Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo v. Torres Rodríguez
2024 TSPR 55
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo v. Torres Rodríguez
CC-2024-0288
30 de mayo de 2024 · Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente · Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2024 TSPR 55
Jorge Torres Rodríguez
213 DPR ___
Peticionario
Número del Caso:
Fecha:
CC-2024-0288
30 de mayo de 2024
Tribunal de Apelaciones:
Panel IX
Representante legal de la parte peticionaria:
Lcda. Wanda Tamara Castro Alemán
Materia:
Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del
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servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2024-0288 Certiorari
Jorge Torres Rodríguez
Peticionario
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2024.
Examinada la Petición de certiorari y la Solicitud de
paralización en auxilio de jurisdicción, presentada por la
parte peticionaria, se provee no ha lugar a ambas.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez
emitió un Voto particular disidente al cual se unieron la
Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor
Colón Pérez. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emite la
expresión siguiente:
“Hoy, tras el curso de acción mayoritario, perdimos
la oportunidad para expresarnos sobre la validez
constitucional de la enmienda realizada a la Regla
241 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, a los
efectos de permitir imponer una medida de seguridad
luego de que se determine la no procesabilidad
permanente de la persona imputada de delito. En esa
coyuntura,
debíamos
evaluar
si
lo
anterior
contraviene lo expresado por la Corte Suprema federal
en Jackson v. Indiana, 406 U.S. 715 (1972), y lo que
pautamos en Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291
(2000). Ante ello, me veo compelida a disentir”.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2024-0288
Certiorari
Jorge Torres Rodríguez
Peticionario
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado
Señor ESTRELLA MARTÍNEZ al cual se une la Jueza Presidenta
ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado Señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2024.
Lamentablemente,
hoy
la
Mayoría
de
este
Tribunal
permitirá que una persona permanezca indefinidamente en un
hospital
siquiátrico
del
Gobierno,
sin
que
se
hubiese
determinado causa probable para su arresto y luego de haber
sido declarado no procesable permanentemente. Ello, a pesar
de que, de acuerdo con nuestra jurisprudencia y la práctica
habitual en los tribunales de Puerto Rico, procedía que,
dada su improcesabilidad permanente, se archivaran los
cargos criminales y se optara por la continuación del
procedimiento
de
internación
en
la
esfera
civil,
en
particular, en la Sala Especializada de Salud Mental.
Toda vez que no puedo avalar que se mantenga bajo el
cauce penal a una persona sorda, declarada no procesable
permanentemente,
sin
destrezas
de
comunicación,
con
discapacidad intelectual y múltiples trastornos mentales
CC-2024-0288
severos,
2
incluyendo
la
adicción
a
poli-sustancias,
respetuosamente disiento.
Expuesta
la
médula
de
la
controversia,
veamos,
entonces, el trasfondo que la origina.
I
El Sr. Jorge Torres Rodríguez (Peticionario), a través
de su representación legal, adujo que tiene cincuenta y un
(51)
años,
es
sordo
de
nacimiento,
sin
destrezas
de
comunicación (no domina ningún tipo de lenguaje manual,
verbal ni escrito), padece de trastorno mental severo y
discapacidad intelectual, así como otras condiciones de
salud mental incluyendo adicción a poli-sustancias, siempre
ha residido con sus progenitores en Vieques y solo entiende
conceptos básicos relacionados a su diario vivir. Arguyó
que el 10 de octubre de 2023 fue arrestado sin orden
judicial1 y que al ser conducido ante un magistrado para la
celebración de la vista de causa probable para el arresto
surgió información tendiente a demostrar que no podía ser
procesable permanentemente.2 Como resultado, adujo que, sin
1El
proyecto de denuncia fue por el Art. 127-A del
Código Penal, 33 LPRA sec. 5186a (maltrato a personas de
edad avanzada) y el Art. 6.06 de la Ley de Armas de Puerto
Rico de 2020, 25 LPRA sec. 466e (portación y uso de armas
blancas). El incidente que dio origen a la denuncia fue por
alegadamente amenazar a sus progenitores con un cuchillo y
agredir a su padre con un tubo PVC.
2Surge
del expediente que la vista de causa para
arresto se intentó llevar a cabo en dos ocasiones anteriores
(11 y 12 de octubre de 2023), pero los intérpretes (lenguaje
de señas y labio lectura) informaban que no era posible
CC-2024-0288
3
que se hubiese determinado causa probable para arresto, el
foro primario refirió el caso para una evaluación para
ingreso involuntario al amparo de la Ley de Salud Mental
de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 6152 et seq., (Ley Núm. 4082000)
y
simultáneamente
le
ordenó
una
evaluación
de
procesabilidad bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal,
supra.
Tras
la
correspondiente
orden
de
ingreso
involuntario, el Peticionario fue internado en el Hospital
de Psiquiatría Dr. Ramón Fernández Marina en San Juan.
De forma similar, manifestó que posteriormente se
celebró la vista de procesabilidad y se determinó mediante
una Resolución y orden del 7 de noviembre de 2023 que se
encuentra no procesable permanentemente. Indicó que la
defensa solicitó el sobreseimiento, el archivo del caso
criminal y que se diera paso al proceso civil bajo la Ley
Núm. 408-2000,3 pero que el Ministerio Público solicitó una
evaluación adicional bajo la Regla 241 de Procedimiento
Criminal, 34 LPRA Ap. II, con el propósito de determinar
si
representaba
un
riesgo
para
la
seguridad
de
otras
personas.
establecer una comunicación efectiva con el Peticionario,
pues no entendía el proceso.
3El
28 de noviembre de 2023, el Peticionario presentó
una moción al foro primario titulada Ante la determinación
de no procesable permanentemente el tribunal tiene dos
opciones […] en la que le solicitó al foro primario que
aplicara la Carta Circular Núm. 17 del Año Fiscal 2018-2019
del 2 de mayo de 2019 del Hon. Sigfredo Steidel Figueroa.
Véase, Apéndice Petición de certiorari, págs. 61-62.
CC-2024-0288
4
En una vista posterior, y tras escuchar la opinión del
siquiatra del Estado, el 5 de diciembre de 2023 se notificó
una Resolución y orden donde se expresó que el Peticionario
representaba un riesgo para su seguridad y la
de sus
familiares. Por tal razón, se le impuso como medida de
seguridad bajo la Regla 241 de Procedimiento Criminal,
supra,
la
permanencia
psiquiátrica
con
indefinida
orden
de
en
vistas
la
institución
trimestrales
de
seguimiento.
Insatisfecho,
el
Peticionario
recurrió
ante
el
Tribunal de Apelaciones y alegó que la medida de seguridad
es contraria al precedente reconocido en Pueblo v. Santiago
Torres, 154 DPR 291 (2001) y que, dada la circunstancia de
no procesabilidad permanente lo correcto en Derecho era
sobreseer las denuncias y liberarlo o, en la alternativa
en cuanto a su custodia, ordenarle su ingreso involuntario
a un hospital al amparo de la Ley de Salud Mental. Añadió
que la medida de seguridad se impuso sin jurisdicción por
no haberse iniciado la acción penal por medio de una
determinación
de
causa
para
arresto
y
sin
imponerse
mediante sentencia. Similarmente, arguyó que la Regla 241
de Procedimiento Criminal, supra, es inconstitucional en
cuanto provee para imponer medidas de seguridad en los casos
donde hay una determinación de no procesabilidad permanente
sin haberse celebrado un juicio y sin haber una sentencia
judicial, lo que alegó viola el principio de judicialidad
CC-2024-0288
5
bajo el Art. 10 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA
sec.
5010.4
El
foro
apelativo
intermedio
confirmó
la
Resolución y orden del foro primario.
Aun inconforme, el Peticionario acudió ante nos y
sostiene que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar
al foro primario, a pesar de que el Procurador General
reconoció en una de sus comparecencias que la determinación
de
no
procesabilidad
coincidía
con
la
aplicación
del
precedente de Santiago Torres.5 Por ello, en su Petición de
certiorari planteó que la medida de seguridad violó su
derecho fundamental al debido proceso de ley y es contraria
a la normativa aplicable. En particular, presentó dos (2)
planteamientos de error en los que incurrió el Tribunal de
Apelaciones:
1)
Error al imponer una medida de seguridad
bajo la Regla 241 de Procedimiento Criminal,
supra, sin haber una determinación de causa
probable para arresto y en violación a los
Artículos 10, 11 y 82 del Código Penal de Puerto
Rico y al Art. II, Secs. 1, 7 y 10 de la
Constitución de Puerto Rico.
2)
Error al imponer una medida de seguridad
al Peticionario luego de haber sido declarado no
procesable
permanentemente,
en
abierta
4El
referido Artículo 10 dispone: “La pena o la medida de
seguridad
se
impondrá
mediante
sentencia
judicial
exclusivamente”. Íd.
5Solicitud
de paralización en auxilio de jurisdicción,
pág. 2. El Procurador General solicitó al foro intermedio que
tomara en consideración que el Peticionario constituye un
peligro para sí y los demás, la recurrencia de la situación
entre este y sus padres, que le ordenase al foro primario a
remitir el asunto al trámite de internación civil, y que se
apercibiera para que fuera atendido con premura y apremio.
Véase, Apéndice Petición de certiorari, pág. 91.
CC-2024-0288
6
contradicción a lo establecido por la Corte
Suprema en Jackson v. Indiana, 406 U.S. 715, 738
(1972), en Pueblo v. Santiago Torres, supra, y
en violación a la Secc. 7 de la Constitución de
Puerto
Rico
y
las
Enmiendas
Quinta
y
Decimocuarta de la Constitución de los Estados
Unidos.
Establecido lo anterior, procedo a exponer brevemente
el Derecho aplicable.
II
A.
La Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra, es el
mecanismo
procesal
mediante
el
cual
se
satisface
la
exigencia constitucional de que se determine causa probable
para arrestar o detener a una persona. Pueblo v. Irizarry,
160 DPR 544, 555 (2003) (citas omitidas); Art. II, Sec. 10,
Const. ELA, Tomo 1. Es norma reconocida que la determinación
de causa probable marca el inicio de la acción penal en
nuestro ordenamiento, pues a partir de esta el tribunal
adquiere
jurisdicción
sobre
el
imputado
y
sujeta
a
responder por sus actos. Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR
601, 608 (2008); Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 555.
En este procedimiento, el juez o la jueza deberán
examinar
la
denuncia,
las
declaraciones
juradas
y/o
testigos presentados o al denunciante, y determinar si hay
causa probable para creer que se ha cometido un delito por
el imputado, en cuyo caso autorizará que se inicie una
acción penal en su contra. D. Nevares-Muñiz, Sumario de
derecho procesal penal puertorriqueño, 10ma ed. rev., San
CC-2024-0288
7
Juan, Instituto para el desarrollo del derecho, Inc., 2014,
pág. 46.
Es por ello que "[s]in esta determinación de causa
probable
el
proceso
no
puede
continuar”.
E.L.
Chiesa
Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados
Unidos, Ed. Fórum, 1993, Vol. III, pág. 23. Como resultado,
el imputado no podrá ser sometido a juicio sin previa
determinación judicial de causa probable. Íd. Así “[e]sto
se
evita
que
el
procedimiento
criminalmente
Estado
someta
criminal
sin
base
a
una
arbitrario
y
para
ello”.
persona
a
lo
encause
Pueblo
v.
un
Rivera
Martell, supra, pág. 609.
Por tanto, la determinación de causa para arresto por
un magistrado no solo inicia la acción penal, sino que
también
faculta
al
Estado
a
presentar
una
denuncia
o
acusación en contra de la persona imputada. Pueblo v. Miró
González, 133 DPR 813, 820 (1993). Es a partir de este
momento en el que la persona se encuentra “acusada” y, por
lo tanto, sujeta a contestar una acusación o denuncia en
su contra, así como “propensa a ser convicta”. Íd., citando
a United States v. Marion, 404 US 307, 313 (1971), y a
Pueblo v. Carmen Centrale, Inc., 46 DPR 494, 498 (1934).
B.
La Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, detalla
el procedimiento requerido para llevar a cabo una vista de
determinación de procesabilidad respecto a la capacidad
CC-2024-0288
8
mental o funcional del imputado. A su vez, la Regla 241 de
Procedimiento Criminal, supra, establece el procedimiento
para la imposición de medidas de seguridad. En lo pertinente
dispone:
Cuando el imputado fuere absuelto o hubiere
una determinación de no causa en vista preliminar
por razón de incapacidad mental y/o funcional, o
determinación de no procesabilidad permanente, o
se declare su inimputabilidad en tal sentido, el
tribunal conservará jurisdicción sobre la persona
y podrá decretar internarlo en una institución
adecuada para su tratamiento, si en el ejercicio
de su discreción determina conforme a la
evidencia presentada que dicha persona por su
peligrosidad constituye un riesgo para la
sociedad o que se beneficiará con dicho
tratamiento. La condición de sordera profunda,
severa, moderada o leve, ni ninguna otra
situación de hipoacusia o condición que le impida
comunicarse efectivamente, por sí sola, será
suficiente para que, en ausencia de los demás
requisitos establecidos en estas Reglas, el
tribunal conserve jurisdicción sobre la persona
y decrete su ingreso a una institución.
En caso de ordenarse internarlo, la misma se
prolongará por el tiempo requerido para la
seguridad de la sociedad y el bienestar de la
persona internada. En todo caso será obligación
de las personas a cargo del tratamiento informar
trimestralmente al tribunal sobre la evolución
del caso.
…
(d) Aplicación de la medida de seguridad. — Si
el tribunal determinare conforme a la evidencia
presentada que la persona por su peligrosidad
constituye un riesgo para la sociedad o que
habría de beneficiarse con dicho tratamiento,
dictará sentencia imponiendo la medida de
seguridad y decretando su internación en una
institución adecuada para su tratamiento.
Dicha internación podrá prolongarse por el tiempo
realmente requerido para la seguridad de la
sociedad y el bienestar de la persona internada,
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 81 del Código
Penal de Puerto Rico.
CC-2024-0288
9
En estos casos será obligación de las personas a
cargo del tratamiento informar al tribunal
trimestralmente sobre la evolución del caso…
(Negrillas suplidas) Regla 241 de Procedimiento
Criminal, supra.
III
Es
precisamente
el
texto
de
esta
Regla
241
de
Procedimiento Criminal, supra, y su consecuencia jurídica,
la médula de la controversia en este pleito. Pues como
vemos, la referida Regla 241 permite que aún ante una
determinación de no procesabilidad permanente, el Tribunal
imponga una medida de seguridad (como la hospitalización
involuntaria
junto
a
la
imposición
de
vistas
de
seguimiento) y con ello continúe activo un procedimiento
de naturaleza penal sin apariencia de finalidad como en
este caso. Por esto, el Peticionario en esencia nos planteó
que la imposición de esta medida de seguridad en sus
circunstancias únicas y particulares, a saber, sin que se
pudiera realizar la vista de causa probable para arresto y
con una declaración de no procesabilidad permanente, viola
su derecho fundamental al debido proceso de ley y al
precedente establecido en Jackson v. Indiana, supra y en
Pueblo v. Santiago Torres, supra. Véase, además, Ruiz v.
Alcaide, 155 DPR 492, 501 (2001).
Ante este escenario, el Peticionario nos solicitó que
al amparo de la Regla 28 del Reglamento del Tribunal
Supremo,
supra,
ordenáramos
la
paralización
de
los
procedimientos en el caso penal Pueblo v. Jorge Torres
CC-2024-0288
10
Rodríguez, Crim. Núm. NSCI 2023-0124, para así permitir que
la Sala Especializada de Salud Mental pudiera continuar con
el proceso civil ya iniciado y pendiente en el caso civil
NACI 2023-0685 y también al amparo de la Ley Núm. 408-2000.
Tal y como expondré a continuación, no tengo dudas que
el sentido más básico de justicia exigía expedir el recurso
ante
nuestra
finalidad
consideración,
jurídica
procedimiento
penal
pues
el
seguir
a
una
no
tiene
sentido
ni
encausando
bajo
un
persona
no
procesable
permanentemente. Me explico.
Sabido es que la capacidad mental del acusado para
entender los procedimientos en su contra y poder ayudar a
su
defensa
asistido
por
un
abogado
se
conoce
como
procesabilidad. E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal
y la Constitución, Etapa Adjudicativa, Ediciones SITUM,
pág.46 (2018). Véase, Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228
(2010); Pueblo v. Castillo Torres, 107 DPR 551, 555 (1978).
En nuestro ordenamiento se reconoce que constituye una
violación al debido proceso de ley el encausar a una persona
que no está procesable. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR
352, 364 (2020).
En lo aquí pertinente, en Pueblo v. Santiago Torres,
supra, se dispuso que “[f]rente a una determinación de no
procesabilidad permanente de un individuo, el Estado tiene
dos (2) opciones, a saber: dejarlo en la libre comunidad o
iniciar
los
procedimientos
de
internación
civil.”
CC-2024-0288
11
(Negrillas y énfasis suplidos) Pueblo v. Santiago Torres,
supra, págs. 312-313 (citando a Jackson v. Indiana, supra,
pág. 738). No hay duda de que el Estado, bajo su poder de
parens patriae, posee un interés legítimo en: (1) cobijar
y proveerle al individuo aquel cuidado que por razón de su
condición no puede brindárselo él mismo, incluyendo un
tratamiento que mejore su condición; (2) bajo su poder
regulador (police power) proteger a la ciudadanía ante el
posible peligro que representa el individuo, y (3) prevenir
que el individuo se haga daño a sí mismo. Íd., pág. 313
(citas omitidas).
Ahora bien, en ese ejercicio, el imputado posee un
interés fundamental a que no se restrinja su libertad sin
un debido proceso de ley. Íd. A esos fines, en Pueblo v.
Santiago Torres, supra, se concluyó que durante la vista
para la determinación de procesabilidad las partes también
presentarán prueba a los efectos de determinar si, debido
a su condición mental, el imputado constituye un riesgo
para sí y para la sociedad. En caso de que el tribunal
concluir que, por razón de su estado mental, el individuo
es un riesgo para sí mismo o para otras personas, dispondrá
para
que
en
un
término
razonable
se
inicien
los
procedimientos para que reciba tratamiento en virtud de la
Ley Núm. 408-2000. En particular, se dispuso:
Es decir, en el supuesto de no procesabilidad
permanente, el tribunal, tras considerar el
grado de peligrosidad del individuo -tanto para
sí como para la sociedad- como consecuencia de
CC-2024-0288
12
su condición mental, archivará los cargos en su
contra y lo pondrá en libertad o dispondrá que
se inicien los procedimientos conforme a la Ley
de Salud Mental. Resolvemos, por tanto, que de
transcurrir un tiempo razonable sin hallar
procesable a un imputado, deberá señalarse una
vista para determinar si éste es no procesable
permanentemente. El tribunal notificará y
celebrará una vista exclusivamente a tales
fines,
en
donde
de
determinar
la
no
procesabilidad
permanente,
archivará
los
cargos, y dispondrá si lo libera o si ordena
que se proceda con los trámites de internación
civil, conforme con la Ley de Salud Mental.
(Negrillas y énfasis suplidos) Pueblo v.
Santiago Torres, supra, págs. 314-315.
Adviértase que en Pueblo v. Santiago Torres resolvimos
con
claridad
que,
ante
la
determinación
de
no
procesabilidad permanente, el Tribunal siempre tendrá que
archivar los cargos y solo tendrá discreción para decidir
si la persona no procesable será en ese momento liberada o
si,
por
el
contrario,
se
dará
curso
al
trámite
de
internación civil conforme a la Ley Núm. 408-2000. Pero
indistintamente el curso seleccionado, siempre archivando
los cargos.
Similarmente, el Profesor Chiesa Aponte nos comenta
que el Tribunal está obligado a citar a una vista final de
procesabilidad y que, si en esa vista final se hace una
determinación
de
no
procesabilidad
permanente,
“la
Constitución solo reconoce dos alternativas: (1) decretar
la libertad del acusado o (2) iniciar un procedimiento civil
para la internación no voluntaria (civil commitment). Así
lo ha resuelto categóricamente la Corte Suprema de los
CC-2024-0288
Estados
13
Unidos
en
Jackson
v.
Indiana…”.6
(Negrillas
suplidas) E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la
Constitución, Etapa Adjudicativa, supra, págs. 57-58. El
mismo curso de acción recomienda la profesora Dora NevaresMuñiz al indicar que “[d]e determinarse que la persona no
está procesable, se sobreseerán los cargos y se dispondrá
para que se inicien procedimientos bajo la Ley de Salud
Mental, de ser necesaria la internación de la persona”.
(Negrillas suplidas) D. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 171.
Adviértase que en el caso ante nuestra atención es
precisamente el procedimiento de naturaleza civil en la
Sala Especializada en Salud Mental (el cual se inició
paralelamente
al
Peticionario
nos
procedimiento
solicitó
penal)
mediante
el
el
que
el
auxilio
de
6El
análisis constitucional fue uno combinado entre
las cláusulas del debido proceso de ley y la igual
protección de leyes. En lo pertinente se dispuso:
We hold, consequently, that a person, charged by
a State with a criminal offense who is committed
solely on account of his incapacity to proceed
to trial cannot be held more than the reasonable
period of time necessary to determine whether
there is a substantial probability that he will
attain that capacity in the foreseeable future.
If it is determined that this is not the case,
then the State must either institute the
customary civil commitment proceeding that would
be required to commit indefinitely any other
citizen, or release the defendant. Furthermore,
even if it is determined that the defendant
probably soon will be able to stand trial, his
continued commitment must be justified by
progress toward that goal. Jackson v. Indiana,
supra, pág. 738.
CC-2024-0288
jurisdicción
14
que
pudiera
continuar
su
curso
dado
el
suspenso procesal en que se encuentra.
Ahora bien, tengo muy presente que Pueblo v. Santiago
Torres, supra, se resolvió antes de la enmienda a la Regla
241 de Procedimiento Criminal, supra, mediante la Ley Núm.
281-2011. En lo pertinente, la referida enmienda engendró
el escenario aquí en controversia: la imposición a una
persona no procesable permanentemente de una medida de
seguridad bajo la Regla 241 de Procedimiento Criminal, en
lugar de dar paso al proceso de internación civil bajo la
Ley Núm. 408-2000. Nos comenta el Profesor Chiesa que con
esta enmienda desafortunadamente se mezcló los efectos de
un fallo de no culpabilidad por razón de incapacidad mental
y la determinación de no procesabilidad permanentemente.
E.L.
Chiesa
Aponte,
Procedimiento
Criminal
y
la
Constitución, Etapa Adjudicativa, supra, pág. 58.
En cuanto a esto, el Profesor Chiesa menciona que la
enmienda
dispuso
una
medida
de
seguridad
al
imputado
declarado no procesable permanentemente y el continuar bajo
la jurisdicción de la sala criminal bajo una medida de
seguridad que “permite sea internado contra su voluntad en
un
hospital
de
siquiatría
forense
y
sin
seguirse
el
procedimiento de internación civil dispuesto en la Ley de
Salud Mental a la que se alude en Santiago Torres. Esto
está reñido con Jackson v. Indiana”.
Íd., págs. 58-59.
(Negrillas suplida)
CC-2024-0288
15
Similarmente, abona a mi disenso que el Comité Asesor
Permanente
de
Reglas
de
Procedimiento
Criminal
en
su
Informe de Reglas de Procedimiento Criminal, al discutir
la propuesta Regla 422 como homóloga a la actual Regla 241
proponía eliminar la referencia a la medida de seguridad
en
torno
a
la
determinación
de
no
procesabilidad
permanente. Dado que
la determinación final de no procesabilidad debe
cumplir con los estándares fijados en Jackson v.
Indiana, 406 US 715 (1972), y en Pueblo v.
Santiago Torres, supra. En conformidad, una vez
determinada
la
falta
de
procesabilidad
permanente, el tribunal tendrá a su disposición
dos alternativas: dejar en libertad a la persona
imputada
o
disponer
el
inicio
de
los
procedimientos de inter[nación] civil conforme a
la Ley de Salud Mental de Puerto Rico… Véase,
Informe de Reglas de Procedimiento Criminal,
Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de
la Conferencia Judicial y Notarial, pág. 299,
(2018).7
Por otro lado, debo mencionar que la situación fáctica
de
este
caso
instancias
y
aparenta
ser
haberse
objeto
de
repetido
confusión
en
múltiples
sustantiva
y
administrativa. Por ello, el 2 de mayo de 2019, el Hon.
Juez Sigfrido Steidel Figueroa emitió la Circular Núm. 17
del año fiscal 2018-2019,8 específicamente para explicar el
7De
hecho, la Regla propuesta disponía que las medidas
de seguridad solo se impondrían mediante sentencia judicial
en los casos de no culpabilidad por razón de inimputabilidad
por incapacidad mental o trastorno mental transitorio. Íd.,
Regla Propuesta 424, pág. 296.
8Carta
Circular Núm. 17 titulada Modelos de Formularios
sobre Resoluciones y Órdenes de Evaluación para los Casos
en los que, Conforme al Testimonio Pericial emitido en Sala,
El Tribunal Determine la Continuación de los Procedimientos
CC-2024-0288
16
procedimiento a seguirse para el manejo administrativo de
los casos atendidos en virtud de las Reglas 240 y 241 de
Procedimiento Criminal. En específico, en la Carta Circular
se dispuso lo siguiente:
Entre las situaciones evaluadas, están
aquellas que han sido motivo de revisión
judicial por el Tribunal de Apelaciones cuando
se ha decretado la no procesabilidad de una
persona en un futuro próximo (no procesabilidad
permanente). En tales situaciones, el foro
apelativo intermedio ha decidido que la Regla
241
de
Procedimiento
Criminal
deberá
interpretarse de conformidad con lo resuelto en
Jackson v. Indiana, 406 US 715 (1972) y Pueblo
v. Santiago Torres, 154 DPR 291(2001). A tenor
con ello la persona deberá dejarse en libertad
u ordenarse la internación civil al amparo de
la Ley Núm. 408-2000, según enmendada, mejor
conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto
Rico" (Ley 408 o Ley de Salud Mental). Véase,
Pueblo v. Centeno Vázquez, KLCE201701223;
Pueblo v. González Jiménez, KLCE201800490;
Pueblo v. Yanira Román Colón, KLCE201800588.
Como resultado, la Carta Circular Núm. 17 comparte
unos modelos de Resolución y orden con el propósito de
contribuir al proceso de conversión ordenada de un caso
criminal al procedimiento civil conforme los criterios de
la Ley Núm. 408-2000.9 De hecho, como mencioné, se desprende
Bajo el Ordenamiento Civil al Culminar la Medida de
Seguridad o Ante una Determinación de No Procesabilidad
Permanente (Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal).
9Por
ejemplo, el tercer Modelo es de Orden de
Evaluación bajo la Ley Núm. 408-2000(luego de determinación
de no procesabilidad permanente) e indica que se utilizará
para atender la situación en que la persona imputada o
acusada fue declarada no procesable a un futuro próximo y
la defensa solicita que se proceda conforme a lo establecido
en Jackson v. Indiana, supra y Pueblo v. Santiago, supra.
Íd., pág. 2.
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17
del expediente que al inicio del pleito criminal se refirió
al Peticionario a la Sala Especializada en Salud Mental y
se creó una bifurcación procesal respecto a su ingreso
involuntario en una institución psiquiátrica bajo la Ley
Núm.
408-2000.
Pues,
por
un
lado,
continuó
el
pleito
criminal con los intentos fallidos para llevar a cabo la
vista de causa para arresto bajo la Regla 6 de Procedimiento
Criminal, la posterior determinación de no procesabilidad
permanente
y
la
imposición
de
la
hospitalización
como
medida de seguridad bajo la Regla 241 de Procedimiento
Criminal, supra, con vistas trimestrales de seguimiento.
Por otro lado, el pleito paralelo de internación civil ante
la Sala Especializada es el que se ha visto paralizado en
la espera de la finalidad del procedimiento penal.
Conviene
Programa
de
Condiciones
recordar
que
el
Acceso
la
Justicia
de
Salud
a
Mental
Poder
para
Judicial
para
creó
el
Personas
con
precisamente
brindar
acceso a la justicia a grupos vulnerables, entre los que
se encuentran las personas con condiciones de salud mental,
incluyendo aquellos dependientes de sustancias controladas.
Como una de las iniciativas, se instauró el Proyecto para
la Atención de Asuntos en Salud Mental, mejor conocido como
las Salas Especializadas de Salud Mental. En estas se
realiza un procedimiento de naturaleza civil con enfoque
de
justicia
terapéutica
para
apartarse
del
esquema
tradicional de adjudicación, pues procura que el juez o la
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18
jueza presida con sensibilidad y con entendimiento del
proceso de tratamiento y recuperación.
Estas Salas Especializadas de Salud Mental ofrecen
seguimiento y supervisión judicial intensiva para lograr
que la persona que está sujeta a los remedios al amparo de
la Ley de Salud Mental Ley Núm. 408-2000 se adhieran a su
tratamiento y logren su rehabilitación oportuna. A su vez,
una de sus funciones es lograr la colaboración con personal
de
distintas
conseguir
la
agencias,
entidades
canalización
y
y
proveedores
coordinación
de
para
servicios
necesarios para el participante.10
En cuanto esto, el Peticionario arguyó que, desde el
26 de octubre de 2023, la Sala Especializada de Salud
Mental, tenía un plan estructurado para proveerle ayuda,
tratamiento necesario y una alternativa de traslado a un
hogar
institucional
seguridad,
los
por
cuales
no
representar
tuvieron
que
ser
un
riesgo
de
suspendidos
en
espera del cese de la medida de seguridad impuesta por la
sala penal.11
10Véase,
Programa para Acceso a la Justicia de Personas
con Condiciones de Salud Mental - Poder Judicial de Puerto
Rico.
11Surge
del expediente que el 7 de diciembre de 2023,
se llevó a cabo una vista en la Sala Especializada donde
comparecieron personal de la Administración de Servicios de
Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), del Departamento
de la Familia Local de Vieques, del Departamento de Salud,
el Coordinador Auxiliar de Programas Judiciales, la
Coordinadora de Servicios de la Región Este de MAVI, entre
otros. De la Minuta se desprende que la jueza que presidía
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19
Por otro lado, el curso de acción mayoritario pasa por
alto, además, que en varias incidencias del expediente el
Procurador General se allanó a que la sala civil sea la que
tramite
la
hospitalización
y
los
servicios
interdisciplinarios necesarios al amparo de la Ley Núm.
408-2000. De hecho, en la propia Sentencia del Tribunal de
Apelaciones se expresó:
en ese procedimiento civil, "el tribunal pautó
una vista de seguimiento para el 29 de febrero
de 2024. De ese trámite civil, en el que el
Departamento de Justicia no forma parte ni
interviene,
depende
que
el
señor
Torres
Rodríguez reciba los servicios y la ayuda que
necesita, lo que a su vez evitaría que sus
padres, personas de edad avanzada, sigan siendo
víctimas de los incidentes acaecidos con el
peticionario". Tras ello, el Procurador nos
solicitó que, ante el hecho de que el tribunal
determinó que el peticionario constituye un
peligro para sí y para los demás y la
recurrencia de la situación entre este y sus
padres, ordenemos al foro primario a remitir el
asunto al trámite de internación civil. Nos
requirió también que ordenemos que apercibamos
de la urgencia de que se atienda el asunto con
premura y urgencia.
Vemos que ambas partes nos solicitan que
el foro primario remita presente causa al
trámite de internación civil a tenor con la Ley
408-2000.12
reconoció que existían dos procesos simultáneos y entre
otras cosas ordenó a las partes a buscar un hogar permanente
de acuerdo a las discapacidades del Peticionario y ordenó
al Departamento de la Familia a auscultar y proveer una
lista de hogares que reciban personas estables en salud
mental
y
que
reciban
personas
con
diferentes
discapacidades, ya sean auditivas o de movilidad. Véase,
Minuta, Apéndice, págs. 67-70.
12(Negrillas
suplidas). Véase, Apéndice, Sentencia del
Tribunal de Apelaciones, págs. 107-108. Véase, además, una
expresión similar en el Escrito en Cumplimiento de Orden
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Empero, contrario a lo expresamente solicitado por
ambas partes, el foro apelativo intermedio razonó que la
determinación de la sala penal de imponer la medida de
seguridad, a pesar de no haber causa para arresto y de
existir una declaración de no procesabilidad, era razonable
y que no contravenía la Regla 241 de Procedimiento Criminal,
supra.13
En
consecuencia,
sostengo
que
erró
el
foro
intermedio al devolver a la sala criminal del foro primario
para que continuara con los señalamientos de seguimiento y
luego fuera esta sala la que decretara si refería el caso
el caso al ámbito civil.
Ello ha provocado que, al presente, el Peticionario
lleve siete (7) meses bajo una medida de seguridad impuesta
mediante Resolución en un procedimiento penal, sin una
determinación de causa probable para su arresto al amparo
de la Regla 6, estando no procesable permanentemente y
que presentó el Procurador General ante el Tribunal de
Apelaciones el 14 de febrero de 2024. Íd., págs. 79, 88 y
91.
13En reconsideración, el foro intermedio dictó una
Resolución en la que expresó que la determinación bajo la
Regla 241 constituye una medida provisional de cautela y
protección al acusado y sus familiares que no contraviene
lo resuelto en Pueblo v. Santiago Torres, supra. Véase,
Resolución del Tribunal de Apelaciones del 12 de abril de
2024, Apéndice, pág. 137. Además, la Resolución cita en
apoyo Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 366 (2020).
Sin embargo, advertimos que dicho caso se trataba de una
controversia puntual bajo la Regla 192.1 de Procedimiento
Criminal, supra, (procedimiento posterior a Sentencia) y
nada se expresó cuando la declaración de no procesabilidad
es permanente como en la situación de autos.
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mientras el procedimiento civil en la Sala Especializada
de Salud Mental continúa en suspenso en espera del cese de
la medida de seguridad.
Todas estas circunstancias fácticas contravienen el
debido proceso que cobija al Peticionario y son contrarias
a
nuestra
supra.14
determinación
Ello,
por
en
sí
Pueblo
v.
Santiago
solo,
justificaba
Torres,
nuestra
intervención, pues el Peticionario no debe estar sujeto a
un procedimiento penal, sino que, dada las circunstancias
previamente reseñadas, el caso debía ser convertido al
procedimiento
civil
mediante
el
trámite
administrativo
instaurado para ello y el cual el foro primario erró en no
utilizar en este caso. De esta forma, quedó imposibilitado
que la Sala Especializada en Salud Mental, en conjunto con
los
recursos
interdisciplinarios,
canalizaran
el
tratamiento y los servicios necesarios.
En consecuencia, y contrario a lo determinado hoy por
una
mayoría
de
este
Tribunal,
estoy
convencido
que
resultaba necesario expedir el recurso de certiorari y
trabajarlo mediante un trámite acelerado toda vez que el
Peticionario continúa sin recibir el tratamiento y los
servicios más adecuados bajo la supervisión de la Sala
Especializada. De igual forma resultaba indispensable la
14Véase
también Pueblo v. Méndez Pérez, 193 DPR 781
(2015) donde se reconoció que incluso la reclusión en un
hospital constituye una privación de la libertad bajo el
poder coercitivo del Estado. Íd., pág. 793.
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paralización del procedimiento penal, a fin de que el
procedimiento en la Sala Especializada de Salud Mental
prosiguiera
sin
mayores
escollos
procesales.
De
esta
manera, el Peticionario continuaría bajo la jurisdicción
aplicable de la Sala Especializada y bajo los remedios de
provistos en la Ley Núm. 408-2000.
En
fin,
este
Tribunal
falló
en
reconocer
que
el
Peticionario continúa sujeto a un procedimiento penal: (1)
sin una determinación de causa para arresto, (2) estando
no procesable permanentemente y (3) sin que su caso penal
fuera archivado y convertido al curso civil mediante el
trámite administrativo dispuesto para ello por medio de la
internación civil bajo la Ley Núm. 408-2000, y en este caso
particular en la Sala Especializada de Salud Mental. Como
no puedo avalar este derrotero, disiento.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado