
en la Ley 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, no
proceden las costas. Refiérase a la Sección 15 de la Ley, 32
LPRA sec. 3132”.9
Réplica a oposición a moción de sentencia sumaria, Apéndice de Petición
de Certiorari, págs. 369-393.
5
Moción suplementaria, Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 399408.
6
7
Sentencia, Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 13-47.
8
Memorial de Costas, Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 48-51.
9
Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 52.
CC-2021-860
4
Inconforme, el 12 de octubre de 2021, el doctor Class
Fernández recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante un
recurso de Certiorari en el que puntualizó que “[e]rró el
[Tribunal de Primera Instancia] al denegar el Memorial de
Costas”.10 De entrada, alegó que este Tribunal en Sierra,
Comisionado del Trabajo v. Morales, 72 DPR 693, 698 (1951) y
Correa v. Mario Mercado e Hijos, 72 DPR 80, 89 (1951) resolvió
que las costas no procedían en casos bajo la Ley Núm. 2. Sin
embargo, argumentó que, posteriormente, este Tribunal en
Valentín v. Housing Promoters Inc., 146 DPR 712, 718 (1998),
aclaró que la Sección 15 de la Ley Núm. 2, infra, no le
confisca al empleado su derecho a recobrar las costas al
eximirle del pago de derechos y cancelación de sellos para la
tramitación de la acción ante el Tribunal. Asimismo, planteó
que si lo resuelto por este Tribunal en Valentín v. Housing
Promoters Inc., supra, se limitaba al pago de derechos y
sellos al Tribunal sin incluir las costas, se debía proceder
con la aplicación de lo establecido en la Regla 44.1 de
Procedimiento Civil, infra, sobre la concesión de costas a
favor de la parte victoriosa. Sostuvo que desplazar al patrono
del pago de costas no atentaba en contra de la finalidad de
la Ley Núm. 2, ya que la ley también condena al patrono al
pago de honorarios de abogado. En consonancia con lo anterior,
aseveró que la condena de costas es procedente, ya que la
Certiorari, Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 59. Advertimos
que, el 14 de octubre de 2021, Metro Healthcare presentó un recurso de
Apelación ante el Tribunal de Apelaciones en el que impugnó la
determinación sobre los méritos de la Sentencia Sumaria del Tribunal de
Primer Instancia (KLAN202100818). Sin embargo, el foro apelativo
intermedio confirmó al foro primario y posteriormente, este Tribunal
denegó un recurso de Apelación presentado (AC-2022-0045).
10
CC-2021-860
5
Sección 15 de la Ley Núm. 2, infra, exige al patrono el pago
de honorarios de abogado.
Por
otro
lado,
razonó
que
las
costas
como
la
transcripción de una deposición no pueden ser satisfechas de
oficio contrario a los derechos en el Tribunal. Ello, porque
el taquígrafo no viene llamado a ofrecer gratuitamente sus
servicios al empleado. Así, fundamentó que la interpretación
del Tribunal de Primera Instancia al negar el derecho a las
costas del empleado es contraria a la Ley Núm. 2. Además,
esgrimió que si el empleado interesa recobrar sus costas al
prevalecer en su reclamación judicial deberá renunciar al
procedimiento sumario y optar por el procedimiento ordinario.
Como resultado, el recurrido solicitó la revocación de la
Resolución del foro primario y la concesión de las costas del
litigio a su favor.
El 30 de noviembre de 2021,11 el Tribunal de Apelaciones
emitió una Sentencia mediante la cual revocó la orden del
foro primario. Razonó que lo establecido en la Ley Núm. 2
“únicamente tiene el efecto de eximir del pago de derechos
[para la tramitación de la acción] o sellos, que en trámites
ordinarios las partes deben satisfacer”.12 Además, explicó que
el efecto de que la Ley Núm. 2 establezca que las costas
“serán satisfechas de oficio”, no es eliminar el derecho que
tiene un querellante que prevalece en un proceso bajo dicho
La Sentencia del Tribunal de Apelaciones fue notificada el 1 de
diciembre de 2021.
11
Sentencia del Tribunal
Certiorari, pág. 451.
12
de
Apelaciones,
Apéndice
de
Petición
de
CC-2021-860
6
estatuto a obtener el reembolso de las costas incurridas de
la parte querellada.
Tras fundamentar que las Reglas de Procedimiento Civil
son aplicables a procedimientos de la Ley Núm. 2 siempre que
no estén en conflicto con la ley ni con el carácter sumario
del
procedimiento,
determinó
que
“[n]ada
en
el
texto
pertinente pretende modificar, o siquiera incide sobre, la
regla general que permite a un querellante que prevalece
recobrar, bajo la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra,
las costas en que incurra”.13 Así, concluyó que aplicaba lo
establecido en la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, infra,
y procedía el pago de las costas reclamado por el recurrido
como la parte vencedora en el pleito.
Conforme a lo anterior, el Tribunal de Apelaciones
puntualizó lo siguiente:
El Tribunal de Primera Instancia erróneamente
extendió lo relacionado con una exención del pago
de los derechos por la presentación de una acción
a una prohibición de cobro por la parte
querellante
de
las
costas
incurridas
necesariamente por dicha parte en el trámite de
dicha acción, lo cual, además de no surgir del
texto estatutario pertinente, resulta contrario
a la intención legislativa, y fuerte política
pública, de proteger la totalidad de la
compensación del empleado.14
Por
tanto,
concluyó
que
el
foro
primario
debía
determinar “las costas que el patrono perdidoso debía pagar,
en
el
ejercicio
de
la
amplia
discreción
que
nuestro
ordenamiento le confiere a esos efectos”.15 Ello, tras evaluar
13
Íd.
14
Íd., págs. 452-453.
15
Íd.
CC-2021-860
7
bajo los criterios de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil,
infra, si procede la solicitud de costas presentada por la
parte querellante.16
En desacuerdo, el 21 de diciembre de 2021, Metro
Healthcare presentó el recurso de autos con los siguientes
señalamientos de error:
El Honorable [Tribunal de Apelaciones] cometió
grave error manifiesto de derecho al resolver
que bajo la Ley 2 procede el pago de las costas
reclamadas por el querellante-recurrido.
El Honorable [Tribunal de Apelaciones] abusó de
su discreción al dictar una Sentencia sobre la
procedencia del reembolso de las costas al
querellante-recurrido por la misma ser prematura
toda vez que ante dicho Foro Judicial se
encuentra presentada la Apelación de [Metro
Healthcare] para la revocación de la Sentencia
sumaria del [Tribunal de Primera Instancia] que,
de declararse Ha Lugar, afectaría el resultado
alcanzado por el [Tribunal de Apelaciones] en el
dictamen aquí recurrido y haría innecesario que
se considerara la procedencia de las costas a la
luz de la Ley 2.
Por su parte, el doctor Class Fernández presentó su
Alegato en apoyo de confirmación de dictamen del Tribunal de
Apelaciones. En resumen, reiteró los argumentos presentados
ante el Tribunal de Apelaciones y solicitó la confirmación de
Por su parte, el Juez Candelaria Rosa emitió un Voto Disidente en el
que tras considerar el contenido de la Sección 15 de la Ley Núm. 2, infra,
el significado del término “de oficio” presentado en el Diccionario de la
Real Academia Española y lo resuelto por este Tribunal en De Soto v.
Clínica Industrial, 70 DPR 850 (1950), -al analizar la misma disposición
contenida en la Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917, precursora de la
Ley Núm. 2-, determinó que:
En la medida en que la Ley Núm. 2 es clara al establecer que
las partes no están sujetas al pago de costas cuando el caso
se tramitó al amparo del procedimiento sumario y que esta no
distingue si la parte perdidosa se trata del patrono o del
obrero, la orden emitida por el foro primario no constituyó
un abuso de discreción ni un error en la aplicación del
derecho. Íd., pág. 456.
16
CC-2021-860
la
8
determinación
del
foro
apelativo
intermedio
para
la
concesión de las costas al empleado.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes,
resolvemos.
II
A. Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961
Hemos reafirmado en múltiples ocasiones que el carácter
especial y la naturaleza sumaria del procedimiento que provee
la Ley Núm. 2 constituye una característica esencial que las
partes y los tribunales deben respetar y evitar desvirtuar.17
Cónsono
con
la
finalidad
de
esta
legislación,
ciertos
términos y condiciones que, de ordinario, rigen la litigación
civil en nuestro ordenamiento jurídico procesal han sido
alterados.18
De conformidad con lo anterior, la Sección 3 de la Ley
Núm. 2,19 dictamina que las Reglas de Procedimiento Civil
serán aplicables a esta clase de pleitos, cuando no sean
contrarias a alguna disposición específica del procedimiento,
ni atenten contra su naturaleza sumaria.20 Así, al momento de
resolver
si
un
trámite
ordinario
de
las
Reglas
de
Procedimiento Civil aplica o no al procedimiento especial, es
Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 265 (2018); Vizcarrondo
Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 929 (2008); Lucero v. San Juan Star,
159 DPR 494, 505 (2003); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147
DPR 483, 493 (1999).
17
Díaz Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 207
DPR 339, 347 (2021).
18
19
32 LPRA sec. 3120.
Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 271; Aguayo Pomales v.
R & G Mortg., 169 DPR 36, 44 (2006).
20
CC-2021-860
9
necesario determinar si la regla resulta ser “conflictiva o
contraria
con
alguna
disposición
específica
de
la
ley
especial, y con el carácter sumario del procedimiento”.21 Por
tanto,
serán
tramitados
aquello
al
que
aplicables
supletoriamente
en
amparo
del
procedimiento
sumario
en
conflicto
las
no
esté
con
los
pleitos
“en
todo
disposiciones
específicas de las mismas o con el carácter sumario del
procedimiento”.22
De
este
modo,
la
Asamblea
Legislativa
pretendió asegurar que a través de ningún mecanismo pudiera
desvirtuarse la naturaleza sumaria que permea el trámite
establecido en la Ley Núm. 2.23
De otra parte, y en lo relacionado a la controversia
de autos, la Sección 15 de la Ley Núm. 2, establece que:
Todas las costas que se devengaren en esta clase
de juicios serán satisfechas de oficio.
En todos los casos en que se dictare sentencia
en favor de la parte querellante, si ésta
compareciere presentada por abogado particular,
se condenará al querellado al pago de honorarios
de abogado. (Negrilla suplida).24
B. Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917
A través de la implementación de la Ley Núm. 2, quedó
establecido que buscaba un procedimiento sumario para los
casos de reclamaciones de obreros y empleados contra sus
patronos por servicios prestados y derogar la Ley Núm. 10 de
Peña Lacern v. Martínez Hernández, 210 DPR 425, 435-436 (2022) (citando
a Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 321 (1975)).
21
22
32 LPRA sec. 3120.
23
Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 271.
24
32 LPRA sec. 3132.
CC-2021-860
14
de
10
noviembre
de
1917.25
Así,
la
Asamblea
Legislativa
reformuló las disposiciones de la Ley Núm. 10 de 14 de
noviembre de 1917, 32 LPRA ant. sec. 3101 et seq. En síntesis,
la ley anterior proveía para que los trabajadores agrícolas
reclamaran en contra de su patrono cualquier reclamación
salarial por medio de un procedimiento expedito, eficaz y
favorable para el trabajador. De esta forma, se presentó la
concepción de un procedimiento sumario para reclamaciones
laborales.
Inicialmente, la Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917
establecía en la Sección 14 que “[t]odas las costas que se
devengaren en esta clase de juicios serán satisfechas de
oficio”.26 Posteriormente, la Ley Núm. 17 de 11 de abril de
1945 enmendó la ley para reconocer los honorarios de abogado
al
reclamante
victorioso
en
casos
bajo
el
procedimiento
provisto por la referida sección de la Ley Núm. 10 de 14 de
noviembre de 1917. Específicamente, la Sección 14 de Ley Núm.
10 de 14 de noviembre de 1917, según enmendada, 32 LPRA ant.
sec. 3113, como disposición antecesora de la Sección 15 de la
Ley Núm. 2, supra, establecía lo siguiente:
Todas las costas que se devengaren en esta clase
de juicios serán satisfechas de oficio.
En todos los casos en que se dictare sentencia
en favor de la parte querellante, si ésta
compareciere
representada
por
abogado
particular, se condenará al querellado al pago
de honorarios de abogado.27
P. del S. 194 de 24 de agosto de 1961, 3era Sesión Extraordinaria,
pág. 155.
25
26
32 LPRA ant. sec. 3113.
Cabe resaltar que el texto de la Sección 14 de la Ley Núm. 10 de 14 de
noviembre de 1917, supra, es idéntico al texto de la Sección 15 de la Ley
Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, supra.
27
CC-2021-860
11
Al interpretar la mencionada disposición de la Ley Núm.
10 de 14 de noviembre de 1917, en lo atinente a las costas,
este Tribunal ha establecido su improcedencia en este tipo de
procesos judiciales.28 Específicamente, De Soto v. Clínica
Industrial,
Inc., 70 DPR 850
(1950),
se trataba de una
reclamación de salarios tramitada bajo las disposiciones de
la Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917. Así, tras presentar
el escrito de apelación, la demandada apelante no canceló el
sello forense de un dólar adoptado por el Colegio de Abogados,
por lo que los apelados solicitaron la desestimación.
En lo pertinente, este Tribunal declaró sin lugar la
desestimación y expresó lo siguiente:
La sección 14 de la Ley Núm. 10 de 1917, según
enmendada por la Ley Núm. 17 de 1945, en su
primer párrafo, tanto en el texto original como
en el enmendado, al proveer que ‘Todas las costas
que se devengaren en esta clase de pleitos serán
satisfechas de oficio’, no hace distinción
alguna entre obrero y patrono. Ambos están
exentos del pago de costas. Cuando la Asamblea
Legislativa quiso imponer un deber adicional al
patrono lo hizo expresamente por la enmienda a
dicha sección 14 en el año 1945, al disponer en
un segundo párrafo que ‘En todos los casos en
que se dictare sentencia en favor de la parte
querellante, si ésta compareciere representada
por
abogado
particular,
se
condenará
al
querellado al pago de honorarios de abogado’. La
exención en cuanto al pago de costas fue
absoluta, no así la condena sobre pago de
honorarios de abogado. (Negrilla suplida).29
Sierra, Comisionado del Trabajo v. Morales, 72 DPR 693, 698 (1951);
Correa v. Mario Mercado e Hijos, 72 DPR 80, 89 (1951); De Soto v. Clínica
Industrial, Inc., 70 DPR 850, 854 (1950). Advertimos que los precedentes
mencionados fueron resueltos de conformidad con lo establecido en la
Sección 14 de Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917, supra, disposición
antecesora de la Sección 15 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961,
supra.
28
29
De Soto v. Clínica Industrial, Inc., supra.
CC-2021-860
12
Asimismo, a tono con lo anterior, puntualizamos que las
alegaciones al amparo del procedimiento sumario no cancelan
sellos de rentas internas ni de otra índole.30
C. Costas
En nuestro ordenamiento, la concesión de costas está
regulada por la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V, que dispone lo siguiente:
(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas
a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o
se dicte sentencia en apelación o revisión,
excepto en aquellos casos en que se disponga lo
contrario por ley o por estas reglas. Las costas
que podrá conceder el tribunal son los gastos
incurridos necesariamente en la tramitación de
un pleito o procedimiento que la ley ordena o
que el tribunal, en su discreción, estima que
una parte litigante debe reembolsar a otra.
(b) Cómo se concederán. La parte que reclame el
pago de costas presentará al tribunal y
notificará a la parte contraria, dentro del
término de diez (10) días contados a partir del
archivo en autos de copia de la notificación de
la sentencia, una relación o memorándum de todas
las partidas de gastos y desembolsos necesarios
incurridos durante la tramitación del pleito o
procedimiento […]. La resolución del Tribunal de
Primera Instancia podrá ser revisada por el
Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de
certiorari. De haberse instado un recurso contra
la sentencia, la revisión de la resolución sobre
costas deberá consolidarse con dicho recurso.
(Negrilla suplida).
Esta norma procesal tiene dos propósitos, a saber:
restituir lo que una parte perdió por hacer valer su derecho
al ser obligada a litigar y servir como disuasivo para la
litigación inmeritoria, temeraria, o viciosa que se lleva a
cabo con el propósito de retrasar la justicia.31
30
Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 DPR 712, 718 (1998).
Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197, 212 (2017); Auto
Servi, Inc. v. ELA, 142 DPR 321, 327 (1997); J.T.P. Development Corp. v.
31
CC-2021-860
La
13
Regla
44.1
(b)
de
Procedimiento
Civil,
supra,
establece que la parte prevaleciente tendrá un término de 10
días desde la notificación de la sentencia para presentar y
notificar “a las demás partes un
memorando de costas
—
juramentado o certificado por su representante legal— con
todas las partidas de gastos y desembolsos incurridos que a
su
entender
son
correctas
y
fueron
necesarias
para
la
tramitación del pleito”.32 Además, en reiteradas ocasiones
hemos reconocido que el término de diez días que tiene la
parte prevaleciente para presentar el memorando de costas es
un término jurisdiccional.33 Por lo cual, el foro primario
carece de facultad para prorrogarlo y extenderlo.34
De esta forma, ante la oportuna presentación de un
memorando
de
costas
juramentado,
el
tribunal
tendrá
que
determinar: cuál fue la parte que prevaleció en el pleito, y
cuáles
de
los
gastos
en
los
que
esta
incurrió
fueron
necesarios y razonables.35 Una determinación que descansa en
la
discreción
al
momento
de
evaluar
la
razonabilidad
y
determinar la necesidad de los gastos detallados.36
Majestic Realty Corp., 130 DPR 456,
Superior, 88 DPR 245, 253 (1963).
460 (1992); Garriga, Jr. v. Tribunal
Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. El Ojo de Agua Development,
Inc., 205 DPR 502, 528 (2020) (citando a J.T.P. Development Corp. v.
Majestic Realty Corp., supra, pág. 461).
32
Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., supra, pág. 213; Colón Santos
v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 187 (2008); Comisionado v.
Presidenta, 166 DPR 513, 518 (2005).
33
Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., supra; J.A. Cuevas
Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 1ra ed., San Juan, Pubs. JTS,
2000, T. IV, págs. 1270 y 1297.
34
Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. El Ojo de Agua Development,
Inc., supra, pág. 529 (citando a J.T.P. Development Corp. v. Majestic
Realty Corp., supra, pág. 461).
35
CC-2021-860
14
Cónsono con lo anterior, hemos resuelto que no todos
los gastos del litigio son recobrables como costas.37 Por
consiguiente, sólo son recobrables aquellos gastos necesarios
y razonables para la tramitación del pleito, procedimiento o
apelación que un litigante debe reembolsar a otro.38 A modo
de ejemplo, este Tribunal ha determinado que los siguientes
gastos
son
recobrables:
sellos
de
radicación
de
las
alegaciones, sellos cancelados en las mociones, gastos de
emplazamiento,
sellos
cancelados
para
efectuar
embargos,
transcripción de evidencia, deposiciones, entre otros.39
Por el contrario, como excepción, no serán recobrables
los gastos ordinarios de oficina de los abogados de las
partes.40
Así,
en
lo
pertinente
a
las
transcripciones
y
deposiciones, reiteramos que:
Tampoco son incluibles como costas, los gastos
de transcripciones de récords de vistas cuando
tales transcripciones se solicitan por ser
convenientes, pero no necesarias, para los
reclamantes […] [y, además, e]l gasto incurrido
en obtener deposiciones es recobrable si son
necesarias, aunque no se usen en las vistas del
caso […].41
Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 935 (2012); Auto Servi,
Inc. v. ELA, supra, pág. 326.
36
Puerto Rico Fast Ferries, LLC v. Autoridad de Alianzas Público Privadas,
2023 TSPR 121, pág. 13, 203 DPR __ (2023); J.T.P. Development Corp. v.
Majestic Realty Corp., supra, pág. 460.
37
Puerto Rico Fast Ferries, LLC v. Autoridad de Alianzas Público Privadas,
2023 TSPR 121, supra; Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. El Ojo de
Agua Development, Inc., supra, págs. 527.
38
J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 1ra ed.
rev., Colombia, [s. Ed.], 2012, pág. 276.
39
40
Andino Nieves v. AAA, 123 DPR 712, 716 (1989).
Pereira v. IBEC, 95 DPR 28, 78 (1967). Véase, también, Cuevas Segarra,
op. cit., pág. 1290.
41
CC-2021-860
La
15
Regla
44.1
(b)
de
Procedimiento
Civil,
supra,
dispone que la resolución emitida por el foro primario a esos
efectos podrá ser revisada por el Tribunal de Apelaciones a
través del recurso de certiorari. En cuanto al procedimiento
de revisión, establece que “[d]e haberse instado un recurso
contra la sentencia, la revisión de la resolución sobre costas
deberá consolidarse con dicho recurso” como una medida que
responde a promover la economía procesal.42
Después de todo, al aplicar la normativa expresada
sobre la controversia relacionada con la Ley Núm. 2, no
debemos perder de perspectiva lo siguiente:
La Regla 44.1 nos expresa que las costas le serán
concedidas a la parte a cuyo favor se resuelve
el pleito o se dicte sentencia en apelación,
excepto en aquellos casos en que se disponga lo
contrario por ley o por las Reglas de
Procedimiento Civil. De esa forma se establece
que solo se puede eximir de la imposición de
costas en aquellos casos en los cuales así se
disponga en una ley especial o en las Reglas de
Procedimiento Civil. (Negrilla suplida).43
D. Interpretación de la ley
“La jurisprudencia de este Tribunal que declara o
interpreta la ley es necesaria para orientar a los juristas,
jueces y a la ciudadanía”.44 Por ello, al momento de ejercer
nuestra
función
instancia,
debemos
interpretativa,
resolver
las
como
controversias
42
Echevarría Vargas, op. cit., págs. 277–278.
43
Íd., pág. 276.
44 Puerto
foro
de
última
entre
las
Rico Fast Ferries, LLC v. Autoridad de Alianzas Público-Privadas,
2023 TSPR 121, pág. 4, 203 DPR __ (2023); R.E. Bernier y J.A. Cuevas
Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da
ed., San Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. I, pág. 199.
CC-2021-860
16
partes y ser fuente gestadora de pautas legales que la norma
estatutaria no ha esclarecido.45
En
nuestro
ordenamiento
jurídico,
el
proceso
de
interpretar las leyes recibe el nombre de hermenéutica legal
y consiste en auscultar, precisar y determinar cuál era la
voluntad legislativa al aprobar la ley.46 Así, señalamos que
se
han
instaurado
una
serie
de
normas
como
parte
de
hermenéutica legal que en mayor o menor medida se imponen
como principios rectores del ejercicio de nuestra función
adjudicativa.47
Cónsono con lo anterior, en el descargo de nuestra
función
revisora,
debemos
tener
presente
las
normas
de
interpretación de las leyes que requieren que los tribunales
consideren
los
propósitos
perseguidos
por
la
Asamblea
Legislativa al aprobar el estatuto, de manera que éste se
ajuste a la política pública que lo inspira.48 Sin embargo,
aun cuando tenemos la facultad para interpretar la ley en
busca de un sentido armonioso, el lenguaje claro y explícito
de
ésta
no
debe
ser
tergiversado,
malinterpretado
ni
sustituido.49
45
Íd.
IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 738 (2012); Bernier
y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 241.
46
Rosado Molina v. ELA, 195 DPR 581, 589 (2016); Const. José Carro v.
Mun. Dorado, 186 DPR 113, 126 (2012).
47
Morales v. Marengo, 181 DPR 852, 858 (2011); Soc. Asist. Leg. v.
Ciencias Forenses, 179 DPR 849, 862 (2010).
48
49 Puerto
Rico Fast Ferries, LLC v. Autoridad de Alianzas Público-Privadas,
2023 TSPR 121, pág. 5, 203 DPR __ (2023); San Gerónimo Caribe Project v.
Registradora, 189 DPR 849, 866 (2013).
CC-2021-860
17
Es por tal razón que, en primer lugar, como principio
cardinal de hermenéutica, se debe acudir al texto de la ley,
ya que, si el lenguaje es claro y libre de toda ambigüedad,
“su texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir
su espíritu”.50 Conforme a ello, hemos indicado que cuando el
lenguaje de una ley es claro e inequívoco, el propio texto
del estatuto es la expresión por excelencia de la intención
legislativa.51 Por lo tanto, “no se debe buscar más allá del
texto de la ley para encontrar la verdadera voluntad del
legislador, sino que se debe descubrir y dar efecto a la
intención expresada en la letra del estatuto”.52
En otras palabras, no hay necesidad de recurrir al
subterfugio de indagar más allá de la ley para cumplir con su
propósito legislativo si el texto de la ley es claro.53 Ahora
bien, el análisis hermenéutico debe evitar la aplicación
literal de la ley si esto tiene consecuencias absurdas, ya
que la interpretación debe ser razonable y consecuente con el
propósito legislativo.54
Art. 19, Código Civil de PR, 31 LPRA sec. 5341. Véanse, también: FCPR
v. ELA et al., 2023 TSPR 26, pág. 20, 211 DPR __ (2023); Martajeva v.
Ferré Morris, 210 DPR 612, 626 (2022). Véase, también, J. M. Farinacci
Fernós, Hermenéutica Puertorriqueña: Cánones de Interpretación Jurídica,
San Juan, Editorial InterJuris, (2019), págs. 69-74.
50
Cordero v. ARPe, 187 DPR 445, 456 (2012); Ortiz v. Municipio San Juan,
167 DPR 609, 617 (2006); BBC Realty v. Secretario Hacienda, 166 DPR 498,
507–508 (2005).
51
Morales v. Marengo, supra, págs. 858–859; Romero Barceló v. ELA, 169
DPR 460, 477 (2006).
52
San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, supra, pág. 866; Asoc.
Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 938 (2010).
53
Consejo de Titulares del Condominio Balcones de San Juan v. MAPFRE
Praico Incurance Company, 208 DPR 761, 784 (2022).
54
CC-2021-860
18
Claro está, si surge alguna ambigüedad con el texto del
estatuto, el tribunal debe asegurar el cumplimiento con los
propósitos legislativos.55 En este contexto, la fuente que se
ha de consultar para descifrar la verdadera intención del
legislador
es
el
historial
legislativo
del
estatuto
en
cuestión, incluyendo la exposición de motivos de la ley, los
informes rendidos por las comisiones de las cámaras y los
debates celebrados en el hemiciclo.56
Como
debemos
parte
tener
del
ejercicio
presente
que
de
las
hermenéutica,
leyes
no
también
deben
ser
interpretadas tomando aisladamente algunas de sus secciones,
párrafos
u
oraciones,
sino
que
deben
serlo
tomando
en
consideración todo su contexto.57
A la luz del cuadro jurídico presentado, procedemos a
resolver la controversia ante nuestra consideración.
III
En resumen, Metro Healthcare plantea que el Tribunal
de Apelaciones erró al resolver que procedía el reembolso de
las costas a favor del recurrido -la parte vencedora- en el
caso de una querella presentada al amparo de la Ley Núm. 2.
Expone que el texto establecido en la Sección 15 de la Ley
Núm. 2, supra, posee un lenguaje claro y libre de toda
ambigüedad en el que se establece que la obligación de una
parte perdidosa será el pago de los honorarios de abogado y
Morales v. Marengo, supra, págs. 859 (citando a SLG Rivera-Carrasquillo
v. A.A.A., 177 DPR 333 (2009)).
55
Ortiz v. Municipio San Juan, supra; Vicenti v. Saldaña, 157 DPR 37, 48
(2002). Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 243.
56
Morales v. Marengo, supra; González Hernández v. González Hernández,181
DPR 746, 764 (2011).
57
CC-2021-860
no
las
19
costas.
Conforme
a
ello,
explica
que
el
texto
establecido en la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra,
claramente es contradictorio a la Sección 15 de la Ley Núm.
2, supra, que, a su vez, prevalece por ser una ley de carácter
especial ante un estatuto general. Asimismo, asevera que la
determinación del foro apelativo intermedio es contraria a
los precedentes establecidos por este Tribunal en los que no
se avala el reembolso de las costas incurridas en los procesos
judiciales al amparo de la Ley Núm. 2.58 Adelantamos que le
asiste la razón a Metro Healthcare.
En cuanto al trasfondo fáctico pertinente, recordemos
que la querella presentada por el doctor Class Fernández se
hizo conforme al procedimiento sumario establecido en la Ley
Núm. 2. Tras varios trámites procesales, el foro primario
dictó una Sentencia el 5 de octubre de 2021 que concluyó que
el despido fue injustificado y declaró “Ha Lugar” la Oposición
a moción de sentencia sumaria presentada por el recurrido.
Luego, el 8 de octubre de 2021, el recurrido presentó un
Memorial de costas para reclamar los gastos incurridos en la
transcripción de una deposición siendo la parte vencedora.
Ese
mismo
día,
el
foro
primario
denegó
la
solicitud
En el segundo señalamiento de error, Metro Healthcare trajo a la
atención de este Tribunal la posibilidad de que este recurso relacionado
con las costas resultara ser prematuro. No obstante, este planteamiento
se tornó académico con la confirmación de la determinación del foro
primario sobre los méritos del despido injustificado que realizó el
Tribunal de Apelaciones (KLAN202100810) y este Tribunal al denegar el
recurso de Apelación presentado (AC-2022-0045).
Por otro lado, conforme a lo resuelto por este Tribunal en este caso, la
exención de costas en estos procesos judiciales establecida en la Sección
15 de la Ley Núm. 2, supra, es absoluta para todas las partes. Por ello,
la determinación recurrida sobre las costas (KLCE202101235) no depende
del resultado del recurso de Apelación que presentó Metro Healthcare sobre
los méritos del despido injustificado (KLAN202100810).
58
CC-2021-860
20
fundamentado en que no proceden las costas al aplicar la
Sección 15 de la Ley Núm. 2, supra.
Inconforme, el 12 de octubre de 2021, el doctor Class
Fernández recurrió al Tribunal de Apelaciones que revocó al
foro primario y le ordenó evaluar la concesión de costas a
favor del recurrido al aplicar la Regla 44.1 de Procedimiento
Civil, supra. Por tanto, debemos preguntarnos si ¿Procedía
que el Tribunal de Apelaciones acogiera la solicitud del
doctor
Class
Fernández
al
amparo
de
la
Regla
44.1
de
Procedimiento Civil, supra, para otorgar las costas por ser
la
parte
vencedora?
Para
responder
la
interrogante,
nos
corresponde interpretar la Sección 15 de la Ley Núm. 2, supra.
Como
sabemos,
existe
un
principio
fundamental
de
hermenéutica dirigido a establecer que el primer paso al
interpretar un estatuto es remitirse al texto de la ley, ya
que se considera como la expresión por excelencia de la
intención legislativa cuando el legislador se ha expresado en
un lenguaje claro e inequívoco.59
es
clara
y
libre
menospreciarse
de
bajo
toda
el
Por tanto, “cuando la ley
ambigüedad,
pretexto
de
su
texto
no
debe
cumplir
con
su
espíritu”. 60 Ello, nos lleva a interpretar la letra expresa
de la ley para dar efecto a la intención a través de su
significado.
En cuanto a lo anterior, la Sección 15 de la Ley Núm.
2, dispone que:
Cordero v. ARPe, supra; Ortiz v. Municipio San Juan, supra; BBC Realty
v. Secretario Hacienda, supra.
59
60
Art. 19, Código Civil de PR, 31 LPRA sec. 5341.
CC-2021-860
21
Todas las costas que se devengaren en esta clase
de juicios serán satisfechas de oficio.
En todos los casos en que se dictare sentencia
en favor de la parte querellante, si ésta
compareciere presentada por abogado particular,
se condenará al querellado al pago de honorarios
de abogado. (Negrilla suplida).61
De
entrada,
resaltamos
el
carácter
absoluto
de
la
palabra “todas” que limita la distinción entre patrono y
obrero de manera específica e inequívoca contrario a lo que
expresó el legislador sobre los honorarios de abogado en la
misma
sección.
Asimismo,
en
cuanto
al
significado,
el
Diccionario de la Real Academia Española dispone que el
término “de oficio” es: “Dicho de unas costas: Que, según lo
sentenciado, no deben ser pagadas por nadie”.62
Por
otro
lado,
discutidos
en
el
debemos
segundo
considerar
acápite
de
los
esta
precedentes
Opinión,
que
interpretaron la Sección 14 de la Ley Núm. 10 del 14 de
noviembre de 1917, según enmendada por la Ley Núm. 17 de 1945
-disposición antecesora de la Sección 15 de la Ley Núm. 2,
supra -, y concluyeron que no procedía la imposición de costas
a ninguna de las partes en estos pleitos.63 Particularmente,
en el caso De Soto v. Clínica Industrial, Inc., supra, al
interpretar la referida sección determinamos que contrario al
pago de honorarios de abogado, la exención al pago de costas
fue absoluta y explicamos que:
61
32 LPRA sec. 3132.
Real Academia Española, Diccionario de la lengua española 23.ª ed.,
https://dle.rae.es/oficio?m=form#7i553QS (última visita, 31 de marzo de
2024).
62
Sierra, Comisionado del Trabajo v. Morales, supra; Correa v. Mario
Mercado e Hijos, supra.
63
CC-2021-860
22
Cuando la Asamblea Legislativa quiso imponer un
deber adicional al patrono lo hizo expresamente
por la enmienda a dicha sección 14 en el año
1945, al disponer en un segundo párrafo que ‘En
todos los casos en que se dictare sentencia en
favor
de
la
parte
querellante,
si
ésta
compareciere
representada
por
abogado
particular, se condenará al querellado al pago
de honorarios de abogado’. (Negrilla suplida).64
Claramente, el razonamiento realizado por este Tribunal
en el precedente mencionado no avala el curso de acción del
Tribunal de Apelaciones en el caso ante nos. Como mencionamos,
en este caso el Tribunal de Apelaciones resolvió que procedía
la concesión de las costas a la parte victoriosa en el pleito
tramitado por el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Sin
embargo,
conforme
correspondiente
a
era
lo
anterior,
denegar
el
determinamos
Memorial
de
que
costas,
lo
como
efectivamente hizo el Tribunal de Primera Instancia según lo
establecido en el texto claro de la Sección 15 de la Ley Núm.
2, supra, y en la jurisprudencia interpretativa discutida, en
especial en De Soto v. Clínica Industrial, Inc., 70 DPR 850
(1950). Ello, contrario a la aplicación de la Regla 44.1 de
Procedimiento
Civil,
supra,
que
ordenó
el
Tribunal
de
Apelaciones.
De esta forma, por tratarse la Ley Núm. 2 de una ley
especial, prevalece lo establecido con especificidad en la
Sección 15 de la Ley Núm. 2, supra, sobre la no imposición de
costas al ser satisfechas de oficio en lugar de la Regla 44.1
de Procedimiento Civil, supra, como estatuto general. Así,
cónsono con lo dispuesto en la Sección 3 de la Ley Núm. 2,
64
De Soto v. Clínica Industrial, Inc., supra.
CC-2021-860
23
supra, resolvemos que no procede la aplicación de la Regla
44.1 de Procedimiento Civil, supra, por estar en conflicto
con una disposición específica de la ley.
En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones erró al
revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia y
ordenar la devolución del caso para la aplicación de la Regla
44.1 de Procedimiento Civil, supra. Por tanto, revocamos la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Dr. Luis V. Class Fernández
Recurrido
v.
CC-2021-860
Certiorari
Metro Health Care Management
System, Inc.
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2024.
Por los fundamentos antes expuestos en la
Opinión que antecede la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, revocamos la Sentencia
emitida por el Tribunal de Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Estrella Martínez no intervino.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo