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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo v. Torres Rodríguez

2024 TSPR 55

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo v. Torres Rodríguez

CC-2024-0288

30 de mayo de 2024 · Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente · Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2024 TSPR 55

Jorge Torres Rodríguez

213 DPR ___

Peticionario

Número del Caso:

Fecha:

CC-2024-0288

30 de mayo de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel IX

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcda. Wanda Tamara Castro Alemán

Materia:

Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2024-0288 Certiorari

Jorge Torres Rodríguez

Peticionario

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2024.

Examinada la Petición de certiorari y la Solicitud de

paralización en auxilio de jurisdicción, presentada por la

parte peticionaria, se provee no ha lugar a ambas.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez

emitió un Voto particular disidente al cual se unieron la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor

Colón Pérez. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emite la

expresión siguiente:

“Hoy, tras el curso de acción mayoritario, perdimos

la oportunidad para expresarnos sobre la validez

constitucional de la enmienda realizada a la Regla

241 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, a los

efectos de permitir imponer una medida de seguridad

luego de que se determine la no procesabilidad

permanente de la persona imputada de delito. En esa

coyuntura,

debíamos

evaluar

si

lo

anterior

contraviene lo expresado por la Corte Suprema federal

en Jackson v. Indiana, 406 U.S. 715 (1972), y lo que

pautamos en Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291

(2000). Ante ello, me veo compelida a disentir”.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2024-0288

Certiorari

Jorge Torres Rodríguez

Peticionario

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado

Señor ESTRELLA MARTÍNEZ al cual se une la Jueza Presidenta

ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado Señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2024.

Lamentablemente,

hoy

la

Mayoría

de

este

Tribunal

permitirá que una persona permanezca indefinidamente en un

hospital

siquiátrico

del

Gobierno,

sin

que

se

hubiese

determinado causa probable para su arresto y luego de haber

sido declarado no procesable permanentemente. Ello, a pesar

de que, de acuerdo con nuestra jurisprudencia y la práctica

habitual en los tribunales de Puerto Rico, procedía que,

dada su improcesabilidad permanente, se archivaran los

cargos criminales y se optara por la continuación del

procedimiento

de

internación

en

la

esfera

civil,

en

particular, en la Sala Especializada de Salud Mental.

Toda vez que no puedo avalar que se mantenga bajo el

cauce penal a una persona sorda, declarada no procesable

permanentemente,

sin

destrezas

de

comunicación,

con

discapacidad intelectual y múltiples trastornos mentales

CC-2024-0288

severos,

2

incluyendo

la

adicción

a

poli-sustancias,

respetuosamente disiento.

Expuesta

la

médula

de

la

controversia,

veamos,

entonces, el trasfondo que la origina.

I

El Sr. Jorge Torres Rodríguez (Peticionario), a través

de su representación legal, adujo que tiene cincuenta y un

(51)

años,

es

sordo

de

nacimiento,

sin

destrezas

de

comunicación (no domina ningún tipo de lenguaje manual,

verbal ni escrito), padece de trastorno mental severo y

discapacidad intelectual, así como otras condiciones de

salud mental incluyendo adicción a poli-sustancias, siempre

ha residido con sus progenitores en Vieques y solo entiende

conceptos básicos relacionados a su diario vivir. Arguyó

que el 10 de octubre de 2023 fue arrestado sin orden

judicial1 y que al ser conducido ante un magistrado para la

celebración de la vista de causa probable para el arresto

surgió información tendiente a demostrar que no podía ser

procesable permanentemente.2 Como resultado, adujo que, sin

1El

proyecto de denuncia fue por el Art. 127-A del

Código Penal, 33 LPRA sec. 5186a (maltrato a personas de

edad avanzada) y el Art. 6.06 de la Ley de Armas de Puerto

Rico de 2020, 25 LPRA sec. 466e (portación y uso de armas

blancas). El incidente que dio origen a la denuncia fue por

alegadamente amenazar a sus progenitores con un cuchillo y

agredir a su padre con un tubo PVC.

2Surge

del expediente que la vista de causa para

arresto se intentó llevar a cabo en dos ocasiones anteriores

(11 y 12 de octubre de 2023), pero los intérpretes (lenguaje

de señas y labio lectura) informaban que no era posible

CC-2024-0288

3

que se hubiese determinado causa probable para arresto, el

foro primario refirió el caso para una evaluación para

ingreso involuntario al amparo de la Ley de Salud Mental

de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 6152 et seq., (Ley Núm. 4082000)

y

simultáneamente

le

ordenó

una

evaluación

de

procesabilidad bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal,

supra.

Tras

la

correspondiente

orden

de

ingreso

involuntario, el Peticionario fue internado en el Hospital

de Psiquiatría Dr. Ramón Fernández Marina en San Juan.

De forma similar, manifestó que posteriormente se

celebró la vista de procesabilidad y se determinó mediante

una Resolución y orden del 7 de noviembre de 2023 que se

encuentra no procesable permanentemente. Indicó que la

defensa solicitó el sobreseimiento, el archivo del caso

criminal y que se diera paso al proceso civil bajo la Ley

Núm. 408-2000,3 pero que el Ministerio Público solicitó una

evaluación adicional bajo la Regla 241 de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, con el propósito de determinar

si

representaba

un

riesgo

para

la

seguridad

de

otras

personas.

establecer una comunicación efectiva con el Peticionario,

pues no entendía el proceso.

3El

28 de noviembre de 2023, el Peticionario presentó

una moción al foro primario titulada Ante la determinación

de no procesable permanentemente el tribunal tiene dos

opciones […] en la que le solicitó al foro primario que

aplicara la Carta Circular Núm. 17 del Año Fiscal 2018-2019

del 2 de mayo de 2019 del Hon. Sigfredo Steidel Figueroa.

Véase, Apéndice Petición de certiorari, págs. 61-62.

CC-2024-0288

4

En una vista posterior, y tras escuchar la opinión del

siquiatra del Estado, el 5 de diciembre de 2023 se notificó

una Resolución y orden donde se expresó que el Peticionario

representaba un riesgo para su seguridad y la

de sus

familiares. Por tal razón, se le impuso como medida de

seguridad bajo la Regla 241 de Procedimiento Criminal,

supra,

la

permanencia

psiquiátrica

con

indefinida

orden

de

en

vistas

la

institución

trimestrales

de

seguimiento.

Insatisfecho,

el

Peticionario

recurrió

ante

el

Tribunal de Apelaciones y alegó que la medida de seguridad

es contraria al precedente reconocido en Pueblo v. Santiago

Torres, 154 DPR 291 (2001) y que, dada la circunstancia de

no procesabilidad permanente lo correcto en Derecho era

sobreseer las denuncias y liberarlo o, en la alternativa

en cuanto a su custodia, ordenarle su ingreso involuntario

a un hospital al amparo de la Ley de Salud Mental. Añadió

que la medida de seguridad se impuso sin jurisdicción por

no haberse iniciado la acción penal por medio de una

determinación

de

causa

para

arresto

y

sin

imponerse

mediante sentencia. Similarmente, arguyó que la Regla 241

de Procedimiento Criminal, supra, es inconstitucional en

cuanto provee para imponer medidas de seguridad en los casos

donde hay una determinación de no procesabilidad permanente

sin haberse celebrado un juicio y sin haber una sentencia

judicial, lo que alegó viola el principio de judicialidad

CC-2024-0288

5

bajo el Art. 10 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA

sec.

5010.4

El

foro

apelativo

intermedio

confirmó

la

Resolución y orden del foro primario.

Aun inconforme, el Peticionario acudió ante nos y

sostiene que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar

al foro primario, a pesar de que el Procurador General

reconoció en una de sus comparecencias que la determinación

de

no

procesabilidad

coincidía

con

la

aplicación

del

precedente de Santiago Torres.5 Por ello, en su Petición de

certiorari planteó que la medida de seguridad violó su

derecho fundamental al debido proceso de ley y es contraria

a la normativa aplicable. En particular, presentó dos (2)

planteamientos de error en los que incurrió el Tribunal de

Apelaciones:

1)

Error al imponer una medida de seguridad

bajo la Regla 241 de Procedimiento Criminal,

supra, sin haber una determinación de causa

probable para arresto y en violación a los

Artículos 10, 11 y 82 del Código Penal de Puerto

Rico y al Art. II, Secs. 1, 7 y 10 de la

Constitución de Puerto Rico.

2)

Error al imponer una medida de seguridad

al Peticionario luego de haber sido declarado no

procesable

permanentemente,

en

abierta

4El

referido Artículo 10 dispone: “La pena o la medida de

seguridad

se

impondrá

mediante

sentencia

judicial

exclusivamente”. Íd.

5Solicitud

de paralización en auxilio de jurisdicción,

pág. 2. El Procurador General solicitó al foro intermedio que

tomara en consideración que el Peticionario constituye un

peligro para sí y los demás, la recurrencia de la situación

entre este y sus padres, que le ordenase al foro primario a

remitir el asunto al trámite de internación civil, y que se

apercibiera para que fuera atendido con premura y apremio.

Véase, Apéndice Petición de certiorari, pág. 91.

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6

contradicción a lo establecido por la Corte

Suprema en Jackson v. Indiana, 406 U.S. 715, 738

(1972), en Pueblo v. Santiago Torres, supra, y

en violación a la Secc. 7 de la Constitución de

Puerto

Rico

y

las

Enmiendas

Quinta

y

Decimocuarta de la Constitución de los Estados

Unidos.

Establecido lo anterior, procedo a exponer brevemente

el Derecho aplicable.

II

A.

La Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra, es el

mecanismo

procesal

mediante

el

cual

se

satisface

la

exigencia constitucional de que se determine causa probable

para arrestar o detener a una persona. Pueblo v. Irizarry,

160 DPR 544, 555 (2003) (citas omitidas); Art. II, Sec. 10,

Const. ELA, Tomo 1. Es norma reconocida que la determinación

de causa probable marca el inicio de la acción penal en

nuestro ordenamiento, pues a partir de esta el tribunal

adquiere

jurisdicción

sobre

el

imputado

y

sujeta

a

responder por sus actos. Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR

601, 608 (2008); Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 555.

En este procedimiento, el juez o la jueza deberán

examinar

la

denuncia,

las

declaraciones

juradas

y/o

testigos presentados o al denunciante, y determinar si hay

causa probable para creer que se ha cometido un delito por

el imputado, en cuyo caso autorizará que se inicie una

acción penal en su contra. D. Nevares-Muñiz, Sumario de

derecho procesal penal puertorriqueño, 10ma ed. rev., San

CC-2024-0288

7

Juan, Instituto para el desarrollo del derecho, Inc., 2014,

pág. 46.

Es por ello que "[s]in esta determinación de causa

probable

el

proceso

no

puede

continuar”.

E.L.

Chiesa

Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados

Unidos, Ed. Fórum, 1993, Vol. III, pág. 23. Como resultado,

el imputado no podrá ser sometido a juicio sin previa

determinación judicial de causa probable. Íd. Así “[e]sto

se

evita

que

el

procedimiento

criminalmente

Estado

someta

criminal

sin

base

a

una

arbitrario

y

para

ello”.

persona

a

lo

encause

Pueblo

v.

un

Rivera

Martell, supra, pág. 609.

Por tanto, la determinación de causa para arresto por

un magistrado no solo inicia la acción penal, sino que

también

faculta

al

Estado

a

presentar

una

denuncia

o

acusación en contra de la persona imputada. Pueblo v. Miró

González, 133 DPR 813, 820 (1993). Es a partir de este

momento en el que la persona se encuentra “acusada” y, por

lo tanto, sujeta a contestar una acusación o denuncia en

su contra, así como “propensa a ser convicta”. Íd., citando

a United States v. Marion, 404 US 307, 313 (1971), y a

Pueblo v. Carmen Centrale, Inc., 46 DPR 494, 498 (1934).

B.

La Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, detalla

el procedimiento requerido para llevar a cabo una vista de

determinación de procesabilidad respecto a la capacidad

CC-2024-0288

8

mental o funcional del imputado. A su vez, la Regla 241 de

Procedimiento Criminal, supra, establece el procedimiento

para la imposición de medidas de seguridad. En lo pertinente

dispone:

Cuando el imputado fuere absuelto o hubiere

una determinación de no causa en vista preliminar

por razón de incapacidad mental y/o funcional, o

determinación de no procesabilidad permanente, o

se declare su inimputabilidad en tal sentido, el

tribunal conservará jurisdicción sobre la persona

y podrá decretar internarlo en una institución

adecuada para su tratamiento, si en el ejercicio

de su discreción determina conforme a la

evidencia presentada que dicha persona por su

peligrosidad constituye un riesgo para la

sociedad o que se beneficiará con dicho

tratamiento. La condición de sordera profunda,

severa, moderada o leve, ni ninguna otra

situación de hipoacusia o condición que le impida

comunicarse efectivamente, por sí sola, será

suficiente para que, en ausencia de los demás

requisitos establecidos en estas Reglas, el

tribunal conserve jurisdicción sobre la persona

y decrete su ingreso a una institución.

En caso de ordenarse internarlo, la misma se

prolongará por el tiempo requerido para la

seguridad de la sociedad y el bienestar de la

persona internada. En todo caso será obligación

de las personas a cargo del tratamiento informar

trimestralmente al tribunal sobre la evolución

del caso.

…

(d) Aplicación de la medida de seguridad. — Si

el tribunal determinare conforme a la evidencia

presentada que la persona por su peligrosidad

constituye un riesgo para la sociedad o que

habría de beneficiarse con dicho tratamiento,

dictará sentencia imponiendo la medida de

seguridad y decretando su internación en una

institución adecuada para su tratamiento.

Dicha internación podrá prolongarse por el tiempo

realmente requerido para la seguridad de la

sociedad y el bienestar de la persona internada,

sujeto a lo dispuesto en el Artículo 81 del Código

Penal de Puerto Rico.

CC-2024-0288

9

En estos casos será obligación de las personas a

cargo del tratamiento informar al tribunal

trimestralmente sobre la evolución del caso…

(Negrillas suplidas) Regla 241 de Procedimiento

Criminal, supra.

III

Es

precisamente

el

texto

de

esta

Regla

241

de

Procedimiento Criminal, supra, y su consecuencia jurídica,

la médula de la controversia en este pleito. Pues como

vemos, la referida Regla 241 permite que aún ante una

determinación de no procesabilidad permanente, el Tribunal

imponga una medida de seguridad (como la hospitalización

involuntaria

junto

a

la

imposición

de

vistas

de

seguimiento) y con ello continúe activo un procedimiento

de naturaleza penal sin apariencia de finalidad como en

este caso. Por esto, el Peticionario en esencia nos planteó

que la imposición de esta medida de seguridad en sus

circunstancias únicas y particulares, a saber, sin que se

pudiera realizar la vista de causa probable para arresto y

con una declaración de no procesabilidad permanente, viola

su derecho fundamental al debido proceso de ley y al

precedente establecido en Jackson v. Indiana, supra y en

Pueblo v. Santiago Torres, supra. Véase, además, Ruiz v.

Alcaide, 155 DPR 492, 501 (2001).

Ante este escenario, el Peticionario nos solicitó que

al amparo de la Regla 28 del Reglamento del Tribunal

Supremo,

supra,

ordenáramos

la

paralización

de

los

procedimientos en el caso penal Pueblo v. Jorge Torres

CC-2024-0288

10

Rodríguez, Crim. Núm. NSCI 2023-0124, para así permitir que

la Sala Especializada de Salud Mental pudiera continuar con

el proceso civil ya iniciado y pendiente en el caso civil

NACI 2023-0685 y también al amparo de la Ley Núm. 408-2000.

Tal y como expondré a continuación, no tengo dudas que

el sentido más básico de justicia exigía expedir el recurso

ante

nuestra

finalidad

consideración,

jurídica

procedimiento

penal

pues

el

seguir

a

una

no

tiene

sentido

ni

encausando

bajo

un

persona

no

procesable

permanentemente. Me explico.

Sabido es que la capacidad mental del acusado para

entender los procedimientos en su contra y poder ayudar a

su

defensa

asistido

por

un

abogado

se

conoce

como

procesabilidad. E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal

y la Constitución, Etapa Adjudicativa, Ediciones SITUM,

pág.46 (2018). Véase, Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228

(2010); Pueblo v. Castillo Torres, 107 DPR 551, 555 (1978).

En nuestro ordenamiento se reconoce que constituye una

violación al debido proceso de ley el encausar a una persona

que no está procesable. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR

352, 364 (2020).

En lo aquí pertinente, en Pueblo v. Santiago Torres,

supra, se dispuso que “[f]rente a una determinación de no

procesabilidad permanente de un individuo, el Estado tiene

dos (2) opciones, a saber: dejarlo en la libre comunidad o

iniciar

los

procedimientos

de

internación

civil.”

CC-2024-0288

11

(Negrillas y énfasis suplidos) Pueblo v. Santiago Torres,

supra, págs. 312-313 (citando a Jackson v. Indiana, supra,

pág. 738). No hay duda de que el Estado, bajo su poder de

parens patriae, posee un interés legítimo en: (1) cobijar

y proveerle al individuo aquel cuidado que por razón de su

condición no puede brindárselo él mismo, incluyendo un

tratamiento que mejore su condición; (2) bajo su poder

regulador (police power) proteger a la ciudadanía ante el

posible peligro que representa el individuo, y (3) prevenir

que el individuo se haga daño a sí mismo. Íd., pág. 313

(citas omitidas).

Ahora bien, en ese ejercicio, el imputado posee un

interés fundamental a que no se restrinja su libertad sin

un debido proceso de ley. Íd. A esos fines, en Pueblo v.

Santiago Torres, supra, se concluyó que durante la vista

para la determinación de procesabilidad las partes también

presentarán prueba a los efectos de determinar si, debido

a su condición mental, el imputado constituye un riesgo

para sí y para la sociedad. En caso de que el tribunal

concluir que, por razón de su estado mental, el individuo

es un riesgo para sí mismo o para otras personas, dispondrá

para

que

en

un

término

razonable

se

inicien

los

procedimientos para que reciba tratamiento en virtud de la

Ley Núm. 408-2000. En particular, se dispuso:

Es decir, en el supuesto de no procesabilidad

permanente, el tribunal, tras considerar el

grado de peligrosidad del individuo -tanto para

sí como para la sociedad- como consecuencia de

CC-2024-0288

12

su condición mental, archivará los cargos en su

contra y lo pondrá en libertad o dispondrá que

se inicien los procedimientos conforme a la Ley

de Salud Mental. Resolvemos, por tanto, que de

transcurrir un tiempo razonable sin hallar

procesable a un imputado, deberá señalarse una

vista para determinar si éste es no procesable

permanentemente. El tribunal notificará y

celebrará una vista exclusivamente a tales

fines,

en

donde

de

determinar

la

no

procesabilidad

permanente,

archivará

los

cargos, y dispondrá si lo libera o si ordena

que se proceda con los trámites de internación

civil, conforme con la Ley de Salud Mental.

(Negrillas y énfasis suplidos) Pueblo v.

Santiago Torres, supra, págs. 314-315.

Adviértase que en Pueblo v. Santiago Torres resolvimos

con

claridad

que,

ante

la

determinación

de

no

procesabilidad permanente, el Tribunal siempre tendrá que

archivar los cargos y solo tendrá discreción para decidir

si la persona no procesable será en ese momento liberada o

si,

por

el

contrario,

se

dará

curso

al

trámite

de

internación civil conforme a la Ley Núm. 408-2000. Pero

indistintamente el curso seleccionado, siempre archivando

los cargos.

Similarmente, el Profesor Chiesa Aponte nos comenta

que el Tribunal está obligado a citar a una vista final de

procesabilidad y que, si en esa vista final se hace una

determinación

de

no

procesabilidad

permanente,

“la

Constitución solo reconoce dos alternativas: (1) decretar

la libertad del acusado o (2) iniciar un procedimiento civil

para la internación no voluntaria (civil commitment). Así

lo ha resuelto categóricamente la Corte Suprema de los

CC-2024-0288

Estados

13

Unidos

en

Jackson

v.

Indiana…”.6

(Negrillas

suplidas) E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la

Constitución, Etapa Adjudicativa, supra, págs. 57-58. El

mismo curso de acción recomienda la profesora Dora NevaresMuñiz al indicar que “[d]e determinarse que la persona no

está procesable, se sobreseerán los cargos y se dispondrá

para que se inicien procedimientos bajo la Ley de Salud

Mental, de ser necesaria la internación de la persona”.

(Negrillas suplidas) D. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 171.

Adviértase que en el caso ante nuestra atención es

precisamente el procedimiento de naturaleza civil en la

Sala Especializada en Salud Mental (el cual se inició

paralelamente

al

Peticionario

nos

procedimiento

solicitó

penal)

mediante

el

el

que

el

auxilio

de

6El

análisis constitucional fue uno combinado entre

las cláusulas del debido proceso de ley y la igual

protección de leyes. En lo pertinente se dispuso:

We hold, consequently, that a person, charged by

a State with a criminal offense who is committed

solely on account of his incapacity to proceed

to trial cannot be held more than the reasonable

period of time necessary to determine whether

there is a substantial probability that he will

attain that capacity in the foreseeable future.

If it is determined that this is not the case,

then the State must either institute the

customary civil commitment proceeding that would

be required to commit indefinitely any other

citizen, or release the defendant. Furthermore,

even if it is determined that the defendant

probably soon will be able to stand trial, his

continued commitment must be justified by

progress toward that goal. Jackson v. Indiana,

supra, pág. 738.

CC-2024-0288

jurisdicción

14

que

pudiera

continuar

su

curso

dado

el

suspenso procesal en que se encuentra.

Ahora bien, tengo muy presente que Pueblo v. Santiago

Torres, supra, se resolvió antes de la enmienda a la Regla

241 de Procedimiento Criminal, supra, mediante la Ley Núm.

281-2011. En lo pertinente, la referida enmienda engendró

el escenario aquí en controversia: la imposición a una

persona no procesable permanentemente de una medida de

seguridad bajo la Regla 241 de Procedimiento Criminal, en

lugar de dar paso al proceso de internación civil bajo la

Ley Núm. 408-2000. Nos comenta el Profesor Chiesa que con

esta enmienda desafortunadamente se mezcló los efectos de

un fallo de no culpabilidad por razón de incapacidad mental

y la determinación de no procesabilidad permanentemente.

E.L.

Chiesa

Aponte,

Procedimiento

Criminal

y

la

Constitución, Etapa Adjudicativa, supra, pág. 58.

En cuanto a esto, el Profesor Chiesa menciona que la

enmienda

dispuso

una

medida

de

seguridad

al

imputado

declarado no procesable permanentemente y el continuar bajo

la jurisdicción de la sala criminal bajo una medida de

seguridad que “permite sea internado contra su voluntad en

un

hospital

de

siquiatría

forense

y

sin

seguirse

el

procedimiento de internación civil dispuesto en la Ley de

Salud Mental a la que se alude en Santiago Torres. Esto

está reñido con Jackson v. Indiana”.

Íd., págs. 58-59.

(Negrillas suplida)

CC-2024-0288

15

Similarmente, abona a mi disenso que el Comité Asesor

Permanente

de

Reglas

de

Procedimiento

Criminal

en

su

Informe de Reglas de Procedimiento Criminal, al discutir

la propuesta Regla 422 como homóloga a la actual Regla 241

proponía eliminar la referencia a la medida de seguridad

en

torno

a

la

determinación

de

no

procesabilidad

permanente. Dado que

la determinación final de no procesabilidad debe

cumplir con los estándares fijados en Jackson v.

Indiana, 406 US 715 (1972), y en Pueblo v.

Santiago Torres, supra. En conformidad, una vez

determinada

la

falta

de

procesabilidad

permanente, el tribunal tendrá a su disposición

dos alternativas: dejar en libertad a la persona

imputada

o

disponer

el

inicio

de

los

procedimientos de inter[nación] civil conforme a

la Ley de Salud Mental de Puerto Rico… Véase,

Informe de Reglas de Procedimiento Criminal,

Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de

la Conferencia Judicial y Notarial, pág. 299,

(2018).7

Por otro lado, debo mencionar que la situación fáctica

de

este

caso

instancias

y

aparenta

ser

haberse

objeto

de

repetido

confusión

en

múltiples

sustantiva

y

administrativa. Por ello, el 2 de mayo de 2019, el Hon.

Juez Sigfrido Steidel Figueroa emitió la Circular Núm. 17

del año fiscal 2018-2019,8 específicamente para explicar el

7De

hecho, la Regla propuesta disponía que las medidas

de seguridad solo se impondrían mediante sentencia judicial

en los casos de no culpabilidad por razón de inimputabilidad

por incapacidad mental o trastorno mental transitorio. Íd.,

Regla Propuesta 424, pág. 296.

8Carta

Circular Núm. 17 titulada Modelos de Formularios

sobre Resoluciones y Órdenes de Evaluación para los Casos

en los que, Conforme al Testimonio Pericial emitido en Sala,

El Tribunal Determine la Continuación de los Procedimientos

CC-2024-0288

16

procedimiento a seguirse para el manejo administrativo de

los casos atendidos en virtud de las Reglas 240 y 241 de

Procedimiento Criminal. En específico, en la Carta Circular

se dispuso lo siguiente:

Entre las situaciones evaluadas, están

aquellas que han sido motivo de revisión

judicial por el Tribunal de Apelaciones cuando

se ha decretado la no procesabilidad de una

persona en un futuro próximo (no procesabilidad

permanente). En tales situaciones, el foro

apelativo intermedio ha decidido que la Regla

241

de

Procedimiento

Criminal

deberá

interpretarse de conformidad con lo resuelto en

Jackson v. Indiana, 406 US 715 (1972) y Pueblo

v. Santiago Torres, 154 DPR 291(2001). A tenor

con ello la persona deberá dejarse en libertad

u ordenarse la internación civil al amparo de

la Ley Núm. 408-2000, según enmendada, mejor

conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto

Rico" (Ley 408 o Ley de Salud Mental). Véase,

Pueblo v. Centeno Vázquez, KLCE201701223;

Pueblo v. González Jiménez, KLCE201800490;

Pueblo v. Yanira Román Colón, KLCE201800588.

Como resultado, la Carta Circular Núm. 17 comparte

unos modelos de Resolución y orden con el propósito de

contribuir al proceso de conversión ordenada de un caso

criminal al procedimiento civil conforme los criterios de

la Ley Núm. 408-2000.9 De hecho, como mencioné, se desprende

Bajo el Ordenamiento Civil al Culminar la Medida de

Seguridad o Ante una Determinación de No Procesabilidad

Permanente (Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal).

9Por

ejemplo, el tercer Modelo es de Orden de

Evaluación bajo la Ley Núm. 408-2000(luego de determinación

de no procesabilidad permanente) e indica que se utilizará

para atender la situación en que la persona imputada o

acusada fue declarada no procesable a un futuro próximo y

la defensa solicita que se proceda conforme a lo establecido

en Jackson v. Indiana, supra y Pueblo v. Santiago, supra.

Íd., pág. 2.

CC-2024-0288

17

del expediente que al inicio del pleito criminal se refirió

al Peticionario a la Sala Especializada en Salud Mental y

se creó una bifurcación procesal respecto a su ingreso

involuntario en una institución psiquiátrica bajo la Ley

Núm.

408-2000.

Pues,

por

un

lado,

continuó

el

pleito

criminal con los intentos fallidos para llevar a cabo la

vista de causa para arresto bajo la Regla 6 de Procedimiento

Criminal, la posterior determinación de no procesabilidad

permanente

y

la

imposición

de

la

hospitalización

como

medida de seguridad bajo la Regla 241 de Procedimiento

Criminal, supra, con vistas trimestrales de seguimiento.

Por otro lado, el pleito paralelo de internación civil ante

la Sala Especializada es el que se ha visto paralizado en

la espera de la finalidad del procedimiento penal.

Conviene

Programa

de

Condiciones

recordar

que

el

Acceso

la

Justicia

de

Salud

a

Mental

Poder

para

Judicial

para

creó

el

Personas

con

precisamente

brindar

acceso a la justicia a grupos vulnerables, entre los que

se encuentran las personas con condiciones de salud mental,

incluyendo aquellos dependientes de sustancias controladas.

Como una de las iniciativas, se instauró el Proyecto para

la Atención de Asuntos en Salud Mental, mejor conocido como

las Salas Especializadas de Salud Mental. En estas se

realiza un procedimiento de naturaleza civil con enfoque

de

justicia

terapéutica

para

apartarse

del

esquema

tradicional de adjudicación, pues procura que el juez o la

CC-2024-0288

18

jueza presida con sensibilidad y con entendimiento del

proceso de tratamiento y recuperación.

Estas Salas Especializadas de Salud Mental ofrecen

seguimiento y supervisión judicial intensiva para lograr

que la persona que está sujeta a los remedios al amparo de

la Ley de Salud Mental Ley Núm. 408-2000 se adhieran a su

tratamiento y logren su rehabilitación oportuna. A su vez,

una de sus funciones es lograr la colaboración con personal

de

distintas

conseguir

la

agencias,

entidades

canalización

y

y

proveedores

coordinación

de

para

servicios

necesarios para el participante.10

En cuanto esto, el Peticionario arguyó que, desde el

26 de octubre de 2023, la Sala Especializada de Salud

Mental, tenía un plan estructurado para proveerle ayuda,

tratamiento necesario y una alternativa de traslado a un

hogar

institucional

seguridad,

los

por

cuales

no

representar

tuvieron

que

ser

un

riesgo

de

suspendidos

en

espera del cese de la medida de seguridad impuesta por la

sala penal.11

10Véase,

Programa para Acceso a la Justicia de Personas

con Condiciones de Salud Mental - Poder Judicial de Puerto

Rico.

11Surge

del expediente que el 7 de diciembre de 2023,

se llevó a cabo una vista en la Sala Especializada donde

comparecieron personal de la Administración de Servicios de

Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), del Departamento

de la Familia Local de Vieques, del Departamento de Salud,

el Coordinador Auxiliar de Programas Judiciales, la

Coordinadora de Servicios de la Región Este de MAVI, entre

otros. De la Minuta se desprende que la jueza que presidía

CC-2024-0288

19

Por otro lado, el curso de acción mayoritario pasa por

alto, además, que en varias incidencias del expediente el

Procurador General se allanó a que la sala civil sea la que

tramite

la

hospitalización

y

los

servicios

interdisciplinarios necesarios al amparo de la Ley Núm.

408-2000. De hecho, en la propia Sentencia del Tribunal de

Apelaciones se expresó:

en ese procedimiento civil, "el tribunal pautó

una vista de seguimiento para el 29 de febrero

de 2024. De ese trámite civil, en el que el

Departamento de Justicia no forma parte ni

interviene,

depende

que

el

señor

Torres

Rodríguez reciba los servicios y la ayuda que

necesita, lo que a su vez evitaría que sus

padres, personas de edad avanzada, sigan siendo

víctimas de los incidentes acaecidos con el

peticionario". Tras ello, el Procurador nos

solicitó que, ante el hecho de que el tribunal

determinó que el peticionario constituye un

peligro para sí y para los demás y la

recurrencia de la situación entre este y sus

padres, ordenemos al foro primario a remitir el

asunto al trámite de internación civil. Nos

requirió también que ordenemos que apercibamos

de la urgencia de que se atienda el asunto con

premura y urgencia.

Vemos que ambas partes nos solicitan que

el foro primario remita presente causa al

trámite de internación civil a tenor con la Ley

408-2000.12

reconoció que existían dos procesos simultáneos y entre

otras cosas ordenó a las partes a buscar un hogar permanente

de acuerdo a las discapacidades del Peticionario y ordenó

al Departamento de la Familia a auscultar y proveer una

lista de hogares que reciban personas estables en salud

mental

y

que

reciban

personas

con

diferentes

discapacidades, ya sean auditivas o de movilidad. Véase,

Minuta, Apéndice, págs. 67-70.

12(Negrillas

suplidas). Véase, Apéndice, Sentencia del

Tribunal de Apelaciones, págs. 107-108. Véase, además, una

expresión similar en el Escrito en Cumplimiento de Orden

CC-2024-0288

20

Empero, contrario a lo expresamente solicitado por

ambas partes, el foro apelativo intermedio razonó que la

determinación de la sala penal de imponer la medida de

seguridad, a pesar de no haber causa para arresto y de

existir una declaración de no procesabilidad, era razonable

y que no contravenía la Regla 241 de Procedimiento Criminal,

supra.13

En

consecuencia,

sostengo

que

erró

el

foro

intermedio al devolver a la sala criminal del foro primario

para que continuara con los señalamientos de seguimiento y

luego fuera esta sala la que decretara si refería el caso

el caso al ámbito civil.

Ello ha provocado que, al presente, el Peticionario

lleve siete (7) meses bajo una medida de seguridad impuesta

mediante Resolución en un procedimiento penal, sin una

determinación de causa probable para su arresto al amparo

de la Regla 6, estando no procesable permanentemente y

que presentó el Procurador General ante el Tribunal de

Apelaciones el 14 de febrero de 2024. Íd., págs. 79, 88 y

91.

13En reconsideración, el foro intermedio dictó una

Resolución en la que expresó que la determinación bajo la

Regla 241 constituye una medida provisional de cautela y

protección al acusado y sus familiares que no contraviene

lo resuelto en Pueblo v. Santiago Torres, supra. Véase,

Resolución del Tribunal de Apelaciones del 12 de abril de

2024, Apéndice, pág. 137. Además, la Resolución cita en

apoyo Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 366 (2020).

Sin embargo, advertimos que dicho caso se trataba de una

controversia puntual bajo la Regla 192.1 de Procedimiento

Criminal, supra, (procedimiento posterior a Sentencia) y

nada se expresó cuando la declaración de no procesabilidad

es permanente como en la situación de autos.

CC-2024-0288

21

mientras el procedimiento civil en la Sala Especializada

de Salud Mental continúa en suspenso en espera del cese de

la medida de seguridad.

Todas estas circunstancias fácticas contravienen el

debido proceso que cobija al Peticionario y son contrarias

a

nuestra

supra.14

determinación

Ello,

por

en

sí

Pueblo

v.

Santiago

solo,

justificaba

Torres,

nuestra

intervención, pues el Peticionario no debe estar sujeto a

un procedimiento penal, sino que, dada las circunstancias

previamente reseñadas, el caso debía ser convertido al

procedimiento

civil

mediante

el

trámite

administrativo

instaurado para ello y el cual el foro primario erró en no

utilizar en este caso. De esta forma, quedó imposibilitado

que la Sala Especializada en Salud Mental, en conjunto con

los

recursos

interdisciplinarios,

canalizaran

el

tratamiento y los servicios necesarios.

En consecuencia, y contrario a lo determinado hoy por

una

mayoría

de

este

Tribunal,

estoy

convencido

que

resultaba necesario expedir el recurso de certiorari y

trabajarlo mediante un trámite acelerado toda vez que el

Peticionario continúa sin recibir el tratamiento y los

servicios más adecuados bajo la supervisión de la Sala

Especializada. De igual forma resultaba indispensable la

14Véase

también Pueblo v. Méndez Pérez, 193 DPR 781

(2015) donde se reconoció que incluso la reclusión en un

hospital constituye una privación de la libertad bajo el

poder coercitivo del Estado. Íd., pág. 793.

CC-2024-0288

22

paralización del procedimiento penal, a fin de que el

procedimiento en la Sala Especializada de Salud Mental

prosiguiera

sin

mayores

escollos

procesales.

De

esta

manera, el Peticionario continuaría bajo la jurisdicción

aplicable de la Sala Especializada y bajo los remedios de

provistos en la Ley Núm. 408-2000.

En

fin,

este

Tribunal

falló

en

reconocer

que

el

Peticionario continúa sujeto a un procedimiento penal: (1)

sin una determinación de causa para arresto, (2) estando

no procesable permanentemente y (3) sin que su caso penal

fuera archivado y convertido al curso civil mediante el

trámite administrativo dispuesto para ello por medio de la

internación civil bajo la Ley Núm. 408-2000, y en este caso

particular en la Sala Especializada de Salud Mental. Como

no puedo avalar este derrotero, disiento.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado