LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios de Asesoría y Asistencia Legal y Notarial v. Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico

2024 TSPR 34

Poder Judicial de Puerto Rico

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Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios de Asesoría y Asistencia Legal y Notarial v. Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico

CC-2023-0158

12 de abril de 2024 · Hon. Ángel Colón Pérez · Derecho Cooperativo – Facultad de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico para regular y fiscalizar una entidad una vez esta se incorpora como cooperativa.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa de Trabajo Asociado de

Servicios de Asesoría y Asistencia Legal

y Notarial (Legal Coop.)

Peticionario

Certiorari

v.

Corporación Pública para la Supervisión

y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico

(COSSEC), representado por su

Presidenta Ejecutiva Mabel Jiménez

Miranda

2024 TSPR 34

213 DPR ___

Recurridos

Número del Caso:

Fecha:

CC-2023-0158

12 de abril de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel VI

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Ariel O. Caro Pérez

Lcdo. Miguel A. Pérez Vargas

Lcdo. Rubén Colón Morales

Lcdo. Rubén J. Lucena Quiles

Abogados de la parte recurrida:

Lcda. Leila A. Marrero Maldonado

Lcdo. Michael R. Jiménez Brea

Abogados de los Amicii Curiae:

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico

Lcdo. Juan Enrique Santana Felix

Lcda. Carmen Julia Ortiz

Liga de Cooperativas de Puerto Rico

Lcda. Irma N. Torres Suárez

Materia: Derecho Cooperativo - Facultad de la Corporación Pública

para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico para

regular y fiscalizar una entidad una vez esta se incorpora como

cooperativa.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa de Trabajo Asociado

de Servicios de Asesoría y

Asistencia Legal y Notarial

(Legal Coop.)

Peticionario

v.

CC-2023-0158

Certiorari

Corporación Pública para la

Supervisión y Seguro de

Cooperativas de Puerto Rico

(COSSEC), representado por su

Presidenta Ejecutiva Mabel

Jiménez Miranda

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 12 de abril de 2024.

En el presente caso tenemos la oportunidad de

expresarnos, por vez primera, sobre las facultades

que tiene la Corporación Pública para la Supervisión

y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (en adelante,

“COSSEC”)

en

cooperativas

el

de

proceso

tipos

de

incorporación

diversos.

En

de

específico,

debemos determinar si COSSEC puede denegar a una

cooperativa de tipo diverso un permiso para operar,

cuando ésta ya ha obtenido dicha autorización de la

Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (en

adelante, “CDCOOP”) y del Departamento de Estado.

CC-2023-0158

2

Adelantamos que, tras un análisis cuidadoso y detallado

del

ordenamiento

cooperativista

puertorriqueño,

hemos

llegado a la conclusión de que COSSEC no tiene facultad para

denegar el permiso de operación a una cooperativa de tipo

diverso,

cuando

CDCOOP

y

el

Departamento

de

Estado

previamente han autorizado su incorporación. Más bien, COSSEC

solo tiene facultad para regular y fiscalizar la entidad,

una vez ésta se incorpore como cooperativa. Veamos.

I.

La Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios de

Asesoría y Asistencia Legal Notarial (en adelante, “Legal

Coop”) es una entidad que, a grandes rasgos, ofrece asesoría,

asistencia y representación legal, y servicios notariales, a

empresas

cooperativas

particular,

la

y

referida

de

la

economía

entidad

se

solidaria.1

organizó

como

En

una

cooperativa de trabajo asociado de conformidad con la Ley

Núm. 239-2004,

también conocida

como la

Ley General de

Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004 (en adelante,

“Ley General de Cooperativas de 2004”), infra.

Según requiere dicho estatuto, Legal Coop sometió sus

documentos de incorporación a CDCOOP. Luego de examinar los

mismos, CDCOOP los refirió al Departamento de Estado para

que

procediera

incorporación

certificado

de

y

con

el

registro

con

la

expedición

incorporación.

de

las

del

Completado

cláusulas

de

correspondiente

dicho

proceso,

Véase, Cláusulas de incorporación, Apéndice de Petición de certiorari,

pág. 182.

1

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3

Legal Coop fue incorporada como cooperativa el 17 de junio

de 2020, bajo el número 445582.

Para esa misma fecha, CDCOOP le notificó a COSSEC sobre

la incorporación de Legal Coop. Asimismo, le remitió copia

de las

Cláusulas de

Incorporación, el

Reglamento y

del

Certificado de incorporación de la referida cooperativa. Lo

anterior tenía la finalidad de que COSSEC otorgara a Legal

Coop un permiso para comenzar a operar, conforme al Art. 37.0

de la Ley General de Cooperativas de 2004, infra.

Así las cosas, recibidos los mencionados documentos de

incorporación, COSSEC procedió a examinarlos. Como parte del

referido examen, el 10 de mayo de 2021 la mencionada entidad

se comunicó con Legal Coop con el propósito de indagar sobre

una cuenta bancaria de la cooperativa que, para el 31 de

diciembre de 2020, contenía un balance de $140,783.72.

Por su parte, el 11 de mayo de 2021 Legal Coop remitió

un escrito mediante el cual explicó que, como parte de sus

operaciones y registros contables, se realizaban anticipos

de dividendos a los socios. Estos anticipos, según indicó,

se registraban en dicha cuenta.

Recibida la referida misiva, el 29 de junio de 2021

COSSEC se comunicó con Legal Coop para notificarle que el

asunto de los anticipos constituía un incumplimiento con el

Art. 21.0 de la Ley General de Cooperativas de 2004, infra.

Adujo esto, puesto que dicho estatuto no establece o permite

que las cooperativas realicen adelantos de dividendos a sus

socios.

CC-2023-0158

4

Así pues, y en vista de lo anterior, COSSEC le requirió

a

Legal

Coop

realizar

procedimientos,

con

la

un

análisis

finalidad

de

sus

registros

de

asegurar

que

y

su

contabilidad estuviese libre de errores y en cumplimiento

con la ley. Para acreditar el cumplimiento con lo requerido,

solicitó que se proveyeran los estados financieros de la

entidad al 31 de diciembre de 2020. A su vez, COSSEC le

notificó a la

referida cooperativa

que le

otorgaría un

permiso provisional para operar, -- por un término de treinta

(30) días --, mientras se cumplía con lo señalado.

En desacuerdo con lo requerido a ésta, el 9 de julio de

2021 Legal Coop replicó a la comunicación antes mencionada.

En esencia, argumentó que el presunto incumplimiento con la

ley, -- por efectuar adelantos de dividendos a los socios

como mecanismo de pago por los servicios prestados por éstos

--, no aplicaba a cooperativas de trabajo asociado.

Legal Coop fundamentó su posición en que los socios

trabajadores de este tipo de cooperativas no son empleados

per se, sino que son dueños. Por ello, explicó que no era

posible dar tratamiento de salario al pago por los servicios

que realiza un socio. Más bien, adujo que ese pago es un

adelanto o anticipo de los dividendos a los que tendría

derecho dicho socio en su día.

Evaluados los planteamientos de Legal Coop, el 26 de

agosto de 2021 COSSEC emitió su determinación de no otorgarle

el permiso para operar. Según su criterio, la Ley General de

Cooperativas

de

2004,

infra,

permite

que

un

socio

sea

CC-2023-0158

5

empleado o contratista independiente, y que, como tal, reciba

un salario o una compensación por sus labores, mas no así

adelantos o anticipos de dividendos.

Además, la referida entidad explicó que el mencionado

estatuto no define los términos de ganancia ni de dividendo,

sino que solamente atiende el proceso para distribuir los

sobrantes de la cooperativa. Dichos sobrantes, según la ley,

se manejan al cierre del año fiscal.

En ese sentido, concluyó que era especulativo hablar de

dividendos antes de ese momento. Así las cosas, le otorgó a

Legal Coop un término de treinta (30) días para corregir la

deficiencia indicada.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2021 Legal Coop

presentó una Solicitud de reconsideración. Mediante dicha

comunicación,

la

referida

cooperativa

se

sostuvo

en

su

posición.

En síntesis, Legal Coop explicó que la Ley General de

Cooperativas

de

2004,

infra,

distingue

entre

socios

trabajadores y trabajadores no socios. A su entender, son

estos últimos los que desempeñan labores a cambio de un

salario.

Conforme

a

ello,

precisó

que

el

mecanismo

de

anticipos se utiliza para remunerar a los socios trabajadores

por sus servicios.

Evaluada

la

Solicitud

de

reconsideración,

el

7

de

octubre de 2021 COSSEC emitió una Resolución mediante la cual

declaró no ha lugar la misma. En ésta, informó a Legal Coop

CC-2023-0158

6

sobre su derecho a revisar la determinación ante la Junta de

Directores de COSSEC y el Tribunal de Apelaciones.

Enterada de lo anterior, el 23 de noviembre de 2021

Legal

Coop

presentó

una

Solicitud

de

revisión

de

determinación ante la Junta de Directores de COSSEC. En ésta,

esbozó los mismos argumentos presentados en su solicitud de

reconsideración.

Así las cosas, el 24 de enero de 2022 la Junta de

Directores de COSSEC emitió una Resolución mediante la cual

declaró no ha lugar la solicitud presentada por Legal Coop.

Esto, por entender que no tenía jurisdicción para atenderla.

A juicio de la Junta de Directores de COSSEC, ni la

carta del 26 de agosto de 2021, ni la Resolución del 7 de

octubre

del

mismo

año,

constituían

determinaciones

administrativas finales por parte de COSSEC en cuanto a la

otorgación del permiso para operar. Así pues, concluyó que

la revisión presentada era prematura y devolvió el caso ante

la consideración de la Presidencia Ejecutiva de COSSEC para

que emitiera la determinación correspondiente.

La Presidencia Ejecutiva de COSSEC, por su parte, emitió

una comunicación por escrito el 18 de abril de 2022 dirigida

a la Junta de Directores de la mencionada entidad. En ésta,

sostuvo

su

operación

a

determinación

de

no

Legal

por

entender

Coop,

otorgar

el

que

permiso

la

de

referida

cooperativa incumplía con varios asuntos, a saber: (1) los

requisitos establecidos en la ley; (2) su propio reglamento

interno; y (3)

con mantener un

sistema de

contabilidad

CC-2023-0158

7

adecuado al reconocer el adelanto de dividendos antes del

cierre del año fiscal. Para fundamentar su posición, COSSEC

se basó en la Ley General de Cooperativas de 2004, infra, y

en el Reglamento Núm. 7108, infra, de la extinta Oficina del

Inspector

de

Cooperativas

de

Puerto

Rico

(en

adelante,

“Oficina del Inspector de Cooperativas”).

Enterada de lo anterior, el 12 de mayo de 2022 Legal

Coop presentó una segunda Solicitud de reconsideración ante

COSSEC. Además de reiterar sus argumentos originales, señaló

que la determinación de la mencionada entidad, de denegar el

permiso por presuntamente incumplir con ciertos requisitos

establecidos en ley, constituía un acto ultra vires.

Según el análisis de Legal Coop, la Ley General de

Cooperativas de 2004, infra, no le reconoce a COSSEC ninguna

autoridad para revocar la determinación de CDCOOP respecto a

que una entidad cumple con los requisitos para constituirse

como una cooperativa. Más bien, su rol se limita a asegurar

que,

prospectivamente,

la

cooperativa

se

mantenga

en

cumplimiento con la ley.

Así las cosas, el 19 de mayo de 2022 COSSEC emitió una

Resolución mediante la cual declaró no ha lugar la referida

petición de reconsideración. A su entender, la referida

cooperativa no presentó argumentos que le movieran a variar

su dictamen.

Inconforme con dicho proceder, el 21 de junio de 2022

Legal Coop acudió mediante Solicitud de revisión ante la

Junta de Directores de COSSEC. En esencia, esbozó argumentos

CC-2023-0158

similares

8

a

los

mencionados

en

la

Solicitud

de

reconsideración del 12 de mayo de 2022.

A su vez, la referida cooperativa hizo hincapié en que,

en virtud de la Ley Núm. 247-2008, también conocida como la

Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de

Puerto Rico, infra, (en adelante, “Ley de la Comisión de

Desarrollo Cooperativo”), COSSEC se convirtió en una entidad

subordinada a CDCOOP. En ese sentido, argumentó que la Ley

General de Cooperativas de 2004,

discreción

a

COSSEC

para

impedir

infra, no

que

una

le

reconoce

cooperativa,

debidamente incorporada, comience operaciones.

Evaluada la Solicitud de revisión presentada por Legal

Coop, el 30 de agosto de 2022 la Junta de Directores emitió

una Resolución mediante la cual la declaró no ha lugar. Dicho

cuerpo se limitó a adoptar el contenido de la determinación

administrativa emitida por COSSEC el 18 de abril de 2022.

Inconforme aún, el 15 de septiembre de 2022 Legal Coop

presentó una Moción de reconsideración ante la Junta de

Directores de COSSEC. En síntesis, la referida cooperativa

se

sostuvo

en

que:

(1)

la

relación

laboral

entre

una

cooperativa de trabajo asociado y sus socios trabajadores no

es de empleo ni de contratistas independientes, por lo que

el pago mediante anticipos es permitido; y en que (2) COSSEC

carece de autoridad para denegar un permiso para iniciar

operaciones a una cooperativa de tipo diverso, cuando CDCOOP

ya lo ha autorizado.

CC-2023-0158

En

el

9

ínterin,

y

previo

a

resolver

la

Moción

de

reconsideración a la que hemos hecho referencia, COSSEC

emitió en contra de Legal Coop una Orden de cese y desista

de naturaleza sumaria. Luego de realizar un breve recuento

de los hechos del caso, la mencionada entidad adujo que Legal

Coop

estaba

compareciendo

como

cooperativa

ante

foros

judiciales y administrativos, a pesar de no tener permiso

para operar.

A tenor con lo anterior, COSSEC le solicitó a Legal Coop

que cesara y desistiera de operar como una cooperativa. A su

vez, le requirió que notificara a todos sus clientes que no

contaba con el permiso para operar y, por consiguiente,

estaba impedida de ofrecer servicios como cooperativa.

En desacuerdo con ello, el 11 de octubre de 2022 Legal

Coop acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso

de

Revisión

judicial.

Ante

dicho

foro,

la

referida

cooperativa cuestionó nuevamente la autoridad de COSSEC para

denegar la concesión del permiso para operar.

De igual forma, alegó ante el foro apelativo intermedio

que COSSEC había errado al concluir que los anticipos de

ganancias sobre trabajos no están contemplados por la Ley

General de Cooperativas de 2004, infra, y que los socios de

la cooperativa tienen que vincularse laboralmente mediante

contratos de empleo y no como socios trabajadores.

Evaluados los alegatos presentados por ambas partes, el

17 de noviembre de 2022 el Tribunal de Apelaciones dictó

Sentencia

mediante

la

cual

confirmó

la

determinación

CC-2023-0158

10

administrativa. Al así hacerlo, en primer lugar, el foro

apelativo intermedio distinguió entre el proceso del registro

de las cláusulas de incorporación de una cooperativa en el

Departamento

de

Estado,

y

el

proceso

posterior

de

la

concesión del permiso para operar por parte de COSSEC. En

ese sentido, explicó que COSSEC era la entidad encargada de

analizar si procede o no que se otorgue el permiso para

operar a una cooperativa.

Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones también

entendió que la Ley General de Cooperativas de 2004, infra,

no provee para el adelanto de dividendos como parte de la

compensación de trabajo. Sin embargo, concluyó que el error

señalado había sido planteado por primera vez ante dicho

foro, en vista de que, en los documentos sometidos durante

el trámite administrativo, Legal Coop hacía referencia a

adelantos de dividendos y no a adelantos de ganancias, por

lo que decidió no atender ese asunto.

Por último, el foro apelativo intermedio tampoco se

adentró

en

el

asunto

de

cómo

se

vinculan

los

socios

trabajadores en cooperativas de trabajo asociado. Ello, por

entender que el dictamen administrativo recurrido no había

abarcado tal asunto.

En desacuerdo con lo sentenciado por el Tribunal de

Apelaciones, el 2 de diciembre de 2022 Legal Coop presentó

una Moción de reconsideración. Dicha moción fue denegada por

el foro apelativo intermedio el 6 de febrero de 2023.

CC-2023-0158

11

Inconforme todavía, el 7 de marzo de 2023 Legal Coop

sometió

una

Petición

de

certiorari

ante

este

Tribunal.

Mediante dicho recurso, plantea argumentos similares a los

alegados ante los foros administrativos y el Tribunal de

Apelaciones.

En extrema síntesis, Legal Coop insiste en la falta de

autoridad

de

COSSEC

para

realizar

las

actuaciones

cuestionadas, a saber: (1) denegar el permiso para operar a

una cooperativa de tipo diverso, y (2) prohibir la práctica

de remunerar a los socios trabajadores mediante anticipos de

dividendos.

Por otro lado, el 13 de julio de 2023 compareció COSSEC

mediante su Alegato en oposición. En esencia, dicha parte

reafirma su autoridad para supervisar las cooperativas de

tipos diversos.

En particular, para COSSEC, dicha autoridad incluye la

concesión o denegatoria de permisos de operación. Sobre el

asunto de los dividendos, se sostiene en que la Ley General

de Cooperativas de 2004, infra, no provee para sus adelantos

como parte de la compensación por el trabajo realizado por

socios.

Cabe destacar que el 10 de marzo de 2023 compareció ante

nos el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (en

adelante, “CAAPR”), mediante una Petición para comparecer

como

amicus

compareció

curiae.

la

Liga

Asimismo,

de

el

20

Cooperativas

de

de

marzo

de

2023,

Puerto

Rico

(en

CC-2023-0158

12

adelante, “Liga de Cooperativas”)2 mediante una Moción para

comparecer

como

amicus

curiae.

Ambas

solicitudes

fueron

autorizadas por este Tribunal el 28 de abril de 2023.

En esencia, ambas entidades consideran que COSSEC no

tiene

facultad

supervisora

en

la

etapa

inicial

de

incorporación de una cooperativa de tipo diverso. Sobre el

particular, indican que CDCOOP es la entidad a cargo de tal

proceso. En vista de ello, concluyen que COSSEC no puede

revocar la autorización para operar que nace al momento en

que CDCOOP y el Departamento de Estado incorporan la nueva

cooperativa.

Por otro lado, el CAAPR sostiene que la relación laboral

entre

la

cooperativa

trabajadores

no

es

de

trabajo

de

empleo

asociado

ni

de

y

sus

socios

contratistas

independientes. Por consiguiente, entiende que el mecanismo

operacional aplicable para remunerar a dichos socios es el

pago de anticipos y la repartición del remanente. La Liga de

Cooperativas, por su parte, no se expresa sobre este asunto.

Trabada

recurso

así

la

presentado

controversia,

ante

nos

y

con

habiendo

el

expedido

beneficio

de

el

la

comparecencia de todas las partes con interés en el litigio,

así como de los amicus curiae, procedemos a exponer la

La Liga de Cooperativas de Puerto Rico es la asociación de tercer grado

del movimiento cooperativo puertorriqueño que agrupa a las cooperativas,

federaciones y centrales de cooperativas organizadas bajo la Ley General

de Cooperativas de 2004, infra, o bajo alguna otra ley de Puerto Rico.

Véase, Art. 28.0, Ley General de Cooperativas de 2004, infra. Cabe

mencionar que la Liga se considera la institución federativa de más alto

nivel del Movimiento Cooperativo de Puerto Rico. Véase, Art. 4

(d)(10)(b), Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro

de Cooperativas de Ahorro y Crédito, infra.

2

CC-2023-0158

normativa

13

que

gobierna

los

asuntos

ante

nuestra

consideración.

II.

A.

Como es sabido, el cooperativismo, en su acepción más

simple, se refiere a “la asociación voluntaria y solidaria

de personas que persiguen un fin común”. Cooperativa v. Colón

Lebrón, 203 DPR 812, 821 (2020). Este sistema socioeconómico

se caracteriza,

entre otras

cosas,

por: (1)

el control

democrático de sus personas socias; (2) la participación

económica de éstas últimas en las ganancias de la entidad; y

por (3) el compromiso o responsabilidad de la entidad con el

desarrollo de su comunidad. Art. 3.1 de la Ley de Sociedades

Cooperativas de 2004, infra; E. Pérez Riestra, Cooperativismo

en Puerto Rico y otros países: evolución y tendencias en el

siglo XXI, San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, Inc.,

2012, pág. 132; L. Flores Soto, Luz y Sombra: El Umbral

Socio-Económico y Jurídico Del Cooperativismo, 1 Rev. Clave

241, 243 (2006).

Cónsono con lo anterior, las cooperativas se consideran

“personas jurídicas privadas de interés social, fundadas en

la solidaridad y el esfuerzo propio para realizar actividades

económico-sociales,

con

el

propósito

de

satisfacer

necesidades individuales y colectivas, sin ánimo de lucro”.

Art. 3.0 de la Ley de Sociedades Cooperativas de 2004, infra.

Por su naturaleza, “[l]os beneficios y riesgos de la empresa

se

comparten

en

común,

repartiéndose

los

sobrantes

en

CC-2023-0158

14

proporción al volumen de transacciones que cada socio haya

realizado

con

Cooperativismo:

la

entidad”.

Teoría

y

A.

Parrilla-Bonilla,

Práctica,

España,

Editorial

Universitaria, 1971, pág. 227.

B.

En Puerto Rico, la existencia de cooperativas data del

1873.

Parrilla-Bonilla,

Berlingeri

Vincenty

&

op.

cit.,

págs.

262-264;

E.

Pérez

Gutiérrez, El

I.M.

Modelo

Cooperativo de Mondragón y su aplicación a la situación de

Puerto Rico, 62 Rev. Jur. UPR 581, 585-587 (1993); L. Flores

Soto, Luz y Sombra: El Umbral Socio-Económico y Jurídico del

Cooperativismo,

1

Rev.

Clave

241,

256

(2006).

Ello,

principalmente, es por razón de que, para esa fecha, “el

gobierno español emitió un decreto que establecía el derecho

a la asociación”. Pérez Riestra, op. cit., pág. 75.

Las

primeras

cooperativas

establecidas

en

el

archipiélago buscaban mejorar las condiciones de vida de la

sociedad puertorriqueña de entonces. Íd. pág. 78; ParrillaBonilla, op. cit., págs. 262-263. En ese sentido, ofrecían

beneficios

principalmente

a

la

clase

obrera

y

a

sus

familiares. Íd. 76-78; Parrilla-Bonilla, op. cit., págs. 263264.

Así pues, a medida que las cooperativas proliferaron,

nacieron en nuestra jurisdicción una serie de iniciativas

legislativas dirigidas a la autorización y regulación de

éstas. Las referidas iniciativas pueden dividirse en tres

grandes grupos: “(1) la que autoriza su organización [(la de

CC-2023-0158

15

la cooperativa)]; (2) la que crea autoridades gubernamentales

para, promoverlas y/o fomentar su desarrollo y (3) la que

asigna autoridades gubernamentales para supervisarlas”.3

Dicho ello, cabe destacar aquí que, para algunos tipos

de cooperativas, nuestra Asamblea Legislativa ha legislado

de forma particular, como es el caso de las cooperativas de

ahorro y

crédito, las juveniles,

las de

energía, entre

otras.4 Véase, Ley Núm. 255-2002, Ley de Cooperativas de

Ahorro y Crédito de 2002, infra; Ley 258–2018, Ley Especial

de Cooperativas Juveniles, 18 LPRA sec. 1701 et seq.; y Ley

Núm. 258-2018, Ley de las Cooperativas de Energía de Puerto

Rico, 5 LPRA 4381, et seq. Los demás tipos de cooperativas

se atienden mediante legislación general -- a saber, la Ley

General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004,

infra -- y se conocen como cooperativas de tipos diversos.5

Sobre estas últimas es que versa el caso de autos.

C.

Y, precisamente, dentro del precitado esquema legal

estamos llamados a determinar quién es el ente gubernamental

encargado

de

conceder

un

permiso

de

operación

a

una

cooperativa de tipo diverso: ¿COSSEC o CDCOOP?

Marco

Jurídico,

Liga

de

Cooperativas

de

Puerto

Rico,

https://liga.coop/marco-juridico/ (última visita, 12 de octubre de 2023).

3

También se regulan de forma especial las cooperativas de seguros y el

Banco Cooperativo de Puerto Rico. Véase, Capítulo 34 de la Ley Núm. 77 de

19 de junio de 1957, también conocida como el Código de Seguros, 26 LPRA

secs. 3401-3423, y la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, también conocida

como la Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico, 7 LPRA sec. 751 et seq.

4

5

Supra, esc. 3.

CC-2023-0158

Para

16

arribar

a

la

respuesta

de

esta

interrogante,

debemos comenzar por repasar las facultades que tenía la

extinta Oficina del Inspector de Cooperativas. Hacemos esto

toda vez que dicha oficina: (1) precede tanto a COSSEC, como

a CDCOOP; (2) tuvo incumbencia, -- desde su creación hasta

su

disolución

--,

en

el

proceso

de

incorporación

de

cooperativas de tipos diversos; y (3) al ser disuelta, sus

poderes fueron transferidos a COSSEC.

Sobre el particular precisa señalar aquí que fue la Ley

Núm. 291-1946,

Sociedades

también conocida

Cooperativas

(en

como la

adelante,

Ley

“Ley

General de

General

de

Cooperativas de 1946”), 5 LPRA sec. 881 et seq. (ed. 1954),

la primera pieza legislativa que dispuso la creación de todo

tipo de cooperativas, Pérez Riestra, op. cit., pág. 225;

Parrilla-Bonilla, op. cit., pág. 303, y la que trajo consigo

la creación de la Oficina del Inspector de Cooperativas. Art.

18, Ley General de Cooperativas de 1946, 5 LPRA sec. 898 (ed.

1954).

En

ese

entonces,

--

y

distinto

a

como

opera

actualmente -- el Inspector o Inspectora de Cooperativas

tenía

una

participación

activa

tanto

en

el

proceso

de

incorporación de una cooperativa, como en su regulación y

fiscalización después de incorporada.

Sobre el proceso de incorporación, la disposición legal

bajo estudio establecía que el Inspector o Inspectora de

Cooperativas tenía la facultad de aprobar o rechazar las

cláusulas de incorporación y el reglamento interno de la

propuesta

cooperativa.

Art.

19(1),

Ley

General

de

CC-2023-0158

17

Cooperativas de 1946, 5 LPRA sec. 899 (ed. 1954). A su vez,

tenía la autoridad para recomendar que se expidiera, o no, a

favor de la misma, el certificado de registro por parte del

Departamento de Estado. Íd.

Respecto a los poderes de regulación y fiscalización,

la Ley General de Cooperativas de 1946, supra, establecía

que el Inspector o Inspectora de Cooperativas debía velar

porque las cooperativas cumpliesen con las disposiciones de

ley,

los

reglamentos

aplicables,

sus

cláusulas

de

incorporación, y con los fines y propósitos para los cuales

habían

sido

organizadas.

Art.

19(4),

Ley

General

de

Cooperativas de 1946, 5 LPRA sec. 899 (ed. 1954). A tales

efectos, se le permitía recomendar al Secretario de Estado

la cancelación del certificado de registro a una cooperativa

cuando

no

fuese

posible

corregir

alguna

irregularidad

señalada a ésta, o cuando la cooperativa se dedicase a

negocios extraños a sus fines y propósitos. Art. 19(4)(c),

Ley General de Cooperativas de 1946, 5 LPRA sec. 899 (ed.

1954).

En fin, la Oficina del Inspector de Cooperativas era el

ente

que

tenía

la

“obligación

fiscalizar

las

operaciones

de

legal

de

supervisar

y

todas

las

cooperativas

organizadas en Puerto Rico”. Ortiz v. Coop. Ahorro y Crédito,

120 DPR 253, 258 (1987). Asimismo, era la oficina encargada,

-- junto con el Departamento de Estado --, del proceso de

incorporación de nuevas cooperativas.

CC-2023-0158

18

D.

Ahora bien, posteriormente, y en lo relacionado al tema

que

nos

ocupa,

se

aprobó

la

Ley

Núm.

50-1994,

también

conocida como la Ley General de Sociedades Cooperativas (en

adelante, “Ley General de Cooperativas de 1994”), 5 LPRA 4001

et seq. (ed. 1997). Dicho estatuto derogó la aludida Ley

General de Cooperativas de 1946, supra.

La Ley General de Cooperativas de 1994, supra, detalló

el

proceso

relacionado

a

la

incorporación

de

nuevas

cooperativas y lo mantuvo bajo la dirección de la Oficina

del Inspector de Cooperativas y del Departamento de Estado.

Arts. 4.2 y 5.0, Ley General de Cooperativas de 1994, 5 LPRA

secs. 4042 y 4050 (ed. 1997). Específicamente, se dispuso

que el proceso relacionado a la incorporación de nuevas

cooperativas iniciaba con la presentación de las cláusulas y

el reglamento de la cooperativa ante la mencionada oficina,

acompañados de

un estudio de

viabilidad económica y el

comprobante de rentas internas. Art. 5.0, Ley General de

Cooperativas de 1994, 5 LPRA sec. 4050 (ed. 1997).

Presentados los referidos documentos, el Inspector o

Inspectora de Cooperativas debía examinar los mismos. Art.

5.1, Ley General de Cooperativas de 1994, 5 LPRA 4051 (ed.

1997). Si estos cumplían con todos los requisitos de ley, y

ninguna de sus disposiciones contradecía las leyes de Puerto

Rico, el Inspector o Inspectora de Cooperativas tenía que

someterlos al Secretario de Estado, dentro de un término

CC-2023-0158

19

prescriptivo de cuarenta y cinco (45) días hábiles desde la

fecha de su radicación. Íd.

Sin embargo, y no empece a lo antes dicho, el Inspector

o Inspectora de Cooperativas podía negarse a someter las

cláusulas para su registro cuando concluyera que el grupo

interesado en organizar la cooperativa no cumplía con los

requisitos de la ley. Art. 5.2, Ley General de Cooperativas

de 1994, 5 LPRA 4052 (ed. 1997). Ello ocurriría siempre que

les notificara las deficiencias encontradas y expusiera las

razones para su negativa. Íd.

En caso de que el Inspector o Inspectora de Cooperativas

no emitiera una determinación dentro del término indicado,

las

personas

interesadas

en

la

incorporación

de

una

cooperativa podían someter los documentos directamente al

Departamento de Estado. Art. 5.3, Ley General de Cooperativas

de 1994, 5 LPRA sec. 4053 (ed. 1997). En tales escenarios,

el mencionado departamento gubernamental estaría encargado

de

radicar

los

documentos

y

expedir

el

correspondiente

certificado de incorporación, luego de reconocer el debido

cumplimiento con la ley. Íd.

Una vez registradas las cláusulas de incorporación y

emitido

el

referido

certificado,

la

entidad

solicitante

quedaba debidamente constituida como cooperativa. Art. 5.4,

Ley General de Cooperativas de 1994, 5 LPRA 4054 (ed. 1997).

En esa misma línea, tan pronto el Departamento de Estado

registrara las cláusulas de incorporación, la cooperativa

estaba

autorizada

para

comenzar,

de

forma

oficial,

sus

CC-2023-0158

20

operaciones. Art. 5.5, Ley General de Cooperativas de 1994,

5 LPRA 4055 (ed. 1997).

Por último, y en lo pertinente, el Subcapítulo 36 del

estatuto

identificaba

a

la

Oficina

del

Inspector

de

Cooperativas como la agencia responsable de la regulación y

fiscalización de las cooperativas. En primera instancia, el

Art.

36.0

establecía

Cooperativas

debía

que

el

“otorgar

Inspector

un

permiso

o

Inspectora

escrito

a

de

toda

cooperativa que hubiese cumplido con los requisitos de [la

Ley General de Cooperativas de 1994] para que pued[iese]

comenzar sus operaciones”. Ley General de Cooperativas de

1994, 5 LPRA 4360 (ed. 1997).

Además de lo anterior, el Inspector o Inspectora de

Cooperativas venía obligado a velar porque toda cooperativa

cumpliese con sus cláusulas de incorporación, su reglamento

interno y con las disposiciones de ley. Art. 36.1, Ley

General de Cooperativas de 1994, 5 LPRA sec. 4361 (ed. 1997).

De igual forma, tenía que examinar, al menos anualmente, las

auditorías

realizadas

sobre

las

operaciones

de

toda

cooperativa incorporada y funcionando en Puerto Rico. Art.

36.2, Ley General de Cooperativas de 1994, 5 LPRA sec. 4362

(ed. 1997).

E.

Establecido

General

de

lo

anterior,

Cooperativas

de

cabe

1994,

destacar

supra,

que

fue

la

Ley

enmendada

mediante la Ley Núm. 186-2001 (en adelante, “Ley Núm. 1862001”). Entre otros cambios, dicha ley dispuso que

los

CC-2023-0158

21

procesos de incorporación de cooperativas, a partir de la

aprobación de la referida pieza legislativa, se llevarían a

cabo mediante la Administración de Fomento Cooperativo,6

desplazando de esta función a la Oficina del Inspector de

Cooperativas. Arts. 2, 4-8, Ley Núm. 186-2001.

En suma, la

Administración de Fomento Cooperativo se convirtió en la

entidad

a

cargo

de

incorporar

y

regular

los

procesos

iniciales de organización de una cooperativa.

Así pues, con la aprobación de la Ley Núm. 286-2001,

supra,

y

en

cuanto

al

proceso

de

incorporación

de

cooperativas de tipos diversos se refiere, las facultades de

la

Oficina

del

Inspector

de

Cooperativas

se

fueron

reduciendo. En particular, y tras la puesta en vigor de la

mencionada pieza legislativa, sus poderes se centrarían en

la

fiscalización

y

regulación

de

las

cooperativas

ya

incorporadas, mientras que sus facultades respecto al proceso

de incorporación se limitarían a otorgar el referido permiso

para operar.

F.

Posterior a ello, y pasados aproximadamente diez años

desde la aprobación de la Ley General de Cooperativas de

1994, supra, se aprobó la Ley General de Cooperativas de

2004, 5 LPRA sec. 4381 nota et seq., estatuto que, en la

actualidad, atiende todo lo concerniente a las cooperativas

de tipos diversos. Art. 1.2 (j), Ley General de Cooperativas

La Administración de Fomento Cooperativo se creó con la finalidad de

“promover, organizar y regular el funcionamiento de las cooperativas”.

Pérez Riestra, op. cit., pág. 92.

6

CC-2023-0158

22

de 2004, 5 LPRA sec. 4381. Dicho estatuto mantuvo el proceso

de incorporación de nuevas cooperativas similar al dispuesto

en la Ley General de Cooperativas de 1994, supra, según

enmendada.

Es decir, de conformidad con lo dispuesto en la Ley

General de Cooperativas de 2004, supra, y en lo referente al

proceso de incorporación de cooperativas, la Administración

de

Fomento

era

la

entidad

responsable

de

evaluar

los

documentos de incorporación y de referir los mismos -- de

encontrar que estos cumplían con la ley -- al Departamento

de Estado. Arts. 4.2, 5.0-5.4, Ley General de Cooperativas

de 2004, 5 LPRA secs. 4402, 4410-4414 (ed. 2004). De igual

forma,

la

cooperativa

oficialmente

cuando

podía

el

comenzar

Departamento

sus

de

operaciones

Estado

hubiese

registrado sus cláusulas de incorporación. Art. 5.5, Ley

General de Cooperativas de 2004, 5 LPRA sec. 4415 (ed. 2004).

A su vez, con la aprobación de la Ley General de

Cooperativas

de

2004,

supra,

Subcapítulo

36,7

sobre

las

se

mantuvo

facultades

el

de

mencionado

regulación

y

fiscalización de la Oficina del Inspector de Cooperativas.

Es decir, se conservó, entre otras disposiciones, el artículo

referente al permiso que

debía

conceder el

Inspector o

Inspectora de Cooperativas a toda cooperativa que hubiese

cumplido

con

las

disposiciones

de

ley

para

comenzar

Cabe destacar que, mediante la Ley Núm. 258-2018, este subcapítulo se

renumeró, por lo que actualmente es el Subcapítulo 37.

7

CC-2023-0158

23

operaciones. Art. 37, Ley General de Cooperativas de 2004, 5

LPRA sec. 4645 (ed. 2004).

G.

Dicho ello, conviene señalar aquí que, para el año 2006,

mediante la Carta Normativa Núm. 2006-02-03 y en virtud de

la Ley General de Cooperativas de 2004, supra, la Oficina

del Inspector de Cooperativas promulgó el Reglamento para la

Otorgación de Permisos a las Cooperativas, Reglamento Núm.

7108 de 17 de marzo de 2006 (en adelante, “Reglamento Núm.

7108”).8 El propósito de dicha normativa era establecer el

proceso para otorgar el permiso para comenzar operaciones - mencionado en el aludido Subcapítulo 36 de la Ley General

de Cooperativas de 2004, supra -- por parte del Inspector o

Inspectora de Cooperativas, y las causas para la suspensión

o revocación del mismo. Reglamento Núm. 7108, Art. I, pág.

2.

Según

este

reglamento,

el

certificado

de

registro

emitido por el Departamento de Estado, en conformidad con el

Art. 5.5 de la Ley General de Cooperativas de 2004, supra,

no constituía el permiso para operar. Reglamento Núm. 7108,

Art. IV, pág. 2. Más bien, y a juicio de dicha oficina, era

el Inspector o Inspectora de Cooperativas quien otorgaba la

autorización para ello. Reglamento Núm. 7108, Art. V, pág.

3.

8 Reglamento

para la Otorgación de Permisos a las Cooperativas, Reglamento

Núm.

7108

de

17

de

marzo

de

2006,

disponible

en:

https://docs.pr.gov/files/COSSEC/Documentos%20Cooperativas/Reglamentos/

7108.pdf.

CC-2023-0158

24

Para conferir el referido permiso, se dispuso que el

Inspector

o

Inspectora

aspectos

tales

cooperativa

y

Reglamento

Núm.

como

el

el

de

Cooperativas

sistema

contenido

7108,

Art.

de

debía

examinar

de

contabilidad

su

reglamento

VIII,

pág.

4.

de

la

interno.

Mientras

se

efectuaba tal examen, se autorizaba a conceder un permiso

provisional por un término no mayor de treinta (30) días.

Reglamento Núm. 7108, Art. VII, págs. 3-4.

De

culminar

la

evaluación

de

forma

favorable,

el

Inspector o Inspectora de Cooperativas tenía que otorgar el

permiso

en

un

periodo

no

mayor

de

treinta

(30)

días.

Reglamento Núm. 7108, Art. V, pág. 3. Por el contrario, si

del examen realizado surgían señalamientos que impidieran

conceder la autorización, se le otorgaría a la cooperativa

un término no mayor de treinta (30) días para corregir los

mismos. Íd.

Como se puede apreciar, mediante este Reglamento, la

Oficina

del

Inspector

de

Cooperativas

aclaró

que

una

cooperativa, ya incorporada, venía obligada a esperar por el

permiso de la Oficina del Inspector de Cooperativas para

poder comenzar sus operaciones.

III.

A.

Abundando en nuestro análisis, y como hemos adelantado,

la Oficina del Inspector de Cooperativas, en el año 2008,

fue disuelta y sus funciones fueron transferidas a COSSEC.

Ahora bien, antes de examinar en detalle dicha disolución,

CC-2023-0158

25

debemos repasar lo relacionado a la creación y funciones de

COSSEC. Para ello, es necesario hacer referencia, brevemente,

a las disposiciones legales relacionadas a la creación e

incorporación de las cooperativas de ahorro y crédito. Esto

procede toda vez que, al momento de su constitución, COSSEC

solo tenía autoridad sobre dichos tipos de cooperativas.

De entrada, cabe destacar que, desde el año 1947, Puerto

Rico cuenta con legislación para “autorizar la incorporación,

la organización y el funcionamiento de las cooperativas de

ahorro

y

crédito”.

Pérez

Riestra,

op.

cit.,

pág.

89.

Actualmente, el estatuto vigente es la Ley Núm. 255-2002,

también conocida como la Ley de Sociedades Cooperativas de

Ahorro y Crédito de 2002 (en adelante, “Ley de Cooperativas

de Ahorro y Crédito de 2002”), 7 LPRA sec. 1361 nota et seq.

Previo

a

la

creación

de

COSSEC,

nuestra

Asamblea

Legislativa había aprobado varios estatutos para asegurar

las acciones y depósitos de los socios de estas cooperativas

contra pérdidas resultantes del riesgo de insolvencia. Entre

dichas piezas legislativas estaban la Ley Núm. 99 de 4 de

junio de 1980, también conocida como la Ley del Fondo de

Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y

Crédito (en adelante, “Ley del Seguro de Cooperativas de

Ahorro y Crédito”), 7 LPRA sec. 1151 et seq. (derogada), y

la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, también conocida como

la Ley de la Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos

CC-2023-0158

26

de Cooperativas de Ahorro y Crédito (en adelante, “Ley de la

Corporación de 1990”), 7 LPRA 1301 et seq. (ed. 1994).9

Varios años después, se aprobó la Ley Núm. 114-2001,

también conocida como la Ley de la Corporación Pública para

la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito

(en adelante, “Ley de la Corporación de 2001”), 7 LPRA sec.

1334

nota

et

seq.

Dicho

estatuto

derogó

la

Ley

de

la

Corporación de 1990, supra, y constituyó lo que hoy conocemos

como COSSEC. Art. 4, Ley de la Corporación de 2001, 7 LPRA

sec. 1334b.

Mediante

la

creación

de

“centraliz[ó]

en

una

institución

supervisar

y

asegurar

crédito”.

Pérez

sola

dicha

corporación,

se

la

de

a

las

cooperativas

Riestra,

op.

cit.,

pág.

función

de

235.

ahorro

En

y

otras

palabras, COSSEC se convirtió en el ente responsable de

proveer a las cooperativas de ahorro y crédito un seguro

contra insolvencia, y, además, de supervisar y fiscalizar

sus operaciones, negocios, productos y/o servicios. Art.

4(b)(1)-(2), Ley de la Corporación de 2001, 7 LPRA sec.

En particular, la Ley del Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito,

supra, creó un programa que pretendía asegurar las acciones y depósitos

de los socios de cooperativas de ahorro y crédito contra pérdidas

resultantes del riesgo de insolvencia. Este programa operaba bajo la

supervisión y dirección del Inspector o Inspectora de Cooperativas. Sec.

3, Ley del Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 7 LPRA sec. 1151b

(derogada). Por su parte, la Ley de la Corporación de 1990, supra, creó

la Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de

Ahorro y Crédito (en adelante, “PROSAD-COOP”). Dicha corporación

sustituyó el primer programa de seguro -- creado en virtud de la

mencionada Ley del Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito, supra -por uno independiente. Exposición de Motivos, Ley de la Corporación de

1990, supra. En otras palabras, el seguro por insolvencia dejó de operar

bajo la supervisión de la Oficina del Inspector de Cooperativas y pasó

a manos de PROSAD-COOP.

9

CC-2023-0158

27

1334b. Véase también, Art. 4(c)(1), Ley de la Corporación de

2001, 7 LPRA sec. 1334b.

Siendo

ello

así,

desde

la

creación

de

COSSEC,

la

incorporación de cooperativas de ahorro y crédito, en nuestra

jurisdicción, se tramita a través de dicha entidad. Art.

3.03, Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, 7 LPRA

sec. 1363b. Anterior a ello, el proceso se realizaba mediante

la Oficina del Inspector de Cooperativas. Véase, Art. 3.03,

7 LPRA sec. 1353b, Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, también

conocida como Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y

Crédito de 1989 (derogada).

De todo lo anterior podemos concluir, pues, que COSSEC

se creó con la finalidad de ser el único ente con jurisdicción

sobre las cooperativas de ahorro y crédito. Cónsono con ello,

su alcance sobre las cooperativas de tipos diversos era -- y

es -- limitado.10

B.

Habiendo estudiado la norma relacionada a la extinta

Oficina del Inspector de Cooperativas y a COSSEC, veamos

ahora los cambios que, a la normativa antes discutida, trajo

consigo la aprobación de la Ley de la Comisión de Desarrollo

Cooperativo, 23 LPRA sec. 625 nota et seq. Como explicaremos

más adelante, este estatuto constituyó a CDCOOP y modificó

En específico, COSSEC solo tenía la responsabilidad de velar por la

solvencia económica de estas cooperativas, y por los derechos y

prerrogativas de sus personas socias. Art. 4(b)(4), Ley de la Corporación

de 2001, 7 LPRA sec. 1334b.

10

CC-2023-0158

28

significativamente parte del estado de derecho expuesto en

los acápites anteriores.

En ese sentido, y según se desprende de la Exposición

de Motivos del precitado estatuto, antes de su aprobación,

en nuestra jurisdicción contábamos con una multiplicidad de

entidades

que

regulaban

las

cooperativas.

Exposición

de

Motivos, Ley de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, supra.

Específicamente, la Administración de Fomento Cooperativo y

el Fondo de Inversión de Desarrollo Económico se encargaban

de la promoción; la Oficina del Inspector de Cooperativas y

COOSEC atendían la fiscalización y reglamentación; y el

Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico

manejaba el tema educativo. Íd.

Así las cosas, en la referida Exposición de Motivos se

expresó

que

problemáticas,

dicha

que

fragmentación

causaba,

entre

hubiese

“excesiva

intervención

una

otras

gubernamental y un predominio de la función fiscalizadora en

detrimento de la autonomía que caracteriza a las empresas

cooperativas, así como de

los

esfuerzos de promoción y

desarrollo social y económico”. Íd. De igual forma, se señaló

que

las

cooperativas

venían

obligadas

a

responder

a

diferentes departamentos gubernamentales. Íd.

En vista de tales desafíos, mediante la Ley de la

Comisión de Desarrollo Cooperativo, supra, se restructuró

nuestro ordenamiento cooperativista. En lo pertinente, se

creó

CDCOOP;

se

armonizaron

las

funciones

públicas

de

promoción y fiscalización; y se incorporó la participación

CC-2023-0158

activa

del

29

movimiento

cooperativo

puertorriqueño en

los

procesos de formulación e implementación de política pública.

Íd.

En particular, a CDCOOP se le encomendó “delinear,

promover, coordinar y supervisar la ejecución e implantación

de

la

política

pública

sobre

el

desarrollo

y

fomento

cooperativo de Puerto Rico”. Art. 9, Ley de la Comisión de

Desarrollo Cooperativo, 23 LPRA sec. 632. De igual forma,

ésta se convirtió en el organismo responsable de definir,

mediante

reglamento,

los

parámetros

que

debe

reunir

y

mantener una cooperativa para ser acreedora de una carta

constitutiva de tal naturaleza. Íd. inciso (m).

Además, la ley estableció que tanto COSSEC, como el

Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo, funcionarían

como

entidades

adscritas

a

CDCOOP.

Art.

13,

Ley

de

la

Comisión de Desarrollo Cooperativo, 23 LPRA sec. 637(a).

Conforme a ello, se dispuso que las determinaciones de dichas

entidades que impliquen definir política pública tienen que

ser cónsonas con la política

pública de desarrollo del

cooperativismo, según la defina e interprete la Junta Rectora

de CDCOOP. Íd.

Como resultado de esto último, se le requirió a la Junta

Rectora de CDCOOP

coordinar e

integrar las políticas y

funcionamiento de las entidades adscritas. Art. 9(b) y (n),

Ley de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, 23 LPRA sec.

632.

Igualmente,

inconsistencias

se

le

entre

facultó

las

para

resolver

normas,

posibles

reglamentos,

CC-2023-0158

30

procedimientos,

cartas

circulares

o

normativas

de

las

entidades adscritas, y la política pública de desarrollo del

cooperativismo. Art. 13, Ley de la Comisión de Desarrollo

Cooperativo, 23 LPRA sec. 637(b).

En cuanto a la armonización de funciones públicas, es

menester señalar que, con la aprobación de la Ley de la

Comisión de Desarrollo Cooperativo, se disolvió tanto la

Administración de Fomento, como la Oficina del Inspector de

Cooperativas. A raíz de ello, se transfirieron todas las

funciones y poderes de la Administración de Fomento a CDCOOP.

Art. 14, Ley de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, 23

LPRA sec. 638. A su vez, a COSSEC se transfirieron las

funciones

y

poderes

de

la

Oficina

del

Inspector

de

Cooperativas.11 Art. 15, Ley de la Comisión de Desarrollo

Cooperativo, 23 LPRA sec. 639.

En ese sentido, a COSSEC se le designó como el organismo

fiscalizador de todo tipo de cooperativas. Art. 4(d)(10)(a),

Ley de la Corporación de 2001, 7 LPRA sec. 1334b. No obstante,

se

dispuso

que

dicha

autoridad

debía

ejercitarse

“reconociendo la diferencia en el alcance y ámbito de la

fiscalización de entidades cooperativas no financieras”. Íd.

Finalmente, cabe destacar que la incorporación activa

del movimiento cooperativo puertorriqueño en los procesos de

formulación e implementación de política pública tuvo el

También se transfirieron a COSSEC las funciones y poderes de la

Administración de Fomento relacionadas a la fiscalización, supervisión

y liquidación de entidades cooperativas. Art. 14, Ley de la Comisión de

Desarrollo Cooperativo, 23 LPRA sec. 638.

11

CC-2023-0158

31

propósito de reducir la dependencia de las cooperativas en

las acciones gubernamentales. Art. 2, Ley de la Comisión de

Desarrollo Cooperativo,

finalidad

de

que,

23 LPRA

sec. 625.

eventualmente,

el

Esto

propio

tuvo la

movimiento

cooperativo asumiera el pleno control del desarrollo de las

cooperativas. Íd.

C.

Para culminar nuestra exposición del derecho, debemos

señalar que el proceso de incorporación de cooperativas de

tipos diversos que rige en la actualidad es el que se

encuentra codificado en la Ley General de Cooperativas de

2004, supra, y que previamente discutimos al estudiar el

referido estatuto legal. La única diferencia, que trajo

consigo la Ley de la Comisión de Desarrollo Cooperativo,

supra, con la creación de CDCOOP, es que es dicha última

entidad, y no la Administración de Fomento, el ente encargado

del

proceso

de

incorporación

de

cooperativas

de

tipos

diversos en nuestra jurisdicción. Art. 4.2, Ley General de

Cooperativas de 2004, 5 LPRA 4402.

Así pues, las cláusulas de incorporación y el reglamento

se envían a CDCOOP para su evaluación. Art. 5, Ley General

de Cooperativas de 2004, 5 LPRA sec. 4410. Si ésta última

aprueba tales documentos, deberá someter las cláusulas al

Secretario de Estado dentro del término prescriptivo de

cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde la fecha

de radicación. Art. 5.1, Ley General de Cooperativas de 2004,

5 LPRA sec. 4411. Ahora bien, si se niega a ello, por entender

CC-2023-0158

32

que no se cumplen con los requisitos que dispone la ley,

deberá justificar su decisión y notificar a las personas

interesadas

dentro

del

referido

término.

Art.

5.2,

Ley

General de Cooperativas de 2004, 5 LPRA sec. 4412.

En caso de que CDCOOP no descargue sus funciones dentro

del

término

dispuesto,

se

podrán

someter

las

cláusulas

directamente al Departamento de Estado. Art. 5.3, Ley General

de

Cooperativas

de

2004,

5

LPRA

sec.

4413.

En

tales

ocasiones, el Departamento de Estado registrará las mismas y

expedirá el correspondiente certificado de incorporación,

siempre que determine que la mencionada documentación cumple

con los requisitos de la ley. Íd.

Ahora bien, el estatuto es claro al dictar que la

entidad

quedará

debidamente

constituida

como

cooperativa

cuando el Departamento de Estado registre sus cláusulas y

emita el correspondiente certificado de registro. Art. 5.4,

Ley General de Cooperativas de 2004, 5 LPRA sec. 4414. De

igual

forma,

se

establece

que

ésta

podrá

comenzar

sus

operaciones de forma oficial cuando el Departamento de Estado

haya registrado sus cláusulas. Art. 5.5, Ley General de

Cooperativas de 2004, 5 LPRA sec. 4415.

Por otra parte, COSSEC se convirtió en la agencia que

viene

obligada

a

otorgar

el

“permiso

escrito

a

toda

cooperativa que hubiese cumplido con los requisitos de [la

Ley General de Cooperativas de 2004] para que pueda comenzar

CC-2023-0158

33

sus operaciones”. Art. 37.0, Ley General de Cooperativas de

2004, 5 LPRA sec. 4645.12

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que

procedemos a disponer de la controversia ante nos.

IV.

Como mencionamos anteriormente, en la causa de epígrafe,

Legal Coop aduce que la determinación de COSSEC de denegarle

el permiso de operación por incumplir con los requisitos

establecidos en la ley constituyó un acto ultra vires. A su

entender, la Ley General de Cooperativas de 2004, supra, no

le reconoce a COSSEC discreción para revocar el criterio de

CDCOOP y del Departamento de Estado en cuanto a que una

entidad cumple con los requisitos para incorporarse como

cooperativa

de

tipo

diverso

y,

consecuentemente,

pueda

comenzar operaciones. Le asiste la razón.

Y es que, de la normativa antes expuesta surge con

meridiana claridad que una entidad queda constituida como

cooperativa de tipo diverso cuando, previa recomendación del

CDCOOP, el Departamento de Estado registra sus cláusulas y

emite el correspondiente certificado de registro. Desde ese

Cabe mencionar que el estatuto contempla el concepto de cooperativa en

formación. Específicamente, se dispone que una cooperativa en formación

es aquella que, habiendo iniciado el procedimiento de incorporación -entiéndase, habiendo presentado los documentos constitutivos -- todavía

no aparece inscrita en el Departamento de Estado. Art. 3.7, Ley General

de Cooperativas de 2004, 5 LPRA sec. 4394. Dicho periodo de formación no

puede ser mayor de un (1) año, -- salvo que medie justa causa --, contado

desde la fecha de la radicación de las cláusulas y el reglamento ante

CDCOOP. Íd. Durante el mismo, la cooperativa en formación podrá realizar

actos frente a terceros. Íd. No obstante, los incorporadores serán

responsables personal y solidariamente por tales actos. Íd. Notemos que

esta última disposición indica que una cooperativa nace o se forma tan

pronto se efectúa su inscripción en el Departamento de Estado. En otras

palabras, la facultad para operar como cooperativa no se supedita al

permiso de operación que concede COSSEC.

12

CC-2023-0158

34

entonces, la cooperativa puede comenzar a operar. Así se

desprende de un análisis armonioso del desarrollo de la

Oficina del Inspector de Cooperativas y los

cambios en

política pública generados por la Ley General de Cooperativas

de 2004, supra, y la Ley de la Comisión de Desarrollo

Cooperativo, supra, y ello fue lo que sucedió aquí.

Concluir

lo

contrario

sería,

a

todas

luces,

un

contrasentido a la política pública implementada mediante la

Ley de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, supra. Ello,

pues colocaríamos a COSSEC, -- una entidad subordinada --,

en una posición superior a CDCOOP, -- el ente gubernamental

principal en materia de cooperativas --. Consecuentemente,

mantendríamos la inconexión y duplicidad de labores entre

los organismos asociados al cooperativismo, problema que

intentó mitigar nuestra Asamblea Legislativa mediante la

aprobación de este estatuto.

Así

pues,

injerencia

en

somos

los

del

criterio

procesos

que

iniciales

COSSEC

no

relacionados

tiene

a

la

incorporación de una cooperativa de tipo diverso. Menos aún

cuando esa autoridad aparentemente emana de un Reglamento - entiéndase, el Reglamento Núm. 7108 de la Oficina del

Inspector de Cooperativas -- que, a todas luces, contraviene

la política pública claramente establecida en la Ley de la

Comisión de Desarrollo Cooperativo, supra.

Más bien, la autoridad de COSSEC sobre este tipo de

cooperativas se limita a su regulación y fiscalización luego

de incorporadas. Dicha fiscalización, enfatizamos, deberá

CC-2023-0158

35

realizarse tomando en consideración las diferencias entre

estas cooperativas y las de naturaleza financiera, como lo

son las cooperativas de ahorro y crédito. Y, en efecto, de

COSSEC

encontrar

que

existe

alguna

violación

a

las

disposiciones legales aplicables, nada impide que tome las

medidas

que

las

leyes

cooperativistas

le

proveen

para

remediar una situación de tal naturaleza.

Cabe mencionar, por último, que, en esta ocasión, y

similar a como lo hizo el foro apelativo intermedio, no

atendemos el asunto del uso de los anticipos de dividendos

para remunerar a los socios trabajadores por sus labores. Lo

anterior, por entender que ello debe ser resuelto, en primera

instancia, por el ente experto en materia de cooperativas,

entiéndase, CDCOOP.13 Concluimos esto pues la Ley General de

Cooperativas de 2004, supra, no dispone de esta interrogante

de forma clara.14 Una vez esa normativa legal o reglamentaria

esté

clara,

COSSEC

podrá

encargarse

de

velar

por

su

cumplimiento.

Cabe destacar que la doctrina de jurisdicción primaria dispone cuál

foro, si el judicial o el administrativo, debe atender de forma inicial

determinada controversia. Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillas,

163 DPR 308, 326 (2004). Una de las vertientes de esta doctrina se

manifiesta cuando el foro judicial y el administrativo comparten la

facultad para atender un asunto. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179

DPR 391, 405 (2010). En tales instancias, los tribunales podrían ceder su

intervención para que la controversia sea considerada por las agencias

administrativas. Íd. Esto se hace en virtud de la deferencia que merecen

dichas entidades por su preparación, especialización y pericia sobre

determinados temas. Íd.

13

Recordemos que, en lo relacionado a este caso, COSSEC fundamentó la

denegatoria del permiso para operar por entender que la Ley General de

Cooperativas de 2004, supra, no permite adelantar dividendos como parte

de la compensación de los socios trabajadores. No obstante, no encontramos

en dicha ley una prohibición al respecto.

14

CC-2023-0158

36

V.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

revoca

la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, la cual

confirma la determinación administrativa de la Junta de

Directores de COSSEC. En consecuencia, se ordena a COSSEC a

otorgar el permiso de operación en cuestión a Legal Coop. A

su vez, el asunto del uso de los anticipos de dividendos para

remunerar a los socios trabajadores se remite al trámite

administrativo para que CDCOOP ausculte si la Ley General de

Cooperativas de

2004,

supra,

y

la política

pública del

cooperativismo puertorriqueño permite tal práctica.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa de Trabajo Asociado

de Servicios de Asesoría y

Asistencia Legal y Notarial

(Legal Coop.)

Peticionario

CC-2023-0158

v.

Certiorari

Corporación Pública para la

Supervisión y Seguro de

Cooperativas de Puerto Rico

(COSSEC), representado por su

Presidenta Ejecutiva Mabel

Jiménez Miranda

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 12 de abril de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, se revoca la Sentencia emitida por el

Tribunal

de

Apelaciones,

la

cual confirma

la

determinación

administrativa

de

la

Junta

de

Directores de COSSEC. En consecuencia, se ordena a

COSSEC a otorgar el permiso de operación en cuestión

a Legal Coop. A su vez, el asunto del uso de los

anticipos de dividendos para remunerar a los socios

trabajadores se remite al trámite administrativo para

que CDCOOP ausculte si la Ley General de Cooperativas

de

2004,

supra,

y

la

política

pública

del

cooperativismo puertorriqueño permite tal práctica.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón

Charneco disiente con Opinión escrita.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa de Trabajo Asociado

de Servicios de Asesoría y

Asistencia Legal y Notarial

(Legal Coop.)

Peticionario

CC-2023-0158

v.

Corporación Pública para la

Supervisión

y

Seguro

de

Cooperativas de Puerto Rico

(COSSEC), representado por su

Presidenta

Ejecutiva

Mabel

Jiménez Miranda

Recurridos

Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2024.

Disiento de la determinación a la cual arribó una

Mayoría de este Tribunal. No coincido en que la otorgación

de un permiso de operación por parte de la Corporación

Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de

Puerto Rico (COSSEC) a una cooperativa de tipo diverso es

automática

una

vez

la

entidad

queda

inscrita

en

el

Departamento de Estado. La incorporación y la otorgación del

permiso

de

necesarios

operación

para

operaciones.

que

una

son

procesos

cooperativa

independientes

pueda

comenzar

y

sus

CC-2023-0158

2

I

El 17 de junio de 2020, el Departamento de Estado

registró y emitió el certificado de incorporación de la

Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios de Asesoría y

Asistencia Legal y Notarial (Legal Coop.). Según surge de su

propio

reglamento,

Legal

Coop.

es

una

cooperativa

de

trabajadores, dedicada a la prestación de servicios legales

y

notariales

a

personas

que

profesionales

en

Puerto

Rico;

contraten

con

sus

especial

servicios

interés

de

prestar servicios a empresas cooperativas y de la economía

solidaria. En esa misma fecha, la Comisión de Desarrollo

Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) envió a COSSEC copias de

las

Cláusulas

de

Incorporación,

del

Reglamento

y

el

Certificado de Incorporación de Legal Coop. Lo anterior con

el fin de que COSSEC concediera el permiso de operación.

Así las cosas, el 9 de julio de 2020, COSSEC solicitó

a Legal Coop. varios documentos para poder realizar su

evaluación antes de expedir el permiso. Entre estos, evaluó

la contabilidad de Legal Coop, mediante el estudio de los

estados financieros, el auxiliar de acciones y estados de

cuentas.

Como parte de su evaluación, el 10 de mayo de 2021,

COSSEC indagó sobre una cuenta bancaria de Legal Coop.

denominada

“Advance

to

Members”

con

un

balance

de

$140,783.72. Legal Coop. explicó que, como parte de sus

operaciones,

realizaba

compensación

del

trabajo

anticipos

realizado

de

dividendos

como

por

los

que

socios

CC-2023-0158

3

ofrecían servicios legales en la Cooperativa. El 29 de junio

de 2021, COSSEC notificó que Legal Coop. incumplía con la

Ley General de Cooperativas de 2004, infra, dado a que el

estatuto no permite que se realicen adelantos de dividendos

a

sus

socios.

Siendo

ello

así,

le

otorgó

un

permiso

provisional, por un término de treinta (30) días, para que

la Cooperativa realizara las correcciones a su contabilidad

en cumplimiento con la Ley de General de Cooperativas de

2004, infra, y conforme a los Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados.

Insatisfecha con la determinación, Legal Coop. comenzó

un proceso de reconsideración y revisión administrativa. A

través de ese proceso, del cual omitimos los pormenores, la

Cooperativa arguyó, primeramente, que no incumplió con la

Ley General de Cooperativas de 2004, infra, en vista de que

la

ley

diferenciaba

trabajadores-no

socios,

los

trabajadores-socios

precisando

que

se

y

permite

los

el

mecanismo de anticipos como método de remuneración para los

primeros.

Además,

Cooperativas

de

argumentó

2004,

infra,

que

no

la

le

Ley

General

confiere

a

de

COSSEC

injerencia para ir en contra de la determinación de CDCOOP

respecto a que una entidad cumplió con los requisitos para

constituirse e incorporarse como una cooperativa. Luego de

que el Tribunal de Apelaciones confirmó la negativa de

COSSEC, mediante una Sentencia, emitida el 17 de noviembre

de 2022, Legal Coop. recurrió ante este Tribunal.

CC-2023-0158

4

II

El ordenamiento cooperativista vigente en Puerto Rico

ha sido modificado y atemperado por el poder legislativo en

varias ocasiones. En particular a la controversia de autos,

se

ha

desplazado

en

otras

agencias

las

funciones

que

ostentaba la Oficina del Inspector de Cooperativas en el

proceso de incorporación de las cooperativas de tipo diverso

y

a

la

fiscalización

y

regulación

de

estas

una

vez

incorporadas. Actualmente, a CDCOOP se le ha delegado la

función de llevar a cabo el procedimiento de organización e

incorporación de una cooperativa de tipo diverso y a COSSEC

el de fiscalizar y regularlas.

CDCOOP está encargada de implantar el Capítulo 5 de la

Ley Núm. 239-2004, conocida como Ley General de Sociedades

Cooperativas de Puerto Rico de 2004, 5 LPRA secs. 4410-4416,

al

recibir,

examinar

y,

posteriormente,

someter

al

Departamento de Estado los documentos constitutivos de una

cooperativa.

Este

proceso

culmina

con

la

cooperativa

debidamente constituida “cuando el Departamento de Estado

registre

y

emita

el

correspondiente

certificado

de

registro”. Art. 5.4, Ley Núm. 239-2004, 5 LPRA 4414. El

Artículo 5.5, 5 LPRA sec. 4415, dispone que, una vez el

Departamento de Estado haya registrado sus cláusulas de

incorporación, la cooperativa podrá comenzar sus operaciones

oficialmente.

CC-2023-0158

5

Por su parte, bajo el Capítulo 37 de la Ley Núm. 2392004, COSSEC tiene que “velar por que toda cooperativa cumpla

con sus cláusulas de incorporación, su reglamento interno y

las disposiciones de esta Ley”. Art. 37.1, Ley Núm. 2392004, 5 LPRA sec. 4646. Para lograr este objetivo, el

Artículo 37.0, 5 LPRA sec. 4645, dispone que “[COSSEC] deberá

otorgar un permiso escrito a toda cooperativa que hubiese

cumplido con los requisitos de esta Ley para que pueda

comenzar sus operaciones”. Por otra parte, la entidad queda

facultada a “examinar por lo menos una (1) vez al año las

auditorías

realizadas

sobre

las

operaciones

de

toda

cooperativa incorporada y funcionando en Puerto Rico. La

auditoría podrá realizarla un auditor contratado por la

cooperativa, pero el Inspector podrá revisar la auditoría y

realizar

todos

los

exámenes

relacionados

que

considere

pertinentes”. Art. 37.2, Ley Núm. 239-2004, 5 LPRA sec. 4647.

Por otra parte, mediante la Ley Núm. 247-2008, conocida

como Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo

de Puerto Rico, 23 LPRA 625 et seq, COSSEC se convirtió en

un brazo operacional de CDCOOP.

política

pública

cooperativista

Esto con el fin de que la

sea

aplicada

de

forma

uniforme. Aun así, COSSEC mantiene su autonomía operacional.

Art. 9, Ley Núm. 247-2008, 23 LPRA sec. 632. En lo relevante

al caso de autos, el Artículo 13 de la Ley Núm. 247-2008, 23

LPRA sec. 637, dispone que la Junta Rectora de CDCOOP tiene

la facultad de “resolver posibles inconsistencias entre las

normas, reglamentos, procedimientos, cartas circulares o

CC-2023-0158

6

normativas

de

las

entidades

aprobación,

aplicación

e

adscritas,

interpretación,

tanto

y

la

en

su

política

pública de desarrollo del Cooperativismo” y al igual que

recibir de partes interesadas “planteamientos de posible

inconsistencia de política pública, cuya petición deberá

ajustarse a las normas que para esos fines defina por

reglamento la propia entidad”.

III

En el caso de autos, Legal Coop., con el aval de CDCOOP,

quedó debidamente incorporada el 17 de junio de 2020, cuando

el Departamento de Estado registró a la Cooperativa y emitió

el

certificado

de

incorporación.

El

hecho

que

posteriormente, el 18 de abril de 2022, COSSEC determinó que

Legal Coop. incumplía con los requisitos establecidos en la

ley al mantener un sistema de contabilidad inadecuado, al

reconocer el adelanto de dividendos antes del cierre del año

fiscal, no tiene efecto alguno sobre la evaluación de los

documentos constitutivos de la Cooperativa por parte de

CDCOOP y su registro en el Departamento de Estado. En esa

etapa COSSEC estaba actuando conforme al Capítulo 37 de Ley

Núm. 239-2004, supra, como ente regulador.

Asimismo, pesa sobre mi criterio el hecho de que la

deficiencia señalada por COSSEC no podía surgir de los

documentos constitutivos (Cláusulas de Incorporación y el

Reglamento de la Cooperativa) sometidos a CDCOOP para la

incorporación. COSSEC denegó otorgar el permiso al surgir un

desacuerdo

sobre

si

la

Ley

General

de

Sociedades

CC-2023-0158

7

Cooperativas reconocía el adelanto de dividendos antes del

cierre del año fiscal. Durante el examen dirigido a otorgar

el

permiso

de

operación

COSSEC

solicitó

documentación

adicional que no estuvo disponible para CDCOOP, cuando este

evaluó los documentos de incorporación. La determinación

negativa de COSSEC surge de su indagación sobre una cuenta

por

cobrar

denominada

“Advance

to

Members”

de

la

Cooperativa, datos que solo pueden surgir de un estudio de

la contabilidad de Legal Coop.

Nada de lo dispuesto en los Capítulos 5 y 37 de la Ley

Núm. 239-2004, supra, o en la Ley Núm. 247-2008, supra,

implica que COSSEC tiene injerencia sobre el proceso de

incorporación de una cooperativa. La otorgación del permiso

de operación es un proceso independiente y distinto, cuyas

disposiciones no han sido objeto de enmienda. El Capítulo 37

de la Ley Núm. 239-2004, supra, delega a COSSEC la función

de ente regulador de todas las cooperativas de tipo diverso

y autoriza la auditoria de estas entidades. Soy del criterio

que el proceso de incorporación no predispone a COSSEC a

otorgar automáticamente el permiso.

Tampoco me persuade

concluir que COSSEC tiene que otorgar un permiso para operar

antes

de

poder

señalar

deficiencias

con

el

sistema

de

contabilidad de una cooperativa.

Por

obtención

lo

cual,

del

los

permiso

procesos

de

de

operación

incorporación

son

y

de

distintos

e

indispensables para que una cooperativa pueda operar en

Puerto Rico. Al concluir el primero, la cooperativa queda

CC-2023-0158

8

constituida con su propia personalidad jurídica. A través

del segundo, la cooperativa obtiene el aval de que realiza

sus

actividades

en

consecución

permitido por las leyes.

de

sus

fines

según

lo

Si una cooperativa entiende que

COSSEC actuó contrario a la política pública de desarrollo

del

Cooperativismo

cuando

denegó

expedir

un

permiso

de

operación, esta podrá recurrir a CDCOOP, hecho que no sucedió

en la controversia que hoy atendemos. Siendo ello así,

confirmaría

la

Sentencia

que

emitió

el

Tribunal

Apelaciones en el caso de autos.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

de