LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Norberto Colón Alvarado

2024 TSPR 5

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Norberto Colón Alvarado

AB-2021-0201

26 de enero de 2024 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por infracción a los Cánones 18, 35, y 38 del Código de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2024 TSPR 5

213 DPR ___

Norberto Colón Alvarado

(TS-12,160)

Número del Caso:

Fecha:

AB-2021-0201

26 de enero de 2024

Abogados de la parte promovida:

Lcdo. Juan E. Medina Quintana

Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta

Lcdo. Luis Manuel García Tous

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Omar Andino Figueroa

Subprocurador General

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández

Subprocuradora General

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez

Procuradora General Auxiliar

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús

Director

Materia:

Conducta Profesional — Suspensión inmediata e

indefinida del ejercicio de la abogacía por infracción a los

Cánones 18, 35, y 38 del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del

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del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como

un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Norberto Colón Alvarado

AB-2021-0201

TS-(12,160)

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

Nuevamente,

nos

vemos

obligados

a

ejercer

nuestra

facultad disciplinaria sobre un miembro de la abogacía por

incumplir con los postulados éticos que rigen la gestión

de

todos

los

miembros

de

la

profesión

legal.

En

esta

ocasión, intervenimos con el Lcdo. Norberto Colón Alvarado

(promovido), por infringir los Cánones 18, 35 y 38 del

Código

de

Ética

Profesional,

4

LPRA

Ap.

IX.

Como

detallaremos a continuación, las actuaciones que cimientan

la

presente

Opinión

Per

Curiam

surgen

de

varias

transacciones, indebidamente realizadas por el letrado de

epígrafe, al autorizar múltiples traspasos de titularidad

de vehículos de motor.

Por entender que el licenciado Colón Alvarado faltó a

su

deber

hacia

la

verdad

y

empañó

la

dignidad

de

la

profesión al momento de autenticar varias firmas de manera

ilegítima, y certificar como veraces ciertos hechos que

eran

falsos

aun

con

conocimiento

de

su

falsedad,

lo

suspendemos de manera inmediata e indefinida del ejercicio

de la abogacía. Veamos.

AB-2021-0201

2

I.

Los

hechos

pertinentes

a

este

caso

se

encuentran

consignados en la Opinión Per Curiam que emitimos el 8 de

agosto de 2023 en donde suspendimos al licenciado Colón

Alvarado de su práctica notarial. Sin ánimos de reproducir

lo que allí expresamos, procedemos a hacer un recuento

sucinto del trasfondo procesal atinente.

El letrado Colón Alvarado fue admitido al ejercicio

de la abogacía el pasado 21 de enero de 1998 y prestó

juramento como notario e1 11 de junio del mismo año.

El 15 de diciembre de 2021, la exfiscal de la Unidad

de

Delitos

Económicos

Puerto

Rico,

Estelle

presentó

una

Queja

del

Departamento

L.

Vilar

en

contra

de

Santos

del

Justicia

de

(promovente),

licenciado

Colón

Alvarado. En ella, señaló múltiples irregularidades en la

función notarial del promovido, particularmente, en seis

(6)

traspasos

de

vehículos

que

fueron

legitimados

ante

este mediante las siguientes declaraciones juradas:

(1)

Afidávit Número 21550, mediante el cual

autorizó el traspaso del título de un

vehículo marca Jeep del año 1971;

(2)

Affidávit Número 26109, mediante el cual

autorizó el traspaso del título de un

vehículo marca Honda del año 2007.

(3)

Afidávit Número 22148, mediante el cual

autorizó el traspaso del título de un

vehículo marca Suzuki del año 2001;

(4)

Afidávit Número 23236, mediante el cual

autorizó el traspaso del título de un

vehículo marca Suzuki del año 2013;

AB-2021-0201

3

(5)

Afidávit Número 24281, mediante el cual

autorizó el traspaso del título de un

vehículo marca Nissan del año 2005; y

(6)

Afidávit Número 24750, mediante el cual

autorizó el traspaso del título de un

vehículo marca Suzuki del año 2008.

En esa línea, la exfiscal Vilar Santos adujo que el

promovido legitimó varios traspasos sin tener a las partes

firmantes

presentes,

pertenecían

a

las

que

partes

legitimó

declarantes

firmas

que

y

además,

que,

no

acreditó la firma de una persona a pesar de que la misma

se encontraba fallecida al momento de la declaración.

Posteriormente, el 4 de abril de 2022, el licenciado

Colón Alvarado presentó su Contestación a la Queja. En

esencia,

negó

recordar

la

mayoría

de

los

en

cuanto

al

Affidavit

imputados.

Ahora

bien,

26109,

letrado

aceptó

el

haber

actuado

hechos

allí

número

erróneamente

al

acreditar la identificación de las partes aun cuando tenía

conocimiento

personal

de

que

una

de

las

partes

comparecientes ⎯la vendedora⎯ no era quien decía ser.

Así las cosas, el asunto fue referido a la Oficina de

Inspección

de

Notarías

(ODIN)

y

a

la

Oficina

del

Procurador General de Puerto Rico para que cada ente nos

presentara su correspondiente informe. ODIN hizo lo propio

el 14 de abril de 2023 y el asunto fue atendido por este

AB-2021-0201

Tribunal,

4

eventualmente,

a

través

su

Procurador

de

una

Opinión

Per

General

presentó

su

Curiam.1

Por

parte,

el

Informe el pasado 2 de octubre de 2023. En este, al igual

que en su momento lo hizo ODIN, concluyó que el licenciado

Colón Alvarado había dado fe sobre la comparecencia de

ciertas personas firmantes ante sí aun cuando, en efecto,

conocía

que

conclusión

número

esa

representación

versó,

21550

y

era

particularmente,

26109.

falsa.

sobre

Asimismo,

La

los

coligió

anterior

affidavits

que

puede

demostrar que el promovido, falsamente, dio fe de que los

comparecientes

de

los

affidavits

número

22148,

23236,

24281 y 24750, no firmaron en su presencia. Por todo lo

anterior, razonó que el promovido actuó en contravención a

los Artículos 2, 12, 56 y 57 de la Ley Notarial, las

Reglas 12,

29,

65

y 67

del

Reglamento Notarial

y

los

término

al

Cánones 18, 35 y 38 de Ética Profesional.2

Consecuentemente,

le

otorgamos

un

promovido para que se expresara en cuanto al Informe del

Procurador.

En

cumplimiento

con

lo

ordenado,

el

27

de

noviembre de 2023 el licenciado Colón Alvarado presentó su

réplica al informe.

Contando con el beneficio de ambas partes, pasamos a

resolver.

Véase, In re Colón Alvarado, 2023 TSPR 98, 212 DPR ___ (2023).

4 LPRA sec 2001 et seq.; 4 LPRA Ap. XXIV y 4 LPRA Ap. IX

respectivamente.

1

2

AB-2021-0201

5

II.

Los

profesionales

del

Derecho

en

nuestra

isla,

independientemente de que se dediquen a la abogacía o la

notaría, están sujetos a cumplir con múltiples preceptos

éticos que rigen la profesión.

El

Artículo

Rico, supra,

2

consagra

de

la

Ley

el

principio

Notarial

de

la

de

Puerto

fe

pública

notarial, y dispone que

“El notario es el profesional del Derecho

que ejerce una función pública, autorizado para

dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los

negocios jurídicos y demás actos y hechos

extrajudiciales que ante él se realicen, sin

perjuicio

de

lo

dispuesto

en

las

leyes

especiales. Es su función recibir e interpretar

la voluntad de las partes, dándole forma legal,

redactar las escrituras y documentos notariales a

tal fin y conferirle autoridad a los mismos. La

fe pública al notario es plena respecto a los

hechos que, en el ejercicio de su función

personalmente ejecute o compruebe y también

respecto a la forma, lugar, día y hora del

otorgamiento”.3

En sintonía con lo anterior, hemos expresado que “la

función que ejerce el notario va más allá de fungir como

un autómata que legaliza las firmas, ya que posee el deber

de verificar que el instrumento público cumpla con todas

las formalidades de la ley, que es legal y verdadero, y

finalmente, que es una transacción legítima y válida”.4

Por otra parte, el Artículo 56 de la Ley Notarial,

supra, establece lo siguiente:

3

4

4 LPRA sec. 2002.

In re Villalona Viera, 206 DPR 360, 379 (2021).

AB-2021-0201

6

Llámese

testimonio

o

declaración

de

autenticidad al documento mediante el cual un

Notario a requerimiento de parte interesada, da

testimonio de fe de un documento no matriz,

además de la fecha del testimonio:

(1) de la legitimación de las firmas que en

él aparezcan, siempre que no se trate de los

actos comprendidos en el Artículo 5 de esta Ley

ni en los incisos 1 al 6 del Artículo 1232 del

Código Civil vigente;

(2) de haber tomado juramento por escrito;

[…]

El Notario no asume responsabilidad alguna

por el contenido del documento privado cuyas

firmas legitime.

Como consecuencia de lo anterior, los notarios y las

notarias no pueden dar fe notarial en un documento en el

cual la persona que pretende la otorgación no compareció

personalmente.5 Sobre este particular, hemos expresado que

“[L]os

notarios

y

las

notarias

deben

abstenerse de dar fe notarial de una declaración

jurada si la persona que va a otorgar el

documento

o

la

declaración

jurada

no

ha

comparecido

personalmente”.

De

hacerlo,

ese

funcionario “transgrede la fe pública notarial y

perjudica la confianza depositada en el sistema

de autenticidad documental”.6

Asimismo, la Regla 67 del Reglamento Notarial, supra,

establece

de

legitimación

manera

de

firma

diáfana

acredita

que,

el

testimonio

el

hecho

de

que,

de

en

determinada fecha, se firmó un documento en presencia del

notario o de la notaria y que esa persona es quien dice

ser. También, establece que la legitimación de la firma

podrá

o

no

comprender

el

juramento. Además,

obliga

al

In re González Pérez, supra, pág. 647.

Íd., pág. 648, citando a In re Flores Martínez, 199 DPR 691, 702

(2018).

5

6

AB-2021-0201

7

notario o notaria a hacer constar, tanto en el testimonio

como

en

el

Registro

personalmente

a

la

alternativa,

la

ha

de

parte

Testimonios,

firmante

identificado

que

o

conoce

que,

en

los

métodos

mediante

la

supletorios que provee el Art. 17 de la Ley Notarial de

Puerto Rico, supra. Similar disposición contiene la Regla

29

del

Reglamento

Notarial,

supra.

De

esta

forma,

el

notario o la notaria garantiza la identidad de la persona

firmante y que el acto se realizó en su presencia.7

En

ese

sentido,

la

acción

de

certificar

un

hecho

falso es una de las faltas más graves que puede cometer un

miembro

de

la

intención.

Este

profesión

legal,

tipo

infracción

de

aun

cuando

podría

no

medie

acarrear

la

suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la

abogacía y de la notaría.8 Esto es así pues autorizar una

declaración

constituye

jurada

la

sin

la

certificación

presencia

de

un

del

hecho

firmante

falso

que

transgrede la fe pública notarial y afecta la confianza

del sistema de autenticidad documental.

De

hecho,

hemos

expresado

que

este

tipo

de

falta

quebranta los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética

Profesional,

por

lo

que

podría

acarrear

la

suspensión

In re González Pérez, supra, pág. 647; In re Rafols Van Derdys, 211

DPR __ (2022). Véase, además, In re Villalona Viera, 206 DPR 360

(2021).

8 In re Rafols Van Derdys, supra.

7

AB-2021-0201

8

inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y de

la notaría.9

Respecto al Canon 18 del Código de Ética Profesional,

supra,

es

abogados

harto

conocido

ejerzan

una

diligente.10

También,

que

éste

labor

exige

requiere

idónea,

que

los

que

los

competente

y

abogados,

en

el

desempeño de su función notarial, corroboren que aquellos

documentos que autorizan cumplen cabalmente con las normas

legales aplicables.11 Es por ello que, continuamente, hemos

concluido

que

infringir

las

disposiciones

de

la

Ley

Notarial y su reglamento, al no ejercer la profesión con

el

cuidado

y

la

prudencia

que

esta

requiere,

es

una

práctica indeseable que redunda en una violación del Canon

18, supra.12

Por

su

parte,

el

Canon

35

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, les impone a los abogados el deber de

conducirse

con

Concretamente,

integridad,

este

notarios

se

redactar

afidávits

sinceridad

precepto

ajusten

a

u

la

y

ético

obliga

sinceridad

de

documentos.

otros

honradez.13

a

que

los

los

hechos

al

Así,

pues,

el

togado que asevera que una parte compareció ante él sin

que

ello

sea

cierto

falta

a

la

verdad

y

socava

la

Íd. Véanse, además, In re González Pérez, supra; In re Villalona

Viera, supra, pág. 370.

10 In re Sánchez Pérez, 210 DPR 235 (2022); In re Rivera Pérez, 208 DPR

805.

11 In re Maldonado de Jesús, 208 DPR 601 (2022).

12 In re Villalona Viera, supra.

13 In re González Pérez, supra.

9

AB-2021-0201

9

integridad de la profesión.14 Tal como hemos reconocido, en

lo concerniente al ejercicio de la abogacía, este canon se

incumple

por

el

simple

hecho

de

faltar

a

la

verdad,

independientemente de las razones que lo motiven.15

Asimismo,

el

abogado

que

certifica

un

hecho

falso

también infringe el deber de practicar la profesión de

forma honrosa y digna que impone el Canon 38, supra.16 No

olvidemos

que

este

principio

deontológico

cometido

de

evitar

hasta

apariencia

la

instituye

de

el

conducta

profesional impropia. De esta forma, el notario que no

desempeña

con

cautela

y

celo

la

función

pública

del

notariado fracasa en exaltar la profesión legal.17

III.

Los preceptos ético-legales que se le impone a la

práctica jurídica tienen como objetivo propiciar que los

abogados se desempeñen acorde a los más altos principios

de conducta para beneficio de la profesión, la ciudadanía

y las instituciones del país.

En

pertinente

a

este

caso,

surge

investigación

e

Informe

que

nos

presentó

el

General,

el

licenciado

Colón

Alvarado

infringió

en

en

Ley

múltiples

lo

que

ocasiones

preceptos

estatuidos

In re Crespo Pendás, 209 DPR 1036 (2022).

In re Lugo Quiñones, 206 DPR 1, 12 (2021).

16 In re Villalona Viera, supra.

17 Íd.

14

15

de

la

Procurador

la

AB-2021-0201

Notarial,

10

el

Reglamento

Notarial

y

el

Código

de

Ética

Profesional.

En primer lugar, la declaración jurada numero 21550

está relacionada con un traspaso de título de vehículo de

motor otorgado por Felipe Colón Rodríguez y Juan De Jesús

Colón,

a

quienes

licencias

de

el

letrado

conducir.

El

identificó

licenciado

mediante

Colón

sus

Almodóvar

realizó esta gestión el 29 de abril de 2016. Sin embargo,

el señor Colón Rodríguez había fallecido el 6 de marzo de

2011, es decir, cinco (5) años antes de que se otorgara la

declaración

sentido,

jurada

resulta

para

el

imposible

traspaso

vehicular.

En

ese

que

acudiera

ante

el

este

abogado y que lo pudiera identificar mediante una licencia

de conducir.

Cabe destacar, además, que el señor De Jesús Colón le

declaró

bajo

juramento

Alameda

Rodríguez

que

al

Fiscal

Auxiliar

Miguel

R.

no

estuvo

presente

cuando

el

promovido lleno el documento de traspaso.

Por

26109,

otra

surge

parte,

que

en

este

lo

fue

que

respecta

suscrito

y

al

testimonio

jurado

ante

el

promovido el 4 de enero del 2018 por los comparecientes

Ida

G.

Borrero

Espada

⎯como

vendedora⎯

y

Mariano

Guillermo Santiago ⎯como comprador⎯. La señora Borrero

Espada era la titular de un automóvil, pero lo entregó via

“trade in” en un concesionario de vehículos en Ponce, el

AB-2021-0201

cual lo

11

vendió

a un tercero

y

fue este

tercero

quien

acudió donde el promovido para realizar el traspaso donde

aparecía la señora Borrero como parte.

Ahora

falta

bien,

crasa

no

existe

incurrida

por

controversia

el

promovido

respecto

a

en

este

cuanto

la

asunto, pues la señora Borrero Espada no estuvo presente

al momento de firmar la declaración jurada y el licenciado

Colón Almodóvar así lo admitió. Es decir, aceptó que dio

fe de un hecho del cual conocía plenamente su falsedad. No

conteste con lo anterior, el promovido también dio fe de

tal

falsedad

al

incluirlo

en

el

Informe

Mensual

Sobre

Actividad Notarial. Claramente, esta gestión denotó una

falta clara hacia el deber que tenía el letrado para con

la verdad.

No albergamos duda de que las acciones del licenciado

Colón Alvarado mancillaron la excelsa imagen sobre la cual

deben conducirse y desempeñarse en sus funciones todos los

miembros de la clase togada.

A

la

luz

de

los

concluimos

que

las

hechos

y

el

actuaciones

del

derecho

aplicable,

licenciado

Colón

Alvarado fueron contrarias a lo dispuesto en los Cánones

18, 35 y 38 de Ética Profesional.

Como

hemos

expresado

en

reiteradas

ocasiones,

al

momento de imponer la sanción disciplinaria a un abogado

que haya incurrido en conducta violatoria del Código de

AB-2021-0201

Ética

12

Profesional,

reputación

del

evaluamos,

abogado

en

entre

la

otras

cosas,

la

comunidad, su historial

previo y la aceptación y arrepentimiento sincero sobre la

falta.18 Sobre este último elemento, debemos destacar que

en la moción que el promovido presentó como reacción al

Informe

del

Procurador

General,

este

aceptó

que

su

conducta lesionó múltiples preceptos éticos relacionados

con

la

Ley

Notarial,

Cánones

de

Ética

supra,

Profesional,

su

Reglamento

supra.

y

con

los

Arguyó

que

sus

actuaciones no estuvieron instruidas a lucrarse, sino que

fue

un

“injustificable

descuido”.

Asimismo,

incluyó

múltiples declaraciones juradas que atestiguan su buena

reputación.

IV.

Tal como reconocimos en la Opinión Per Curiam que

emitimos contra este mismo licenciado en agosto del año

pasado, luego de reconocer el incumplimiento del abogado

promovido, señalamos que, tanto en el 2017 como en el

2018,

el

letrado

atravesó

por

diferentes

procesos

disciplinarios los cuales fueron archivados, no sin antes

haber

sido

apercibido

de

que

en

el

futuro

fuese

más

diligente y cuidadoso para con sus asuntos notariales. De

igual forma, destacamos que el promovido aceptó su falta

únicamente en cuanto a la consignación falsa relacionada

con el testimonio 26109.

18

In re Rivera Grau, 196 DPR 522, 539 (2016).

AB-2021-0201

13

Así, pues, evaluado y ponderado el Derecho aplicable,

y

las

infracciones

incurridas

por

el

licenciado

Colón

Alvarado, decretamos su suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía.

Como consecuencia, se le impone el deber de notificar

a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar

representándoles.

devuelva

a

sus

Del

mismo

clientes

modo,

los

se

le

expedientes

de

ordena

que

los

casos

pendientes y cualquier cantidad recibida en honorarios por

los

servicios

no

rendidos.

Se

le

impone

también

la

obligación de informar oportunamente de su suspensión a

los foros judiciales y administrativos en los que tenga

asuntos pendientes. Por último, tendrá la obligación de

acreditar

a

este

Tribunal

el

cumplimiento

con

lo

aquí

ordenado, incluyendo una lista de los clientes y los foros

a quienes le notificó su suspensión, dentro del término de

30

días,

contado

a

Opinión Per

Curiam y

conllevar

no

que

se

partir

de

la

notificación

de

Sentencia.

No

hacerlo

pudiera

le

al

ejercicio

de

reinstale

profesión legal de solicitarlo en el futuro.

Se dictará Sentencia de conformidad.

esta

la

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Norberto Colón Alvarado

(TS-12,160)

AB-2021-0201

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente Sentencia, decretamos la suspensión indefinida

e

inmediata

del

ejercicio

de

la

abogacía

del

Lcdo. Norberto Colón Alvarado.

A la luz de lo anterior, le imponemos al letrado el

deber de notificar a todos sus clientes de su

inhabilidad de seguir representándolos, devolverles

cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no

realizados e informar oportunamente de su suspensión

indefinida a los foros judiciales y administrativos

donde

tenga

asuntos

pendientes.

Deberá,

además,

acreditar y certificarnos el cumplimiento de estos

deberes incluyendo una lista de los clientes y los foros

a quienes le haya notificado de su suspensión, dentro

del término de treinta (30) días, a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. No

hacerlo, pudiera conllevar que no se le reinstale al

ejercicio de la profesión de solicitarlo en el futuro.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo