Tribunal Supremo de Puerto Rico
Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios de Asesoría y Asistencia Legal y Notarial v. Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
2024 TSPR 34
Poder Judicial de Puerto Rico
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Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios de Asesoría y Asistencia Legal y Notarial v. Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
CC-2023-0158
12 de abril de 2024 · Hon. Ángel Colón Pérez · Derecho Cooperativo – Facultad de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico para regular y fiscalizar una entidad una vez esta se incorpora como cooperativa.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa de Trabajo Asociado de
Servicios de Asesoría y Asistencia Legal
y Notarial (Legal Coop.)
Peticionario
Certiorari
v.
Corporación Pública para la Supervisión
y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC), representado por su
Presidenta Ejecutiva Mabel Jiménez
Miranda
2024 TSPR 34
213 DPR ___
Recurridos
Número del Caso:
Fecha:
CC-2023-0158
12 de abril de 2024
Tribunal de Apelaciones:
Panel VI
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Ariel O. Caro Pérez
Lcdo. Miguel A. Pérez Vargas
Lcdo. Rubén Colón Morales
Lcdo. Rubén J. Lucena Quiles
Abogados de la parte recurrida:
Lcda. Leila A. Marrero Maldonado
Lcdo. Michael R. Jiménez Brea
Abogados de los Amicii Curiae:
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
Lcdo. Juan Enrique Santana Felix
Lcda. Carmen Julia Ortiz
Liga de Cooperativas de Puerto Rico
Lcda. Irma N. Torres Suárez
Materia: Derecho Cooperativo - Facultad de la Corporación Pública
para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico para
regular y fiscalizar una entidad una vez esta se incorpora como
cooperativa.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa de Trabajo Asociado
de Servicios de Asesoría y
Asistencia Legal y Notarial
(Legal Coop.)
Peticionario
v.
CC-2023-0158
Certiorari
Corporación Pública para la
Supervisión y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC), representado por su
Presidenta Ejecutiva Mabel
Jiménez Miranda
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico a 12 de abril de 2024.
En el presente caso tenemos la oportunidad de
expresarnos, por vez primera, sobre las facultades
que tiene la Corporación Pública para la Supervisión
y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (en adelante,
“COSSEC”)
en
cooperativas
el
de
proceso
tipos
de
incorporación
diversos.
En
de
específico,
debemos determinar si COSSEC puede denegar a una
cooperativa de tipo diverso un permiso para operar,
cuando ésta ya ha obtenido dicha autorización de la
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (en
adelante, “CDCOOP”) y del Departamento de Estado.
CC-2023-0158
2
Adelantamos que, tras un análisis cuidadoso y detallado
del
ordenamiento
cooperativista
puertorriqueño,
hemos
llegado a la conclusión de que COSSEC no tiene facultad para
denegar el permiso de operación a una cooperativa de tipo
diverso,
cuando
CDCOOP
y
el
Departamento
de
Estado
previamente han autorizado su incorporación. Más bien, COSSEC
solo tiene facultad para regular y fiscalizar la entidad,
una vez ésta se incorpore como cooperativa. Veamos.
I.
La Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios de
Asesoría y Asistencia Legal Notarial (en adelante, “Legal
Coop”) es una entidad que, a grandes rasgos, ofrece asesoría,
asistencia y representación legal, y servicios notariales, a
empresas
cooperativas
particular,
la
y
referida
de
la
economía
entidad
se
solidaria.1
organizó
como
En
una
cooperativa de trabajo asociado de conformidad con la Ley
Núm. 239-2004,
también conocida
como la
Ley General de
Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004 (en adelante,
“Ley General de Cooperativas de 2004”), infra.
Según requiere dicho estatuto, Legal Coop sometió sus
documentos de incorporación a CDCOOP. Luego de examinar los
mismos, CDCOOP los refirió al Departamento de Estado para
que
procediera
incorporación
certificado
de
y
con
el
registro
con
la
expedición
incorporación.
de
las
del
Completado
cláusulas
de
correspondiente
dicho
proceso,
Véase, Cláusulas de incorporación, Apéndice de Petición de certiorari,
pág. 182.
1
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3
Legal Coop fue incorporada como cooperativa el 17 de junio
de 2020, bajo el número 445582.
Para esa misma fecha, CDCOOP le notificó a COSSEC sobre
la incorporación de Legal Coop. Asimismo, le remitió copia
de las
Cláusulas de
Incorporación, el
Reglamento y
del
Certificado de incorporación de la referida cooperativa. Lo
anterior tenía la finalidad de que COSSEC otorgara a Legal
Coop un permiso para comenzar a operar, conforme al Art. 37.0
de la Ley General de Cooperativas de 2004, infra.
Así las cosas, recibidos los mencionados documentos de
incorporación, COSSEC procedió a examinarlos. Como parte del
referido examen, el 10 de mayo de 2021 la mencionada entidad
se comunicó con Legal Coop con el propósito de indagar sobre
una cuenta bancaria de la cooperativa que, para el 31 de
diciembre de 2020, contenía un balance de $140,783.72.
Por su parte, el 11 de mayo de 2021 Legal Coop remitió
un escrito mediante el cual explicó que, como parte de sus
operaciones y registros contables, se realizaban anticipos
de dividendos a los socios. Estos anticipos, según indicó,
se registraban en dicha cuenta.
Recibida la referida misiva, el 29 de junio de 2021
COSSEC se comunicó con Legal Coop para notificarle que el
asunto de los anticipos constituía un incumplimiento con el
Art. 21.0 de la Ley General de Cooperativas de 2004, infra.
Adujo esto, puesto que dicho estatuto no establece o permite
que las cooperativas realicen adelantos de dividendos a sus
socios.
CC-2023-0158
4
Así pues, y en vista de lo anterior, COSSEC le requirió
a
Legal
Coop
realizar
procedimientos,
con
la
un
análisis
finalidad
de
sus
registros
de
asegurar
que
y
su
contabilidad estuviese libre de errores y en cumplimiento
con la ley. Para acreditar el cumplimiento con lo requerido,
solicitó que se proveyeran los estados financieros de la
entidad al 31 de diciembre de 2020. A su vez, COSSEC le
notificó a la
referida cooperativa
que le
otorgaría un
permiso provisional para operar, -- por un término de treinta
(30) días --, mientras se cumplía con lo señalado.
En desacuerdo con lo requerido a ésta, el 9 de julio de
2021 Legal Coop replicó a la comunicación antes mencionada.
En esencia, argumentó que el presunto incumplimiento con la
ley, -- por efectuar adelantos de dividendos a los socios
como mecanismo de pago por los servicios prestados por éstos
--, no aplicaba a cooperativas de trabajo asociado.
Legal Coop fundamentó su posición en que los socios
trabajadores de este tipo de cooperativas no son empleados
per se, sino que son dueños. Por ello, explicó que no era
posible dar tratamiento de salario al pago por los servicios
que realiza un socio. Más bien, adujo que ese pago es un
adelanto o anticipo de los dividendos a los que tendría
derecho dicho socio en su día.
Evaluados los planteamientos de Legal Coop, el 26 de
agosto de 2021 COSSEC emitió su determinación de no otorgarle
el permiso para operar. Según su criterio, la Ley General de
Cooperativas
de
2004,
infra,
permite
que
un
socio
sea
CC-2023-0158
5
empleado o contratista independiente, y que, como tal, reciba
un salario o una compensación por sus labores, mas no así
adelantos o anticipos de dividendos.
Además, la referida entidad explicó que el mencionado
estatuto no define los términos de ganancia ni de dividendo,
sino que solamente atiende el proceso para distribuir los
sobrantes de la cooperativa. Dichos sobrantes, según la ley,
se manejan al cierre del año fiscal.
En ese sentido, concluyó que era especulativo hablar de
dividendos antes de ese momento. Así las cosas, le otorgó a
Legal Coop un término de treinta (30) días para corregir la
deficiencia indicada.
Posteriormente, el 23 de septiembre de 2021 Legal Coop
presentó una Solicitud de reconsideración. Mediante dicha
comunicación,
la
referida
cooperativa
se
sostuvo
en
su
posición.
En síntesis, Legal Coop explicó que la Ley General de
Cooperativas
de
2004,
infra,
distingue
entre
socios
trabajadores y trabajadores no socios. A su entender, son
estos últimos los que desempeñan labores a cambio de un
salario.
Conforme
a
ello,
precisó
que
el
mecanismo
de
anticipos se utiliza para remunerar a los socios trabajadores
por sus servicios.
Evaluada
la
Solicitud
de
reconsideración,
el
7
de
octubre de 2021 COSSEC emitió una Resolución mediante la cual
declaró no ha lugar la misma. En ésta, informó a Legal Coop
CC-2023-0158
6
sobre su derecho a revisar la determinación ante la Junta de
Directores de COSSEC y el Tribunal de Apelaciones.
Enterada de lo anterior, el 23 de noviembre de 2021
Legal
Coop
presentó
una
Solicitud
de
revisión
de
determinación ante la Junta de Directores de COSSEC. En ésta,
esbozó los mismos argumentos presentados en su solicitud de
reconsideración.
Así las cosas, el 24 de enero de 2022 la Junta de
Directores de COSSEC emitió una Resolución mediante la cual
declaró no ha lugar la solicitud presentada por Legal Coop.
Esto, por entender que no tenía jurisdicción para atenderla.
A juicio de la Junta de Directores de COSSEC, ni la
carta del 26 de agosto de 2021, ni la Resolución del 7 de
octubre
del
mismo
año,
constituían
determinaciones
administrativas finales por parte de COSSEC en cuanto a la
otorgación del permiso para operar. Así pues, concluyó que
la revisión presentada era prematura y devolvió el caso ante
la consideración de la Presidencia Ejecutiva de COSSEC para
que emitiera la determinación correspondiente.
La Presidencia Ejecutiva de COSSEC, por su parte, emitió
una comunicación por escrito el 18 de abril de 2022 dirigida
a la Junta de Directores de la mencionada entidad. En ésta,
sostuvo
su
operación
a
determinación
de
no
Legal
por
entender
Coop,
otorgar
el
que
permiso
la
de
referida
cooperativa incumplía con varios asuntos, a saber: (1) los
requisitos establecidos en la ley; (2) su propio reglamento
interno; y (3)
con mantener un
sistema de
contabilidad
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7
adecuado al reconocer el adelanto de dividendos antes del
cierre del año fiscal. Para fundamentar su posición, COSSEC
se basó en la Ley General de Cooperativas de 2004, infra, y
en el Reglamento Núm. 7108, infra, de la extinta Oficina del
Inspector
de
Cooperativas
de
Puerto
Rico
(en
adelante,
“Oficina del Inspector de Cooperativas”).
Enterada de lo anterior, el 12 de mayo de 2022 Legal
Coop presentó una segunda Solicitud de reconsideración ante
COSSEC. Además de reiterar sus argumentos originales, señaló
que la determinación de la mencionada entidad, de denegar el
permiso por presuntamente incumplir con ciertos requisitos
establecidos en ley, constituía un acto ultra vires.
Según el análisis de Legal Coop, la Ley General de
Cooperativas de 2004, infra, no le reconoce a COSSEC ninguna
autoridad para revocar la determinación de CDCOOP respecto a
que una entidad cumple con los requisitos para constituirse
como una cooperativa. Más bien, su rol se limita a asegurar
que,
prospectivamente,
la
cooperativa
se
mantenga
en
cumplimiento con la ley.
Así las cosas, el 19 de mayo de 2022 COSSEC emitió una
Resolución mediante la cual declaró no ha lugar la referida
petición de reconsideración. A su entender, la referida
cooperativa no presentó argumentos que le movieran a variar
su dictamen.
Inconforme con dicho proceder, el 21 de junio de 2022
Legal Coop acudió mediante Solicitud de revisión ante la
Junta de Directores de COSSEC. En esencia, esbozó argumentos
CC-2023-0158
similares
8
a
los
mencionados
en
la
Solicitud
de
reconsideración del 12 de mayo de 2022.
A su vez, la referida cooperativa hizo hincapié en que,
en virtud de la Ley Núm. 247-2008, también conocida como la
Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de
Puerto Rico, infra, (en adelante, “Ley de la Comisión de
Desarrollo Cooperativo”), COSSEC se convirtió en una entidad
subordinada a CDCOOP. En ese sentido, argumentó que la Ley
General de Cooperativas de 2004,
discreción
a
COSSEC
para
impedir
infra, no
que
una
le
reconoce
cooperativa,
debidamente incorporada, comience operaciones.
Evaluada la Solicitud de revisión presentada por Legal
Coop, el 30 de agosto de 2022 la Junta de Directores emitió
una Resolución mediante la cual la declaró no ha lugar. Dicho
cuerpo se limitó a adoptar el contenido de la determinación
administrativa emitida por COSSEC el 18 de abril de 2022.
Inconforme aún, el 15 de septiembre de 2022 Legal Coop
presentó una Moción de reconsideración ante la Junta de
Directores de COSSEC. En síntesis, la referida cooperativa
se
sostuvo
en
que:
(1)
la
relación
laboral
entre
una
cooperativa de trabajo asociado y sus socios trabajadores no
es de empleo ni de contratistas independientes, por lo que
el pago mediante anticipos es permitido; y en que (2) COSSEC
carece de autoridad para denegar un permiso para iniciar
operaciones a una cooperativa de tipo diverso, cuando CDCOOP
ya lo ha autorizado.
CC-2023-0158
En
el
9
ínterin,
y
previo
a
resolver
la
Moción
de
reconsideración a la que hemos hecho referencia, COSSEC
emitió en contra de Legal Coop una Orden de cese y desista
de naturaleza sumaria. Luego de realizar un breve recuento
de los hechos del caso, la mencionada entidad adujo que Legal
Coop
estaba
compareciendo
como
cooperativa
ante
foros
judiciales y administrativos, a pesar de no tener permiso
para operar.
A tenor con lo anterior, COSSEC le solicitó a Legal Coop
que cesara y desistiera de operar como una cooperativa. A su
vez, le requirió que notificara a todos sus clientes que no
contaba con el permiso para operar y, por consiguiente,
estaba impedida de ofrecer servicios como cooperativa.
En desacuerdo con ello, el 11 de octubre de 2022 Legal
Coop acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso
de
Revisión
judicial.
Ante
dicho
foro,
la
referida
cooperativa cuestionó nuevamente la autoridad de COSSEC para
denegar la concesión del permiso para operar.
De igual forma, alegó ante el foro apelativo intermedio
que COSSEC había errado al concluir que los anticipos de
ganancias sobre trabajos no están contemplados por la Ley
General de Cooperativas de 2004, infra, y que los socios de
la cooperativa tienen que vincularse laboralmente mediante
contratos de empleo y no como socios trabajadores.
Evaluados los alegatos presentados por ambas partes, el
17 de noviembre de 2022 el Tribunal de Apelaciones dictó
Sentencia
mediante
la
cual
confirmó
la
determinación
CC-2023-0158
10
administrativa. Al así hacerlo, en primer lugar, el foro
apelativo intermedio distinguió entre el proceso del registro
de las cláusulas de incorporación de una cooperativa en el
Departamento
de
Estado,
y
el
proceso
posterior
de
la
concesión del permiso para operar por parte de COSSEC. En
ese sentido, explicó que COSSEC era la entidad encargada de
analizar si procede o no que se otorgue el permiso para
operar a una cooperativa.
Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones también
entendió que la Ley General de Cooperativas de 2004, infra,
no provee para el adelanto de dividendos como parte de la
compensación de trabajo. Sin embargo, concluyó que el error
señalado había sido planteado por primera vez ante dicho
foro, en vista de que, en los documentos sometidos durante
el trámite administrativo, Legal Coop hacía referencia a
adelantos de dividendos y no a adelantos de ganancias, por
lo que decidió no atender ese asunto.
Por último, el foro apelativo intermedio tampoco se
adentró
en
el
asunto
de
cómo
se
vinculan
los
socios
trabajadores en cooperativas de trabajo asociado. Ello, por
entender que el dictamen administrativo recurrido no había
abarcado tal asunto.
En desacuerdo con lo sentenciado por el Tribunal de
Apelaciones, el 2 de diciembre de 2022 Legal Coop presentó
una Moción de reconsideración. Dicha moción fue denegada por
el foro apelativo intermedio el 6 de febrero de 2023.
CC-2023-0158
11
Inconforme todavía, el 7 de marzo de 2023 Legal Coop
sometió
una
Petición
de
certiorari
ante
este
Tribunal.
Mediante dicho recurso, plantea argumentos similares a los
alegados ante los foros administrativos y el Tribunal de
Apelaciones.
En extrema síntesis, Legal Coop insiste en la falta de
autoridad
de
COSSEC
para
realizar
las
actuaciones
cuestionadas, a saber: (1) denegar el permiso para operar a
una cooperativa de tipo diverso, y (2) prohibir la práctica
de remunerar a los socios trabajadores mediante anticipos de
dividendos.
Por otro lado, el 13 de julio de 2023 compareció COSSEC
mediante su Alegato en oposición. En esencia, dicha parte
reafirma su autoridad para supervisar las cooperativas de
tipos diversos.
En particular, para COSSEC, dicha autoridad incluye la
concesión o denegatoria de permisos de operación. Sobre el
asunto de los dividendos, se sostiene en que la Ley General
de Cooperativas de 2004, infra, no provee para sus adelantos
como parte de la compensación por el trabajo realizado por
socios.
Cabe destacar que el 10 de marzo de 2023 compareció ante
nos el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (en
adelante, “CAAPR”), mediante una Petición para comparecer
como
amicus
compareció
curiae.
la
Liga
Asimismo,
de
el
20
Cooperativas
de
de
marzo
de
2023,
Puerto
Rico
(en
CC-2023-0158
12
adelante, “Liga de Cooperativas”)2 mediante una Moción para
comparecer
como
amicus
curiae.
Ambas
solicitudes
fueron
autorizadas por este Tribunal el 28 de abril de 2023.
En esencia, ambas entidades consideran que COSSEC no
tiene
facultad
supervisora
en
la
etapa
inicial
de
incorporación de una cooperativa de tipo diverso. Sobre el
particular, indican que CDCOOP es la entidad a cargo de tal
proceso. En vista de ello, concluyen que COSSEC no puede
revocar la autorización para operar que nace al momento en
que CDCOOP y el Departamento de Estado incorporan la nueva
cooperativa.
Por otro lado, el CAAPR sostiene que la relación laboral
entre
la
cooperativa
trabajadores
no
es
de
trabajo
de
empleo
asociado
ni
de
y
sus
socios
contratistas
independientes. Por consiguiente, entiende que el mecanismo
operacional aplicable para remunerar a dichos socios es el
pago de anticipos y la repartición del remanente. La Liga de
Cooperativas, por su parte, no se expresa sobre este asunto.
Trabada
recurso
así
la
presentado
controversia,
ante
nos
y
con
habiendo
el
expedido
beneficio
de
el
la
comparecencia de todas las partes con interés en el litigio,
así como de los amicus curiae, procedemos a exponer la
La Liga de Cooperativas de Puerto Rico es la asociación de tercer grado
del movimiento cooperativo puertorriqueño que agrupa a las cooperativas,
federaciones y centrales de cooperativas organizadas bajo la Ley General
de Cooperativas de 2004, infra, o bajo alguna otra ley de Puerto Rico.
Véase, Art. 28.0, Ley General de Cooperativas de 2004, infra. Cabe
mencionar que la Liga se considera la institución federativa de más alto
nivel del Movimiento Cooperativo de Puerto Rico. Véase, Art. 4
(d)(10)(b), Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro
de Cooperativas de Ahorro y Crédito, infra.
2
CC-2023-0158
normativa
13
que
gobierna
los
asuntos
ante
nuestra
consideración.
II.
A.
Como es sabido, el cooperativismo, en su acepción más
simple, se refiere a “la asociación voluntaria y solidaria
de personas que persiguen un fin común”. Cooperativa v. Colón
Lebrón, 203 DPR 812, 821 (2020). Este sistema socioeconómico
se caracteriza,
entre otras
cosas,
por: (1)
el control
democrático de sus personas socias; (2) la participación
económica de éstas últimas en las ganancias de la entidad; y
por (3) el compromiso o responsabilidad de la entidad con el
desarrollo de su comunidad. Art. 3.1 de la Ley de Sociedades
Cooperativas de 2004, infra; E. Pérez Riestra, Cooperativismo
en Puerto Rico y otros países: evolución y tendencias en el
siglo XXI, San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, Inc.,
2012, pág. 132; L. Flores Soto, Luz y Sombra: El Umbral
Socio-Económico y Jurídico Del Cooperativismo, 1 Rev. Clave
241, 243 (2006).
Cónsono con lo anterior, las cooperativas se consideran
“personas jurídicas privadas de interés social, fundadas en
la solidaridad y el esfuerzo propio para realizar actividades
económico-sociales,
con
el
propósito
de
satisfacer
necesidades individuales y colectivas, sin ánimo de lucro”.
Art. 3.0 de la Ley de Sociedades Cooperativas de 2004, infra.
Por su naturaleza, “[l]os beneficios y riesgos de la empresa
se
comparten
en
común,
repartiéndose
los
sobrantes
en
CC-2023-0158
14
proporción al volumen de transacciones que cada socio haya
realizado
con
Cooperativismo:
la
entidad”.
Teoría
y
A.
Parrilla-Bonilla,
Práctica,
España,
Editorial
Universitaria, 1971, pág. 227.
B.
En Puerto Rico, la existencia de cooperativas data del
1873.
Parrilla-Bonilla,
Berlingeri
Vincenty
&
op.
cit.,
págs.
262-264;
E.
Pérez
Gutiérrez, El
I.M.
Modelo
Cooperativo de Mondragón y su aplicación a la situación de
Puerto Rico, 62 Rev. Jur. UPR 581, 585-587 (1993); L. Flores
Soto, Luz y Sombra: El Umbral Socio-Económico y Jurídico del
Cooperativismo,
1
Rev.
Clave
241,
256
(2006).
Ello,
principalmente, es por razón de que, para esa fecha, “el
gobierno español emitió un decreto que establecía el derecho
a la asociación”. Pérez Riestra, op. cit., pág. 75.
Las
primeras
cooperativas
establecidas
en
el
archipiélago buscaban mejorar las condiciones de vida de la
sociedad puertorriqueña de entonces. Íd. pág. 78; ParrillaBonilla, op. cit., págs. 262-263. En ese sentido, ofrecían
beneficios
principalmente
a
la
clase
obrera
y
a
sus
familiares. Íd. 76-78; Parrilla-Bonilla, op. cit., págs. 263264.
Así pues, a medida que las cooperativas proliferaron,
nacieron en nuestra jurisdicción una serie de iniciativas
legislativas dirigidas a la autorización y regulación de
éstas. Las referidas iniciativas pueden dividirse en tres
grandes grupos: “(1) la que autoriza su organización [(la de
CC-2023-0158
15
la cooperativa)]; (2) la que crea autoridades gubernamentales
para, promoverlas y/o fomentar su desarrollo y (3) la que
asigna autoridades gubernamentales para supervisarlas”.3
Dicho ello, cabe destacar aquí que, para algunos tipos
de cooperativas, nuestra Asamblea Legislativa ha legislado
de forma particular, como es el caso de las cooperativas de
ahorro y
crédito, las juveniles,
las de
energía, entre
otras.4 Véase, Ley Núm. 255-2002, Ley de Cooperativas de
Ahorro y Crédito de 2002, infra; Ley 258–2018, Ley Especial
de Cooperativas Juveniles, 18 LPRA sec. 1701 et seq.; y Ley
Núm. 258-2018, Ley de las Cooperativas de Energía de Puerto
Rico, 5 LPRA 4381, et seq. Los demás tipos de cooperativas
se atienden mediante legislación general -- a saber, la Ley
General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004,
infra -- y se conocen como cooperativas de tipos diversos.5
Sobre estas últimas es que versa el caso de autos.
C.
Y, precisamente, dentro del precitado esquema legal
estamos llamados a determinar quién es el ente gubernamental
encargado
de
conceder
un
permiso
de
operación
a
una
cooperativa de tipo diverso: ¿COSSEC o CDCOOP?
Marco
Jurídico,
Liga
de
Cooperativas
de
Puerto
Rico,
https://liga.coop/marco-juridico/ (última visita, 12 de octubre de 2023).
3
También se regulan de forma especial las cooperativas de seguros y el
Banco Cooperativo de Puerto Rico. Véase, Capítulo 34 de la Ley Núm. 77 de
19 de junio de 1957, también conocida como el Código de Seguros, 26 LPRA
secs. 3401-3423, y la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, también conocida
como la Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico, 7 LPRA sec. 751 et seq.
4
5
Supra, esc. 3.
CC-2023-0158
Para
16
arribar
a
la
respuesta
de
esta
interrogante,
debemos comenzar por repasar las facultades que tenía la
extinta Oficina del Inspector de Cooperativas. Hacemos esto
toda vez que dicha oficina: (1) precede tanto a COSSEC, como
a CDCOOP; (2) tuvo incumbencia, -- desde su creación hasta
su
disolución
--,
en
el
proceso
de
incorporación
de
cooperativas de tipos diversos; y (3) al ser disuelta, sus
poderes fueron transferidos a COSSEC.
Sobre el particular precisa señalar aquí que fue la Ley
Núm. 291-1946,
Sociedades
también conocida
Cooperativas
(en
como la
adelante,
Ley
“Ley
General de
General
de
Cooperativas de 1946”), 5 LPRA sec. 881 et seq. (ed. 1954),
la primera pieza legislativa que dispuso la creación de todo
tipo de cooperativas, Pérez Riestra, op. cit., pág. 225;
Parrilla-Bonilla, op. cit., pág. 303, y la que trajo consigo
la creación de la Oficina del Inspector de Cooperativas. Art.
18, Ley General de Cooperativas de 1946, 5 LPRA sec. 898 (ed.
1954).
En
ese
entonces,
--
y
distinto
a
como
opera
actualmente -- el Inspector o Inspectora de Cooperativas
tenía
una
participación
activa
tanto
en
el
proceso
de
incorporación de una cooperativa, como en su regulación y
fiscalización después de incorporada.
Sobre el proceso de incorporación, la disposición legal
bajo estudio establecía que el Inspector o Inspectora de
Cooperativas tenía la facultad de aprobar o rechazar las
cláusulas de incorporación y el reglamento interno de la
propuesta
cooperativa.
Art.
19(1),
Ley
General
de
CC-2023-0158
17
Cooperativas de 1946, 5 LPRA sec. 899 (ed. 1954). A su vez,
tenía la autoridad para recomendar que se expidiera, o no, a
favor de la misma, el certificado de registro por parte del
Departamento de Estado. Íd.
Respecto a los poderes de regulación y fiscalización,
la Ley General de Cooperativas de 1946, supra, establecía
que el Inspector o Inspectora de Cooperativas debía velar
porque las cooperativas cumpliesen con las disposiciones de
ley,
los
reglamentos
aplicables,
sus
cláusulas
de
incorporación, y con los fines y propósitos para los cuales
habían
sido
organizadas.
Art.
19(4),
Ley
General
de
Cooperativas de 1946, 5 LPRA sec. 899 (ed. 1954). A tales
efectos, se le permitía recomendar al Secretario de Estado
la cancelación del certificado de registro a una cooperativa
cuando
no
fuese
posible
corregir
alguna
irregularidad
señalada a ésta, o cuando la cooperativa se dedicase a
negocios extraños a sus fines y propósitos. Art. 19(4)(c),
Ley General de Cooperativas de 1946, 5 LPRA sec. 899 (ed.
1954).
En fin, la Oficina del Inspector de Cooperativas era el
ente
que
tenía
la
“obligación
fiscalizar
las
operaciones
de
legal
de
supervisar
y
todas
las
cooperativas
organizadas en Puerto Rico”. Ortiz v. Coop. Ahorro y Crédito,
120 DPR 253, 258 (1987). Asimismo, era la oficina encargada,
-- junto con el Departamento de Estado --, del proceso de
incorporación de nuevas cooperativas.
CC-2023-0158
18
D.
Ahora bien, posteriormente, y en lo relacionado al tema
que
nos
ocupa,
se
aprobó
la
Ley
Núm.
50-1994,
también
conocida como la Ley General de Sociedades Cooperativas (en
adelante, “Ley General de Cooperativas de 1994”), 5 LPRA 4001
et seq. (ed. 1997). Dicho estatuto derogó la aludida Ley
General de Cooperativas de 1946, supra.
La Ley General de Cooperativas de 1994, supra, detalló
el
proceso
relacionado
a
la
incorporación
de
nuevas
cooperativas y lo mantuvo bajo la dirección de la Oficina
del Inspector de Cooperativas y del Departamento de Estado.
Arts. 4.2 y 5.0, Ley General de Cooperativas de 1994, 5 LPRA
secs. 4042 y 4050 (ed. 1997). Específicamente, se dispuso
que el proceso relacionado a la incorporación de nuevas
cooperativas iniciaba con la presentación de las cláusulas y
el reglamento de la cooperativa ante la mencionada oficina,
acompañados de
un estudio de
viabilidad económica y el
comprobante de rentas internas. Art. 5.0, Ley General de
Cooperativas de 1994, 5 LPRA sec. 4050 (ed. 1997).
Presentados los referidos documentos, el Inspector o
Inspectora de Cooperativas debía examinar los mismos. Art.
5.1, Ley General de Cooperativas de 1994, 5 LPRA 4051 (ed.
1997). Si estos cumplían con todos los requisitos de ley, y
ninguna de sus disposiciones contradecía las leyes de Puerto
Rico, el Inspector o Inspectora de Cooperativas tenía que
someterlos al Secretario de Estado, dentro de un término
CC-2023-0158
19
prescriptivo de cuarenta y cinco (45) días hábiles desde la
fecha de su radicación. Íd.
Sin embargo, y no empece a lo antes dicho, el Inspector
o Inspectora de Cooperativas podía negarse a someter las
cláusulas para su registro cuando concluyera que el grupo
interesado en organizar la cooperativa no cumplía con los
requisitos de la ley. Art. 5.2, Ley General de Cooperativas
de 1994, 5 LPRA 4052 (ed. 1997). Ello ocurriría siempre que
les notificara las deficiencias encontradas y expusiera las
razones para su negativa. Íd.
En caso de que el Inspector o Inspectora de Cooperativas
no emitiera una determinación dentro del término indicado,
las
personas
interesadas
en
la
incorporación
de
una
cooperativa podían someter los documentos directamente al
Departamento de Estado. Art. 5.3, Ley General de Cooperativas
de 1994, 5 LPRA sec. 4053 (ed. 1997). En tales escenarios,
el mencionado departamento gubernamental estaría encargado
de
radicar
los
documentos
y
expedir
el
correspondiente
certificado de incorporación, luego de reconocer el debido
cumplimiento con la ley. Íd.
Una vez registradas las cláusulas de incorporación y
emitido
el
referido
certificado,
la
entidad
solicitante
quedaba debidamente constituida como cooperativa. Art. 5.4,
Ley General de Cooperativas de 1994, 5 LPRA 4054 (ed. 1997).
En esa misma línea, tan pronto el Departamento de Estado
registrara las cláusulas de incorporación, la cooperativa
estaba
autorizada
para
comenzar,
de
forma
oficial,
sus
CC-2023-0158
20
operaciones. Art. 5.5, Ley General de Cooperativas de 1994,
5 LPRA 4055 (ed. 1997).
Por último, y en lo pertinente, el Subcapítulo 36 del
estatuto
identificaba
a
la
Oficina
del
Inspector
de
Cooperativas como la agencia responsable de la regulación y
fiscalización de las cooperativas. En primera instancia, el
Art.
36.0
establecía
Cooperativas
debía
que
el
“otorgar
Inspector
un
permiso
o
Inspectora
escrito
a
de
toda
cooperativa que hubiese cumplido con los requisitos de [la
Ley General de Cooperativas de 1994] para que pued[iese]
comenzar sus operaciones”. Ley General de Cooperativas de
1994, 5 LPRA 4360 (ed. 1997).
Además de lo anterior, el Inspector o Inspectora de
Cooperativas venía obligado a velar porque toda cooperativa
cumpliese con sus cláusulas de incorporación, su reglamento
interno y con las disposiciones de ley. Art. 36.1, Ley
General de Cooperativas de 1994, 5 LPRA sec. 4361 (ed. 1997).
De igual forma, tenía que examinar, al menos anualmente, las
auditorías
realizadas
sobre
las
operaciones
de
toda
cooperativa incorporada y funcionando en Puerto Rico. Art.
36.2, Ley General de Cooperativas de 1994, 5 LPRA sec. 4362
(ed. 1997).
E.
Establecido
General
de
lo
anterior,
Cooperativas
de
cabe
1994,
destacar
supra,
que
fue
la
Ley
enmendada
mediante la Ley Núm. 186-2001 (en adelante, “Ley Núm. 1862001”). Entre otros cambios, dicha ley dispuso que
los
CC-2023-0158
21
procesos de incorporación de cooperativas, a partir de la
aprobación de la referida pieza legislativa, se llevarían a
cabo mediante la Administración de Fomento Cooperativo,6
desplazando de esta función a la Oficina del Inspector de
Cooperativas. Arts. 2, 4-8, Ley Núm. 186-2001.
En suma, la
Administración de Fomento Cooperativo se convirtió en la
entidad
a
cargo
de
incorporar
y
regular
los
procesos
iniciales de organización de una cooperativa.
Así pues, con la aprobación de la Ley Núm. 286-2001,
supra,
y
en
cuanto
al
proceso
de
incorporación
de
cooperativas de tipos diversos se refiere, las facultades de
la
Oficina
del
Inspector
de
Cooperativas
se
fueron
reduciendo. En particular, y tras la puesta en vigor de la
mencionada pieza legislativa, sus poderes se centrarían en
la
fiscalización
y
regulación
de
las
cooperativas
ya
incorporadas, mientras que sus facultades respecto al proceso
de incorporación se limitarían a otorgar el referido permiso
para operar.
F.
Posterior a ello, y pasados aproximadamente diez años
desde la aprobación de la Ley General de Cooperativas de
1994, supra, se aprobó la Ley General de Cooperativas de
2004, 5 LPRA sec. 4381 nota et seq., estatuto que, en la
actualidad, atiende todo lo concerniente a las cooperativas
de tipos diversos. Art. 1.2 (j), Ley General de Cooperativas
La Administración de Fomento Cooperativo se creó con la finalidad de
“promover, organizar y regular el funcionamiento de las cooperativas”.
Pérez Riestra, op. cit., pág. 92.
6
CC-2023-0158
22
de 2004, 5 LPRA sec. 4381. Dicho estatuto mantuvo el proceso
de incorporación de nuevas cooperativas similar al dispuesto
en la Ley General de Cooperativas de 1994, supra, según
enmendada.
Es decir, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
General de Cooperativas de 2004, supra, y en lo referente al
proceso de incorporación de cooperativas, la Administración
de
Fomento
era
la
entidad
responsable
de
evaluar
los
documentos de incorporación y de referir los mismos -- de
encontrar que estos cumplían con la ley -- al Departamento
de Estado. Arts. 4.2, 5.0-5.4, Ley General de Cooperativas
de 2004, 5 LPRA secs. 4402, 4410-4414 (ed. 2004). De igual
forma,
la
cooperativa
oficialmente
cuando
podía
el
comenzar
Departamento
sus
de
operaciones
Estado
hubiese
registrado sus cláusulas de incorporación. Art. 5.5, Ley
General de Cooperativas de 2004, 5 LPRA sec. 4415 (ed. 2004).
A su vez, con la aprobación de la Ley General de
Cooperativas
de
2004,
supra,
Subcapítulo
36,7
sobre
las
se
mantuvo
facultades
el
de
mencionado
regulación
y
fiscalización de la Oficina del Inspector de Cooperativas.
Es decir, se conservó, entre otras disposiciones, el artículo
referente al permiso que
debía
conceder el
Inspector o
Inspectora de Cooperativas a toda cooperativa que hubiese
cumplido
con
las
disposiciones
de
ley
para
comenzar
Cabe destacar que, mediante la Ley Núm. 258-2018, este subcapítulo se
renumeró, por lo que actualmente es el Subcapítulo 37.
7
CC-2023-0158
23
operaciones. Art. 37, Ley General de Cooperativas de 2004, 5
LPRA sec. 4645 (ed. 2004).
G.
Dicho ello, conviene señalar aquí que, para el año 2006,
mediante la Carta Normativa Núm. 2006-02-03 y en virtud de
la Ley General de Cooperativas de 2004, supra, la Oficina
del Inspector de Cooperativas promulgó el Reglamento para la
Otorgación de Permisos a las Cooperativas, Reglamento Núm.
7108 de 17 de marzo de 2006 (en adelante, “Reglamento Núm.
7108”).8 El propósito de dicha normativa era establecer el
proceso para otorgar el permiso para comenzar operaciones - mencionado en el aludido Subcapítulo 36 de la Ley General
de Cooperativas de 2004, supra -- por parte del Inspector o
Inspectora de Cooperativas, y las causas para la suspensión
o revocación del mismo. Reglamento Núm. 7108, Art. I, pág.
2.
Según
este
reglamento,
el
certificado
de
registro
emitido por el Departamento de Estado, en conformidad con el
Art. 5.5 de la Ley General de Cooperativas de 2004, supra,
no constituía el permiso para operar. Reglamento Núm. 7108,
Art. IV, pág. 2. Más bien, y a juicio de dicha oficina, era
el Inspector o Inspectora de Cooperativas quien otorgaba la
autorización para ello. Reglamento Núm. 7108, Art. V, pág.
3.
8 Reglamento
para la Otorgación de Permisos a las Cooperativas, Reglamento
Núm.
7108
de
17
de
marzo
de
2006,
disponible
en:
https://docs.pr.gov/files/COSSEC/Documentos%20Cooperativas/Reglamentos/
7108.pdf.
CC-2023-0158
24
Para conferir el referido permiso, se dispuso que el
Inspector
o
Inspectora
aspectos
tales
cooperativa
y
Reglamento
Núm.
como
el
el
de
Cooperativas
sistema
contenido
7108,
Art.
de
debía
examinar
de
contabilidad
su
reglamento
VIII,
pág.
4.
de
la
interno.
Mientras
se
efectuaba tal examen, se autorizaba a conceder un permiso
provisional por un término no mayor de treinta (30) días.
Reglamento Núm. 7108, Art. VII, págs. 3-4.
De
culminar
la
evaluación
de
forma
favorable,
el
Inspector o Inspectora de Cooperativas tenía que otorgar el
permiso
en
un
periodo
no
mayor
de
treinta
(30)
días.
Reglamento Núm. 7108, Art. V, pág. 3. Por el contrario, si
del examen realizado surgían señalamientos que impidieran
conceder la autorización, se le otorgaría a la cooperativa
un término no mayor de treinta (30) días para corregir los
mismos. Íd.
Como se puede apreciar, mediante este Reglamento, la
Oficina
del
Inspector
de
Cooperativas
aclaró
que
una
cooperativa, ya incorporada, venía obligada a esperar por el
permiso de la Oficina del Inspector de Cooperativas para
poder comenzar sus operaciones.
III.
A.
Abundando en nuestro análisis, y como hemos adelantado,
la Oficina del Inspector de Cooperativas, en el año 2008,
fue disuelta y sus funciones fueron transferidas a COSSEC.
Ahora bien, antes de examinar en detalle dicha disolución,
CC-2023-0158
25
debemos repasar lo relacionado a la creación y funciones de
COSSEC. Para ello, es necesario hacer referencia, brevemente,
a las disposiciones legales relacionadas a la creación e
incorporación de las cooperativas de ahorro y crédito. Esto
procede toda vez que, al momento de su constitución, COSSEC
solo tenía autoridad sobre dichos tipos de cooperativas.
De entrada, cabe destacar que, desde el año 1947, Puerto
Rico cuenta con legislación para “autorizar la incorporación,
la organización y el funcionamiento de las cooperativas de
ahorro
y
crédito”.
Pérez
Riestra,
op.
cit.,
pág.
89.
Actualmente, el estatuto vigente es la Ley Núm. 255-2002,
también conocida como la Ley de Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Crédito de 2002 (en adelante, “Ley de Cooperativas
de Ahorro y Crédito de 2002”), 7 LPRA sec. 1361 nota et seq.
Previo
a
la
creación
de
COSSEC,
nuestra
Asamblea
Legislativa había aprobado varios estatutos para asegurar
las acciones y depósitos de los socios de estas cooperativas
contra pérdidas resultantes del riesgo de insolvencia. Entre
dichas piezas legislativas estaban la Ley Núm. 99 de 4 de
junio de 1980, también conocida como la Ley del Fondo de
Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (en adelante, “Ley del Seguro de Cooperativas de
Ahorro y Crédito”), 7 LPRA sec. 1151 et seq. (derogada), y
la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, también conocida como
la Ley de la Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos
CC-2023-0158
26
de Cooperativas de Ahorro y Crédito (en adelante, “Ley de la
Corporación de 1990”), 7 LPRA 1301 et seq. (ed. 1994).9
Varios años después, se aprobó la Ley Núm. 114-2001,
también conocida como la Ley de la Corporación Pública para
la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito
(en adelante, “Ley de la Corporación de 2001”), 7 LPRA sec.
1334
nota
et
seq.
Dicho
estatuto
derogó
la
Ley
de
la
Corporación de 1990, supra, y constituyó lo que hoy conocemos
como COSSEC. Art. 4, Ley de la Corporación de 2001, 7 LPRA
sec. 1334b.
Mediante
la
creación
de
“centraliz[ó]
en
una
institución
supervisar
y
asegurar
crédito”.
Pérez
sola
dicha
corporación,
se
la
de
a
las
cooperativas
Riestra,
op.
cit.,
pág.
función
de
235.
ahorro
En
y
otras
palabras, COSSEC se convirtió en el ente responsable de
proveer a las cooperativas de ahorro y crédito un seguro
contra insolvencia, y, además, de supervisar y fiscalizar
sus operaciones, negocios, productos y/o servicios. Art.
4(b)(1)-(2), Ley de la Corporación de 2001, 7 LPRA sec.
En particular, la Ley del Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito,
supra, creó un programa que pretendía asegurar las acciones y depósitos
de los socios de cooperativas de ahorro y crédito contra pérdidas
resultantes del riesgo de insolvencia. Este programa operaba bajo la
supervisión y dirección del Inspector o Inspectora de Cooperativas. Sec.
3, Ley del Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 7 LPRA sec. 1151b
(derogada). Por su parte, la Ley de la Corporación de 1990, supra, creó
la Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (en adelante, “PROSAD-COOP”). Dicha corporación
sustituyó el primer programa de seguro -- creado en virtud de la
mencionada Ley del Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito, supra -por uno independiente. Exposición de Motivos, Ley de la Corporación de
1990, supra. En otras palabras, el seguro por insolvencia dejó de operar
bajo la supervisión de la Oficina del Inspector de Cooperativas y pasó
a manos de PROSAD-COOP.
9
CC-2023-0158
27
1334b. Véase también, Art. 4(c)(1), Ley de la Corporación de
2001, 7 LPRA sec. 1334b.
Siendo
ello
así,
desde
la
creación
de
COSSEC,
la
incorporación de cooperativas de ahorro y crédito, en nuestra
jurisdicción, se tramita a través de dicha entidad. Art.
3.03, Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, 7 LPRA
sec. 1363b. Anterior a ello, el proceso se realizaba mediante
la Oficina del Inspector de Cooperativas. Véase, Art. 3.03,
7 LPRA sec. 1353b, Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, también
conocida como Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Crédito de 1989 (derogada).
De todo lo anterior podemos concluir, pues, que COSSEC
se creó con la finalidad de ser el único ente con jurisdicción
sobre las cooperativas de ahorro y crédito. Cónsono con ello,
su alcance sobre las cooperativas de tipos diversos era -- y
es -- limitado.10
B.
Habiendo estudiado la norma relacionada a la extinta
Oficina del Inspector de Cooperativas y a COSSEC, veamos
ahora los cambios que, a la normativa antes discutida, trajo
consigo la aprobación de la Ley de la Comisión de Desarrollo
Cooperativo, 23 LPRA sec. 625 nota et seq. Como explicaremos
más adelante, este estatuto constituyó a CDCOOP y modificó
En específico, COSSEC solo tenía la responsabilidad de velar por la
solvencia económica de estas cooperativas, y por los derechos y
prerrogativas de sus personas socias. Art. 4(b)(4), Ley de la Corporación
de 2001, 7 LPRA sec. 1334b.
10
CC-2023-0158
28
significativamente parte del estado de derecho expuesto en
los acápites anteriores.
En ese sentido, y según se desprende de la Exposición
de Motivos del precitado estatuto, antes de su aprobación,
en nuestra jurisdicción contábamos con una multiplicidad de
entidades
que
regulaban
las
cooperativas.
Exposición
de
Motivos, Ley de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, supra.
Específicamente, la Administración de Fomento Cooperativo y
el Fondo de Inversión de Desarrollo Económico se encargaban
de la promoción; la Oficina del Inspector de Cooperativas y
COOSEC atendían la fiscalización y reglamentación; y el
Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico
manejaba el tema educativo. Íd.
Así las cosas, en la referida Exposición de Motivos se
expresó
que
problemáticas,
dicha
que
fragmentación
causaba,
entre
hubiese
“excesiva
intervención
una
otras
gubernamental y un predominio de la función fiscalizadora en
detrimento de la autonomía que caracteriza a las empresas
cooperativas, así como de
los
esfuerzos de promoción y
desarrollo social y económico”. Íd. De igual forma, se señaló
que
las
cooperativas
venían
obligadas
a
responder
a
diferentes departamentos gubernamentales. Íd.
En vista de tales desafíos, mediante la Ley de la
Comisión de Desarrollo Cooperativo, supra, se restructuró
nuestro ordenamiento cooperativista. En lo pertinente, se
creó
CDCOOP;
se
armonizaron
las
funciones
públicas
de
promoción y fiscalización; y se incorporó la participación
CC-2023-0158
activa
del
29
movimiento
cooperativo
puertorriqueño en
los
procesos de formulación e implementación de política pública.
Íd.
En particular, a CDCOOP se le encomendó “delinear,
promover, coordinar y supervisar la ejecución e implantación
de
la
política
pública
sobre
el
desarrollo
y
fomento
cooperativo de Puerto Rico”. Art. 9, Ley de la Comisión de
Desarrollo Cooperativo, 23 LPRA sec. 632. De igual forma,
ésta se convirtió en el organismo responsable de definir,
mediante
reglamento,
los
parámetros
que
debe
reunir
y
mantener una cooperativa para ser acreedora de una carta
constitutiva de tal naturaleza. Íd. inciso (m).
Además, la ley estableció que tanto COSSEC, como el
Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo, funcionarían
como
entidades
adscritas
a
CDCOOP.
Art.
13,
Ley
de
la
Comisión de Desarrollo Cooperativo, 23 LPRA sec. 637(a).
Conforme a ello, se dispuso que las determinaciones de dichas
entidades que impliquen definir política pública tienen que
ser cónsonas con la política
pública de desarrollo del
cooperativismo, según la defina e interprete la Junta Rectora
de CDCOOP. Íd.
Como resultado de esto último, se le requirió a la Junta
Rectora de CDCOOP
coordinar e
integrar las políticas y
funcionamiento de las entidades adscritas. Art. 9(b) y (n),
Ley de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, 23 LPRA sec.
632.
Igualmente,
inconsistencias
se
le
entre
facultó
las
para
resolver
normas,
posibles
reglamentos,
CC-2023-0158
30
procedimientos,
cartas
circulares
o
normativas
de
las
entidades adscritas, y la política pública de desarrollo del
cooperativismo. Art. 13, Ley de la Comisión de Desarrollo
Cooperativo, 23 LPRA sec. 637(b).
En cuanto a la armonización de funciones públicas, es
menester señalar que, con la aprobación de la Ley de la
Comisión de Desarrollo Cooperativo, se disolvió tanto la
Administración de Fomento, como la Oficina del Inspector de
Cooperativas. A raíz de ello, se transfirieron todas las
funciones y poderes de la Administración de Fomento a CDCOOP.
Art. 14, Ley de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, 23
LPRA sec. 638. A su vez, a COSSEC se transfirieron las
funciones
y
poderes
de
la
Oficina
del
Inspector
de
Cooperativas.11 Art. 15, Ley de la Comisión de Desarrollo
Cooperativo, 23 LPRA sec. 639.
En ese sentido, a COSSEC se le designó como el organismo
fiscalizador de todo tipo de cooperativas. Art. 4(d)(10)(a),
Ley de la Corporación de 2001, 7 LPRA sec. 1334b. No obstante,
se
dispuso
que
dicha
autoridad
debía
ejercitarse
“reconociendo la diferencia en el alcance y ámbito de la
fiscalización de entidades cooperativas no financieras”. Íd.
Finalmente, cabe destacar que la incorporación activa
del movimiento cooperativo puertorriqueño en los procesos de
formulación e implementación de política pública tuvo el
También se transfirieron a COSSEC las funciones y poderes de la
Administración de Fomento relacionadas a la fiscalización, supervisión
y liquidación de entidades cooperativas. Art. 14, Ley de la Comisión de
Desarrollo Cooperativo, 23 LPRA sec. 638.
11
CC-2023-0158
31
propósito de reducir la dependencia de las cooperativas en
las acciones gubernamentales. Art. 2, Ley de la Comisión de
Desarrollo Cooperativo,
finalidad
de
que,
23 LPRA
sec. 625.
eventualmente,
el
Esto
propio
tuvo la
movimiento
cooperativo asumiera el pleno control del desarrollo de las
cooperativas. Íd.
C.
Para culminar nuestra exposición del derecho, debemos
señalar que el proceso de incorporación de cooperativas de
tipos diversos que rige en la actualidad es el que se
encuentra codificado en la Ley General de Cooperativas de
2004, supra, y que previamente discutimos al estudiar el
referido estatuto legal. La única diferencia, que trajo
consigo la Ley de la Comisión de Desarrollo Cooperativo,
supra, con la creación de CDCOOP, es que es dicha última
entidad, y no la Administración de Fomento, el ente encargado
del
proceso
de
incorporación
de
cooperativas
de
tipos
diversos en nuestra jurisdicción. Art. 4.2, Ley General de
Cooperativas de 2004, 5 LPRA 4402.
Así pues, las cláusulas de incorporación y el reglamento
se envían a CDCOOP para su evaluación. Art. 5, Ley General
de Cooperativas de 2004, 5 LPRA sec. 4410. Si ésta última
aprueba tales documentos, deberá someter las cláusulas al
Secretario de Estado dentro del término prescriptivo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde la fecha
de radicación. Art. 5.1, Ley General de Cooperativas de 2004,
5 LPRA sec. 4411. Ahora bien, si se niega a ello, por entender
CC-2023-0158
32
que no se cumplen con los requisitos que dispone la ley,
deberá justificar su decisión y notificar a las personas
interesadas
dentro
del
referido
término.
Art.
5.2,
Ley
General de Cooperativas de 2004, 5 LPRA sec. 4412.
En caso de que CDCOOP no descargue sus funciones dentro
del
término
dispuesto,
se
podrán
someter
las
cláusulas
directamente al Departamento de Estado. Art. 5.3, Ley General
de
Cooperativas
de
2004,
5
LPRA
sec.
4413.
En
tales
ocasiones, el Departamento de Estado registrará las mismas y
expedirá el correspondiente certificado de incorporación,
siempre que determine que la mencionada documentación cumple
con los requisitos de la ley. Íd.
Ahora bien, el estatuto es claro al dictar que la
entidad
quedará
debidamente
constituida
como
cooperativa
cuando el Departamento de Estado registre sus cláusulas y
emita el correspondiente certificado de registro. Art. 5.4,
Ley General de Cooperativas de 2004, 5 LPRA sec. 4414. De
igual
forma,
se
establece
que
ésta
podrá
comenzar
sus
operaciones de forma oficial cuando el Departamento de Estado
haya registrado sus cláusulas. Art. 5.5, Ley General de
Cooperativas de 2004, 5 LPRA sec. 4415.
Por otra parte, COSSEC se convirtió en la agencia que
viene
obligada
a
otorgar
el
“permiso
escrito
a
toda
cooperativa que hubiese cumplido con los requisitos de [la
Ley General de Cooperativas de 2004] para que pueda comenzar
CC-2023-0158
33
sus operaciones”. Art. 37.0, Ley General de Cooperativas de
2004, 5 LPRA sec. 4645.12
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que
procedemos a disponer de la controversia ante nos.
IV.
Como mencionamos anteriormente, en la causa de epígrafe,
Legal Coop aduce que la determinación de COSSEC de denegarle
el permiso de operación por incumplir con los requisitos
establecidos en la ley constituyó un acto ultra vires. A su
entender, la Ley General de Cooperativas de 2004, supra, no
le reconoce a COSSEC discreción para revocar el criterio de
CDCOOP y del Departamento de Estado en cuanto a que una
entidad cumple con los requisitos para incorporarse como
cooperativa
de
tipo
diverso
y,
consecuentemente,
pueda
comenzar operaciones. Le asiste la razón.
Y es que, de la normativa antes expuesta surge con
meridiana claridad que una entidad queda constituida como
cooperativa de tipo diverso cuando, previa recomendación del
CDCOOP, el Departamento de Estado registra sus cláusulas y
emite el correspondiente certificado de registro. Desde ese
Cabe mencionar que el estatuto contempla el concepto de cooperativa en
formación. Específicamente, se dispone que una cooperativa en formación
es aquella que, habiendo iniciado el procedimiento de incorporación -entiéndase, habiendo presentado los documentos constitutivos -- todavía
no aparece inscrita en el Departamento de Estado. Art. 3.7, Ley General
de Cooperativas de 2004, 5 LPRA sec. 4394. Dicho periodo de formación no
puede ser mayor de un (1) año, -- salvo que medie justa causa --, contado
desde la fecha de la radicación de las cláusulas y el reglamento ante
CDCOOP. Íd. Durante el mismo, la cooperativa en formación podrá realizar
actos frente a terceros. Íd. No obstante, los incorporadores serán
responsables personal y solidariamente por tales actos. Íd. Notemos que
esta última disposición indica que una cooperativa nace o se forma tan
pronto se efectúa su inscripción en el Departamento de Estado. En otras
palabras, la facultad para operar como cooperativa no se supedita al
permiso de operación que concede COSSEC.
12
CC-2023-0158
34
entonces, la cooperativa puede comenzar a operar. Así se
desprende de un análisis armonioso del desarrollo de la
Oficina del Inspector de Cooperativas y los
cambios en
política pública generados por la Ley General de Cooperativas
de 2004, supra, y la Ley de la Comisión de Desarrollo
Cooperativo, supra, y ello fue lo que sucedió aquí.
Concluir
lo
contrario
sería,
a
todas
luces,
un
contrasentido a la política pública implementada mediante la
Ley de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, supra. Ello,
pues colocaríamos a COSSEC, -- una entidad subordinada --,
en una posición superior a CDCOOP, -- el ente gubernamental
principal en materia de cooperativas --. Consecuentemente,
mantendríamos la inconexión y duplicidad de labores entre
los organismos asociados al cooperativismo, problema que
intentó mitigar nuestra Asamblea Legislativa mediante la
aprobación de este estatuto.
Así
pues,
injerencia
en
somos
los
del
criterio
procesos
que
iniciales
COSSEC
no
relacionados
tiene
a
la
incorporación de una cooperativa de tipo diverso. Menos aún
cuando esa autoridad aparentemente emana de un Reglamento - entiéndase, el Reglamento Núm. 7108 de la Oficina del
Inspector de Cooperativas -- que, a todas luces, contraviene
la política pública claramente establecida en la Ley de la
Comisión de Desarrollo Cooperativo, supra.
Más bien, la autoridad de COSSEC sobre este tipo de
cooperativas se limita a su regulación y fiscalización luego
de incorporadas. Dicha fiscalización, enfatizamos, deberá
CC-2023-0158
35
realizarse tomando en consideración las diferencias entre
estas cooperativas y las de naturaleza financiera, como lo
son las cooperativas de ahorro y crédito. Y, en efecto, de
COSSEC
encontrar
que
existe
alguna
violación
a
las
disposiciones legales aplicables, nada impide que tome las
medidas
que
las
leyes
cooperativistas
le
proveen
para
remediar una situación de tal naturaleza.
Cabe mencionar, por último, que, en esta ocasión, y
similar a como lo hizo el foro apelativo intermedio, no
atendemos el asunto del uso de los anticipos de dividendos
para remunerar a los socios trabajadores por sus labores. Lo
anterior, por entender que ello debe ser resuelto, en primera
instancia, por el ente experto en materia de cooperativas,
entiéndase, CDCOOP.13 Concluimos esto pues la Ley General de
Cooperativas de 2004, supra, no dispone de esta interrogante
de forma clara.14 Una vez esa normativa legal o reglamentaria
esté
clara,
COSSEC
podrá
encargarse
de
velar
por
su
cumplimiento.
Cabe destacar que la doctrina de jurisdicción primaria dispone cuál
foro, si el judicial o el administrativo, debe atender de forma inicial
determinada controversia. Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillas,
163 DPR 308, 326 (2004). Una de las vertientes de esta doctrina se
manifiesta cuando el foro judicial y el administrativo comparten la
facultad para atender un asunto. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179
DPR 391, 405 (2010). En tales instancias, los tribunales podrían ceder su
intervención para que la controversia sea considerada por las agencias
administrativas. Íd. Esto se hace en virtud de la deferencia que merecen
dichas entidades por su preparación, especialización y pericia sobre
determinados temas. Íd.
13
Recordemos que, en lo relacionado a este caso, COSSEC fundamentó la
denegatoria del permiso para operar por entender que la Ley General de
Cooperativas de 2004, supra, no permite adelantar dividendos como parte
de la compensación de los socios trabajadores. No obstante, no encontramos
en dicha ley una prohibición al respecto.
14
CC-2023-0158
36
V.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
se
revoca
la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, la cual
confirma la determinación administrativa de la Junta de
Directores de COSSEC. En consecuencia, se ordena a COSSEC a
otorgar el permiso de operación en cuestión a Legal Coop. A
su vez, el asunto del uso de los anticipos de dividendos para
remunerar a los socios trabajadores se remite al trámite
administrativo para que CDCOOP ausculte si la Ley General de
Cooperativas de
2004,
supra,
y
la política
pública del
cooperativismo puertorriqueño permite tal práctica.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa de Trabajo Asociado
de Servicios de Asesoría y
Asistencia Legal y Notarial
(Legal Coop.)
Peticionario
CC-2023-0158
v.
Certiorari
Corporación Pública para la
Supervisión y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC), representado por su
Presidenta Ejecutiva Mabel
Jiménez Miranda
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 12 de abril de 2024.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, se revoca la Sentencia emitida por el
Tribunal
de
Apelaciones,
la
cual confirma
la
determinación
administrativa
de
la
Junta
de
Directores de COSSEC. En consecuencia, se ordena a
COSSEC a otorgar el permiso de operación en cuestión
a Legal Coop. A su vez, el asunto del uso de los
anticipos de dividendos para remunerar a los socios
trabajadores se remite al trámite administrativo para
que CDCOOP ausculte si la Ley General de Cooperativas
de
2004,
supra,
y
la
política
pública
del
cooperativismo puertorriqueño permite tal práctica.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón
Charneco disiente con Opinión escrita.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa de Trabajo Asociado
de Servicios de Asesoría y
Asistencia Legal y Notarial
(Legal Coop.)
Peticionario
CC-2023-0158
v.
Corporación Pública para la
Supervisión
y
Seguro
de
Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC), representado por su
Presidenta
Ejecutiva
Mabel
Jiménez Miranda
Recurridos
Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco.
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2024.
Disiento de la determinación a la cual arribó una
Mayoría de este Tribunal. No coincido en que la otorgación
de un permiso de operación por parte de la Corporación
Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC) a una cooperativa de tipo diverso es
automática
una
vez
la
entidad
queda
inscrita
en
el
Departamento de Estado. La incorporación y la otorgación del
permiso
de
necesarios
operación
para
operaciones.
que
una
son
procesos
cooperativa
independientes
pueda
comenzar
y
sus
CC-2023-0158
2
I
El 17 de junio de 2020, el Departamento de Estado
registró y emitió el certificado de incorporación de la
Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios de Asesoría y
Asistencia Legal y Notarial (Legal Coop.). Según surge de su
propio
reglamento,
Legal
Coop.
es
una
cooperativa
de
trabajadores, dedicada a la prestación de servicios legales
y
notariales
a
personas
que
profesionales
en
Puerto
Rico;
contraten
con
sus
especial
servicios
interés
de
prestar servicios a empresas cooperativas y de la economía
solidaria. En esa misma fecha, la Comisión de Desarrollo
Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) envió a COSSEC copias de
las
Cláusulas
de
Incorporación,
del
Reglamento
y
el
Certificado de Incorporación de Legal Coop. Lo anterior con
el fin de que COSSEC concediera el permiso de operación.
Así las cosas, el 9 de julio de 2020, COSSEC solicitó
a Legal Coop. varios documentos para poder realizar su
evaluación antes de expedir el permiso. Entre estos, evaluó
la contabilidad de Legal Coop, mediante el estudio de los
estados financieros, el auxiliar de acciones y estados de
cuentas.
Como parte de su evaluación, el 10 de mayo de 2021,
COSSEC indagó sobre una cuenta bancaria de Legal Coop.
denominada
“Advance
to
Members”
con
un
balance
de
$140,783.72. Legal Coop. explicó que, como parte de sus
operaciones,
realizaba
compensación
del
trabajo
anticipos
realizado
de
dividendos
como
por
los
que
socios
CC-2023-0158
3
ofrecían servicios legales en la Cooperativa. El 29 de junio
de 2021, COSSEC notificó que Legal Coop. incumplía con la
Ley General de Cooperativas de 2004, infra, dado a que el
estatuto no permite que se realicen adelantos de dividendos
a
sus
socios.
Siendo
ello
así,
le
otorgó
un
permiso
provisional, por un término de treinta (30) días, para que
la Cooperativa realizara las correcciones a su contabilidad
en cumplimiento con la Ley de General de Cooperativas de
2004, infra, y conforme a los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados.
Insatisfecha con la determinación, Legal Coop. comenzó
un proceso de reconsideración y revisión administrativa. A
través de ese proceso, del cual omitimos los pormenores, la
Cooperativa arguyó, primeramente, que no incumplió con la
Ley General de Cooperativas de 2004, infra, en vista de que
la
ley
diferenciaba
trabajadores-no
socios,
los
trabajadores-socios
precisando
que
se
y
permite
los
el
mecanismo de anticipos como método de remuneración para los
primeros.
Además,
Cooperativas
de
argumentó
2004,
infra,
que
no
la
le
Ley
General
confiere
a
de
COSSEC
injerencia para ir en contra de la determinación de CDCOOP
respecto a que una entidad cumplió con los requisitos para
constituirse e incorporarse como una cooperativa. Luego de
que el Tribunal de Apelaciones confirmó la negativa de
COSSEC, mediante una Sentencia, emitida el 17 de noviembre
de 2022, Legal Coop. recurrió ante este Tribunal.
CC-2023-0158
4
II
El ordenamiento cooperativista vigente en Puerto Rico
ha sido modificado y atemperado por el poder legislativo en
varias ocasiones. En particular a la controversia de autos,
se
ha
desplazado
en
otras
agencias
las
funciones
que
ostentaba la Oficina del Inspector de Cooperativas en el
proceso de incorporación de las cooperativas de tipo diverso
y
a
la
fiscalización
y
regulación
de
estas
una
vez
incorporadas. Actualmente, a CDCOOP se le ha delegado la
función de llevar a cabo el procedimiento de organización e
incorporación de una cooperativa de tipo diverso y a COSSEC
el de fiscalizar y regularlas.
CDCOOP está encargada de implantar el Capítulo 5 de la
Ley Núm. 239-2004, conocida como Ley General de Sociedades
Cooperativas de Puerto Rico de 2004, 5 LPRA secs. 4410-4416,
al
recibir,
examinar
y,
posteriormente,
someter
al
Departamento de Estado los documentos constitutivos de una
cooperativa.
Este
proceso
culmina
con
la
cooperativa
debidamente constituida “cuando el Departamento de Estado
registre
y
emita
el
correspondiente
certificado
de
registro”. Art. 5.4, Ley Núm. 239-2004, 5 LPRA 4414. El
Artículo 5.5, 5 LPRA sec. 4415, dispone que, una vez el
Departamento de Estado haya registrado sus cláusulas de
incorporación, la cooperativa podrá comenzar sus operaciones
oficialmente.
CC-2023-0158
5
Por su parte, bajo el Capítulo 37 de la Ley Núm. 2392004, COSSEC tiene que “velar por que toda cooperativa cumpla
con sus cláusulas de incorporación, su reglamento interno y
las disposiciones de esta Ley”. Art. 37.1, Ley Núm. 2392004, 5 LPRA sec. 4646. Para lograr este objetivo, el
Artículo 37.0, 5 LPRA sec. 4645, dispone que “[COSSEC] deberá
otorgar un permiso escrito a toda cooperativa que hubiese
cumplido con los requisitos de esta Ley para que pueda
comenzar sus operaciones”. Por otra parte, la entidad queda
facultada a “examinar por lo menos una (1) vez al año las
auditorías
realizadas
sobre
las
operaciones
de
toda
cooperativa incorporada y funcionando en Puerto Rico. La
auditoría podrá realizarla un auditor contratado por la
cooperativa, pero el Inspector podrá revisar la auditoría y
realizar
todos
los
exámenes
relacionados
que
considere
pertinentes”. Art. 37.2, Ley Núm. 239-2004, 5 LPRA sec. 4647.
Por otra parte, mediante la Ley Núm. 247-2008, conocida
como Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo
de Puerto Rico, 23 LPRA 625 et seq, COSSEC se convirtió en
un brazo operacional de CDCOOP.
política
pública
cooperativista
Esto con el fin de que la
sea
aplicada
de
forma
uniforme. Aun así, COSSEC mantiene su autonomía operacional.
Art. 9, Ley Núm. 247-2008, 23 LPRA sec. 632. En lo relevante
al caso de autos, el Artículo 13 de la Ley Núm. 247-2008, 23
LPRA sec. 637, dispone que la Junta Rectora de CDCOOP tiene
la facultad de “resolver posibles inconsistencias entre las
normas, reglamentos, procedimientos, cartas circulares o
CC-2023-0158
6
normativas
de
las
entidades
aprobación,
aplicación
e
adscritas,
interpretación,
tanto
y
la
en
su
política
pública de desarrollo del Cooperativismo” y al igual que
recibir de partes interesadas “planteamientos de posible
inconsistencia de política pública, cuya petición deberá
ajustarse a las normas que para esos fines defina por
reglamento la propia entidad”.
III
En el caso de autos, Legal Coop., con el aval de CDCOOP,
quedó debidamente incorporada el 17 de junio de 2020, cuando
el Departamento de Estado registró a la Cooperativa y emitió
el
certificado
de
incorporación.
El
hecho
que
posteriormente, el 18 de abril de 2022, COSSEC determinó que
Legal Coop. incumplía con los requisitos establecidos en la
ley al mantener un sistema de contabilidad inadecuado, al
reconocer el adelanto de dividendos antes del cierre del año
fiscal, no tiene efecto alguno sobre la evaluación de los
documentos constitutivos de la Cooperativa por parte de
CDCOOP y su registro en el Departamento de Estado. En esa
etapa COSSEC estaba actuando conforme al Capítulo 37 de Ley
Núm. 239-2004, supra, como ente regulador.
Asimismo, pesa sobre mi criterio el hecho de que la
deficiencia señalada por COSSEC no podía surgir de los
documentos constitutivos (Cláusulas de Incorporación y el
Reglamento de la Cooperativa) sometidos a CDCOOP para la
incorporación. COSSEC denegó otorgar el permiso al surgir un
desacuerdo
sobre
si
la
Ley
General
de
Sociedades
CC-2023-0158
7
Cooperativas reconocía el adelanto de dividendos antes del
cierre del año fiscal. Durante el examen dirigido a otorgar
el
permiso
de
operación
COSSEC
solicitó
documentación
adicional que no estuvo disponible para CDCOOP, cuando este
evaluó los documentos de incorporación. La determinación
negativa de COSSEC surge de su indagación sobre una cuenta
por
cobrar
denominada
“Advance
to
Members”
de
la
Cooperativa, datos que solo pueden surgir de un estudio de
la contabilidad de Legal Coop.
Nada de lo dispuesto en los Capítulos 5 y 37 de la Ley
Núm. 239-2004, supra, o en la Ley Núm. 247-2008, supra,
implica que COSSEC tiene injerencia sobre el proceso de
incorporación de una cooperativa. La otorgación del permiso
de operación es un proceso independiente y distinto, cuyas
disposiciones no han sido objeto de enmienda. El Capítulo 37
de la Ley Núm. 239-2004, supra, delega a COSSEC la función
de ente regulador de todas las cooperativas de tipo diverso
y autoriza la auditoria de estas entidades. Soy del criterio
que el proceso de incorporación no predispone a COSSEC a
otorgar automáticamente el permiso.
Tampoco me persuade
concluir que COSSEC tiene que otorgar un permiso para operar
antes
de
poder
señalar
deficiencias
con
el
sistema
de
contabilidad de una cooperativa.
Por
obtención
lo
cual,
del
los
permiso
procesos
de
de
operación
incorporación
son
y
de
distintos
e
indispensables para que una cooperativa pueda operar en
Puerto Rico. Al concluir el primero, la cooperativa queda
CC-2023-0158
8
constituida con su propia personalidad jurídica. A través
del segundo, la cooperativa obtiene el aval de que realiza
sus
actividades
en
consecución
permitido por las leyes.
de
sus
fines
según
lo
Si una cooperativa entiende que
COSSEC actuó contrario a la política pública de desarrollo
del
Cooperativismo
cuando
denegó
expedir
un
permiso
de
operación, esta podrá recurrir a CDCOOP, hecho que no sucedió
en la controversia que hoy atendemos. Siendo ello así,
confirmaría
la
Sentencia
que
emitió
el
Tribunal
Apelaciones en el caso de autos.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
de