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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Frank Pola Jr.

2024 TSPR 22

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Frank Pola Jr.

TS-7,102 AB-2023-0177

8 de marzo de 2024 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por infringir el Canon 9 del Código de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2024 TSPR 22

Frank Pola Jr.

Número del Caso:

Fecha:

213 DPR ___

TS-7,102

AB-2023-0177

8 de marzo de 2024

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcda. María Cecilia Molinelli González

Directora Ejecutiva

Lcda. Nicolle Lozada Báez

Asesora Legal II

Lcda. Caridad Rodríguez Feliciano

Asesora Legal I

Lcda. Myrel D. Marín Cruz

Asesora Administrativa

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía y la notaría por infringir el Canon 9

del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-7,102

AB-2023-0177

Frank Pola Jr.

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2024.

Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestro

poder disciplinario sobre un miembro de la profesión

legal que ha incumplido con órdenes de este Tribunal.

En esta ocasión, intervenimos disciplinariamente con

el Lcdo. Frank Pola Jr. por infringir el Canon 9 del

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En virtud

de

los

fundamentos

que

expondremos,

decretamos

la

suspensión inmediata e indefinida del letrado de la

práctica de la abogacía y la notaría.

I

El Lcdo. Frank Pola Jr. (licenciado Pola) fue

admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de diciembre

de 1980 y al ejercicio de la notaría el 29 de junio

de 1983.

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2

A.

El 21 de julio de 2023 la Sra. Luz M. Caride Meléndez

(señora Caride Meléndez) presentó una Queja (AB-2023-0177)

contra el licenciado Pola. La señora Caride Meléndez sostuvo

que el 29 de diciembre de 1987 el licenciado Pola autorizó

una escritura de compraventa de un inmueble. Además, indicó

que en el presente se encontraba en el proceso de vender la

propiedad objeto de la referida escritura, pero que ese

trámite

no

había

culminado

por

razones

atribuibles

al

licenciado Pola. En particular, expresó que el licenciado

Pola

nunca

inscribió

la

escritura

de

compraventa

en

el

Registro de la Propiedad; en la escritura se hizo constar que

el dinero de la venta se le entregó al Sr. Juan Salvat García,

empleado bancario, cuando en realidad se le entregó al Sr.

Antonio Cruz Santiago, el vendedor; y, las cantidades del

pronto vis a vis el balance no coincidían con el total de la

compra. La señora Caride Meléndez alega que estos errores en

la

escritura

imposibilitan

realizar

la

compraventa

del

inmueble.

La señora Caride Meléndez añadió en su queja que, luego

de varios intentos de comunicarse con el letrado, logró

contactarlo el 4 de abril de 2023 y este se comprometió a

realizar

las

correcciones

necesarias.

Sin

embargo,

el

licenciado Pola no hizo las correcciones solicitadas y, a

pesar de múltiples intentos, la señora Caride Meléndez no

logró contactarlo nuevamente.

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3

El 22 de agosto de 2023 este Tribunal remitió copia de

la Queja al licenciado Pola y concedió un término de diez

(10) días para que presentara su contestación. Además, se le

apercibió

de

las

sanciones

que

podía

acarrear

su

incomparecencia.

Dado el incumplimiento del letrado con lo anterior, el

19 de septiembre de 2023 este Tribunal le remitió una segunda

notificación en la que se le concedió un término adicional de

diez

(10)

días

para

contestar

la

queja.

El

letrado,

nuevamente, hizo caso omiso a nuestra orden.

Habida cuenta de ello, mediante una Resolución de 13 de

octubre de 2023 le otorgamos un término de diez (10) días

para que mostrara causa por la cual no le debíamos suspender

del ejercicio de la profesión por incumplir con nuestros

mandatos.

Ante

su

reiterada

incomparecencia,

el

7

de

noviembre de 2023 concedimos un término final de diez (10)

días para que compareciera y mostrara causa por la cual no le

debíamos

suspender

del

ejercicio

de

la

profesión

de

la

abogacía.1 El licenciado Pola no compareció.

B.

En lo atinente a otro asunto ético del licenciado Pola,

el 26 de octubre de 2023 la Directora Ejecutiva del Programa

de

Educación

Molinelli

Jurídica

Continua,

González (licenciada

la

Lcda.

Molinelli

María

Cecilia

González),

trajo

ante nuestra consideración un Informe sobre incumplimiento

1

Esta resolución se notificó personalmente.

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4

con el requisito de educación jurídica continua (Informe),

mediante el cual expuso que el licenciado Pola no cumplió con

los requisitos reglamentarios de educación continua durante

el periodo del 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2021 ni

compareció ante el Programa de Educación Jurídica Continua

(PEJC).2

Debido al referido incumplimiento del licenciado Pola,

el 4 de diciembre de 2023 emitimos un Resolución en la que le

concedimos

un

término

de

veinte

(20)

días

para

que

compareciera y mostrara causa por la cual no le debíamos

suspender del ejercicio de la profesión de la abogacía por

incumplir con los requisitos de educación jurídica continua

y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue requerido. El

licenciado Pola no compareció.

A la luz de los hechos antes expuestos, procedemos a

disponer

del

proceso

disciplinario

ante

nuestra

consideración.

II

Como parte de nuestra facultad de regular la profesión

legal en Puerto Rico, este Tribunal tiene la obligación de

El 23 de abril de 2021, el PEJC le notificó al licenciado Pola un Aviso

de Incumplimiento para el periodo de 1 de febrero de 2018 al 31 de enero

de 2021. Tras conceder una prórroga de sesenta (60) días, el 10 de mayo

de 2022 el PEJC envió una misiva concediendo una prórroga final de sesenta

(60) días para evidenciar el cumplimiento con los créditos adeudados.

Posteriormente, el 29 de agosto de 2023 el PEJC envió otro correo

electrónico informándole al letrado de la necesidad de evidenciar su

cumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua.

Finalmente, el 5 y el 6 de septiembre se le enviaron otras dos

comunicaciones por correo electrónico informándole que han tenido

dificultades comunicándose por teléfono con la información que surge del

Registro Único de Abogados y Abogadas y proveyéndole enlaces a algunos

proveedores que ofrecen cursos en línea.

2

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asegurarse de que los profesionales del derecho admitidos al

ejercicio de la abogacía realicen sus funciones de forma

responsable, competente y diligente. In re Bermúdez Tejero,

2021 TSPR 8, 206 DPR 86 (2021); In re Lewis Maymó, 205 DPR

397, 402 (2020).

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, exige a todos los miembros de la profesión legal a

conducirse

ante

los

tribunales

con

una

conducta

que

se

caracterice por el mayor respeto. In re Lajara Radinson,

2021 TSPR 111, 207 DPR 854 (2021); In re Cintrón Rodríguez,

205 DPR 299, 308 (2020); In re Alers Morales, 204 DPR 515,

519 (2020). Acorde con ese mandato, hemos insistido en el

ineludible deber que tienen todos los abogados de cumplir con

prontitud y diligencia con las órdenes de este Tribunal, en

especial cuando se trata de procesos disciplinarios. In re

Molinary

Machado,

2019

TSPR

142

(2019);

In

re

Cintrón

Rodríguez, supra, pág. 308; In re López Cordero, 2018 TSPR 80

(2018). De igual forma, hemos expresado que dicho deber “se

extiende a los requerimientos hechos por la Oficina del

Procurador General, la Oficina de Inspección de Notarías y el

Programa

de

Educación

Jurídica

Continua”.

In

re

Cintrón

Rodríguez, supra; In re López Pérez, 201 DPR 123, 126 (2018);

In re Arocho Cruz, 200 DPR 352, 361 (2018). Cónsono con lo

expuesto, hemos catalogado la desatención de nuestras órdenes

por parte de los abogados como una afrenta a la autoridad de

los tribunales, lo que constituye una violación al Canon 9

del Código de Ética Profesional, supra, y dicha conducta

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podría conllevar que se decrete la separación inmediata e

indefinida de la profesión legal. In re López Pérez, supra,

pág. 126; In re Canales Pacheco, 200 DPR 228, 233 (2018).

III

De conformidad con los hechos aquí reseñados, se puede

colegir que el licenciado Pola ha desatendido las órdenes

emitidas

por

este

Tribunal,

a

pesar

de

nuestros

apercibimientos sobre las consecuencias que su incumplimiento

podría acarrear.

El

comportamiento

del

letrado

se

distancia

de

la

conducta de respeto hacia los tribunales que exige el Canon

9 del Código de Ética Profesional, supra, a todos los miembros

de la profesión legal. La desidia y la falta de diligencia

desplegada ante los requerimientos del PEJC y las órdenes de

este

Tribunal

reflejan

una

actitud

de

menosprecio

e

indiferencia a nuestra autoridad. Ante esta realidad, en

virtud de nuestro poder inherente de reglamentar la abogacía,

procede decretar su suspensión inmediata e indefinida de la

práctica de la profesión legal.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

decretamos

la

suspensión inmediata e indefinida del licenciado Pola del

ejercicio de la abogacía y de la notaría.

El señor Pola deberá notificar inmediatamente a todos

sus

clientes

sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos. Asimismo, deberá devolver los expedientes

de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos

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por trabajos no realizados. De igual manera, deberá informar

inmediatamente de su suspensión a cualquier foro judicial y

administrativo

en

los

que

tenga

algún

asunto

pendiente.

También, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con

lo anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros

a quienes le notificó de su suspensión, dentro del término de

treinta (30) días, contado a partir de la notificación de

esta

Opinión

Per

Curiam

y

Sentencia.

No

hacerlo

podría

conllevar que no se le reinstale a la práctica de la profesión

legal, de solicitarlo en el futuro.

De otra parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal

incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor

Pola y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de

Notarías (ODIN) para el correspondiente examen e informe.

Además, en virtud de la suspensión inmediata e indefinida del

ejercicio de la notaría, la fianza que garantiza las funciones

notariales del señor Pola queda automáticamente cancelada.

Esta fianza se considerará buena y válida por tres (3) años

después de su terminación, en cuanto a los actos realizados

durante el periodo en que ésta estuvo vigente.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Frank Pola Jr.

TS-7,102

AB-2023-0177

Opinión disidente emitida por la

Pérez

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

la

presente

Sentencia,

decretamos

la

suspensión

inmediata e indefinida del Lcdo. Frank Pola Jr. de la

práctica de la abogacía y la notaría.

Le ordenamos al señor Pola a notificar a todos y

todas sus clientes de su inhabilidad para continuar

representándoles y a devolverles tanto los expedientes

de los casos pendientes como los honorarios recibidos

por trabajos no realizados. Además, deberá informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales

y administrativos en los que tenga algún asunto

pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior, incluyendo una

lista de los clientes y los foros a quienes les notificó

de su suspensión, dentro del término de 30 días contado

a partir de la notificación de la presente Opinión Per

Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que no

se le reinstale al ejercicio de la abogacía de

solicitarlo en el futuro.

De otra parte, se le ordena al Alguacil de este

Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello

notarial del señor Pola y entregarlos al Director de

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2

la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para el

correspondiente examen e informe. Además, en virtud de la

suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la

notaría, la fianza que garantiza las funciones notariales

del señor Pola queda automáticamente cancelada. Esta fianza

se considerará buena y válida por tres (3) años después de

su terminación, en cuanto a los actos realizados durante el

periodo en que ésta estuvo vigente.

Notifíquese al señor Pola de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia por medio del correo electrónico registrado en el

Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo