LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: José A. Soto Peña

2024 TSPR 23

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: José A. Soto Peña

CP-2017-0001

12 de marzo de 2024 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por infracción a los Cánones 9, 12 y 38 del Código de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2024 TSPR 23

José A. Soto Peña

(TS-12,878)

Número del Caso:

Fecha:

213 DPR ___

CP-2017-0001

12 de marzo de 2024

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Joseph G. Feldstein Del Valle

Subprocurador General

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández

Subprocuradora General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Noemí Rivera de León

Procuradora General Auxiliar

Comisionado Especial:

Hon. Gerardo Flores García

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía por infracción a los Cánones 9, 12 y

38 del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

José A. Soto Peña

(TS-12,878)

Conducta

Profesional

CP-2017-1

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2024.

Nuevamente tenemos la obligación de disciplinar

a un abogado por su conducta antiética. Esta vez,

por infracciones a los Cánones 9, 12 y 38 del Código

de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

En

conformidad

con

los

fundamentos

que

expondremos a continuación, procedemos a suspender

de forma inmediata e indefinida al Lcdo. José A.

Soto Peña (licenciado Soto Peña o abogado) del

ejercicio de la abogacía.

CP-2017-1

2

I

El licenciado Soto Peña fue admitido al ejercicio de

la abogacía el 13 de julio de 1999 y prestó juramento como

notario el 4 de enero de 2000.1

A.

Trasfondo fáctico y procesal de la Queja AB-2014-90

1.

Alegaciones de la Queja

El 5 de marzo de 2014, la Hon. Karla S. Mellado Delgado

emitió una Resolución en el caso Eduardo Jiménez García v.

Avis Budget de Puerto Rico, Inc., et als., Caso Civil

Núm.

CDP-2012-0078

(Caso

Civil

Núm.

CDP-2012-0078),

mediante la cual elevó los autos de dicho expediente ante

este Tribunal por razón del reiterado incumplimiento del

abogado con las órdenes emitidas por el foro de instancia

en el mencionado pleito.

Según surge de dicha Resolución, el licenciado Soto

Peña

no

compareció

-en

representación

de

la

parte

demandante- a la conferencia inicial del caso celebrada el

16 de enero de 2013.

Ante esto, el tribunal de instancia

le ordenó al abogado cancelar el arancel de suspensión y

1

Mediante Opinión Per Curiam emitida el 27 de febrero de 2017,

ordenamos la suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la

abogacía y la notaría del Lcdo. José A. Soto Peña (licenciado Soto

Peña o abogado) debido a su incumplimiento con las órdenes de este

Tribunal y con los requisitos de educación jurídica continua.

Más adelante, mediante Resolución del 2 de diciembre de 2019,

ordenamos la reinstalación del abogado al ejercicio de la abogacía y

reactivamos la Querella CP-2017-1 -objeto de este recurso- y la Queja

AB-2018-118, las cuales fueron archivadas administrativamente por

motivo de la suspensión del licenciado Soto Peña. Cabe destacar que,

mediante Resolución del 4 de diciembre de 2020, censuramos

enérgicamente al licenciado Soto Peña en la Queja AB-2018-118, le

apercibimos que en el futuro debía ser más cuidadoso en el cumplimiento

de sus deberes éticos, so pena de otras sanciones disciplinarias, y

ordenamos el archivo del asunto.

CP-2017-1

mostrar

3

causa

por

su

incomparecencia,

imposición de sanciones.2

so

pena

de

la

Asimismo, el foro de instancia

reseñaló la conferencia inicial para el 20 de febrero

de 2013, pero el licenciado Soto Peña tampoco compareció

en

esa

fecha.

Debido

a

que

éste

no

cumplió

con

la

cancelación del arancel de suspensión ni con la orden de

mostrar causa del 16 de enero de 2013, el tribunal de

instancia le impuso una sanción económica de $200 por ambas

incomparecencias y la cancelación del arancel de suspensión

por

la

vista

del

20

de

febrero

de

2013;

satisfacerse en un término de diez (10) días.

esto

debía

Además, el

foro de instancia le ordenó al abogado que contestara -en

un término de diez (10) días- un interrogatorio pendiente

y se comunicara con el abogado de la parte demandada para

que se presentara -en un término de quince (15) días- el

Informe de Manejo del Caso.

Sin embargo, el licenciado

Soto Peña incumplió nuevamente.

Más adelante, la parte demandada presentó una Solicitud

de desestimación en el caso y no hubo oposición de la parte

demandante -representada por el abogado-.

Así las cosas,

el 19 de marzo de 2013, el tribunal de instancia dictó una

Sentencia mediante la cual desestimó la demanda al concluir

2

Valga mencionar que ni las partes ni sus abogados comparecieron a

la conferencia inicial del caso.

Así las cosas, el tribunal de

instancia concedió un término a los abogados para la cancelación del

arancel

de

suspensión

y

les

ordenó

mostrar

causa

por

su

incomparecencia.

El abogado de la parte demandada compareció y

presentó sus excusas por la tardanza, por lo que el foro de instancia

dejó sin efecto la cancelación del arancel de suspensión y la orden de

mostrar causa en cuanto a éste, pero mantuvo la orden en cuanto al

licenciado Soto Peña. Véase Minuta del 16 de enero de 2013, Anejos de

la Querella, pág. 11.

CP-2017-1

4

que no procedía la causa de acción en daños y perjuicios

en contra de la parte demandada.

Dado que el licenciado Soto Peña no cumplió con lo

ordenado el 20 de febrero de 2013, el foro de instancia

dictó una orden el 6 de junio de 2013 para concederle a

éste un término final de quince (15) días para pagar los

aranceles de suspensión adeudados por $40 y las sanciones

impuestas por $200, so pena de sanciones adicionales y/o

elevar el expediente al Tribunal Supremo.3

Al no recibir respuesta del abogado, el 12 de julio

de 2013, el foro de instancia emitió una orden mediante la

cual

le

impuso

una

sanción

adicional

de

$300

por

su

reiterado incumplimiento con las órdenes del tribunal.

Así pues, se le concedió un término de quince (15) días

para pagar la totalidad de las sanciones impuestas ($500)

y los aranceles de suspensión adeudados ($40), so pena de

elevar el expediente al Tribunal Supremo.

El 16 de agosto

de 2013, luego de vencido dicho término, el licenciado Soto

Peña presentó ante el tribunal de instancia una Moción

urgente solicitando prórroga.

En ésta expresó que había

tenido problemas de salud y de transportación para cumplir

con lo ordenado por el foro de instancia, por lo que

solicitó una prórroga para pagar las penalidades adeudadas.

Ante esto, el 19 de agosto de 2013, el tribunal de instancia

le concedió un término de treinta (30) días para que

3

Véase Orden del 6 de junio de 2013, Anejos de la Querella,

pág. 16.

CP-2017-1

cumpliera

5

con

lo

ordenado,

pero

el

abogado

incumplió

nuevamente.

Mediante Orden del 7 de octubre de 2013, el foro de

instancia le impuso al licenciado Soto Peña una sanción

adicional de $100 y le concedió un término final de diez

(10)

días

para

que

pagara

cancelara

los

aranceles

las

sanciones

impuestas

de

suspensión

y

adeudados.

Transcurrido el término concedido y sin haber recibido

respuesta del abogado, el 6 de noviembre de 2013 el tribunal

de instancia le concedió nuevamente un término de diez (10)

días para pagar la totalidad de las sanciones ($600) y los

aranceles

de

suspensión

($40),

expediente al Tribunal Supremo.

so

pena

de

elevar

el

Una vez más, el licenciado

Soto Peña no cumplió.

Así las cosas, en cumplimiento con el Canon 7 de Ética

Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B,4 la Hon. Karla S. Mellado Delgado

elevó el expediente del caso ante este Tribunal el 5 de

marzo de 2014 para que se evaluara la conducta del abogado

ante su reiterado incumplimiento con las órdenes del foro

de instancia.

En particular, expuso que “[l]a actitud del

[licenciado Soto Peña] ha sido en claro menosprecio a las

4

En lo pertinente, el Canon 7 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B,

dispone lo siguiente:

Cuando los hechos les consten personalmente, las juezas

y los jueces promoverán y cooperarán con los procedimientos

disciplinarios que procedan contra cualquier jueza, juez,

abogada, abogado, funcionaria, funcionario, empleada o

empleado de la Rama Judicial que actúe contrario a lo

dispuesto en los cánones, en las normas administrativas,

reglamentos y leyes vigentes.

. . . . . . . .

CP-2017-1

6

órdenes del tribunal, lo que constituye una clara violación

al Canon 9 de Ética Profesional”.5

Mediante

Resolución

de

17

de

junio

de

2014,

le

concedimos un término de veinte (20) días al abogado para

que se expresara sobre el asunto.

2. Reacción a la Queja

Oportunamente, el 15 de julio de 2014, el licenciado

Soto Peña compareció ante este Tribunal con una Moción en

la que manifestó que nunca fue su intención desobedecer

las órdenes del foro de instancia; que hizo gestiones para

conseguir el dinero y pagar las sanciones impuestas, pero

tales

gestiones

fueron

infructuosas;

que

su

práctica

privada de la profesión era muy limitada, por lo que poder

cumplir con los gastos de educación jurídica continua y

otros gastos le habían obstaculizado el ahorro, y que

estaba tramitando la venta de libros y su vehículo de motor

para poder sufragar las sanciones impuestas, ya que no

tenía crédito para tomar un préstamo.

Por todo lo cual,

nos solicitó un breve término final para conseguir la

cantidad de $640 para pagar las sanciones impuestas y los

aranceles adeudados.

Atendida la Moción presentada por el abogado, el 27 de

marzo de 2015 emitimos una Resolución mediante la cual

referimos el asunto a la Oficina de la Procuradora General

para la investigación y el informe correspondiente.

5

Véase Resolución, Anejos de la Querella, pág. 10.

CP-2017-1

7

3. Informe de la Oficina del

y presentación de la Querella

Procurador

General

El 19 de mayo de 2015, la Oficina de la Procuradora

General presentó su Informe.6 En éste, reseñó los asuntos

relacionados con la Queja y la reacción a la Queja.

Como

cuestión de umbral, dejó claro que el análisis de la Queja

se ceñía al asunto del incumplimiento del licenciado Soto

Peña con las órdenes dictadas por el foro de instancia y

no sobre el desempeño de éste en la representación legal

provista

a

sus

clientes

en

el

Caso

Civil

Núm.

CDP-2012-0078.

Específicamente, la Oficina de la Procuradora General

manifestó que el abogado: (1) no cumplió con la Orden

emitida por el tribunal de instancia el 8 de mayo de 2012

relacionada con el diligenciamiento de los emplazamientos

en el mencionado caso; (2) no asistió a las vistas del

16 de enero de 2013 ni del 20 de febrero de 2013; (3) no

presentó escrito alguno para excusar su incomparecencia en

ambas fechas, y (3) no cumplió con las órdenes emitidas

por el foro de instancia relacionadas con el pago de las

sanciones impuestas y los aranceles adeudados.

En vista de lo anterior, la Oficina de la Procuradora

General expuso que de los hechos que se evidenciaban en

los anejos del Informe, así como del expediente judicial

del

6

Caso

Civil

Núm.

CDP-2012-0078,

se

desprendía

una

Para esa fecha, la Procuradora General de Puerto Rico era la

Hon. Margarita Mercado Echegaray.

CP-2017-1

8

conducta constitutiva de violación a los Cánones 9, 12 y

38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.7

En su Informe, la Oficina de la Procuradora General

mencionó que la conducta del licenciado Soto Peña, además

de constituir una violación al Canon 9 del Código de Ética

Profesional, supra, por desatender las órdenes judiciales,

también constituía una violación al Canon 12 del Código de

Ética Profesional, supra, por causar demoras injustificadas

en el trámite y la disposición final del caso.

A su vez, la Oficina de la Procuradora General expuso

que, a la luz de la totalidad de los hechos y según surgía

del expediente judicial del Caso Civil Núm. CDP-20 12-0078,

también se demostraba una conducta impropia de parte del

abogado, lo que acarreaba una violación al Canon 38 del

Código

de

Ética

Profesional,

supra.

Al

respecto,

la

Oficina de la Procuradora General indicó lo siguiente en

su Informe:

Señalamos

que

de

los

expedientes

revisados[,] el licenciado Soto Peña no ha

evidenciado un interés real y serio en cumplir

con las sanciones que le fueron impuestas. El

[abogado] en este asunto sometió dos prórrogas

para el pago de los aranceles de suspensión y

las sanciones impuestas, una al final del caso

en el Tribunal de Primera Instancia y la otra

dentro de su comparecencia en este proceso. A

pesar del tiempo transcurrido[,] no hay siquiera

evidencia ante este Honorable Tribunal de un

depósito parcial (por menor que sea) de parte

del letrado que pudiera ser considerado como su

compromiso y buena fe en sufragar dicha suma de

7

Véase Informe de la Procuradora General, Anejos de la Querella,

pág. 4.

CP-2017-1

9

dinero y dar estricto cumplimiento a las órdenes

emitidas.8

El

31

de

agosto

de

2015

emitimos

una

Resolución

mediante la cual le concedimos al licenciado Soto Peña un

término de veinte (20) días para que se expresara sobre el

Informe

General.9

presentado

por

la

Oficina

de

la

Procuradora

Allí le apercibimos que, de no comparecer en el

término provisto, se entendería que se allanaba a las

recomendaciones formuladas en el mencionado Informe.

Transcurrido

el

término

concedido

al

abogado

para

comparecer ante este Tribunal, lo que no hizo, y a la luz

del Informe presentado por la Oficina de la Procuradora

General, el 18 de noviembre de 2016 le ordenamos a dicha

oficina que procediera con la presentación de la Querella.10

Entretanto, el 27 de febrero de 2017 emitimos una

Opinión Per Curiam mediante la cual ordenamos la suspensión

inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y la

notaría del licenciado Soto Peña por incumplir con las

órdenes de este Tribunal y con los requisitos de educación

jurídica continua.11

8

Véase Informe de la Procuradora General, Anejos de la Querella,

págs. 4-5.

9

El archivo en autos de copia de la

septiembre de 2015.

Resolución fue el 8 de

10

El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 23 de

noviembre de 2016.

11

Esta suspensión advino final y firme el 24 de marzo de 2017.

CP-2017-1

10

Así las cosas, el 9 de marzo de 2017, la Oficina del

Procurador General presentó la Querella.12 En ésta, reiteró

la relación de hechos y el análisis expuestos en su Informe

del 19 de mayo de 2015.

siguientes

en

contra

Asimismo, presentó los cargos

del

abogado:

(1)

Cargo

I:

por

infringir el Canon 9 del Código de Ética Profesional,

supra, al desatender las órdenes emitidas por el tribunal

de

instancia

en

el

Caso

Civil

Núm.

CDP-20

12-0078;

(2) Cargo II: por violación al Canon 12 del Código de Ética

Profesional, supra, al causar dilaciones innecesarias en

el trámite y la disposición final del caso, y (3) Cargo

III:

por

infringir

el

Canon

38

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, al incurrir en conducta impropia en la

tramitación del mencionado caso y no esforzarse al máximo

de su capacidad en exaltar el honor y la dignidad de la

profesión legal.

Más adelante, el 2 de diciembre de 2019, ordenamos la

reinstalación del licenciado Soto Peña al ejercicio de la

abogacía y reactivamos la Querella objeto de este recurso,

la cual había sido archivada administrativamente por razón

de la suspensión del abogado.

Una vez se reactivó la Querella, y en vista de que el

licenciado Soto Peña no había contestado la misma, el

19 de mayo de 2021 concedimos un término de quince (15)

días para que presentara su contestación.

12

Además, le

Para ese momento, el Procurador General de Puerto Rico era el

Hon. Luis R. Román Negrón.

CP-2017-1

11

apercibimos al abogado que, de no comparecer en el término

provisto, se entendería que se allanaba a las alegaciones

formuladas por el Procurador General en la Querella.13 El

licenciado Soto Peña no compareció ante este Tribunal.

4. Proceso disciplinario ante el Comisionado Especial

El 22 de febrero de 2022 designamos al Lcdo. Gerardo

Flores García (Comisionado Especial) para que atendiera

los

procedimientos

de

la

Querella

que

nos

ocupa

y

presentara un Informe con las determinaciones de hechos y

recomendaciones que estimara pertinentes.

Así pues, el

28 de febrero de 2022, éste emitió una Orden para que las

partes proveyeran -en o antes del 18 de marzo de 2022- una

lista de la prueba que interesaban presentar en la vista

en su fondo y, a su vez, los citó para una vista sobre el

estado de los procedimientos a celebrarse el 31 de marzo

de 2022.

Así, en cumplimiento de orden, el 17 de marzo

de 2022 la Oficina del Procurador General presentó su

lista.

No obstante, el abogado incumplió con la Orden.

Ante ese cuadro, el Comisionado Especial mantuvo vigente

el señalamiento de la vista.

Llegado el día de la vista, la cual se realizó por

medio de videoconferencia, comparecieron la Lcda. Noemí

Rivera

de

León

(en

representación

de

la

Procurador General) y el licenciado Soto Peña.

Oficina

del

Al inicio,

el Comisionado Especial recalcó que había dado una Orden

13

El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 21 de mayo

de 2021.

CP-2017-1

12

para la presentación de prueba previo a la vista en su

fondo, pero que el abogado no había presentado documento

alguno ni su contestación a la Querella.

En vista de lo

anterior, le cuestionó al licenciado Soto Peña si mantenía

al día su información en el Registro Único de Abogados y

Abogadas, a lo que el abogado contestó que sí.

Seguido,

el licenciado Soto Peña expresó que era consciente de que

el asunto llevaba unos años y que desconocía si podía

expresarse sobre la Querella en esa etapa, a lo cual el

Comisionado Especial le indicó que se le permitía presentar

prueba escrita, así como su contestación a la Querella.

Asimismo, el abogado expuso que estaba enfrentando una

situación económica bien difícil y, además, estaba pasando

por

un

proceso

con

una

persona

con

la

condición

de

Parkinson, por lo que solicitó un término razonable para

cumplir con el pago de las sanciones pendientes.

De igual

forma, añadió que una vez que cumpliera con dicho pago,

entonces

estaría

en

mejor

posición

para

presentar

su

contestación a la Querella y las pruebas solicitadas por

el Comisionado Especial.

Así las cosas, el Comisionado Especial le concedió

al

licenciado

Soto

Peña

un

término

vencedero

el

2 de mayo de 2022 para que cumpliera con la Orden del

28 de febrero de 2022 y presentara su contestación a la

Querella.

Por su parte, la Oficina del Procurador General

solicitó un término para expresarse una vez el abogado

contestara

la

Querella,

lo

cual

fue

concedido.

El

CP-2017-1

13

Comisionado Especial señaló la vista en su fondo para el

17 de junio de 2022 de forma presencial.

Vencido el término concedido al licenciado Soto Peña,

éste no presentó su contestación a la Querella.

En vista

de tal incumplimiento, el 17 de mayo de 2022, la Oficina

del Procurador General solicitó que continuáramos con el

procedimiento disciplinario, de forma tal que dicha Oficina

pudiese presentar su prueba.

La vista en su fondo se celebró el 17 de junio de 2022

con la comparecencia de la Lcda. Noemí Rivera de León (de

la Oficina del Procurador General) y del licenciado Soto

Peña.

De umbral, el Comisionado Especial le pidió al

abogado que se expresara en torno a su incumplimiento con

la Orden para que contestara la Querella y anunciara su

prueba.

El licenciado Soto Peña indicó que no había podido

conseguir el dinero para pagar las sanciones impuestas y

decidió

esperar

por

las

instrucciones

del

Comisionado

Especial en la vista; aceptó su error de no contestar al

Tribunal y pidió una nueva oportunidad para cumplir lo

ordenado.

Seguido, el Comisionado Especial ordenó a la

Oficina del Procurador General a presentar su caso y luego

le concedió al abogado la oportunidad de exponer sobre los

cánones imputados.

aceptó

los

hechos,

En particular, el licenciado Soto Peña

manifestó

que

éstos

ocurrieron

en

contravención al Código de Ética Profesional, se allanó a

la prueba presentada y solicitó una oportunidad. Mientras,

la Oficina del Procurador General expuso que el abogado no

CP-2017-1

14

había hecho ni un gesto de buena fe para abonar a la deuda

y solicitó que se considerara como elemento agravante la

situación de los múltiples incumplimientos en el proceso

disciplinario.

De esta forma, el Comisionado Especial dio

por sometido el caso con la prueba sometida.

El 1 de septiembre de 2023, el Comisionado Especial

presentó su Informe, en el cual expuso que se presentó

prueba clara, robusta y convincente que apoyaba los cargos

imputados.

Por consiguiente, determinó que el licenciado

Soto Peña infringió los Cánones 9, 12 y 38 del Código de

Ética Profesional, supra.

En este caso ni el Comisionado Especial ni la Oficina

del Procurador General emitieron su recomendación sobre la

sanción que pudiera imponerse al abogado.

Así las cosas, el caso quedó sometido en los méritos

para su adjudicación el 26 de septiembre de 2023, por lo

que procedemos a exponer la normativa aplicable.

II

En el ejercicio de nuestro poder inherente para regular

la

abogacía

en

Puerto

Rico,

tenemos

la

obligación

de

asegurarnos de que los miembros admitidos al ejercicio de

la

profesión

legal

realicen

responsable,

competente

y

Justiniano,

2023

82,

In

re

Valenzuela

TSPR

Flores,

sus

funciones

diligente.

211

2023

DPR

In

de

manera

re

Rivera

DPR

___

(2023);

934,

939

(2023);

In re Vélez Torres, 209 DPR 848, 863 (2022); In re Raffucci

Caro, 206 DPR 589, 605 (2021).

CP-2017-1

15

El Código de Ética Profesional establece las normas

mínimas de conducta que rigen la práctica de la abogacía

en nuestra jurisdicción, esto con el fin de promover los

más altos principios éticos en beneficio del cliente, de

la profesión legal, de la sociedad y de las instituciones

de justicia.

In re González Díaz, 201 DPR 145, 150 (2018);

In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541, 549 (2016); In re Vera

Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015).

A. Incumplimiento con los Cánones del Código de Ética

Profesional

1.

Canon 9 (Conducta del abogado ante los tribunales)

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, C. 9,

requiere que todos los miembros de la

profesión jurídica se conduzcan ante los tribunales con el

mayor respeto.

In re Montañez Morales, 2023 TSPR 111, 212

DPR ___ (2023); In re Meléndez Artau, 2023 TSPR 60, 212

DPR ___ (2023);

In re Lajara Radinson, 207 DPR 854, 863

(2021); In re Cintrón Rodríguez, 205 DPR 299, 308 (2020).

En conformidad a dicho mandato, hemos enfatizado sobre el

ineludible deber que tiene todo abogado de cumplir con

diligencia

y

prontitud

las

órdenes

del

tribunal.

In re Wilamo Guzmán, 2023 TSPR 61, 212 DPR ___ (2023);

In

re

Valenzuela

Flores,

211

DPR

934,

939

(2023);

In re Bauzá Tirado, 211 DPR 633, 635 (2023); In re Maldonado

Trinidad, 209 DPR 1032 (2022).

Al respecto, en In re Rodríguez Lugo, 201 DPR 729, 736

(2019), expresamos que como corolario del respeto profundo

que deben tener los abogados hacia el foro judicial, el

CP-2017-1

16

mencionado canon exige a éstos “el comparecer en el tiempo

indicado a los señalamientos notificados por el tribunal,

así como a cualquier requerimiento u orden emitida por el

foro judicial”.

Véase, además, In re Rivera Navarro,

193 DPR 303, 311-312 (2015).

Asimismo,

hemos

manifestado

que

el

incumplimiento

continuo con las órdenes de un tribunal provoca demoras

irrazonables

en

el

negativamente

en

la

trámite

de

los

administración

casos

e

de

justicia.

la

incide

In re Villalba Ojeda, 203 DPR 572, 578 (2019); In re Hoffman

Mouriño, 170 DPR 968, 979-980 (2007).

Sabido es que la abogacía cumple una función social de

notable importancia por su gran aportación a la realización

de la justicia.

Ante esto, el abogado, además de ser

defensor de su cliente, es un colaborador de la justicia,

por lo que la buena marcha del proceso judicial del País

constituye

una

responsabilidad

integrante de la profesión legal.

ineludible

de

todo

In re Hoffman Mouriño,

supra, pág. 980; In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 196

(2012); In re Marini Román, 165 DPR 801, 807 (2005).

2.

Canon 12 (Puntualidad y tramitación de las causas)

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, C. 12, le impone a todo abogado el deber de ser

conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas.

Para cumplir con ese deber, en el mencionado canon se plasmó

que el abogado deberá “desplegar todas las diligencias

CP-2017-1

necesarias

17

para

asegurar

que

no

se

causen

dilaciones en su tramitación y solución”.

indebidas

Íd.

Acorde con el mencionado deber ético, hemos manifestado

que el abogado deberá tramitar las causas encomendadas de

una

forma

responsable,

puntual

y

diligente.

In

re

Maldonado Nieves, 2023 TSPR 123, 213 DPR ____ (2023);

In re Cardona Estelritz, 2023 TSPR 100, 212 DPR ____ (2023);

In re Sánchez Pérez, 210 DPR 235, 262 (2022); In re Meléndez

Mulero, 208 DPR 541, 551 (2022). Es por ello que el abogado

tiene la obligación de realizar todas las diligencias

necesarias para asegurarse de no causar demoras indebidas

en

el

trámite

encomienden.

y

resolución

de

las

causas

que

se

le

In re Meléndez Mulero, supra, pág. 551; In

re Lugo Quiñones I, 206 DPR 1, 10 (2021).

En múltiples ocasiones, hemos expresado que el deber

de diligencia es una obligación básica y elemental del

abogado hacia su cliente.

729, 737 (2019).

In re Rodríguez Lugo, 201 DPR

Por ello, las actuaciones y omisiones

que pongan en riesgo la causa de acción de los clientes

configuran

In

re

una

Meléndez

infracción

Mulero,

supra,

patente

del Canon 12.

pág.

In

551;

Santiago, 203 DPR 1015, 1026-1027 (2020).

re

López

Este es un deber

ineludible que los abogados deben cumplir con gran recelo.

In re Maldonado Maldonado, 197 DPR 802, 812 (2017).

3. Canon 38 (Preservación del honor y dignidad de la

profesión)

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, C. 38, instituye el deber de todo abogado de exaltar

CP-2017-1

18

el honor y la dignidad de su profesión, y de evitar hasta

la apariencia de conducta profesional impropia.

Esto

significa

debe

que

todo

profesional

del

Derecho

desempeñarse de forma escrupulosa y guiado por un alto

sentido de responsabilidad, teniendo siempre presente la

función social que ejerce y la institución que representa.

In re Cardona Estelritz, supra; In re Sánchez Pérez, supra,

pág. 264; In re Rádinson Pérez et al., 204 DPR 522, 542

(2020); In re Rivera Rodríguez, 202 DPR 1026, 1053 (2019).

En conformidad con lo anterior, cada abogado debe ser

consciente de que es un espejo en el cual se refleja la

imagen de la profesión legal.

140, 148 (2014).

In re Sierra Arce, 192 DPR

Así, el abogado es la imagen misma de

todo el andamiaje judicial y del valor de la justicia.

In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 666 (2015).

Además, el Canon 38 del Código de Ética Profesional,

supra, ordena, incluso, evitar la apariencia de conducta

impropia. Sobre este deber, hemos enfatizado en que la

confianza, el respeto y la imagen que la sociedad deposita

en cada uno de los abogados, en la profesión y en la

institución de la justicia desmerece cuando la actuación

del

abogado

representa

incorrección.

In

re

Irizarry

Rodríguez, supra, pág. 666.

III

Luego de evaluar la normativa aplicable, así como el

expediente

del

caso

Comisionado

Especial

y

el

-con

Informe

presentado

por

el

el

coincidimos

en

su

que

CP-2017-1

19

totalidad-, surgen fundamentos suficientes para llegar a

la conclusión de que el abogado actuó en contravención de

los Cánones 9, 12 y 38 del Código de Ética Profesional,

supra.

En

síntesis,

el

licenciado

Soto

Peña

incumplió

en

reiteradas ocasiones con las órdenes emitidas por el foro

de instancia en el Caso Civil Núm. CDP-2012-0078, así como

con el pago de las sanciones económicas impuestas y la

cancelación de los aranceles de suspensión adeudados, todo

para un total de $640.

Específicamente, según reseñado en

el Informe de la Oficina de la Procuradora General y

reiterado

en

el

Informe

del

Comisionado

Especial,

el

abogado no cumplió con la Orden emitida por el tribunal de

instancia el 8 de mayo de 2012 sobre el diligenciamiento

de los emplazamientos en el Caso Civil Núm. CDP-2012-0078;

no asistió a las vistas pautadas para el 16 de enero

de 2013 y el 20 de febrero de 2013; no presentó escrito

alguno para excusar su incomparecencia en ambas fechas, y

no cumplió con las órdenes emitidas por el foro de instancia

relacionadas con el pago de las sanciones impuestas y los

aranceles adeudados.

De igual forma, en el proceso disciplinario ante este

Tribunal

el

licenciado

Soto

Peña

no

compareció

en

el

término provisto mediante Resolución del 31 de agosto

de 2015 para que se expresara sobre el Informe de la Oficina

de la Procuradora General, a pesar de que le apercibimos

que si no comparecía en dicho término entenderíamos que se

CP-2017-1

20

allanaba a las recomendaciones formuladas en el mencionado

Informe.

También, luego de que se reactivara la Querella

de epígrafe en diciembre de 2019,14 el 19 de mayo de 2021

le concedimos un término al abogado para que contestara la

misma, pero éste no compareció ante este Tribunal, a pesar

de que le apercibimos que si no comparecía en el término

provisto se entendería que se allanaba a lo planteado por

la Oficina del Procurador General.

Asimismo, en el proceso ante el Comisionado Especial,

el licenciado Soto Peña también incumplió con la Orden del

28 de febrero de 2022 para que proveyera una lista de la

prueba que le interesaba presentar en la vista en su fondo.

Más adelante, el 31 de marzo de 2022, el Comisionado

Especial le concedió al abogado un término final para que

cumpliera con lo ordenado el 28 de febrero de 2022 y

presentara su contestación a la Querella, pero nuevamente

el licenciado Soto Peña incumplió.

Nos resulta claro que la conducta exhibida por el

abogado constituye descuido e indiferencia ante las órdenes

de los foros judiciales y, además, refleja una patente

falta de interés en respetar y cumplir los postulados

éticos que rigen el ejercicio de la abogacía.

Esto debido

a que, a pesar de haber sido sancionado económicamente y

14

La Querella fue archivada administrativamente debido a la

suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y la

notaría del abogado mediante Opinión Per Curiam del 27 de febrero

de 2017.

CP-2017-1

21

apercibido de las consecuencias que podría conllevar su

reiterado incumplimiento, el licenciado Soto Peña continuó

con su desatención a las órdenes del foro de instancia.

Además, en el proceso disciplinario, el abogado continuó

con su patrón de incumplimiento, esto ante las órdenes

emitidas por el Comisionado Especial y este Tribunal.

También, el descuido y la desatención del licenciado

Soto Peña con relación al caso de su cliente (Caso Civil

Núm. CDP-2012-0078) y a las órdenes del foro de instancia

provocó

dilaciones

innecesarias

mencionado pleito.

diligencia

en

encomendada.

la

en

el

trámite

del

Esto demuestra una clara falta de

tramitación

de

la

causa

que

le

fue

Precisamente este tipo de conducta impropia

es contraria al deber de exaltar el honor y la dignidad de

la profesión legal.

Así pues, concluimos que quedó demostrado, con prueba

clara, robusta y convincente, que el licenciado Soto Peña

infringió los Cánones 9, 12 y 38 del Código de Ética

Profesional, supra, por lo que las determinaciones del

Comisionado Especial merecen nuestra entera deferencia.

IV

Corresponde que determinemos la sanción disciplinaria

a imponerle al abogado por su conducta antiética.

Al

momento

los

de

fijar

la

misma,

procede

que

evaluemos

factores siguientes: (1) la reputación del abogado en la

comunidad;

(2)

su

historial

disciplinario;

(3)

si

la

conducta es una aislada; (4) si medió ánimo de lucro;

CP-2017-1

22

(5) si presentó una defensa frívola de su conducta; (6) si

ocasionó perjuicio a alguna parte; (7) si resarció al

cliente;

(8)

si

demostró

aceptación

o

arrepentimiento

sincero por la conducta que le fue imputada, y (9) otros

atenuantes

o

agravantes

que

surjan

de

los

hechos.

In re Rivera Justiniano, supra; In re Ocasio Bravo, 209

DPR 1043, 1060-1061 (2022); In re Vélez Torres, 209 DPR

848, 873 (2022).

En

la

evaluación

de

la

sanción

a

aplicarse,

consideramos como factores atenuantes que no hubo ánimo de

lucro y que el licenciado Soto Peña -ante el Comisionado

Especial- aceptó los hechos, manifestó que éstos fueron en

violación al Código de Ética Profesional y se allanó a la

prueba.

Entre los factores agravantes, evidentemente la

conducta

antiética

innecesarias

Asimismo,

en

el

tomamos

en

cuestión

trámite

en

y

cuenta

la

ocasionó

dilaciones

solución

que,

del

pleito.

mediante

Opinión

Per Curiam emitida el 27 de febrero de 2017, este Tribunal

suspendió de forma inmediata e indefinida de la práctica

de

la

abogacía

y

la

notaría

al

abogado

debido

a

su

incumplimiento con las órdenes de este Foro y con los

requisitos de educación jurídica continua. Además, mediante

Resolución

del

enérgicamente

al

4

de

diciembre

licenciado

Soto

de

2020,

Peña

en

censuramos

la

Queja

AB-2018-118, le apercibimos que en el futuro debía ser más

cuidadoso en el cumplimiento de sus deberes éticos, so pena

de sanciones ulteriores, y ordenamos el archivo del asunto.

CP-2017-1

Así

23

pues,

luego

de

evaluar

la

totalidad

de

las

circunstancias, principalmente el hecho de que el abogado

fue suspendido previamente del ejercicio de la abogacía y

censurado enérgicamente respecto a otra Queja, así como la

seriedad de la conducta demostrada en el presente caso, en

virtud

de

nuestro

profesión

legal,

inmediata

e

poder

inherente

procede

indefinida

que

del

de

reglamentar

decretemos

licenciado

la

la

suspensión

Soto

Peña

del

ejercicio de la abogacía.

V

Por los fundamentos antes expuestos, suspendemos de

forma inmediata e indefinida al Lcdo. José A. Soto Peña

del ejercicio de la abogacía.

En consecuencia, el señor Soto Peña deberá notificar

inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad

para continuar representándoles. Asimismo, deberá devolver

a sus clientes los expedientes de los casos pendientes,

así

como

los

honorarios

recibidos

por

trabajos

no

realizados. De igual manera, deberá informar inmediatamente

de su suspensión a cualquier foro judicial y administrativo

en los que tenga algún asunto pendiente y acreditar a este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior, incluyendo una

lista de los clientes y los foros a quienes les notificó

de su suspensión, dentro del término de treinta (30) días,

contado

a

partir

de

Per Curiam y Sentencia.

la

notificación

de

esta

Opinión

No hacerlo pudiera conllevar que

CP-2017-1

24

no se le reinstale a la práctica de la profesión legal, de

solicitarlo en el futuro.

Se dictará Sentencia en conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

José A. Soto Peña

Conducta

Profesional

CP-2017-1

(TS-12,878)

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 12 de marzo de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte

íntegra

de

la

presente

Sentencia,

suspendemos de forma inmediata e indefinida al

Lcdo. José A. Soto Peña del ejercicio de la

abogacía.

En consecuencia, el señor Soto Peña deberá

notificar inmediatamente a todos sus clientes

sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándoles. Asimismo, deberá devolver a sus

clientes los expedientes de los casos pendientes,

así como los honorarios recibidos por trabajos no

realizados.

De igual forma, deberá informar

inmediatamente de su suspensión a cualquier foro

judicial y administrativo en los que tenga algún

asunto pendiente y acreditar a este Tribunal el

cumplimiento con lo anterior, incluyendo una lista

de los clientes y los foros a quienes le notificó

de su suspensión, dentro del término de treinta

(30) días, contado a partir de la notificación de

la Opinión Per Curiam y Sentencia.

No hacerlo

pudiera conllevar que no se le reinstale a la

práctica de la profesión legal de solicitarlo en

el futuro.

Notifíquese

electrónico.

personalmente

y

por

correo

CP-2017-1

2

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres

emitió una Opinión de Conformidad.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

José A. Soto Peña

(TS-12,878)

CP-2017-1

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2024.

Estoy

conforme

con

la

determinación

del

Tribunal. El Sr. José A. Soto Peña se apartó de los

principios éticos que rigen la profesión legal y

procede suspenderlo indefinidamente del ejercicio de

la abogacía, como lo hicimos en 2017. Ahora bien, la

coyuntura de este caso comprueba un planteamiento que

he reiterado consistentemente: la reinstalación de

abogados

suspendidos

indefinidamente

sin

antes

dilucidar los asuntos disciplinarios pendientes en

su expediente atenta contra el interés público. El

Tribunal debe estar en posición de evaluar todos los

elementos que puedan afectar la aptitud de un abogado

para reinsertarse a la práctica de la profesión.

CP-2017-1

2

I

El 27 de febrero de 2017, suspendimos al señor Soto

Peña del ejercicio de la abogacía por exhibir un patrón

reiterado de incumplimiento con los requerimientos de esta

Curia y del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC).

In re Ruidiaz Rodríguez, 2017 TSPR 44. Como consecuencia,

ordenamos el archivo de dos quejas éticas pendientes.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 2019, la Mayoría del

Tribunal proveyó ha lugar a la petición de reinstalación

del señor Soto Peña y ordenó la reactivación de las quejas

pendientes en su expediente. En ese momento, disentí e hice

constar que, en protección del interés público, hubiese

ordenado la reactivación y dilucidación de las quejas AB2014-90 y AB-2018-118 antes de considerar la solicitud de

reinstalación.

En esta ocasión, nos toca suspender al señor Soto Peña

porque en el trámite de uno de estos asuntos disciplinarios

pendientes, tras ser reinstalado, incurrió en el mismo

patrón de desobediencia que motivó su suspensión indefinida

en el año 2017. Precisamente vislumbrando este escenario,

en el pasado cuestioné: “¿Qué nos dice que [el abogado]

que nos vimos obligados a suspender por no cumplir con las

órdenes de este Tribunal cumplirá con los procedimientos

de las dos quejas pendientes?” In re García Cabrera, 2021

TSPR 115. Hoy mi pregunta no es simple retórica.

CP-2017-1

3

Definitivamente, no protege el interés público que

reinstalemos

estar

en

abogados

posición

suspendidos

de

escudriñar

indefinidamente

sin

su

para

idoneidad

reincorporarse a la profesión. En el momento en que un

abogado toca las puertas del Tribunal para que se le

reinstale, tiene que someterse a su jurisdicción y cumplir

las condiciones que se le impongan para salvaguardar el

bienestar público. No hay razón para ser más lenientes con

un letrado que faltó a su juramento profesional, que lo

que somos con aquel que solicita admisión por primera vez.

En

ese

contexto,

es

mi

criterio

que

los

togados

suspendidos indefinidamente del ejercicio de la abogacía,

como el señor Soto Peña, se encuentran en la misma posición

que los aspirantes que aprobaron la reválida general y se

aprestan a juramentar. En el caso de los candidatos a

ejercer

la

inherente

profesión,

para

imponer

nadie

cuestiona

condiciones

que

nuestro

nos

poder

permitan

comprobar que están aptos y que gozan de buena reputación.

La vara no puede ser más baja a la hora de evaluar al

abogado que tuvo que ser suspendido indefinidamente por

quebrantar los principios éticos que venía obligado a

acatar.

Lo que propongo es incluso más laxo que el proceso

que

contemplan

Association

las

(ABA)

Reglas

para

la

Modelo

de

la

reinstalación

American

de

Bar

letrados

desaforados (disbarred). Nótese que la Regla Modelo 25 de

la ABA dispone que, entre otras cosas, el solicitante debe

CP-2017-1

4

volver a aprobar el examen de reválida y demostrar que no

ha

incurrido

competencia,

en

más

faltas

honestidad

e

éticas

integridad

y

que

para

posee

la

ejercer

el

Derecho. Véase, ABA Model Rules for Lawyer Disciplinary

Enforcement, R. 25(E) (1989).

En lo que respecta a mi postura, estimo que una

persona que solicite reinstalación tras una suspensión

indefinida deberá contestar toda queja que pese en su

contra y someterse al proceso investigativo o adjudicativo

correspondiente. Una vez se dilucide todo asunto ético

podremos

responsablemente

reinstalación

abogado

se

a

la

niega

considerar

profesión

a

someterse

legal.

a

la

si

En

procede

cambio,

si

jurisdicción

su

el

del

Tribunal, su solicitud debe ser denegada. De lo contrario,

nos seguiremos exponiendo a reinstalar letrados para tener

que suspenderlos nuevamente, como ocurrió aquí con el señor

Soto Peña. No debemos perpetuar esa futilidad. Huelga

recalcar los efectos nefastos que este proceder acarrea

para los clientes que contratan los servicios del abogado

durante ese intervalo.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado