Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Frank Pola Jr.
2024 TSPR 22
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Frank Pola Jr.
TS-7,102 AB-2023-0177
8 de marzo de 2024 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por infringir el Canon 9 del Código de Ética Profesional.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2024 TSPR 22
Frank Pola Jr.
Número del Caso:
Fecha:
213 DPR ___
TS-7,102
AB-2023-0177
8 de marzo de 2024
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcda. María Cecilia Molinelli González
Directora Ejecutiva
Lcda. Nicolle Lozada Báez
Asesora Legal II
Lcda. Caridad Rodríguez Feliciano
Asesora Legal I
Lcda. Myrel D. Marín Cruz
Asesora Administrativa
Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía y la notaría por infringir el Canon 9
del Código de Ética Profesional.
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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-7,102
AB-2023-0177
Frank Pola Jr.
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2024.
Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestro
poder disciplinario sobre un miembro de la profesión
legal que ha incumplido con órdenes de este Tribunal.
En esta ocasión, intervenimos disciplinariamente con
el Lcdo. Frank Pola Jr. por infringir el Canon 9 del
Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En virtud
de
los
fundamentos
que
expondremos,
decretamos
la
suspensión inmediata e indefinida del letrado de la
práctica de la abogacía y la notaría.
I
El Lcdo. Frank Pola Jr. (licenciado Pola) fue
admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de diciembre
de 1980 y al ejercicio de la notaría el 29 de junio
de 1983.
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A.
El 21 de julio de 2023 la Sra. Luz M. Caride Meléndez
(señora Caride Meléndez) presentó una Queja (AB-2023-0177)
contra el licenciado Pola. La señora Caride Meléndez sostuvo
que el 29 de diciembre de 1987 el licenciado Pola autorizó
una escritura de compraventa de un inmueble. Además, indicó
que en el presente se encontraba en el proceso de vender la
propiedad objeto de la referida escritura, pero que ese
trámite
no
había
culminado
por
razones
atribuibles
al
licenciado Pola. En particular, expresó que el licenciado
Pola
nunca
inscribió
la
escritura
de
compraventa
en
el
Registro de la Propiedad; en la escritura se hizo constar que
el dinero de la venta se le entregó al Sr. Juan Salvat García,
empleado bancario, cuando en realidad se le entregó al Sr.
Antonio Cruz Santiago, el vendedor; y, las cantidades del
pronto vis a vis el balance no coincidían con el total de la
compra. La señora Caride Meléndez alega que estos errores en
la
escritura
imposibilitan
realizar
la
compraventa
del
inmueble.
La señora Caride Meléndez añadió en su queja que, luego
de varios intentos de comunicarse con el letrado, logró
contactarlo el 4 de abril de 2023 y este se comprometió a
realizar
las
correcciones
necesarias.
Sin
embargo,
el
licenciado Pola no hizo las correcciones solicitadas y, a
pesar de múltiples intentos, la señora Caride Meléndez no
logró contactarlo nuevamente.
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El 22 de agosto de 2023 este Tribunal remitió copia de
la Queja al licenciado Pola y concedió un término de diez
(10) días para que presentara su contestación. Además, se le
apercibió
de
las
sanciones
que
podía
acarrear
su
incomparecencia.
Dado el incumplimiento del letrado con lo anterior, el
19 de septiembre de 2023 este Tribunal le remitió una segunda
notificación en la que se le concedió un término adicional de
diez
(10)
días
para
contestar
la
queja.
El
letrado,
nuevamente, hizo caso omiso a nuestra orden.
Habida cuenta de ello, mediante una Resolución de 13 de
octubre de 2023 le otorgamos un término de diez (10) días
para que mostrara causa por la cual no le debíamos suspender
del ejercicio de la profesión por incumplir con nuestros
mandatos.
Ante
su
reiterada
incomparecencia,
el
7
de
noviembre de 2023 concedimos un término final de diez (10)
días para que compareciera y mostrara causa por la cual no le
debíamos
suspender
del
ejercicio
de
la
profesión
de
la
abogacía.1 El licenciado Pola no compareció.
B.
En lo atinente a otro asunto ético del licenciado Pola,
el 26 de octubre de 2023 la Directora Ejecutiva del Programa
de
Educación
Molinelli
Jurídica
Continua,
González (licenciada
la
Lcda.
Molinelli
María
Cecilia
González),
trajo
ante nuestra consideración un Informe sobre incumplimiento
1
Esta resolución se notificó personalmente.
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con el requisito de educación jurídica continua (Informe),
mediante el cual expuso que el licenciado Pola no cumplió con
los requisitos reglamentarios de educación continua durante
el periodo del 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2021 ni
compareció ante el Programa de Educación Jurídica Continua
(PEJC).2
Debido al referido incumplimiento del licenciado Pola,
el 4 de diciembre de 2023 emitimos un Resolución en la que le
concedimos
un
término
de
veinte
(20)
días
para
que
compareciera y mostrara causa por la cual no le debíamos
suspender del ejercicio de la profesión de la abogacía por
incumplir con los requisitos de educación jurídica continua
y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue requerido. El
licenciado Pola no compareció.
A la luz de los hechos antes expuestos, procedemos a
disponer
del
proceso
disciplinario
ante
nuestra
consideración.
II
Como parte de nuestra facultad de regular la profesión
legal en Puerto Rico, este Tribunal tiene la obligación de
El 23 de abril de 2021, el PEJC le notificó al licenciado Pola un Aviso
de Incumplimiento para el periodo de 1 de febrero de 2018 al 31 de enero
de 2021. Tras conceder una prórroga de sesenta (60) días, el 10 de mayo
de 2022 el PEJC envió una misiva concediendo una prórroga final de sesenta
(60) días para evidenciar el cumplimiento con los créditos adeudados.
Posteriormente, el 29 de agosto de 2023 el PEJC envió otro correo
electrónico informándole al letrado de la necesidad de evidenciar su
cumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua.
Finalmente, el 5 y el 6 de septiembre se le enviaron otras dos
comunicaciones por correo electrónico informándole que han tenido
dificultades comunicándose por teléfono con la información que surge del
Registro Único de Abogados y Abogadas y proveyéndole enlaces a algunos
proveedores que ofrecen cursos en línea.
2
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asegurarse de que los profesionales del derecho admitidos al
ejercicio de la abogacía realicen sus funciones de forma
responsable, competente y diligente. In re Bermúdez Tejero,
2021 TSPR 8, 206 DPR 86 (2021); In re Lewis Maymó, 205 DPR
397, 402 (2020).
El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, exige a todos los miembros de la profesión legal a
conducirse
ante
los
tribunales
con
una
conducta
que
se
caracterice por el mayor respeto. In re Lajara Radinson,
2021 TSPR 111, 207 DPR 854 (2021); In re Cintrón Rodríguez,
205 DPR 299, 308 (2020); In re Alers Morales, 204 DPR 515,
519 (2020). Acorde con ese mandato, hemos insistido en el
ineludible deber que tienen todos los abogados de cumplir con
prontitud y diligencia con las órdenes de este Tribunal, en
especial cuando se trata de procesos disciplinarios. In re
Molinary
Machado,
2019
TSPR
142
(2019);
In
re
Cintrón
Rodríguez, supra, pág. 308; In re López Cordero, 2018 TSPR 80
(2018). De igual forma, hemos expresado que dicho deber “se
extiende a los requerimientos hechos por la Oficina del
Procurador General, la Oficina de Inspección de Notarías y el
Programa
de
Educación
Jurídica
Continua”.
In
re
Cintrón
Rodríguez, supra; In re López Pérez, 201 DPR 123, 126 (2018);
In re Arocho Cruz, 200 DPR 352, 361 (2018). Cónsono con lo
expuesto, hemos catalogado la desatención de nuestras órdenes
por parte de los abogados como una afrenta a la autoridad de
los tribunales, lo que constituye una violación al Canon 9
del Código de Ética Profesional, supra, y dicha conducta
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podría conllevar que se decrete la separación inmediata e
indefinida de la profesión legal. In re López Pérez, supra,
pág. 126; In re Canales Pacheco, 200 DPR 228, 233 (2018).
III
De conformidad con los hechos aquí reseñados, se puede
colegir que el licenciado Pola ha desatendido las órdenes
emitidas
por
este
Tribunal,
a
pesar
de
nuestros
apercibimientos sobre las consecuencias que su incumplimiento
podría acarrear.
El
comportamiento
del
letrado
se
distancia
de
la
conducta de respeto hacia los tribunales que exige el Canon
9 del Código de Ética Profesional, supra, a todos los miembros
de la profesión legal. La desidia y la falta de diligencia
desplegada ante los requerimientos del PEJC y las órdenes de
este
Tribunal
reflejan
una
actitud
de
menosprecio
e
indiferencia a nuestra autoridad. Ante esta realidad, en
virtud de nuestro poder inherente de reglamentar la abogacía,
procede decretar su suspensión inmediata e indefinida de la
práctica de la profesión legal.
IV
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
decretamos
la
suspensión inmediata e indefinida del licenciado Pola del
ejercicio de la abogacía y de la notaría.
El señor Pola deberá notificar inmediatamente a todos
sus
clientes
sobre
su
inhabilidad
para
continuar
representándolos. Asimismo, deberá devolver los expedientes
de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos
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por trabajos no realizados. De igual manera, deberá informar
inmediatamente de su suspensión a cualquier foro judicial y
administrativo
en
los
que
tenga
algún
asunto
pendiente.
También, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con
lo anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros
a quienes le notificó de su suspensión, dentro del término de
treinta (30) días, contado a partir de la notificación de
esta
Opinión
Per
Curiam
y
Sentencia.
No
hacerlo
podría
conllevar que no se le reinstale a la práctica de la profesión
legal, de solicitarlo en el futuro.
De otra parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal
incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor
Pola y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de
Notarías (ODIN) para el correspondiente examen e informe.
Además, en virtud de la suspensión inmediata e indefinida del
ejercicio de la notaría, la fianza que garantiza las funciones
notariales del señor Pola queda automáticamente cancelada.
Esta fianza se considerará buena y válida por tres (3) años
después de su terminación, en cuanto a los actos realizados
durante el periodo en que ésta estuvo vigente.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Frank Pola Jr.
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Opinión disidente emitida por la
Pérez
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2024.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de
la
presente
Sentencia,
decretamos
la
suspensión
inmediata e indefinida del Lcdo. Frank Pola Jr. de la
práctica de la abogacía y la notaría.
Le ordenamos al señor Pola a notificar a todos y
todas sus clientes de su inhabilidad para continuar
representándoles y a devolverles tanto los expedientes
de los casos pendientes como los honorarios recibidos
por trabajos no realizados. Además, deberá informar
inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales
y administrativos en los que tenga algún asunto
pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este
Tribunal el cumplimiento con lo anterior, incluyendo una
lista de los clientes y los foros a quienes les notificó
de su suspensión, dentro del término de 30 días contado
a partir de la notificación de la presente Opinión Per
Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que no
se le reinstale al ejercicio de la abogacía de
solicitarlo en el futuro.
De otra parte, se le ordena al Alguacil de este
Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello
notarial del señor Pola y entregarlos al Director de
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la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para el
correspondiente examen e informe. Además, en virtud de la
suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la
notaría, la fianza que garantiza las funciones notariales
del señor Pola queda automáticamente cancelada. Esta fianza
se considerará buena y válida por tres (3) años después de
su terminación, en cuanto a los actos realizados durante el
periodo en que ésta estuvo vigente.
Notifíquese al señor Pola de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia por medio del correo electrónico registrado en el
Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo