Tribunal Supremo de Puerto Rico
Montes Díaz v. Montes James
2024 TSPR 27
Poder Judicial de Puerto Rico
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Montes Díaz v. Montes James
CC-2023-0227
20 de marzo de 2024 · Hon. Edgardo Rivera García · Derecho de Familia – Los foros del Tribunal General de Justicia tienen la autoridad para ordenar y registrar en otra jurisdicción una determinación de arresto por desacato civil por el incumplimiento con el deber de prestar alimentos, aun cuando la persona contra la cual se emite se encuentre residiendo fuera de Puerto Rico.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cecilia James Soto
Recurrida
v.
Certiorari
Miguel A. Montes Díaz
2024 TSPR 27
Recurrido
213 DPR ___
v.
Cecille M. Montes James
Peticionaria
Número del Caso:
Fecha:
CC-2023-0227
20 de marzo de 2024
Tribunal de Apelaciones:
Panel Especial
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Philippe O. Beauchamp Oliveras
Abogada de la parte recurrida:
Lcda. Lilia M. Quiñones Fuentes
Materia:
Derecho de Familia – Los foros del Tribunal General de
Justicia tienen la autoridad para ordenar y registrar en otra
jurisdicción una determinación de arresto por desacato civil por el
incumplimiento con el deber de prestar alimentos, aun cuando la
persona contra la cual se emite se encuentre residiendo fuera de
Puerto Rico.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cecilia James Soto
Recurrida
v.
CC-2023-0227
Miguel A. Montes Díaz
Certiorari
Recurrido
v.
Cecille M. Montes James
Peticionaria
El Juez Asociado señor Rivera García emitió la Opinión del
Tribunal
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.
Este
caso
nos
presenta
una
nueva
oportunidad
para
reivindicar los poderosos intereses que tiene el Estado en
asegurar
las
condiciones
propicias
para
el
desarrollo
integral de los jóvenes que representan el futuro de Puerto
Rico. En este contexto, venimos llamados a reiterar las
obligaciones
velar
por
ineludibles
sus
hijos
y
que
tienen
proveerles
los
a
progenitores
estos
el
de
sustento
necesario para una vida digna.
Y
es
que
la
controversia
que
hoy
atendemos
surge
precisamente del deber de un padre de continuar descargando
su obligación moral y legal de prestar alimentos a su hija,
aun
cuando
se
encuentre
territorial
de
Puerto
ausente
Rico.
de
la
Aprovechamos,
jurisdicción
pues,
esta
ocasión, para despejar toda duda sobre la autoridad que
CC-2023-0227
poseen
2
nuestros
tribunales
pronunciamientos
paternofiliales
Unidos,
en
en
siempre
la
materia
otras
y
para
hacer
valer
de
las
jurisdicciones
de
cuando
conserven
sus
relaciones
los
Estados
válidamente
la
los
foros
del
autoridad
para
jurisdicción sobre las personas.
Por
Tribunal
estos
motivos,
General
de
resolvemos
Justicia
que
tienen
la
ordenar y registrar en otra jurisdicción una determinación
de arresto por desacato civil dirigida a un progenitor que
ha incumplido su deber de prestar alimentos, cuando este
último se encuentre residiendo fuera de Puerto Rico.
En vista de que el Tribunal de Apelaciones concluyó
que
el
Tribunal
desprovisto
de
de
las
Primera
Instancia
herramientas
se
necesarias
encontraba
para
hacer
efectiva una orden de arresto por desacato civil contra el
aquí recurrido, en abstracción del ordenamiento estatal y
federal, forzosamente debemos revocar el aludido dictamen.
Consecuentemente, devolvemos el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que expida un mandamiento y gestione
el
registro
en
el
Estado
de
Florida
de
la
obligación
alimentaria que tiene el Sr. Miguel A. Montes Díaz para con
su hija, la Sra. Cecille M. Montes James. Ademas, el foro
primario
deberá
registrar
en
la
misma
jurisdicción
su
determinación de que el recurrido se encuentra incurso en
desacato civil.
Veamos
determinación.
los
fundamentos
que
informan
nuestra
CC-2023-0227
3
I
Este recurso tiene su origen el 4 de enero de 2021,
cuando al Sr. Miguel A. Montes Díaz (señor Montes Díaz o
recurrido) se le impuso el pago de una pensión alimentaria
en
favor
(señora
de
su
hija,
la
Sra.
Cecille
Montes
James
o
peticionaria).
M.
Montes
Por
James
orden
del
Tribunal de Primera Instancia, la obligación alimentaria
consistía en la fijación de un pago mensual de $1,039.84
para el beneficio de la peticionaria, quien cumpliría la
mayoría de edad a finales de ese mismo año.
Ante el presunto incumplimiento del recurrido con el
pago de pensión alimentaria, la madre de la peticionaria,
la Sra. Cecilia James Soto (señora James Soto), acudió al
foro primario en varias ocasiones. En lo que nos ocupa, el
13 de octubre de 2021, presentó una moción de desacato en
la que expuso que el recurrido no había cumplido con los
pagos correspondientes a los meses de julio a octubre de
2021,
motivo
por
el
cual
solicitó
su
arresto
y
encarcelamiento si no satisfacía la deuda dentro de quince
(15) días.1
Así
las
cosas,
el
14
de
noviembre
de
2021,
la
peticionaria advino a la mayoría de edad. Al día siguiente,
el recurrido
presentó una
moción
solicitando
que se le
relevara de su obligación de proveer pensión alimentaria a
su hija de veintiún (21) años, a pesar de que no había
1
Apéndice del Certiorari, Moción Sobre Desacato, pág. 66.
CC-2023-0227
4
emitido los pagos correspondientes desde julio.2 Trabado el
asunto,
mediante
una
noviembre de 2021,
Orden
el
que
Tribunal
fue
emitida
el
8
de
de Primera Instancia
le
concedió al recurrido quince (15) días para cumplir con el
pago de los $4,159.36 que debía hasta ese momento.3
No
obstante,
transcurrido
el
término
concedido,
el
recurrido no pagó. Por el contrario, mediante una moción
del 3 de diciembre de 2021, el recurrido solicitó que se
declarara no ha lugar la moción de desacato presentada por
la madre de la peticionaria y que se dejara sin efecto la
Orden emitida el 8 de noviembre de 2021. Sostuvo, que se le
violó su derecho a un debido proceso de ley porque la
moción presentada no le fue notificada hasta después que el
foro primario emitiera y notificara su Orden.4 Atendida la
moción,
el
Resolución
Tribunal
de
Primera
aclarando
que
el
Instancia
debido
proceso
emitió
una
de
del
ley
recurrido había sido garantizado en todos los aspectos.5
Luego de varios trámites procesales, la peticionaria
se opuso a la solicitud de relevo de pensión alimentaria,
mediante
moción
presentada
el
24
de
marzo
de
2022.6
Argumentó en favor de la necesidad que tenía de recibir
dicha
pensión
alimentaria
para
sufragar
sus
estudios
2 Apéndice del Certiorari, Moción Sobre Relevo de la Obligación
de Proveer Pensión Alimentaria, págs. 60-62.
3 Apéndice del Certiorari, Orden del 8 de septiembre de 2021,
pág. 67.
4 Apéndice del Alegato de la Parte Recurrida, Moción, págs. 5-7.
5 Apéndice del Alegato de la Parte Recurrida, Resolución y Orden
del 13 de diciembre de 2021, pág. 8.
6
Apéndice del Certiorari, Moción en Oposición a Relevo de
Pensión Alimentaria – Solicitud de Pensión Alimentaria, págs. 68-71.
CC-2023-0227
5
universitarios y necesidades básicas. También afirmó que el
recurrido contaba con los medios económicos suficientes e
informó al tribunal sobre el reiterado incumplimiento del
recurrido con su obligación parental desde julio de 2021.
Ante la incomparecencia del recurrido, la peticionaria
volvió a solicitar que se ordenara su arresto, por lo que
el foro primario ordenó al recurrido a mostrar causa por la
cual no debía hallarse incurso en desacato.7 Sin embargo,
transcurrido el término concedido, el recurrido no acató la
Orden del tribunal.
Tras diecisiete (17) meses de incumplimiento por parte
del recurrido con el pago de los alimentos, la peticionaria
presentó la que fue su quinta (5ta) solicitud de desacato y
orden de arresto.8 Por su parte, el recurrido sometió una
réplica
indicando
que
no
existía
orden
de
pensión
alimentaria vigente desde el 16 de noviembre de 2021, fecha
en que solicitó que se le relevara de su obligación tras la
peticionaria advenir a la mayoría de edad.9
Tras considerar los escritos de las partes, el 20 de
octubre de 2022 el Tribunal de Primera Instancia emitió una
Orden
encontrando
al
recurrido
incurso
en
desacato
y
reiterando que la deuda de pensión alimentaria era líquida
y exigible. Sin embargo, señaló que no estaba en posición
Apéndice del Certiorari, Orden del 5 de julio de 2022, pág. 92.
Apéndice
del
Certiorari,
Urgente
Moción
Informativa
y
Reiterando Solicitud de Desacato, págs. 95-96.
9 Apéndice del Certiorari, Réplica a “Urgente Moción Informativa
y Reiterando Solicitud de Desacato”, págs. 97-98.
7
8
CC-2023-0227
6
de ordenar su arresto porque el recurrido no era residente
de Puerto Rico y sugirió a la peticionaria presentar una
acción de cobro de dinero en los Estados Unidos.10
Ambas
partes
estuvieron
inconformes
con
esta
determinación y presentaron sus respectivas solicitudes de
reconsideración.
La
peticionaria
alegó
que
el
remedio
sugerido por el foro primario era muy oneroso, por tratarse
de una deuda que aumentaba mensualmente y que constituía
una condonación de facto de la deuda. Expuso que no existía
impedimento legal para ordenar el encarcelamiento, porque
el recurrido se beneficiaba de los procedimientos legales
de
Puerto
pensión
en
Rico
al
nuestra
presentar
su
solicitud
jurisdicción.
de
Asimismo,
relevo
de
solicitó
la
celebración de una vista de relevo en la cual se dilucidara
dicha petición y ordenara el arresto del recurrido, de ser
necesario.11 Por su parte, el recurrido volvió a plantear en
su moción
que el decreto de
pensión
alimentaria estuvo
vigente hasta que solicitó el relevo de la obligación tras
la peticionaria advenir mayor de edad.12
Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia notificó
una Orden el 14 de noviembre de 2022 en la que reiteró que
el
recurrido
era
responsable
del
pago
de
la
pensión
alimentaria. Especificó que los alguaciles del Tribunal no
Apéndice del Certiorari, Orden del 19 de octubre de 2022,
págs. 29-30.
11 Apéndice del Certiorari, Solicitud de Reconsideración del 4 de
noviembre de 2022, págs. 52-56.
12 Apéndice del Certiorari, Solicitud de Reconsideración del 2 de
noviembre de 2022, págs. 108-110.
10
CC-2023-0227
7
podían realizar el arresto del recurrido, por este residir
fuera de la jurisdicción. Así, señaló que la peticionaria
debía radicar la solicitud en el foro federal para que así
se
pudiesen
activar
los
mecanismos
de
cooperación
interestatal para ejecutar el arresto del recurrido.13
Insatisfecha,
el
13
de
diciembre
de
2022,
la
peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones y presentó
un
recurso
de
Certiorari
argumentos
que
había
en
donde
señalado
expuso
en
los
la
mismos
moción
de
reconsideración ante el tribunal de instancia. El recurrido
no compareció oportunamente ante el foro a quo.
Así las cosas, el 22 de febrero de 2023, el foro
intermedio denegó la expedición del recurso de Certiorari
mediante Resolución.
Expuso
orden
el
de
arresto
en
que
caso
no se podía
de
epígrafe,
emitir una
por
ser
un
“remedio que no es ejecutable”.14 Indicó que los alguaciles
de los tribunales puertorriqueños no poseen la autoridad
para
diligenciar
una
orden
de
arresto
en
el
Estado
de
Florida, donde se encuentra el recurrido.15 Concluyó que la
peticionaria debía presentar una acción de cobro de dinero
en
Estados
aseguramiento
Unidos
de
o
utilizar
sentencia
que
los
mecanismos
proveen
la
sobre
Reglas
de
Procedimiento Civil, a pesar de que la deuda objeto de la
Apéndice del Certiorari, Orden del 8 de noviembre de 2022,
págs. 58-59.
14 Apéndice del Certiorari, Resolución del 22 de febrero de 2023,
pág. 13.
15 Íd., pág. 12.
13
CC-2023-0227
8
controversia es una por concepto de alimentos que vence mes
tras mes, y no una ordinaria de cobro de dinero.16
Destacamos, que el Juez Sánchez Ramos emitió un voto
disidente en el cual rechazó que la ubicación del recurrido
y la identidad de quien diligenciara la orden de arresto
fueran
hechos
autoridades
Unidos
pertinentes.
en
vienen
todas
las
obligadas
a
Además,
recordó
que
jurisdicciones
de
reconocer
validez
la
los
las
Estados
de
las
órdenes de arresto emitidas en Puerto Rico y estas podrían
asistir a la peticionaria en su ejecución.17
Inconforme
Apelaciones,
la
reconsideración
con
la
Resolución
peticionaria
del
dictamen.
del
solicitó
Así
las
Tribunal
sin
cosas,
éxito
de
la
compareció
ante esta Curia mediante petición de Certiorari y esbozó
los siguientes señalamientos de error:
PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al
concluir
que,
ante
el
incumplimiento
injustificado de un alimentante con el pago de
una deuda vencida, líquida y exigible por
concepto de pensión alimentaria, y que ha sido
incurso en desacato, los tribunales de Puerto
Rico se encuentran impedidos de emitir que se
ordene su arresto por el mero hecho de que el
alimentante se encuentra en el estado de Florida.
SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al
confirmar la condonación de facto de una deuda
por concepto de pensión alimentaria, a pesar de
que ello implica:
(A) Negar que las pensiones alimentarias
gozan del más alto interés público, aun cuando la
parte alimentista se trata de una estudiante
16
17
Id.
Íd., págs. 15-19.
CC-2023-0227
9
universitaria a tiempo
académico excelente; y
completo
con
desempeño
(B) Afirmar que una deuda por concepto de
pensión alimentaria es equiparable a una deuda
ordinaria.
Examinado el recurso, el 26 de mayo de 2023 expedimos
el
auto
solicitado.
Contando
con
el
beneficio
de
la
comparecencia de las partes, procedemos a resolver.
II
A.
Obligación de satisfacer alimentos
Reiteradamente, hemos expresado que la obligación de
todo progenitor de proveer alimentos a sus hijos e hijas
está
revestida
del
más
alto
interés
público.18 Es
una
política que surge del derecho a la vida consagrado en la
Carta
de
Derechos
de
la
Constitución
de
Puerto
Rico.19
Además de ser un deber moral, se trata de un deber jurídico
constituido, en el que los padres o las personas legalmente
responsables son llamados a contribuir a la manutención y
al bienestar de sus hijos menores dependientes.20
Por
esto,
la Asamblea
Legislativa
plasmó
la
responsabilidad que acarrea todo progenitor de alimentar a
sus
descendientes
en
nuestro
Código
Civil. El
Art.
590
establece que las madres y los padres, por razón de la
patria potestad, tienen el deber de alimentar a sus hijos
18
Véanse, Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 718
(2022); Santiago Texidor v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559 (2012);
Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528 (2009).
19 Const. P.R., Art. II, Sec. 7.
20
Art. 3 de la Ley Orgánica de la Administración para el
Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según
enmendada, 8 LPRA sec. 502, et seq.
CC-2023-0227
10
no emancipados, tenerlos en su compañía y educarlos con
arreglo a su fortuna.21 Por otro lado, el Art. 658 regula lo
relacionado a los alimentos entre parientes, al disponer
que
los
ascendientes
y
descendientes
están
obligados
a
proveerse alimentos de manera recíproca.22
Por su parte, el Art. 653 del Código Civil define
alimentos
como
todo
lo
indispensable
para
el
sustento,
vivienda, vestimenta, recreación y asistencia médica, según
la posición social de la familia.23 Ese término también
comprende
la
educación
e
instrucción
del
alimentista,
cuando este es menor de edad.24
Por la vía jurisprudencial, extrapolamos esta norma al
resolver que el proseguir los estudios universitarios o
vocacionales comenzados durante la minoridad también forman
parte
de
las
necesidades
alimentarias
de
un
hijo,
aun
cuando este advenga a la mayoridad.25 Establecimos que un
hijo
que
comenzó
estudios
de
bachillerato
durante
su
minoridad tiene derecho a exigir alimentos de sus padres
con el propósito de obtener ese grado académico, sujeto a
los resultados, diligencia, y continuidad observada en sus
estudios.
En
cuanto
a
la
adjudicación
de
alimentos
para
completar estudios de post grado, resolvimos que estos se
adjudicarían
de
acuerdo
con
las
circunstancias
Art. 590, 31 LPRA sec. 7242.
Art. 658, 31 LPRA sec. 7541.
23 Art. 653, 31 LPRA sec. 7531.
24 Íd.
25 Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261 (1985).
21
22
de
cada
CC-2023-0227
11
caso.26 No obstante, prevalece la norma general que rige en
estos asuntos: la obligación de proveer alimentos no cesa
automáticamente por el mero hecho de que el menor haya
cumplido los veintiún (21) años.27
Por ello, cuando un menor recipiente de una pensión
alimenticia adviene la mayoría de edad, la obligación del
alimentante
no
cesa hasta tanto
un tribunal
decrete un
relevo de pensión.28 Para ello, el alimentante debe informar
al tribunal de su interés de ser relevado del pago de la
pensión, por razón de que sus hijos están próximos a llegar
a
la
mayoridad.
De
este
modo,
para
evitar
un
daño
irreparable a cualquiera de las partes, es imperativo que
el tribunal atienda con premura estos planteamientos.29
B.
Desacato civil por incumplir con la obligación
alimentaria
Como imperativo constitucional, el encarcelamiento por
deudas
no
está
disponible
en
vindicar intereses privados.30
nuestra
jurisdicción
para
Sin embargo, a lo largo de
nuestra historia jurídica este Tribunal ha reconocido una
excepción a la prohibición al encarcelamiento por deudas:
los casos de alimentos.31 Esta excepción nace justamente por
su
alto
interés
público
y
hemos
reconocido
que
la
obligación de proveer alimentos es de tan alta jerarquía
que el encarcelamiento por deuda mediante desacato civil,
Íd., pág. 267.
Véanse, Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra; Key Nieves v.
Oyola Nieves, supra.
28 Véanse, Matos v. Abello, 203 DPR 254, 268 (2019); Art. 19, 8
LPRA sec. 518.
29 Santiago v. Maisonet, 187 DPR 550, 574 (2012).
30 Const. ELA, Art. II, Sec. 11.
31
Véanse, Matos v. Abello, supra, pág. 269; Díaz Aponte v.
Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 803 (1992).
26
27
CC-2023-0227
12
constituye una excepción a la prohibición constitucional.32
Más allá de forzar el pago de una deuda, procura obligar el
descargo de una responsabilidad de mayor rango.33
Sin embargo, conviene aclarar que el encarcelamiento
que
resulta
del
incumplimiento
con
una
obligación
de
proveer alimentos no surge por el mero hecho de que el
alimentante adeude una cuantía determinada de dinero, sino
que se decreta en virtud de su resistencia a cumplir con
una orden judicial.34
A raíz de ello, hemos razonado que
una orden concediendo alimentos es simplemente "un medio de
hacer cumplir un deber".35
Así, el desacato civil es la
figura que procura garantizar el cobro de las pensiones
atrasadas y provee un mecanismo asequible para lograr el
encarcelamiento de un alimentante que ha incumplido con las
órdenes
judiciales
que
le
imponen
el
deber
de
proveer
alimentos.36
Contrario
al
desacato
criminal,
el
desacato
civil
tiene un propósito reparador y no punitivo. Esta distinción
resulta pertinente, "ya que es precisamente la naturaleza
reparadora del desacato civil lo que ha dado paso a que se
le reconozca como excepción a la prohibición constitucional
32 Véanse, Matos v. Abello, supra, pág. 268; Álvarez Elvira
Arias Ferrer, 156 DPR 352, 372 (2002); Viajes Lesana, Inc.
Saavedra, 115 DPR 703, 709 (1984).
33 Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, supra, pág. 709.
34 Íd.
35 Íd.
36 Véanse, Matos v. Abello, supra, pág. 269; Rodríguez Avilés
Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 626-27 (1986); Otero Fernández
Alguacil Tribunal Superior, 116 DPR 733 (1985).
v.
v.
v.
v.
CC-2023-0227
contra
el
13
encarcelamiento
por
deuda
en
los
casos
de
alimentos".37
No obstante, hemos aclarado que el desacato civil,
"debe
utilizarse
con
prudencia,
por
la
privación
de
libertad que conlleva, y limitado a aquellos casos en que
hubiera
una
desobediencia
voluntaria
y
obstinada
a
una
orden o sentencia concediendo alimentos”.38 Por lo tanto, la
extensión de la encarcelación depende de la eficacia de
ésta como instrumento para dar al alimentista la reparación
necesaria.
C.
Act
Full Faith and Credit for Child Support Orders
Por mandato constitucional, todo estado o territorio
está
obligado
u órdenes de
a
reconocer
y
otro
estado
territorio.39
o
ejecutar
las
sentencias
Ello
incluye
cualquier orden de arresto, incluso las relacionadas con el
proceso de cobro de una pensión alimentaria. Respecto a los
decretos
de
alimentos,
la
norma
general
es
que
los
tribunales de cada estado están obligados a ejecutar una
orden de pensión alimentaria que haya sido emitida por otro
estado
conforme
a
las
disposiciones
y
los
parámetros
establecidos en la Full Faith and Credit for Child Support
Orders Act (FFCCSOA).40
El FFCCSOA es una ley que se promulgó en 1994 con el
propósito
de
que
ningún
estado
pudiese
modificar
una
Íd., pág. 805.
Sosa Rodríguez v. Rivas Sarieg, 105 DPR 518, 522 (1976).
39 Const. EE. UU., Art. IV, Sec. 1.
40 Ley Púb. Núm. 103-383 de 20 de octubre de 1994 (108 Stat.
37
38
4063).
CC-2023-0227
determinación
leyes
del
14
de pensión
estado
alimentaria
emisor,
a
menos
compatible
que
se
con
las
cumpliese
con
ciertos requisitos jurisdiccionales.41 A tales efectos, la
FFCCSOA requiere que se cumpla con el dictamen original
de pensión alimentaria que establece el estado emisor.
Una orden de pensión es consistente con los parámetros
de la FFCCSOA si el tribunal emisor actuó con jurisdicción
conforme
a
jurisdicción
las
leyes
sobre
las
del
estado.
partes
y
Es
decir,
cumplió
con
si
tenía
el
debido
proceso de ley en cuanto a la notificación y el derecho que
tienen las partes de ser oídas al momento de emitir la
orden.
D. Ley Interestatal
Parientes
Uniforme
de
Alimentos
entre
Para el año 1996, el Congreso federal aprobó la Ley
General
de
Responsabilidad
Personal
y
Oportunidad
de
Empleos, denominada en inglés como Personal Responsibility
and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996.42 En su
Sec.
321, se le
exigió a los
estados y
a
Puerto Rico
adoptar la Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre
Parientes (LIUAP), mejor conocida por su nombre en inglés,
Uniform
Interstate
Family
Support
Act
(UIFSA),43
como
Congressional Findings and Declaration of Purpose, en US
Government Publishing Office, https://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCODE2011-title28/USCODE-2011-title28-partV-chap115-sec1738B (última visita,
12 de diciembre de 2023).
42 Ley Púb. Núm. 104-194 de 22 de agosto de 1996, (110 Stat.
2105).
43 El UIFSA no es en sí un estatuto federal, más bien consiste en
una propuesta de ley confeccionada por la Uniform Law Commission, que
ha sido adoptada en todos los estados y territorios. Interstate Family
Support
Act,
Uniform
Law
Commission,
https://www.uniformlaws.org/committees/community41
CC-2023-0227
15
requisito para que sus Programas de Sustento de Menores y
Asistencia Pública recibieran fondos federales.44 De este
modo, se impuso dicho requisito ya que el procedimiento en
casos donde una parte fuese un no residente, o cuando se
involucrara a dos estados diferentes, se caracterizaba por
una falta de coordinación y uniformidad que afectaba la
comunicación y cooperación entre los estados.
Con esos fines, nuestra Asamblea Legislativa adoptó la
LIUAP,
e
incorporó
la
UIFSA
a
nuestro
ordenamiento
jurídico.45 La LIUAP es una traducción conceptual de la
UIFSA
que
establece
un
sistema
procesal
uniforme
que
facilita los trámites atinentes a las órdenes de pensión
alimentaria.46 A raíz de ello, Puerto Rico entró en una
relación de reciprocidad con todos los demás
jurisdicciones
norteamericanas, y
también
estados y
con
países
extranjeros que hubiesen adoptado leyes análogas a la UIFSA
y sus sistemas adjudicativos en materia de paternidad y
alimentos, en la medida que sean compatibles con el debido
proceso de ley.47
Mediante la LIUAP, se persiguen dos (2) propósitos:
(1) proveer uniformidad a la legislación aplicable a los
procedimientos
de
alimentos
interestatales
entre
los
home?CommunityKey=71d40358-8ec0-49ed-a516-93fc025801fb (última visita,
12 de diciembre de 2023).
44 Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 DPR 558, 566-567 (1998).
45 Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes, Ley
Núm. 180-1997, según enmendada, 8 LPRA sec. 542 et seq.
46 Exposición de motivos, Ley Núm. 180-1997 (1997 [Parte 2] Leyes
de Puerto Rico 838).
47 S. Torres Peralta, La Ley de sustento de menores y el derecho
alimentario en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones STP, 2007, Tomo II,
Sec. 17.08.
CC-2023-0227
16
estados participantes de la UIFSA;48 y (2) establecer un
sistema procesal uniforme para posibilitar la ejecución de
órdenes
de
pensión
alimentaria
emitidas
por
tribunales
emisores en otros estados.49
La Ley faculta para que se dé entera fe y crédito al
aceptar la validez de una orden de alimentos de un estado a
otro, para que se autorice su ejecución en otro estado, y
prohíbe su modificación.50 Es decir, "permite al estado con
jurisdicción sobre las partes en casos de reclamaciones de
alimentos
interestatales
administrativos
o
llevar
judiciales
a
para
cabo
procedimientos
emitir
órdenes
contra
estas partes, a ser cumplidas en otro estado, sin necesidad
de
recurrir
a
la
intervención
de
ese
otro
estado".51
(Negrillas suplidas).
En
síntesis,
uniformidad
alimentarias
en
esta
ley
la
fijación
entre
personas
se
aprobó
para
"establecer
y
ejecución
de
obligaciones
que
residen
en
diferentes
estados con el propósito de proteger y hacer valer los
derechos de los menores".52 Asimismo, la LIUAP "establece un
sistema de una sola orden, el cual se apoya en el principio
de la jurisdicción continua y exclusiva del tribunal que
emite una orden de pensión alimentaria o una determinación
de
filiación".53 (Negrillas
suplidas).
El
principio
de
jurisdicción continua y exclusiva tiene como objetivo, en
Torres Peralta, op cit., Sec. 17.09.
Íd.
50 Exposición de motivos, Ley Núm. 180-1997 (1997 [Parte 2] Leyes
de Puerto Rico 839).
51 Íd., pág. 840.
52 Id., pág. 837.
53
Véase, SLG Solá-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675
(2011).
48
49
CC-2023-0227
17
la medida de lo posible, reconocer que sólo una orden de
pensión de alimentos puede estar vigente.
De esta forma, una vez que esté vigente una orden de
pensión alimentaria, existen varias maneras de impartirle
vigor interestatalmente. El método preferido por la UIFSA
⎯y adoptado consecuentemente en Puerto Rico⎯ es registrar
la orden en el estado en el que se pretende ejecutar.54 En
términos
prácticos,
registrada
en
el
esto
tribunal
implica
que
apropiado
la
de
orden
ese
sería
estado
y
acompañada con los siguientes documentos:
(1)
una carta de trámite al tribunal solicitando el
registro y la ejecución;
(2)
dos copias, incluyendo una copia certificada, de
todas las órdenes a ser registradas, junto con
cualquier modificación de la orden;
(3)
una declaración jurada de la parte que solicita
el registro o una declaración certificada del
custodio de los récords indicando la cantidad
adeudada;
(4)
el nombre del alimentante y si se conoce: (i) la
dirección y el número de seguro social del
alimentante
deudor;
(ii)
el
nombre
y
la
dirección del patrono del alimentante deudor y
cualquiera
otra
fuente
de
ingreso
del
alimentante; y (iii) una descripción y el lugar
donde está ubicada la propiedad del alimentante
en Puerto Rico que no esté exenta de ejecución;
y
(5)
el nombre y dirección del alimentista, y si
aplica, de la agencia o persona a quien se deben
remitir los pagos por concepto de pensión
alimentaria.55
Una vez registrada la orden de pensión de alimentos,
ésta es ejecutable de la misma forma que una orden emitida
por
un
tribunal
de
Puerto
Rico
y
sujeta
a
los
mismos
Véanse, M. DeMaria, Jurisdictional Issues under the Uniform
Interstate Family Support Act, 16 J. Am. Acad. Matrimonial Law 243, 255
(1999).
55 Sec. 502, 8 LPRA sec. 545a.
54
CC-2023-0227
18
procedimientos.56
Además,
queda
claro
que
la
ley
de
la
jurisdicción emisora rige la naturaleza, alcance, cantidad
y
duración
de
los
pagos,
al
igual
que
cualquier
otra
obligación relacionada con el deber de alimentar.57
E.
Jurisdicción sobre un alimentante no residente de
Puerto Rico
Bajo la Sec. 101 de la LIUAP, un tribunal de Puerto
Rico adquirirá jurisdicción sobre una persona no residente
en
procedimientos
para
fijar,
ejecutar
o
modificar
una pensión alimentaria o para establecer la filiación de
un
menor.58
Particularmente,
dispone
que
la
persona
se
somete voluntariamente a la jurisdicción del tribunal al
consentir,
comparecer
o
presentar
una
alegación
respondiente que tenga el efecto de renunciar a la defensa
de falta de jurisdicción sobre su persona.59
A su vez, la LIUAP también establece que el tribunal
de Puerto Rico puede servir como tribunal iniciador para
remitir los procedimientos a otro estado.60
La Sec. 105
viabiliza este principio al consagrar que el tribunal que
emite una orden de pensión alimentaria en beneficio de un
menor solo pierde su jurisdicción continua y exclusiva de
dos
formas:
(1)
cuando
todas
las
partes
han
dejado
de
residir en ese estado, o (2) cuando todas las partes han
consentido por escrito a que un tribunal de otro estado
modifique
la
orden
y
asuma
Sec. 503, 8 LPRA sec. 545b.
Sec. 504, 8 LPRA sec. 545c.
58 Sec. 101, 8 LPRA sec. 542.
59 Id., 8 LPRA sec. 542(2).
60 Sec. 503, 8 LPRA sec. 542b.
56
57
jurisdicción
continua
y
CC-2023-0227
19
exclusiva.61 Mientras una de estas dos (2) excepciones no
ocurra, el tribunal que emite la orden es el único con
jurisdicción sobre la materia para atender lo relacionado
con alimentos.
Al presentarse una petición autorizada por la LIUAP,
el tribunal iniciador de Puerto Rico
remitirá
tres (3)
copias de la petición y de los documentos que la acompañan
al tribunal recurrido o la agencia de sustento de menores
del
estado
recurrido.62
Para
entablar
una
mejor
comunicación, el tribunal de Puerto Rico podrá contactar a
otro estado, mediante cualquier medio a su disposición,
para obtener información relacionada con las leyes de ese
estado, el efecto legal de una sentencia, decreto u orden
de ese tribunal y el estatus de los procedimientos en el
otro estado.63
En el caso de que un alimentante que reside en otro
estado
sea
acusado
criminalmente
por
incumplimiento
del
deber de prestar alimentos a un alimentista en Puerto Rico,
el
Gobernador
de
Puerto
Rico
podrá
solicitar
que
el
gobernador del otro estado extradite a esta persona.64 Antes
de llevar a cabo esta solicitud, el Gobernador de Puerto
Rico
podrá
demuestre
requerir
que,
por
al
lo
Departamento
menos
Sec. 105, 8 LPRA sec. 542d(a).
Sec. 204, 8 LPRA. sec. 543c.
63 Sec. 217, 8 LPRA sec. 543p.
64 Sec. 801, 8 LPRA sec. 548a.
61
62
con
de
sesenta
Justicia
que
(60)
de
días
CC-2023-0227
antelación,
20
el
alimentista
ha
iniciado
un
procedimiento
para procurar una orden de pensión alimentaria.65
III
En su primer señalamiento de error, la peticionaria
sostiene que el hecho de que el recurrido resida en el
Estado de Florida no es óbice para que los tribunales de
Puerto
Rico
lo
encuentren
incurso
en
desacato
civil
y
ordenen su arresto por el incumplimiento de su obligación
alimentaria. Le asiste la razón.
Según nuestra normativa, la obligación del recurrido
está revestida del más alto interés público y surge del
derecho a la vida consagrado en nuestra Constitución.66 Aun
cuando la peticionaria haya advenido a la mayoría de edad,
el recurrido continúa obligado a sustentar sus estudios
universitarios, comenzados durante su minoridad, según fue
reiterado por el Tribunal de Primera Instancia. En esta
etapa, debemos determinar si la pensión fijada por el foro
primario, la cual el recurrido persiste en desobedecer,
puede
ser
implementada
efectivamente
y
mediante
las
herramientas que concede el ordenamiento vigente.
En
cuanto
a
la
subsistencia
de
la
obligación
alimentaria, basta decir que la norma imperante recaba que
la
obligación
del
alimentante
no
cesa
hasta
tanto
un
tribunal decrete un relevo de pensión alimentaria. Dicho
relevo no ha sido decretado en el caso que nos concierne y
65
66
Sec. 802, 8 LPRA sec. 548b.
Const. P.R., Art. II, Sec. 7.
CC-2023-0227
por
ende
la
21
obligación
permanece
vigente
y
actualmente
incumplida.
Visto
así,
comportamiento
debemos
del
analizar
recurrido
en
si
este
el
patrón
de
procedimiento,
uno
caracterizado por su resistencia a dar fiel cumplimiento a
los mandatos del Tribunal de Primera Instancia, permanecerá
impune por el mero hecho de que este se haya radicado fuera
de
la
jurisdicción
de
Puerto
Rico.
Adelantamos
que
no
avalaremos semejante desenlace.
El historial del caso revela que, pese a estar en un
estado de morosidad respecto a su obligación paternal, el
recurrido no dudó en presentar reiteradas mociones ante el
foro
primario
exigiendo
el
relevo
de
la
pensión
alimentaria. No obstante, el historial igualmente demuestra
que su contención fue rechazada y que, pese a los mandatos
del Tribunal de Primera Instancia para que cumpliera con su
deber, el recurrido ha escogido la desidia.
La determinación del foro primario es y sigue siendo
que el recurrido se encuentra incurso en desacato ⎯en su
vertiente civil⎯
una
obligación
y que la deuda alimentaria constituye
líquida
y
bien
conformidad
con
nuestro
permite
uso
del
el
exigible.
mecanismo
Lo
razonado
del
anterior
es
de
ordenamiento
que
desacato
para
hacer
cumplir una obligación monetaria de prestar alimentos.
Sin embargo,
igual
que
el
el
Tribunal
Tribunal
de
de Primera
Instancia
Apelaciones⎯ razonaron
que
⎯al
no
estaban en posición de ordenar el arresto del recurrido. Si
CC-2023-0227
bien
el
22
foro
primario
sostuvo
que
el
recurrido
es
responsable del pago de la pensión alimentaria, este acotó
que
los alguaciles
del Tribunal
General de Justicia
no
pueden realizar el arresto porque el recurrido reside fuera
de
Puerto
Rico.
Incorrectamente,
sugirió
que
la
peticionaria debe presentar una acción de cobro de dinero
en Estados Unidos y le exhortó radicar la solicitud en el
foro federal para activar los mecanismos de cooperación
interestatal y ejecutar el arresto del recurrido.
Indudablemente,
este
raciocinio
se
aparta
innecesariamente de los estatutos que rigen este proceso,
los cuales tienen como propósito primordial facilitar el
tipo de reclamo que comprende este pleito. De entrada, los
foros inferiores aparentan concentrar la controversia en la
autoridad que puedan o no tener los alguaciles de Puerto
Rico para ejecutar órdenes de arresto por desacato fuera de
los
linderos
de
nuestra
jurisdicción.
No
obstante,
el
esquema de colaboración y deferencia interestatal prescinde
de este tipo de curso decisorio y nos ofrece uno mucho más
efectivo. A saber, bajo la LIUAP procede que el estado
emisor registre la obligación parental en el estado en el
que
se
encuentre
entonces
procedan
residiendo
las
el
alimentista,
autoridades
de
la
para
que
segunda
jurisdicción a dar cumplimiento a lo ordenado.
En
esta
coyuntura,
la
peticionaria
cuenta
con
una
determinación a su favor (1) afirmando la vigencia de la
pensión alimenticia, (2) determinando el incumplimiento del
CC-2023-0227
23
recurrido y (3) declarándolo incurso en desacato. Para que
pueda lograr que el Estado en el cual su padre reside haga
efectiva la orden del Tribunal de Primera Instancia resta
un solo paso, registrar la orden.
Para lograr lo anterior debemos recordar que el Estado
de Florida y Puerto Rico incorporaron la UIFSA o LIUAP a
sus respectivos ordenamientos.67 Esto necesariamente incluye
el mecanismo para establecer un sistema procesal uniforme
que facilite la ejecución de órdenes de pensión alimentaria
emitidas por tribunales en otras jurisdicciones. Además, la
Constitución
federal,
el
FFCCSOA
y
el
UIFSA
obligan
a
Florida a darle entera fe y crédito a la orden de pensión
alimentaria emitida por Puerto Rico y, por tanto, autorice
su ejecución.
Así las
orden
de
cosas,
pensión
para que
Florida
alimentaria
aquí
pueda ejecutar
la
en
es
disputa,
indispensable que Puerto Rico tenga jurisdicción sobre el
recurrido. Como sabemos, nuestra LIAUP reconoce los medios
por los cuales un tribunal puede asumir jurisdicción sobre
la persona del alimentante no residente, entre estos la
sumisión voluntaria.68 Además, el estatuto le reconoce al
tribunal emisor una jurisdicción sobre la materia continua
y
exclusiva,
salvo
que
surjan
ciertas
circunstancias
contempladas en ley.69 No albergamos duda alguna que el
recurrido
se
encuentra
firmemente
sometido
jurisdicción del Tribunal General de Justicia.
Véase, Sec. 88.0011 et seq., Fla. Stat. Ann.
Sec. 101, 8 LPRA sec. 542.
69 Sec. 105, 8 LPRA sec. 542d.
67
68
a
la
CC-2023-0227
24
Lo anterior nos convida a pautar con diafanidad la
siguiente
norma:
un
tribunal
de
Puerto
Rico,
con
jurisdicción sobre las partes, se encuentra facultado para
emitir una orden de encarcelamiento por desacato civil,
contra un alimentista no residente, sujeto a que esta sea
registrada
en
jurisdicción
las
donde
dependencias
este
reside,
aplicables
conforme
de
al
la
esquema
procesal de la LIUAP. El diligenciamiento de la orden de
arresto recaerá en las autoridades de esa jurisdicción.
Aquí, resta que el Tribunal de Primera Instancia emita
una Orden
que recoja
sus determinaciones
respecto
a
la
pensión alimentaria y su cumplimiento. Esta Orden deberá
ser registrada por su personal en el Estado de Florida.
Recordemos, que la legislación vigente permite a nuestros
tribunales entablar las comunicaciones necesarias con las
autoridades floridanas en aras de agilizar los trámites. A
la luz de lo expuesto, concluimos que los foros inferiores
erraron
en
su
interpretación
del
derecho
aplicable
y
cometieron el primer error señalado.
Resolver lo contrario propinaría un golpe nefasto a la
política pública de nuestra jurisdicción en favor de los
intereses óptimos de los menores y otros alimentistas. En
este
contexto
muy
especial,
las
interjurisdiccionales
no
son
un
obstáculo
cumplir
de
pensión
alimentaria
las
órdenes
mandatos que de ellas procedan.
fronteras
para
y
hacer
aquellos
CC-2023-0227
25
IV
Por
los
Resolución
fundamentos
que
anteceden,
emitida por el Tribunal
se
revoca
de Apelaciones
y
la
se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
expida una Orden en virtud de la cual reitere la vigencia
de la pensión alimentaria en favor de la Sra. Cecille M.
Montes James y ordene el arresto del Sr. Miguel A. Montes
Díaz,
por
estar
incumplimiento
de
incurso
su
en
desacato
obligación
de
civil
prestar
por
el
alimentos.
Consecuentemente, el foro primario deberá valerse de los
mecanismos
que
Alimentos
entre
provee
la
Ley
Parientes,
Interestatal
Ley
Núm.
Uniforme
180-1997,
de
según
enmendada, 8 LPRA sec. 542 et seq., para registrar la Orden
en el Estado de Florida.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cecilia James Soto
Recurrida
v.
Miguel A. Montes Díaz
Recurrido
CC-2023-0227
Certiorari
v.
Cecille M. Montes James
Peticionaria
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.
Por los fundamentos que anteceden, se revoca la
Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones y se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
expida una Orden en virtud de la cual reitere la vigencia
de la pensión alimentaria en favor de la Sra. Cecille M.
Montes James y ordene el arresto del Sr. Miguel A. Montes
Díaz, por estar incurso en desacato civil por el
incumplimiento de su obligación de prestar alimentos.
Consecuentemente, el foro primario deberá valerse de
los mecanismos que provee la Ley Interestatal Uniforme de
Alimentos entre Parientes, Ley Núm. 180-1997, según
enmendada, 8 LPRA sec. 542 et seq., para registrar la Orden
en el Estado de Florida.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo