Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Aníbal E. Espinosa Valentín
2024 TSPR 26
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Aníbal E. Espinosa Valentín
TS-11,819
15 de marzo de 2024 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y con las órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2024 TSPR 26
213 DPR ___
Aníbal E. Espinosa Valentín
Número del Caso:
Fecha:
TS-11,819
15 de marzo de 2024
Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con los
requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y con las
órdenes de Tribunal Supremo.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS–11,819
Aníbal E. Espinosa Valentín
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.
Una vez más nos vemos en la obligación de ejercer
nuestra
facultad
disciplinaria
para
suspender
de
manera inmediata e indefinida del ejercicio de la
abogacía y de la notaría a un miembro de la profesión
legal,
por
incumplir
con
los
requerimientos
del
Programa de Educación Jurídica Continua y con las
órdenes de este Tribunal.
I
El Lcdo. Aníbal E. Espinosa Valentín (licenciado
Espinosa Valentín) fue admitido al ejercicio de la
abogacía el 15 de enero de 1997 y al ejercicio de la
notaría el 12 de diciembre de 2000.
TS-11,819
2
Las circunstancias que motivan este pronunciamiento se
relacionan con el incumplimiento del licenciado Espinosa
Valentín
con
los
Jurídica
Continua
requisitos
del
(PEJC)
su
y
Programa
de
Educación
inobservancia
a
las
consecuentes órdenes que emitió este Tribunal al respecto.
A
continuación,
procedemos
a
exponer
los
antecedentes
pertinentes.
A.
En virtud de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, 4
LPRA sec. 771 et seq., todo abogado y toda abogada tenía la
obligación de afiliarse al Colegio de Abogados y Abogadas de
Puerto Rico para ejercer la profesión legal válidamente en
nuestra jurisdicción.
Posteriormente, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley
Núm.
121-2009
colegiación
para,
entre
obligatoria
como
otros
asuntos,
requisito
para
eliminar
la
ejercer
la
profesión legal en Puerto Rico. Esto tuvo la consecuencia de
que toda persona que hubiese juramentado ante este Tribunal,
pero no se colegió previo a la vigencia de la Ley Núm. 1212009, pasó a tener estatus activo a partir del 13 de octubre
de 2009. También surgió la obligación de que tuvieran que
cumplir con los requisitos de educación jurídica continua,
según establecidos en la reglamentación creada por este
Tribunal.
Precisamente, mediante la Resolución ER-98-6 de 30 de
junio de 1998, In re: Reglamento de Educación Jurídica
TS-11,819
3
Continua,
146
DPR
494
(1998),
Reglamento
de
Educación
este
Jurídica
Tribunal
Continua.
aprobó
Varios
un
años
después promulgamos el Reglamento del Programa de Educación
Jurídica Continua, mediante Resolución ER-2005-04 de 8 de
abril de 2005. In re: Aprobación del Reglamento del Programa
de Educación Jurídica Continua, 164 DPR 555 (2005). Así se
estableció la obligación de que todo profesional del Derecho
admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, con
estatus activo o con una suspensión del ejercicio de la
profesión legal de forma temporal o por un periodo de tiempo
específico,
cumpliera
con
los
requisitos
de
educación
jurídica continua, a menos que obtuviera una exoneración
bajo la Regla 4(C) del Reglamento del PEJC. En ese sentido,
se establecieron los requisitos mínimos en cuanto a los
créditos que debían completar. A su vez, se dispuso un
procedimiento
para
aquellos
casos
en
los
que
no
se
completaran las horas requeridas.
En el 2017 aprobamos un nuevo reglamento mediante el
cual se derogó la reglamentación de educación continua de
1998 y 2005. Véase In re: Aprobación del Reglamento del
Programa de Educación Jurídica Continua, 198 DPR 254 (2017).1
Este dispuso que cualquier procedimiento iniciado bajo los
reglamentos derogados continuaría vigente, siempre que fuera
compatible con el nuevo reglamento.
Esta es la reglamentación vigente, la cual ha sufrido varias enmiendas.
La enmienda más reciente fue mediante la Resolución ER-2020-04 de 15 de
junio de 2020. Véase In re Enmiendas al Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua, 204 DPR 347 (2020).
1
TS-11,819
4
En virtud de la normativa reseñada, el PEJC refirió
varios abogados y abogadas a nuestra atención, entre los que
figuraba el licenciado Espinosa Valentín. En particular, nos
informó que estos y estas estaban en incumplimiento con los
requisitos de educación continua.2 Además, resaltó que el
incumplimiento surgió porque habían adquirido estatus activo
en la profesión ante los cambios en el marco jurídico antes
reseñado, a saber: (1) porque no se colegiaron previo a la
vigencia de la Ley Núm. 121-2009; (2) porque la exoneración
por ser colegiado inactivo o colegiada inactiva no se renovó
luego de la vigencia de la Ley Núm. 121-2009, o (3) porque
la
exoneración
por
ser
colegiado
inactivo
o
colegiada
inactiva venció luego del cambio de la Regla 4 del Programa
de Educación Jurídica Continua. Véase In re: Enmienda a la
Regla 4 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica
Continua, 183 DPR 48 (2011).3
Constatamos que el PEJC les otorgó a estos abogados y
estas
abogadas
un
periodo
razonable
para
completar
los
requisitos correspondientes. Transcurrido dicho término, y
tras corroborar que se les brindó suficiente oportunidad
para cumplir, el 8 de marzo de 2018 emitimos un edicto
Según la información suministrada por el PEJC, el licenciado Espinosa
Valentín ha incumplido cuatro (4) periodos de educación jurídica
continua, a saber: (a) abril de 2012 a marzo de 2014; (b) abril de 2014
a marzo de 2017; (c) abril de 2017 a marzo de 2020, y (d) abril de 2020
a marzo de 2023. Por su incumplimiento, adeuda multas que ascienden a
$250.
3 El 30 de septiembre de 2011 emitimos la Resolución ER-2011-04 para
eliminar la exoneración por ser colegiado inactivo o colegiada inactiva.
Como consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012 debía completarse el
proceso de cambio de estatus en la Secretaría de este Tribunal para
obtener el relevo de los requisitos de educación jurídica continua.
2
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mediante el cual les concedimos treinta (30) días a cada
profesional del Derecho para que compareciera y proveyera
información sobre su estatus. Asimismo, luego de varios
trámites, el 14 de septiembre de 2023 emitimos un último
edicto mediante el cual les otorgamos igual término para
comparecer y cumplir con lo requerido. Les advertimos que,
de no comparecer en el plazo concedido, procederíamos con su
inactivación inmediata de la profesión.
Tras estos trámites, el 28 de noviembre de 2023 emitimos
una
Resolución
mediante
la
cual,
según
se
advirtió,
inactivamos a los abogados y abogadas que fueron objeto del
referido del PEJC, que no comparecieron luego del último
edicto y que permanecían en incumplimiento. Véase In re:
Solicitud del Programa de Educación Jurídica Continua sobre
varios(a) profesionales del Derecho, 2023 TSPR 138, 213 DPR
__ (2023). Ahora bien, por las razones que se exponen más
adelante, optamos por un trámite distinto para el licenciado
Espinosa Valentín.
B.
El licenciado Espinosa Valentín está admitido a ejercer
la abogacía y la notaría. Luego de revisar su actividad en
la plataforma SIGNO Notarial, comprobamos que el letrado ha
presentado
sus
índices
notariales
mensuales,4
lo
cual
Según se desprende de una Certificación del Registro General de
Competencias Notariales adscrito a la Oficina de Inspección de Notarías,
con fecha de 6 de marzo de 2024, el licenciado Espinosa Valentín ha
cumplido con su obligación de presentar los índices mensuales de
actividad notarial para los años 2012 al 2023, así como para los meses
de enero y febrero de 2024. La gran mayoría de estos han sido negativos,
es decir, para informar que no ha tenido actividad notarial.
4
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evidencia que tiene conocimiento de su estatus actual en el
Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA).
Ante esto, el 9 de noviembre de 2023 le ordenamos al
licenciado Espinosa Valentín que mostrara causa por la cual
no debíamos suspenderlo del ejercicio de la abogacía por su
incumplimiento reiterado con los requisitos del PEJC. Además
de ordenar la notificación personal de este mandato, también
se notificó al correo electrónico registrado en el RUA. A
pesar de que el personal del alguacilazgo acudió a varias
direcciones para diligenciarlo personalmente, no dieron con
el paradero del licenciado Espinosa Valentín. Este tampoco
compareció ante esta Curia.
Con este cuadro, delineamos a continuación las normas
que rigen este asunto.
II
A. Canon 9 del Código de Ética Profesional
El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX, exige a todos los miembros de la profesión legal a
conducirse ante los tribunales con una conducta que se
caracterice por el mayor respeto. In re Lajara Radinson, 207
DPR 854, 863 (2021); In re Cintrón Rodríguez, 205 DPR 299,
308 (2020); In re Alers Morales, 204 DPR 515, 519 (2020).
Acorde con ese mandato, hemos insistido en el ineludible
deber que tienen todos los abogados de cumplir con prontitud
y diligencia con las órdenes de este Tribunal, en especial
cuando se trata de procesos disciplinarios. In re Molinary
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Machado, 2019 TSPR 142, 203 DPR ___ (2019); In re Cintrón
Rodríguez, supra, pág. 308.
De igual forma, hemos expresado que dicho deber “se
extiende a los requerimientos hechos por la Oficina del
Procurador General, la Oficina de Inspección de Notarías y
el
Programa
de
Educación
Jurídica
Continua”.
(Negrilla
suplida). In re Cintrón Rodríguez, supra, pág. 308. Véase,
también In re López Pérez, 201 DPR 123, 126 (2018); In re
Arocho
Cruz,
expuesto,
200
hemos
DPR
352,
361
(2018).
Cónsono
catalogado
la
desatención
de
con
lo
nuestras
órdenes por parte de los abogados y las abogadas como una
afrenta a la autoridad de los tribunales, lo que constituye
una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional,
supra, y dicha conducta podría conllevar que se decrete la
separación inmediata e indefinida de la profesión legal. In
re López Pérez, supra, pág. 126; In re Canales Pacheco, 200
DPR 228, 233 (2018).
B. Obligación ética de educación jurídica continua
El Canon 2 del Código de Ética Profesional, supra,
dispone:
A fin de viabilizar el objetivo de representación
legal adecuada para toda persona, el abogado
también debe realizar esfuerzos para lograr y
mantener un alto grado de excelencia y competencia
en su profesión a través del estudio y la
participación
en
programas
educativos
de
mejoramiento profesional[...].
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Cónsono
con
este
postulado,
hemos
adoptado
reglamentación para regular el modo en que los abogados y
las
abogadas
deben
cumplir
con
esa
obligación.
De
conformidad con la Regla 29 del Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua (Reglamento), 4 LPRA Ap. XVIIE, el y la profesional del Derecho activo o activa, salvo
ciertas
excepciones,
veinticuatro
(24)
deberá
horas
cumplir
crédito
con
de
un
mínimo
educación
de
jurídica
continua en cada periodo de tres (3) años.
En caso de que el abogado o abogada incumpla con los
requisitos de educación jurídica continua, la Regla 30 del
Reglamento
del
Programa
de
Educación
Jurídica
Continua, supra, dispone para que dentro de los sesenta (60)
días siguientes a la terminación del periodo de cumplimiento
se le envíe a este o esta un Aviso de Incumplimiento. El
Reglamento también provee para que el abogado o abogada
exponga las razones que justifiquen su incumplimiento, como
también
para
la
celebración
de
una
vista
informal.
De
persistir en su incumplimiento, podrá ser referido a la Junta
de
Educación
instancia,
Jurídica
Continua,
la
cual,
podrá
elevar
el
asunto
consideración. El
abogado
o
abogada
incumplidora
se
expone
a
enfrentar
en
ante
última
nuestra
incumplidor
sanciones
de
o
este
Tribunal, que pueden incluir la separación indefinida de la
profesión. In re González Borgos, 192 DPR 926, 932 (2015)
(“Hemos suspendido del ejercicio de la profesión a abogados
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9
y abogadas que no cumplen con los requisitos del PEJC ni
atienden sus requerimientos, así como las órdenes de este
Tribunal”.). Véase, también: In re Luis Paisán, 190 DPR 1
(2014); In re Del Campo Alomar, 188 DPR 587 (2013); In re
Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013); In re Grau Collazo, 185 DPR
938 (2012).
III
No hay controversia en cuanto a que el licenciado
Espinosa Valentín se encuentra en incumplimiento con los
requisitos del PEJC. Nuestra intervención es motivada por el
hecho de que, a pesar de las múltiples oportunidades que el
PEJC le
ha concedido para que subsane y/o explique su
incumplimiento,
este
Recuérdese
el
que
ha
PEJC
optado
por
no
utilizó
solo
hacer
caso
los
omiso.
mecanismos
ordinarios de comunicación para contactar al licenciado
Espinosa Valentín, sino que este Tribunal también autorizó
la publicación de dos edictos en periódicos de circulación
general en Puerto Rico. No empece a estos esfuerzos, el
letrado no compareció, como tampoco pudimos precisar su
paradero para diligenciar nuestra orden de mostrar causa.
Colegimos
que
el
licenciado
Espinosa
Valentín
conscientemente ha ignorado tanto los requerimientos del
PEJC como las órdenes de este Tribunal. Esto queda demostrado
al figurar como activo en el RUA y someter mensualmente los
informes
mensuales
en
la
plataforma
SIGNO
Notarial.
No
podemos tolerar semejante conducta displicente y contumaz
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por parte de un integrante de la profesión legal. Por tanto,
decretamos
su
suspensión
inmediata
e
indefinida
del
ejercicio de la abogacía y la notaría.
IV
Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspensión
inmediata e indefinida del licenciado Espinosa Valentín del
ejercicio de la abogacía y la notaría.
A la luz de lo anterior, le imponemos al señor Espinosa
Valentín el deber de notificar a todos sus clientes de su
inhabilidad
de
seguir
representándoles,
devolverles
cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados
e informar oportunamente de su suspensión indefinida a los
foros
judiciales
y
administrativos
donde
tenga
asuntos
pendientes. Deberá, además, acreditar y certificarnos el
cumplimiento de estos deberes incluyendo una lista de los
clientes y los foros a quienes le haya notificado de su
suspensión, dentro del término de treinta (30) días, contado
a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
No
hacerlo
pudiera
conllevar
que
no
se
le
reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo en el
futuro.
Además, le ordenamos al Alguacil de este Tribunal que
proceda
inmediatamente
a
incautar
el
sello
y
la
obra
notarial, si la hubiera, del señor Espinosa Valentín para
que esta sea debidamente custodiada e inspeccionada por la
Oficina
de
Inspección
de
Notarías.
Así
las
cosas,
de
TS-11,819
11
conformidad con la Ley Núm. 69 de 9 de marzo de 1911, según
enmendada, 30 LPRA sec. 1725 et seq., se da por terminada la
última fianza otorgada. Así, se garantizan las funciones
notariales del notario y la fianza se considerará buena y
válida por tres (3) años después de su terminación para los
actos realizados por el fiado durante el periodo en que
estuvo vigente.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Aníbal E. Espinosa Valentín
TS-11,819
Sala de Despacho integrada por la Ja Rodríguez, el Juez
Asociado señor Martínez Torres, el Juez Asociado ser Rivera
García y el Juez Asociado señor
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de
la presente Sentencia, decretamos la suspensión
inmediata e indefinida del Lcdo. Aníbal E. Espinosa
Valentín del ejercicio de la abogacía y la notaría.
A la luz de lo anterior, le imponemos al señor
Espinosa Valentín el deber de notificar a todos sus
clientes de su inhabilidad de seguir representándoles,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por
trabajos no realizados e informar oportunamente de su
suspensión indefinida a los foros judiciales y
administrativos donde tenga asuntos pendientes. Deberá,
además, acreditar y certificarnos el cumplimiento de
estos deberes incluyendo una lista de los clientes y
los foros a quienes le haya notificado de su suspensión,
dentro del término de treinta (30) días, contado a
partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que no se le
reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo
en el futuro.
Además, le ordenamos al Alguacil de este Tribunal
que proceda inmediatamente a incautar el sello y la
obra notarial, si la hubiera, del señor Espinosa Valentín
TS-11,819
2
Valentín para que esta sea debidamente custodiada e
inspeccionada por la Oficina de Inspección de Notarías. Así
las cosas, de conformidad con la Ley Núm. 69 de 9 de marzo
de 1911, según enmendada, 30 LPRA sec. 1725 et seq., se da
por terminada la última fianza otorgada. Así, se garantizan
las funciones notariales del notario y la fianza se
considerará buena y válida por tres (3) años después de su
terminación para los actos realizados por el fiado durante
el periodo en que estuvo vigente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez
no intervino.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo