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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Montes Díaz v. Montes James

2024 TSPR 27

Poder Judicial de Puerto Rico

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Montes Díaz v. Montes James

CC-2023-0227

20 de marzo de 2024 · Hon. Edgardo Rivera García · Derecho de Familia – Los foros del Tribunal General de Justicia tienen la autoridad para ordenar y registrar en otra jurisdicción una determinación de arresto por desacato civil por el incumplimiento con el deber de prestar alimentos, aun cuando la persona contra la cual se emite se encuentre residiendo fuera de Puerto Rico.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cecilia James Soto

Recurrida

v.

Certiorari

Miguel A. Montes Díaz

2024 TSPR 27

Recurrido

213 DPR ___

v.

Cecille M. Montes James

Peticionaria

Número del Caso:

Fecha:

CC-2023-0227

20 de marzo de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel Especial

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Philippe O. Beauchamp Oliveras

Abogada de la parte recurrida:

Lcda. Lilia M. Quiñones Fuentes

Materia:

Derecho de Familia – Los foros del Tribunal General de

Justicia tienen la autoridad para ordenar y registrar en otra

jurisdicción una determinación de arresto por desacato civil por el

incumplimiento con el deber de prestar alimentos, aun cuando la

persona contra la cual se emite se encuentre residiendo fuera de

Puerto Rico.

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cecilia James Soto

Recurrida

v.

CC-2023-0227

Miguel A. Montes Díaz

Certiorari

Recurrido

v.

Cecille M. Montes James

Peticionaria

El Juez Asociado señor Rivera García emitió la Opinión del

Tribunal

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

Este

caso

nos

presenta

una

nueva

oportunidad

para

reivindicar los poderosos intereses que tiene el Estado en

asegurar

las

condiciones

propicias

para

el

desarrollo

integral de los jóvenes que representan el futuro de Puerto

Rico. En este contexto, venimos llamados a reiterar las

obligaciones

velar

por

ineludibles

sus

hijos

y

que

tienen

proveerles

los

a

progenitores

estos

el

de

sustento

necesario para una vida digna.

Y

es

que

la

controversia

que

hoy

atendemos

surge

precisamente del deber de un padre de continuar descargando

su obligación moral y legal de prestar alimentos a su hija,

aun

cuando

se

encuentre

territorial

de

Puerto

ausente

Rico.

de

la

Aprovechamos,

jurisdicción

pues,

esta

ocasión, para despejar toda duda sobre la autoridad que

CC-2023-0227

poseen

2

nuestros

tribunales

pronunciamientos

paternofiliales

Unidos,

en

en

siempre

la

materia

otras

y

para

hacer

valer

de

las

jurisdicciones

de

cuando

conserven

sus

relaciones

los

Estados

válidamente

la

los

foros

del

autoridad

para

jurisdicción sobre las personas.

Por

Tribunal

estos

motivos,

General

de

resolvemos

Justicia

que

tienen

la

ordenar y registrar en otra jurisdicción una determinación

de arresto por desacato civil dirigida a un progenitor que

ha incumplido su deber de prestar alimentos, cuando este

último se encuentre residiendo fuera de Puerto Rico.

En vista de que el Tribunal de Apelaciones concluyó

que

el

Tribunal

desprovisto

de

de

las

Primera

Instancia

herramientas

se

necesarias

encontraba

para

hacer

efectiva una orden de arresto por desacato civil contra el

aquí recurrido, en abstracción del ordenamiento estatal y

federal, forzosamente debemos revocar el aludido dictamen.

Consecuentemente, devolvemos el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que expida un mandamiento y gestione

el

registro

en

el

Estado

de

Florida

de

la

obligación

alimentaria que tiene el Sr. Miguel A. Montes Díaz para con

su hija, la Sra. Cecille M. Montes James. Ademas, el foro

primario

deberá

registrar

en

la

misma

jurisdicción

su

determinación de que el recurrido se encuentra incurso en

desacato civil.

Veamos

determinación.

los

fundamentos

que

informan

nuestra

CC-2023-0227

3

I

Este recurso tiene su origen el 4 de enero de 2021,

cuando al Sr. Miguel A. Montes Díaz (señor Montes Díaz o

recurrido) se le impuso el pago de una pensión alimentaria

en

favor

(señora

de

su

hija,

la

Sra.

Cecille

Montes

James

o

peticionaria).

M.

Montes

Por

James

orden

del

Tribunal de Primera Instancia, la obligación alimentaria

consistía en la fijación de un pago mensual de $1,039.84

para el beneficio de la peticionaria, quien cumpliría la

mayoría de edad a finales de ese mismo año.

Ante el presunto incumplimiento del recurrido con el

pago de pensión alimentaria, la madre de la peticionaria,

la Sra. Cecilia James Soto (señora James Soto), acudió al

foro primario en varias ocasiones. En lo que nos ocupa, el

13 de octubre de 2021, presentó una moción de desacato en

la que expuso que el recurrido no había cumplido con los

pagos correspondientes a los meses de julio a octubre de

2021,

motivo

por

el

cual

solicitó

su

arresto

y

encarcelamiento si no satisfacía la deuda dentro de quince

(15) días.1

Así

las

cosas,

el

14

de

noviembre

de

2021,

la

peticionaria advino a la mayoría de edad. Al día siguiente,

el recurrido

presentó una

moción

solicitando

que se le

relevara de su obligación de proveer pensión alimentaria a

su hija de veintiún (21) años, a pesar de que no había

1

Apéndice del Certiorari, Moción Sobre Desacato, pág. 66.

CC-2023-0227

4

emitido los pagos correspondientes desde julio.2 Trabado el

asunto,

mediante

una

noviembre de 2021,

Orden

el

que

Tribunal

fue

emitida

el

8

de

de Primera Instancia

le

concedió al recurrido quince (15) días para cumplir con el

pago de los $4,159.36 que debía hasta ese momento.3

No

obstante,

transcurrido

el

término

concedido,

el

recurrido no pagó. Por el contrario, mediante una moción

del 3 de diciembre de 2021, el recurrido solicitó que se

declarara no ha lugar la moción de desacato presentada por

la madre de la peticionaria y que se dejara sin efecto la

Orden emitida el 8 de noviembre de 2021. Sostuvo, que se le

violó su derecho a un debido proceso de ley porque la

moción presentada no le fue notificada hasta después que el

foro primario emitiera y notificara su Orden.4 Atendida la

moción,

el

Resolución

Tribunal

de

Primera

aclarando

que

el

Instancia

debido

proceso

emitió

una

de

del

ley

recurrido había sido garantizado en todos los aspectos.5

Luego de varios trámites procesales, la peticionaria

se opuso a la solicitud de relevo de pensión alimentaria,

mediante

moción

presentada

el

24

de

marzo

de

2022.6

Argumentó en favor de la necesidad que tenía de recibir

dicha

pensión

alimentaria

para

sufragar

sus

estudios

2 Apéndice del Certiorari, Moción Sobre Relevo de la Obligación

de Proveer Pensión Alimentaria, págs. 60-62.

3 Apéndice del Certiorari, Orden del 8 de septiembre de 2021,

pág. 67.

4 Apéndice del Alegato de la Parte Recurrida, Moción, págs. 5-7.

5 Apéndice del Alegato de la Parte Recurrida, Resolución y Orden

del 13 de diciembre de 2021, pág. 8.

6

Apéndice del Certiorari, Moción en Oposición a Relevo de

Pensión Alimentaria – Solicitud de Pensión Alimentaria, págs. 68-71.

CC-2023-0227

5

universitarios y necesidades básicas. También afirmó que el

recurrido contaba con los medios económicos suficientes e

informó al tribunal sobre el reiterado incumplimiento del

recurrido con su obligación parental desde julio de 2021.

Ante la incomparecencia del recurrido, la peticionaria

volvió a solicitar que se ordenara su arresto, por lo que

el foro primario ordenó al recurrido a mostrar causa por la

cual no debía hallarse incurso en desacato.7 Sin embargo,

transcurrido el término concedido, el recurrido no acató la

Orden del tribunal.

Tras diecisiete (17) meses de incumplimiento por parte

del recurrido con el pago de los alimentos, la peticionaria

presentó la que fue su quinta (5ta) solicitud de desacato y

orden de arresto.8 Por su parte, el recurrido sometió una

réplica

indicando

que

no

existía

orden

de

pensión

alimentaria vigente desde el 16 de noviembre de 2021, fecha

en que solicitó que se le relevara de su obligación tras la

peticionaria advenir a la mayoría de edad.9

Tras considerar los escritos de las partes, el 20 de

octubre de 2022 el Tribunal de Primera Instancia emitió una

Orden

encontrando

al

recurrido

incurso

en

desacato

y

reiterando que la deuda de pensión alimentaria era líquida

y exigible. Sin embargo, señaló que no estaba en posición

Apéndice del Certiorari, Orden del 5 de julio de 2022, pág. 92.

Apéndice

del

Certiorari,

Urgente

Moción

Informativa

y

Reiterando Solicitud de Desacato, págs. 95-96.

9 Apéndice del Certiorari, Réplica a “Urgente Moción Informativa

y Reiterando Solicitud de Desacato”, págs. 97-98.

7

8

CC-2023-0227

6

de ordenar su arresto porque el recurrido no era residente

de Puerto Rico y sugirió a la peticionaria presentar una

acción de cobro de dinero en los Estados Unidos.10

Ambas

partes

estuvieron

inconformes

con

esta

determinación y presentaron sus respectivas solicitudes de

reconsideración.

La

peticionaria

alegó

que

el

remedio

sugerido por el foro primario era muy oneroso, por tratarse

de una deuda que aumentaba mensualmente y que constituía

una condonación de facto de la deuda. Expuso que no existía

impedimento legal para ordenar el encarcelamiento, porque

el recurrido se beneficiaba de los procedimientos legales

de

Puerto

pensión

en

Rico

al

nuestra

presentar

su

solicitud

jurisdicción.

de

Asimismo,

relevo

de

solicitó

la

celebración de una vista de relevo en la cual se dilucidara

dicha petición y ordenara el arresto del recurrido, de ser

necesario.11 Por su parte, el recurrido volvió a plantear en

su moción

que el decreto de

pensión

alimentaria estuvo

vigente hasta que solicitó el relevo de la obligación tras

la peticionaria advenir mayor de edad.12

Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia notificó

una Orden el 14 de noviembre de 2022 en la que reiteró que

el

recurrido

era

responsable

del

pago

de

la

pensión

alimentaria. Especificó que los alguaciles del Tribunal no

Apéndice del Certiorari, Orden del 19 de octubre de 2022,

págs. 29-30.

11 Apéndice del Certiorari, Solicitud de Reconsideración del 4 de

noviembre de 2022, págs. 52-56.

12 Apéndice del Certiorari, Solicitud de Reconsideración del 2 de

noviembre de 2022, págs. 108-110.

10

CC-2023-0227

7

podían realizar el arresto del recurrido, por este residir

fuera de la jurisdicción. Así, señaló que la peticionaria

debía radicar la solicitud en el foro federal para que así

se

pudiesen

activar

los

mecanismos

de

cooperación

interestatal para ejecutar el arresto del recurrido.13

Insatisfecha,

el

13

de

diciembre

de

2022,

la

peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones y presentó

un

recurso

de

Certiorari

argumentos

que

había

en

donde

señalado

expuso

en

los

la

mismos

moción

de

reconsideración ante el tribunal de instancia. El recurrido

no compareció oportunamente ante el foro a quo.

Así las cosas, el 22 de febrero de 2023, el foro

intermedio denegó la expedición del recurso de Certiorari

mediante Resolución.

Expuso

orden

el

de

arresto

en

que

caso

no se podía

de

epígrafe,

emitir una

por

ser

un

“remedio que no es ejecutable”.14 Indicó que los alguaciles

de los tribunales puertorriqueños no poseen la autoridad

para

diligenciar

una

orden

de

arresto

en

el

Estado

de

Florida, donde se encuentra el recurrido.15 Concluyó que la

peticionaria debía presentar una acción de cobro de dinero

en

Estados

aseguramiento

Unidos

de

o

utilizar

sentencia

que

los

mecanismos

proveen

la

sobre

Reglas

de

Procedimiento Civil, a pesar de que la deuda objeto de la

Apéndice del Certiorari, Orden del 8 de noviembre de 2022,

págs. 58-59.

14 Apéndice del Certiorari, Resolución del 22 de febrero de 2023,

pág. 13.

15 Íd., pág. 12.

13

CC-2023-0227

8

controversia es una por concepto de alimentos que vence mes

tras mes, y no una ordinaria de cobro de dinero.16

Destacamos, que el Juez Sánchez Ramos emitió un voto

disidente en el cual rechazó que la ubicación del recurrido

y la identidad de quien diligenciara la orden de arresto

fueran

hechos

autoridades

Unidos

pertinentes.

en

vienen

todas

las

obligadas

a

Además,

recordó

que

jurisdicciones

de

reconocer

validez

la

los

las

Estados

de

las

órdenes de arresto emitidas en Puerto Rico y estas podrían

asistir a la peticionaria en su ejecución.17

Inconforme

Apelaciones,

la

reconsideración

con

la

Resolución

peticionaria

del

dictamen.

del

solicitó

Así

las

Tribunal

sin

cosas,

éxito

de

la

compareció

ante esta Curia mediante petición de Certiorari y esbozó

los siguientes señalamientos de error:

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al

concluir

que,

ante

el

incumplimiento

injustificado de un alimentante con el pago de

una deuda vencida, líquida y exigible por

concepto de pensión alimentaria, y que ha sido

incurso en desacato, los tribunales de Puerto

Rico se encuentran impedidos de emitir que se

ordene su arresto por el mero hecho de que el

alimentante se encuentra en el estado de Florida.

SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al

confirmar la condonación de facto de una deuda

por concepto de pensión alimentaria, a pesar de

que ello implica:

(A) Negar que las pensiones alimentarias

gozan del más alto interés público, aun cuando la

parte alimentista se trata de una estudiante

16

17

Id.

Íd., págs. 15-19.

CC-2023-0227

9

universitaria a tiempo

académico excelente; y

completo

con

desempeño

(B) Afirmar que una deuda por concepto de

pensión alimentaria es equiparable a una deuda

ordinaria.

Examinado el recurso, el 26 de mayo de 2023 expedimos

el

auto

solicitado.

Contando

con

el

beneficio

de

la

comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II

A.

Obligación de satisfacer alimentos

Reiteradamente, hemos expresado que la obligación de

todo progenitor de proveer alimentos a sus hijos e hijas

está

revestida

del

más

alto

interés

público.18 Es

una

política que surge del derecho a la vida consagrado en la

Carta

de

Derechos

de

la

Constitución

de

Puerto

Rico.19

Además de ser un deber moral, se trata de un deber jurídico

constituido, en el que los padres o las personas legalmente

responsables son llamados a contribuir a la manutención y

al bienestar de sus hijos menores dependientes.20

Por

esto,

la Asamblea

Legislativa

plasmó

la

responsabilidad que acarrea todo progenitor de alimentar a

sus

descendientes

en

nuestro

Código

Civil. El

Art.

590

establece que las madres y los padres, por razón de la

patria potestad, tienen el deber de alimentar a sus hijos

18

Véanse, Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 718

(2022); Santiago Texidor v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559 (2012);

Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528 (2009).

19 Const. P.R., Art. II, Sec. 7.

20

Art. 3 de la Ley Orgánica de la Administración para el

Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según

enmendada, 8 LPRA sec. 502, et seq.

CC-2023-0227

10

no emancipados, tenerlos en su compañía y educarlos con

arreglo a su fortuna.21 Por otro lado, el Art. 658 regula lo

relacionado a los alimentos entre parientes, al disponer

que

los

ascendientes

y

descendientes

están

obligados

a

proveerse alimentos de manera recíproca.22

Por su parte, el Art. 653 del Código Civil define

alimentos

como

todo

lo

indispensable

para

el

sustento,

vivienda, vestimenta, recreación y asistencia médica, según

la posición social de la familia.23 Ese término también

comprende

la

educación

e

instrucción

del

alimentista,

cuando este es menor de edad.24

Por la vía jurisprudencial, extrapolamos esta norma al

resolver que el proseguir los estudios universitarios o

vocacionales comenzados durante la minoridad también forman

parte

de

las

necesidades

alimentarias

de

un

hijo,

aun

cuando este advenga a la mayoridad.25 Establecimos que un

hijo

que

comenzó

estudios

de

bachillerato

durante

su

minoridad tiene derecho a exigir alimentos de sus padres

con el propósito de obtener ese grado académico, sujeto a

los resultados, diligencia, y continuidad observada en sus

estudios.

En

cuanto

a

la

adjudicación

de

alimentos

para

completar estudios de post grado, resolvimos que estos se

adjudicarían

de

acuerdo

con

las

circunstancias

Art. 590, 31 LPRA sec. 7242.

Art. 658, 31 LPRA sec. 7541.

23 Art. 653, 31 LPRA sec. 7531.

24 Íd.

25 Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261 (1985).

21

22

de

cada

CC-2023-0227

11

caso.26 No obstante, prevalece la norma general que rige en

estos asuntos: la obligación de proveer alimentos no cesa

automáticamente por el mero hecho de que el menor haya

cumplido los veintiún (21) años.27

Por ello, cuando un menor recipiente de una pensión

alimenticia adviene la mayoría de edad, la obligación del

alimentante

no

cesa hasta tanto

un tribunal

decrete un

relevo de pensión.28 Para ello, el alimentante debe informar

al tribunal de su interés de ser relevado del pago de la

pensión, por razón de que sus hijos están próximos a llegar

a

la

mayoridad.

De

este

modo,

para

evitar

un

daño

irreparable a cualquiera de las partes, es imperativo que

el tribunal atienda con premura estos planteamientos.29

B.

Desacato civil por incumplir con la obligación

alimentaria

Como imperativo constitucional, el encarcelamiento por

deudas

no

está

disponible

en

vindicar intereses privados.30

nuestra

jurisdicción

para

Sin embargo, a lo largo de

nuestra historia jurídica este Tribunal ha reconocido una

excepción a la prohibición al encarcelamiento por deudas:

los casos de alimentos.31 Esta excepción nace justamente por

su

alto

interés

público

y

hemos

reconocido

que

la

obligación de proveer alimentos es de tan alta jerarquía

que el encarcelamiento por deuda mediante desacato civil,

Íd., pág. 267.

Véanse, Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra; Key Nieves v.

Oyola Nieves, supra.

28 Véanse, Matos v. Abello, 203 DPR 254, 268 (2019); Art. 19, 8

LPRA sec. 518.

29 Santiago v. Maisonet, 187 DPR 550, 574 (2012).

30 Const. ELA, Art. II, Sec. 11.

31

Véanse, Matos v. Abello, supra, pág. 269; Díaz Aponte v.

Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 803 (1992).

26

27

CC-2023-0227

12

constituye una excepción a la prohibición constitucional.32

Más allá de forzar el pago de una deuda, procura obligar el

descargo de una responsabilidad de mayor rango.33

Sin embargo, conviene aclarar que el encarcelamiento

que

resulta

del

incumplimiento

con

una

obligación

de

proveer alimentos no surge por el mero hecho de que el

alimentante adeude una cuantía determinada de dinero, sino

que se decreta en virtud de su resistencia a cumplir con

una orden judicial.34

A raíz de ello, hemos razonado que

una orden concediendo alimentos es simplemente "un medio de

hacer cumplir un deber".35

Así, el desacato civil es la

figura que procura garantizar el cobro de las pensiones

atrasadas y provee un mecanismo asequible para lograr el

encarcelamiento de un alimentante que ha incumplido con las

órdenes

judiciales

que

le

imponen

el

deber

de

proveer

alimentos.36

Contrario

al

desacato

criminal,

el

desacato

civil

tiene un propósito reparador y no punitivo. Esta distinción

resulta pertinente, "ya que es precisamente la naturaleza

reparadora del desacato civil lo que ha dado paso a que se

le reconozca como excepción a la prohibición constitucional

32 Véanse, Matos v. Abello, supra, pág. 268; Álvarez Elvira

Arias Ferrer, 156 DPR 352, 372 (2002); Viajes Lesana, Inc.

Saavedra, 115 DPR 703, 709 (1984).

33 Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, supra, pág. 709.

34 Íd.

35 Íd.

36 Véanse, Matos v. Abello, supra, pág. 269; Rodríguez Avilés

Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 626-27 (1986); Otero Fernández

Alguacil Tribunal Superior, 116 DPR 733 (1985).

v.

v.

v.

v.

CC-2023-0227

contra

el

13

encarcelamiento

por

deuda

en

los

casos

de

alimentos".37

No obstante, hemos aclarado que el desacato civil,

"debe

utilizarse

con

prudencia,

por

la

privación

de

libertad que conlleva, y limitado a aquellos casos en que

hubiera

una

desobediencia

voluntaria

y

obstinada

a

una

orden o sentencia concediendo alimentos”.38 Por lo tanto, la

extensión de la encarcelación depende de la eficacia de

ésta como instrumento para dar al alimentista la reparación

necesaria.

C.

Act

Full Faith and Credit for Child Support Orders

Por mandato constitucional, todo estado o territorio

está

obligado

u órdenes de

a

reconocer

y

otro

estado

territorio.39

o

ejecutar

las

sentencias

Ello

incluye

cualquier orden de arresto, incluso las relacionadas con el

proceso de cobro de una pensión alimentaria. Respecto a los

decretos

de

alimentos,

la

norma

general

es

que

los

tribunales de cada estado están obligados a ejecutar una

orden de pensión alimentaria que haya sido emitida por otro

estado

conforme

a

las

disposiciones

y

los

parámetros

establecidos en la Full Faith and Credit for Child Support

Orders Act (FFCCSOA).40

El FFCCSOA es una ley que se promulgó en 1994 con el

propósito

de

que

ningún

estado

pudiese

modificar

una

Íd., pág. 805.

Sosa Rodríguez v. Rivas Sarieg, 105 DPR 518, 522 (1976).

39 Const. EE. UU., Art. IV, Sec. 1.

40 Ley Púb. Núm. 103-383 de 20 de octubre de 1994 (108 Stat.

37

38

4063).

CC-2023-0227

determinación

leyes

del

14

de pensión

estado

alimentaria

emisor,

a

menos

compatible

que

se

con

las

cumpliese

con

ciertos requisitos jurisdiccionales.41 A tales efectos, la

FFCCSOA requiere que se cumpla con el dictamen original

de pensión alimentaria que establece el estado emisor.

Una orden de pensión es consistente con los parámetros

de la FFCCSOA si el tribunal emisor actuó con jurisdicción

conforme

a

jurisdicción

las

leyes

sobre

las

del

estado.

partes

y

Es

decir,

cumplió

con

si

tenía

el

debido

proceso de ley en cuanto a la notificación y el derecho que

tienen las partes de ser oídas al momento de emitir la

orden.

D. Ley Interestatal

Parientes

Uniforme

de

Alimentos

entre

Para el año 1996, el Congreso federal aprobó la Ley

General

de

Responsabilidad

Personal

y

Oportunidad

de

Empleos, denominada en inglés como Personal Responsibility

and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996.42 En su

Sec.

321, se le

exigió a los

estados y

a

Puerto Rico

adoptar la Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre

Parientes (LIUAP), mejor conocida por su nombre en inglés,

Uniform

Interstate

Family

Support

Act

(UIFSA),43

como

Congressional Findings and Declaration of Purpose, en US

Government Publishing Office, https://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCODE2011-title28/USCODE-2011-title28-partV-chap115-sec1738B (última visita,

12 de diciembre de 2023).

42 Ley Púb. Núm. 104-194 de 22 de agosto de 1996, (110 Stat.

2105).

43 El UIFSA no es en sí un estatuto federal, más bien consiste en

una propuesta de ley confeccionada por la Uniform Law Commission, que

ha sido adoptada en todos los estados y territorios. Interstate Family

Support

Act,

Uniform

Law

Commission,

https://www.uniformlaws.org/committees/community41

CC-2023-0227

15

requisito para que sus Programas de Sustento de Menores y

Asistencia Pública recibieran fondos federales.44 De este

modo, se impuso dicho requisito ya que el procedimiento en

casos donde una parte fuese un no residente, o cuando se

involucrara a dos estados diferentes, se caracterizaba por

una falta de coordinación y uniformidad que afectaba la

comunicación y cooperación entre los estados.

Con esos fines, nuestra Asamblea Legislativa adoptó la

LIUAP,

e

incorporó

la

UIFSA

a

nuestro

ordenamiento

jurídico.45 La LIUAP es una traducción conceptual de la

UIFSA

que

establece

un

sistema

procesal

uniforme

que

facilita los trámites atinentes a las órdenes de pensión

alimentaria.46 A raíz de ello, Puerto Rico entró en una

relación de reciprocidad con todos los demás

jurisdicciones

norteamericanas, y

también

estados y

con

países

extranjeros que hubiesen adoptado leyes análogas a la UIFSA

y sus sistemas adjudicativos en materia de paternidad y

alimentos, en la medida que sean compatibles con el debido

proceso de ley.47

Mediante la LIUAP, se persiguen dos (2) propósitos:

(1) proveer uniformidad a la legislación aplicable a los

procedimientos

de

alimentos

interestatales

entre

los

home?CommunityKey=71d40358-8ec0-49ed-a516-93fc025801fb (última visita,

12 de diciembre de 2023).

44 Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 DPR 558, 566-567 (1998).

45 Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes, Ley

Núm. 180-1997, según enmendada, 8 LPRA sec. 542 et seq.

46 Exposición de motivos, Ley Núm. 180-1997 (1997 [Parte 2] Leyes

de Puerto Rico 838).

47 S. Torres Peralta, La Ley de sustento de menores y el derecho

alimentario en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones STP, 2007, Tomo II,

Sec. 17.08.

CC-2023-0227

16

estados participantes de la UIFSA;48 y (2) establecer un

sistema procesal uniforme para posibilitar la ejecución de

órdenes

de

pensión

alimentaria

emitidas

por

tribunales

emisores en otros estados.49

La Ley faculta para que se dé entera fe y crédito al

aceptar la validez de una orden de alimentos de un estado a

otro, para que se autorice su ejecución en otro estado, y

prohíbe su modificación.50 Es decir, "permite al estado con

jurisdicción sobre las partes en casos de reclamaciones de

alimentos

interestatales

administrativos

o

llevar

judiciales

a

para

cabo

procedimientos

emitir

órdenes

contra

estas partes, a ser cumplidas en otro estado, sin necesidad

de

recurrir

a

la

intervención

de

ese

otro

estado".51

(Negrillas suplidas).

En

síntesis,

uniformidad

alimentarias

en

esta

ley

la

fijación

entre

personas

se

aprobó

para

"establecer

y

ejecución

de

obligaciones

que

residen

en

diferentes

estados con el propósito de proteger y hacer valer los

derechos de los menores".52 Asimismo, la LIUAP "establece un

sistema de una sola orden, el cual se apoya en el principio

de la jurisdicción continua y exclusiva del tribunal que

emite una orden de pensión alimentaria o una determinación

de

filiación".53 (Negrillas

suplidas).

El

principio

de

jurisdicción continua y exclusiva tiene como objetivo, en

Torres Peralta, op cit., Sec. 17.09.

Íd.

50 Exposición de motivos, Ley Núm. 180-1997 (1997 [Parte 2] Leyes

de Puerto Rico 839).

51 Íd., pág. 840.

52 Id., pág. 837.

53

Véase, SLG Solá-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675

(2011).

48

49

CC-2023-0227

17

la medida de lo posible, reconocer que sólo una orden de

pensión de alimentos puede estar vigente.

De esta forma, una vez que esté vigente una orden de

pensión alimentaria, existen varias maneras de impartirle

vigor interestatalmente. El método preferido por la UIFSA

⎯y adoptado consecuentemente en Puerto Rico⎯ es registrar

la orden en el estado en el que se pretende ejecutar.54 En

términos

prácticos,

registrada

en

el

esto

tribunal

implica

que

apropiado

la

de

orden

ese

sería

estado

y

acompañada con los siguientes documentos:

(1)

una carta de trámite al tribunal solicitando el

registro y la ejecución;

(2)

dos copias, incluyendo una copia certificada, de

todas las órdenes a ser registradas, junto con

cualquier modificación de la orden;

(3)

una declaración jurada de la parte que solicita

el registro o una declaración certificada del

custodio de los récords indicando la cantidad

adeudada;

(4)

el nombre del alimentante y si se conoce: (i) la

dirección y el número de seguro social del

alimentante

deudor;

(ii)

el

nombre

y

la

dirección del patrono del alimentante deudor y

cualquiera

otra

fuente

de

ingreso

del

alimentante; y (iii) una descripción y el lugar

donde está ubicada la propiedad del alimentante

en Puerto Rico que no esté exenta de ejecución;

y

(5)

el nombre y dirección del alimentista, y si

aplica, de la agencia o persona a quien se deben

remitir los pagos por concepto de pensión

alimentaria.55

Una vez registrada la orden de pensión de alimentos,

ésta es ejecutable de la misma forma que una orden emitida

por

un

tribunal

de

Puerto

Rico

y

sujeta

a

los

mismos

Véanse, M. DeMaria, Jurisdictional Issues under the Uniform

Interstate Family Support Act, 16 J. Am. Acad. Matrimonial Law 243, 255

(1999).

55 Sec. 502, 8 LPRA sec. 545a.

54

CC-2023-0227

18

procedimientos.56

Además,

queda

claro

que

la

ley

de

la

jurisdicción emisora rige la naturaleza, alcance, cantidad

y

duración

de

los

pagos,

al

igual

que

cualquier

otra

obligación relacionada con el deber de alimentar.57

E.

Jurisdicción sobre un alimentante no residente de

Puerto Rico

Bajo la Sec. 101 de la LIUAP, un tribunal de Puerto

Rico adquirirá jurisdicción sobre una persona no residente

en

procedimientos

para

fijar,

ejecutar

o

modificar

una pensión alimentaria o para establecer la filiación de

un

menor.58

Particularmente,

dispone

que

la

persona

se

somete voluntariamente a la jurisdicción del tribunal al

consentir,

comparecer

o

presentar

una

alegación

respondiente que tenga el efecto de renunciar a la defensa

de falta de jurisdicción sobre su persona.59

A su vez, la LIUAP también establece que el tribunal

de Puerto Rico puede servir como tribunal iniciador para

remitir los procedimientos a otro estado.60

La Sec. 105

viabiliza este principio al consagrar que el tribunal que

emite una orden de pensión alimentaria en beneficio de un

menor solo pierde su jurisdicción continua y exclusiva de

dos

formas:

(1)

cuando

todas

las

partes

han

dejado

de

residir en ese estado, o (2) cuando todas las partes han

consentido por escrito a que un tribunal de otro estado

modifique

la

orden

y

asuma

Sec. 503, 8 LPRA sec. 545b.

Sec. 504, 8 LPRA sec. 545c.

58 Sec. 101, 8 LPRA sec. 542.

59 Id., 8 LPRA sec. 542(2).

60 Sec. 503, 8 LPRA sec. 542b.

56

57

jurisdicción

continua

y

CC-2023-0227

19

exclusiva.61 Mientras una de estas dos (2) excepciones no

ocurra, el tribunal que emite la orden es el único con

jurisdicción sobre la materia para atender lo relacionado

con alimentos.

Al presentarse una petición autorizada por la LIUAP,

el tribunal iniciador de Puerto Rico

remitirá

tres (3)

copias de la petición y de los documentos que la acompañan

al tribunal recurrido o la agencia de sustento de menores

del

estado

recurrido.62

Para

entablar

una

mejor

comunicación, el tribunal de Puerto Rico podrá contactar a

otro estado, mediante cualquier medio a su disposición,

para obtener información relacionada con las leyes de ese

estado, el efecto legal de una sentencia, decreto u orden

de ese tribunal y el estatus de los procedimientos en el

otro estado.63

En el caso de que un alimentante que reside en otro

estado

sea

acusado

criminalmente

por

incumplimiento

del

deber de prestar alimentos a un alimentista en Puerto Rico,

el

Gobernador

de

Puerto

Rico

podrá

solicitar

que

el

gobernador del otro estado extradite a esta persona.64 Antes

de llevar a cabo esta solicitud, el Gobernador de Puerto

Rico

podrá

demuestre

requerir

que,

por

al

lo

Departamento

menos

Sec. 105, 8 LPRA sec. 542d(a).

Sec. 204, 8 LPRA. sec. 543c.

63 Sec. 217, 8 LPRA sec. 543p.

64 Sec. 801, 8 LPRA sec. 548a.

61

62

con

de

sesenta

Justicia

que

(60)

de

días

CC-2023-0227

antelación,

20

el

alimentista

ha

iniciado

un

procedimiento

para procurar una orden de pensión alimentaria.65

III

En su primer señalamiento de error, la peticionaria

sostiene que el hecho de que el recurrido resida en el

Estado de Florida no es óbice para que los tribunales de

Puerto

Rico

lo

encuentren

incurso

en

desacato

civil

y

ordenen su arresto por el incumplimiento de su obligación

alimentaria. Le asiste la razón.

Según nuestra normativa, la obligación del recurrido

está revestida del más alto interés público y surge del

derecho a la vida consagrado en nuestra Constitución.66 Aun

cuando la peticionaria haya advenido a la mayoría de edad,

el recurrido continúa obligado a sustentar sus estudios

universitarios, comenzados durante su minoridad, según fue

reiterado por el Tribunal de Primera Instancia. En esta

etapa, debemos determinar si la pensión fijada por el foro

primario, la cual el recurrido persiste en desobedecer,

puede

ser

implementada

efectivamente

y

mediante

las

herramientas que concede el ordenamiento vigente.

En

cuanto

a

la

subsistencia

de

la

obligación

alimentaria, basta decir que la norma imperante recaba que

la

obligación

del

alimentante

no

cesa

hasta

tanto

un

tribunal decrete un relevo de pensión alimentaria. Dicho

relevo no ha sido decretado en el caso que nos concierne y

65

66

Sec. 802, 8 LPRA sec. 548b.

Const. P.R., Art. II, Sec. 7.

CC-2023-0227

por

ende

la

21

obligación

permanece

vigente

y

actualmente

incumplida.

Visto

así,

comportamiento

debemos

del

analizar

recurrido

en

si

este

el

patrón

de

procedimiento,

uno

caracterizado por su resistencia a dar fiel cumplimiento a

los mandatos del Tribunal de Primera Instancia, permanecerá

impune por el mero hecho de que este se haya radicado fuera

de

la

jurisdicción

de

Puerto

Rico.

Adelantamos

que

no

avalaremos semejante desenlace.

El historial del caso revela que, pese a estar en un

estado de morosidad respecto a su obligación paternal, el

recurrido no dudó en presentar reiteradas mociones ante el

foro

primario

exigiendo

el

relevo

de

la

pensión

alimentaria. No obstante, el historial igualmente demuestra

que su contención fue rechazada y que, pese a los mandatos

del Tribunal de Primera Instancia para que cumpliera con su

deber, el recurrido ha escogido la desidia.

La determinación del foro primario es y sigue siendo

que el recurrido se encuentra incurso en desacato ⎯en su

vertiente civil⎯

una

obligación

y que la deuda alimentaria constituye

líquida

y

bien

conformidad

con

nuestro

permite

uso

del

el

exigible.

mecanismo

Lo

razonado

del

anterior

es

de

ordenamiento

que

desacato

para

hacer

cumplir una obligación monetaria de prestar alimentos.

Sin embargo,

igual

que

el

el

Tribunal

Tribunal

de

de Primera

Instancia

Apelaciones⎯ razonaron

que

⎯al

no

estaban en posición de ordenar el arresto del recurrido. Si

CC-2023-0227

bien

el

22

foro

primario

sostuvo

que

el

recurrido

es

responsable del pago de la pensión alimentaria, este acotó

que

los alguaciles

del Tribunal

General de Justicia

no

pueden realizar el arresto porque el recurrido reside fuera

de

Puerto

Rico.

Incorrectamente,

sugirió

que

la

peticionaria debe presentar una acción de cobro de dinero

en Estados Unidos y le exhortó radicar la solicitud en el

foro federal para activar los mecanismos de cooperación

interestatal y ejecutar el arresto del recurrido.

Indudablemente,

este

raciocinio

se

aparta

innecesariamente de los estatutos que rigen este proceso,

los cuales tienen como propósito primordial facilitar el

tipo de reclamo que comprende este pleito. De entrada, los

foros inferiores aparentan concentrar la controversia en la

autoridad que puedan o no tener los alguaciles de Puerto

Rico para ejecutar órdenes de arresto por desacato fuera de

los

linderos

de

nuestra

jurisdicción.

No

obstante,

el

esquema de colaboración y deferencia interestatal prescinde

de este tipo de curso decisorio y nos ofrece uno mucho más

efectivo. A saber, bajo la LIUAP procede que el estado

emisor registre la obligación parental en el estado en el

que

se

encuentre

entonces

procedan

residiendo

las

el

alimentista,

autoridades

de

la

para

que

segunda

jurisdicción a dar cumplimiento a lo ordenado.

En

esta

coyuntura,

la

peticionaria

cuenta

con

una

determinación a su favor (1) afirmando la vigencia de la

pensión alimenticia, (2) determinando el incumplimiento del

CC-2023-0227

23

recurrido y (3) declarándolo incurso en desacato. Para que

pueda lograr que el Estado en el cual su padre reside haga

efectiva la orden del Tribunal de Primera Instancia resta

un solo paso, registrar la orden.

Para lograr lo anterior debemos recordar que el Estado

de Florida y Puerto Rico incorporaron la UIFSA o LIUAP a

sus respectivos ordenamientos.67 Esto necesariamente incluye

el mecanismo para establecer un sistema procesal uniforme

que facilite la ejecución de órdenes de pensión alimentaria

emitidas por tribunales en otras jurisdicciones. Además, la

Constitución

federal,

el

FFCCSOA

y

el

UIFSA

obligan

a

Florida a darle entera fe y crédito a la orden de pensión

alimentaria emitida por Puerto Rico y, por tanto, autorice

su ejecución.

Así las

orden

de

cosas,

pensión

para que

Florida

alimentaria

aquí

pueda ejecutar

la

en

es

disputa,

indispensable que Puerto Rico tenga jurisdicción sobre el

recurrido. Como sabemos, nuestra LIAUP reconoce los medios

por los cuales un tribunal puede asumir jurisdicción sobre

la persona del alimentante no residente, entre estos la

sumisión voluntaria.68 Además, el estatuto le reconoce al

tribunal emisor una jurisdicción sobre la materia continua

y

exclusiva,

salvo

que

surjan

ciertas

circunstancias

contempladas en ley.69 No albergamos duda alguna que el

recurrido

se

encuentra

firmemente

sometido

jurisdicción del Tribunal General de Justicia.

Véase, Sec. 88.0011 et seq., Fla. Stat. Ann.

Sec. 101, 8 LPRA sec. 542.

69 Sec. 105, 8 LPRA sec. 542d.

67

68

a

la

CC-2023-0227

24

Lo anterior nos convida a pautar con diafanidad la

siguiente

norma:

un

tribunal

de

Puerto

Rico,

con

jurisdicción sobre las partes, se encuentra facultado para

emitir una orden de encarcelamiento por desacato civil,

contra un alimentista no residente, sujeto a que esta sea

registrada

en

jurisdicción

las

donde

dependencias

este

reside,

aplicables

conforme

de

al

la

esquema

procesal de la LIUAP. El diligenciamiento de la orden de

arresto recaerá en las autoridades de esa jurisdicción.

Aquí, resta que el Tribunal de Primera Instancia emita

una Orden

que recoja

sus determinaciones

respecto

a

la

pensión alimentaria y su cumplimiento. Esta Orden deberá

ser registrada por su personal en el Estado de Florida.

Recordemos, que la legislación vigente permite a nuestros

tribunales entablar las comunicaciones necesarias con las

autoridades floridanas en aras de agilizar los trámites. A

la luz de lo expuesto, concluimos que los foros inferiores

erraron

en

su

interpretación

del

derecho

aplicable

y

cometieron el primer error señalado.

Resolver lo contrario propinaría un golpe nefasto a la

política pública de nuestra jurisdicción en favor de los

intereses óptimos de los menores y otros alimentistas. En

este

contexto

muy

especial,

las

interjurisdiccionales

no

son

un

obstáculo

cumplir

de

pensión

alimentaria

las

órdenes

mandatos que de ellas procedan.

fronteras

para

y

hacer

aquellos

CC-2023-0227

25

IV

Por

los

Resolución

fundamentos

que

anteceden,

emitida por el Tribunal

se

revoca

de Apelaciones

y

la

se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

expida una Orden en virtud de la cual reitere la vigencia

de la pensión alimentaria en favor de la Sra. Cecille M.

Montes James y ordene el arresto del Sr. Miguel A. Montes

Díaz,

por

estar

incumplimiento

de

incurso

su

en

desacato

obligación

de

civil

prestar

por

el

alimentos.

Consecuentemente, el foro primario deberá valerse de los

mecanismos

que

Alimentos

entre

provee

la

Ley

Parientes,

Interestatal

Ley

Núm.

Uniforme

180-1997,

de

según

enmendada, 8 LPRA sec. 542 et seq., para registrar la Orden

en el Estado de Florida.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cecilia James Soto

Recurrida

v.

Miguel A. Montes Díaz

Recurrido

CC-2023-0227

Certiorari

v.

Cecille M. Montes James

Peticionaria

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la

Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones y se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

expida una Orden en virtud de la cual reitere la vigencia

de la pensión alimentaria en favor de la Sra. Cecille M.

Montes James y ordene el arresto del Sr. Miguel A. Montes

Díaz, por estar incurso en desacato civil por el

incumplimiento de su obligación de prestar alimentos.

Consecuentemente, el foro primario deberá valerse de

los mecanismos que provee la Ley Interestatal Uniforme de

Alimentos entre Parientes, Ley Núm. 180-1997, según

enmendada, 8 LPRA sec. 542 et seq., para registrar la Orden

en el Estado de Florida.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo