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Tribunal Supremo de Puerto Rico

R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico

2024 TSPR 24

Poder Judicial de Puerto Rico

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R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico

CC-2023-0200

13 de marzo de 2024 · Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez · Derecho Administrativo – La adopción de una regla legislativa por parte de una agencia administrativa debe cumplir con el procedimiento de reglamentación dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme; jurisdicción de la Junta Revisora sobre las revisiones administrativas que se presentan ante sí.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

R&B Power, Inc.

Peticionaria

v.

Junta de Subastas de la

Administración de Servicios Generales

de Puerto Rico

Certiorari

2024 TSPR 24

213 DPR ___

Recurrida

Número del Caso:

Fecha:

CC-2023-0200

13 de marzo de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel IX

Abogados de la parte peticionaria:

Lcda. Yesenia Medina Torres

Lcdo. Tomás E. Correa Acevedo

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. José L. Marrero Hernández

Lcdo. Raúl Madera Toro

Materia:

Derecho administrativo - La adopción de una regla

legislativa por parte de una agencia administrativa debe cumplir con

el procedimiento de reglamentación dispuesto en la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme; jurisdicción de la Junta

Revisora sobre las revisiones administrativas que se presentan ante

sí.

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

R&B Power, Inc.

Peticionaria

Certiorari

CC-2023-0200

v.

Junta de Subastas de la

Administración de Servicios

Generales de Puerto Rico

Recurrida

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la Opinión del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

¿Puede una agencia administrativa aplicar una

disposición ─contenida en una carta circular─ que es,

a todas luces, una regla legislativa, pero que, para

su

adopción,

no

atravesó

el

procedimiento

de

reglamentación dispuesto en la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(LPAU), infra? La respuesta forzosa es que no.

Por otro lado, debemos resolver también si la

Junta Revisora de Subastas de la Administración de

Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico (Junta

Revisora) actúa con jurisdicción sobre una revisión

administrativa que se insta ante sí, aun cuando la

resuelve fuera del término original con el que contaba

CC-2023-0200

2

para ello. Resolvemos en la afirmativa, siempre y cuando

emita su determinación antes de que transcurra el término

para acudir en revisión al Tribunal de Apelaciones y de que

se presente un recurso ante ese foro.

Este caso nos brinda la oportunidad de reiterar la

doctrina

firmemente

Administrativo

de

establecida

que,

siempre

en

nuestro

que

una

Derecho

agencia

administrativa pretenda adoptar una norma que constituya una

regla

legislativa,

debe

cumplir

estrictamente

con

el

procedimiento de reglamentación dispuesto en la LPAU. A su

vez, extendemos la doctrina de Flores Concepción v. Taíno

Motors, infra, a los procesos de la Junta Revisora sobre las

revisiones administrativas que se presentan ante sí.

Veamos el trasfondo fáctico de la controversia que nos

ocupa.

I

El 19 de julio de 2022 la Junta de Subastas de la

Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto

Rico (Junta de Subastas) publicó una invitación y emitió el

pliego para participar de la Subasta Formal 23J-00121,1 para

la adquisición de excavadoras compactas para el Departamento

de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y otras entidades

gubernamentales.2 El Pliego de Subasta Formal Núm. 23J-00121

(Pliego de Subasta) contenía las instrucciones, formularios,

Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 26-27.

Previamente se había celebrado la Subasta Núm. 22J-01768-R1, para la

adquisición de estos mismos equipos, pero dicha adjudicación fue revocada

por la Junta Revisora y se determinó devolver el caso a la Junta de

Subastas para la celebración de una subasta nueva.

1

2

CC-2023-0200

3

requisitos, especificaciones, términos y condiciones con los

cuales tenían que cumplir los licitadores al presentar sus

propuestas.3 La reunión pre-subasta se celebró el 1 de agosto

de 2022, donde se discutieron las especificaciones de los

equipos, según detallados en la Especificación Núm. UEA-22205,4 del Pliego de Subasta.

Aunque la Junta de Subastas estableció la fecha de 2 de

agosto de 2022 como fecha límite para que los licitadores

sometieran preguntas, el 5 de agosto de 2022 notificó la

Enmienda Núm. 1, la cual contenía una Especificación nueva,

la Núm. UEA-23-018.5 Mediante esta, la Junta de Subastas

modificó las especificaciones del equipo solicitado a los

efectos de aumentar los caballos de fuerza de las excavadoras

compactas de treinta nueve caballos de fuerza (39hp) a

cuarenta y ocho caballos de fuerza (48hp).6

Así las cosas, el 15 de agosto de 2022 se celebró el

acto de apertura de la subasta y solo se recibieron ofertas

por parte de R&B Power, Inc. (R&B Power) y González Trading.

Luego, el 31 de agosto de 2022 la Junta de Subastas notificó

una Resolución de rechazo global, en la que determinó que

R&B

Power

y

González

Trading

incumplieron

con

la

Especificación Núm. UEA-23-018.7 La Junta de Subastas indicó

que R&B Power no cumplió con los requisitos de caballos de

Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 28-62.

En esta especificación, se consignó que la excavadora compacta debía

tener un motor no menor de treinta y nueve caballos de fuerza (39hp).

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 59.

5 Íd., págs. 100-101.

6 Íd.

7 Íd., págs. 266-271.

3

4

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4

fuerza, ya que el equipo ofrecido contaba con cuarenta y

siete punto seis (47.6hp) y el mínimo solicitado era de

cuarenta y ocho (48hp). En cuanto a González Trading, la

Junta de Subastas precisó que no satisfizo el requisito de

garantía que se especificó. De este modo, determinó no

adjudicar la subasta. Además, y en lo pertinente, la Sección

IV de la Resolución de rechazo global, sobre Disponibilidad

y Plazo para Solicitar Revisión, consignó lo siguiente:

De conformidad con la Ley [Núm.] 73-2019, según

enmendada,

conocida

como

[la]

Ley

de

la

Administración de Servicios Generales para la

Centralización de las Compras del Gobierno de

Puerto Rico de 2019, así como con lo dispuesto en

la Ley [Núm.] 38-2017, según enmendada, conocida

como [la] Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, una parte

adversamente afectada por esta adjudicación

podrá[,] dentro del término de veinte (20) días

calendario, contados a partir del depósito en el

correo federal o envío por correo electrónico de

la notificación de esta adjudicación[,] presentar

una solicitud de revisión ante la Junta Revisora

de la Administración de Servicios Generales. La

parte afectada deberá cubrir los costos dispuestos

en la Carta Circular ASG Núm. 2021-06. (Negrilla

suplida).8

En desacuerdo, el 20 de septiembre de 2022 R&B Power

presentó una Solicitud de revisión de la Subasta Formal Núm.

23J-00121 ante la Junta Revisora.9 Alegó que la Junta de

Subastas actuó de forma irrazonable y arbitraria al enmendar

las especificaciones del equipo solicitado con posterioridad

a la reunión pre-subasta y luego de transcurrida la fecha

límite

8

9

para

que

Íd., pág. 269.

Íd., págs. 1-14.

los

licitadores

sometieran

preguntas.

CC-2023-0200

5

Sostuvo que la Junta de Subastas no justificó la enmienda ni

acreditó

que

el

DTOP

solicitara

el

cambio

en

las

especificaciones. Añadió que la diferencia mínima de la

oferta en términos de caballos de fuerza debía considerarse

como

una

“desviación

permisible”

de

conformidad

con

la

Sección 7.3.17, inciso 11, del Reglamento de Subastas y que,

además, el DTOP expresó que la propuesta de R&B Power cumplía

con las especificaciones solicitadas, era la más económica

y con mayor garantía.

El término de treinta (30) días para que la Junta

Revisora considerara la Solicitud de revisión de la Subasta

Formal Núm. 23J-00121 o que notificara una extensión del

plazo a tales fines venció el 20 de octubre de 2022, sin que

emitiera

determinación

alguna.10

Sin

embargo,

el

24

de

octubre de 2022, ya vencido dicho término, la Junta Revisora

notificó una Resolución en la que extendió el término para

resolver.11

Así pues, el 8 de noviembre de 2022 la Junta Revisora

notificó una Resolución en la que desestimó la Solicitud de

revisión de la Subasta Formal Núm. 23J-00121.12 Determinó que

R&B Power no perfeccionó su solicitud, pues no pagó el

arancel correspondiente a la presentación de una solicitud

Conforme con el Artículo 66 de la Ley Núm. 73-2019, Ley de la

Administración de Servicios Generales para la Centralización de las

Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, 3 LPRA sec. 9831 et seq.,

“[l]a Junta Revisora deberá considerar la revisión administrativa,

dentro de los treinta (30) días de haberse presentado. La Junta Revisora

podrá extender dicho término una sola vez, por un término adicional de

quince (15) días calendario”.

11 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 284-285. En particular,

extendió el término a quince (15) días adicionales.

12 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 286-290.

10

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6

de revisión, según establece la Carta Circular ASG Núm. 202106 (Carta Circular).13

Inconforme, el 9 de noviembre de 2022 R&B Power instó

un Recurso de revisión de rechazo global de subasta ante el

Tribunal

de

Apelaciones.14

En

este,

además

de

repetir

esencialmente los argumentos que esbozó en el escrito de

revisión

ante

la

Junta

Revisora,

arguyó

que

la

Carta

Circular, en la que se dispuso la tarifa para la presentación

de

impugnaciones

ante

la

Junta

Revisora,

era

nula

por

incumplir con los requisitos establecidos en la Ley Núm. 382017,

Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme

del

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9601 et seq.,

para la adopción de reglamentos legislativos. Sostuvo que la

mencionada Carta Circular contenía reglas que creaban y

afectaban derechos, imponían obligaciones y establecían un

patrón

de

conducta

que

tenía

fuerza

de

ley

y

era

de

aplicación general a todos los que solicitaran servicios a

la Administración de Servicios Generales del Gobierno de

Puerto Rico (ASG).

Por

su

parte,

la

ASG

presentó

una

Moción

de

desestimación y escrito en cumplimiento de orden.15 Expuso

que el recurso de revisión de R&B Power se debía desestimar

por falta de jurisdicción por no haberse perfeccionado la

Véase: Carta Circular ASG Núm. 2021-06, Apéndice de la Petición de

certiorari, págs. 291-295.

14 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 296-316.

15 Íd., págs. 321-333.

13

CC-2023-0200

solicitud

de

7

revisión

ante

la

Junta

Revisora,

al

no

sufragarse los aranceles dispuestos en la Carta Circular.

En respuesta, R&B Power instó una Oposición a moción de

desestimación.16

Sostuvo

que

la

Carta

Circular

estaba

dirigida a las agencias a las que la ASG prestaba servicios;

que la ASG incumplió con el procedimiento de reglamentación

que establece la LPAU, y que la alegada falta de jurisdicción

se notificó después de transcurrido el término que tenía la

Junta Revisora para adjudicar la solicitud de revisión.

Ulteriormente, el 8 de febrero de 2023 el Tribunal de

Apelaciones emitió una Sentencia mediante la cual desestimó

el

recurso

de

R&B

Power.17

Concluyó

que

procedía

la

desestimación debido a que la solicitud de revisión que se

instó ante la Junta Revisora no se perfeccionó ante el impago

de los aranceles. Señaló que R&B Power no podía asumir que

la advertencia contenida en la Resolución de rechazo global

sobre los costos establecidos en la Carta Circular no le era

de aplicación. Oportunamente, el 23 de febrero de 2023 R&B

Power solicitó reconsideración, pero esta se declaró no ha

lugar mediante una Resolución que se notificó el 28 de

febrero de 2023.

Aún en desacuerdo, el 30 de marzo de 2023 R&B Power

presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal en el

que señaló los errores siguientes:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL

NO DETERMINAR QUE LA JUNTA REVISORA DE ASG CARECÍA

16

17

Íd., págs. 335-339.

Íd., págs. 347-367.

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8

DE JURISDICCIÓN PARA DESESTIMAR EL RECURSO DE

REVISIÓN DE R&B [POWER] POR HABER TRANSCURRIDO EL

TÉRMINO FATAL PARA QUE ESTA [LO] ADJUDICARA […] O

NOTIFICARA EXTENSIÓN DE DICHO TÉRMINO.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL

NO DETERMINAR QUE LA ASG NO PUEDE IMPONER EL CARGO

DE ARANCELES A ESCRITOS DE REVISIÓN MEDIANTE UNA

CARTA CIRCULAR PORQUE LA LEY REQUIERE QUE SEA A

TRAVÉS DE UN REGLAMENTO.

En su comparecencia ─la cual solicitó que acogiéramos

como su alegato y así lo concedimos─, R&B Power enuncia, al

elaborar sobre su primer señalamiento de error, que la

agencia

administrativa

concernida

“no

solo

carecía

de

jurisdicción para desestimar […] [la solicitud de revisión]

ya que notificó su resolución luego del término fatal y

jurisdiccional que tiene para decidir, sino que también

estaba impedida de imponer un cargo de aranceles a escritos

de revisión mediante la Carta Circular porque la ley requiere

que

sea

a

través

planteamiento,

de

alude

un

reglamento”.18

tanto

a

los

En

apoyo

estatutos

a

su

como

al

reglamento que rigen las operaciones de la Junta Revisora,

los cuales disponen un término máximo para que esta considere

una solicitud de revisión.

En cuanto a su segundo señalamiento de error, expone

que, al examinar la Carta Circular en cuestión, surge que

“solo va dirigida y afecta a las entidades gubernamentales,

entidades exentas y municipios que soliciten los servicios

de

18

19

la

ASG”.19

“De

esta

forma,

Petición de certiorari, pág. 1.

Íd., pág. 11.

no

constituye

una

regla

CC-2023-0200

9

legislativa porque ni aplica al público en general ni altera

los derechos ni las obligaciones de los individuos”.20 En

consecuencia, R&B Power razona que “la imposición de[l] pago

de aranceles dispuesto en dicha Carta Circular no le sería

aplicable […]”.21

En

la

alternativa,

R&B

Power

plantea

que,

de

considerarse que la Carta Circular es una regla legislativa,

porque ─en lo atinente a la imposición de aranceles para la

presentación de recursos de revisión ante la Junta Revisora─

afecta y obliga al público en general, “inexorablemente

[este Tribunal] tiene que resolver que […] [esta] es ultra

vires porque no se promulgó conforme a la LPAU”.22 Así, “no

es suficiente que la ASG tenga facultad en ley para imponer

el cobro de tarifas por los servicios que presta ─lo que no

está en controversia─[,] [sino] que para poder reconocerle

fuerza de ley a la Carta Circular y que aplicara al público

en general, la ASG tenía que cumplir con los requisitos

ineludibles [del proceso de reglamentación]”.23 Por tanto,

R&B Power nos solicita que revoquemos la Sentencia del

Íd.

Íd.

22 Íd.

23 Íd. R&B Power finaliza su argumentación de la forma siguiente:

20

21

En vista de los fundamentos anteriores, ASG estaba

impedida de exigir el pago de aranceles al público en general

por la presentación de un recurso de revisión, mucho menos

desestimar un recurso de revisión alegando falta de

jurisdicción por la falta de pago de dicho arancel. ASG

pretende implementar una regla legislativa que afecta

derechos de terceros a través de la Carta Circular [Núm.]

2021-06 sin haber cumplido con los requisitos de la LPAU.

De esta forma dicha carta circular es nula de su faz.

(Negrilla suplida). Íd., pág. 12.

CC-2023-0200

10

Tribunal de Apelaciones, que se amparó en su falta de

jurisdicción sobre el asunto, y devolvamos el caso para que

se atienda en los méritos.

Por su parte, la ASG argumenta en su alegato que, en

cuanto al primer error que R&B Power señala, “es un principio

reiterado

por

[este

Tribunal]

que

una

agencia

tiene

jurisdicción aún después del término establecido[,] siempre

y cuando no hubiese transcurrido el término para revisión

ante el Tribunal de Apelaciones ni se hubiese presentado un

recurso ante dicho foro”.24 A tal efecto, cimienta su postura

en lo que se resolvió en Flores Concepción v. Taíno Motors,

infra.

En lo que respecta al segundo error que se consignó en

la petición de certiorari ante nos, la ASG asevera que R&B

Power debió impugnar de su faz la Carta Circular al amparo

de la Sección 2.7 de la LPAU, supra, a los 30 días de esta

haberse publicado,25 por medio de un recurso de revisión

judicial ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, añade

que, como el referido término venció, R&B Power perdió la

oportunidad para ello.

En la alternativa, apuntala que, si R&B Power hubiese

deseado impugnar en su aplicación la Carta Circular, pudo

haberlo hecho ante la ASG o recurrir al Tribunal de Primera

Alegato de la Administración de Servicios Generales, págs. 5-6.

Según la ASG, la Carta Circular se promulgó el 16 de marzo de 2021.

Íd., pág. 8. Véase también: Carta Circular ASG Núm. 2021-06, Apéndice

de la Petición de certiorari, págs. 291-295.

24

25

CC-2023-0200

11

Instancia, pero no lo hizo, toda vez que reprodujo este

argumento por primera vez ante el Tribunal de Apelaciones.

Asimismo, la ASG reitera el argumento jurisdiccional en

el que se basó el foro apelativo intermedio para resolver.

Expone

que

la

Junta

Revisora

desestimó

por

falta

de

jurisdicción la solicitud de revisión de R&B Power por no

haberse perfeccionado y que, dado esto, “no existe una

determinación que pueda ser revisada de conformidad con la

normativa aplicable […]”.26 Según la ASG, esto priva de

jurisdicción a este Tribunal, habida cuenta de que el recurso

que serviría de embocadura a la revisión judicial se instó

de manera defectuosa ante el impago de los aranceles.

Contando

con

la

comparecencia

de

las

partes,

resolvemos.

II

A. La jurisdicción

Como es conocido, la jurisdicción es el poder o la

autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir

casos o controversias que tiene ante sí. Pueblo v. Torres

Medina, 211 DPR 950 (2023); Cobra Acquisitions, LLC v. Mun.

de Yabucoa, 210 DPR 384, 394 (2022); Pueblo v. Rivera Ortiz,

209 DPR 402, 414 (2022). “Para adjudicar un caso, el tribunal

debe tener tanto jurisdicción sobre la materia como sobre

las

partes

litigiosas”.

(Citas

omitidas).

Cobra

Acquisitions, LLC v. Mun. de Yabucoa, supra, pág. 394. Por

26

Alegato de la Administración de Servicios Generales, págs. 5-6.

CC-2023-0200

12

tanto, “el primer factor a considerar en toda situación

jurídica que se presente ante un foro adjudicativo es el

aspecto jurisdiccional”. Torres Alvarado v. Maderas Atiles,

202 DPR 495, 500 (2019).

En

ese

sentido, los

tribunales

debemos

ser

celosos

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos

concernientes a la jurisdicción son privilegiados y deben

ser atendidos de forma preferente. Ruiz Camilo v. Trafon

Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018). Si un tribunal carece

de jurisdicción, solo resta así declararlo y desestimar la

reclamación

sin

entrar

en

los

méritos

de

la

controversia. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR

652, 660 (2014).

B. El Derecho Administrativo y la delegación de poderes a

las agencias administrativas

“Como es conocido, el Derecho Administrativo regula los

trámites,

los

poderes

y

las

responsabilidades

agencias

administrativas,

las

exigencias

efectuar

tales

y

acciones

los

de

las

legales

para

que

tienen

remedios

disponibles las partes afectadas por la actuación de una

agencia”. Autoridad de Carretera v. Programa de Solidaridad

UTIER, 210 DPR 897, 907 (2022) (citando a J. Echevarría

Vargas, Derecho administrativo puertorriqueño, 4ta ed. rev.,

San Juan, Ed. Situm, 2017, pág. 17). Como muy bien sugiere

esta definición, la médula de esta materia jurídica se basa

en el proceder de las agencias que están adscritas al Poder

Ejecutivo.

La

creación

de

estas

entidades

denominadas

CC-2023-0200

‘agencias

13

administrativas’

surgió

de

la

necesidad

de

“generar un conocimiento especializado para establecer la

forma y manera de atender las necesidades de una sociedad

cada día más amplia y más compleja”. J. Echevarría Vargas,

op. cit., pág. 3.

En

consonancia,

el

entendido

es

que

la

Asamblea

Legislativa prescribe una norma de carácter general y esta

es

complementada

administrativa,

legislación

por

la

intervención

que,

con

su

Íd.,

pág.

aprobada.27

de

expertise,

23.

Este

la

agencia

detalla

la

Tribunal

ha

aludido a la idoneidad de este diseño de modo que se propenda

a formular política pública de manera más efectiva:

[E]l mundo moderno se caracteriza por la gran

complejidad en las relaciones sociales y económicas de las

personas, conjuntamente con la progresiva supervisión

gubernativa sobre la conducta individual, y ello implica que

la

legislatura

está

imposibilitada

de

anticipar

legislativamente,

en

forma

detallada,

minuciosa

o

específica, la multiplicidad de situaciones que puedan

surgir de esas relaciones complejas, siendo suficiente el

que la ley en cuestión señale o establezca normas amplias y

generales que sirvan de guía o dirección a entidades

administrativas expertas, para que

[e]stas, con su

experiencia y conocimientos especiales, apliquen esas normas

concretamente a los hechos que puedan surgir y ultimen los

detalles que implementen la política general legislativa.

Hilton Hotels Int'l, Inc. v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR

670, 692–93 (1953).

Nuestro Derecho Administrativo se nutre, en gran medida, del

desarrollo de esa materia en Estados Unidos. Véase D. Fernández

Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme, Sec. 1.2, 3ra ed., Forum, 2013, pág. 11 (“El [D]erecho

[A]dministrativo puertorriqueño […] está moldeado a imagen y semejanza

del norteamericano”.). En cuanto al esquema que se deriva de aquí, véanse

diversos pronunciamientos que la Corte Suprema de Estados Unidos ha

realizado: United States v. Mead Corp., 533 U.S. 218, 226-227

(2001)(“Congress delegate[s] authority to the agency generally to make

rules carrying the force of law.”); Bowen v. Georgetown Univ. Hosp., 488

U.S. 204, 208 (1988) (“It is axiomatic that an administrative agency's

power to promulgate legislative regulations is limited to the authority

delegated by Congress.”); Morton v. Ruiz, 415 U.S. 199, 231 (1974) (“The

power of an administrative agency to administer a congressionally created

and funded program necessarily requires the formulation of policy and

the making of rules to fill any gap left, implicitly or explicitly, by

Congress.”).

27

CC-2023-0200

14

A tono con esto, es la Asamblea Legislativa el Poder

Constitucional llamado a darle vitalidad a este andamiaje.

En

ese

sentido,

Constitución

la

de

Sección

Puerto

16

Rico

del

Artículo

concede

a

III

la

de

la

Asamblea

Legislativa la facultad de crear, consolidar o reorganizar

departamentos ejecutivos y definir sus funciones. Art. III,

Sec.

16,

Const.

ELA,

LPRA,

Tomo

I.

De

esta

forma,

tradicionalmente, la Asamblea Legislativa ha delegado a las

agencias administrativas adscritas al Poder Ejecutivo una

serie de facultades, ya sea a través de la ley orgánica de

la agencia o a través de leyes especiales.

Fideicomiso de

Conservación de Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc. v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 211 DPR 521 (2023).

Véase, también, Sánchez v. Depto. Vivienda, 184 DPR 95, 120123 (2011).

“Dentro

de

ese

marco

de

delegación,

las

agencias

administrativas gozan de dos poderes esenciales: el poder de

reglamentar al ejercer funciones cuasi-legislativas y el

poder de adjudicar controversias al ejercer funciones cuasijudiciales

dentro

de

la

pericia

de

la

agencia”. Caribe

Comms., Inc. v. PRTC, 157 DPR 203, 211 (2002). Véase D.

Fernández

Quiñones, Derecho

Administrativo

y

Ley

de

Procedimiento Administrativo Uniforme, Sec. 2.1, 3ra ed.,

Forum, 2013, págs. 35-36.

“En este contexto, la Asamblea Legislativa tiene un rol

neurálgico, pues tiene la labor ingente de delinear los

contornos

del

ámbito

de

acción

de

las

agencias

CC-2023-0200

15

administrativas,

tanto

en

la

delegación

de

poder

de

reglamentar como de adjudicar”. Fideicomiso de Conservación

de Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc. v. Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, supra. A tal efecto, les corresponde

a los organismos administrativos adherirse estrictamente a

los

poderes

que

les

han

sido

delegados. Íd. Por

tanto,

cuando se delega una función específica a una agencia, esta

no puede excederse de los límites establecidos expresa o

implícitamente en la ley o por clara implicación de ésta.

Igualmente,

los

tribunales

no

podemos

expandir

el

ámbito de acción que estableció el legislador. Yiyi Motors,

Inc.

v.

ELA, 177

administrativas

DPR

deben

230,

247

ajustarse

(2009).

al

poder

Las

actuaciones

delegado

y

en

ausencia de un mandato legislativo expreso o implícito,

aquella actuación administrativa que no obedezca el poder

conferido sería una actuación ultra vires de la agencia y,

por ende, nula.

Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico

y Para la Naturaleza, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, supra. Véase, también, Raimundi v. Productora, 162 DPR

215, 228 (2004).

C. Procedimiento de reglamentación

En lo que atañe al poder de reglamentación conferido a

las agencias administrativas, según discute el tratadista

Demetrio

Fernández

Quiñones,

ello

se

refiere

a

que

la

Asamblea Legislativa les encomienda a estas la aprobación de

reglas y reglamentos. D. Fernández Quiñones, op. cit., pág.

CC-2023-0200

16

121. Véase: Sierra Club v. Junta De Planificación, 203 DPR

596, 605 (2019).

De este modo, la acción que estas llevan a cabo es de

carácter legislativo. “El procedimiento es un medio para

formular política pública. La finalidad primordial de la

aprobación de reglas y reglamentos es establecer normas

generales que resuelvan una multiplicidad de casos”. D.

Fernández Quiñones, op. cit., pág. 121.

Pertinente a lo que nos corresponde resolver en este

caso,

es

importante

destacar

que,

como

parte

de

esta

encomienda, los entes administrativos pueden formular reglas

no legislativas y reglas legislativas. Sierra Club v. Junta

De Planificación, supra, pág. 605. Dependiendo del tipo de

regla

es

el

procedimiento

que

ha

de

seguirse

para

su

aprobación, derogación o enmienda. Mun. de Toa Baja v. DRNA,

185 DPR 684, 696 (2012).

La Sec. 1.3(m) de la LPAU, supra, define una regla o

reglamento como:

[C]ualquier norma o conjunto de normas de una agencia

que sea de aplicación general que ejecute o interprete la

política pública o la ley, o que regule los requisitos de

los procedimientos o prácticas de una agencia que tenga

fuerza de ley. El término incluye la enmienda, revocación o

suspensión de una regla existente. Quedan excluidos de esta

definición:

(1) Reglas relacionadas con la administración interna

de la agencia o comunicaciones internas o entre agencias que

no afectan los derechos o los procedimientos o prácticas

disponibles para el público en general.

(2) Documentos guía según definidos en esta Ley.28

28

La LPAU define, en su Sec. 1.3(C), el documento guía:

Documento Guía — Significa un documento físico o electrónico

de aplicabilidad general desarrollado por una agencia, que

carece de fuerza de ley[,] pero expresa la interpretación

CC-2023-0200

17

(3) Órdenes de precios del Departamento de Asuntos del

Consumidor y otros decretos u órdenes similares que se emitan

o puedan emitir en el futuro por otras agencias, y que

meramente realizan una determinación de uno o varios

parámetros de reglamentación con base a un reglamento

previamente aprobado y que contiene las normas para su

expedición.

(4) Formas y sus instrucciones, siempre

constituyan documentos guía. 3 LPRA sec. 9603.

que

no

Estas excepciones al concepto de “regla o reglamento”

pueden clasificarse en tres grupos: (1) reglas procesales;

(2) declaraciones interpretativas; y (3) declaraciones de

política

general.

H.

Meléndez

Juarbe,

Derecho

Administrativo, 73 REV. JUR. UPR 509, 510 (2004). “En términos

[…]

generales

se

trata

de

cartas

circulares,

cartas

normativas, directrices, memorandos y demás documentos menos

formales que emiten las agencias para darle uniformidad a

sus

procedimientos

internos,

pautar

su

discreción

o

interpretar las leyes que administran”. (Negrilla suplida).

Íd., págs. 510-511. Véase, también, Mun. de Toa Baja v. DRNA,

supra, pág. 696; Tosado v. AEE, 165 D.P.R. 377, 390-392

(2005).

no

Se consideran reglas no legislativas “debido a que

tienen

reglamentos

la

fuerza

(reglas

de

ley

que

legislativas)

se

le

atribuye

propiamente

a

los

aprobados

mediante el procedimiento cuasi-legislativo de la LPAU”. H.

Meléndez Juarbe, op. cit., pág. 11.

de la agencia sobre alguna legislación, la política pública

de la agencia o que describe cómo y cuándo la agencia

ejercerá

sus

funciones

discrecionales.

Incluye

interpretaciones oficiales, según definidas en esta Ley.

Este término no incluye documentos que son reglamentos o

reglas según definidas en esta Ley. (Negrilla suplida). 3

LPRA sec. 9603.

CC-2023-0200

18

Como mencionamos, el elemento común de estas consiste

en

que

las

reglas

no

legislativas

constituyen

pronunciamientos administrativos que no alteran los derechos

ni las obligaciones de los individuos. Sierra Club v. Junta

de Planificación, supra, pág. 605.

La LPAU dispensa del

procedimiento formal de la reglamentación en esos casos.

En cambio, las denominadas reglas legislativas crean o

afectan

derechos,

patrón

de

obligaciones

que

fuerza

establecen

un

ley. Asociación

Maestros v. Comisión, 159 DPR 81, 93 (2003).

“De esta forma,

regla

que

tiene

y

de

cualquier

conducta

imponen

tenga

un

efecto

obligatorio

significativo en los derechos sustantivos de un individuo

constituye una regla legislativa”. Mun. de Toa Baja v. DRNA,

supra, pág. 697. Por ello, se ha expresado lo siguiente:

Debe señalarse que el principio cardinal que regula

las consecuencias legales de la reglamentación es que tiene

“fuerza y efecto de ley”. Equivale ello a decir que tiene

la misma fuerza que un estatuto y obliga también a las

agencias que no tienen discreción para repudiarla. Su

alcance prescribe patrones de conducta a los cuales se tienen

que conformar los afectados y cubiertos por ella. Puede el

infractor de esa regulación estar sujeto de consecuencias

penales.

En

términos

prácticos

un

ciudadano

puede

enfrentarse a tantas dificultades por violar una regla

sustantiva o legislativa de una agencia como por violar un

estatuto aprobado por la Asamblea Legislativa. D. Fernández

Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001,

págs. 124–125.

Lo anterior pone de relieve que las reglas legislativas

proveen a las partes afectadas una notificación previa sobre

qué conducta es permisible e impermisible. Debido a la

importancia que estas revisten, y el efecto que pueden

acarrear

para

el

público

en

general,

su

promulgación

CC-2023-0200

19

requiere el cumplimiento del procedimiento de reglamentación

establecido por la LPAU. Mun. de Toa Baja v. DRNA, supra,

págs. 697-698.

Este procedimiento de reglamentación para promulgar

reglas legislativas consiste en: (1) notificar al público la

reglamentación que ha de aprobarse; (2) proveer oportunidad

para la participación ciudadana, incluyendo vistas públicas

cuando

sea

necesario

reglamentación

ante

el

u

obligatorio;

Departamento

(3)

de

presentar

Estado

para

la

la

aprobación correspondiente, y (4) publicar la reglamentación

aprobada. 3 LPRA secs. 9611-9618.

“Todos [e]stos constituyen requisitos imprescindibles

y de ineludible cumplimiento”. Fideicomiso de Conservación

de Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc. v. Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, supra (citando a Mun. de Toa Baja

v. DRNA, supra, pág. 695). Además, “es indispensable para

poder reconocerle fuerza de ley a la regla promulgada, ya

que ello forma parte de las garantías procesales que permean

todo el estatuto”. Sierra Club v. Junta de Planificación,

supra, pág. 606. Véase, también, Centro Unido Detallistas

v. Com. Serv. Púb., 174 DPR 174, 183 (2008). “Si la regla o

reglamento no se conforma y ajusta a lo establecido [en la

LPAU], carecerá de fuerza de ley y estará sujeto a que se

cuestione

judicialmente. La

agencia

está

impedida

de

sustituir el procedimiento de la ley so pena de que se vicie

de

nulidad

la

reglamentación

adoptada”.

D.

Fernández

Quiñones, op. cit., pág. 138. Por tanto, será nulo todo

CC-2023-0200

20

reglamento que se adopte en violación a las disposiciones de

la LPAU.

Es meritorio indicar que la mera clasificación de un

reglamento como legislativo o interno no es determinante.

Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 622 (2010). “Para determinar

si una regla o un reglamento es legislativo o interno se

utiliza el examen del

‘impacto sustancial’

impact

reglamentación

test).

Si

la

(substancial

modifica

derechos

sustantivos o crea obligaciones, estamos ante un reglamento

legislativo”. Íd.

D. Ley de la Administración de Servicios Generales para la

Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto

Rico de 2019

La Ley Núm. 73-2019, mejor conocida como la Ley de la

Administración de Servicios Generales para la Centralización

de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, 3 LPRA

sec.

9831

et

seq.

(Ley

Núm.

73-2019),

es

el

estatuto

habilitador de la ASG. Esta “es la entidad gubernamental

responsable de implementar la política pública relativa a la

adquisición

de

bienes

y

servicios

no

profesionales

del

Gobierno de Puerto Rico”. Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 73-2019 (2019 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1248).

Mediante esta legislación se pretendía “adoptar un nuevo

modelo para la compra de bienes, obras y servicios por parte

del

gobierno,

enmarcado

dentro

de

los

principios

de

transparencia, uniformidad y sana competencia”. Íd., pág.

1251. De este modo, se consagró “[la] política pública del

Gobierno de Puerto Rico [sobre] la centralización de los

CC-2023-0200

procesos

de

21

compras

gubernamentales

de

bienes,

obras

y

servicios, en aras de lograr mayores ahorros fiscales en

beneficio del Pueblo de Puerto Rico”. Íd. Véase, también,

PVH Motor, LLC v. Junta de Subastas, 209 DPR 122, 132 (2022).

Es menester mencionar que, a base de la estructura que

se delineó, esta agencia administrativa estaría encabezada

por un Administrador o Administradora, quien a su vez sería

el o la Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto

Rico. 3 LPRA sec. 9832f. Entre las facultades y deberes que

la Ley Núm. 73-2019 le confirió a este(a) funcionario(a) se

encuentran:

.

.

.

.

.

.

.

.

b) establecer las normas y controles necesarios para el uso

y conservación de la propiedad pública bajo su custodia,

conforme a las disposiciones de ley o reglamentos

aplicables.

.

.

.

.

.

.

.

.

k) fijar y cobrar tarifas, derechos y otros cargos por

servicios de licitación y administración de contratos, entre

otros servicios prestados a entidades gubernamentales,

entidades exentas y municipios que soliciten los servicios

de la Administración;

l) imponer el cobro de una tarifa justa y razonable, por los

servicios que se brinden, incluyendo cargos por servicios

de administración de contratos, entre otros, a personas

privadas, naturales o jurídicas, a los fines de disponer de

recursos económicos que serán dirigidos exclusivamente a

sufragar los costos de implementación de procesos y/o

programas tecnológicos avanzados para llevar a cabo las

operaciones y funciones de la Administración.

.

.

.

.

.

.

.

.

Íd., sec. 9832f.

Al mismo tiempo, la Ley Núm. 73-2019 creó una Junta de

Subastas y una Junta Revisora de Subastas. 3 LPRA secs. 9836

& 9837. Mientras la primera “estará facultada para evaluar

y

adjudicar,

mediante

un

procedimiento

uniforme,

las

CC-2023-0200

22

subastas del Gobierno de Puerto Rico”, la segunda “estará

facultada

para

determinaciones

revisar

o

cualquier

adjudicaciones

impugnación

de

las

hechas

por

la

Administración Auxiliar del Área de Adquisiciones, por la

Junta

de

Subastas

de

la

Administración

de

Servicios

Generales del Gobierno de Puerto Rico o por las Juntas de

Subastas de las Entidades Exentas”. 3 LPRA secs. 9836 & 9837.

Debido a su relevancia, es necesario reseñar que el

Art. 62 de la Ley Núm. 73-2019, supra, dispone:

La Junta Revisora fijará, mediante reglamento, los cargos,

derechos o aranceles a ser satisfechos por: (a) la

presentación de recursos, según aplique; (b) las copias de

cualquier documento de carácter público que se le requieran;

y (c) cualquier otro trámite o servicio que preste a

solicitud del público en cumplimiento con las disposiciones

de esta Ley. (Énfasis y negrillas suplidos). 3 LPRA sec.

9837g.

E. Revisión ante la Junta Revisora de Subastas de la ASG

Por su parte, la Ley Núm. 73-2019, supra, instrumenta

un

mecanismo

de

revisión

de

decisiones

de

la

ASG.

En

particular, el Art. 64 establece: “La parte adversamente

afectada por una decisión de la Administración, de la Junta

de Subastas y/o de cualquier Junta de Subastas de Entidad

Exenta podrá, dentro del término de veinte (20) días […],

presentar una solicitud de revisión ante la Junta Revisora

de la Administración de Servicios Generales”. 3 LPRA sec.

9838a.

Incluso, el Art. 66 de este estatuto también implanta

unos términos de los que dispondrá la Junta Revisora para

considerar la solicitud de revisión administrativa aludida:

La Junta Revisora deberá considerar la revisión

administrativa, dentro de los treinta (30) días de haberse

presentado. La Junta Revisora podrá extender dicho término

CC-2023-0200

23

una sola vez, por un término adicional de quince (15) días

calendario.

.

.

.

.

.

.

.

.

Si se tomare alguna determinación en su consideración,

el término para instar el recurso de revisión judicial

empezará a contarse desde la fecha en que se depositó en el

correo federal o correo electrónico copia de la notificación

de la decisión de la Junta Revisora resolviendo la moción.

Si la Administración o la Junta Revisora dejare de

tomar alguna acción con relación a la solicitud de revisión

dentro del término correspondiente, según dispuesto en este

capítulo, se entenderá que ésta ha sido rechazada de plano,

y a partir de esa fecha comenzará a correr el término para

la revisión judicial.

El Tribunal de Apelaciones será el foro con

jurisdicción para revisar, mediante recurso de revisión

judicial,

las

determinaciones

administrativas

arriba

dispuestas. 3 LPRA sec. 9838c.29

Obsérvese que el lenguaje de esta disposición guarda

cierta similitud con el que preceptúa la Sec. 3.15 de la

LPAU, supra, la cual establece:

La parte adversamente afectada por una resolución u

orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte

(20) días desde la fecha de archivo en autos de la

notificación de la resolución u orden, presentar una moción

de reconsideración de la resolución u orden. La agencia

dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha

moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no

actuare dentro de los quince (15) días, el término para

solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que

se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos

quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna

determinación en su consideración, el término para solicitar

revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archive

en autos una copia de la notificación de la resolución de

la agencia resolviendo definitivamente la moción de

reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y

archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes

a la radicación de la moción de reconsideración. Si la

agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de

tornar alguna acción con relación a la moción dentro de los

noventa (90) días de ésta haber sido radicada, perderá

Esta disposición se reproduce prácticamente de manera textual en el

Art. 5.5 del Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras

y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales

del Gobierno de Puerto Rico (Reglamento), Reglamento Núm. 9230 de 18 de

noviembre de 2020. En lo pertinente, uno de los contrastes es que, al

final del primer párrafo del Art. 66 del estatuto, el Art. 5.5 del

Reglamento le añade: “En caso de que la Junta Revisora de Subastas

determine extender el término, deberá notificarlo a las partes, previo

al vencimiento del término original de treinta (30) días. De no hacerlo,

se entenderá que no se extendió el termino original para todos los fines

legales”. Íd.

29

CC-2023-0200

24

jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la

revisión judicial empezará a contarse a partir de la

expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que

la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90)

días, prorrogue el término para resolver por un período que

no excederá de treinta (30) días adicionales.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 LPRA sec. 9655.

En Flores Concepción v. Taíno Motors, Inc. y otros, 168

DPR 504 (2006), esta Curia tuvo la oportunidad de interpretar

la referida disposición de la LPAU.30 Esto ocurrió en el

contexto

de

un

procedimiento

adjudicativo

ante

el

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). En resumen,

DACo declaró con lugar una querella que se instó contra

Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. (Mitsubishi). Acto

seguido y, oportunamente, Mitsubishi presentó una moción de

reconsideración. A los dieciséis (16) días de presentarse

dicha

moción

DACo

la

acogió y

le

concedió

a

la

parte

querellante un término para que replicara.

No obstante, e insatisfecho con esta determinación,

Mitsubishi acudió —vía recurso de revisión administrativa—

ante el Tribunal de Apelaciones. Ulteriormente, el foro

apelativo

intermedio

desestimó

el

recurso

por

falta

de

jurisdicción al ser prematuro. Razonó que, si bien DACo

acogió

la

moción

de

reconsideración

fuera

del

término

dispuesto para ello, todavía retenía jurisdicción sobre el

asunto dado que, en el momento en que la agencia actuó sobre

Si bien la ley vigente en aquel momento era la Ley Núm. 170 de 12 de

agosto de 1988, mejor conocida como la Ley de Procedimiento

Administrativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el lenguaje de

la Sec. 3.15 que se interpretó en el caso es el mismo que actualmente

está vigente.

30

CC-2023-0200

25

la moción, no había transcurrido el término para recurrir en

revisión judicial ni Mitsubishi había presentado un recurso

a esos efectos.

Posteriormente, Mitsubishi recurrió a este Tribunal y

refrendamos el raciocinio del Tribunal de Apelaciones. Al

realizar un ejercicio hermenéutico de la Sec. 3.15 de la

LPAU ─y tomar como base las interpretaciones realizadas

sobre la figura de la moción de reconsideración en el

procedimiento civil ante los tribunales─, pautamos que

“una agencia administrativa tiene jurisdicción para

acoger una moción de reconsideración, aun después de

transcurrido el término establecido para ello en la

[referida] Sec. 3.15 […], siempre y cuando no haya

transcurrido el término para acudir en revisión ante el

Tribunal de Apelaciones y no se haya presentado un recurso

ante dicho foro”. (Negrilla suplida). Flores Concepción v.

Taíno Motors, Inc. y otros, supra, pág. 522.

Con este marco jurídico en mente, procedemos a disponer

de las controversias planteadas.

III

Los dos señalamientos de error que R&B Power esbozó

son, esencialmente, de carácter jurisdiccional. No obstante,

atenderemos en primer término el segundo señalamiento de

error, dado que concierne el perfeccionamiento del recurso

de

revisión

ante

la

Junta

Revisora

que

originó

esta

controversia.

A.

i.

En su segundo señalamiento, y según relatáramos, R&B

Power asevera que no se le puede oponer el arancel dispuesto

en la Carta Circular como condición para perfeccionar su

CC-2023-0200

26

solicitud

de

revisión

sustenta

en

dos

ante

la

argumentos:

Junta

(a)

Revisora.

que

ese

Esto

lo

documento,

en

principio, está dirigido a entidades gubernamentales y no al

público en general, por lo que no constituye una regla

legislativa que pueda afectar derechos de terceros, y (b)

que,

en

la

alternativa,

de

considerarse

una

regla

legislativa, debe determinarse que es ultra vires, ya que no

atravesó

por

el

procedimiento

de

reglamentación

que

preceptúa la LPAU.

A su vez y, en contraposición, la ASG plantea en cuanto

a este extremo que, para impugnar la Carta Circular, R&B

Power debió cuestionarla de su faz ante el Tribunal de

Apelaciones

a

los

treinta

(30)

días

de

esta

haberse

publicado. Ahora bien, como R&B Power no lo hizo dentro de

ese

término,

alternativa,

perdió

argumenta

la

oportunidad

que

R&B

Power

para

debió

ello.

En

la

recurrir

al

Tribunal de Primera Instancia a impugnar en su aplicación la

Carta Circular.

Este argumento de la ASG, además de desatender los

señalamientos

sustantivos

sobre

la

validez

de

la

Carta

Circular en cuestión, ignora nuestro pronunciamiento en

Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018). Allí aclaramos

que, aunque no se pueda revisar la corrección de una norma

administrativa al amparo de la Sección 2.7 de la LPAU,31 ─y

31

La Sec. 2.7 de la LPAU, en lo pertinente, expresa:

CC-2023-0200

27

que, como consecuencia, se deba recurrir al foro primario a

esos efectos─, ello no significa que no se pueda procurar

tal revisión por medio de otra disposición. En ese precedente

validamos

que,

judicial

de

por

medio

del

determinaciones

procedimiento

administrativas

de

revisión

finales

que

instituye la Sec. 4.2 de la LPAU,32 supra, se pueda realizar

(a) Una regla o reglamento aprobado después de la fecha de

efectividad de esta Ley será nulo si no cumpliera

sustancialmente con las disposiciones de esta Ley.

(b) Cualquier acción para impugnar la validez de su faz de

una regla o reglamento por el incumplimiento de las

disposiciones de esta Ley deberá iniciarse en el Tribunal

de Apelaciones dentro de los treinta (30) días siguientes a

la fecha de vigencia de dicha regla o reglamento. La

competencia sobre la acción corresponderá a la región

judicial donde esté ubicado el domicilio del recurrente. 3

LPRA sec. 9617.

Esta sección permite la “impugnación de su faz” de un reglamento

administrativo por incumplir con las exigencias de la LPAU en torno al

procedimiento de reglamentación. Sierra Club v. Junta de Planificación,

203 DPR 596, 606 (2019). A diferencia de impugnar un reglamento por

razón de su aplicación, al impugnarlo de su faz no se requiere acreditar

legitimación activa. Íd., pág. 607. Cualquier persona puede impugnar de

su faz la validez de una regla o reglamento aprobado por una agencia

administrativa en incumplimiento de las disposiciones de la LPAU. Íd.,

págs. 607-608.

Si asumimos, para propósitos argumentativos, que la Carta Circular

es un reglamento, y su vigencia fue a partir de 16 de marzo de 2021

─fecha en que se emitió─, ciertamente el término para que R&B Power la

impugnara de su faz transcurrió.

Independientemente de lo anterior, R&B Power no hubiese tenido la

oportunidad de ejercer su acción de impugnación de su faz toda vez que

la ASG no le dio un tratamiento de reglamento a la Carta Circular y, por

tanto, no le dio la publicidad necesaria ni cumplió con los demás

requisitos que dispone la LPAU.

32

La Sec. 4.2 de la LPAU, en lo pertinente, dispone:

Una parte adversamente afectada por una orden o

resolución final de una agencia y que haya agotado todos los

remedios provistos por la agencia o por el organismo

administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones,

dentro de un término de treinta (30) días contados a partir

de la fecha del archivo en autos de la copia de la

notificación de la orden o resolución final de la agencia o

a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la

Sección 3.15 de esta Ley, cuando el término para solicitar

la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la

presentación oportuna de una moción de reconsideración. La

CC-2023-0200

28

una impugnación reglamentaria.33

Ese

es,

precisamente,

el

escenario

en

el

que

nos

encontramos en este caso. R&B Power se valió de la Sec. 4.2

de la LPAU,34 supra, y recurrió al Tribunal de Apelaciones

parte notificará la presentación de la solicitud de revisión

a la agencia y a todas las partes dentro del término para

solicitar dicha revisión. La notificación podrá hacerse por

correo. Disponiéndose, que si la fecha de archivo en autos

de copia de la notificación de la orden o resolución final

de la agencia o del organismo administrativo apelativo

correspondiente es distinta a la del depósito en el correo

de dicha notificación, el término se calculará a partir de

la fecha del depósito en el correo.

En los casos de impugnación de subasta, la parte

adversamente afectada por una orden o resolución final de

la agencia, de la ]unta Revisora de Subastas de la

Administración de Servicios Generales, o de la entidad

apelativa de subastas, según sea el caso, podrá presentar

una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones

dentro de un término de veinte (20) días, contados a partir

del archivo en autos de la copia de la notificación de la

orden o resolución final de la agencia, la referida Junta

Revisora de Subastas de la Administración de Servicios

Generales o la entidad apelativa, o dentro del término

aplicable de veinte (20) días calendario de haber

transcurrido el plazo dispuesto por la Sección 3.19 de esta

Ley. (Negrilla suplida). 3 LPRA sec. 9672.

33

En específico, expusimos:

La Sec. 2.7 de la LPAU […] no limita la competencia del

Tribunal de Apelaciones para revisar una regla o un

reglamento que se aplicó por una agencia en un proceso

adjudicativo. Tampoco excluye la revisión de una regla o un

reglamento al amparo de otras disposiciones. Su letra se

ciñe a crear la acción de nulidad de un reglamento por el

incumplimiento con la LPAU, sin que se tenga que probar que

la reglamentación haya sido aplicada a quien la impugne. De

igual manera, la Sec. 4.2 no limita la competencia del

tribunal apelativo intermedio sobre ese asunto. En ese

sentido, si bien la Sec. 2.7 de la LPAU establece un término

de treinta días para impugnar una regla o un reglamento de

su faz, por incumplir con las disposiciones de la propia

ley, esto no impide que posteriormente el foro apelativo

revise la legalidad de un reglamento cuando se recurre en

revisión de la determinación de una agencia bajo la Sec. 4.2

de la LPAU. En este último caso el escrutinio se realiza,

incidentalmente, como parte de la revisión de la decisión

final de la agencia. (Negrilla suplida). Fuentes Bonilla v.

ELA, 200 DPR 364, 390-391 (2018).

Adviértase que la revisión de determinaciones finales de la Junta

Revisora de Subastas está gobernada por el Art. 68 de la Ley Núm. 732019, que a su vez refiere a la LPAU (“La parte adversamente afectada

por la determinación de la Junta Revisora podrá presentar un recurso de

revisión ante el Tribunal de Apelaciones conforme a lo establecido en

34

CC-2023-0200

29

para procurar la revisión de la determinación final de la

Junta

Revisora

y,

al

mismo

tiempo,

exponer

los

planteamientos dirigidos a impugnar la Carta Circular. De

este modo, R&B Power viabilizó su reclamo conforme a derecho,

por

lo

que

nos

encontramos

plenamente

facultados

de

Circular

en

atenderlo en los méritos.

ii.

Procedamos

a

justipreciar

la

Carta

cuestión. En primer lugar, este documento está dirigido a

“Secretarios de Departamentos, Jefes de Agencias, Oficinas,

Comisiones,

Administraciones,

Organismos

y

demás

instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno del

Estado Libre Asociado, Directores Ejecutivos [y] alcaldes”.35

En particular, se refiere a la atención de los “Directores

de

Compras,

Delegados

Compradores,

subdelegados,

Compradores,

Directores

de

Servicios

Administrativos,

Gerentes

Transportación,

Directores

de

de

Finanzas

y

Pagadores”.36

En segundo lugar, el documento fundamenta la base legal

para su adopción en los incisos (b) y (k) del Artículo 11 de

la Ley Núm. 73-2019, supra.

En

tercer

lugar,

la

Carta

Circular

establece

como

propósito para su adopción “el objetivo de actualizar las

tarifas aplicables para los servicios que ofrecemos en la

las secs. 9601 et seq. de este título, conocidas como la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”). 3

LPRA sec. 9838e.

35 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 291.

36 Íd.

CC-2023-0200

30

ASG. Reiteramos nuestro compromiso de brindar diversidad de

servicios,

de

necesidades

forma

ágil

y

la

Rama

Ejecutiva,

de

Corporaciones

Públicas,

eficiente,

que

así

Municipios

y

atienda

como

otras

las

de

las

Ramas

de

Gobierno”.37

En cuarto y último lugar, las tarifas mencionadas se

esbozan en formato de tabla, la cuales son, prácticamente en

su mayoría, en concepto de los servicios que la ASG tiene

disponibles para brindar a otras entidades gubernamentales.

Por ejemplo, se desglosan servicios como: (a) elaboración de

distintas subastas, (b) adiestramientos, (c) alquiler de

equipo,

(d)

tasaciones,

(f)

venta

de

combustible,

(g)

inspecciones, entre muchos otros. La última tarifa que se

incluye en la tabla, identificada con el código 6-03, es la

que

se

cobra

en

concepto

de

las

impugnaciones

que

se

presentan ante la Junta Revisora, la cual asciende a $125.38

Al evaluar de manera integrada la Carta Circular, queda

claro que esta se adoptó a los efectos de constituir una

regla

no

legislativa.

Esto,

pues

es

una

comunicación

dirigida a otras agencias gubernamentales ─y no al público

en general─ sobre cómo la ASG cobrará por los servicios que

tiene disponibles para ofrecerles. Sin duda, prácticamente

la totalidad del documento se formuló con el propósito de no

oponerle su contenido a terceros, más allá de a otras

agencias

37

38

administrativas.

Íd., pág. 292.

Íd., pág. 295.

Esta

Carta

Circular,

a

todas

CC-2023-0200

luces,

se

31

sitúa

cabalmente

dentro

de

la

definición

de

Documento guía que establece la LPAU, la cual reza que estos

carecerán de fuerza de ley. En esta tesitura, es meritorio

recordar que “una carta circular es una regla no legislativa

ya que no tiene la fuerza de ley que se le atribuye a los

reglamentos”. (Negrilla suplida). González Segarra v. CFSE,

188 DPR 252, 298 (2013). De este modo, R&B Power no tenía

razones para adherirse al contenido de la Carta Circular, ni

la expectativa de que esta le fuera aplicada, pues, en

principio,

el

propósito

no

era

dirigírsela

a

terceros

licitadores.

No obstante, la ASG, con su proceder, le atribuyó los

efectos

de

una

última

tarifa

regla

que

legislativa,

esboza

la

específicamente

tabla

a

la

que

a

la

hicimos

referencia, con todo lo que ello implica según la doctrina.

Esto

ocurrió

cuando

la

Junta

de

Subastas,

en

su

determinación, le apercibió a R&B Power que debía cubrir el

referido costo para recurrir a la Junta Revisora; cuando la

Junta Revisora basó su decisión en el impago de este y cuando

la

ASG

ha

defendido,

a

lo

largo

de

este

litigio,

la

corrección de una norma impropiamente adoptada. A R&B Power

se le exigió cumplir con una norma cuyo incumplimiento tuvo

el efecto de que se impactaran sustancialmente sus derechos,

pues

redundó

en

perder

la

oportunidad

de

revisar

una

determinación que le fue desfavorable. Esto ocurrió a pesar

de que, como argumentamos, razonablemente desconocía que

debía cumplir con esa exigencia.

CC-2023-0200

32

Con lo anterior, queda establecido que la tarifa que se

esboza en la Carta Circular para las impugnaciones ante la

Junta Revisora es una regla no legislativa, pero que la

agencia quiso dotar de fuerza de ley. De este modo, resta

por determinar si se podía incorporar sin más en el referido

documento sin procedimiento ulterior. La respuesta es que

no.

Con este proceder, la ASG no solamente incumplió el

mandato expreso del Art. 62 de la Ley Núm. 73-2019, supra,

─en cuanto a que, para fijar los derechos, cargos y aranceles

a ser satisfechos para presentar recursos ante la Junta

Revisora se debe adoptar un reglamento─, sino que también

dio al traste con la doctrina firmemente establecida de que

toda regla legislativa debe atravesar por el procedimiento

de reglamentación dispuesto en la LPAU para su adopción.

El procedimiento de reglamentación estatuido en la LPAU

no

es

un

mero

formalismo.

Toda

vez

que

las

reglas

legislativas “tienen fuerza y efecto de ley porque son una

extensión del proceso legislativo”,39 es imperativo que,

previo

a

su

adopción,

la

ciudadanía

esté

plenamente

informada sobre su contenido y participe en su formulación

por medio del ofrecimiento de comentarios y a través de

vistas públicas, de ser aplicable esto último.

En la controversia que nos ocupa, el problema con el

que nos confrontamos no es con el contenido sustantivo de la

39

(Traducción suplida). 3 Admin. L. & Prac. § 10:21 (3d ed.).

CC-2023-0200

33

norma, pues, sin duda, la Asamblea Legislativa facultó a la

ASG a imponer aranceles para la presentación de recursos

ante la Junta Revisora. La disputa surge más bien por el

medio

que

se

seleccionó

para

adoptarla.

Esta

norma

es

procesalmente deficiente al no atravesar el procedimiento de

reglamentación

formal

que

preceptúa

la

LPAU.

Por

ello,

colegimos que la ASG ha actuado de manera ultra vires,

incluso haciendo caso omiso al mandato expreso de su ley

habilitadora de la adopción de un reglamento para este fin.

Ante este escenario, nos vemos forzados a decretar la nulidad

de la tarifa identificada con el código 6-03 de la Carta

Circular Núm. 2021-06.40

Aprovechamos esta oportunidad para recordarles a las

agencias administrativas que, independientemente de que la

Asamblea

Legislativa

les

faculte

a

formular

reglas

legislativas, estas deben adoptarse mediante el mecanismo

que dispone la LPAU. Nuestro ordenamiento no tolera que este

tipo de reglas se incluyan sub silentio en documentos guía

─o

en

cualquier

otra

regla

no

legislativa─

y

que

se

circunvale el procedimiento formal para su adopción.

Al

arribar

a

esta

conclusión,

razonamos,

como

corolario, que la solicitud de revisión que R&B Power instó

ante la Junta Revisora se perfeccionó conforme a derecho,

pues, para ello, no tenía que satisfacer arancel alguno. En

Consideramos que el proceder de limitar el alcance de nuestro dictamen

de nulidad es el correcto, pues, la Carta Circular no es un reglamento

en sí de modo que el incumplimiento con la LPAU no acarrearía la nulidad

radical del documento, solo de aquella parte pertinente que es contraria

a derecho.

40

CC-2023-0200

34

ese sentido, la Junta Revisora no tiene impedimento para

asumir jurisdicción y considerar en sus méritos la referida

solicitud.

B.

En lo que concierne al primer señalamiento de error,

R&B

Power

aseveró

que

la

Junta

Revisora

carecía

de

jurisdicción para actuar sobre la solicitud de revisión,

incluso para desestimarla, dado que la Junta Revisora no

extendió oportunamente el término que tenía para decidir.

Según expusimos, R&B Power presentó su solicitud de revisión

ante la Junta Revisora el 20 de septiembre de 2022 y, a

partir de esa fecha, la Junta Revisora disponía de 30 días

para considerarla. Este término venció el 20 de octubre de

2022 sin que la Junta Revisora emitiera determinación alguna

o notificara la extensión del término para decidir.

Luego,

el 24 de octubre de 2022, la Junta Revisora notificó una

Resolución en la que extendió el término para resolver a

quince (15) días adicionales. Así pues, el 8 de noviembre de

2022 notificó una Resolución en la que desestimó la solicitud

de revisión. Subsiguientemente, el 9 de noviembre de 2022

R&B Power recurrió al Tribunal de Apelaciones. Con este

cuadro, la ASG argumentó que aplica lo resuelto en Flores

Concepción v. Taíno Motors, supra. Le asiste la razón a la

ASG.

En vista del parecido evidente entre el Art. 66 de la

Ley Núm.73-2019 y la Sec. 3.15 de la LPAU ─y considerando

que

ambas

disposiciones

fueron

concebidas

para

CC-2023-0200

35

procedimientos administrativos─, no vemos impedimento para

extrapolar nuestro razonamiento en

Flores Concepción

v.

Taíno Motors, supra, y aplicarlo por analogía en este caso.41

Así lo hacemos, por lo que pautamos que, en el contexto de

los

procedimientos

ante

la

Junta

Revisora,

esta

tiene

jurisdicción para actuar sobre la revisión administrativa

que se inste ante sí, aun después de transcurrido el término

establecido para ello en el Art. 66 de la Ley Núm. 73-2019,

supra, siempre y cuando no haya transcurrido el término para

acudir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones y no se

haya presentado un recurso ante dicho foro.

Aquí, si bien la Junta Revisora extendió, fuera del

término original de 30 días, su término para resolver el

Se recurre al principio de la analogía en la hermenéutica jurídica

únicamente cuando el Derecho no ha contemplado el supuesto específico

que se ha de resolver, pero existe otro semejante al planteado que ha

sido previsto y entre ambos existe identidad de razón. Orraca López v.

ELA, 192 DPR 31, 45 (2014)(citando a J. Puig Brutau, Compendio de Derecho

Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1987, Vol. I, pág. 105). Véase Art. 21 del

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 5343. En estas situaciones hemos

manifestado que “la norma del caso regulado podrá aplicarse por analogía

al caso que no lo está, porque la misma razón justifica la identidad de

la consecuencia”. Orraca López v. ELA, supra, pág. 45. Véase J.A. Cosme

Morales, Apuntes sobre el Título Preliminar del Código Civil de 2020,

Ed.

En

Contexto,

2023,

págs.

173-178;

J.

Farinacci

Fernós, Hermenéutica puertorriqueña:

cánones

de

interpretación

jurídica, Puerto Rico, Ed. InterJuris, 2019, págs. 173-175;

41

La Ley Núm. 73-2019 no contempla el supuesto específico de si la

Junta Revisora retiene jurisdicción sobre una revisión administrativa,

aun cuando cuyo término para resolverla fue extendido inoportunamente,

pero no se ha recurrido al Tribunal de Apelaciones ni ha transcurrido

el término para ello. Ante esto, como en la situación jurídica que se

atendió en Flores Concepción v. Taíno Motors, 168 DPR 504 (2006), y la

que nos ocupa existe el grado de identidad que justifica recurrir a la

analogía y acoger y aplicar la norma que allí se instauró, así procedemos

para resolver la controversia. Al respecto, conviene recordar que “[n]o

sería justo ni lógico que dentro de un mismo ordenamiento no recibieran

la misma solución ambos supuestos, a pesar de sus circunstanciales

diferencias, cuando coinciden en lo esencial”. Orraca López v. ELA,

supra, pág. 45.

CC-2023-0200

asunto

ante

36

sí,

lo

desestimatoria

la

término

acudir

para

determinante

emitió

en

antes

es

que

su

resolución

de

que

transcurriera

el

revisión

ante

el

de

Tribunal

Apelaciones y de que se presentara un recurso ante dicho

foro.

Concluimos,

pues,

que

la

Junta

Revisora

tenía

jurisdicción para actuar sobre la revisión administrativa

ante sí.

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia

del Tribunal de Apelaciones. Se decreta la nulidad de la

tarifa identificada con el código 6-03 de la Carta Circular

Núm. 2021-06 y se devuelve el caso a la Junta Revisora para

que atienda en sus méritos la solicitud de revisión que R&B

Power instó.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

R&B Power, Inc.

Peticionaria

CC-2023-0200

v.

Certiorari

Junta de Subastas de la

Administración de Servicios

Generales de Puerto Rico

Recurrida

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, se revoca la Sentencia del Tribunal de

Apelaciones. Se decreta la nulidad de la tarifa

identificada con el código 6-03 de la Carta Circular

Núm. 2021-06 y se devuelve el caso a la Junta Revisora

para que atienda en sus méritos la solicitud de

revisión que R&B Power, Inc. instó.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo y el Juez Asociado señor Rivera García no

intervinieron.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo