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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Class Fernández v. Metro Health Care Management System, Inc.

2024 TSPR 63

Poder Judicial de Puerto Rico

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Class Fernández v. Metro Health Care Management System, Inc.

CC-2021-0860

17 de junio de 2024 · Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo · Procedimiento Civil y Derecho Laboral – Improcedencia de la imposición de costas en una querella presentada al amparo de la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Dr. Luis V. Class Fernández

Recurrido

Certiorari

v.

2024 TSPR 63

Metro Health Care Management

System, Inc.

213 DPR ___

Peticionario

Número del Caso:

Fecha:

CC-2021-0860

17 de junio de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel I

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcda. María Elisa Echenique Arana

Lcdo. José R. González Nogueras

Representantes legales de la parte recurrida:

Lcdo. Enrique J. Mendoza Méndez

Lcdo. Enrique J. Mendoza Sánchez

Materia: Procedimiento Civil y Derecho Laboral – Improcedencia de

la imposición de costas en una querella presentada al amparo de la

Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Dr. Luis V. Class Fernández

Recurrido

v.

CC-2021-860

Certiorari

Metro Health Care Management

System, Inc.

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2024.

En esta ocasión, nos corresponde responder si

en una querella presentada al amparo de la Ley Núm. 2

de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida

como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones

Laborales (Ley Núm. 2), 32 LPRA secs. 3118 et seq.,

procede la imposición de las costas a favor de la

parte vencedora conforme a lo establecido en la Regla

44.1 de Procedimiento Civil, infra.

Adelantamos

que,

de

conformidad

con

lo

establecido en la Sección 15 de la Ley Núm. 2, infra,

no procede la concesión de costas.

CC-2021-860

2

I

El 11 de diciembre de 2019, el Dr. Luis V. Class

Fernández

(doctor

una Querella

en

Class

contra

Fernández

o

de

Healthcare

Metro

recurrido)

presentó

Management

Systems, Inc. h/n/c Metro Pavía Clinic (patrono o Metro

Healthcare) al amparo del procedimiento sumario establecido

por la Ley Núm. 2 en la que sostuvo que fue despedido sin

justa

causa

y

solicitó

varios

remedios

conforme

a

lo

establecido en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, conocida como la Ley sobre Despidos Injustificados

(Ley Núm. 80), 29 LPRA secs. 185a et seq.1

Por su parte, el 19 de diciembre de 2019, el patrono

presentó su

Contestación a querella

alegaciones

presentadas

y

alegó

en la que

que

el

negó las

recurrido

fue

despedido por justa causa. En resumen, señaló que el doctor

Class Fernández violó de forma reiterada las normas, reglas,

políticas

y

procedimientos

de

la

empresa

e

incurrió

en

insubordinación y conducta impropia que afectó los intereses

del patrono.2

Tras

presentación

varios

de

trámites

los

procesales

siguientes

que

incluyeron

documentos:

Moción

la

de

sentencia sumaria,3 Oposición a moción de sentencia sumaria,4

1

Querella, Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 1-5.

Contestación a querella, Apéndice de Petición de Certiorari, págs.

6-12.

2

Moción de sentencia sumaria, Apéndice de Petición de Certiorari, págs.

170-195.

3

Oposición a moción de sentencia sumaria, Apéndice de Petición de

Certiorari, págs. 291-302.

4

CC-2021-860

3

Réplica a oposición a moción de sentencia sumaria5 y una

Moción suplementaria,6 el Tribunal de Primera Instancia emitió

una Sentencia en la que concluyó que el despido del recurrido

fue injustificado. Así, el 5 de octubre de 2021, el foro

primario declaró “No Ha Lugar” la Moción de sentencia sumaria

que presentó Metro Healthcare y “Ha Lugar” la Oposición a

moción

de

sentencia

sumaria

que

presentó

el

recurrido.

Conforme a ello, impuso a Metro Healthcare el pago de $49,000

al recurrido en concepto de mesada, entre otras cuantías que

fueron reclamadas en la Querella.7

En lo pertinente a la controversia ante nos, el 8 de

octubre de 2021, el recurrido presentó un Memorial de costas

en el que reclamó los gastos incurridos en la transcripción

de la deposición tomada a Metro Healthcare por la cantidad de

$344.25. Explicó que la transcripción fue necesaria para la

tramitación del caso.8 En esa misma fecha, el foro primario

emitió una orden en la que denegó las costas solicitadas por

el doctor Class Fernández al determinar que “[h]abiéndose

presentado el caso bajo el procedimiento sumario establecido

en la Ley 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, no

proceden las costas. Refiérase a la Sección 15 de la Ley, 32

LPRA sec. 3132”.9

Réplica a oposición a moción de sentencia sumaria, Apéndice de Petición

de Certiorari, págs. 369-393.

5

Moción suplementaria, Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 399408.

6

7

Sentencia, Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 13-47.

8

Memorial de Costas, Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 48-51.

9

Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 52.

CC-2021-860

4

Inconforme, el 12 de octubre de 2021, el doctor Class

Fernández recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante un

recurso de Certiorari en el que puntualizó que “[e]rró el

[Tribunal de Primera Instancia] al denegar el Memorial de

Costas”.10 De entrada, alegó que este Tribunal en Sierra,

Comisionado del Trabajo v. Morales, 72 DPR 693, 698 (1951) y

Correa v. Mario Mercado e Hijos, 72 DPR 80, 89 (1951) resolvió

que las costas no procedían en casos bajo la Ley Núm. 2. Sin

embargo, argumentó que, posteriormente, este Tribunal en

Valentín v. Housing Promoters Inc., 146 DPR 712, 718 (1998),

aclaró que la Sección 15 de la Ley Núm. 2, infra, no le

confisca al empleado su derecho a recobrar las costas al

eximirle del pago de derechos y cancelación de sellos para la

tramitación de la acción ante el Tribunal. Asimismo, planteó

que si lo resuelto por este Tribunal en Valentín v. Housing

Promoters Inc., supra, se limitaba al pago de derechos y

sellos al Tribunal sin incluir las costas, se debía proceder

con la aplicación de lo establecido en la Regla 44.1 de

Procedimiento Civil, infra, sobre la concesión de costas a

favor de la parte victoriosa. Sostuvo que desplazar al patrono

del pago de costas no atentaba en contra de la finalidad de

la Ley Núm. 2, ya que la ley también condena al patrono al

pago de honorarios de abogado. En consonancia con lo anterior,

aseveró que la condena de costas es procedente, ya que la

Certiorari, Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 59. Advertimos

que, el 14 de octubre de 2021, Metro Healthcare presentó un recurso de

Apelación ante el Tribunal de Apelaciones en el que impugnó la

determinación sobre los méritos de la Sentencia Sumaria del Tribunal de

Primer Instancia (KLAN202100818). Sin embargo, el foro apelativo

intermedio confirmó al foro primario y posteriormente, este Tribunal

denegó un recurso de Apelación presentado (AC-2022-0045).

10

CC-2021-860

5

Sección 15 de la Ley Núm. 2, infra, exige al patrono el pago

de honorarios de abogado.

Por

otro

lado,

razonó

que

las

costas

como

la

transcripción de una deposición no pueden ser satisfechas de

oficio contrario a los derechos en el Tribunal. Ello, porque

el taquígrafo no viene llamado a ofrecer gratuitamente sus

servicios al empleado. Así, fundamentó que la interpretación

del Tribunal de Primera Instancia al negar el derecho a las

costas del empleado es contraria a la Ley Núm. 2. Además,

esgrimió que si el empleado interesa recobrar sus costas al

prevalecer en su reclamación judicial deberá renunciar al

procedimiento sumario y optar por el procedimiento ordinario.

Como resultado, el recurrido solicitó la revocación de la

Resolución del foro primario y la concesión de las costas del

litigio a su favor.

El 30 de noviembre de 2021,11 el Tribunal de Apelaciones

emitió una Sentencia mediante la cual revocó la orden del

foro primario. Razonó que lo establecido en la Ley Núm. 2

“únicamente tiene el efecto de eximir del pago de derechos

[para la tramitación de la acción] o sellos, que en trámites

ordinarios las partes deben satisfacer”.12 Además, explicó que

el efecto de que la Ley Núm. 2 establezca que las costas

“serán satisfechas de oficio”, no es eliminar el derecho que

tiene un querellante que prevalece en un proceso bajo dicho

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones fue notificada el 1 de

diciembre de 2021.

11

Sentencia del Tribunal

Certiorari, pág. 451.

12

de

Apelaciones,

Apéndice

de

Petición

de

CC-2021-860

6

estatuto a obtener el reembolso de las costas incurridas de

la parte querellada.

Tras fundamentar que las Reglas de Procedimiento Civil

son aplicables a procedimientos de la Ley Núm. 2 siempre que

no estén en conflicto con la ley ni con el carácter sumario

del

procedimiento,

determinó

que

“[n]ada

en

el

texto

pertinente pretende modificar, o siquiera incide sobre, la

regla general que permite a un querellante que prevalece

recobrar, bajo la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra,

las costas en que incurra”.13 Así, concluyó que aplicaba lo

establecido en la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, infra,

y procedía el pago de las costas reclamado por el recurrido

como la parte vencedora en el pleito.

Conforme a lo anterior, el Tribunal de Apelaciones

puntualizó lo siguiente:

El Tribunal de Primera Instancia erróneamente

extendió lo relacionado con una exención del pago

de los derechos por la presentación de una acción

a una prohibición de cobro por la parte

querellante

de

las

costas

incurridas

necesariamente por dicha parte en el trámite de

dicha acción, lo cual, además de no surgir del

texto estatutario pertinente, resulta contrario

a la intención legislativa, y fuerte política

pública, de proteger la totalidad de la

compensación del empleado.14

Por

tanto,

concluyó

que

el

foro

primario

debía

determinar “las costas que el patrono perdidoso debía pagar,

en

el

ejercicio

de

la

amplia

discreción

que

nuestro

ordenamiento le confiere a esos efectos”.15 Ello, tras evaluar

13

Íd.

14

Íd., págs. 452-453.

15

Íd.

CC-2021-860

7

bajo los criterios de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil,

infra, si procede la solicitud de costas presentada por la

parte querellante.16

En desacuerdo, el 21 de diciembre de 2021, Metro

Healthcare presentó el recurso de autos con los siguientes

señalamientos de error:

El Honorable [Tribunal de Apelaciones] cometió

grave error manifiesto de derecho al resolver

que bajo la Ley 2 procede el pago de las costas

reclamadas por el querellante-recurrido.

El Honorable [Tribunal de Apelaciones] abusó de

su discreción al dictar una Sentencia sobre la

procedencia del reembolso de las costas al

querellante-recurrido por la misma ser prematura

toda vez que ante dicho Foro Judicial se

encuentra presentada la Apelación de [Metro

Healthcare] para la revocación de la Sentencia

sumaria del [Tribunal de Primera Instancia] que,

de declararse Ha Lugar, afectaría el resultado

alcanzado por el [Tribunal de Apelaciones] en el

dictamen aquí recurrido y haría innecesario que

se considerara la procedencia de las costas a la

luz de la Ley 2.

Por su parte, el doctor Class Fernández presentó su

Alegato en apoyo de confirmación de dictamen del Tribunal de

Apelaciones. En resumen, reiteró los argumentos presentados

ante el Tribunal de Apelaciones y solicitó la confirmación de

Por su parte, el Juez Candelaria Rosa emitió un Voto Disidente en el

que tras considerar el contenido de la Sección 15 de la Ley Núm. 2, infra,

el significado del término “de oficio” presentado en el Diccionario de la

Real Academia Española y lo resuelto por este Tribunal en De Soto v.

Clínica Industrial, 70 DPR 850 (1950), -al analizar la misma disposición

contenida en la Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917, precursora de la

Ley Núm. 2-, determinó que:

En la medida en que la Ley Núm. 2 es clara al establecer que

las partes no están sujetas al pago de costas cuando el caso

se tramitó al amparo del procedimiento sumario y que esta no

distingue si la parte perdidosa se trata del patrono o del

obrero, la orden emitida por el foro primario no constituyó

un abuso de discreción ni un error en la aplicación del

derecho. Íd., pág. 456.

16

CC-2021-860

la

8

determinación

del

foro

apelativo

intermedio

para

la

concesión de las costas al empleado.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

resolvemos.

II

A. Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961

Hemos reafirmado en múltiples ocasiones que el carácter

especial y la naturaleza sumaria del procedimiento que provee

la Ley Núm. 2 constituye una característica esencial que las

partes y los tribunales deben respetar y evitar desvirtuar.17

Cónsono

con

la

finalidad

de

esta

legislación,

ciertos

términos y condiciones que, de ordinario, rigen la litigación

civil en nuestro ordenamiento jurídico procesal han sido

alterados.18

De conformidad con lo anterior, la Sección 3 de la Ley

Núm. 2,19 dictamina que las Reglas de Procedimiento Civil

serán aplicables a esta clase de pleitos, cuando no sean

contrarias a alguna disposición específica del procedimiento,

ni atenten contra su naturaleza sumaria.20 Así, al momento de

resolver

si

un

trámite

ordinario

de

las

Reglas

de

Procedimiento Civil aplica o no al procedimiento especial, es

Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 265 (2018); Vizcarrondo

Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 929 (2008); Lucero v. San Juan Star,

159 DPR 494, 505 (2003); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147

DPR 483, 493 (1999).

17

Díaz Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 207

DPR 339, 347 (2021).

18

19

32 LPRA sec. 3120.

Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 271; Aguayo Pomales v.

R & G Mortg., 169 DPR 36, 44 (2006).

20

CC-2021-860

9

necesario determinar si la regla resulta ser “conflictiva o

contraria

con

alguna

disposición

específica

de

la

ley

especial, y con el carácter sumario del procedimiento”.21 Por

tanto,

serán

tramitados

aquello

al

que

aplicables

supletoriamente

en

amparo

del

procedimiento

sumario

en

conflicto

las

no

esté

con

los

pleitos

“en

todo

disposiciones

específicas de las mismas o con el carácter sumario del

procedimiento”.22

De

este

modo,

la

Asamblea

Legislativa

pretendió asegurar que a través de ningún mecanismo pudiera

desvirtuarse la naturaleza sumaria que permea el trámite

establecido en la Ley Núm. 2.23

De otra parte, y en lo relacionado a la controversia

de autos, la Sección 15 de la Ley Núm. 2, establece que:

Todas las costas que se devengaren en esta clase

de juicios serán satisfechas de oficio.

En todos los casos en que se dictare sentencia

en favor de la parte querellante, si ésta

compareciere presentada por abogado particular,

se condenará al querellado al pago de honorarios

de abogado. (Negrilla suplida).24

B. Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917

A través de la implementación de la Ley Núm. 2, quedó

establecido que buscaba un procedimiento sumario para los

casos de reclamaciones de obreros y empleados contra sus

patronos por servicios prestados y derogar la Ley Núm. 10 de

Peña Lacern v. Martínez Hernández, 210 DPR 425, 435-436 (2022) (citando

a Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 321 (1975)).

21

22

32 LPRA sec. 3120.

23

Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 271.

24

32 LPRA sec. 3132.

CC-2021-860

14

de

10

noviembre

de

1917.25

Así,

la

Asamblea

Legislativa

reformuló las disposiciones de la Ley Núm. 10 de 14 de

noviembre de 1917, 32 LPRA ant. sec. 3101 et seq. En síntesis,

la ley anterior proveía para que los trabajadores agrícolas

reclamaran en contra de su patrono cualquier reclamación

salarial por medio de un procedimiento expedito, eficaz y

favorable para el trabajador. De esta forma, se presentó la

concepción de un procedimiento sumario para reclamaciones

laborales.

Inicialmente, la Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917

establecía en la Sección 14 que “[t]odas las costas que se

devengaren en esta clase de juicios serán satisfechas de

oficio”.26 Posteriormente, la Ley Núm. 17 de 11 de abril de

1945 enmendó la ley para reconocer los honorarios de abogado

al

reclamante

victorioso

en

casos

bajo

el

procedimiento

provisto por la referida sección de la Ley Núm. 10 de 14 de

noviembre de 1917. Específicamente, la Sección 14 de Ley Núm.

10 de 14 de noviembre de 1917, según enmendada, 32 LPRA ant.

sec. 3113, como disposición antecesora de la Sección 15 de la

Ley Núm. 2, supra, establecía lo siguiente:

Todas las costas que se devengaren en esta clase

de juicios serán satisfechas de oficio.

En todos los casos en que se dictare sentencia

en favor de la parte querellante, si ésta

compareciere

representada

por

abogado

particular, se condenará al querellado al pago

de honorarios de abogado.27

P. del S. 194 de 24 de agosto de 1961, 3era Sesión Extraordinaria,

pág. 155.

25

26

32 LPRA ant. sec. 3113.

Cabe resaltar que el texto de la Sección 14 de la Ley Núm. 10 de 14 de

noviembre de 1917, supra, es idéntico al texto de la Sección 15 de la Ley

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, supra.

27

CC-2021-860

11

Al interpretar la mencionada disposición de la Ley Núm.

10 de 14 de noviembre de 1917, en lo atinente a las costas,

este Tribunal ha establecido su improcedencia en este tipo de

procesos judiciales.28 Específicamente, De Soto v. Clínica

Industrial,

Inc., 70 DPR 850

(1950),

se trataba de una

reclamación de salarios tramitada bajo las disposiciones de

la Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917. Así, tras presentar

el escrito de apelación, la demandada apelante no canceló el

sello forense de un dólar adoptado por el Colegio de Abogados,

por lo que los apelados solicitaron la desestimación.

En lo pertinente, este Tribunal declaró sin lugar la

desestimación y expresó lo siguiente:

La sección 14 de la Ley Núm. 10 de 1917, según

enmendada por la Ley Núm. 17 de 1945, en su

primer párrafo, tanto en el texto original como

en el enmendado, al proveer que ‘Todas las costas

que se devengaren en esta clase de pleitos serán

satisfechas de oficio’, no hace distinción

alguna entre obrero y patrono. Ambos están

exentos del pago de costas. Cuando la Asamblea

Legislativa quiso imponer un deber adicional al

patrono lo hizo expresamente por la enmienda a

dicha sección 14 en el año 1945, al disponer en

un segundo párrafo que ‘En todos los casos en

que se dictare sentencia en favor de la parte

querellante, si ésta compareciere representada

por

abogado

particular,

se

condenará

al

querellado al pago de honorarios de abogado’. La

exención en cuanto al pago de costas fue

absoluta, no así la condena sobre pago de

honorarios de abogado. (Negrilla suplida).29

Sierra, Comisionado del Trabajo v. Morales, 72 DPR 693, 698 (1951);

Correa v. Mario Mercado e Hijos, 72 DPR 80, 89 (1951); De Soto v. Clínica

Industrial, Inc., 70 DPR 850, 854 (1950). Advertimos que los precedentes

mencionados fueron resueltos de conformidad con lo establecido en la

Sección 14 de Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917, supra, disposición

antecesora de la Sección 15 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961,

supra.

28

29

De Soto v. Clínica Industrial, Inc., supra.

CC-2021-860

12

Asimismo, a tono con lo anterior, puntualizamos que las

alegaciones al amparo del procedimiento sumario no cancelan

sellos de rentas internas ni de otra índole.30

C. Costas

En nuestro ordenamiento, la concesión de costas está

regulada por la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, que dispone lo siguiente:

(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas

a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o

se dicte sentencia en apelación o revisión,

excepto en aquellos casos en que se disponga lo

contrario por ley o por estas reglas. Las costas

que podrá conceder el tribunal son los gastos

incurridos necesariamente en la tramitación de

un pleito o procedimiento que la ley ordena o

que el tribunal, en su discreción, estima que

una parte litigante debe reembolsar a otra.

(b) Cómo se concederán. La parte que reclame el

pago de costas presentará al tribunal y

notificará a la parte contraria, dentro del

término de diez (10) días contados a partir del

archivo en autos de copia de la notificación de

la sentencia, una relación o memorándum de todas

las partidas de gastos y desembolsos necesarios

incurridos durante la tramitación del pleito o

procedimiento […]. La resolución del Tribunal de

Primera Instancia podrá ser revisada por el

Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de

certiorari. De haberse instado un recurso contra

la sentencia, la revisión de la resolución sobre

costas deberá consolidarse con dicho recurso.

(Negrilla suplida).

Esta norma procesal tiene dos propósitos, a saber:

restituir lo que una parte perdió por hacer valer su derecho

al ser obligada a litigar y servir como disuasivo para la

litigación inmeritoria, temeraria, o viciosa que se lleva a

cabo con el propósito de retrasar la justicia.31

30

Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 DPR 712, 718 (1998).

Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197, 212 (2017); Auto

Servi, Inc. v. ELA, 142 DPR 321, 327 (1997); J.T.P. Development Corp. v.

31

CC-2021-860

La

13

Regla

44.1

(b)

de

Procedimiento

Civil,

supra,

establece que la parte prevaleciente tendrá un término de 10

días desde la notificación de la sentencia para presentar y

notificar “a las demás partes un

memorando de costas

—

juramentado o certificado por su representante legal— con

todas las partidas de gastos y desembolsos incurridos que a

su

entender

son

correctas

y

fueron

necesarias

para

la

tramitación del pleito”.32 Además, en reiteradas ocasiones

hemos reconocido que el término de diez días que tiene la

parte prevaleciente para presentar el memorando de costas es

un término jurisdiccional.33 Por lo cual, el foro primario

carece de facultad para prorrogarlo y extenderlo.34

De esta forma, ante la oportuna presentación de un

memorando

de

costas

juramentado,

el

tribunal

tendrá

que

determinar: cuál fue la parte que prevaleció en el pleito, y

cuáles

de

los

gastos

en

los

que

esta

incurrió

fueron

necesarios y razonables.35 Una determinación que descansa en

la

discreción

al

momento

de

evaluar

la

razonabilidad

y

determinar la necesidad de los gastos detallados.36

Majestic Realty Corp., 130 DPR 456,

Superior, 88 DPR 245, 253 (1963).

460 (1992); Garriga, Jr. v. Tribunal

Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. El Ojo de Agua Development,

Inc., 205 DPR 502, 528 (2020) (citando a J.T.P. Development Corp. v.

Majestic Realty Corp., supra, pág. 461).

32

Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., supra, pág. 213; Colón Santos

v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 187 (2008); Comisionado v.

Presidenta, 166 DPR 513, 518 (2005).

33

Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., supra; J.A. Cuevas

Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 1ra ed., San Juan, Pubs. JTS,

2000, T. IV, págs. 1270 y 1297.

34

Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. El Ojo de Agua Development,

Inc., supra, pág. 529 (citando a J.T.P. Development Corp. v. Majestic

Realty Corp., supra, pág. 461).

35

CC-2021-860

14

Cónsono con lo anterior, hemos resuelto que no todos

los gastos del litigio son recobrables como costas.37 Por

consiguiente, sólo son recobrables aquellos gastos necesarios

y razonables para la tramitación del pleito, procedimiento o

apelación que un litigante debe reembolsar a otro.38 A modo

de ejemplo, este Tribunal ha determinado que los siguientes

gastos

son

recobrables:

sellos

de

radicación

de

las

alegaciones, sellos cancelados en las mociones, gastos de

emplazamiento,

sellos

cancelados

para

efectuar

embargos,

transcripción de evidencia, deposiciones, entre otros.39

Por el contrario, como excepción, no serán recobrables

los gastos ordinarios de oficina de los abogados de las

partes.40

Así,

en

lo

pertinente

a

las

transcripciones

y

deposiciones, reiteramos que:

Tampoco son incluibles como costas, los gastos

de transcripciones de récords de vistas cuando

tales transcripciones se solicitan por ser

convenientes, pero no necesarias, para los

reclamantes […] [y, además, e]l gasto incurrido

en obtener deposiciones es recobrable si son

necesarias, aunque no se usen en las vistas del

caso […].41

Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 935 (2012); Auto Servi,

Inc. v. ELA, supra, pág. 326.

36

Puerto Rico Fast Ferries, LLC v. Autoridad de Alianzas Público Privadas,

2023 TSPR 121, pág. 13, 203 DPR __ (2023); J.T.P. Development Corp. v.

Majestic Realty Corp., supra, pág. 460.

37

Puerto Rico Fast Ferries, LLC v. Autoridad de Alianzas Público Privadas,

2023 TSPR 121, supra; Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. El Ojo de

Agua Development, Inc., supra, págs. 527.

38

J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 1ra ed.

rev., Colombia, [s. Ed.], 2012, pág. 276.

39

40

Andino Nieves v. AAA, 123 DPR 712, 716 (1989).

Pereira v. IBEC, 95 DPR 28, 78 (1967). Véase, también, Cuevas Segarra,

op. cit., pág. 1290.

41

CC-2021-860

La

15

Regla

44.1

(b)

de

Procedimiento

Civil,

supra,

dispone que la resolución emitida por el foro primario a esos

efectos podrá ser revisada por el Tribunal de Apelaciones a

través del recurso de certiorari. En cuanto al procedimiento

de revisión, establece que “[d]e haberse instado un recurso

contra la sentencia, la revisión de la resolución sobre costas

deberá consolidarse con dicho recurso” como una medida que

responde a promover la economía procesal.42

Después de todo, al aplicar la normativa expresada

sobre la controversia relacionada con la Ley Núm. 2, no

debemos perder de perspectiva lo siguiente:

La Regla 44.1 nos expresa que las costas le serán

concedidas a la parte a cuyo favor se resuelve

el pleito o se dicte sentencia en apelación,

excepto en aquellos casos en que se disponga lo

contrario por ley o por las Reglas de

Procedimiento Civil. De esa forma se establece

que solo se puede eximir de la imposición de

costas en aquellos casos en los cuales así se

disponga en una ley especial o en las Reglas de

Procedimiento Civil. (Negrilla suplida).43

D. Interpretación de la ley

“La jurisprudencia de este Tribunal que declara o

interpreta la ley es necesaria para orientar a los juristas,

jueces y a la ciudadanía”.44 Por ello, al momento de ejercer

nuestra

función

instancia,

debemos

interpretativa,

resolver

las

como

controversias

42

Echevarría Vargas, op. cit., págs. 277–278.

43

Íd., pág. 276.

44 Puerto

foro

de

última

entre

las

Rico Fast Ferries, LLC v. Autoridad de Alianzas Público-Privadas,

2023 TSPR 121, pág. 4, 203 DPR __ (2023); R.E. Bernier y J.A. Cuevas

Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da

ed., San Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. I, pág. 199.

CC-2021-860

16

partes y ser fuente gestadora de pautas legales que la norma

estatutaria no ha esclarecido.45

En

nuestro

ordenamiento

jurídico,

el

proceso

de

interpretar las leyes recibe el nombre de hermenéutica legal

y consiste en auscultar, precisar y determinar cuál era la

voluntad legislativa al aprobar la ley.46 Así, señalamos que

se

han

instaurado

una

serie

de

normas

como

parte

de

hermenéutica legal que en mayor o menor medida se imponen

como principios rectores del ejercicio de nuestra función

adjudicativa.47

Cónsono con lo anterior, en el descargo de nuestra

función

revisora,

debemos

tener

presente

las

normas

de

interpretación de las leyes que requieren que los tribunales

consideren

los

propósitos

perseguidos

por

la

Asamblea

Legislativa al aprobar el estatuto, de manera que éste se

ajuste a la política pública que lo inspira.48 Sin embargo,

aun cuando tenemos la facultad para interpretar la ley en

busca de un sentido armonioso, el lenguaje claro y explícito

de

ésta

no

debe

ser

tergiversado,

malinterpretado

ni

sustituido.49

45

Íd.

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 738 (2012); Bernier

y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 241.

46

Rosado Molina v. ELA, 195 DPR 581, 589 (2016); Const. José Carro v.

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 126 (2012).

47

Morales v. Marengo, 181 DPR 852, 858 (2011); Soc. Asist. Leg. v.

Ciencias Forenses, 179 DPR 849, 862 (2010).

48

49 Puerto

Rico Fast Ferries, LLC v. Autoridad de Alianzas Público-Privadas,

2023 TSPR 121, pág. 5, 203 DPR __ (2023); San Gerónimo Caribe Project v.

Registradora, 189 DPR 849, 866 (2013).

CC-2021-860

17

Es por tal razón que, en primer lugar, como principio

cardinal de hermenéutica, se debe acudir al texto de la ley,

ya que, si el lenguaje es claro y libre de toda ambigüedad,

“su texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir

su espíritu”.50 Conforme a ello, hemos indicado que cuando el

lenguaje de una ley es claro e inequívoco, el propio texto

del estatuto es la expresión por excelencia de la intención

legislativa.51 Por lo tanto, “no se debe buscar más allá del

texto de la ley para encontrar la verdadera voluntad del

legislador, sino que se debe descubrir y dar efecto a la

intención expresada en la letra del estatuto”.52

En otras palabras, no hay necesidad de recurrir al

subterfugio de indagar más allá de la ley para cumplir con su

propósito legislativo si el texto de la ley es claro.53 Ahora

bien, el análisis hermenéutico debe evitar la aplicación

literal de la ley si esto tiene consecuencias absurdas, ya

que la interpretación debe ser razonable y consecuente con el

propósito legislativo.54

Art. 19, Código Civil de PR, 31 LPRA sec. 5341. Véanse, también: FCPR

v. ELA et al., 2023 TSPR 26, pág. 20, 211 DPR __ (2023); Martajeva v.

Ferré Morris, 210 DPR 612, 626 (2022). Véase, también, J. M. Farinacci

Fernós, Hermenéutica Puertorriqueña: Cánones de Interpretación Jurídica,

San Juan, Editorial InterJuris, (2019), págs. 69-74.

50

Cordero v. ARPe, 187 DPR 445, 456 (2012); Ortiz v. Municipio San Juan,

167 DPR 609, 617 (2006); BBC Realty v. Secretario Hacienda, 166 DPR 498,

507–508 (2005).

51

Morales v. Marengo, supra, págs. 858–859; Romero Barceló v. ELA, 169

DPR 460, 477 (2006).

52

San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, supra, pág. 866; Asoc.

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 938 (2010).

53

Consejo de Titulares del Condominio Balcones de San Juan v. MAPFRE

Praico Incurance Company, 208 DPR 761, 784 (2022).

54

CC-2021-860

18

Claro está, si surge alguna ambigüedad con el texto del

estatuto, el tribunal debe asegurar el cumplimiento con los

propósitos legislativos.55 En este contexto, la fuente que se

ha de consultar para descifrar la verdadera intención del

legislador

es

el

historial

legislativo

del

estatuto

en

cuestión, incluyendo la exposición de motivos de la ley, los

informes rendidos por las comisiones de las cámaras y los

debates celebrados en el hemiciclo.56

Como

debemos

parte

tener

del

ejercicio

presente

que

de

las

hermenéutica,

leyes

no

también

deben

ser

interpretadas tomando aisladamente algunas de sus secciones,

párrafos

u

oraciones,

sino

que

deben

serlo

tomando

en

consideración todo su contexto.57

A la luz del cuadro jurídico presentado, procedemos a

resolver la controversia ante nuestra consideración.

III

En resumen, Metro Healthcare plantea que el Tribunal

de Apelaciones erró al resolver que procedía el reembolso de

las costas a favor del recurrido -la parte vencedora- en el

caso de una querella presentada al amparo de la Ley Núm. 2.

Expone que el texto establecido en la Sección 15 de la Ley

Núm. 2, supra, posee un lenguaje claro y libre de toda

ambigüedad en el que se establece que la obligación de una

parte perdidosa será el pago de los honorarios de abogado y

Morales v. Marengo, supra, págs. 859 (citando a SLG Rivera-Carrasquillo

v. A.A.A., 177 DPR 333 (2009)).

55

Ortiz v. Municipio San Juan, supra; Vicenti v. Saldaña, 157 DPR 37, 48

(2002). Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 243.

56

Morales v. Marengo, supra; González Hernández v. González Hernández,181

DPR 746, 764 (2011).

57

CC-2021-860

no

las

19

costas.

Conforme

a

ello,

explica

que

el

texto

establecido en la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra,

claramente es contradictorio a la Sección 15 de la Ley Núm.

2, supra, que, a su vez, prevalece por ser una ley de carácter

especial ante un estatuto general. Asimismo, asevera que la

determinación del foro apelativo intermedio es contraria a

los precedentes establecidos por este Tribunal en los que no

se avala el reembolso de las costas incurridas en los procesos

judiciales al amparo de la Ley Núm. 2.58 Adelantamos que le

asiste la razón a Metro Healthcare.

En cuanto al trasfondo fáctico pertinente, recordemos

que la querella presentada por el doctor Class Fernández se

hizo conforme al procedimiento sumario establecido en la Ley

Núm. 2. Tras varios trámites procesales, el foro primario

dictó una Sentencia el 5 de octubre de 2021 que concluyó que

el despido fue injustificado y declaró “Ha Lugar” la Oposición

a moción de sentencia sumaria presentada por el recurrido.

Luego, el 8 de octubre de 2021, el recurrido presentó un

Memorial de costas para reclamar los gastos incurridos en la

transcripción de una deposición siendo la parte vencedora.

Ese

mismo

día,

el

foro

primario

denegó

la

solicitud

En el segundo señalamiento de error, Metro Healthcare trajo a la

atención de este Tribunal la posibilidad de que este recurso relacionado

con las costas resultara ser prematuro. No obstante, este planteamiento

se tornó académico con la confirmación de la determinación del foro

primario sobre los méritos del despido injustificado que realizó el

Tribunal de Apelaciones (KLAN202100810) y este Tribunal al denegar el

recurso de Apelación presentado (AC-2022-0045).

Por otro lado, conforme a lo resuelto por este Tribunal en este caso, la

exención de costas en estos procesos judiciales establecida en la Sección

15 de la Ley Núm. 2, supra, es absoluta para todas las partes. Por ello,

la determinación recurrida sobre las costas (KLCE202101235) no depende

del resultado del recurso de Apelación que presentó Metro Healthcare sobre

los méritos del despido injustificado (KLAN202100810).

58

CC-2021-860

20

fundamentado en que no proceden las costas al aplicar la

Sección 15 de la Ley Núm. 2, supra.

Inconforme, el 12 de octubre de 2021, el doctor Class

Fernández recurrió al Tribunal de Apelaciones que revocó al

foro primario y le ordenó evaluar la concesión de costas a

favor del recurrido al aplicar la Regla 44.1 de Procedimiento

Civil, supra. Por tanto, debemos preguntarnos si ¿Procedía

que el Tribunal de Apelaciones acogiera la solicitud del

doctor

Class

Fernández

al

amparo

de

la

Regla

44.1

de

Procedimiento Civil, supra, para otorgar las costas por ser

la

parte

vencedora?

Para

responder

la

interrogante,

nos

corresponde interpretar la Sección 15 de la Ley Núm. 2, supra.

Como

sabemos,

existe

un

principio

fundamental

de

hermenéutica dirigido a establecer que el primer paso al

interpretar un estatuto es remitirse al texto de la ley, ya

que se considera como la expresión por excelencia de la

intención legislativa cuando el legislador se ha expresado en

un lenguaje claro e inequívoco.59

es

clara

y

libre

menospreciarse

de

bajo

toda

el

Por tanto, “cuando la ley

ambigüedad,

pretexto

de

su

texto

no

debe

cumplir

con

su

espíritu”. 60 Ello, nos lleva a interpretar la letra expresa

de la ley para dar efecto a la intención a través de su

significado.

En cuanto a lo anterior, la Sección 15 de la Ley Núm.

2, dispone que:

Cordero v. ARPe, supra; Ortiz v. Municipio San Juan, supra; BBC Realty

v. Secretario Hacienda, supra.

59

60

Art. 19, Código Civil de PR, 31 LPRA sec. 5341.

CC-2021-860

21

Todas las costas que se devengaren en esta clase

de juicios serán satisfechas de oficio.

En todos los casos en que se dictare sentencia

en favor de la parte querellante, si ésta

compareciere presentada por abogado particular,

se condenará al querellado al pago de honorarios

de abogado. (Negrilla suplida).61

De

entrada,

resaltamos

el

carácter

absoluto

de

la

palabra “todas” que limita la distinción entre patrono y

obrero de manera específica e inequívoca contrario a lo que

expresó el legislador sobre los honorarios de abogado en la

misma

sección.

Asimismo,

en

cuanto

al

significado,

el

Diccionario de la Real Academia Española dispone que el

término “de oficio” es: “Dicho de unas costas: Que, según lo

sentenciado, no deben ser pagadas por nadie”.62

Por

otro

lado,

discutidos

en

el

debemos

segundo

considerar

acápite

de

los

esta

precedentes

Opinión,

que

interpretaron la Sección 14 de la Ley Núm. 10 del 14 de

noviembre de 1917, según enmendada por la Ley Núm. 17 de 1945

-disposición antecesora de la Sección 15 de la Ley Núm. 2,

supra -, y concluyeron que no procedía la imposición de costas

a ninguna de las partes en estos pleitos.63 Particularmente,

en el caso De Soto v. Clínica Industrial, Inc., supra, al

interpretar la referida sección determinamos que contrario al

pago de honorarios de abogado, la exención al pago de costas

fue absoluta y explicamos que:

61

32 LPRA sec. 3132.

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española 23.ª ed.,

https://dle.rae.es/oficio?m=form#7i553QS (última visita, 31 de marzo de

2024).

62

Sierra, Comisionado del Trabajo v. Morales, supra; Correa v. Mario

Mercado e Hijos, supra.

63

CC-2021-860

22

Cuando la Asamblea Legislativa quiso imponer un

deber adicional al patrono lo hizo expresamente

por la enmienda a dicha sección 14 en el año

1945, al disponer en un segundo párrafo que ‘En

todos los casos en que se dictare sentencia en

favor

de

la

parte

querellante,

si

ésta

compareciere

representada

por

abogado

particular, se condenará al querellado al pago

de honorarios de abogado’. (Negrilla suplida).64

Claramente, el razonamiento realizado por este Tribunal

en el precedente mencionado no avala el curso de acción del

Tribunal de Apelaciones en el caso ante nos. Como mencionamos,

en este caso el Tribunal de Apelaciones resolvió que procedía

la concesión de las costas a la parte victoriosa en el pleito

tramitado por el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Sin

embargo,

conforme

correspondiente

a

era

lo

anterior,

denegar

el

determinamos

Memorial

de

que

costas,

lo

como

efectivamente hizo el Tribunal de Primera Instancia según lo

establecido en el texto claro de la Sección 15 de la Ley Núm.

2, supra, y en la jurisprudencia interpretativa discutida, en

especial en De Soto v. Clínica Industrial, Inc., 70 DPR 850

(1950). Ello, contrario a la aplicación de la Regla 44.1 de

Procedimiento

Civil,

supra,

que

ordenó

el

Tribunal

de

Apelaciones.

De esta forma, por tratarse la Ley Núm. 2 de una ley

especial, prevalece lo establecido con especificidad en la

Sección 15 de la Ley Núm. 2, supra, sobre la no imposición de

costas al ser satisfechas de oficio en lugar de la Regla 44.1

de Procedimiento Civil, supra, como estatuto general. Así,

cónsono con lo dispuesto en la Sección 3 de la Ley Núm. 2,

64

De Soto v. Clínica Industrial, Inc., supra.

CC-2021-860

23

supra, resolvemos que no procede la aplicación de la Regla

44.1 de Procedimiento Civil, supra, por estar en conflicto

con una disposición específica de la ley.

En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones erró al

revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia y

ordenar la devolución del caso para la aplicación de la Regla

44.1 de Procedimiento Civil, supra. Por tanto, revocamos la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Dr. Luis V. Class Fernández

Recurrido

v.

CC-2021-860

Certiorari

Metro Health Care Management

System, Inc.

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2024.

Por los fundamentos antes expuestos en la

Opinión que antecede la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, revocamos la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Estrella Martínez no intervino.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo