Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo v. Negrón Ramírez
2024 TSPR 41
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo v. Negrón Ramírez
CC-2023-0210
23 de abril de 2024 · Hon. Ángel Colón Pérez · Derecho Penal – No procede sustituir el criterio del juzgador de los hechos cuando la prueba testifical estuvo basada, entre otras, en movimientos, gestos y demostraciones no verbales en corte, y no concurren las excepciones para apartarse de esta norma de revisión judicial.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2024 TSPR 41
Efrén A. Negrón Ramírez
213 DPR ___
Recurrido
Número del Caso:
Fecha:
CC-2023-0210
23 de abril de 2024
Tribunal de Apelaciones:
Panel Especial
Oficina del Procurador General:
Hon. Fernando Figueroa Santiago
Procurador General
Lcda. Mabel Sotomayor Hernandez
Subprocuradora General
Lcdo. Omar Andino Figueroa
Subprocurador General
Lcda. Marie Díaz De León
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Liza M. Delgado González
Procuradora General Auxiliar
Abogada de la parte recurrida
Sociedad para Asistencia Legal:
Lcda. Marangely González Correa
Materia:
Derecho Penal – No procede sustituir el criterio del
juzgador de los hechos cuando la prueba testifical estuvo basada,
entre otras, en movimientos, gestos y demostraciones no verbales en
corte, y no concurren las excepciones para apartarse de esta norma
de revisión judicial.
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de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2023-0210
Certiorari
Efrén A. Negrón Ramírez
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico a 23 de abril de 2024.
En el presente caso nos corresponde determinar
si
el
Tribunal
de
Apelaciones
erró
al
revocar
parcialmente una Sentencia emitida por el Tribunal
de
Primera
Instancia,
Sala
Superior
de
Ponce,
mediante la cual un Jurado encontró al Sr. Efrén
Negrón Ramírez (en adelante, “señor Negrón Ramírez”)
culpable, entre otros delitos, de incesto. Artículo
131 del Código Penal de Puerto Rico, infra. Lo
anterior, basado en que, a juicio del foro apelativo
intermedio, la prueba testifical presentada por el
Ministerio Público durante los procesos celebrados
en el Tribunal de Primera Instancia, -- examinada
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por dicho foro a través de la transcripción presentada ante
sí --, y que fuese en su día percibida y creída por el
Jurado, no probó más allá de duda razonable el elemento
esencial de penetración del delito de incesto, por el cual
se le acusaba al señor Negrón Ramírez.
Adelantamos que, luego de un examen de la transcripción
de la prueba desfilada en corte, así como del derecho
aplicable,
revocamos
la
determinación
del
Tribunal
de
Apelaciones y, en consecuencia, reinstalamos en su totalidad
el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia
mediante
el
cual
se
encontró
culpable
al
señor
Negrón
Ramírez de todos los delitos imputados en su contra. Esto,
y como se expondrá más adelante, por entender que, en lo
relacionado al delito de incesto por el cual fue encontrado
culpable este último, el foro apelativo intermedio abusó de
su discreción al sustituir la apreciación de la prueba
testifical que -- en el caso de marras -- realizó el Jurado,
sin que concurrieran para ello las excepciones reconocidas
por nuestro ordenamiento jurídico.
Máxime, cuando, bajo los hechos particulares de este
caso, y en lo referente al delito de incesto por el cual se
le acusó al señor Negrón Ramírez, la prueba testifical
desfilada ante el foro primario estuvo basada, entre otras,
en movimientos, gestos y demostraciones no verbales que hizo
la testigo en corte y que fueron vistos, correctamente
apreciados y creídos por el juzgador de hechos. Lo cual,
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según determinó el Jurado, demostró -- más allá de duda
razonable
--
que
el
señor
Negrón
Ramírez
realizó
una
penetración vaginal digital según tipificada en el Artículo
131 del Código Penal de Puerto Rico, infra. Veamos.
I.
Los
hechos
que
dieron
margen
al
presente
proceso
criminal se remontan a los meses de agosto de 2007, el verano
del año 2009, y los primeros meses del año 2016. Por hechos
ocurridos en esas fechas, el Ministerio Público presentó,
en contra del señor Negrón Ramírez, un total de seis (6)
denuncias. En específico, se le imputaron: una violación al
Artículo 144(a) del derogado Código Penal de Puerto Rico de
2004, 33 LPRA ant. sec. 4772 (actos lascivos); tres (3)
infracciones al Artículo 133(a) del Código Penal de Puerto
Rico de 2012, 33 LPRA sec. 5194 (actos lascivos); una
violación al Artículo 131 del Código Penal de Puerto Rico
de 2012, infra (incesto); y una infracción al Artículo 75
de la derogada Ley para el Bienestar y Protección Integral
de la Niñez, Ley Núm. 177-2003. 8 LPRA ant. sec. 450c. Esto,
luego de que el señor Negrón Ramírez hubiese sometido a dos
sobrinas suyas a actos constitutivos de los ya referidos
delitos.1
En síntesis, y en lo pertinente a la controversia que
nos ocupa, relativa al delito de incesto, el Ministerio
Dado que la controversia planteada ante nos atañe únicamente lo
referente al delito de incesto, prescindiremos de reseñar los hechos
relativos a los demás delitos imputados.
1
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Público alegó que, para principios del año 2016, el acusado
señor Negrón Ramírez llevó a cabo una penetración vaginal
digital contra la menor TIRN de once (11) años de edad, su
sobrina. En específico, se adujo que éste, colocando su mano
por debajo de la ropa interior de ésta, introdujo sus dedos
en la vagina de la menor, haciendo movimientos de arriba
hacia abajo.
Presentadas
habiéndose
las
determinado
correspondientes
causa
probable
denuncias,
en
las
y
etapas
anteriores a juicio, se dio inicio al juicio penal en su
fondo durante el mes de diciembre de 2021. Cabe señalar que
el referido juicio se celebró ante un panel de jurados.
En cuanto a la prueba testifical presentada por el
Ministerio Fiscal, la misma se basó en los testimonios de
la señora GSR; la señora ERMN; la señora MNR; la agente de
la Policía de Puerto Rico, Amarilis Sotomayor Pérez; y el
testimonio de la menor TIRN y el de la joven NIRN. Éstas
últimas dos, víctimas de los delitos imputados. Por su
parte,
el
acusado
presentó
como
prueba
de
defensa
el
testimonio de la señora AMRR, su madre.
Desfilada y evaluada la totalidad de la prueba, el
Jurado rindió un veredicto unánime de culpabilidad en todos
los delitos imputados al señor Negrón Ramírez.
Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia dictó
sentencia contra el ahora convicto señor Negrón Ramírez,
condenándolo a satisfacer una pena de setenta y dos (72)
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años y seis (6) meses de prisión. Esto, luego de aplicar las
disposiciones del Código Penal relativas al concurso real
de delitos, Art. 71 (b), Código Penal de Puerto Rico, 33
LPRA sec. 5104; y de imponer el correspondiente aumento en
la pena debido a la reincidencia simple que fuera aceptada
antes del juicio por el entonces acusado.
Inconforme con dicho resultado, el señor Negrón Ramírez
presentó
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones
una
Apelación
criminal. En ésta, se limitó a realizar dos señalamientos
de error, a saber: (1) erró el juzgador de hechos al emitir
un
veredicto
de
culpabilidad
cuando
no
se
probó
la
culpabilidad del acusado más allá de duda razonable; y, más
en específico, (2) que el Ministerio Público no probó el
elemento esencial de penetración del delito de incesto y,
por
tanto,
no
rebatió
la
presunción
de
inocencia
que
cobijaba al señor Negrón Ramírez. Véase, Apéndice de la
Petición de certiorari, pág. 26.
En oposición, el Pueblo de Puerto Rico compareció ante
el foro apelativo intermedio mediante su Alegato del Pueblo.
En síntesis, el Procurador General sostuvo que el Ministerio
Público logró probar su caso más allá de duda razonable, -en todos los delitos imputados al señor Negrón Ramírez --,
razón por la cual la determinación del foro de instancia
debía sostenerse ante la ausencia de pasión, parcialidad,
prejuicio o error manifiesto.
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Así pues, evaluados los alegatos de las partes y la
transcripción de la prueba testifical del caso, el Tribunal
de Apelaciones emitió una Sentencia mediante la cual, si
bien confirmó las convicciones emitidas por el Tribunal de
Primera Instancia en cuanto a todos los cargos por el delito
de actos lascivos y el cargo por el delito de maltrato de
menores imputados, revocó la convicción en cuanto al delito
de incesto.
En cuanto a este último delito, el foro apelativo
intermedio razonó que la prueba testifical presentada por
el Ministerio Público durante el juicio, -- examinada por
dicho foro a través de la transcripción presentada ante sí
--, y que fuese en su día percibida y creída por el Jurado,
no probó más allá de duda razonable el elemento esencial de
penetración del delito de incesto. Por tanto, el Tribunal
de Apelaciones entendió que procedía la revocación de la
convicción por dicho delito al existir ausencia de prueba
sobre los elementos del mismo.
Insatisfechos
Ministerio
con
Público,
esta
como
la
determinación,
defensa
del
tanto
señor
el
Negrón
Ramírez, presentaron sendas mociones de reconsideración. Sin
embargo,
ambas
fueron
denegadas
por
el
Tribunal
de
Apelaciones.
No
conformes
con
el
proceder
del
foro
apelativo
intermedio, el Pueblo de Puerto Rico, representado por el
Procurador General, comparece ante esta Curia mediante una
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Petición de certiorari. En síntesis, éste nos solicita que
revoquemos la determinación del Tribunal de Apelaciones y
reinstalemos, en su totalidad, la sentencia dictada por el
Tribunal de Primera Instancia. En la alternativa, nos insta
a que modifiquemos la Sentencia del Tribunal de Apelaciones
para encontrar culpable al señor Negrón Ramírez por el
delito de actos lascivos, un delito menor incluido en el de
incesto,
según
Procurador
alega
General
señalamientos
de
el
Procurador.
destaca
error
en
fines
el
siguientes
dos
(2)
determinación
del
foro
los
la
A
esos
apelativo intermedio:
[1] El Tribunal de Apelaciones cometió un craso
error de derecho al sustituir – con una simple
transcripción – la valoración que el Jurado
realizó de la prueba y revocar la convicción del
señor Negrón Ramírez por el delito de incesto,
tipificado en el Código Penal de Puerto Rico, tras
erróneamente concluir que no hubo penetración.
[2] El Tribunal de Apelaciones incidió crasamente
al exonerar de culpa al recurrido del delito de
incesto, en lugar de ejercer su facultad bajo la
Regla 213 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.
II, aplicada en Pueblo v. Candelario Couvertier,
100 DPR 159 (1971) y Pueblo v. Ayala García,
[…][186 DPR 196 (2012)] y hallarlo culpable del
delito de actos lascivos, un delito menor
incluido. Pág. 16 de la Petición de certiorari.
Por su parte, la defensa del señor Negrón Ramírez
comparece ante nos mediante un Alegato del recurrido y nos
solicita que confirmemos la determinación del Tribunal de
Apelaciones. En esencia, la defensa arguye que habiendo sido
revocada la convicción por el delito de incesto, el señor
Negrón Ramírez está protegido contra la reinstalación de la
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misma en virtud de la protección constitucional contra la
doble exposición. De igual forma, sostiene que el Ministerio
Público no probó más allá de duda razonable los elementos
del delito de incesto, puesto que, durante el juicio, no se
presentó prueba sobre el elemento de penetración.
Expedido el auto, y contando con el beneficio de la
comparecencia
de
ambas
partes,
estamos
en
posición
de
resolver. Procedemos, pues, a así hacerlo, no sin antes
expresar
que,
debido
a
que
no
es
pertinente
para
la
adjudicación y la determinación a la que llegamos en este
caso, no discutiremos el segundo señalamiento de error que
hiciere el Pueblo de Puerto Rico en el que se plantea que,
en la alternativa, debía encontrarse al señor Negrón Ramírez
culpable
del
delito
de
actos
lascivos,
un
delito
alegadamente menor incluido en el de incesto.
II.
A.
El delito de incesto se encuentra tipificado en el
Artículo 131 del Código Penal de Puerto Rico (en adelante,
“Código Penal”). 33 LPRA sec. 5192. El mismo dispone que
incurrirán en la comisión de dicho delito las personas que
teniendo “una relación de parentesco, por ser ascendiente o
descendiente, por consanguinidad, adopción o afinidad, o
colateral por consanguinidad o adopción, hasta el tercer
grado, o por compartir o poseer la custodia física o patria
potestad”,
realicen,
a
propósito,
con
conocimiento
o
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temerariamente, un acto orogenital o una penetración sexual
vaginal o anal, ya sea ésta genital, digital o instrumental.
Íd.
Sobre el acto sexual prohibido, el Código Penal, en su
Artículo
132,
también
dispone
que,
“cualquier
acto
orogenital o penetración sexual, vaginal o anal, ya sea
ésta genital, digital o instrumental, por leve que sea,
bastará para consumar el delito [de incesto]”. 33 LPRA sec.
5192.2 Esto es así debido a que el bien jurídico tutelado
por el referido delito es la integridad física, síquica y
emocional de la víctima, al igual que su dignidad. Íd.
Conforme a ello, entre los elementos objetivos del
delito de incesto se encuentran: (1) que se configure alguna
de las conductas sexuales tipificadas y (2) que las personas
actoras se encuentren dentro de los grados de parentesco
prohibidos por el artículo penal. D. Nevares Muñiz, Código
Penal de Puerto Rico, comentado, 4ta ed., San Juan, Inst.
Desarrollo del Derecho, 2019, pág. 220.
B.
De otra parte, es materia conocida que, en nuestro
ordenamiento jurídico, para que una persona acusada sea
encontrada
culpable
por
la
comisión
de
un
delito,
es
necesario que el Ministerio Público presente prueba sobre
Sobre el particular, este Tribunal ha expresado desde hace más de un
siglo que para determinar que hubo una penetración sexual bastará la
más “ligera penetración”, por más leve que sea. Véase, Pueblo v. Cancel,
13 DPR 178, 186 (1907); Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306, 317 (1991)
(Sentencia).
2
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cada uno de los elementos del mismo, así como de su conexión
con el acusado y sobre la intención criminal de este último
(entiéndase, el elemento subjetivo del delito). Pueblo v.
Santiago Collazo y otros, 176 DPR 133, 142 (2009); Pueblo
v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000); Pueblo en el
interés del menor F.S.C., 128 DPR 931, 941 (1992). En lo que
respecta al elemento subjetivo del delito de incesto, el
Código Penal dispone que es necesario probar que la persona
ha incurrido en la conducta prohibida “a propósito, con
conocimiento o temerariamente”. Véanse, Artículos 21 y 22
del Código Penal, 33 LPRA secs. 5034 y 5035.
Así pues, para lograr una convicción por el delito de
incesto, el Ministerio Público viene obligado a presentar
prueba suficiente sobre: (1) la existencia de una relación
de parentesco dentro de los grados prohibidos entre la
víctima y el victimario; (2) la realización de cualquier
acto orogenital o de una penetración sexual vaginal o anal,
ya sea ésta genital, digital o instrumental, por más leve
que sea; y (3) el elemento subjetivo en la comisión del
delito imputado, -- es decir, que el mismo se efectuó a
propósito, con conocimiento o temerariamente --.
Ahora bien ¿cuándo ocurre esa penetración por más leve
que sea? ¿es necesario que se trate de una penetración total
dentro de la cavidad vaginal de la víctima? Al respecto,
basta
con
señalar
que
el
traspaso
más
mínimo
superficie
vaginal
(lo
que
vendría
siendo
los
de
la
labios
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11
exteriores del órgano reproductor femenino) es suficiente
para constituir la penetración tipificada en el delito de
incesto. En ese sentido, nos resulta sumamente persuasiva
cierta sentencia dictada por el Tribunal Supremo de España
el 27 de mayo de 2021.
En dicho caso, -- uno que involucraba una agresión
sexual
vaginal
cometida
digitalmente
--,
el
referido
Tribunal contestó a la pregunta de “¿hasta dónde debe
producirse la introducción [digital] para ser considerada
penetración?” sosteniendo que habría una penetración “ante
el contacto de acceso a la zona interna vaginal por leve
que este sea, ya que no se puede exigir un ‘acceso total’,
bastando el acceso a la zona interna sexual femenina”. STS,
454/2021 27 mayo 2021.3
El Tribunal Supremo de España en su ilustre sentencia añade que “todo
lo que sea un exceso, por leve o breve que sea, de superación de la
‘horizontalidad’ en la zona sexual femenina supone la existencia de
agresión sexual […], por considerar que hubo penetración, sin poder
exigirse que sea un acceso total y absoluto”. STS 454/2021 27 mayo
2021. De igual manera, y sobre el significado de “horizontalidad” del
órgano reproductor femenino, el alto foro español sostiene que “debe
entenderse por ‘horizontalidad’ la zona superficial referida al mero
tocamiento externo, suponiendo la superación de la barrera de la
horizontalidad, por leve que sea ese acceso o contacto, una penetración.
No se puede exigir, por ello, ni más ni menos, sino el ‘acceso
suficiente’ para entender que ya se irrumpe en la zona sexual de la
mujer por leve que sea el contacto o acceso”. Íd.
3
De igual modo, otras jurisdicciones estatales de los Estados Unidos
han llegado a la misma conclusión. Así, por ejemplo, la Corte de
Apelaciones del estado de Georgia, ha concluido que la más ligera
penetración, incluyendo la entrada a la zona anterior a la cavidad
vaginal es suficiente para probar el elemento esencial de penetración
en el delito de incesto. Raymond v. State, 232 Ga. App. 228, 229 (1998)
(“We believe that slight penetration, including entry of the anterior
of the organ, is sufficient to meet the intercourse element of the
incest statute”). Por su parte, la Corte de Apelaciones del estado de
Indiana ha resuelto que, para probar el elemento de penetración en el
delito de incesto, no es necesaria la penetración de la vagina, sino
que basta con que el órgano sexual femenino sea traspasado. Winters v.
State, 727 N.E. 2d. 758, 760 (Ind. Ct. App. 2000) (“Indiana law does
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12
III.
Establecido lo anterior, precisa señalar aquí que, de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución del Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
“en
todos
los
procesos
criminales, el acusado disfrutará del derecho […] a gozar
de la presunción de inocencia”. Art. II, Sec. 11, LPRA Tomo
1, ed. 2023, pág. 359. Es por ello que, en lo relativo a los
procesos judiciales penales, suele decirse que el Estado es
quien tiene el peso de la prueba. Pueblo v. Toro Martínez,
200 DPR 834, 856 (2018); Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156
DPR 780, 787 (2002); In re Winship, 397 U.S. 358, 364 (1970).
Para rebatir la presunción de inocencia, la prueba que
presente el Ministerio Público debe ser una que satisfaga
el
estándar
probatorio
máximo
en
nuestro
ordenamiento
jurídico. Es decir, la prueba presentada por el Estado debe
ser una que demuestre la comisión de los hechos imputados
más allá de duda razonable. Véase, Regla 110(f) de Evidencia
de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI; Pueblo v. De León Martínez,
132 DPR 746, 764 (1993); In re Winship, supra, pág. 364.
Específicamente, en otras ocasiones hemos mencionado que la
prueba suficiente para derrotar la presunción de inocencia
que cobija a un acusado es aquella que permite hallar a un
ciudadano culpable de la comisión de un delito al probar,
más allá de duda razonable, todos los elementos del delito
not require that the vagina be penetrated, only that the female sex
organ be penetrated”).
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y la conexión del acusado con éstos. Pueblo v. Toro Martínez,
supra, págs. 855-856; Pueblo v. Colón Castillo, 140 DPR 564,
581 (1996); Pueblo en el interés del menor F.S.C., supra,
pág. 941.
La prueba así presentada, sin embargo, no supone la
necesidad u obligación de probar la comisión del delito con
certeza matemática. Pueblo v. Toro Martínez, supra, pág.
856; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 71 (1991);
Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 761 (1985). Lo que
se
exige,
como
satisfactoria
y
imperativo
suficiente
constitucional,
en derecho
[…]
es
“prueba
que
produzca
certeza o convicción moral en una conciencia exenta de
preocupación o en un ánimo no prevenido”. (Énfasis nuestro).
Pueblo v. Toro Martínez, supra, pág. 856. Así pues, para
derrotar la presunción de inocencia y probar la comisión de
un delito más allá de duda razonable, no se requiere que
toda duda posible tenga que ser destruida, sino que se
derrote la duda razonable, la que vendría siendo aquella
duda fundada en el raciocinio de todos los elementos de
juicio envueltos en el caso y que no constituye una duda
especulativa o imaginaria. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR
129, 175 (2011); Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, págs. 760761; Pueblo v. Gagot Mangual, 96 DPR 625, 627 (1968).
Por otro lado, y como ya habíamos mencionado, la prueba
presentada por el Ministerio Público debe probar todos los
elementos del delito y la conexión del imputado con el
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14
referido delito. Por ello, la carencia de prueba sobre
alguno
de
los
elementos
del
delito
implicaría
el
incumplimiento por parte del Estado con su carga probatoria
y supondría la absolución del acusado respecto al delito
imputado.
Esta determinación, de si se satisfizo el estándar
probatorio correspondiente, -- y, por ende, si se probó la
culpabilidad del acusado más allá de duda razonable--, es
una que corresponde inicialmente al juzgador de hechos,
quien vendrá llamado a evaluar y aquilatar la evidencia
presentada ante sí para determinar cuáles hechos han quedado
probados o establecidos. Regla 110 de Evidencia, supra.
Véase, Pueblo v. Toro Martínez, supra, pág. 858; Pueblo v.
Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 98 (2000); Pueblo v. Torres
Rivera, 137 DPR 630, 641 (1994). En casos criminales con
derecho a juicio por Jurado, esta función le corresponde al
Jurado,
el
cual
está
constitucionalmente
encomendado
a
recibir la prueba, adjudicar los hechos en base a ésta y
aplicar el derecho según le instruya el tribunal. Pueblo v.
Santa Vélez, 177 DPR 61, 65-66 (2009); Pueblo v. Negrón
Ayala, 171 DPR 406, 414 (2007). Véase, E. Chiesa Aponte,
Procedimiento
Criminal
y
la
Constitución:
etapa
adjudicativa, San Juan, Ediciones Situm, 2018, pág. 490.
Conforme a ello, si en virtud de la prueba presentada
por el Ministerio Público, el juzgador de hechos estima que
se han probado más allá de duda razonable todos los elementos
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15
del delito y
la
conexión de
éstos con el
acusado, la
obligación del juzgador es encontrar al acusado culpable del
delito
imputado.
Ahora
bien,
el
acusado
que
así
fuere
convicto tendrá el derecho de apelar su convicción ante un
tribunal de superior jerarquía, el cual podrá pasar juicio
sobre la determinación de culpabilidad hecha por el Tribunal
de Primera Instancia. Regla 193 de Procedimiento Criminal,
34 LPRA Ap. II. Esto debido a que, como hemos intimado en
el
pasado,
la
apreciación
que
hace
un
juzgador
de
la
evidencia desfilada durante un juicio criminal y la eventual
determinación de culpabilidad, son una cuestión mixta de
hecho y de derecho que es revisable en apelación por un
tribunal de mayor jerarquía. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR
645, 653 (1986); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 DPR 608, 621
(1981); Pueblo v. Serrano Nieves, 93 DPR 56, 60 (1966).
Sin embargo, esta facultad no constituye una carta
blanca para que los tribunales apelativos revoquemos, sin
más, los fallos o veredictos emitidos por un tribunal de
instancia.
Esto,
debido
a
que,
como
exponemos
a
continuación, en nuestro ordenamiento jurídico impera una
norma general de deferencia a la apreciación de la prueba y
las determinaciones de hechos que realiza el foro juzgador,
y solo reconoce contadas excepciones en las que un tribunal
apelativo podrá intervenir con éstas y sustituir el criterio
del foro primario por el suyo. Pueblo v. Rivera Montalvo,
205 DPR 352, 373 (2020); Pueblo v. Santiago Collazo y otros,
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16
supra, págs. 144-148; Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156 DPR
780, 815 (2002).
IV.
Sobre esto último, en el pasado hemos expresado que
cuando
se
cuestiona
la
suficiencia
de
la
evidencia
presentada en un juicio y se destaca -- con miras a obtener
la revocación de una convicción -- que el foro primario erró
en su apreciación y aquilatamiento de la prueba, “el alcance
de
nuestra
función
revisora
está
limitado
por
consideraciones de extrema valía”. Pueblo v. Toro Martínez,
supra,
pág.
857.
Dicho
precepto,
surge
del
principio
cardinal de la revisión apelativa en cuanto a la deferencia
que se ha de dar a las determinaciones de hechos realizadas
por el Tribunal de Primera Instancia. Así, hemos manifestado
que “nuestro esquema probatorio está revestido por un manto
de deferencia hacia las determinaciones que realizan los
juzgadores
de
primera
instancia
en
cuanto
a
la
prueba
testifical que se presenta ante ellos”. Pueblo v. Arlequín
Vélez, 204 DPR 117, 146-147 (2020) (citando a Pueblo v. Toro
Martínez, supra, pág. 857).
Dicha deferencia emana del hecho de que los juzgadores
de
instancia
se
encuentran
en
una
mejor
posición
para
evaluar, aquilatar y adjudicar la prueba presentada ante
ellos. Pueblo v. Toro Martínez, supra, págs. 857-858; Pueblo
v. García Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011); Pueblo v. Bonilla
Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). Esto cobra mayor vigencia
CC-2023-0210
17
cuando se trata de la prueba testifical (oral) desfilada en
el juicio. Después de todo, son los juzgadores de hechos los
que pueden oír y apreciar la forma de declarar de los
testigos,
así
como
su
comportamiento.
Pueblo
v.
Toro
Martínez, supra, pág. 858; Pueblo v. García Colón I, supra,
pág. 165; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, págs. 6263.
Al respecto, cabe destacar que, si bien la “suficiencia
de la prueba” es algo que no
debe confundirse con la
“apreciación
realiza
de
la
prueba”
que
el
juzgador
de
hechos, lo cierto es que muchas veces el planteamiento sobre
insuficiencia de la prueba es
uno que se reduce a la
credibilidad que se le da a los testigos y a la apreciación
que hace el juzgador de instancia sobre la prueba desfilada
ante sí. E. Rivera García, El juez constitucional del siglo
XXI: reflexiones sobre los criterios de revisión judicial,
4 P.R. Law. Ass’n. L. Rev. 67, 77-79 (2019). Véase, Pueblo
v. Toro Martínez, supra, pág. 857. Conforme a ello, podemos
decir
que
esto
insuficiencia
de
se
debe
prueba
a
que
suele
el
planteamiento
usarse
para
de
atacar,
precisamente, la valorización que hace el juzgador de hechos
de la prueba que se le presenta. A esos fines,
hemos
expresado que cuando los planteamientos sobre insuficiencia
de prueba se reducen a uno de credibilidad de testigos
(apreciación de la prueba), también seremos deferentes con
los foros de instancia. Pueblo v. Toro Martínez, supra, pág.
CC-2023-0210
18
857; Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 640-641 (1994);
Pueblo v. Hernández Mercado, 126 DPR 427, 446 (1990).4
Cónsono con lo anterior, este Tribunal ha manifestado
que la deferencia debida a los foros de instancia se extiende
tanto a la adjudicación de credibilidad que éstos realizan
sobre
los
testigos
que
declaran
ante
sí,
como
a
las
determinaciones de hechos realizadas por el juzgador. Pueblo
v. Toro Martínez, supra, pág. 858; Trinidad v. Chade, 153
DPR 280, 291 (2001); Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630,
640-641
(1994).
deferencia,
es
Como
excepción
a
este
norma
conocida
que,
en
principio
de
cuanto
la
a
apreciación de la prueba documental que se haya presentado
en un juicio, los foros apelativos estamos en las mismas
condiciones que el tribunal de instancia para intervenir y
apreciar de novo dicha prueba. Díaz García v. Aponte Aponte,
125 DPR 1, 13 (1989); Ramírez, Segal & Latimer v. Rojo
Rigual, 123 DPR 161, 166 esc. 1 (1989); Ortiz v. Cruz Pabón,
supra, pág. 947.
La diferencia esencial entre planteamientos de “insuficiencia de
prueba” y “apreciación de la prueba” estriba en que, en el primer
escenario, el tribunal apelativo solo viene llamado a considerar si,
ante la totalidad de la prueba correctamente admitida en corte, ésta
fue suficiente para satisfacer el estándar probatorio correspondiente.
En estos casos, al tratarse de una cuestión de suficiencia, el tribunal
revisor estará en una posición más apta para intervenir con la
determinación del foro inferior. Por otro lado, ante planteamientos de
“apreciación de la prueba”, lo que se cuestiona es el aquilatamiento
de la prueba que hubiera hecho el juzgador de hechos. En dichos casos,
los foros apelativos vienen obligados a ser deferentes a las
determinaciones realizadas por el foro de instancia y solo intervendrán
cuando estén presentes las excepciones reconocidas por el ordenamiento
jurídico. Véase, E. Rivera García, El juez constitucional del siglo
XXI: reflexiones sobre los criterios de revisión judicial, 4 P.R. Ass’n.
L. Rev. 67, 77-78 (2019).
4
CC-2023-0210
19
Sin embargo, y como ya habíamos adelantado, cuando en
una apelación una parte cuestiona la validez de un fallo o
veredicto contrario a sus intereses, aludiendo a que el
juzgador de hechos erró en su apreciación de la prueba
testifical presentada en el juicio, es norma harta conocida
que, de ordinario, un tribunal apelativo no intervendrá con
dichas determinaciones, a no ser que el foro sentenciador
haya incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad o error
manifiesto
en
la
apreciación
de
la
prueba.
Pueblo
v.
Hernández Doble, 210 DPR 850, 864 (2022); Pueblo v. Toro
Martínez, supra, pág. 858; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780,
789 (2002). A esos fines, este Tribunal ha definido el
concepto de “pasión, prejuicio y parcialidad” como aquellas
inclinaciones personales de tal intensidad que llevan a un
juzgador a actuar movido por éstas y a adoptar posiciones,
preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus
causas, sin admitir cuestionamientos sobre las mismas y sin
importar la prueba que se haya presentado en el juicio.
Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., 209
DPR 759, 779 (2022); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352,
374 (2020); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750,
782 (2013).
Por otro lado, en cuanto al significado de “error
manifiesto”, hemos expresado que un juzgador incurre en
semejante error y en una determinación claramente errónea
si,
aun
habiendo
alguna
prueba
que
sostenga
las
CC-2023-0210
20
determinaciones de hechos del tribunal, el foro revisor
razona
que
se
cometió
un
error,
“como
cuando
las
conclusiones están en conflicto con el balance más racional,
justiciero
y
jurídico
de
la
totalidad
de
la
evidencia
recibida”. (Énfasis nuestro). Dávila Nieves v. Meléndez
Marín, supra, pág. 772. Esto, luego del correspondiente
análisis de la totalidad de la evidencia presentada en
corte. Íd.
Asimismo, en Pueblo v. Santiago Collazo et als., 176
DPR
133,
consabida
147-148
norma
(2009),
de
sostuvimos
deferencia,
que,
salvo
la
además
de
la
presencia
de
prejuicio, parcialidad o pasión en la determinación del foro
primario,
un
tribunal
apelativo
podrá
revocar
la
determinación de culpabilidad realizada por un juzgador de
hechos si “la prueba no concuerda con la realidad fáctica,
es increíble o es imposible”. Véase, además, Pueblo v.
Arlequín Vélez, supra, pág. 148.
Por
último,
un
tribunal
apelativo
también
podrá
intervenir con las determinaciones de hechos y apreciación
de la prueba que realice el juzgador de primera instancia
si se demuestra que éste incurrió en un abuso de discreción
al apreciar y adjudicar la prueba presentada ante sí. Pueblo
v. Rivera Montalvo, supra, pág. 373; Pueblo v. Soto Molina,
191 DPR 209, 227 (2014); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR
203, 212 (1990). A tales efectos, hemos manifestado que se
incurre en abuso de discreción cuando,
CC-2023-0210
21
el juez: (1) ignora sin fundamento algún hecho
material importante que no podía pasar por alto;
(2) concede demasiado peso a un hecho inmaterial
y funda su decisión principalmente en ese hecho
irrelevante, o (3) a pesar de examinar todos los
hechos del caso, hace un análisis liviano y la
determinación resulta irrazonable. Pueblo v.
Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 374 (2020).
Cónsono con lo anterior, un tribunal apelativo incurre
también en abuso de discreción si sustituye el criterio de
apreciación de la prueba realizado por el juzgador de hechos
en el foro de instancia, o las determinaciones de hechos
realizadas
por
éste,
sin
haber
mediado
prejuicio,
parcialidad, pasión o error manifiesto.
Cabe destacar que esta norma de deferencia apelativa
es aplicable con igual rigor cuando lo que se tiene ante
consideración
del
foro
culpabilidad
emitido
por
revisor
un
es
Jurado.
un
veredicto
Pueblo
v.
de
Colón
Castillo, 140 DPR 564, 580 (1996); Pueblo v. Rivera Robles,
121 DPR 858, 869-870 (1988); Pueblo v. Cabán Torres, supra,
págs.
653-654.
Es
decir,
los
foros
apelativos
venimos
obligados a prestar deferencia a las determinaciones de
hechos y a la apreciación de la prueba que haga, ya sea un
juez o un panel de jurados. Nada en nuestro ordenamiento nos
impone, ni nos permite, proceder de manera distinta ante la
revisión de un fallo o un veredicto de culpabilidad.
Después de todo, el juzgador de hechos, ya sea un juez
o un panel de jurados, es quien tiene el privilegio de oír
la
prueba
testifical
presentada
ante
sí
y
evaluar
el
comportamiento de los declarantes. La importancia de ello,
CC-2023-0210
22
por tanto, radica en que, como hemos dicho en el pasado,
durante el testimonio de los testigos,
no sólo habla la voz viva. También hablan las
expresiones mímicas: el color de las mejillas,
los ojos, el temblor o consistencia de la voz,
los movimientos, el vocabulario no habitual del
testigo, son otras tantas circunstancias que
deben acompañar el conjunto de una declaración
testifical y sin embargo, todos estos elementos
se pierden en la letra muda de las actas, por lo
que
se
priva
al
Juez
de
otras
tantas
circunstancias que han de valer incluso más que
el texto de la declaración misma para el juicio
valorativo que ha de emitir en el momento de
fallar; le faltará el instrumento más útil para
la investigación de la verdad: la observación.
(Énfasis nuestro). Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR
939, 947 (1975).
Es, pues, a la luz del derecho reseñado, que procedemos
a disponer de la causa de epígrafe.
V.
En el presente caso, como ya mencionamos, el señor
Negrón Ramírez fue encontrado culpable de todos los delitos
que le fueron imputados, -- entiéndase, los delitos de actos
lascivos, maltrato de menores e incesto --, mediante un
veredicto
unánime
del
Jurado.
Luego
de
haber
sido
sentenciado, la defensa del convicto apeló la determinación
del
Jurado,
aduciendo,
entre
otros
argumentos,
que
el
Ministerio Público no probó más allá de duda razonable todos
los elementos del delito de incesto.
Específicamente, la defensa del señor Negrón Ramírez
arguyó ante el Tribunal de Apelaciones que el juzgador de
hechos
incurrió
culpabilidad
por
en
error
el
delito
al
de
rendir
un
incesto,
veredicto
cuando,
de
según
CC-2023-0210
planteó,
23
hubo
ausencia
de
prueba
sobre
el
elemento
de
penetración. Sobre este particular, la defensa alegó que del
testimonio de la menor TIRN, -- víctima del referido delito
--, no surgía prueba que demostrara, más allá de duda
razonable, algún tipo de penetración vaginal digital, según
aducido por el Ministerio Público. Esto, aun cuando un
Jurado, de forma unánime, encontró probada la comisión del
referido delito.
Así las cosas, el foro apelativo intermedio acogió el
planteamiento de la defensa y revocó la convicción por el
mencionado delito. El Tribunal de Apelaciones razonó que el
Jurado incurrió en error manifiesto al encontrar culpable
al señor Negrón Ramírez por el delito de incesto, cuando, a
su
entender,
de
la
transcripción
examinada
surgía
que
existía ausencia de prueba sobre el elemento de penetración.
A
raíz
de
ello,
el
Estado,
representado
por
el
Procurador General, comparece ante nos y nos solicita que
revoquemos la determinación del Tribunal de Apelaciones y
reinstalemos el dictamen del Tribunal de Primera Instancia,
por entender que el foro apelativo intermedio abusó de su
discreción.
Le
asiste
la
razón.
Para
llegar
a
dicha
conclusión basta con examinar el testimonio de la menor
TIRN, sobrina del señor Negrón Ramírez y víctima del delito
en cuestión.
A esos fines, la menor TIRN testificó que los hechos
que dieron margen al presente proceso criminal ocurrieron
CC-2023-0210
allá
para
24
principios
del
año
2016,
cuando
ésta
tenía
alrededor de once (11) años de edad. De la transcripción de
su testimonio surge que el día de los hechos, ésta se
encontraba en casa de sus abuelos, en la cual también residía
su tío, el acusado señor Negrón Ramírez. Allí, el señor
Negrón Ramírez la llamó para que fuera a su habitación bajo
el pretexto de que le entregaría unos dulces. Una vez estando
dentro del cuarto, la menor TIRN se colocó de pie frente a
la
cama
de
su
tío,
recibió
los
dulces
y
procedió
a
comérselos.
Sin
embargo,
mientras
la
menor
ingería
los
dulces
ofrecidos por su tío, el señor Negrón Ramírez procedió a
tocarle
y
acariciarle
los
muslos.
Dichos
movimientos
continuaron hasta que el acusado desplazó su mano hasta los
genitales de su sobrina y los manoseó. Al llegar a este
momento durante su testimonio, la menor TIRN manifestó no
recordar ciertos aspectos de lo ocurrido ese día, por lo que
se le presentó una declaración jurada prestada por ella
misma, según lo permite la Regla 613 de las de Evidencia,
supra,5 para que pudiera leerla y refrescar su memoria.
La referida regla 613, supra, dispone que “(A) [s]ujeto a lo dispuesto
en el inciso (C) de esta Regla, si durante su testimonio o con
anterioridad al mismo, una persona testigo utilizare un escrito para
refrescar su memoria sobre cualquier asunto objeto de su testimonio,
será necesario presentar en la vista dicho escrito a solicitud de
cualquier parte adversa. De no presentarse el escrito, se ordenará la
eliminación del testimonio de la persona testigo sobre dicho asunto.
(B) Si se presenta dicho escrito en la vista, la parte adversa puede
inspeccionarlo, contrainterrogar a la persona testigo sobre tal escrito
y presentar como prueba cualesquiera de sus partes que sean pertinentes.
(C) Se eximirá la presentación del escrito en el juicio, y el testimonio
del testigo no será eliminado, si dicho escrito: (1) No está en posesión
o bajo control de la persona testigo o de la parte que ofreció su
testimonio sobre el particular. (2) No era razonablemente asequible a
5
CC-2023-0210
25
Refrescado su recuerdo sobre lo ocurrido el día de los
hechos, la menor TIRN testificó lo siguiente:
FISCAL: luego de, de leer su declaración jurada,
verdad y refrescar su memoria, dígale a las damas y
caballeros del jurado qué sucedió allí [en el cuarto
del señor Negrón Ramírez] mientras su tío le estaba
tocando su área de su vagina.
TESTIGO: pues, él, eh, él, hubo momentos…
FISCAL: ajá.
TESTIGO: …que él, eh, bajó mis pantalones…
FISCAL: Mjm.
TESTIGO: …y me empezó a, a acariciarme la vagina otra
vez.
FISCAL: Ok, dile a las damas y caballeros del jurado,
este, cómo te acariciaba entonces, la vagina cuando
usted dice que le baja los pantalones.
TESTIGO: Él, sobándola, él me acariciaba, ehm, hacia
los lados, o hacia arriba y hacia abajo.
FISCAL: hacia arriba y hacia abajo ¿con que?
TESTIGO: eh, con sus dedos.
FISCAL: con sus dedos. Y cuando usted dice hacia
arriba y hacia abajo ¿hacia arriba y hacia abajo
dónde?
TESTIGO: en mi vagina.
FISCAL: Ok, eh y dígale a las damas y caballeros del
jurado, este, si eso era por encima o por debajo de
la ropa.
TESTIGO: eh, por debajo.
FISCAL: Por debajo, y cuando su, usted dice por debajo
de la ropa ¿a qué se refiere?
TESTIGO: eh, por debajo de, de mi ropa interior.
FISCAL: Ok, por debajo de tu ropa interior, ok.
Entonces, eh ¿qué era lo que hacía entonces Efrén con
el dedo en tu área de tu vagina?
dicha parte mediante el uso de las órdenes para la presentación de
prueba documental o por cualquier otro medio disponible. (3) Sólo es
utilizado para refrescar la memoria antes de testificar en el juicio,
y en su discreción, el Tribunal estima que es innecesario requerir su
presentación”.
CC-2023-0210
26
TESTIGO: Pues él solo lo mo, lo movía por los lados,
en, por la superficie.6
Más adelante, y luego del testimonio antes citado, el
fiscal a cargo del examen directo solicitó a la menor TIRN
que hiciera una demostración de los movimientos que hacía
el señor Negrón Ramírez en el área genital de ésta. Según
la transcripción del juicio se dijo lo siguiente:
FISCAL: […] Y descríbele a las damas y caballeros del
jurado, verdad, usted dijo que lo movía hacia arriba
y hacia abajo el dedo ¿cómo era que hacía ese
movimiento? Si lo puede describir con la mano.
. . .
FISCAL: si puede hacer el movimiento, testigo, cuando
usted dice que, que movía su dedo hacia arriba y hacia
abajo, en su vagina, si puede hacer el movimiento
para que las damas y caballeros del jurado puedan
observar. Con su mano.
TESTIGO: él, él “ininteligible” …
FISCAL: ¿Cómo?
TESTIGO: Que él, él hacía como así, como, como así.
FISCAL: Ok, ¿y hacia arriba hacia dónde era que él
movía su dedo?
TESTIGO: En mi área privada.7
Presentado el anterior testimonio ante el tribunal,
así como la demostración y gesticulación antes descrita que
realizara
la
testigo,
los
doce
miembros
del
Jurado
encontraron culpable al señor Negrón Ramírez de todos los
delitos imputados, incluyendo el del incesto.
A tales efectos, puede concluirse que, a base de la
prueba
desfilada,
--
tanto
la
oral
como
los
gestos
Véase, Transcripción de prueba oral de oficio, Anejo XII de la Petición
de certiorari, págs. 293-294.
6
Véase, Transcripción de prueba oral de oficio, Anejo XII de la Petición
de certiorari, págs. 294-295.
7
CC-2023-0210
27
realizados por la testigo y víctima del delito --, el
juzgador de hechos, en este caso el Jurado, determinó que
en
el
caso
de
autos
el
señor
Negrón
digitalmente
la
vagina
de
su sobrina
Ramírez
y,
penetró
por ende,
lo
encontró culpable del delito de incesto.8 Al proceder de
este modo, el Jurado concluyó que la prueba presentada por
el Ministerio Público probó más allá de duda razonable todos
los elementos del delito imputado, así como la conexión del
imputado con dicho delito.9
Según
ya
hemos
mencionado,
como
norma
general
un
tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones
de hechos y la apreciación de la prueba que haga el Tribunal
de Primera Instancia a no ser que éste haya incurrido en
prejuicio, parcialidad, pasión o error manifiesto. En este
caso, no están presentes ningunas de las excepciones ya
mencionadas, en consecuencia, el Tribunal de Apelaciones no
debió intervenir y no lo haremos nosotros.
Es decir, los gestos ilustrativos realizados por la menor demostraron
a satisfacción del Jurado que los contactos que le realizó el señor
Negrón Ramírez constituyeron una penetración, aunque leve y ligera, a
su zona vaginal.
8
Si bien la presente controversia es una de apreciación de la prueba,
nos resulta curioso el que a pesar de que en sus escritos apelativos
la defensa del señor Negrón Ramírez sostuviera que el caso ante nos es
uno de suficiencia de la prueba, ésta no solicitara, al finalizar el
juicio, una moción de absolución perentoria según lo permite la Regla
135 de las de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II. De igual manera,
resulta llamativo el que el juez del Tribunal de Primera Instancia que
presidió el juicio por Jurado tampoco haya, a instancia propia como
permite la referida regla, decretado la absolución perentoria del
acusado si entendía que la prueba presentada por el Ministerio Público
era insuficiente. No tenemos duda de que ello no ocurrió debido a que
la prueba desfilada en corte, -- y particularmente las demostraciones
no verbales de la testigo --, fue suficiente para probar el delito de
incesto imputado.
9
CC-2023-0210
28
Así, pues como hemos expresado en el pasado “los
juzgadores de hechos nos merecen respeto y confiabilidad en
la
apreciación
imparcial
de
la
prueba”.
Pueblo
v.
Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 551 (1974). Después
de todo, -- y según mencionamos anteriormente, y repetimos
ahora
--,
respecto
a
la
mejor
posición
en
la
que
se
encuentran los foros de instancia para apreciar y aquilatar
la prueba desfilada ante sí:
[E]s que no sólo habla la voz viva. También hablan
las expresiones mímicas: el color de las
mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de
la voz, los movimientos, el vocabulario no
habitual
del
testigo,
son
otras
tantas
circunstancias que deben acompañar el conjunto de
una declaración testifical y sin embargo, todos
estos elementos se pierden en la letra muda de
las actas, por lo que se priva al Juez de otras
tantas circunstancias que han de valer incluso
más que el texto de la declaración misma para el
juicio valorativo que ha de emitir en el momento
de fallar; le faltará el instrumento más útil
para
la
investigación
de
la
verdad:
la
observación. (Énfasis nuestro). Ortiz v. Cruz
Pabón, supra, pág. 947.
De
eso,
determinaciones
precisamente,
basadas
en
los
trata
este
movimientos,
caso.
De
gestos
y
demostraciones no verbales que hizo la testigo en corte y
que fueron observados, correctamente apreciados y creídos
por el juzgador de hechos.10 Dicha prueba, en lo que respecta
Al respecto, este Tribunal ha expresado que “la regla de deferencia
hacia los juzgadores de instancia cobra mayor significado en casos de
esta naturaleza [(delitos sexuales)], en que la forma de hablar,
comportamiento, explicaciones, gestos, ademanes y demás detalles
perceptibles resultan esenciales para aquilatar adecuadamente la
sinceridad de los testimonios”. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Rivera
Robles, supra, pág. 869. Tal es el escenario ante el cual nos
encontramos en el presente caso y, según ya hemos manifestado, no existe
10
CC-2023-0210
29
a este caso, es suficiente para sostener el veredicto de
culpabilidad por el delito de incesto. No nos convencen los
argumentos del señor Negrón Ramírez.11 Se cometió, pues, el
error señalado.
VI.
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la
sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo que respecta a
la revocación que hiciera dicho tribunal sobre la convicción
por el delito de incesto. En consecuencia, se reinstala la
totalidad de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera
Instancia, Sala de Ponce, mediante la cual se encontró
culpable al señor Negrón Ramírez de todos los delitos
imputados.12
razón jurídica para intervenir con la determinación que en su día
realizó el Jurado.
En su comparecencia ante nos, la defensa del señor Negrón Ramírez
enfatiza las múltiples ocasiones en las que la menor TIRN mencionó no
recordar los eventos sobre los cuales testificaba; el hecho de que le
tuvieron que refrescar la memoria conforme lo permiten las Reglas de
Evidencia; y el que ésta manifestara que ciertas partes de su
declaración jurada eran falsas y contradictorias. Sin embargo, hemos
expresado que la naturaleza de los delitos cometidos, así como la edad
de los testigos, la escolaridad, y el trauma que puedan haber sufrido
como parte de la comisión del delito sobre sus personas, son factores
que no pueden ser pasados por alto a la hora de estimar la credibilidad
de los testigos. Pueblo v. Rivera Robles, supra, pág. 865. Además,
“después de todo, los seres humanos tenemos la natural tendencia a
olvidar lo penoso, desagradable y traumático”. Íd., pág. 864. Por tanto,
estimamos que la apreciación que realizó el Jurado fue correcta.
11
En su Alegato la defensa del señor Negrón Ramírez alega, basado en lo
resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Martínez Torres, 126 DPR 561
(1990), que como el Tribunal de Apelaciones revocó la convicción por el
delito de incesto bajo el fundamento de insuficiencia de la prueba, el
recurrido está protegido contra ulterior convicción por el referido
delito bajo la protección constitucional contra la doble exposición.
Por tanto, aduce que este Tribunal no podría, constitucionalmente
hablando, reinstalar la convicción revocada. No le asiste la razón.
12
Como bien es sabido nuestra Carta Magna establece que en el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico “nadie será puesto en riesgo de ser
castigado dos veces por el mismo delito”. Art. II, sec. 11, Const. ELA,
CC-2023-0210
30
Se dictará Sentencia de conformidad.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado
LPRA, Tomo 1. Dicha protección constitucional ofrece a un acusado cuatro
distintas protecciones, a saber, protecciones contra: (1) ulterior
exposición tras absolución por la misma ofensa; (2) ulterior exposición
tras convicción por la misma ofensa; (3) ulterior exposición tras
exposición anterior por la misma ofensa; y (4) castigos múltiples por
la misma ofensa. Pueblo v. Torres Irizarry, 199 DPR 11, 20 (2017);
Pueblo v. Santos Santos, 189 DPR 361, 367-368 (2013); E. Chiesa Aponte,
Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa Adjudicativa, op. cit.,
pág. 570.
Sin embargo, si bien es cierto que tras la revocación de una
convicción por insuficiencia de prueba lo que corresponde es la
absolución del acusado y la prohibición de ulteriores procedimientos en
primera instancia sobre el referido delito, “no hay impedimento para
que el gobierno recurra a un tribunal apelativo de superior jerarquía
para que se revoque la determinación del tribunal apelativo inferior de
que en el juicio hubo insuficiencia de prueba”. E. Chiesa Aponte,
Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa Adjudicativa, op. cit.,
pág. 612. Véase, además, Pueblo v. Toro Martínez, supra; Pueblo v.
Santos Santos, 189 DPR 361 (2013).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2023-0210
Certiorari
Efrén A. Negrón Ramírez
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 23 de abril de 2024.
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la
sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo que
respecta a la revocación que hiciera dicho tribunal
sobre la convicción por el delito de incesto. En
consecuencia, se reinstala la totalidad de la
sentencia emitida por el Tribunal de Primera
Instancia, Sala de Ponce, mediante la cual se encontró
culpable al señor Negrón Ramírez de todos los delitos
imputados.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad a
la que se une el Juez Asociado señor Estrella
Martínez. El Juez Asociado señor Estrella Martínez
hace constar la siguiente expresión de conformidad:
Estoy conforme con la Opinión mayoritaria
emitida por este Tribunal. Además, estoy
conforme en que se haya rechazado una
interpretación
que
sería
lesiva
a
la
vindicación de los derechos de las víctimas de
delitos sexuales. Me explico.
De entrada, el testimonio de la víctima
estuvo sustentado con movimientos, gestos y
demostraciones no verbales que fueron vistos,
apreciados y creídos por el panel de jurado.
CC-2023-0210
El análisis de la prueba contenido en la Opinión
mayoritaria revela sin ambages que no existen las
circunstancias
excepcionales
para
que
un
foro
apelativo sustituya la apreciación de la prueba del
foro de primera instancia. En efecto, abusó de su
discreción el Tribunal de Apelaciones al no otorgarle
deferencia a la apreciación del testimonio y la
gesticulación que realizó la menor TIRN durante su
examen directo, gestos que fueron observados y
evaluados por los doce (12) miembros del jurado,
quienes
luego
de
las
debidas
instrucciones,
determinaron que se demostró más allá de duda
razonable el elemento esencial de la penetración. Y
es que por la naturaleza del récord que se guarda de
los procedimientos, el foro apelativo intermedio no
observó ni evaluó los ademanes y movimientos con los
que TIRN describió las acciones del recurrido que
dieron base al elemento de penetración digital
vaginal. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones no
debió revocar la convicción basado en la lectura
inanimada de la transcripción y una interpretación
errada del Derecho.
No menos importante, el resolver aquí lo contrario
conllevaría un análisis interpretativo limitante de
los derechos de las personas víctimas de delitos de
esta naturaleza. No debemos dejar fuera de nuestro
análisis que el propio Art. 132 del Código Penal
dispone, en lo pertinente, que el delito de incesto
consiste esencialmente en la agresión inferida a la
integridad física, síquica o emocional y a la dignidad
de la persona y que cualquier acto de penetración
sexual (genital, digital o instrumental, por leve que
sea, bastará para consumar el delito. (Negrillas
suplidas). 33 LPRA sec. 5193. En ese sentido, enfatizo
que en el caso que nos ocupa, la víctima explicó con
su testimonio y con su gesticulación la manipulación
en su área genital que realizó el aquí recurrido y que
dio paso a su convicción.
En
consecuencia,
sostengo
que
el
análisis
mayoritario fortalece los derechos de las víctimas de
delitos sexuales, rechaza nociones y razonamientos que
harían mucho más cuesta arriba su vindicación y que
no nos permitirían avanzar como sociedad. Véase,
Sentencia del Tribunal Supremo de España (Sala de lo
Penal) de 27 de mayo de 2021 [Roj: sts 2140/2021].
2
CC-2023-0210
3
La Jueza Asociada señora Pabón Charneo concurre sin
opinión escrita. El Juez Asociado señor Martínez Torres
emitió una Opinión disidente.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2023-0210
Efrén A. Negrón Ramírez
Recurrido
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de
conformidad a la cual se unió el Juez Asociado señor Estrella
Martínez.
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2024.
Estoy conforme con la determinación que emitimos
durante el día de hoy. El ministerio de la Judicatura
es la impartición de la justicia.
de
todo
caso
requiere
rigor
Por ello, el manejo
para
garantizar
el
ejercicio pleno de los derechos de las partes. No
obstante,
al
analizar
llamados
a
estar
y
aplicar
atentos
y
la
Ley,
atentas
estamos
a
las
particularidades y necesidades de cada situación de
hechos. Tener una perspectiva amplia y humanista no
está reñida con los parámetros de adjudicación que
rigen nuestro estado de derecho penal.
En ese sentido, es imprescindible que nuestro
ejercicio adjudicativo no se abstraiga de la realidad
singular de este caso y se dote de sensibilidad para
CC-2023-0210
la
2
comprensión
considero
cabal
pertinente
de
la
controversia.
destacar
y
Ante
esto,
contextualizar
las
circunstancias a las cuales se enfrentó la víctima para así
entender la prueba vertida que convenció a un Jurado de la
comisión del delito de incesto.
I
En primer lugar, es errado aseverar que no se desfiló
prueba sobre el elemento esencial de penetración del delito
de
incesto.
El
derecho
vigente,
validado
por
la
determinación que emite hoy este Tribunal, establece que
cualquier acto orogenital o penetración sexual, vaginal o
anal, ya sea ésta genital, digital o instrumental, por leve
que sea, bastará para consumar el delito de agresión sexual
o de incesto.1 Del testimonio de la menor TIRN surge de
manera explícita que el señor Negrón Ramírez le quitó su
prenda íntima y la “[sobó y acarició] hacia los lados, o
hacia
arriba
y
hacia
abajo
[en
la
vagina]”.2
Resulta
preocupante, pues, que la Opinión disidente indique que “en
ninguna
parte
ejemplifican”
del
expediente
movimientos
se
mencionan,
constitutivos
del
describen
o
elemento
de
penetración.3 Revisitemos el testimonio de la menor TIRN:
Fiscal: Ok, dile a las damas y caballeros del
jurado, este, cómo te acariciaba entonces, la
vagina cuando usted dice que le baja los
pantalones.
Testigo: Él, sobándola, él me acariciaba, ehm,
hacia los lados, o hacia arriba y hacia abajo.
Véase Art. 132 de la Ley Núm. 146-2012, 33 LPRA sec. 5193.
Véase Opinión mayoritaria, pág. 25.
3 Véase Opinión disidente, pág. 22.
1
2
CC-2023-0210
3
Fiscal: [H]acia arriba y hacia abajo ¿con qué?
Testigo: Eh, con sus dedos.
Fiscal: Con sus dedos, y cuando usted dice hacia
arriba y hacia abajo ¿hacia arriba y hacia abajo
dónde?
Testigo: En mi vagina. (Negrilla suplida).4
El referido testimonio, creído por un Jurado, evidencia
inequívocamente
que
manera
a
digital
el
la
señor
menor
Negrón
TIRN.
Ramírez
En
esta
penetró
de
tesitura,
es
meritorio aclarar que el testimonio de roce superficial no
merma el valor del testimonio sobre la penetración. Esto
solamente es indicativo de la extensión de la agresión
sufrida.
De
este
modo,
el
acto
descrito
constituye
la
circunstancia esencial que exige nuestro Código Penal para
configurar la “agresión inferida a la integridad física,
síquica o emocional y a la dignidad de la persona”.5 A este
testimonio verbal se le suman los gestos realizados por la
menor ante el Jurado. Así, contrario a lo que pretende
establecer la Opinión disidente, no estamos ante un caso de
insuficiencia de la prueba.
II
En
segundo
determinación
de
refrenda
la
acusadas.
Vindicar
lugar,
la
violación
la
es
inexacto
Opinión
de
calificar
la
mayoritaria
como
que
derechos
las
los
dignidad
de
las
de
una
personas
víctimas
no
es
incompatible con la defensa de los derechos de las personas
4
5
Véase Opinión mayoritaria, pág. 25.
Véase 33 LPRA sec. 5193.
CC-2023-0210
4
acusadas. Resulta contrario a nuestro estado de derecho
requerir que una menor de edad, víctima de un delito sexual,
utilice un lenguaje clínico para relatar públicamente ante
un grupo de extraños su experiencia de agresión sexual. Me
pregunto,
¿qué
tipo
de
testimonio
hubiera
considerado
suficiente la Opinión disidente? ¿Cuánto más técnico debió
ser el testimonio de la menor para cumplir con el estándar
probatorio
que
la
Opinión
disidente
pareciera
exigir?
Recordemos que el testimonio de un testigo principal, por sí
solo,
es
suficiente
condenatorio
y
que
en
derecho
este
no
para
consiste
sostener
un
fallo
exclusivamente
del
relato verbal del testigo. Véase Pueblo v. Toro Martínez,
200 DPR 834 (2018).
III
Es necesario hacer un comentario final. Si bien el
testimonio de la menor TIRN evidencia explícitamente la
comisión del delito de incesto, aprovecho esta coyuntura
para reseñar la particularidad de estos tipos de casos. Los
delitos de índole sexual representan una de las amenazas más
grandes para nuestra niñez. Según las cifras más recientes,
más
de
la
reportados
mitad
de
en
2021
el
las
víctimas
fueron
de
menores
delitos
de
17
sexuales
años.6
Las
autoridades en el tema coinciden en que las cifras de
Véase Adriana Díaz Tirado, “La violencia sexual golpea a la niñez: el
74% de los casos en 2021 se reportaron en menores de edad”, 22 de mayo
de 2022, El Nuevo Día, www.elnuevodia.com/noticias/seguridad/notas/laviolenica-sexual-golpea-a-la-niñez-el-74-de-los-casos-en-2021-sereportaron-en-menores-de-edad (última visita, 18 de abril de 2024).
6
CC-2023-0210
5
incidentes reportados distan grandemente de la realidad.7 El
temor, el desconocimiento, y el sentido de culpabilidad,
entre otros factores, causan que los y las menores de edad
se cohíban de denunciar estos ataques o que, aun cuando se
denuncien, estos lleguen a su conclusión judicial.
Las víctimas menores de edad afrontan, no tan solo las
consecuencias emocionales del abuso, sino además los efectos
traumáticos de denunciar a su agresor. Múltiples factores
emocionales y psicológicos, como lo son los sentimientos de
culpa
y
vergüenza,
pueden
impactar
la
habilidad
de
testificar de un menor. Asimismo, las víctimas menores de
edad tardan en hablar de sus experiencias traumáticas ya que
carecen de la madurez y el conocimiento necesario para
reconocer la severidad y la antijuricidad de lo ocurrido.8
Se ha demostrado que estas albergan miedo sobre tener que
Véase Adriana Díaz Tirado, “Levantan bandera sobre la subestimación
del abuso sexual en varones: ‘Esa visión machista pone en riesgo a
mujeres y a jóvenes’”, 10 de marzo de 2024, El Nuevo Día,
www.elnuevodia.com/noticias/seguridad/notas/levantan-bandera-sobre-lasubestimacion-del-abuso-sexual-en-varones-esa-vision-machista-pone-enriesgo-a-mujeres-y-jovenes/ (última visita, 18 de abril de 2024);
Adriana Díaz Tirado, “La violencia sexual golpea a la niñez: el 74% de
los casos en 2021 se reportaron en menores de edad”, 22 de mayo de 2022,
El Nuevo Día, www.elnuevodia.com/noticias/seguridad/notas/la-violenicasexual-golpea-a-la-niñez-el-74-de-los-casos-en-2021-se-reportaron-enmenores-de-edad (última visita, 18 de abril de 2024); Estadísticas de
delitos,
Negociado
de
la
Policía
de
Puerto
Rico,
www.policia.pr.gov/estadisticas (última visita, 18 de abril de 2024).
8 Véase Elmi, M. H., Daignault, I. V., & Hébert, M., “Child sexual abuse
victims as witnesses: The influence of testifying on their recovery”, 86
Child Abuse & Neglect 22 (2018); Back, C., Gustafsson, P.A., Larsson,
I., & Berterö, C., “Managing the legal proceedings: An interpretative
phenomenological analysis of sexually abused children’s experience with
the legal process, 35 (Núm. 1) Child Abuse & Neglect 51 (2011); Gal, T.
& Windman, V., “Child victims in Israel: Varieties of difficulties, few
solutions”, 63 Social Security 210 (2003); Quas, J.A., Wallin, A.R.,
Horwitz, B., Davis, E., & Lyon, T.D. “Maltreated children’s understanding
of and emotional reactions to dependency court involvement”, 27 (Núm.
1) Behavioral Sciences & the Law 97 (2009); Troxel, N.R., Ogle, C.M.,
Cordon, I., Lawler, M., & Goodman, G.S. “Child witnesses in criminal
court”, Children as victims, witnesses, and offenders: Psychological
science and the law 155-166 (2009).
7
CC-2023-0210
6
detallar su experiencia a extraños y, más allá de esto,
frente a su presunto agresor. Su falta de comprensión sobre
los procesos judiciales y la extensión de estos, exacerban
los sentimientos de ansiedad, culpabilidad y contribuyen a
la revictimización.9 Este cuadro se agrava con el hecho de
que la mayoría de los delitos sexuales son cometidos por
personas conocidas a la víctima, y no por extraños.10 Al
enfrentarnos a la tarea de entender en controversias en las
cuales las víctimas sean menores de edad, debemos evitar que
nuestro análisis se abstraiga de las condiciones materiales
a las que estas se enfrentan. Es precisamente por esto que
nuestro
ordenamiento
considera
el
testimonio
como
un
conjunto de factores.11 Después de todo, como juzgadores
buscamos
desentrañar
la
verdad
para
determinar
si
esta
configura los elementos del delito imputado.
En el caso que resolvemos hoy, la menor TIRN vivió una
experiencia traumática a una edad temprana, a saber, esta
tenía de 10 a 11 años cuando ocurrieron los hechos. A esto
se le añade que el trauma ocasionado y la ausencia de madurez
biológica y emocional de la menor juegan un rol determinante
en el modo y naturaleza de su testimonio. La vara probatoria
Véase nota al calce 8.
Véase I. Rosario Nieves, El Ofensor Sexual Peligroso: Naturaleza
jurídica e (in)eficiencia del Registro de Ofensores Sexuales, 1ra e.
rev., Puerto Rico, Publicaciones Puertorriqueñas, pág. 233 citando a
Berliner, L., Schram, D., Miller, L., & Milloy, C. D. (1995). A
Sentencing Alternative for Sex Offenders: A Study of Decision Making and
Recidivism. Journal of Interpersonal Violence, 10(4), 487–502.; Bureau
of Justice Statistics. (2000). Sexual Assault of Young Children as
Reported
to
Law
Enforcement:
Victim,
Incident,
and
Offender
Characteristics (NCJ 182990).
11 Véase: Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129 (2011); Arguello v.
Arguello, 155 DPR 62 (2001).
9
10
CC-2023-0210
7
no es, ni debe ser, más alta para víctimas de violencia
sexual que testifican ante el tribunal para vindicar sus
derechos
a
una
vida
libre
de
violencias.
Si
bien
la
discreción que le debemos a los foros de instancia no es
irrestricta,
en
el
presente
caso
no
se
configuran
los
criterios necesarios para que intervengamos con ella.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2023-0210
Efrén A. Negrón Ramírez
Recurrido
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2024.
Disiento
respetuosamente
de
la
Opinión
que
suscribe una mayoría de este Tribunal. Luego de un
examen libre y sereno de la totalidad de la prueba
admitida en el juicio, albergo duda razonable sobre
la culpabilidad del señor Negrón Ramírez en lo que
respecta a la convicción por el delito de incesto.
Por
esta
razón,
tal
cual
hizo
el
Tribunal
de
Apelaciones, entiendo que correspondía revocar la
determinación de culpabilidad emitida por el Tribunal
de Primera Instancia con relación al cargo por el
Art. 131 del Código Penal de 2012, infra, pues de la
evidencia que obra en el expediente no surge base
suficiente para apoyar tal conclusión. Como esa no
CC-2023-0210
fue
la
2
determinación
a
la
que
hoy
arribó
esta
Curia,
Ministerio
Público
disiento.
I
El
8
de
diciembre
de
2020,
el
presentó seis (6) acusaciones contra el Sr. Efrén Negrón
Ramírez (recurrido). En sí, se alegó que el señor Negrón
Ramírez realizó varios actos constitutivos del delito de
actos lascivos, según el Art. 144(a) del Código Penal de
Puerto Rico de 2004 (derogado), 33 LPRA ant. sec. 4772, y el
Art. 133(a) del Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA
sec. 5194. Además, se le acusó de cometer el delito de
incesto, tipificado en el Art. 131 del Código Penal de Puerto
Rico de 2012, 33 LPRA sec. 5192, y de violar el Art. 75 de
la Ley para el Bienestar y Protección Integral de la Niñez
(derogada), Ley Núm. 177-2003, 8 LPRA ant. sec. 450c.
En cuanto al delito de incesto, único cargo aquí en
controversia, el Ministerio Público alegó lo siguiente:
Caso núm. JIS2020G0007, Art. 131 (incesto), Código
Penal de Puerto Rico
El referido acusado, Efrén Antonio Negrón Ramírez,
allá en o para principios del año 2016, y en Juana
Díaz, Puerto Rico, que forma parte de la
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia,
Sala de Ponce a propósito llevó a cabo una
penetración sexual vaginal digital con la menor
[TIRN] de 11 años de edad, consistente en que le
metió la mano por arriba del pantalón y después él
con un dedo lo metió completo en su vagina y lo
movía para los lados como por cuatro a cinco
minutos, teniendo este una relación de parentesco
por consanguinidad con la menor por ser su tío
materno.
CC-2023-0210
Tras
3
determinarse
causa
probable
en
todas
las
denuncias, en el mes de diciembre de 2021 se llevó a cabo el
juicio por jurado en contra del señor Negrón Ramírez. La
prueba documental de cargo presentada por el Ministerio
Público consistió en una declaración del sospechoso, las
advertencias Miranda, copia de seis folios de un diario de
la
testigo
NIRN,
entre
otros
documentos.
Asimismo,
se
presentaron varios testimonios, entre los que destacan el de
la agente de la Policía de Puerto Rico, Amarilis Sotomayor
Pérez, el de la menor TIRN y el de la joven NIRN. Estas
últimas dos fueron víctimas de los delitos imputados. Por su
parte, el acusado presentó el testimonio bajo juramento de
su madre.
Escuchados los testimonios y evaluada la prueba, el 15
de diciembre de 2021
el jurado emitió un veredicto de
culpabilidad en todos los cargos imputados. Posteriormente,
el Tribunal de Primera Instancia impuso la pena siguiente:
por el Art. 144(a) del Código Penal de 2004, supra, ocho (8)
años de cárcel; por el Art. 133(a) del Código Penal de 2012,
supra, quince (15) años de cárcel en cada uno de los tres
cargos; por el Art. 131 del Código Penal de 2012, supra,
cincuenta (50) años de cárcel; y, por el Art. 75(b) Ley Núm.
177-2003, supra, ocho (8) años de cárcel. Ahora bien, por
entender que existía un concurso real de delitos, el foro
primario partió de la pena máxima de 50 años e impuso como
pena agregada el 20% por todos los demás cargos, para un
total de 10 años adicionales. Conjuntamente, debido a la
CC-2023-0210
4
reincidencia simple que fue aceptada por el ahora convicto,
se añadió el 25% a la pena fija de 50 años, o sea, 12 años
y seis meses más. Así pues, el señor Negrón Ramírez fue
condenado a cumplir una pena de 72 años y seis meses de
reclusión.
Inconforme,
Apelaciones
y
el
señaló
recurrido
que
la
acudió
prueba
de
al
Tribunal
cargo
no
de
había
establecido su culpabilidad más allá de duda razonable. En
particular, argumentó que el Ministerio Público no probó el
elemento esencial de penetración requerido en el delito de
incesto, por lo que no rebatió la presunción de inocencia
que le cobijaba.
En contraposición, el Pueblo de Puerto Rico, por voz
del Procurador General, sostuvo que se probaron todos los
delitos imputados más allá de duda razonable. Por este
motivo, argumentó que la determinación del foro primario
debía permanecer inalterada.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y
de la transcripción de la prueba oral (TPO) presentada en el
juicio por jurado, el Tribunal de Apelaciones emitió una
sentencia en la que confirmó las convicciones emitidas en
todos los cargos de actos lascivos y maltrato de menores. No
obstante,
revocó
la
convicción
en
cuanto
al
delito
incesto. En lo pertinente, manifestó:
Luego de analizar con detenimiento el testimonio
de todos los testigos de cargo, según transcritos
en la TPO que obra en el expediente ante nos particularmente el de la joven TIRN - concluimos
que en el presente caso hay ausencia de prueba
de
CC-2023-0210
5
sobre el elemento de la penetración requerido en
el delito de incesto, tipificado en el Art. 131
del Código Penal de 2012, supra. Ello, constituye
un error manifiesto debido a que la conclusión de
que se cometió el delito de incesto está en
conflicto con la evidencia desfilada en el Juicio.
Por lo tanto, procede la revocación de la
convicción por dicho artículo, pues no se
establecieron todos sus elementos más allá de duda
razonable. (Negrillas suplidas).
En
desacuerdo
Público
como
con
el
este
señor
revés,
Negrón
tanto
el
Ramírez
Ministerio
solicitaron
reconsideración. No obstante, el foro apelativo intermedio
proveyó no ha lugar a ambas mociones.
Insatisfecho,
certiorari
ante
el
nos
Estado
mediante
presentó
un
el
esbozó
cual
recurso
dos
de
(2)
señalamientos de error:
[1] El Tribunal de Apelaciones cometió un craso
error de derecho al sustituir – con una simple
transcripción – la valoración que el Jurado
realizó de la prueba y revocar la convicción del
señor Negrón Ramírez por el delito de incesto,
tipificado en el Código Penal de Puerto Rico, tras
erróneamente concluir que no hubo penetración.
[2] El Tribunal de Apelaciones incidió crasamente
al exonerar de culpa al recurrido del delito de
incesto, en lugar de ejercer su facultad bajo la
Regla 213 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.
II, aplicada en Pueblo v. Candelario Couvertier,
100 DPR 159 (1971) y Pueblo v. Ayala García, […]
[186 DPR 196 (2012)] y hallarlo culpable del delito
de actos lascivos, un delito menor incluido.
En riposta, el señor Negrón Ramírez presentó un alegato
en el que solicitó que confirmemos la determinación del foro
apelativo intermedio. En síntesis, recalca que en el juicio
no se presentó prueba sobre el elemento de penetración
requerido
para
decretar
culpabilidad
por
el
delito
de
CC-2023-0210
6
incesto. Por lo tanto, manifestó que no se rebatió su
presunción de inocencia más allá de duda razonable.
Después de evaluar detenidamente el asunto, estimo que
el Tribunal de Apelaciones no erró cuando determinó que en
este caso hay ausencia de prueba sobre el elemento de
penetración constitutivo del delito de incesto, por lo que
la conclusión de que se cometió ese crimen está en conflicto
con la evidencia desfilada en el juicio.
II
A. La presunción de inocencia
Uno de los derechos fundamentales que cobija a toda
persona acusada de delito es la presunción de inocencia.
Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002). Esta garantía
está consagrada en el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de
Puerto Rico, que dispone:
En todos los procesos criminales, el acusado
disfrutará del derecho a un juicio rápido y
público, a ser notificado de la naturaleza y causa
de la acusación recibiendo copia de la misma, a
carearse con los testigos de cargo, a obtener la
comparecencia compulsoria de testigos a su favor,
a tener asistencia de abogado, y a gozar de la
presunción de inocencia. (Negrillas suplidas).
Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA Tomo 1.
En
virtud
de
esta
protección,
nuestro
ordenamiento
exige que la culpabilidad de una persona acusada se pruebe
más allá de duda razonable. Pueblo v. Robles González, 125
DPR
750,
756
(1990).
Procedimiento Criminal
Por
esta
establece
razón,
la
Regla
110
de
que “[e]n todo proceso
criminal, se presumirá inocente al acusado mientras no se
CC-2023-0210
7
probare lo contrario, y en caso de existir duda razonable
acerca de su culpabilidad, se le absolverá”. 34 LPRA Ap. II.
Esto significa que el acusado no tiene necesidad alguna
de
aportar
prueba
para
defenderse
y
puede
descansar
plenamente en la presunción de inocencia que le asiste.
Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 855-856 (2018); Pueblo
v. García Colón I, 182 DPR 129, 174 (2011); Pueblo v.
Irizarry,
supra,
págs.
787-788.
Esa
obligación
no
es
susceptible de ser descargada livianamente pues, para que
pueda
obtenerse
presunción
de
una
convicción
inocencia,
el
válida
Ministerio
que
derrote
Público
la
deberá
presentar prueba que satisfaga el mencionado “quantum” de
prueba respecto a cada uno de los elementos del delito, su
conexión con el acusado y la intención o negligencia criminal
de este u
́ltimo. Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 787-788.
Esta
prueba
tiene
que
ser
tanto
suficiente
como
satisfactoria, “es decir, que produzca certeza o convicción
moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo
no prevenido”. Íd. Véase, Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR
84, 100 (2000).
La
determinación
de
si
se
satisfizo
el
estándar
probatorio requerido, o sea, si se probó la culpabilidad del
acusado más allá de duda razonable, le corresponde en primer
lugar al juzgador de hechos, quien vendrá llamado a evaluar
y aquilatar la evidencia con el propósito de determinar
cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados. Regla
110 de Procedimiento Criminal, supra.
CC-2023-0210
8
Ahora bien, el mencionado estándar tampoco requiere que
la
culpabilidad
del
acusado
sea
demostrada
con
certeza
matemática. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 71
(1991). Menos aún se pretende que se disipe cualquier duda
especulativa, imaginaria o posible. En sí, “duda razonable”
es aquella que surge como producto del raciocinio de todos
los elementos de juicio involucrados en el caso. Pueblo v.
Irizarry, supra, pág. 788. Más bien, la duda razonable que
motiva
la
absolución
insatisfacción
o
del
acusado es la
intranquilidad
en
la
que
causa
conciencia
del
juzgador, luego de evaluar en su totalidad la prueba de cargo
de forma “justa, imparcial y serena”. Pueblo v. García Colón
I, supra, pág. 175. Véase, además, Pueblo v. Santiago et
al., 176 DPR 133, 143 (2009).
En resumen, la presunción de inocencia se trata de una
norma de suficiencia de la prueba que, según la Regla 110 de
Procedimiento Criminal, supra, conlleva que se absuelva al
acusado
si
luego
de
un
estudio
de
la
totalidad
de
la
evidencia existe duda razonable sobre si cometió los hechos
por los que se le acusa.
B. Revisión apelativa en casos criminales
Por otro lado, la Regla 193 de Procedimiento Criminal,
supra, viabiliza el derecho que tiene todo convicto de apelar
su convicción ante un tribunal de superior jerarquía, el
cual
podrá
pasar
juicio
sobre
la
determinación
de
culpabilidad hecha por el Tribunal de Primera Instancia.
Esto se debe a que la apreciación realizada por el juzgador
CC-2023-0210
9
de hechos sobre la culpabilidad de un acusado es una cuestión
mixta de hecho y de derecho que podrá ser evaluada en
apelación. Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 415-416
(2014).
Al evaluar si se probó la culpabilidad de un acusado
más allá de duda razonable, los foros apelativos no debemos
abstraernos de la ineludible realidad de que los jueces de
primera instancia y los jurados están en mejor posición de
apreciar
y
aquilatar
la
prueba
y
los
testimonios
presentados. Íd. Por lo tanto, la apreciación imparcial que
realiza el juzgador de la prueba en el foro primario merece
gran respeto y deferencia por parte de los foros apelativos.
Íd.
La
regla
intervenir
general
con
la
es
que
adjudicación
el
de
foro
revisor
no
debe
credibilidad
de
los
testigos ni sustituir las determinaciones de hechos basadas
en las apreciaciones de esa prueba. Pueblo v. Toro Martínez,
supra, pág. 858.
Empero, aunque la determinación de culpabilidad hecha
por el juzgador de hechos merece gran deferencia, esta podrá
ser revocada en apelación si se demuestra que hubo pasión,
prejuicio, parcialidad o si se incurrió en error manifiesto
debido a que la prueba no concuerda con la realidad fáctica
o es increíble o imposible. Pueblo v. Hernández Doble, 210
DPR 850, 864-865 (2022). Conscientes de que el juzgador de
hechos podría equivocarse en la apreciación de la prueba,
hemos establecido que los foros apelativos podrán intervenir
cuando de una evaluación minuciosa surjan serias dudas,
CC-2023-0210
10
razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.
Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 417; Pueblo v.
Santiago, supra, pág. 148; Pueblo v. Irizarry, supra, pág.
789. En otras palabras, “si de un análisis ponderado de la
prueba desfilada ante el foro primario surge duda razonable
y
fundada
sobre
si
la
culpabilidad
del
acusado
fue
establecida más allá de duda razonable, este Tribunal tiene
el
deber
de
dejar
sin
efecto
el
fallo
o
veredicto
condenatorio”. Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 417.
De acuerdo con lo anteriormente señalado, no podemos
permitir que, en el afán de ceñirnos a la doctrina de la
deferencia, prevalezca un fallo condenatorio incluso estando
convencidos de que un
examen
integral de la prueba no
establece la culpabilidad del acusado más allá de duda
razonable.
Pueblo
v.
Irizarry,
supra,
pág.
790.
Como
pronunciamos anteriormente, existe duda razonable cuando el
juzgador
de
insatisfacción
los
o
hechos
siente
intranquilidad
con
en
su
conciencia
la
prueba
de
cargo
presentada. En atención a ese principio, nosotros, como
foros apelativos, al igual que el foro recurrido, tenemos el
derecho y el deber de tener la conciencia tranquila y libre
de preocupación al momento de revisar un fallo condenatorio.
Íd.
C. Suficiencia de la prueba vs apreciación de la
prueba
Aunque
determinación
están
de
estrechamente
prueba
suficiente
relacionadas,
la
para
la
sostener
CC-2023-0210
culpabilidad
11
del
imputado
no
debe
confundirse
con
la
corrección de la apreciación de la prueba que realizó el
juzgador
de
los
constitucional
hechos.
E.
siglo
XXI:
del
Rivera
García,
reflexiones
El
juez
sobre
los
criterios de revisión judicial, 4 P.R. Law. Ass’n. L. Rev.
67, 77 (2019).
Cuando
estamos
ante
un
reclamo
de
suficiencia
o
insuficiencia de prueba, nuestra función consiste en evaluar
si la evidencia admitida cumplió con el estándar probatorio
de establecer la culpabilidad del acusado más allá de duda
razonable.
Íd.
Ante
estos
reclamos,
debemos
considerar
únicamente la totalidad de la prueba que tuvo ante sí el
Tribunal de Primera Instancia para determinar si, en efecto,
el
Ministerio
Público
satisfizo
su
responsabilidad
probatoria. Íd. En estos casos, como recoge la Opinión
mayoritaria en su pág. 16, “al tratarse de una cuestión de
suficiencia, el tribunal revisor estará en una posición más
apta
para
intervenir
con
la
determinación
del
foro
inferior”. (Negrillas suplidas). Esto se debe a que, como
vimos,
los
foros
revisores
no
debemos
confirmar
una
sentencia condenatoria si estamos convencidos de que la
totalidad de la prueba no establece la culpabilidad del
acusado más allá de duda razonable. Véase, Pueblo v. García
Colón I, supra, pág. 175.
En cambio, cuando estamos ante un reclamo de apreciación
de
la
prueba,
lo
que
se
cuestiona
es
el
valor,
la
credibilidad o el aquilatamiento que el juzgador le adjudicó
CC-2023-0210
12
a la prueba presentada en el juicio. Este análisis requiere
elementos
adicionales
a
considerar,
pues
debemos
tener
presente que los juzgadores de primera instancia están en
mejor
posición
que
los
jueces
revisores
al
momento
de
apreciar y aquilatar la evidencia. Rivera García, supra,
pág. 78; Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 165. De hecho,
es para este tipo de reclamos en donde se debe guardar la
mayor deferencia posible a los juzgadores que, de primera
mano, observaron la evidencia. Íd. Por ello, únicamente se
intervendrá
cuando
estén
presentes
las
anteriormente
mencionadas,
entiéndase,
que
excepciones
hubo
pasión,
prejuicio, parcialidad o error manifiesto cuando se aquilató
la prueba. Pueblo v. Hernández Doble, supra, pág. 864.
En fin, al discutir el tema de la suficiencia de la
prueba para lograr una convicción más allá de duda razonable,
en Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 416, citando a
Pueblo v. Colón, 140 DPR 564, 581-582 (1996), enunciamos:
[l]a suficiencia de la prueba es, pues, un análisis
estrictamente en derecho que, aunque recae sobre
la evidencia, sólo busca asegurar que, de
cualquier
manera
en
que
se interprete
la
veracidad,
los
requisitos
legales
estarán
presentes para poder permitir cualquiera de los
veredictos posibles. Ante prueba insuficiente, un
jurado no podría hallar culpable al acusado
irrespectivamente de si la prueba amerita o no su
credibilidad. (Énfasis en el original suprimido y
negrillas suplidas).
Expuesto este marco legal, pasemos ahora a revisar los
delitos de incesto y actos lascivos por los cuales fue
acusado el señor Negrón Ramírez.
CC-2023-0210
13
D. Delito de incesto
El Art. 131 del Código Penal de Puerto Rico de 2012
tipifica el delito de incesto de la manera siguiente:
Artículo 131. — Incesto.
Serán sancionadas con pena de reclusión por un
término fijo de cincuenta (50) años, aquellas
personas que tengan una relación de parentesco,
por
ser
ascendiente
o
descendiente,
por
consanguinidad, adopción o afinidad, o colateral
por consanguinidad o adopción, hasta el tercer
grado, o por compartir o poseer la custodia física
o patria potestad y que a propósito, con
conocimiento o temerariamente lleven a cabo un
acto orogenital o una penetración sexual vaginal
o
anal,
ya
sea
ésta
genital,
digital
o
instrumental. Art. 131 del Código Penal de Puerto
Rico de 2012, Ley Núm. 146-2012, según enmendada.
33 LPRA sec. 5192.
En consonancia, el Art. 132 del Código Penal de Puerto
Rico de 2012 indica:
Artículo 132. — Circunstancias esenciales de los
delitos de agresión sexual e incesto.
El delito de agresión sexual o de incesto consiste
esencialmente en la agresión inferida a la
integridad física, síquica o emocional y a la
dignidad de la persona. Cualquier acto orogenital
o penetración sexual, vaginal o anal, ya sea ésta
genital, digital o instrumental, por leve que sea,
bastará para consumar el delito. Art. 132 del
Código Penal de Puerto Rico de 2012, supra, 33
LPRA sec. 5193.
Como podemos observar, para que se configure el delito
de
incesto
es
necesario
que:
conocimiento
o
temerariamente;
(1)
(2)
a
se
propósito,
realice
un
con
acto
orogenital o una penetración sexual vaginal o anal (genital,
digital o instrumental), por leve que sea, y (3) que las
personas involucradas se encuentren dentro de los grados de
parentesco prohibidos.
CC-2023-0210
14
E. Delito de actos lascivos
El delito de actos lascivos está tipificado en el Art.
133 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, supra. Para una
acusación como la de este caso, los incisos (a) y (f) del
mencionado artículo disponen:
Toda persona que a propósito, con conocimiento o
temerariamente, sin intentar consumar el delito de
agresión sexual descrito en el Artículo 130,
someta a otra persona a un acto que tienda a
despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos
sexuales del imputado, en cualquiera de las
circunstancias que se exponen a continuación, será
sancionada con pena de reclusión por un término
fijo de ocho (8) años, más la pena de restitución,
salvo que la víctima renuncie a ello:
(a) Si la víctima al momento del hecho es menor de
dieciséis (16) años de edad.
[…]
(f) Si el acusado tiene una relación de parentesco
con
la
víctima,
por
ser
ascendiente
o
descendiente, por consanguinidad, adopción o
afinidad, o colateral por consanguinidad o
adopción, hasta el tercer grado, o por compartir
o poseer la custodia física o patria potestad.
[…]
Cuando el delito se cometa en cualquiera de las
modalidades descritas en los incisos (a) y (f) de
este Artículo, o se cometa en el hogar de la
víctima, o en cualquier otro lugar donde ésta tenga
una expectativa razonable de intimidad, la pena
del delito será de reclusión por un término fijo
de quince (15) años más la pena de restitución,
salvo que la víctima renuncie a ello. (Negrillas
suplidas).
Según la profesora Dora Nevares Muñiz, el acto lascivo
se
define
satisfacer
como
la
uno
que
tiende
a
despertar,
impudicia,
pasión
o
deseos
excitar
sexuales
o
del
imputado a costa de la víctima. D. Nevares Muñiz, Código
Penal de Puerto Rico, comentado, 3ra ed., San Juan, Inst.
Desarrollo del Derecho, 2015, pág. 218. Se trata de un delito
CC-2023-0210
15
intencional que, aunque se realiza sin ánimo de acceso o
penetración sexual, ofende el pudor e indemnidad sexual de
la víctima por no ser consentido. Íd. Los elementos del
delito
son:
someter
sin
su
consentimiento,
o
con
un
consentimiento jurídicamente inválido, a un acto que tienda
a despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos sexuales
del
imputado,
sin
intención
de
cometer
una
penetración
sexual, en cualquiera de las modalidades que especifica el
artículo. Íd., págs. 217-218.
Este era el derecho que debíamos aplicar para resolver
la controversia.
III
A. En el primer señalamiento de error ante nuestra
consideración,
el
Estado
alegó
que
el
Tribunal
de
Apelaciones se equivocó al revocar la convicción del señor
Negrón Ramírez bajo el pretexto de que
no se presentó
evidencia sobre el elemento de penetración. El Ministerio
Público sustentó que sí se presentó esa prueba y que la
culpabilidad del recurrido fue probada más allá de duda
razonable. Tras examinar el expediente y la totalidad de la
evidencia que tuvo ante sí el Tribunal de Primera Instancia,
determino que no le asiste la razón al Estado.
Como mencionamos, en cuanto al delito de incesto, el
señor Negrón Ramírez fue declarado culpable por el Tribunal
de Primera Instancia a raíz de una acusación en donde se le
imputó
que,
en
el
2016,
a
propósito
llevó
a
cabo
una
penetración vaginal digital con la menor TIRN, teniendo este
CC-2023-0210
16
una relación de parentesco por consanguinidad con la menor
por
ser
su
tío.
Posteriormente,
esta
convicción
fue
revocada, pues el Tribunal de Apelaciones razonó que no se
establecieron todos los elementos del delito más allá de
duda razonable. El foro apelativo intermedio entendió que en
este caso hay ausencia de prueba sobre el elemento de la
penetración requerido en el delito de incesto, y que ello
constituye un error manifiesto debido a que la conclusión de
que se cometió el delito de incesto no se sustenta con la
evidencia desfilada en el juicio.
Para discutir este señalamiento de error, es necesario
acudir al testimonio de la menor, según surge de la TPO.
Sobre el incidente en cuestión, la joven TIRN declaró que
mientras se encontraba en casa de sus abuelos, en donde
también residía el señor Negrón Ramírez, este le pidió que
fuera a su habitación para entregarle algunos dulces. Una
vez en el cuarto, la menor TIRN se paró frente a la cama y
comenzó a comerse los dulces.1
Mientras tanto, expresó que
el recurrido procedió a tocarle y acariciarle los muslos.2
Dichos movimientos continuaron hasta que el acusado desplazó
su mano hasta los genitales de la menor y los manoseó.3 Tras
refrescar su memoria con su declaración jurada, según lo
permite la Regla 613 de Evidencia, supra, la menor TIRN
testificó lo siguiente:
TPO, a la pág. 158, líneas 14-23; Ap. del certiorari, págs. 289.
TPO, a la pág. 158, líneas 28-31, y a la pág. 159, líneas 1-13; Ap.
del certiorari, págs. 289-290.
3 TPO, a la pág. 158, líneas 28-31, y a la pág. 159, líneas 1-13; Ap.
del certiorari, págs. 289-290.
1
2
CC-2023-0210
17
Fiscal:
Luego de, de leer su declaración jurada,
verdad y refrescar su memoria, dígale a las damas
y caballeros del jurado qué sucedió allí mientras
su tío le estaba tocando su área de su vagina.
Testigo:
Pues é, eh, hubo momentos…
Fiscal:
Ajá.
Testigo:
…que él, eh, bajó mis pantalones…
Fiscal:
Mjm.
Testigo: … y me empezó a, a acariciarme la vagina
otra vez.
Fiscal:
Ok, dile a las damas y caballeros del
jurado, este, cómo te acariciaba entonces, la
vagina cuando usted dice que le baja los
pantalones.
Testigo: Él, sobándola, él me acariciaba, ehm,
hacia los lados, o hacia arriba y hacia abajo.
Fiscal:
hacia arriba y hacia abajo ¿con qué?
Testigo:
Eh, con sus dedos.
Fiscal:
Con sus dedos, y cuando usted dice hacia
arriba y hacia abajo ¿hacia arriba y hacia abajo
dónde?
Testigo:
En mi vagina.
Fiscal:
Ok, eh y dígale a las damas y caballeros
del jurado, este, si eso era por encima o por
debajo de la ropa.
Testigo:
Eh, por debajo.
Fiscal:
Por debajo y cuando su, usted dice por
debajo de la ropa ¿a qué se refiere?
Testigo:
Eh, por debajo de, de mi ropa interior.
Fiscal:
Ok, por debajo de tu ropa interior, ok.
Entonces, eh ¿qué era lo que hacía entonces Efrén
con el dedo en tu área de tu vagina?
Testigo: Pues el solo lo mo, lo movía por los
lados, en, por la superficie.
CC-2023-0210
18
Fiscal:
¿Lo
superficie?
movía
por
los
lados
Testigo:
Sí.
Fiscal:
Ok ¿Por cuánto tiempo eso duró?
Testigo:
Como uno o dos minutos.
Fiscal:
Ok ¿y qué usted sintió?
en
la
Testigo: Yo, yo sentía, como unos cosquilleos,
pero, me sentía mal, “ininteligible”.
Fiscal:
Unos cos, eh ¿la escucharon? Ok. Este…
Jueza:
Bien, debe subir, mantener…
Fiscal:
Sí.
Jueza:
…la voz arriba.
Fiscal:
Sí.
Jueza:
Adelante.
Fiscal:
Ok, eh, ¿dónde estaba ubicada la mano de
Efrén con respecto a tu ropa interior?
Testigo:
Eh, hacia el frente.
Fiscal:
Frente, ok. Y descríbale a las damas y
caballeros del jurado, verdad, usted dijo que lo
movía hacia arriba y hacia abajo el dedo ¿cómo era
que hacía ese movimiento? si lo puede describir
con la mano.
Testigo: “Ininteligible”…
Fiscal: ¿Ah?
Defensa: Juez, juez y pe, perdón, yo no estoy
escuchando aquí muy bien, me imagino que el jurado…
Jueza: Sí, no ha contestado nada…
Fiscal: “Ininteligible”, no ha dicho nada.
Jueza: …pero, debes hablar fuerte, para no volver
a repetir. Repita la pregunta, fiscal.
CC-2023-0210
19
Fiscal:
Si puede hacer el movimiento, testigo,
cuando usted dice que, que movía su dedo hacia
arriba y hacia abajo, en su vagina, si puede hacer
el movimiento para que las damas y caballeros del
jurado puedan observar. Con su mano.
Testigo:
Él, él “ininteligible” …
Fiscal:
¿Cómo?
Testigo:
así.
Que él, él hacía como así, como, como
Fiscal:
Ok, ¿y hacia arriba hacia dónde era que
él movía su dedo?
Testigo:
En, en mi área privada.
Fiscal: En tu área privada. Eh te pregunto,
testigo ¿qué si algo tú sentías físicamente? Ya
dijiste que te sentías mal, pero físicamente ¿qué
si algo tú sentías?
Testigo: En, físicamente no, no hacía nada.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fiscal: Ok, eh, te pregunto, eh [TIRN], verdad,
luego de que pasara eso por varios minutos, dígale
a las damas y caballeros del jurado qué sucedió
entonces, luego.
Testigo: Eh, después de eso, yo, yo me subí los
pantalones y me fui a la sala con mis hermanos.
(Negrillas suplidas).4
Luego de un análisis meticuloso de los testimonios que
obran en el expediente de todos los testigos de cargo, con
especial atención al de la joven TIRN, entiendo que el
Tribunal
de
Apelaciones
no
abusó
de
su
discreción
al
determinar que hay ausencia de prueba sobre el elemento de
penetración. Este elemento del delito es trascendental pues,
TPO, a la pág. 162, líneas 19-31, a la pág. 163, líneas 1-31; y la
pág. 164, líneas 1-21, y a la pág. 165, línea 1; Ap. del certiorari,
págs. 293-296.
4
CC-2023-0210
20
como señaláramos anteriormente, la Asamblea Legislativa así
lo plasmó cuando redactó el Art. 131 del Código Penal de
Puerto Rico de 2012. La ausencia de prueba sobre un elemento
del delito constituye un error manifiesto y un abuso de
discreción
por
parte
del
Tribunal
de
Primera
Instancia
debido a que la conclusión de que se cometió el delito de
incesto está en conflicto con la evidencia desfilada en el
juicio. Peor aún, la prueba testifical establece que los
actos del señor Negrón Ramírez, por más repugnantes que sean,
se cometieron en la superficie de los genitales de la menor.
No se indicó ni siquiera que hubo una penetración leve. Por
lo tanto, procedía que este Tribunal revocara la convicción
por dicho artículo, pues no se establecieron todos sus
elementos más allá de duda razonable.
Al interpretar qué constituye una penetración sexual
para efectos de nuestro Código Penal, desde 1907 hemos
manifestado
que
“[a]ún
una
ligera
penetración
ha
sido
declarada suficiente en casi todos los casos, sin efectuarse
una emisión por parte del hombre, para consumar el delito de
violación; y el efecto de penetración no depende, como lo
indica
la
corte
inferior,
de
si
la
mujer
hace
o
no
resistencia, o de si se encuentra o no incapacitada para
hacerla”. El Pueblo v. Cancel, 13 DPR 178, 186 (1907); véase,
además, El Pueblo de Puerto Rico v. Pérez Rivera, 129 DPR
306, 317 (1991) (Sentencia). En sintonía, aclaramos que no
es esencial evidenciar que hubo ruptura del himen para
demostrar la penetración. Pueblo v. Díaz Martínez, 87 DPR
CC-2023-0210
21
691, 697 (1963). Por esto, no hay dudas en cuanto a que
cualquier
introducción
instrumental,
por
mínima
vaginal
genital,
que
es
sea,
digital
suficiente
o
para
consumar el delito de incesto. Precisamente, evidencia de
tal introducción es de lo que carece este caso, pues el
expediente es silente en ese sentido y ni tan siquiera puede
demostrar una leve penetración.
La Opinión de la mayoría se ampara en jurisprudencia no
vinculante para tratar de sostener su postura. De esto modo,
cita con aprobación cierta sentencia dictada por el Tribunal
Supremo de España que indicó que “todo lo que sea un exceso,
por
leve
o
breve
‘horizontalidad’
en
que
la
sea,
zona
de
sexual
superación
femenina
de
la
supone
la
existencia de agresión sexual”. STS 454/2021, 27 mayo 2021.
Asimismo, plasma una decisión de la Corte de Apelaciones de
Georgia que afirmó “slight penetration, including entry of
the
anterior
intercourse
of
the
element
organ,
of
the
is
sufficient
incest
to
statute”.
meet
the
Raymond
v.
State, 232 Ga. App. 228, 229 (1998). También lo manifestado
por la Corte de Apelaciones de Indiana sobre que “Indiana
law does not require that the vagina be penetrated, only
that the female sex organ be penetrated”. Winters v. State,
727 N.E. 2d. 758, 760 (Ind. Ct. App. 2000). A pesar de todo
esto, la mayoría de esta Curia no logró identificar dónde en
el expediente de marras está la prueba de tal “superación de
la horizontalidad” o de una “slight penetration”. No podían
hacerlo, pues no surge del caso.
CC-2023-0210
22
Si bien la Opinión mayoritaria reza que fueron los
gestos realizados por la testigo los que llevaron al jurado
a
determinar
que
el
elemento
de
penetración
se
había
cometido, pasa por alto que la trascripción indica que la
interacción
fue
superficial.
De
esta
manera,
aunque
la
apreciación que realiza el juzgador de hechos merece una
gran deferencia, en este caso estamos ante un planteamiento
de suficiencia de la prueba que, como reconoce la Mayoría,
nos pone en una posición más apta para intervenir con la
determinación del foro inferior. Esto es así, pues, los foros
revisores no debemos confirmar una sentencia condenatoria si
entendemos que la totalidad de la prueba no establece la
culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. Véase,
Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 789. Además, “[a]nte prueba
insuficiente, un jurado no podría hallar culpable al acusado
irrespectivamente
de
si
la
prueba
amerita
o
no
su
credibilidad”. Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 416.
La Opinión del Tribunal plantea que este caso se trata
de determinaciones basadas en los movimientos, gestos y
demostraciones no verbales que hizo la testigo en corte y
que fueron vistos y creídos por el jurado. Sin embargo, en
ninguna
parte
del
expediente
se
mencionan,
describen
o
ejemplifican esos movimientos. Ni siquiera el fiscal pudo
plasmar para el récord cómo eran los gestos de la testigo
que, según una mayoría de esta Curia, bastaron para rebatir
la presunción de inocencia que cobija a todo ciudadano. La
inferencia que una mayoría de los miembros de este cuerpo
CC-2023-0210
23
pretende realizar en contra del señor Negrón Ramírez es,
ante
mis
ojos,
patentemente
inconstitucional.
Este
precedente es muy peligroso porque, bajo el pretexto de la
deferencia al jurado, se podrían validar convicciones con
evidencia dudosa o con un expediente ausente de prueba.
Por esta razón, aunque en reiteradas ocasiones hemos
sostenido
que
las
determinaciones
de
hechos
del
foro
primario sustentadas en prueba oral merecen gran deferencia
por los tribunales apelativos, y que las valoraciones que
hace el juzgador de los hechos no deben ser descartadas
arbitrariamente ni sustituidas por el criterio del foro
apelativo, esto no procede si de la prueba admitida surge
que no existe base suficiente que apoye tal determinación.
Véase, Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 165; Pueblo v.
Acevedo Estrada, supra, pág. 99.
Precisamente
en
este
caso
las
determinaciones
alcanzadas por el foro primario no están sustentadas por la
prueba, pues de la evidencia en el expediente no surge base
suficiente para apoyar la conclusión de culpabilidad. Por
consiguiente, si luego de un examen de la prueba admitida,
libre y sereno de toda inclinación o parcialidad, existe
duda razonable sobre la culpabilidad de la persona imputada
de delito, lo correcto es revocar la convicción. Véase, Regla
110 de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Irizarry,
supra, pág. 789-790. Esta era la determinación que debimos
alcanzar en esta ocasión, pues la falta de evidencia sobre
un
elemento
esencial
del
delito
de
incesto
impide
que
CC-2023-0210
24
despejemos la duda razonable que constitucionalmente asiste
a todo acusado. No podemos, bajo el simpático discurso de
proteger los derechos de las víctimas, obviar ni cargarnos
los derechos de los individuos.
B. En cuanto al segundo señalamiento de error, el
Ministerio Público sostuvo que, en la alternativa, el señor
Negrón Ramírez debió ser hallado culpable del delito de actos
lascivos,
porque
entiende
que
este
es
un
delito
menor
incluido en el incesto. Tampoco le asiste la razón.
En primer lugar, es norma reiterada que para que el
Estado
pueda
procesar
debido
proceso
de
ley
criminalmente
exige
que
a un ciudadano,
el
el acusado conozca
la
naturaleza y extensión de los delitos que se le imputan.
Pueblo v. Soto Molina, 191 DPR 209, 218 (2014). Por ello, el
pliego acusatorio debe incluir una exposición de todos los
hechos
que
constituyen
el delito específico.
Íd. De
esa
forma, en principio, no se permite encontrar convicto a un
acusado por un delito distinto al imputado en la acusación.
Íd.
Empero,
a
modo
de
excepción,
la
Regla
147
de
Procedimiento Criminal, supra, avala la culpabilidad por un
delito distinto siempre y cuando ese delito sea menor y esté
incluido en el delito mayor imputado. Pueblo v. Soto Molina,
supra, pág. 219. Véase, Pueblo v. Rivera Ortiz, 150 DPR 457,
463 (2000).
Para que se pueda hallar culpable a una persona por un
delito menor incluido en el delito por el cual se le acusó,
es necesario que los hechos expuestos en la acusación por el
CC-2023-0210
25
delito mayor contengan los elementos esenciales del delito
menor. Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196, 206-207 (2012).
Si el delito mayor incluye todos los elementos requeridos
por la ley en relación con el menor, el mayor incluye al
menor. Por el contrario, el menor no está comprendido en el
mayor si el menor requiere algún otro elemento indispensable
que no es parte del delito mayor. Íd.; Pueblo v. Oyola
Rodríguez,
132
DPR
1064,
1071
(1993).
Para
hacer
la
determinación, se analiza si no se puede cometer el delito
imputado sin cometer también el menor incluido. Pueblo v.
Ayala García, supra, pág. 206.
Con esto en mente, anteriormente explicamos que el
delito de actos lascivos se comete cuando una persona somete
a otra a realizar un acto que tiende a despertar, excitar o
satisfacer su impudicia, pasión o deseos sexuales. Nevares
Muñiz, op. cit., págs. 217-218. Se trata de una conducta
intencional que ofende el pudor e indemnidad sexual de la
víctima, pero se realiza sin ánimo de acceso o penetración
sexual. Íd. En cambio, el delito de incesto se efectúa cuando
a propósito, con conocimiento o temerariamente se lleva a
cabo un acto orogenital o una penetración sexual vaginal o
anal entre personas que se encuentran dentro de los grados
de parentesco prohibidos.
Como podemos apreciar, el delito de actos lascivos
contiene un elemento subjetivo que requiere evidenciar el
estado mental del imputado como uno que realizó el acto en
busca
de
despertar,
excitar
o
satisfacer
su
impudicia,
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pasión o deseos sexuales. En cambio, el incesto no requiere
ese
elemento,
pues
solo
bastaría
con
demostrar
que,
a
propósito, con conocimiento o temerariamente se llevó a cabo
un
acto
orogenital
o
una
penetración
sexual
entre
determinados parientes. No hay que probar que el acusado
buscaba excitarse o satisfacer su lascivia. Así pues, en la
medida en que el delito de incesto no incluye todos los
elementos requeridos para la comisión del delito de actos
lascivos, podemos concluir válidamente que el segundo no es
un delito menor incluido en el primero. Por esta razón, se
puede cometer el delito de incesto sin que necesariamente se
cometa el de actos lascivos.
Debo señalar que, aunque nos desconcierte el afán del
legislador en requerir una penetración sexual o de un acto
orogenital como elemento del delito de incesto, la solución
es propiamente legislativa. Si bien esto nos pudiese chocar,
pues socialmente pensamos en el incesto como cualquier acto
sexual
que
se
da
entre
personas
con
cierto
grado
de
parentesco, la Asamblea Legislativa decidió codificar la
conducta de someter a un familiar a realizar un acto que
tiende a satisfacer la impudicia, pasión o deseos sexuales
del
agresor,
en
el
artículo
que
criminaliza
los
actos
lascivos, y no en el de incesto. Con ello, condicionó esta
conducta a la pena de 15 años de reclusión, y no al término
fijo de 50 años establecido en el artículo de incesto, una
reducción
significativa
para
una
de
las
acciones
más
deplorables en nuestra sociedad. Atender esta cuestión le
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corresponde con exclusividad a la Asamblea Legislativa, y no
a nosotros, por lo que tenemos las manos amarradas en este
asunto.
Ante este panorama, tal cual determinó el Tribunal de
Apelaciones, no podíamos hacer otra cosa que no fuera revocar
la sentencia del foro primario en cuanto al cargo por el
Art. 131 del Código Penal de 2012, supra. Esto se debe a que
la acusación aquí se limitó a imputar el delito de incesto,
pero este no se probó. Como vimos, no se puede encontrar
convicto a un acusado por un delito distinto al imputado, a
no ser que sea un delito menor incluido, excepción que no
aplica en este caso. Ahora bien, las convicciones en cuanto
al cargo contra el Art. 144(a) del Código Penal de 2004
(actos lascivos), supra, los tres (3) cargos por el Art.
133(a) del Código Penal del 2012 (actos lascivos contra dos
menores, incluyendo a TIRN), supra, y el cargo por el Art.
75(a)
de
la
Ley
Núm.
177-2003
(maltrato),
supra,
que
surgieron de otros incidentes, permanecerían inalteradas.
Con ello, correspondía modificar la sentencia para imponer
una condena de 21 años y 9 meses de reclusión. Esto surge de
que la pena máxima que por ley se puede imponer contra aquel
que comete el delito de actos lascivos a una víctima con
quien tiene cierta relación de parentesco es de 15 años. No
obstante,
según
el
concurso
real
de
delitos,
por
los
restantes cuatro (4) cargos solamente podríamos agregar
hasta un máximo de 20% de la mencionada pena de 15 años, o
sea, 3 años adicionales. Además, debido a la reincidencia
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simple aceptada, se tenía que añadir un 25% de la pena de 15
años, lo que representa una suma de 3 años y 9 meses. Así,
el señor Negrón Ramírez debió ser condenado a cumplir una
pena de 21 años y 9 meses de reclusión.
Este resultado, entiéndase la condena tras el concurso
real de delitos, aunque antipático, es producto exclusivo de
la voluntad del legislador. Pueblo v. Acevedo Maldonado, 193
DPR 270, 280 (2015) (Op. de conformidad, Juez Asociado
Martínez
Torres).
Estamos
obligados
a
implementar
las
disposiciones nefastas del Art. 71 del Código Penal de Puerto
Rico de 2012, 33 LPRA sec. 5104, y así rebajarle la pena a
una persona condenada en varias ocasiones por el delito de
actos lascivos. Véase, Pueblo v. Acevedo Maldonado, supra,
pág.
280
(Op.
de
conformidad,
Juez
Asociado
Martínez
Torres). De hecho, la pena máxima es la misma si comete el
delito contra dos, tres o cuatro personas. Bajo el funesto
esquema diseñado por el legislador, después de la segunda
víctima, ninguna otra cuenta al momento de imponer la pena.
Íd.
IV
Para concluir, reitero que en el esmero de ceñirnos a
la
doctrina
de
la
deferencia,
no
podemos
permitir
que
prevalezca un fallo condenatorio tras observar que la prueba
no establece la culpabilidad del acusado más allá de duda
razonable. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 790. La Opinión
del Tribunal se ampara en la gesticulación de la testigo
para
sostener
la
convicción,
pero…
¿cuáles
fueron
esos
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gestos?
No
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los
puedo
identificar,
pues
no
surgen
del
expediente. Siendo así, no queda otra que pensar que una
mayoría de esta Curia se está imaginando cómo fueron los
gestos para poder justificar el resultado al que hoy arriba.
Esa inferencia, escudada en una mal invocada deferencia,
bastó para rebatir la presunción de inocencia que nos cobija
a todos.
Lamentablemente he notado cómo en años recientes este
Tribunal ha tomado posturas que se alejan del Derecho cuando
estamos ante casos relacionados con el tema de delitos
sexuales. Véanse, Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016)
(Resolución); Pueblo v. Toro Vélez, 212 DPR 919 (2023)
(Sentencia). Aun cuando entiendo la preocupación que puede
generar este tipo de asuntos, nuestra labor como jueces no
es resolver a favor de la postura que nos resulte más
agradable y contra la que nos parezca abominable. Pueblo v.
Cardona López,
supra, pág. 516.
(Resolución) (Expresión
disidente, Juez Asociado Martínez Torres). En el balance de
los mejores intereses de la sociedad, nuestro trabajo es, y
siempre será, resolver conforme al Derecho.
Por esta razón, disiento respetuosamente del curso de
acción seguido por este Tribunal, no sin antes advertir,
como he hecho en el pasado, que “[c]uando se fuerza el
Derecho en busca de una solución preferida el fantasma del
mal precedente reaparecerá a atormentarnos”. RPR & BJJ Ex
Parte, 207 DPR 389, 507 (2021) (Op. disidente, citando a
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Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 DPR 474, 489 (1975), Op.
disidente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz).
Del mismo modo, “en el afán de llegar a una solución
que parezca simpática no podemos lacerar un derecho tan
prominente…”, como la presunción de inocencia. RPR & BJJ Ex
Parte,
supra,
pág.
504.
(Op.
disidente,
Juez
Asociado
Martínez Torres). En situaciones simpáticas es muy fácil
reconocer derechos constitucionales. Empero, es parte de
nuestra
labor
hacerlo
también
ante
las
situaciones
más
antipáticas y penosas de nuestra sociedad. Los individuos
tienen unos derechos constitucionales y nuestra obligación
es protegerlos.
V
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
disiento
respetuosamente. Ante la falta de evidencia suficiente sobre
uno de los elementos esenciales del delito de incesto,
correspondía revocar la convicción del señor Negrón Ramírez
sobre ese cargo. Consecuentemente, hubiese sostenido la
sentencia del Tribunal de Apelaciones.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado