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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Capote Rivera y otros v. Voilí Voilá Corporation y otros

2024 TSPR 29

Poder Judicial de Puerto Rico

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Capote Rivera y otros v. Voilí Voilá Corporation y otros

CC-2023-0305 cons. con CC-2023-0306

26 de marzo de 2024 · Hon. Luis F. Estrella Martínez · Derecho de Permisos – Exigencia de una consulta de ubicación para obtener un permiso para uso ecoturístico debido a la clasificación del terreno.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Marisol Capote Rivera, Carlos Leyva y

la Sociedad de Bienes Gananciales

compuesta entre ambos; José Orlando

Santiago Rodríguez y Ya-O-Ming Rondón

Rodríguez; Julio Enrique Muñoz Ponce

de León y Karla Mariel Silva Martínez;

Carlos Ismael Rivera Lezcano y Raiza

Centeno Pagán; Carmen Milagros Delgado

García; Enrique Manuel Ferrer Urbina;

Heriberto Ocasio Burgos y Elizabeth

Texidor de Jesús, Nivea Rebecca

Fraticcelli Espada; Sheila Ana Sánchez

Castro; Jorge C. Suárez Castro; David

John Dávila Pagán

Recurridos

v.

Voilí Voilá Corporation; David

Chaymol; OGPE

Recurridos

Municipio Autónomo de Guaynabo;

Oficina de Permisos Urbanísticos

Certiorari

Peticionarios

______________________________________

2024 TSPR 29

Marisol Capote Rivera, Carlos Leyva y

la Sociedad de Bienes Gananciales

compuesta entre ambos; José Orlando

Santiago Rodríguez y Ya-O-Ming Rondón

Rodríguez; Julio Enrique Muñoz Ponce

de León y Karla Mariel Silva Martínez;

Carlos Ismael Rivera Lezcano y Raiza

Centeno Pagán; Carmen Milagros Delgado

García; Enrique Manuel Ferrer Urbina;

Heriberto Ocasio Burgos y Elizabeth

Texidor de Jesús, Nivea Rebecca

Fraticcelli Espada; Sheila Ana Sánchez

Castro; Jorge C. Suárez Castro; David

John Dávila Pagán

Peticionarios

v.

Voilí Voilá Corporation; David

Chaymol; OGPE

Recurridos

Municipio Autónomo de Guaynabo;

Oficina de Permisos Urbanísticos

Recurridos

213 DPR ___

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

Número del Caso:

Fecha:

2

CC-2023-0305

cons. con CC-2023-0306

26 de marzo de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel X

CC-2023-0305

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Jaime L. Gordon De Jesús

Lcda. Heidi Medina Cordero

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Miguel Mihaljevich

CC-2023-0306

Abogados de la parte peticionaria:

Lcda. Michelle E. Rodríguez Gerena

Lcdo. Daniel R. Martínez Avilés

Lcda. Gabriela N. Cruz Rodríguez

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Miguel L. Torres Torres

Materia:

Derecho de Permisos – Exigencia de una consulta de

ubicación para obtener un permiso para uso ecoturístico debido a la

clasificación del terreno.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Marisol Capote Rivera, Carlos

Leyva y la Sociedad de Bienes

Gananciales compuesta entre

ambos; José Orlando Santiago

Rodríguez y Ya-O-Ming Rondón

Rodríguez; Julio Enrique Muñoz

Ponce de León y Karla Mariel

Silva Martínez; Carlos Ismael

Rivera Lezcano y Raiza Centeno

Pagán; Carmen Milagros Delgado

García; Enrique Manuel Ferrer

Urbina; Heriberto Ocasio Burgos

y Elizabeth Texidor de Jesús,

Nivea Rebecca Fraticcelli

Espada; Sheila Ana Sánchez

Castro; Jorge C. Suárez Castro;

David John Dávila Pagán

Recurridos

v.

Voilí Voilá Corporation; David

Chaymol; OGPE

Recurridos

Municipio Autónomo de Guaynabo;

Oficina de Permisos Urbanísticos

Peticionarios

Marisol Capote Rivera, Carlos

Leyva y la Sociedad de Bienes

Gananciales compuesta entre

ambos; José Orlando Santiago

Rodríguez y Ya-O-Ming Rondón

Rodríguez; Julio Enrique Muñoz

Ponce de León y Karla Mariel

Silva Martínez; Carlos Ismael

Rivera Lezcano y Raiza Centeno

Pagán; Carmen Milagros Delgado

García; Enrique Manuel Ferrer

Urbina; Heriberto Ocasio Burgos

y Elizabeth Texidor de Jesús,

Nivea Rebecca Fraticcelli

Espada; Sheila Ana Sánchez

CC-2023-0305

cons. con

Certiorari

CC-2023-0306

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

2

Castro; Jorge C. Suárez Castro;

David John Dávila Pagán

Peticionarios

v.

Voilí Voilá Corporation; David

Chaymol; OGPE

Recurridos

Municipio Autónomo de Guaynabo;

Oficina de Permisos Urbanísticos

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2024.

En esta ocasión, este Tribunal tiene la obligación de

dilucidar aspectos específicos de los usos permitidos en los

distritos designados para la conservación de recursos. En

particular, nos corresponde identificar si la obtención de

un permiso para un uso ecoturístico puede tramitarse de forma

ministerial o si, por el contrario, el cuerpo reglamentario

dispone que la clasificación del terreno exige un trámite

con criterios subjetivos como lo es la consulta de ubicación.

Siendo ello así, veamos, entonces, el cuadro fáctico dentro

del cual se desarrolló este caso.

I

El 11 de febrero de 2022, Voilí Voilá Corporation (VVC),

por conducto del Ingeniero José G. Deya, presentó ante la

Oficina de Permisos Urbanísticos (OPU) del Municipio Autónomo

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

3

de Guaynabo (Municipio) un Memorial explicativo con el fin

de obtener un permiso de uso ministerial. En específico,

expresó su interés en el uso de ciertas instalaciones en una

finca que ubica en Guaynabo, específicamente en el Sector

Capó del barrio Hato Nuevo, para actividades recreativas,

ecoturísticas y agrícolas.1 Afirmó que, bajo la Sección

6.1.23.3

del

Reglamento

Conjunto

para

la

Evaluación

y

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de

Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento Núm. 9233 de 2

de diciembre de 2020 (Reglamento Conjunto), tales actividades

podían ser permitidas ministerialmente, pues no presentaban

conflictos con la conservación del tipo o clase del recurso

y la estabilidad de los terrenos.

Acto seguido, un grupo de vecinos del Sector Capó,

algunos de estos colindantes con el terreno en cuestión

(Vecinos

del

intervención

Sector

y

Capó),

oposición

al

presentó

permiso

una

Solicitud

único.2

El

de

grupo

1Apéndice

de Recurso de revisión judicial, págs. 36-38.

Según esta petición, VVC originalmente había solicitado una

consulta de ubicación para otro uso dentro de estas

instalaciones, pero el asunto fue archivado después del

transcurso de treinta (30) días sin que se obtuvieran las

recomendaciones requeridas. Conforme se desprende del

expediente, el 10 de junio de 2021, VVC envió un Memorial

explicativo a la OPU con el fin de obtener autorización para

construir un restaurante que describió como tipo “Farm to

Table” en el primer nivel de una estructura existente en el

predio antes descrito, manteniendo el uso residencial del

segundo nivel. Íd., págs. 28-35.

2El

grupo está compuesto por la Sra. Marisol Capote

Rivera, el Sr. Carlos Leyva Jordán, la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta entre estos, el Sr. José O. Santiago

Rodríguez, la Sra. Ya-o-Ming Rondón Rodríguez, el Sr. Julio

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

argumentó

que

la

solicitud

4

de

VVC

no

era

de

carácter

ministerial y que este no era el procedimiento apropiado para

esta, pues pretendía usar una propiedad residencial para una

actividad comercial que era incompatible con la clasificación

del terreno. Los Vecinos del Sector Capó sostuvieron que la

actividad propuesta afectaría el entorno residencial, el cual

no contaba con la infraestructura o las condiciones por no

ser uno turístico o comercial, y, en consecuencia, incidiría

sobre sus intereses propietarios.

En su Oposición a solicitud de intervención, VVC arguyó

que los Vecinos del Sector Capó carecían de legitimación

activa,

pues,

adjudicativo

y

entre

no

otros,

tendría

el

efecto

procedimiento

sobre

sus

no

era

intereses

propietarios. Añadió que su petición no implicaba un cambio

de calificación en el distrito ni tampoco conllevaba un uso

con efecto adverso en el sector, pues este estaba contemplado

ministerialmente y, además, había sido elaborado conforme al

distrito de calificación de la propiedad.

Posteriormente, los Vecinos del Sector Capó presentaron

una Moción en solicitud de archivo. Plantearon que la OPU

carecía de jurisdicción debido a que la Sección 6.1.23.3 del

Reglamento

Conjunto

requería

que

los

usos

en

terrenos

E. Muñoz Ponce De León, la Sra. Karla N. Silva Martínez, el

Sr. Carlos I. Rivera Lezcano, la Sra. Raiza Centeno Pagán,

la Sra. Carmen M. Delgado García, el Sr. Enrique M. Ferrer

Urbina, el Sr. Heriberto Ocasio Burgos, la Sra. Elizabeth

Texidor De Jesús, la Sra. Nivea Rebecca Fraticcelli Espada,

la Sra. Sheila A. Sánchez Castro, el Sr. Jorge C. Suárez

Castro y el Sr. David J. Dávila Pagán.

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

clasificados

como

5

Conservación

de

Recursos

(CR)

fueran

tramitados a través de una consulta de ubicación con el fin

de demostrar que la actividad propuesta no representaría un

conflicto en el área.

En respuesta, VVC instó una Oposición a solicitud de

archivo y para que se adjudique permiso de uso ministerial.

Reiteró

que

los

Vecinos

del

Sector

Capó

carecían

de

legitimación activa para intervenir en el proceso y que el

uso

propuesto

permitirse

sin

se

encontraba

una

consulta

entre

de

aquellos

ubicación.

que

podían

Sostuvo

que

concluir que procedía tal trámite tendría el efecto de crear

un área sin uso ministerial, lo que sería inconstitucional.

El 13 de mayo de 2022, la OPU declaró ha lugar la

solicitud de intervención tras concluir que los Vecinos del

Sector Capó habían demostrado ser vecinos de la actividad

propuesta y que su participación ayudaría razonablemente a

preparar un expediente más completo.

Así las cosas, el 17 de mayo de 2022, la OPU emitió una

Resolución de archivo. En esta consignó que la propiedad en

cuestión

ubicaba

en

un

distrito

con

Calificación

de

Conservación de Recursos Cinco (CR-5) y Clasificación de

Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP). Concluyó que

la Sección 6.2.23.3 del Reglamento Conjunto establecía que

servicios como el propuesto por VVC podían ser autorizados

en distritos CR siempre y cuando no presentaran conflictos

con la conservación del tipo del recurso o la estabilidad de

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6

los terrenos, y que se tramitaran mediante una consulta de

ubicación. Por ende, la OPU determinó que procedía archivar

sin perjuicio la solicitud debido a que el trámite correcto

era

la

consulta

de

ubicación

y

no

el

trámite

de

uso

ministerial.

Disconforme, VVC recurrió ante la División de Revisiones

Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (DRA)

mediante una Solicitud de revisión administrativa. Protestó

que la OPU tratara como discrecional la concesión del permiso

de uso en un distrito calificado como CR cuando, a su juicio,

este gozaba de carácter ministerial en actividades como las

que propuso. Señaló que el Reglamento Conjunto distinguía

este tipo de usos de los que requerían consultas de ubicación

y que, en su caso específico, la propuesta no conllevaba obra

de construcción alguna. Finalmente, reiteró su postura con

respecto a la ausencia de legitimación activa y arguyó que

la OPU incidió sobre los términos reglamentarios.

Tras la celebración de una vista virtual, el 6 de

septiembre de 2022, la DRA emitió una Resolución de revisión

administrativa. En esta, señaló que, según la tabla 6.78 de

la

Sección

6.1.23.3

en

el

Reglamento

Conjunto,

las

actividades recreacionales, ecoturísticas y agroturísticas

estaban listadas como aquellas permitidas ministerialmente.

A esto añadió que las actividades propuestas no confligirían

con la conservación del recurso y la estabilización del

terreno porque se llevarían a cabo sobre obras existentes.

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7

Por consiguiente, concluyó que la determinación de la OPU no

merecía deferencia y procedía la solicitud de permiso único.

En desacuerdo, los Vecinos del Sector Capó presentaron

un

Recurso

Apelaciones.

de

revisión

En

este,

judicial

ante

sostuvieron

el

que

Tribunal

se

de

concedió

incorrectamente de forma ministerial un permiso de uso que

tenía que pasar por un proceso de consulta de ubicación

debido al distrito en el que ubicaría el negocio propuesto.

Argumentaron que, si bien la reglamentación permite usos como

el solicitado en distritos CR, tiene que primero confirmarse

que este no presentará conflicto con la conservación de los

recursos. Señalaron que no se desprendía de la reglamentación

que los usos permitidos en un distrito de esta clasificación

pudieran ser considerados y otorgados ministerialmente, en

particular cuando se trataba de una lista numerus apertus

sobre posibles usos.

Por su parte, VVC instó una Solicitud de desestimación

en la cual argumentó, esencialmente, que los Vecinos del

Sector

Capó,

colectiva

e

individualmente,

carecían

de

legitimación activa y capacidad jurídica, pues no podían

evidenciar el daño que le causó la determinación recurrida.

También alegó que no existía una controversia real y que el

expediente estaba incompleto.

De otro lado, la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe)

presentó una Oposición a revisión administrativa en la cual

sostuvo que la Sección 6.1.23.3 del Reglamento Conjunto

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permite ciertos usos que no impactan la estabilidad del

recurso o la estabilización del terreno, aspectos que no

requerían una evaluación discrecional en esta etapa. Afirmó,

además, que la actividad propuesta tomaría lugar en una

estructura existente, por lo que no requería el desarrollo

de terrenos o construcción para llevarse a cabo. Arguyó que

interpretar que los usos en la tabla exigen una consulta de

ubicación equivaldría a anularla.

El 15 de marzo de 2023, notificada al día siguiente, el

Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia en la cual

confirmó

el

dictamen

de

la

DRA.

En

síntesis,

el

foro

apelativo intermedio concluyó que la determinación de la DRA

fue

razonable,

Reglamento

pues

según

Conjunto,

surge

las

de

la

Tabla

instalaciones

6.78

del

recreativas,

ecoturísticas y para uso agrícola se encontraban entre los

usos permitidos en un distrito C-R y, por ende, podían ser

autorizados ministerialmente. Tanto el Municipio como los

Vecinos

del

solicitudes

Sector

de

Capó

presentaron

reconsideración,

sus

las

respectivas

cuales

fueron

eventualmente denegadas por el foro apelativo intermedio.

Inconforme,

el

Municipio

acudió

ante

este

Tribunal

mediante un Recurso de revisión judicial. En primer lugar,

argumentó en favor de conceder deferencia a los municipios

autónomos en el despliegue de sus facultades administrativas

sobre

las

cuales

tienen

pericia,

particularmente

en

lo

referente al desarrollo de sus terrenos y la protección de

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

9

sus recursos naturales. Sostuvo que el DRA y el Tribunal de

Apelaciones

erraron

al

revocar

su

determinación

y,

en

consecuencia, otorgar un permiso sin cerciorarse que ello no

afectaría la estabilidad de los terrenos o pusiera en peligro

la conservación de los recursos protegidos. Reafirmó que la

Sección 6.1.23.3 del Reglamento Conjunto exigía una consulta

de ubicación para la actividad de uso propuesta.

Por su parte, los Vecinos del Sector Capó también

comparecieron ante nos a través de un Auto de certiorari. En

este, reiteraron su postura con respecto a que, ante la

realidad del proyecto propuesto y la letra clara de la

reglamentación sobre distritos CR, la evaluación del uso

solicitado tenía que estar acompañada de un análisis sobre

la conservación de los recursos y la estabilidad del terreno,

es decir, de una consulta de ubicación. Señalaron que la

petición de VVC no identificó los recursos a proteger ni el

tipo de recurso en el predio, como tampoco certificó que no

se

afectarían

los

suelos

según

exige

la

reglamentación

aplicable. Rechazaron que la consulta de ubicación fuese

requerida solo para los usos no enumerados en la tabla y

razonaron

que

el

uso

propuesto

por

VVC

solo

podía

ser

aprobado de forma discrecional porque tenían que cerciorarse

de

que

este

cumpliera

con

todas

las

consideraciones

reglamentarias.

En su Alegato de la agencia recurrida, la OGPE afirmó

que lo solicitado por VVC constituía un uso permitido por la

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10

calificación del predio conforme al Reglamento Conjunto, en

particular por tratarse de una operación que se llevaría a

cabo en una estructura existente en un terreno desarrollado.

Sostuvo que interpretar que los usos desglosados en la tabla

también requerían una consulta de ubicación equivaldría a

anular

la

distinción

entre

estos

y

los

que

no

fueron

incluidos. Descartó, además, que la determinación de la OPU

mereciera más deferencia que la suya, pues es esta la agencia

revisora con pericia.

Finalmente, mediante un Alegato de la parte recurrida,

VVC reiteró que su petición se centró en un permiso de uso

para actividades recreativas, ecoturísticas y agroturísticas

en las estructuras existentes en la propiedad, el cual se

concede ministerialmente en el distrito C-R y descansa en el

derecho propietario de una persona al uso y disfrute de su

propiedad. Sostuvo que la Tabla 6.78 del Reglamento Conjunto

distinguía con claridad los usos ministeriales de aquellos

que requerían una consulta de ubicación. Expresó que el

lenguaje

en

la

sección

antes

aludida

no

implicaba

la

existencia de criterios subjetivos e indicó que demostró que

su proyecto y los usos propuestos no conllevarían impacto

ambiental que requieran un análisis más profundo.

Trabada así la controversia, tras la consolidación de

los

recursos,

la

expedición

del

auto

solicitado

y

la

comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver el

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11

asunto, no sin antes repasar el Derecho aplicable a la

controversia.

II

A.

Como

tribunales

se

sabe,

la

garantizar

revisión

judicial

permite

que

agencias

administrativas

las

a

los

actúen dentro de los márgenes de las facultades que le fueron

delegadas por ley. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Prop.,

173 DPR 998, 1015 (2008). A su vez, posibilita el poder

constatar que los organismos administrativos “cumplan con

los mandatos constitucionales que rigen el ejercicio de su

función, especialmente con los requisitos del debido proceso

de ley”. Íd. De esta forma, se vela por que los ciudadanos

tengan “un foro al cual recurrir para vindicar sus derechos

y obtener un remedio frente a las actuaciones arbitrarias de

las agencias”. Íd. En términos simples, la revisión judicial

constituye “el recurso exclusivo para revisar los méritos de

una

decisión

administrativa

sea

ésta

de

naturaleza

adjudicativa o de naturaleza informal”. Depto. Educ. v.

Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543 (2006).

No

obstante,

tribunales

no

al

pueden

ejercer

la

descartar

revisión

judicial

los

de

absoluta

la

forma

determinación de una agencia, sino que primero tienen que

examinar la totalidad del expediente y determinar si la

interpretación

de

la

agencia

representó

un

ejercicio

razonable de su discreción administrativa, así fundamentado

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

12

en la pericia particular de esta, en consideraciones de

política pública o en la apreciación de la prueba. Otero v.

Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). Esto es así, toda vez que

las determinaciones de los organismos administrativos están

revestidas de una presunción de regularidad y corrección

debido a su vasta experiencia y conocimiento especializado,

lo que significa que estas merecen deferencia por parte de

los foros judiciales. González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252,

276 (2013). Dicho de otro modo, solo procede sustituir el

criterio de la agencia por el del tribunal revisor cuando no

exista

una

base

racional

para

explicar

la

decisión

administrativa. Capó Cruz v. Jta. de Planificación et al,

204 DPR 581, 591 (2020).

Ahora

bien,

aunque

los

tribunales

revisores

están

llamados a conceder deferencia amplia a las determinaciones

de las agencias administrativas, tal norma no es absoluta.

En

otras

palabras,

corrección

no

automático

puede

bajo

el

imprimírsele

un

sello

de

pretexto

deferencia

a

de

aquellas determinaciones o interpretaciones administrativas

que

son

irrazonables,

ilegales

o

contrarias

a

Derecho.

Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 126

(2019). En consecuencia, la deferencia cede cuando: (1) la

decisión no está basada en evidencia sustancial; (2) el

organismo

administrativo

ha

errado

en

la

aplicación

o

interpretación de las leyes o reglamentos;(3) ha mediado una

actuación

arbitraria,

irrazonable

o

ilegal,

o

(4)

la

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

13

actuación administrativa lesiona derechos constitucionales

fundamentales. Super Asphalt Pavement, Corp. v. AFI y otro,

206 DPR 803, 819 (2021).

B.

En

nuestro

ordenamiento,

“el

marco

jurídico

y

administrativo que rige la solicitud, evaluación, concesión

y denegación de permisos” fue establecido mediante la Ley

Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del

Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9011 et seq.

Véase, además, Laureano v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420, 433

(2017). Debido a la pertinencia en esta controversia de los

conceptos que se definen a continuación, es necesario visitar

el Art. 1.5 de la ley antes citada, la cual, en lo que nos

concierne, dispone lo siguiente:

14) "Consulta de ubicación" - Es el procedimiento

ante la Oficina de Gerencia de Permisos o los

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la

V, a los cuales se le haya delegado dicha facultad

por medio del Convenio de Transferencia, para que

evalúen, pasen juicio y tomen la determinación

que estimen pertinente sobre propuestos usos de

terrenos que no son permitidos ministerialmente

y que no pueden considerarse mediante otro

mecanismo. En áreas no calificadas incluye

propuestos usos de terrenos que por su naturaleza

y complejidad requieran un grado mayor de

análisis.

[…]

48) "Ministerial" - describe una determinación

que no conlleva juicio subjetivo por parte de un

funcionario público o Profesional Autorizado

sobre la forma en que se conduce o propone una

actividad o acción. El funcionario o Profesional

Autorizado meramente aplica los requisitos

específicos de las leyes o reglamentos a los

hechos presentados, pero no utiliza ninguna

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

14

discreción especial o juicio para llegar a su

determinación,

ya

que

esta

determinación

involucra únicamente el uso de estándares fijos

o medidas objetivas. El funcionario no puede

utilizar juicios subjetivos, discrecionales o

personales al decidir si una actividad debe ser

realizada o cómo debe ser realizada. Por ejemplo,

un permiso de construcción sería de carácter

ministerial si el funcionario sólo tuviera que

determinar si el uso es permitido en la propiedad

bajo los distritos de calificación aplicables, si

cumple con los requisitos de edificabilidad

aplicables (e.g., Código de Construcción) y si el

solicitante ha pagado cualquier cargo aplicable

y presentado los documentos requeridos; el

Reglamento Conjunto de Permisos contendrá una

lista en la que se incluyan todos los permisos

que se consideran ministeriales. 23 LPRA sec.

9011.

Precisamente, tal lista en el inciso (d) de la Sección

2.2.1.3 del Reglamento Conjunto3 establece que los permisos

3En

Martínez Fernández v. Oficina de Gerencia de

Permisos, 2023 TSPR 75, este Tribunal pautó que tanto el

Reglamento Conjunto del 2019 como el Reglamento Conjunto de

2020 aquí en disputa eran nulos y, en consecuencia,

inválidos. Ahora bien, establecimos que tal determinación de

nulidad tendría efecto prospectivo y no aplicaría a aquellos

permisos autorizados y expedidos que no fuesen finales y

firmes por estar sub judice:

De este modo, todo permiso que haya sido

autorizado y expedido al amparo de los referidos

reglamentos, previo

a la emisión de este

pronunciamiento, deberá ser aceptado como legal

por

toda

la

ciudadanía.

Así,

decretamos

meridianamente que ningún permiso autorizado y

expedido al amparo del Reglamento Conjunto de 2019

y el Reglamento Conjunto de 2020 es inválido por

razón de que estas regulaciones hayan sido

declaradas nulas.

Las

solicitudes

de

permisos

pendientes

de

adjudicación y en las cuales se hayan celebrado o

señalado vista adjudicativa se podrán continuar

tramitando al amparo del reglamento conjunto

aplicable. Esto aplica igualmente a aquellos

permisos cuya autorización y expedición no es

final y firme por ser objeto de revisión en los

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

15

ministeriales se otorgarán para los usos específicamente

permitidos en cada distrito y siempre tienen que cumplir

cabalmente con varios parámetros, a saber: la calificación;

los usos; la altura; el tamaño del solar; la densidad; el

área

de

ocupación;

(delantero,

el

laterales

área

y

bruta

de

posterior);

piso;

los

los

patios

espacios

de

estacionamientos, y el área de carga y descarga. Conforme a

la sección antes citada, los permisos de esta naturaleza se

expedirán “únicamente cuando la estructura o uso para lo que

se solicite el permiso estén en completa armonía y conformidad

con las disposiciones de este Reglamento”.

De otro lado, el Capítulo 3.7 del Reglamento Conjunto

describe lo relacionado con los permisos únicos, los cuales,

según los incisos a y b de la Sección 3.7.1.1, consolidan e

incorporan varios trámites en una solicitud y deben obtenerse

para

todo

edificio

nuevo

o

existente

con

usos

no

tribunales. Los tribunales evaluarán los recursos

que se presenten a tales efectos a la luz del

reglamento que la agencia haya utilizado para

autorizar y expedir el permiso impugnado, si como

cuestión de derecho es el aplicable. (Negrillas

suplidas).

Ante este cuadro, el permiso aquí en controversia fue

expedido mientras el Reglamento Conjunto aún tenía vigencia

y, de acuerdo con nuestros pronunciamientos, debe atenderse

bajo los parámetros de tal reglamentación. Además, existen

similitudes entre la Sección 6.1.23.3 del Reglamento Conjunto

aquí en cuestión y aquella comparativa en el Borrador para

discusión y vista pública del Reglamento Conjunto para la

expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de

terrenos y operación de negocios de 2022, Sección 6.1.29.3,

por lo que lo aquí pautado será de utilidad para su

interpretación.

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

16

residenciales. Así las cosas, de acuerdo con la Sección

3.7.1.9., un permiso de esta índole puede ser expedido de

forma automática por la OGPe o un Municipio Autónomo de

Jerarquía de la I a la III cuando un Ingeniero o Arquitecto

Licenciado certifique que:

1. que el uso solicitado es permitido en la

calificación que ostenta el predio;

2. que cumple con los parámetros del distrito de

calificación;

3. que cumple con los requerimientos de

prevención de incendios y licencia sanitaria;

4. que cumpla con la exclusión categórica o

cumplimiento ambiental aprobado:

5. que presente una recomendación de la Entidad

Gubernamental Concernida en la cual se

disponga que el permiso de uso para la

actividad propuesta cumple con los requisitos

aplicables y contenidos en la reglamentación

o ley que aplican la operación o actividad

propuesta.

Establecido lo anterior, es entonces necesario repasar

lo

relacionado

con

los

distritos

clasificados

como

CR:

Conservación de Recursos, los cuales están cubiertos por la

Regla

6.1.23

6.1.23.1

del

del

Reglamento

cuerpo

Conjunto.

reglamentario

Según

antes

la

Sección

citado,

esta

clasificación de distrito tiene el propósito de “identificar

porciones de fincas cuyas características existentes deben

mantenerse y mejorarse”. De acuerdo con la Sección 6.1.23.2,

los usos propuestos en áreas de esta naturaleza tienen las

consideraciones especiales siguientes:

a. No se afecte la integridad ecológica de las

Áreas de Planificación Especial, Reservas

Naturales o Agrícolas o del Plan Sectorial o

se ocasione peligro a los recursos naturales,

históricos y culturales existentes.

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

b. Se protejan las cuencas hidrográficas, áreas

costeras, de paisajes, dunas, áreas de

humedales, los canales de riego y desagües

existentes, para garantizar su utilidad como

abasto de agua.

c. No se afecte la productividad del suelo que

pueda existir en las inmediaciones.

d. Se deberá mantener, conservar, restaurar o

proteger el valor natural y ecológico de los

suelos,

permitiendo

actividades

agrarias

cónsonas con el medio ambiente.

e. Se proteja la salud, seguridad y bienestar de

los ocupantes de la propiedad, así como de

propiedades limítrofes objeto de la solicitud

y que no se aumente el peligro de fuego.

f. No se menoscabe el suministro de luz y la

calidad del aire en la estructura a usarse u

ocuparse o las propiedades circundantes.

g. No ocasione reducción o perjuicio a los valores

de las propiedades establecidas en áreas

vecinas.

h. No se aumente el ruido o los niveles de sonido

permitidos por la reglamentación.

i. Se demuestre la viabilidad, adecuacidad y

conveniencia del uso solicitado.

j. Si ubican en áreas identificadas como de alta

y de muy alta susceptibilidad a deslizamientos

según

el

Mapa

de

Susceptibilidad

a

Deslizamientos de Puerto Rico (Monroe, 1979) o

el instrumento sobre deslizamientos que esté

vigente; áreas con historial de deslizamientos

o que se encuentran

identificadas como

depósitos de deslizamientos (Ql) según los

cuadrángulos geológicos del USGS.

k. Para los siguientes usos se deberá presentar

un estudio geotécnico certificado por un

ingeniero profesional que demuestre que la

obra propuesta no estará expuesta a un

deslizamiento o no causará inestabilidad en el

terreno aledaño o se presenten las medidas de

mitigación necesarias, utilizando las mejores

prácticas de la ingeniería:

1.Vivienda;

2. Infraestructura o instalaciones

críticas;

3. Actividades de movimiento de

tierra (cambios en la topografía)

que pongan en riesgo la estabilidad

del terreno; y

4. Toda nueva construcción.

17

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

18

Finalmente, en lo que constituye el punto neurálgico de

esta disputa, la Sección 6.1.23.3 del Reglamento Conjunto

está dedicada a los usos permitidos dentro de distrito C-R

y, en lo que nos concierne, dispone lo siguiente:

El Distrito C-R permite usos tales como los

siguientes, siempre que no presenten conflictos

con la conservación del tipo o clase del recurso,

la estabilidad de los terrenos y mediante el

proceso de consulta de ubicación ante la Junta

Adjudicativa de la OGPe o Municipio Autónomo con

Jerarquía de la I a la III. (Énfasis suplido).

Tabla 6.78 – Usos permitidos en Distrito C-R

CATEGORÍA

USO

Conservación

Los siguientes usos

de Recursos

siempre

que

no

conflijan

con

la

conservación

del

recurso

o

la

estabilización

de

los terrenos:

a. Instalaciones

recreativas

y

ecoturísticas

b. Instalaciones

públicas

c. Agrícola, utilizando

las

mejores

prácticas de manejo.

d. Usos

agrícolas

utilizando

las

mejores prácticas de

manejo,

principalmente,

actividades

relacionadas con la

agro-forestería y la

silvicultura,

también los cultivos

hortícolas y algunas

empresas

pecuarias

compatibles,

tales

como la apicultura y

la acuacultura.

e. Silvicultura

f. Edificios

o

estructuras

determinadas

en

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

19

función

de

la

naturaleza

de

la

actividad

a

realizarse,

se

ubicarán

en

los

lugares

donde

conlleve

el

menor

efecto adverso.

g. Instalaciones

para

servicios

de

infraestructura que

sean necesarias para

los usos permitidos.

h. Construcción

de

estructuras

accesorias

a

los

usos permitidos.

i. Otros usos mediante

consulta

de

ubicación

ante

la

Junta

Adjudicativa

de la OGPe. (Énfasis

suplido).

Expuesto el Derecho pertinente, procedemos a discutir

su aplicación a esta controversia.

III

En su Alegato de la parte recurrente, el Municipio

reafirma que el ordenamiento jurídico le confiere cierta

autonomía con el fin de atender las necesidades particulares

de su ciudadanía y sus recursos, por lo que merece deferencia

por encima de la DRA, en especial porque a esta no le fue

delegada

facultad

Conjunto.

Arguye

alguna

que

la

para

interpretar

Sección

el

6.1.23.2

Reglamento

del

cuerpo

reglamentario antes citado establece claramente que los usos

propuestos en áreas de conservación exigen estudios que son

incompatibles con el trámite ministerial.

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

20

De forma similar, en su Alegato de la parte peticionaria,

los

Vecinos

del

Sector

Capó

argumentan

que

el

proyecto

propuesto por VVC no puede autorizarse de forma ministerial,

pues el uso deseado exige la evaluación de varios criterios

por tratarse de un área de conservación de recursos y por no

haber otra forma de garantizar que la actividad no presente

conflicto con ello. Alegan que la estructura donde se llevará

a cabo la actividad comercial es de naturaleza residencial,

como el resto de la comunidad, y que el proyecto propuesto

afectará el entorno y el terreno.

De su parte, tanto VVC como la OGPe reiteran en sus

respectivas

comparecencias

que

el

uso

propuesto

está

permitido en un predio de esta calificación, en particular

por tratarse de una operación ecoturística que se llevará a

cabo en una estructura existente en un terreno desarrollado.

Afirman que este procedimiento es enteramente ministerial con

criterios objetivos que no requiere trámite ulterior para la

concesión del permiso.

Según se relató, VVC presentó una solicitud de permiso

único para operar un negocio de actividades recreativas,

ecoturísticas y agrícolas en una finca ubicada en un distrito

clasificado como CR, es decir, de conservación de recursos.

Tras la intervención de los Vecinos del Sector Capó en el

asunto, la controversia se centró en la corrección de una

solicitud de esta naturaleza a través de un procedimiento

ministerial versus una consulta de ubicación.

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

21

Al respecto, la OPU, cuya decisión es defendida por el

Municipio

ante

este

Tribunal,

concluyó

que,

en

efecto,

procedía que se tramitara la solicitud a través de una

consulta de ubicación, pues actividades como las propuestas

por VVC podían ser autorizadas en distritos CR solo cuando

no presentaran conflictos con la conservación del tipo del

recurso o la estabilidad de los terrenos. Sin embargo, la

DRA, cuya postura está siendo defendida por la OGPe ante nos,

revocó

tal

raciocinio

tras

concluir

que

el

Reglamento

Conjunto enumeraba los usos permitidos ministerialmente en

distritos CR, entre estos las actividades recreacionales,

ecoturísticas y agroturísticas, las cuales no confligirían

con la conservación del recurso y la estabilización del

terreno.

Como puede notarse, ambas agencias interpretaron

Sección

6.1.23.3

del

Reglamento

Conjunto

de

la

formas

diametralmente opuestas: mientras que la OPU determinó que

el lenguaje de tal sección dispone que la concesión de un

permiso para tales actividades requiere que se demuestre que

estas no presentarán un conflicto con la conservación del

tipo o clase del recurso o con la estabilidad de los terrenos

mediante una consulta de ubicación, la DRA arribó a la

conclusión de que ese mismo lenguaje indicaba los usos que

requerían consulta de ubicación y los que no, estando los

propuestos por VVC en esta última categoría.

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

22

En esta coyuntura es necesario revisitar la letra de la

Sección 6.1.23.3 del Reglamento Conjunto, la cual tiene como

preámbulo lo siguiente:

El Distrito C-R permite usos tales como los

siguientes, siempre que no presenten conflictos

con la conservación del tipo o clase del recurso,

la estabilidad de los terrenos y mediante el

proceso de consulta de ubicación ante la Junta

Adjudicativa de la OGPe o Municipio Autónomo con

Jerarquía de la I a la III.

Nótese, en primer lugar, que este párrafo introductorio

no contiene la palabra “ministerial”, sino que meramente

indica que los usos que serán identificados a continuación

pueden llevarse a cabo en distritos CR. Por cierto, es

evidente que tales usos no representan un listado taxativo

debido a las palabras “tales como los siguientes” en el

párrafo introductorio y, en el inciso (i) de la Tabla 6.78,

“[o]tros usos mediante consulta de ubicación ante la Junta

Adjudicativa de la OGPe”. No cabe duda, pues, que se trata

de una lista con ejemplos de lo que podría, potencialmente,

ser autorizado en un terreno con esta clasificación. De hecho,

cabe señalar, además, que una lectura de la totalidad de la

Regla 6.1.23 del Reglamento Conjunto, la cual está dedicada

al distrito C-R, falla en revelar tan siquiera una instancia

en la que se indique que los usos desglosados en la Tabla

6.78

conllevan

la

concesión

de

un

permiso

de

forma

ministerial. Esto contrasta con otras secciones en las que

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

23

específicamente se indica que pueden concederse permisos de

forma ministerial.4

En segundo lugar, la concesión del permiso para tales

usos está sujeto a que no se vea afectada la conservación del

recurso o el terreno. Esto va de la mano con los numerosos

factores que deben tomarse en consideración al momento de

evaluar los usos propuestos en un distrito C-R, los cuales

están

consignados

en

la

Sección

6.1.23.2

del

Reglamento

Conjunto que fue transcrita previamente. A juicio de este

Tribunal,

esta

serie

de

factores,

por

su

cantidad

y

complejidad, no pueden tomarse en consideración conforme lo

exige

el

Reglamento

Conjunto

mediante

un

procedimiento

objetivo y autómata como lo es la expedición de permisos

ministerialmente.

Es precisamente por ello que la parte final del preámbulo

a la Tabla 6.78 lee como sigue: “y mediante el proceso de

consulta de ubicación ante la Junta Adjudicativa de la OGPe o

Municipio

Autónomo

con

Jerarquía

de

la

I

a

la

III”.

Entiéndase, surge con claridad de este lenguaje que no se

trata de una alternativa o la otra, o, conforme sugieren la

OGPe y VVC, que cada uno de los requisitos corresponde a

partes diferentes de la lista. Es más bien un copulativo que

4A

modo de ejemplo, así lo disponen claramente la

Sección 6.1.16.1 sobre distritos I-P y la Regla 6.2.1 sobre

áreas no calificadas del Reglamento Conjunto.

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

24

exige la presencia de ambos requisitos.5 Es decir, debe

concluirse

que

la

intención

manifiesta

fue

exigir

el

cumplimiento de ambos requisitos previo a permitir uso alguno

en un distrito de calificación CR: demostrar que no se vea

afectada la conservación del recurso o el terreno y llevar a

cabo una consulta de ubicación.

Lo que es más, el 12 de abril de 2023, la Junta de

Planificación emitió un documento en respuesta a la petición

5Para

ilustrar la distinción entre un copulativo y un

disyuntivo, recurrimos al Prof. Jorge Farinacci Fernós, quien

en

su

obra

Hermeneútica

Puertorriqueña:

Cánones

de

Interpretación Judicial explica que:

Por vía de un copulativo, se conectan dos o más

expresiones. En términos normativos, esto significa

que hace falta que todas las instancias conectadas

estén presentes para que la norma aplique. Mediante

un disyuntivo, se separan dos expresiones o más. En

términos normativos, esto significa que será

suficiente que ocurra una de las instancias

mencionadas para que la norma aplique.

Por lo tanto, si la norma lee: “Está prohibido guiar

y beber”, debe de partirse de la premisa que lo que

está prohibido es guiar y beber, es decir, hacer

ambas actividades a la vez. Si queremos prohibir

ambas conductas separadamente, lo correcto sería

decir “Está prohibido guiar o beber”, “Están

prohibidos guiar y beber” o “No se puede guiar ni

beber”. En el primer ejemplo, el disyuntivo “o”

establece claramente que cualquiera de las dos

conductas está prohibida. En el segundo ejemplo, el

uso del plural da a entender que la prohibición

alcanza todas las instancias mencionadas en la

norma. En el tercer ejemplo, el uso del negativo

“ni” señala que la prohibición es para ambas

conductas separadamente. J. Farinacci Fernós,

Hermenéutica

Puertorriqueña:

Cánones

de

Interpretación Jurídica, Puerto Rico, Editorial

Interjuris,

Editorial

de

la

Universidad

Interamericana de Puerto Rico, págs. 117-118.

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

25

de consulta que efectuaron los Vecinos del Sector Capó el 31

de enero de 2023 con respecto a la sección del Reglamento

Conjunto

en

disputa.

En

lo

pertinente,

esta

explica

lo

siguiente:

1. El párrafo introductorio dispone que “el distrito

CR permite usos tales como los siguientes, …”; lo

que es indicativo de que el listado de la Tabla

6.78 es uno numerus apertus.

2. Dicho

párrafo

introductorio

dispone

como

condición, que los usos desglosados en la Tabla

6.78 se permitirán, “siempre que no presenten

conflictos con la conservación del tipo o clases

de recursos,” y “la estabilidad de los terrenos…”

Esta salvedad se repite en la Sección de Usos de

la Categoría CR. En la Categoría Conservación de

Recursos de Cuenca (CRC), se incluyen condiciones

adicionales. Por lo anterior, resulta evidente

que todo uso propuesto requiere un análisis de

las circunstancias ambientales y físicas para

determinar si una propuesta es o no viable.

3. Tanto en el párrafo introductorio como en las

secciones de los usos permitidos para cada

categoría del CR, se dispone que los usos

permitidos se evaluaran mediante el proceso de

Consulta de Ubicación, por lo que se excluyen los

usos ministeriales.6 (Énfasis suplido).

El valor de tal interpretación en esta controversia no

puede ser subestimado. Después de todo, en Fideicomiso de

Conservación de Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc. v.

ELA, 211 DPR 521 (2023), indicamos la importancia de la Junta

de Planificación en la creación, desarrollo y aprobación del

Reglamento Conjunto.7 Por ende, la postura de la Junta de

6Apéndice

7Al

de Recurso de revisión judicial, págs. 94-95.

respecto, pronunciamos que “queda claro que la

Asamblea Legislativa le delegó específicamente a la Junta de

Planificación de Puerto Rico la facultad de adoptar el

Reglamento Conjunto de 2020”, lo cual no podía interpretarse

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

26

Planificación en lo que concierne al Reglamento Conjunto debe

ser

tomada

en

consideración

por

este

Tribunal.

Además,

resáltese que la interpretación de la Junta de Planificación

es cónsona con la conclusión a la que hoy arribó este Tribunal

al analizar con detenimiento el lenguaje claro e inequívoco

de la Sección 6.1.23.3 del Reglamento Conjunto.

En conclusión, el texto de la sección reglamentaria en

cuestión no deja espacio para dudas sobre la procedencia de

una consulta de ubicación previo a la obtención de un permiso

para llevar a cabo alguno de los usos enumerados en la Sección

6.1.23.3 del Reglamento Conjunto por tratarse específicamente

de un terreno en distrito C-R. Toda vez que, en este caso,

VVC solicitó y la DRA concedió el permiso de uso por la vía

ministerial en contraste con las instrucciones patentes del

Reglamento Conjunto, corresponde a este Tribunal invalidar

el permiso otorgado con el fin de que se canalice su petición

a

través

del

trámite

que

exige

el

cuerpo

reglamentario

imperante.

“de otra manera, pues más patente no puede ser la delegación

allí dispuesta.” A esto se sumó “que el estatuto: (a) faculta

a la Junta de Planificación a establecer el mecanismo que

regirá el proceso de la preparación del Reglamento Conjunto;

(b) dispone que las enmiendas parciales al reglamento

propuestas por la OGPe o las otras entidades gubernamentales

serán finalmente aprobadas por la Junta de Planificación, y

(c) le confiere la autoridad a la Junta de Planificación de

oponerse a disposiciones que se propongan incluirse en el

reglamento si no está de acuerdo. 23 LPRA sec. 9025. Todos

estos elementos indican que, además de gozar de la facultad

de adoptar el Reglamento Conjunto, la Junta de Planificación

también ejerce amplio control sobre el proceso de su

preparación”. Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y

Para la Naturaleza, Inc. v. ELA, supra.

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

27

IV

Por los fundamentos antes expresados, se revocan las

determinaciones de la División de Revisiones Administrativas

de la Oficina de Gerencia de Permisos y el Tribunal de

Apelaciones. Por consiguiente, se restablece la orden de

archivo de la Oficina de Permisos Urbanísticos del Municipio

Autónomo de Guaynabo por ser improcedente la solicitud de

permiso por la vía ministerial.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Marisol Capote Rivera, Carlos

Leyva y la Sociedad de Bienes

Gananciales compuesta entre

ambos; José Orlando Santiago

Rodríguez y Ya-O-Ming Rondón

Rodríguez; Julio Enrique Muñoz

Ponce de León y Karla Mariel

Silva Martínez; Carlos Ismael

Rivera Lezcano y Raiza Centeno

Pagán; Carmen Milagros Delgado

García; Enrique Manuel Ferrer

Urbina; Heriberto Ocasio Burgos

y Elizabeth Texidor de Jesús,

Nivea Rebecca Fraticcelli

Espada; Sheila Ana Sánchez

Castro; Jorge C. Suárez Castro;

David John Dávila Pagán

Recurridos

v.

Voilí Voilá Corporation; David

Chaymol; OGPE

Recurridos

Municipio Autónomo de Guaynabo;

Oficina de Permisos Urbanísticos

Peticionarios

Marisol Capote Rivera, Carlos

Leyva y la Sociedad de Bienes

Gananciales compuesta entre

ambos; José Orlando Santiago

Rodríguez y Ya-O-Ming Rondón

Rodríguez; Julio Enrique Muñoz

Ponce de León y Karla Mariel

Silva Martínez; Carlos Ismael

Rivera Lezcano y Raiza Centeno

Pagán; Carmen Milagros Delgado

García; Enrique Manuel Ferrer

Urbina; Heriberto Ocasio Burgos

y Elizabeth Texidor de Jesús,

Nivea Rebecca Fraticcelli

Espada; Sheila Ana Sánchez

CC-2023-0305

cons. con

Certiorari

CC-2023-0306

CC-2023-0305 cons. CC-2023-0306

29

Castro; Jorge C. Suárez Castro;

David John Dávila Pagán

Peticionarios

v.

Voilí Voilá Corporation; David

Chaymol; OGPE

Recurridos

Municipio Autónomo de Guaynabo;

Oficina de Permisos Urbanísticos

Recurridos

Sentencia

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, se revocan las determinaciones de la

División de Revisiones Administrativas de la Oficina de

Gerencia de Permisos y el Tribunal de Apelaciones. Por

consiguiente, se restablece la orden de archivo de la

Oficina de Permisos Urbanísticos del Municipio Autónomo de

Guaynabo por ser improcedente la solicitud de permiso por

la vía ministerial.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo